Stalingrado. Por Gemán Yanke

ETA no está dispuesta a disolverse y aún menos reconociendo su responsabilidad criminal y los perniciosos efectos de tan larga trayectoria terrorista. Batasuna no está dispuesta a salir del entramado de la banda y aún menos a enfrentarse a ella. Lo que ETA busca es un triunfo y un relato favorable para «ir más lejos» de la tregua. Un triunfo que sería, con Batasuna en las instituciones, el inicio del «proceso» que siempre ha pretendido y un relato que le sirva de aterrizaje recompensado. Batasuna busca en la manipulación del lenguaje una fórmula para seguir siendo lo mismo. Sin perder el paraguas de ETA ni la condescendencia de quienes desean acompañarla en una estrambótica «acumulación de fuerzas nacionalistas». De otro modo, ¿por qué ETA no se disuelve y renuncia a la violencia? ¿Por qué Batasuna no la condena y se integra en la legalidad sin exigir lo que otros no exigen? Necesitan tiempo, se oye decir. Pues que se lo tomen mientras se sostiene el desprecio general y el imperio de la ley.

Los «movimientos» y las simulaciones que tanto fascinan a algunos no son consecuencia de una reflexión ética o política. Erkizia, menos dotado que otros para el cinismo eficaz, lo ha explicado muy bien: el problema de la violencia no es su carácter injustificable sino las actuales «condiciones objetivas». Vladimir Jankelevitch escribió muy atinadamente que «la rectificación del nazismo se llama Stalingrado». La situación actual de ETA y de Batasuna, lo que está pasando «en ese mundo», se llama Guardia Civil y Policía, cooperación internacional y firmeza del Estado de Derecho. Y solo en la medida en que se siga por el camino del rigor y de la derrota de la banda se llegará a una Batasuna sometida a la ley.

Si la especulación sobre ETA es cansina, tampoco se trata de convertir el éxito de la lucha contra el terrorismo en materia de discusión. O de rectificación. Nada peor que hacer realidad aquella sátira de Malcom Mudderidge en la que un ejército gana la batalla y en el momento más glorioso alza la bandera blanca.

ABC - Opinión

Casualidad. Por Alfonso Ussía

No hay que ser enredador y suspicaz. Es antipatriótico. Cuando Rajoy, enredador y suspicaz, anunció la crisis económica, Zapatero negó el vaticinio y le llamó antipatriota. Nada me apetece ser tildado de antiespañol por sospechar mejunjes y guateques entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Casual encuentro. Resulta perfectamente factible que un mediodía de jueves, con un puente laboral por delante, cada uno por su lado y sin acordar previamente una cita, Rubalcaba, magistrados y jueces y algún fiscal coincidan en el restaurante «Currito». Es lógico y normal porque en «Currito» se come muy bien y los jueves su comedor acostumbra a estar muy animado y concurrido.

Es más; seguro estoy de que cada uno de los que coincidieron casualmente en «Currito», comieron en mesas diferentes e incluso, alejadas las unas de las otras. En una estaba Rubalcaba acompañado del Secretario de Estado de Seguridad Antonio Camacho. Que un ministro almuerce con su inmediato subalterno carece de importancia. Y no es de recibo poner en duda el normal transcurso de esa reunión privada. Y en otras mesas, por aquello de la buena cocina de «Currito» se sentaron el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, don Javier Gómez Bermúdez, el magistrado don Fernando Grande-Marlaska, el juez don Santiago Pedraz, y los fiscales don Javier Zaragoza, don Ángel Juanes y don Vicente González Mota. Insisto en la casual circunstancia del encuentro, porque cada uno de ellos comió en soledad y en mesas muy alejadas, porque de lo contrario, si hubieran comido todos ellos en la misma mesa e invitados por el Vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, don Alfredo Pérez-Rubalcaba, se podría haber interpretado ese ágape como una reunión viciada por la política, las conversaciones con ETA y Batasuna, la liberación de presos terroristas y la posible solicitud de Rubalcaba de «flexibilidad y buena disposición» en jueces y fiscales para no entorpecer «el camino hacia la paz» que sueñan simultáneamente el Presidente Zapatero y Arnaldo Otegui. De haber comido juntos, la sospecha y la suspicacia son legítimas, pero insisto en que todo se debió a una casualidad socialmente inoportuna. Llegaron por separado y se marcharon de la misma manera, aunque, capricho del azar, tanto al entrar en «Currito» como al salir, lo hicieron todos en un espacio de tiempo de cinco minutos, lo que dice mucho y bien de la profesionalidad del personal de «Currito», que sirve a todos los clientes con la misma celeridad. De haberse reunido todos ellos a comer, que no fue así, y no sean suspicaces, estaríamos hablando de un posible intento por parte del Gobierno de influir en jueces y fiscales, pero conociendo a Rubalcaba, esa intención se me antoja imposible. Para mí –ese dato es fácil de averiguar–, que era el «cumple» de todos, y cada uno lo celebró a su manera. Porque –insisto–, sería inimaginable que Rubalcaba hubiese pretendido convencer a jueces y fiscales para que éstos colaboren en el proceso de legitimar a Batasuna, entre otras razones, porque ello significaría un intento de quebrar la independencia judicial y destrozar un pilar del sistema democrático, lo cual, en don Alfredo Pérez-Rubalcaba, es imposible de creer.

La vida es mucho más sencilla de lo que algunos piensan. –Hoy me apetece comer en «Currito»–, dijeron en sus casas. Y allí coincidieron. Sospechar otra cosa es de antipatriotas.

La Razón - Opinión

El Frankenstein vasco. Por José María Carrascal

Sólo a una mente mezquina puede ocurrírsele legitimar a quienes venían siendo cantera de la banda terrorista.

QUE ETA está en mala situación, lo sabemos todos. Pero eso no debe llevarnos a hacerle el favor de legitimar el que hasta ahora ha sido su brazo político. Más bien lo contrario: si la política actual está debilitando a ETA y su entorno hasta el punto de pedir árnica, lo que hay que hacer es continuarla, no aflojarla. Esto es lo primero que debe dejarse claro en el asunto. Porque cada vez son más los que piden dar una oportunidad a los «arrepentidos» y los dispuestos a aceptar en la escena política una izquierda abertzale que «rechace la violencia y se comprometa con las vías exclusivamente democráticas».

Lo que me parece una majadería o una tomadura de pelo. Rechazar la violencia y comprometerse con las vías democráticas no es una concesión ni un mérito. Es un requerimiento imprescindible para actuar en un marco constitucional. Un demócrata tiene no sólo que rechazar la violencia en todas sus formas, sino también combatirla con todos sus medios. Un comunicado más o menos pomposo que se limite a distanciarse de la misma es insuficiente, sobre todo si no va acompañado de la condena explicita de lo que podríamos llamar la «violencia inmanente» en el País Vasco, como es el chantaje a los empresarios y la kale borroka, que vienen envenenando aquella atmósfera desde hace años.

