Esta semana va a resultar determinante para comprobar si en un ejercicio de autocrítica y de sensatez, el Ministerio de Sanidad rectifica y concede realmente a los residentes la importancia que merecen dentro del Sistema Nacional de Salud o si, por el contrario, Elena Salgado y su equipo de Recursos Humanos insisten en sus errores pasados y condenan de por vida a los facultativos en formación a trabajar como mano de obra barata para hospitales y centros de salud de todo el país.
La decisión que adopte Sanidad es fruto del encuentro que mantuvo con los residentes hace 15 días el director general de Recursos Humanos, José Antonio Benedicto, y el subdirector general de Ordenación Profesional, Javier Rubio. Ambos prometieron empezar a estudiar las reivindicaciones de los MIR, en respuesta a su amenaza de convocar paros y movilizaciones en todo el país, empezando por Madrid, Cataluña, Valencia, Castilla y León y Navarra, comunidades que aglutinan el 70 por ciento de este colectivo, lo que resulta indicativo de la errática política de personal que mantiene el ministerio: ¿no ha tenido tiempo Sanidad de analizar las quejas de estos médicos, después de meses y meses de declaraciones cruzadas en los medios de comunicación, aprovechando para ello la elaboración de un proyecto de decreto que ha nacido con la oposición de los afectados, de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, estudiantes de Medicina, CC.OO., sociedades de Atención Primaria como la antigua Semergen, y hasta de la debilitada Organización Médica Colegial? ¿Es comprensible y, sobre todo, creíble, que los altos cargos prometan ahora realizar dicho estudio después de tantos meses de inactividad?
Mal se le ponen las cosas, en cualquier caso, al ministerio, a un año vista, más o menos, de las elecciones generales. Hagan lo que hagan ya los buenos de Benedicto y de Rubio, y por supuesto su superior, el subsecretario, Fernando Puig de la Bellacasa, Sanidad quedará entre la espada y la pared. Si finalmente da marcha atrás, retoca su defectuoso decreto y mejora las condiciones retributivas y profesionales de los IR, como reclaman con toda justicia sus representantes, las CC.AA., que a fin de cuentas son las que correrán con el gasto, se echarán encima del Paseo del Prado y la grieta en la cohesión sanitaria que se escenifica periódicamente en el Consejo Interterritorial se hará, si cabe, aún más grande. No son pocas las autonomías del PSOE que lamentan el agujero económico que les supondrá el decreto actual y la decisión del ministerio de encomendarles el diseño de la formación de los licenciados que abandonan las facultades, rompiendo la hegemonía que mantenía en este apartado el Estado. ¿Aceptarán pues de forma pacífica un incremento adicional del gasto sin el socorro de la Administración central para apaciguar los ánimos de los residentes? En caso de que Sanidad persista en su error, los que se echarán a la calle serán estos últimos, con un resultado previsible: ante la falta de personal, la marcha de los llamados 'becarios' paralizará hospitales y centros de salud, se interrumpirán operaciones, pruebas diagnósticas y consultas, se dispararán de nuevo las listas de espera, y la población traducirá su descontento en forma de votos contra las autoridades actuales.
Desde luego, no podía haber manejado peor el ministerio el espinoso asunto de los MIR. Que éstos pidan cobrar algo más que el personal menos cualificado que trabaja en los centros sanitarios es a todas luces lógico. Que en Andalucía perciban 3 euros por hora de guardia mientras en Cataluña cobran 18 resulta vergonzoso. Y que Sanidad les niegue el derecho a descansar después de 24 horas de jornada laboral (con el decreto actual podrían permanecer hasta 32 horas sin descanso) es sangrante, y hasta esclavizante.
Llega, pues, la hora de que Sanidad haga en una semana los deberes que no ha realizado en toda la legislatura. Todo apunta, sin embargo, a que por mucho que estudie, el resultado va a ser el suspenso. Y conste que el ministerio ya estaba avisado.
Sergio Alonso (Gaceta Médica Digital) (07/XII/06)
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