Bestias veladas. Por Gabriel Albiac

La mujer, como animal reproductivo, es una mercancía cara en la cultura nómada a la cual Mahoma da código.

NO es ornamento. Ni perversión estética. El velo es revestidura litúrgica de la mujer musulmana. Y nada sabe la liturgia de coqueterías. No es estética su función, sino teológica. Toda liturgia sella en el ceremonial externo una codificada sumisión a lo sagrado, a lo cual rinde obediencia. El velo —en las diversas variedades locales, que van desde el hiyab al burka—, para la mujer islámica, es tan poco accesorio cuanto pueda serlo el agua bautismal o la circuncisión en otras religiones. La gravedad del conflicto que las mujeres veladas plantean a una sociedad de la universal ciudadanía libre no está en los riesgos policiales de circular bajo máscara. Lo primordial es otra cosa: ¿qué relación con lo sagrado sella la obligación de aparecer velada que recae sobre la mujer islámica? La respuesta está en El Libro que da razón de todo lo permitido y lo prohibido. Otras cosas podrán serle reprochadas al Corán, no la ambigüedad. Su fuente es la sura XXXIII, 59: «¡Oh, Profeta! Di a tus esposas, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran con sus velos: éste es para ellas el mejor modo de darse a conocer y no ser ofendidas». Un poco antes (XXXIII, 55) se enumeran las excepciones familiares, que permiten mostrar el rostro a las mujeres «ante sus padres, sus hijos, sus hermanos, los hijos de sus hermanos, los hijos de sus hermanas y ante sus sirvientas o sus esclavos«. XXIV 31 incluye también a los eunucos.

La motivación social del texto coránico nada tiene de enigmática. La mujer, como animal reproductivo, es una mercancía cara en la cultura nómada a la cual Mahoma da código. Su poseedor —padre primero, luego esposo— debe velar por su integridad y por su uso exclusivo. Y esa tutela, que la excluye aun del contacto visual de cualquier varón sexualmente útil, materializada tanto física cuanto moralmente por el velo —en sus diversos formatos—, da escena a lo que la ley reglamenta en sus detalles: que Dios juzga abominable tratar de igual manera a hombres y mujeres, que la mujer es inferior al varón, que es su sierva y que al varón —padre, hermano, esposo— ha sido sometida por intemporal designio divino. Corán, IV, 34: «Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres, en virtud de la preferencia que Dios les ha concedido sobre ellas, y a causa de los gastos que genera garantizar su manutención». Si una de esas preciadas bestias domésticas se insubordina, o si sencillamente el amo «teme que le sea infiel», éste debe «encerrarla en habitaciones separadas y golpearla».

Nadie reprochará la coherencia de la norma coránica. En sociedades donde la mujer sea un estadio intermedio entre animal y humano, tal tipo de fe religiosa no puede sino contar con el mayor consenso. El conflicto surge, inevitablemente, cuando una religión así se ve implantada en un mundo —éste tan decadente en el cual vivimos— cuyo fundamento es la igualdad ciudadana ante la ley. Sin distinción de sexos ni creencias. Y ese conflicto ni tiene solución ni es siquiera negociable. La compatibilidad es imposible: o la igualdad legal sobre la cual reposa la democracia, o la teológica desigualdad islámica de la cual da testimonio el velo femenino. ¿Prevalecerá el Islam o la democracia? No está claro.

ABC - Opinión

Víctimas del Terrorismo. Bono o la impostura. Por Cristina Losada

Siempre hay gramos de impostura en la política, pero Bono tiene sobrepeso. Para mí, que hasta imposta el acento.

Se cuenta de Bono que regalaba relojes cuando iba de campaña electoral por los pueblos, e se non è vero, è ben trovato. Lo que ha regalado a la política española es un estilo retórico íntimamente vinculado a esa clase de gestos populistas. Un estilo del que encontramos pocos ejemplos en Europa y muchos, demasiados, en Latinoamérica. Hay algo repelente y arcaico en esos personajes que se exhiben como padres del pueblo. Y de eso va nuestro hombre, que también se pavonea como hijo del pueblo, como uno de tantos, cuando su biografía no se lo avala. Y aunque así fuera.