Otegui y cuantos buscan un encaje en el marco democrático a los que hasta ahora no han hecho otra cosa que intentar dinamitarlo, deben tener muy claro que los tiempos de las treguas más o menos adjetivadas han pasado. La misma palabra «tregua» tiene un sentido temporal que le da una provisionalidad inadmisible a estas alturas en la solución del problema vasco. Lo que se requiere ahora es el abandono definitivo de las armas con la entrega verificada de las mismas. Ya sabemos que habrá terroristas que no lo acepten. Pero ese es su problema. no el nuestro. Pues fueron ellos quienes crearon ese Frankenstein, al hacerle creer que él matando y ellos recogiendo sus frutos podían alcanzar la meta común de una Euskadi limpia, libre y próspera, cuando lo que han hecho es envilecerla y aherrojarla. Si no lo consiguen, el único camino que les queda es la ruptura total con la banda y la colaboración con la justicia y la policía para que desaparezca, como están haciendo todas las demás fuerzas democráticas.

Sólo a partir de ese vuelco en su actitud podrá empezar a hablarse de la incorporación a la vida democrática de los que hasta ahora pretendían hacer política con la violencia, la extorsión y la amenaza. Y sólo a una mente muy estrecha o muy mezquina puede ocurrírsele legitimar sin suficientes garantías a quienes venían siendo cantera, caldo de cultivo y refugio de la banda terrorista.

ABC - Opinión

Griñaninis. Por Ignacio Camacho

Los jóvenes guardias del PSOE se han saltado demasiados peldaños en su escalada. Se les ha atrofiado el sentido ético.

UNO de los problemas que amenazan al postzapaterismo es la ausencia de una nomenclatura socialista de refresco. En la última década Zapatero ha entregado el control del partido a una generación de jóvenes tan ambiciosos como poco preparados que han aterrizado en la política directamente sobre los cargos públicos, sin pasar —como el propio líder— por ningún otro ámbito de formación ni de trabajo; carentes incluso del idealismo elemental que suele impulsar las aspiraciones de entrar en la vida pública. Por eso en cuanto las cosas se han puesto realmente feas el presidente ha tenido que llamar en su socorro a veteranos como Rubalcaba, Jáuregui o Iglesias: también auténticos profesionales del poder pero dotados al menos de la graduación de la experiencia. Detrás del zapaterismo no hay nada; sólo una pléyade de dirigentes sin madurar apalancados sobre el aparato y asimilados antes a los viejos vicios políticos que a las virtudes renovadoras.

A José Antonio Griñán le ha estallado en la cara, a las primeras de cambio, su apuesta por esa generación de jóvenes guardias a la que encargó la liquidación de la anquilosada dirigencia chavista. La dimisión forzosa de su número dos, Rafael Velasco, ante el escándalo de los fondos de formación —740.000 euros— entregados por la Junta a la academia de su mujer, ha desbaratado de golpe la estructura de poder orgánico sobre la que pretendía asentarse el presidente andaluz tras heredar el virreinato de un Chaves con el que ya se ha distanciado. Los griñaninis —ni estudios ni trabajo: copyright del implacable y mordaz Paco Robles— se han salido de la pista a los pocos metros de carrera y han puesto de manifiesto la insolvencia de ese estilo agresivo y talibán que oculta la carencia de principios en una patrimonialización de la política. La crisis deja el liderazgo de Griñán muy desairado y desprotegido; ni funciona su cadena de confianza ni se entera de lo que sucede en su entorno. Pésimo escenario para un dirigente poseído por un altísimo concepto de sí mismo.

Pero más allá del fallido ojo clínico del presidente de la Junta, el episodio interroga sobre la aptitud de una hornada dirigente —no sólo del PSOE, ojo— que se ha saltado demasiado peldaños en su escalada. Esta gente ha crecido en la idea de que la política es un territorio de ambiciones, un campo para una carrera personal en la que resulta fácil acortar el trayecto del mérito o del esfuerzo por los atajos de la maniobra sectaria o la obediencia bien administrada. Y se les ha atrofiado el sentido del servicio público y de la ética civil, hasta provocarles un cortocircuito intelectual y moral del que sólo pueden salir achicharrados. Porque lo peor es que el tal Velasco acaso no entienda aún por qué ha tenido que irse de mala manera. Cabe esperar que al menos Griñán, que es de otro tiempo, sí lo sepa, aunque le cueste admitirlo.

ABC - Opinión

Peligro: un canon para el ADSL. Por Antonio José Chinchetru

En su constante deterioro en términos de popularidad, los "de la ceja" y compañía pueden permitirse exigir a Zapatero casi cualquier cosa a cambio de su apoyo público.

Los tribunales comunitarios han venido a fastidiarles parte del chollo que tenían en España. Tras tratar de engañar a los ciudadanos diciendo que la ya famosa sentencia les daba la razón, las entidades de gestión pasaron a presentarse como víctimas y a anunciar que no devolverán ni un céntimo del dinero que la justicia europea considera que han cobrado de forma abusiva. Ahora habrá que esperar a la respuesta de los jueces españoles ante las reclamaciones que pueden llegar de empresas y administraciones varias para recuperar parte de lo pagado. Por fortuna para los ciudadanos, la impunidad judicial de la que gozaban hace unos años la SGAE y similares parece haber pasado a la historia.

Los amigos del dinero ajeno a través de cánones con la excusa de los derechos de autor necesitan ahora nuevos ingresos para compensar la bajada de su capacidad recaudatoria. Y qué mejor para ello que recuperar viejas y "buenas" (pésimas para los ciudadanos y el sentido común) ideas. Ha sido un directivo de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Fernando González, el encargado de insinuar por donde van a ir ahora los del canon. Como viene siendo ya tradicional entre muchos miembros de estas organizaciones y cineastas de distinta fortuna, González ha atacado a los proveedores de acceso a internet de banda ancha. Según él, se trata de "gente que cobra a los piratas" y "están encantados porque a ellos si les pagan".

Más claro imposible. Las entidades de gestión quieren que se imponga un canon a las conexiones a internet. La idea viene de lejos: han pasado ocho años desde que se propusiera en voz alta por primera vez, y hasta la actual ministra de Cultura se mostraba como una firme partidaria de ella cuando todavía no estaba obligada a disimular al menos un poco. En todo este tiempo, la propuesta en cuestión y los ataques a los proveedores de banda ancha han ido reapareciendo de forma constante. Sin embargo, ahora podríamos estar ante una ofensiva en toda regla para lograr el objetivo.

La SGAE y similares no sólo tienen que compensar la pérdida de ingresos que supondrá el no poder cobrar el canon digital de forma tan indiscriminada como hasta ahora. También deben de ser conscientes de que pocas veces en el futuro se encontrarán con un Gobierno tan dispuesto a ceder a sus deseos como el actual. Máxime cuando, en su constante deterioro en términos de popularidad, los "de la ceja" y compañía pueden permitirse exigir a Zapatero casi cualquier cosa a cambio de su apoyo su público. ZP estará tranquilo frente a la posible pérdida de votos que este nuevo regalo a los "culturetas" pueda suponerle. Siempre habrá muchas plumas y voces dispuestas a culpar en exclusiva a González-Sinde para proteger a su jefe. No sería la primera vez.

Libertad Digital - Opinión

La iglesia en España

La unidad entre la razón y la fe es la esencia del pensamiento de un Pontífice que combina la misión pastoral con la más alta calidad intelectual.

LA próxima visita a España de Benedicto XVI supone una gran oportunidad para reflexionar sobre la realidad de la Iglesia en una sociedad compleja y, con frecuencia, confusa. El arraigo histórico y sociológico de la fe católica en nuestro país es una evidencia reconocida de forma explícita por la Constitución, que ninguna política laicista consigue desvirtuar por mucho empeño que pongan en ciertos sectores radicales. Sin embargo, no siempre la voz de los creyentes se hace oír en la vida pública con la claridad y el rigor que exige la situación actual. Al margen de grupos y tendencias, debe prevalecer en la Iglesia una unidad profunda en la fe y en la fidelidad al mensaje evangélico, que se sitúan muy por encima de visiones particulares o intereses territoriales. El gran reto de la jerarquía eclesiástica consiste precisamente en conjugar la presencia unitaria de la Iglesia en el espacio público con ese pluralismo interno que enriquece a todos cuando se plantea como una suma de esfuerzos al servicio del proyecto común.

Tampoco debe extrañar que la Iglesia tenga que superar dificultades para culminar un proceso de adaptación a las nuevas realidades políticas y socioculturales que han alterado el curso de la historia en el último medio siglo. Otras muchas instituciones tienen también serios problemas para ofrecer una respuesta coherente ante los retos de la sociedad posmoderna. En este terreno, la Iglesia cuenta con la ventaja que le proporcionan unos principios éticos que van más allá de las coyunturas concretas y de una estructura organizativa que le permite adaptarse con éxito a la realidad cotidiana. Al margen de cualquier ideología, la labor social de entidades como Cáritas demuestra la capacidad para llegar hasta los sectores más desfavorecidos, ignorados con frecuencia por los poderes públicos. Benedicto XVI visitará Santiago de Compostela y Barcelona en un momento particularmente difícil para nuestro país. La unidad profunda entre la razón y la fe es el núcleo esencial del pensamiento de un Pontífice que combina la misión pastoral con la más alta calidad intelectual. Por esta vía, la Iglesia española puede encontrar el centro y el eje de su presencia activa en una sociedad dinámica, que busca orientación ante una crisis que —junto con el terreno económico— afecta decisivamente a los valores.

ABC - Editorial

España, laica pero católica

España se asienta en una fructifera tradición católica. No se entiende el pasado, el presente y el futuro sin la extraordinaria aportación de la Iglesia. El catolicismo, lejos de formar parte del pasado de nuestro país, goza de una óptima salud en el presente y se proyecta con fuerza en el futuro. Las cifras son elocuentes. Según el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), de los más de 46 millones de ciudadanos de nuestro país, un 73% se define como católico, lo que significa que son 33,6 millones de fieles. De ellos, un 14% afirma que acude regularmente a misa. El porcentaje puede parecer menor, pero no si se traduce en que son 6,5 millones de personas, una cifra que ningún ámbito político, social o cultural de España logra aglutinar. Estos números, que sin duda evidencian que existe una amplísima mayoría católica en España, son incompletos, puesto que estas estadísticas no recogen a los menores de 16 años, por lo que el número de católicos aumentaría sustancialmente.

Con ser determinante la importancia cuantitativa del catolicismo en España, ésta se agiganta si se tiene en cuenta su dimensión cualitativa. Al defender valores como la unidad, la familia y la solidaridad, los católicos y sus instituciones son un pilar vital del Estado. La labor social de la Iglesia –en materia educativa, sanitaria y asistencial– le ahorra cada año al erario público más de 30.000 millones de euros.

Ésta, y no otra, es la realidad que se va a encontrar Benedicto XVI en su inminente visita a España. Una comunidad católica numerosa y espiritualmente sólida –que no teme echarse a la calle cuando se vulneran sus convicciones con leyes más que cuestionables como la del Aborto– que proyecta su fe y sus principios a todas las esferas, especialmente a aquellas que, en estos tiempos, sufren más los efectos de la crisis. A buen seguro que el Santo Padre, que no es ajeno a la proyección espiritual y social que tienen sus fieles en nuestro país, fortalecerá aún más el espíritu de una comunidad religiosa que, firme en sus convicciones, ha evitado dar pábulo a aquellos que, interesadamente, han criticado los gastos de la visita que va a costear el erario público sin tener en cuenta la cuantiosa inyección económica que su estancia va a procurar en Santiago de Compostela y en Barcelona.

Aunque algunos se empeñen en lo contrario, la Iglesia y los católicos no son un hecho anecdótico en España. Y no estaría de más que el actual Gobierno así lo entendiese en vez de empecinarse en obviar esa evidencia. Como bien subrayó el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, el diálogo entre el Ejecutivo y la Iglesia debe ser fluido, además de mantener una estrecha colaboración. La visita del Papa también será un buen indicador para ver que, en ese sentido, se está en el buen camino lejos de desencuentros anteriores. Porque el Gobierno, que representa a todos los españoles, debe actuar con responsabilidad y ni puede ni debe olvidar que también lo es del 73% de los ciudadanos que se declaran católicos y que desean que las relaciones entre el Ejecutivo y la Santa Sede sean lo más fructíferas posible.

La Razón - Editorial

Recorte sanitario

La merma de ingresos dispara la deuda de los hospitales y amenaza a la calidad del sistema.

Un déficit de más de 11.000 millones de euros atenaza al sistema sanitario español. La crisis económica y el correspondiente descenso de ingresos públicos, que han venido a sumarse a los desequilibrios endémicos, está obligando a los centros sanitarios a hacer juegos malabares con las cuentas. Son juegos que están afectando en primer término a los proveedores (con un retraso considerable de los pagos) y, en segundo, a la gestión de personal. Las penurias económicas del sistema se están paliando con una menor contratación de empleados de sustitución e incluso con el cierre de servicios a la espera de que mejore la coyuntura.

La situación es crítica, como refleja el informe que hoy publica EL PAÍS, y empiezan a registrarse anécdotas penosas, como la supresión de las meriendas en algunos hospitales, que desmerecen de un sistema capaz de haber desarrollado una de las organizaciones de trasplantes de órganos más valoradas del mundo. El drama es que, además, ya hay indicios de que tal penuria puede terminar en una merma de la calidad asistencial. El sistema sanitario, considerado hasta ahora la joya de la corona de los servicios públicos en España, por su positiva relación calidad-precio, está al borde de la bancarrota, de forma que han empezado las restricciones, todavía de manera limitada, en algunas terapias y los cierres de quirófanos para evitar las costosas horas extraordinarias. Esta última medida repercutirá negativamente en las listas de espera, el gran talón de Aquiles de la red asistencial.