A diestra y siniestra ha jugado siempre Bono en busca del aplauso de ambos lados y fiel a ese afán fue el discurso que interpretó el Día de las Víctimas del Terrorismo. Día que él y su partido, amén de otros, decidieron trasladar al 27 de junio, cuando en Europa se estableció el 11 de marzo en recuerdo de la matanza de Atocha. Ah, España es diferente. Diferente, desde luego, en la reacción política y popular ante el terror, como quedaría demostrado aquel día once y los siguientes. Hasta ahora.

El mismo Bono que imaginó agresiones en una manifestación de la AVT y provocó que fueran detenidas dos personas mediante la vieja técnica represiva de la foto, se adornó en el Congreso con un canto a las víctimas y a sus asociaciones. Su discurso cantaba en ese inconfundible estilo suyo, como de locutor del Nodo. "Ni un regate de más", dijo metiendo de rondón el jabulani; "no caben los tibios", advirtió como predicador; "frente a la belleza de la vida", soltó el lírico de ocasión. Una zarzuela en la que no podían faltar las bravuconadas contra los terroristas, que son las redes que echa Bono en los caladeros situados a la diestra.

A su pontifical manera, Bono aconsejó "ambigüedad cero" en la lucha antiterrorista y amonestaciones al que se desvíe. A buenas horas. No levantó la voz contra la negociación con ETA que Zapatero emprendió siendo él ministro y se descuelga haciéndole la autocrítica a su partido bajo cuerda. Siempre hay gramos de impostura en la política, pero Bono tiene sobrepeso. Para mí, que hasta imposta el acento. Cuando uno ha estudiado en los jesuitas y en un centro tan elitista como ICADE, suele hablar como Ric Costa y no como Pepe, el hijo del tendero. Pero si cuela, cuela.

Libertad Digital - Opinión

Del fracaso escolar al coche oficial. Por Ignacio Camacho

El procedimiento más eficaz para hacer carrera política en España consiste en no apartarse de la senda partidista.

GRAN parte de la nomenclatura dirigente de la nación carece de experiencia fuera de la política y no sabe lo que es cotizar por su cuenta a la Seguridad Social. El mismo presidente del Gobierno es un político profesional que apenas ha pasado un brevísimo tiempo como ayudante universitario. Más de la mitad de los miembros del Congreso son funcionarios en excedencia, y los que tienen un despacho, una consulta o una empresa están mal vistos bajo sospecha de conflicto de intereses. Cada vez hay más concejales, diputados provinciales o consejeros autonómicos que han transcurrido toda su vida laboral en un cargo público; en algún caso han pasado directamente del fracaso académico al coche oficial. No iba tan descaminado Boyer cuando apuntaba a la progresiva descapitalización intelectual de nuestra dirigencia; le sobró soberbia al hablar de «analfabetos» pero su diagnóstico es certero en lo que se refiere a la creciente mediocridad de una casta sumida en un preocupante proceso de endogamia.

La dictadura de los aparatos de partido ha propiciado un biotipo de político que empieza muy joven en la militancia orgánica y encuentra en ella un modo de subsistencia desclasada. La gente que gobierna y hace las leyes no sólo tiene pocos estudios, sino que ha vivido experiencias profesionales muy limitadas. No es tanto una cuestión de que se gane poco en los puestos de responsabilidad, como apuntaba el arrogante ex ministro gonzalista, sino de que la selección de cargos excluye méritos objetivos y se basa en el principio de obediencia. El procedimiento más eficaz para hacer carrera política en España consiste en no apartarse de la senda partidista; empiezas pegando carteles y si te muestras leal y disponible ante el «aparatchik» de turno pronto estarás en una lista municipal o te nombrarán asesor en nómina. Los candidatos no responden ante los electores sino ante el secretario general, y no necesitan más currículum que el de la disciplina interna. Así puede suceder que de los 350 parlamentarios que discuten la reforma laboral sólo haya ¡dos! trabajadores por cuenta ajena, a los que el escaño salva de la amenaza de un despido barato. Ese patente divorcio con la realidad explica la creciente desafección de los ciudadanos respecto a la función política, convertida en una vía para huir de los riesgos de la competitividad y el esfuerzo.

En los mejores tiempos de Roma, los senadores dejaban el arado para ponerse la toga y volvían a empuñarlo tras abandonar la magistratura; ese trayecto de ida y vuelta reforzaba los vínculos de servicio a la república. En la actualidad no hay modo de que encontrarle sentido a una representatividad ejercida por tipos incapaces de identificarse con un cuerpo social del que se han excluido para meterse en una burbuja.