El envejecimiento de la población, la sofisticación de las tecnologías sanitarias, el pago subvencionado e indiscriminado de parte de los medicamentos (que se lleva el 32% de los recursos sanitarios) y un nivel de financiación pública per cápita que está muy por debajo del de Estados Unidos y los grandes países europeos son los causantes del desequilibrio crónico del sistema español. La crisis económica no ha hecho más que agudizar la situación; de ahí que el Consejo Interterritorial de Salud lograra en marzo pasado suscribir el único pacto que han sido capaces de firmar hasta ahora los dos grandes partidos nacionales para intentar recortar el gasto.

En ese pacto se aprobaron medidas tan importantes como la creación de una central de compras de las comunidades autónomas (gestoras del sistema) que otorgaría una mejor posición para negociar los precios con los proveedores o instalar la llamada unidosis para evitar el actual derroche de medicamentos. El camino elegido es el adecuado, pero a la luz de los datos es evidente que urge aplicar los acuerdos suscritos y sopesar nuevas medidas (ya analizadas) que alivien el sistema, como una mejora sustancial de la gestión a todos los niveles, la aplicación del copago (un cobro de cada acto médico que incluso puede ser reembolsado después) con el fin de disuadir a los que abusan del sistema o la reducción de subvenciones para rentas altas.

El País - Editorial

Zapatero y el lobo. Por Edurne Uriarte

Cuando el presidente se parece tanto al Pedro del cuento, es inevitable que ocurra lo que ocurre. Particularmente, en política antiterrorista. Que hay un ambiente de profunda desconfianza hacia la supuesta firmeza contra ETA del Gobierno y nadie o casi nadie se cree sus palabras, incluso aunque puedan corresponder a la verdad. Y sea cierto, como asegura el PSE, que no existió la reunión con Batasuna. Y cierto también que, tal como aventuran algunos conocedores de esta historia en el País Vasco, pudiéramos hallarnos ante una sofisticada operación de intoxicación del PNV para desestabilizar el pacto PSE-PP.Más cuando este nuestro Pedro de la política ni siquiera se molesta en desmentir su reputación. Y no sólo ha evitado pronunciar jamás una palabra de reconocimiento de sus errores y mentiras en la anterior negociación, sino que ha vuelto a alimentar hace unos días los temores sobre una vuelta a su pasada estrategia «para la paz» con aquello de que «las palabras tendrán consecuencias». A lo que añade, por si fuera fácil creerle, su persistente negativa a desautorizar los movimientos de Eguiguren. Y lo que es aún peor, la naturaleza de su más importante ayudante, un ministro del Interior que lo mismo desmiente radicalmente cualquier cambio de estrategia antiterrorista por la mañana que filtra informaciones sobre los movimientos internos de ETA por la tarde. Y niega entre medias saber nada de la entrevista con Otegi realizada por un periódico en una cárcel bajo su mando. En ese contexto hay que entender que, más allá de los más entusiastas círculos progubernamentales, queden pocos dispuestos a creer que este lobo de Pedro, la inexistencia de cualquier contacto con ETA, sea en esta ocasión auténtico. Lo que tiene difícil arreglo mientras siga al frente del Gobierno el propio Pedro y su vicepresidente y ministro de Interior sea el mentor de Pedro.

ABC - Opinión

ETA. Esta, nuestra comunidad. Por Maite Nolla

Lo que está proponiendo el Gobierno de forma clarísima es un fraude de lo que dice la ley, más claro aún. Y explicarle eso a Chaves debe ser inútil.

Qué mal suelen estar los políticos que nos han tocado en gracia cuando ponen ejemplos. O no se los preparan, o se los preparan demasiado, y en cualquier caso el resultado es lamentable. Que si fútbol, que si los marineros del barco, que si somos como Nostradamus, pero que no damusni una, y así se acaba comparando a Carod-Rovira con Cruyff, para vergüenza del barcelonismo. Luego se quejan de que Pérez-Reverte les ponga tibios en el Twitter, que no deja de ser la versión reducida y sintetizada de sus artículos de cada domingo. El problema llega cuando el que recurre a la comparación estúpida es Manuel Chaves y cuando a lo que se refiere es a Batasuna. Realmente, este proceso de relegalización de Batasuna, que caduca unos sesenta días antes de las elecciones municipales del próximo verano, tiene algunos fallos de salida. Con la Ley de Partidos en la pantalla del ordenador –ya nadie se la imprime–, Batasuna fue ilegalizada por unos actos concretos que probaban su vinculación con el delito en general y con el terrorismo en particular. Cualquier reversión de eso sería un fraude a la sentencia que lo ilegalizó, por mucho que ahora se vuelvan vegetarianos. Como se ha dicho muchas veces, nadie les ha privado de su derecho al voto, se les ha privado de que voten a un partido que se utilizaba para delinquir. Lo que les quiero decir, en definitiva, es que lo que está proponiendo el Gobierno de forma clarísima es un fraude de lo que dice la ley, más claro aún. Y explicarle eso a Chaves debe ser inútil. Aunque aún más lo puede ser que él intente explicarnos qué narices ha querido decir con lo de subir rellanos, en ésta, nuestra comunidad. Es decir, según la teoría del Gobierno y el símil del socialista ceutí, lo declarado en una sentencia firme tiene vuelta atrás y, además, ésta puede ser por fases.

La cuestión es que si las noticias se confirman, vamos a ver de nuevo lo que ya vimos con el PCTV y ANV, y las teorías que llevaron a ilegalizar cuarto y mitad del mismo partido al que se dejaba presentar en otros lugares. Agravado con el apremio del tiempo: unos necesitan poderse presentar a las municipales y otros necesitan un comunicado para presentarse con algo a las municipales. Y ahí es donde este teatrillo de Eguiguren y Otegi cobra sentido: ¿va a permitir el Gobierno que Otegi sea condenado por otro delito y que se agrave su expediente penitenciario, cuando, al mismo tiempo, los que están fuera van a entrar en los ayuntamientos? Pues, veremos, que de eso se trata.

Libertad Digital - Opinión

La carga de la prueba. Por Eduardo San Martín

Eguiguren no es un verso suelto del PSE. Sigue siendo su presidente, aunque ahora no mande mucho, y representa al sector más vasquista del partido. Sus vínculos con dirigentes de Batasuna fueron el punto de partida del ilusorio «proceso de paz» que quedó sepultado en la T4 de Barajas. Por ello, cuando Eguiguren habla con alguien hay que andar alerta. Y el presidente del PSE se sigue viendo habitualmente con gente del llamado «entorno» de ETA. En ese contexto, la reunión de dirigentes del PSE con representantes de Batasuna tienen mucha verosimilitud. No andaba muy errado entonces González Pons cuando hablaba de que «parece» que hay una negociación del Gobierno con Batasuna horas antes de que se publicara la información. Y tiene toda la razón Alfonso Alonso cuando pide una reunión extraordinaria del pacto de gobierno PSE-PP. Hasta ayer mismo, Rajoy seguía manteniendo que el Gobierno cumple escrupulosamente el pacto antiterrorista, aunque aseguraba que permanecería «vigilante». Y los dos ministros que más tienen que ver con el asunto, Rubalcaba y Jaúregui, recalcaban sin ambigüedades la posición oficial del Gobierno: o ETA abandona la violencia o Batasuna abandona a ETA. Y que los jueces decidan ¿Se puede ser tan concluyente y estar negociando al mismo tiempo? Un engaño más en la materia podría ser letal para el Ejecutivo, que no dispone de muchas muletas para mantenerse en pie hasta 2012. Pero, ¿puede haber conversaciones y no negociación, dados los antecedentes? Hace unos días, Urkullu sugería un posible temario: el PSE sigue aspirando a gobernar un día con la izquierda abertzale. Demasiadas preguntas y demasiadas sospechas. Y los contactos habituales de Eguiguren, aunque informales, no han sido desmentidos. A todos nos gustaría creer al PSE y al Gobierno. Por el bien del país. Pero en estos momentos sobre ellos recae la carga de la prueba.

ABC - Opinión

Sentencia. Hay que devolver el canon pagado por nada. Por Víctor Domingo

La dejadez del Gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones ha supuesto un cuantiosísimo perjuicio económico tanto para las arcas públicas como para los consumidores.

El Gobierno se equivocó gravemente al confiar en las afirmaciones que realizó el presidente de la SGAE en noviembre de 2008: "El canon se paga y ya está, a quien no le guste, que se aguante".

Tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 21 de octubre de 2010, que señala que el sistema recaudatorio del canon digital en España es abusivo por aplicarse en la práctica tanto a personas físicas como a personas jurídicas, se desprende que tres sectores han sido los más afectados por la imposición del pago del canon digital: consumidores, empresas y Administraciones Públicas, y ahora resulta que la mayor parte de lo recaudado era ilegal. Si tenemos en cuenta que el Gobierno nunca llegó a reglamentar las excepciones legales de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), la respuesta parece sencilla: el cuantiosísimo perjuicio causado tanto a las arcas públicas como privadas podría ser sancionable por la mera la inactividad de la Administración.

Es evidente que la dejadez del Gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones (reglamentar las excepciones legales del art. 25 de la LPI) ha supuesto un cuantiosísimo perjuicio económico tanto para las arcas públicas como para los consumidores que financian el canon soportado por las empresas en su actividad profesional. Y ahora también es evidente que existe un cobro de lo indebido, que debería ser compensado equitativamente siguiendo la interpretación comunitaria del hecho imponible y del justo equilibrio del daño producido. Las cifras son exorbitadas: se han estado pagando millones de euros a las sociedades gestoras de autor, en concepto de nada y a pesar de las advertencias de la sociedad civil y cuyo destino además se desconoce.

Libertad Digital - Opinión

Europa y los insensatos. Por Hermann Tertsch

LOS recelos de muchos contra la fuerza del eje Berlín-París en la Unión Europea tienen, por supuesto, su lógica. Pero ayer patinaba mucho y muy lejos de la realidad un diario socialista español cuando proclamaba triunfante que «la UE se rebela contra el pacto urdido por Merkel y Sarkozy». Lo del verbo «urdir» es conmovedor como esfuerzo por darle un cariz siniestro y malévolo a la propuesta germano-francesa de poner pie en pared frente a los irresponsables que pretenden dejar impunes a quienes juegan con sus propias economías y con las de los demás. Para cuando se publicaba ese titular, los 27 habían aceptado casi todas las iniciativas propuestas por Merkel y Sarkozy. Que se quede fuera la medida más drástica, que despojaba del derecho al voto a quienes violen sistemáticamente el Pacto de Estabilidad, no merma la satisfacción de los partidarios de la línea dura. Que por cierto no eran Alemania y Francia solas. A Bruselas ya habían llegado con el apoyo más o menos explícito de una mayoría de los Veintisiete. Zapatero nada entre las aguas sin definirse mucho, nadie sabe si por falta de dedicación, interés o criterio. Aunque sabe que mucho de lo que sucede en el seno de la UE no se plantearía si los violadores potenciales y peligros manifiestos para el euro y la estabilidad fueran dos o tres pequeños países. Porque Grecia seguirá con voto, pero ha perdido todo poder sobre su economía que será dirigida desde Bruselas. Visto desde aquí, cabe imaginar que muchos griegos estarán felices de que su Gobierno ya no pueda ejercer soberanía alguna sobre su economía. Europa se arma contra los insensatos. Nuestro Gobierno se debate entre el temor a ser señalado y la vana pretensión de estar entre quienes controlan y no entre los controlados. Triste es recordar que España era uno de los países con mejor fama de cumplidor.

ABC - Opinión

La mosquita muerta. Por Alfonso Ussía

De siempre he recelado de las mosquitas muertas. Son demoledoras. Una apariencia de sosiego, reflexión, bondad y amabilidad y un fondo dictatorial e implacable. La mosquita muerta del Gobierno de Zapatero es, sin duda alguna, la ministra de Cultura o del Cine, porque la Cultura le importa un bledo y en el Cine reúne todos sus amigos e intereses comunes. Se le conoce en los ambientes de los museos y las bibliotecas como Ángeles González-Cine, que es fácil juego de palabras.

Conozco personalmente a los Guardans. No a todos, porque ello resulta casi imposible. Una familia relevante de Barcelona. La madre de Ignasi Guardans, Elena Cambó, es una gran señora, y su padre, Ramón Guardans, era inteligente, abierto y supo comprometerse en tiempos difíciles con los mejores futuros. Tuvieron una barbaridad de hijos, todos ellos inteligentes y bien educados. Su formación fue férrea, por aquello de la cantidad. Y don Ramón, que tenía talento para la prosperidad política, supo distribuir a sus hijos entre diferentes partidos e ideologías. A Ignasi le tocó pertenecer a Convergencia hasta que Ángeles González-Sinde tuvo a bien nombrarlo Director General del Instituto del Cine.

El problema de los Guardans, al menos de los que conozco, es que son vehementes. La vehemencia y la mosquita muerta no tienen posibilidad de diálogo. Viven aparte. «Vivo tan por encima de mis posibilidades, que por decirlo de alguna manera, vivimos aparte», dijo el estupendo Saki. Ignasi Guardans, como era de esperar, chocó con la mosquita muerta, y ésta lo ha cesado fulminantemente. Pero estos Guardans no se esconden para contemplar su fabulosa pinacoteca del Legado Cambó. Son guerreros. Y nos ha dicho que ha existido fraude en las subvenciones al Cine. Nos ha dicho lo que todos sabíamos, pero desde la autoridad del gestor. El resumen es deprimente. En el Ministerio de Cultura mandan, disponen, destituyen, nombran quitan y dan los gorrones del Cine español, con el beneplácito de la mosquita muerta, que pertenece a la banda como guionista subvencionada. Por fortuna, y mientras dure en el Ministerio, no escribe guiones. Algo bueno tenemos que agradecerle a Zapatero.

La ministra ha sido preguntada en el Congreso y no ha querido responder. «Ya lo haré más adelante», ha contestado más o menos. Y en su Ministerio tampoco han querido dar explicaciones de la muy sospechosa situación por la que atraviesa la Filmoteca Nacional, en cuya gestión pueden aparecer mayúsculos escándalos. Su máximo responsable, Chema –deduzco que se llama José María–, Prado, es intocable para la mosquita muerta. Tampoco en el Ministerio han accedido a dar explicaciones. A Laura Seoane, de La Razón, le han contestado «que la ministra tiene asuntos mucho más importantes que la auditoría de la Filmoteca Nacional». Está por ver de qué asuntos más importantes se trata, y todo es cuestión de esperar.

Nada nuevo en el horizonte del Cine español, aunque se hayan condensado las nubes negras con la revelación de Ignasi Guardans. Es la crónica de un escándalo anunciado. La pésima utilización del dinero público en beneficio de un grupo que se enriquece con el dinero de los impuestos porque no puede hacerlo por medio de la libertad de las taquillas. Los amigos de la mosquita muerta.

La Razón - Opinión

Dedocracia. El PSOE los enchufa, el PP los asciende. Por Pablo Molina

El Partido Popular gana las elecciones y, en lugar de poner en la puta calle a toda la tropa izquierdista de enchufados, les da una prórroga para que los afectados obtengan esa titulación requerida.

La técnica para inundar de militantes del PSOE hasta el último reducto de cualquier administración pública es tan vieja como la democracia española. Se pone en marcha en cuanto los socialistas llegan al poder, se perfecciona durante su mandato y se agudiza en extremo cuando sospechan que perderán las siguientes elecciones.

Básicamente consiste en hacer que la administración de que se trate realice contratos laborales a dedo a un número de afiliados del PSOE que, como mínimo, iguale al de funcionarios que han obtenido su plaza tras superar una dura oposición.

Una vez dentro, se les mantiene en sus puestos desempeñando una supuestas funciones muy por encima de la capacitación académica y profesional de los sujetos en cuestión, algo nada difícil porque en su mayoría se trata de analfabetos estructurales. El motivo de que a estos "compañeros" se les coloque en puestos que exigen algún tipo de destreza intelectual es que de esa forma resulta más fácil justificar unos sueldos muy por encima de la media, porque los enchufados socialistas están ahí por convicción, no por utilitarismo burgués como los funcionarios de carrera, y eso hay que pagarlo.

Cuando se sospecha que el PP puede ganar las siguientes elecciones, los dirigentes del PSOE adoptan como prioridad absoluta consolidar en sus puestos a las hordas de enchufados que han ido instilando en el sistema durante sus distintos mandatos. El expediente es muy sencillo: se convocan unas oposiciones restringidas a las que sólo se pueden presentar los contratados laborales y cuyo número de plazas coincide, obviamente, con el número de aspirantes, de forma que todos aprueban sin el menor esfuerzo.

Pero, ay, existe un problema. ¿Cómo hacemos funcionarios del grupo B (diplomados universitarios) a unos señores que sólo tienen el certificado de escolaridad? Pues después de intensas reflexiones, alguien en el PSOE encontró una feliz solución: creando la figura del "Técnico no titulado", es decir, alguien que cobra como diplomado universitario pero en realidad no lo es. Con el fin de cubrir el expediente se le concede a todo el personal en esta situación un plazo de diez años para que obtengan una diplomatura (la que quieran) y allá se las entienda el PP, que para entonces ya llevará dos legislaturas en el Gobierno.

Y, en efecto, las previsiones se cumplen. El Partido Popular gana las elecciones y, en lugar de poner en la puta calle a toda la tropa izquierdista de enchufados, les da una prórroga para que los afectados obtengan esa titulación requerida. Para darles ánimos en los estudios y demostrar que tienen el apoyo de sus nuevos jefes, los ascienden a todos prácticamente sin distinción, así la "sociedad" ve que los centro-reformistas son muy tolerantes y nada sectarios. De esta forma se perpetúa una situación injusta, se crea una casta de vagos politizados y, en consecuencia, se fomenta el malestar de los verdaderos empleados públicos que intentan hacer bien su trabajo mientras los enchufados les dan lecciones de moral en sus mítines mañaneros a mayor gloria de ZP.

Esto es lo que va a ocurrir en la administración andaluza si el PP gana las próximas elecciones, por la sencilla razón de que es exactamente lo que ha ocurrido en todos los sitios donde los socialistas han perdido la mayoría absoluta en beneficio del Partido Popular. Y si no lo creen pregunten a cualquiera que, como servidor de ustedes, fuera funcionario autonómico de carrera en los ochenta, los años de plomo. Verán qué respuestas.

Libertad Digital - Opinión

El hijo del ferroviario. Por Ignacio Camacho

Hombre decente y honesto, Marcelino supo entender el valor del perdón teniendo motivos de resentimiento.

CUANDO los socialistas esperaban cruzados de brazos que Franco se muriese de viejo y la dictadura se desplomara como un castillo de arena, Marcelino Camacho Abad daba vueltas por el patio de Carabanchel con un jersey de punto que le tejía su mujer para abrigarlo del frío y la soledad de la cárcel. Pasó entre la prisión, los campos de trabajo y el exilio muchos de los años que otros dedicaron a estudiar carreras con becas del Régimen, y el tiempo que estuvo en libertad lo dedicó a organizar un sindicato clandestino que discutía convenios y salarios con los jerarcas del verticalismo. Nunca se sintió un héroe ni un líder de masas sino un dirigente obrero que cumplía con su deber, y cuando la democracia le restituyó con honores y medallas la dignidad que el franquismo había tratado en vano de quitarle no cedió a la tentación de la comodidad ni del aburguesamiento y siguió viviendo con la frugal humildad que había mamado: en un piso modesto y con un tren de vida sin lujos ni estridencias. Marcelino, el hijo de ferroviario, el camarada trabajador del metal, jamás habría hecho ordinaria ostentación de una mariscada.

Camacho fue un comunista honesto y una persona decente cuya humanidad le granjeó respeto general por encima de sus creencias y de su militancia. Y sobre todo, fue un hombre que supo perdonar. La defensa de la ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados lo dejó retratado ante la Historia como uno de los símbolos de la reconciliación y la concordia democráticas. Si alguien tenía motivos para el resentimiento era él, que apenas vio crecer a sus hijos entre condena y condena; sin embargo alcanzó a entender la oportunidad que el perdón mutuo ofrecía para abrir la puerta de la libertad, y se tragó sus sentimientos —que no sus ideas— para favorecer un pacto de convivencia. Forjado en el marxismo más estricto y combativo, se reconvirtió en un pragmático de la negociación y del diálogo. Luego le rebasó el tiempo de una modernidad que acaso nunca llegó a entender, pero envejeció sin maltratarse a sí mismo y tuvo la intuición de dar paso a una generación de sindicalistas de otra formación y otro talante. Por eso Comisiones Obreras ha sobrevivido a la hecatombe de un PCE que no logró entender su papel en una izquierda dominada por la hegemonía de la socialdemocracia.

Ni el más acérrimo anticomunista podría negar el ejemplo de coherencia en que Marcelino cimentó su indiscutible prestigio social y humano. De todas las figuras de la Transición quizá no fuese de las más brillantes pero es difícil encontrar una más honrada. Luchó por sus convicciones con generosidad y respetó al adversario con una nobleza que hoy no se estila. En esta política bronca y cabritera ha desaparecido el idealismo que impulsó a aquellos hombres honorables. Y cómo se nota.

ABC - Opinión

Disciplina Merkel

La deficiente gestión de la crisis económica de un puñado de gobiernos ha empujado a la Unión Europea a un callejón con muy pocas salidas para conquistar la confianza y la credibilidad que demandan los mercados de deuda y garantizar la imprescindible estabilidad del euro y de la Unión Monetaria. Las políticas económicas cimentadas en la falta de rigor y de austeridad y en el abuso del endeudamiento de unos cuantos, como España, han forzado a las grandes locomotoras europeas a tomar el mando ante el temor de que un efecto contagio sometiera estructuralmente la economía europea. Alemania y Francia han impuesto en el Consejo Europeo de Bruselas un compromiso de endurecimiento del Pacto de Estabilidad y que el Fondo de Rescate de la Eurozona para países insolventes pase a ser permanente. Todo ello hará necesaria una reforma del Tratado de Lisboa, en vigor desde diciembre de 2009, que en principio no necesitará ser ratificada por los países y evitará que la Unión se suma de nuevo en la inestabilidad institucional.

Merkel y Sarkozy –especialmente la canciller alemana– impusieron su ley para que la Unión asuma una vigilancia reforzada de las cuentas públicas de los países. Esa intervención lleva aparejada una disciplina más severa para los estados que no cumplan los límites de déficit y deuda, y, entre otras sanciones, contempla un depósito económico bloqueado hasta que el país en cuestión consiga solventar la desviación.

La Unión emprendió ayer un camino inevitable para blindar la estabilidad económica de los veintisiete de los desmanes de gobernantes frívolos o manirrotos. Pero más relevante que el endurecimiento de los castigos es que exista una voluntad inequívoca de aplicarlos. Lo cierto es que ya había un régimen de sanciones, si bien no tan contundente, y ningún país había sido castigado pese a haber incurrido en déficit excesivo en estos diez años de unión monetaria. Cabe esperar que las autoridades comunitarias y, sobre todo, que los gobernantes europeos que acaban pagando las facturas, como Merkel, hayan aprendido la lección y actúen en defensa de la fortaleza europea, sin necesidad de que, como se pretende, el sector privado asuma parte de la factura de la irresponsabilidad política.

Como decíamos, que Merkel ha sido la gran triunfadora de este Consejo es incuestionable. La política de mano dura y de exigencia lleva su firma. Hasta tal punto que Alemania ha logrado incluso que la posibilidad de suspender el derecho de voto a los países reincidentes en la indisciplina fiscal sea estudiada por el presidente Van Rompuy y que figure en las conclusiones de la cumbre, pese a la gran oposición de los líderes europeos. Esta iniciativa nos parece ir demasiado lejos con una medida tan ejemplarizante como poco eficaz para el propósito de lograr un gobierno económico más solvente, sin mencionar la fricción con la soberanía nacional.

Más allá de la disciplina y las sanciones, el Gobierno español debería interiorizar que su principal responsabilidad es evitar la dinámica perversa del endeudamiento desmedido y mantenerse firme en el rigor presupuestario, como ya demostró en su momento José María Aznar con gran éxito.

La Razón - Editorial

Zapatero, el único que no se aprieta el cinturón

Bien está que el Ejecutivo reclame esfuerzos a la población, pero el primero que debería dar ejemplo, suprimiendo todo el gasto superfluo con un contenido más claramente ideológico y caciquil, es él mismo.

Posiblemente la economía española no tenga otro remedio que realizar un enérgico recorte del gasto público para tratar de reducir ese déficit que, aún con todo el maquillaje, sigue siendo insostenible y una de las principales amenazas para nuestro futuro. En este sentido, a los funcionarios puede no quedarles otro remedio que soportar recortes sustanciales en sus salarios, incluso superiores al 5% decretado por el Gobierno el pasado mes de junio. Al fin y al cabo, por tal camino han transitado otras economías en una situación similar a la española, como la griega o la irlandesa.

Sin embargo, una cosa es que al Ejecutivo no le quede otro remedio que volverse mucho más austero y otra que la austeridad sólo se aplique con criterios selectivos. Es cierto que el gasto en personal es una de las partidas más cuantiosas de los Presupuestos y a la que, por consiguiente, es más fácil echarle el diente. Pero ello no justifica que mientras se siguen reduciendo los salarios públicos, el despilfarro del Ejecutivo se mantenga o incremente en la inmensa mayoría de frentes: así las dádivas a los sindicatos, a los artistas de la ceja, a las constructoras amigas del partido y, sobre todo, a unas autonomías y entidades locales que dilapidan –sólo por su gestión ineficiente– más de 30.000 millones al año, el 3% del PIB.

Así, es comprensible que los funcionarios se escandalicen por la arbitrariedad de los recortes gubernamentales, sobre todo si tenemos en cuenta que la disminución real de sus salarios para 2011 va a ser notablemente superior a la anunciada por el Ejecutivo. Al mantener la reducción del 46% en las pagas extraordinarias de junio y diciembre, el próximo ejercicio los empleados públicos van a encontrarse con que sus remuneraciones caen casi un 7% más de lo reconocido. O dicho de otra manera, Zapatero les habrá bajado el sueldo alrededor de un 11% en año y medio.

De nuevo, no negamos que estas medidas puedan ser necesarias habida cuenta de la dramática situación en la que se encuentra nuestro país. Pero, primero, el Gobierno debería empezar por anunciarlas y no esconderlas en la letra pequeña de los Presupuestos; claro que ello casaría mal con la trayectoria de mentiras y nula transparencia a la que ya nos tienen habituados Zapateros y los suyos.

Y, segundo, resulta imprescindible no limitar aquí los recortes, sino emprender una revisión mucho más amplia de todas las partidas de gasto. Bien está que el Ejecutivo reclame esfuerzos a la población, pero el primero que debería dar ejemplo, suprimiendo todo el gasto superfluo con un contenido más claramente ideológico y caciquil, es él mismo. Pero, de nuevo, tal decisión no encajaría con el currículum tan marcadamente liberticida de este Gobierno.

Libertad Digital - Editorial

Ceremonia de confusión

También antes de la tregua de 2006 había detenciones y proclamas del PSOE contra la negociación que mantenían en la clandestinidad.

«QUIENES acusan al PSOE de pactar con ETA son unos carroñeros políticos» (Patxi López, secretario general del PSE, 25 de febrero de 2004). «No he autorizado en nombre del Partido Socialista ningún contacto ni con ETA ni con Batasuna» (José Blanco, secretario de Organización del PSOE, 14 de diciembre de 2005). «No hay que reunirse con Batasuna, y me resulta inimaginable que un partido organice semejantes reuniones» (José Antonio Alonso, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, 26 octubre de 2010).

Cuando el Partido Socialista de Euskadi desmiente, como hizo ayer, que dos de sus principales dirigentes se hayan reunido hace unas semanas con representantes de Batasuna, se produce un retorno a los mismos desmentidos que, como los transcritos, pusieron de manifiesto la masiva operación de engaño que desarrollaron el PSOE y el Gobierno de Zapatero para ocultar su negociación clandestina con ETA en la anterior legislatura. Ayer, el diario «El Correo» informaba de que José Antonio Pastor, portavoz parlamentario de los socialistas vascos, y Alfonso Gil, secretario de Organización del PSE, se habían entrevistado con Rufino Exteberría y Jone Goirizelaia, destacados cabecillas de la trama batasuna, el primero de ellos procesado por integración en banda armada. Los socialistas vascos desmintieron la información, pero, como llueve sobre mojado y el valor de la palabra está desgastado como aval para confiar en el PSOE, es el momento de que Zapatero, y ningún otro intérprete de sus enigmáticas frases, se comprometa públicamente con un desmentido a nuevos contactos, sondeos, encuentros o como quiera llamar a la enésima versión del final «dialogado» de la violencia. Ya no hay espacio para más actos de fe. Su nuevo Gobierno no ha hecho otra cosa que sembrar confusión e inquietud, al lanzar un mensaje y su contrario, sugiriendo a Batasuna cómo legalizarse para, a renglón seguido, darse golpes de pecho por la firmeza democrática. También antes de la tregua de 2006, pactada entre el Gobierno y ETA, había detenciones de etarras y proclamas de los socialistas contra la misma negociación que estaban manteniendo en la clandestinidad. Es Zapatero quien tiene la responsabilidad política y personal de asumir públicamente lo que estén haciendo su partido y su Gobierno.

ABC - Editorial

Los moros de la profesora. Por Arturo Pérez Reverte

Te lo voy a explicar en corto, chaval. Sin irnos por las ramas. Esa maestra, profesora, docente o como quieras llamarla, es imbécil. Tonta del culo, vaya. En el mejor de los casos «suponiendo que no prevarique a sabiendas, prisionera del qué dirán», une a su ignorancia el triste afán de lo políticamente correcto. La cuestión no es que te haya reprendido en clase de Historia por utilizar la palabra moros al hablar de la Reconquista, y exija que la sustituyas por andalusíes, magrebíes, norteafricanos o musulmanes. Lo grave es que a una profesora así le encomienden la educación histórica de chicos de ambos sexos de catorce o quince años. Que la visión de España y lo español que muchachos de tu generación tengan el resto de su vida dependa de cantamañanas como ésa. Tienes dos opciones. La primera, que desaconsejo, es tu suicidio escolar. Mañana, en clase, dile que no tiene ni puta idea de moros, ni de Historia, ni de lengua española, ni de la madre que la parió. Te quedarás a gusto, desde luego; y las churris te pondrán ojitos por chulo y por malote. Pero en lo que se refiere a esa asignatura y al curso, puedes ir dándote por jodido. Así que lo aconsejable es no complicarte la vida. Ésa es la opción que recomiendo.

Tu maestra, por muy estúpida que sea, tiene la sartén por el mango. Así que traga, colega, mientras no haya otro remedio; que ya tendrás ocasión, en el futuro «todos pasan tarde o temprano por delante de la escopeta» de ajustar cuentas, real o figuradamente. Así que agacha las orejas y llama a los moros como a ella le salga del chichi. Paciencia y barajar. Por lo demás, duerme tranquilo. Por muy maestra que sea, eres tú quien tiene razón. No ella. En primer lugar, porque el habla la determinan quienes la usan. Y no hay nadie en España, en conversación normal, excepto que sea político o sea gilipollas «a menudo se trata de un político que además es gilipollas», que no llame moros a los moros. Ellos nos llaman a los cristianos arumes o rumís, y nada malo hay en ello. Lo despectivo no está en las palabras, sino en la intención con que éstas se utilizan. La buena o mala leche del usuario. Lo que va, por ejemplo, de decir español a decir español de mierda. La palabra moro, que tiene diversas acepciones en el diccionario de la Real Academia, pero ninguna es peyorativa, se usa generalmente para nombrar al individuo natural del norte de África que profesa la religión de Mahoma; y es fundamental para identificar a los musulmanes que habitaron en España desde el siglo VIII hasta el XV. Desterrarla de nuestra lengua sería mutilar a ésta de una antiquísima tradición con múltiples significados: desde las fiestas de moros y cristianos de Levante hasta el apellido Matamoros, y mil ejemplos más. Así que ya lo sabes. Fuera de clase, usa moro sin cortarte un pelo. Como español, estás en tu derecho. Aparte del habla usual, te respaldan millones de presencias de esa palabra en textos escritos.

Originalmente se refiere a los naturales de la antigua región norteafricana de Mauretania, que invadieron la península ibérica en tiempos de los visigodos. Viene del latín maurus, nada menos, y se usa con diversos sentidos. Caballo moro, por ejemplo, se aplica a uno de pelaje negro. En la acepción no bautizado se extiende incluso a cosas «vino moro» o personas de otros lugares «los moros de Filipinas». Hasta Gonzalo de Berceo aplicaba la palabra a los romanos de la Antigüedad para oponerlos a judíos y a cristianos. De manera que basta echar cuentas: la primera aparición en un texto escrito data de hace exactamente mil ochenta y dos años, y después se usa en abundancia. «Castellos de fronteras de mauros», dice el testamento de Ramiro I, en 1061. Por no hablar de su continuo uso en el Poema de Mío Cid, escrito a mediados del siglo XII: «Los moros yazen muertos, de bivos pocos veo; los moros e las moras vender non los podremos». Y de ahí en adelante, ni te cuento. «Las moras no se dejan ver de ningún moro ni turco», escribió Cervantes en el Quijote. La palabra moro está tan vinculada a nuestra historia, nuestra sociedad, nuestra geografía, nuestra literatura, que raro es el texto, relación, documento jurídico antiguo u obra literaria clásica española donde no figura. También la usaron Góngora, Quevedo, Calderón, Lope de Vega y Moratín, entre otros autores innumerables. Y tan vinculada está a lo que fuimos y somos, y a lo que seremos, que sin ella sería imposible explicar este lugar, antiquísima plaza pública cruce de pueblos, naciones y lenguas, al que llamamos España. Imagínate, en consecuencia, la imbécil osadía de tu profesora. El atrevimiento inaudito de pretender cargarse de un plumazo, por el artículo catorce y porque a ella le suena mal, toda esa compleja tradición y toda esa memoria.

XL - Semanal