ABC - Opinión

Islamismo. El exterminador de Alcalá. Por José García Domínguez

La corrección política, esa constante perversión de la democracia en nombre del desprecio a la cultura occidental, representa la mayor amenaza totalitaria que haya sufrido Europa desde la eclosión de los fascismos en los años veinte del siglo pasado.

Cierto hijo de Alá, un tal Abu Omar Hussein, parece que imán de los fieles en Alcalá de Henares, gusta de ver lapidadas a adúlteras, homosexuales y demás transgresores de la ley del Profeta. E igual complacen en grado sumo a ese Abu las mutilaciones de manos, brazos y otros miembros de los impíos, costumbres ilustradas que ansía difundir en España, tal como se desprende de una deposición suya en el periódico local alcalaíno. Loables querencias, las de Abu, que, por lo demás, vienen siendo premiadas con una subvención anual del Ministerio de Justicia. Cinco mil euros, sólo durante el ejercicio pasado.

Ese asunto, el de la barbarie islamista, constituye la prueba de hasta qué grado se han invertido los valores que en tiempos distinguieran a la izquierda de la derecha. Y es que si los conservadores comparecieron ante el tribunal de la Historia en calidad de abogados del orden establecido frente al desafío de los progresistas, ahora sucede justo lo contrario. Hoy, es la derecha quien encarna la libertad intelectual ante la esclerosis moral llamada "corrección política", el sucedáneo ideológico al que se ha aferrado la izquierda toda tras el colapso del socialismo. Algo nada baladí, por cierto. A fin de cuentas, la corrección política, esa constante perversión de la democracia en nombre del desprecio a la cultura occidental, representa la mayor amenaza totalitaria que haya sufrido Europa desde la eclosión de los fascismos en los años veinte del siglo pasado.

Pues, a ojos de sus devotos locales, las leires, las bibianas, los caamaños, los joseluises, tardíos imitadores de una plaga ya hegemónica entre la progresía atlántica, la verdad objetiva carece de interés alguno. Que Abu predique a voz en grito el crimen, se les antoja baladí. Nada importa, en realidad, el contenido expreso de palabras, ideas o hechos. Sólo su relación de fuerza frente al canon occidental resulta éticamente relevante: cualquier minoría, por principio, posee la razón; sensu contrario, la mayoría –tanto da cultural, étnica, religiosa o moral– deviene invariable reo de culpabilidad. Razón última, por ejemplo, de que la izquierda bienpensante se alinease con el asesino marroquí de aquel Theo van Gogh que osó insultar al islam. O del feliz idilio entre nuestro Caamaño y el airado Abu. Y aún no hemos visto nada.

Libertad Digital - Opinión

Cumbre de vándalos

ENMASCARADOS y sin otra propuesta que la violencia, los elementos antisistema han vuelto a aprovechar una cumbre internacional —en esta ocasión la del G-20 en Toronto— para poner de manifiesto su verdadera identidad. «No son activistas, sino criminales», ha asegurado el alcalde de la ciudad canadiense para justificar la operación policial desplegada contra estos grupos, cuyas prácticas revelan su verdadera e inequívoca naturaleza vandálica. Frente a la discusión de ideas, estrategias y planes que se desarrolla en estas citas internacionales, los antisistema —presuntos anarquistas, según su propia denominación— expresan la más absoluta ausencia de civismo al mostrar a la sociedad que su única aportación al debate es la agresión indiscriminada contra los mismos que amparan y consienten su supuesta alternativa.

ABC - Editorial

El mazazo del IVA

La subida del IVA, que elevará dos puntos el tipo general hasta el 18% y un punto el tipo reducido hasta el 8%, entrará en vigor el próximo jueves. Desde esa fecha, la consecuencia inmediata será la subida de los precios de prácticamente todos los artículos, productos y servicios. Las asociaciones de consumidores han calculado que el incremento del impuesto costará 300 euros por familia, aunque puede que se queden cortos en sus estimaciones, porque la experiencia ha demostrado que el impacto de las decisiones fiscales sobre las tarifas finales son siempre bastante superiores a las oficiales. El Gobierno ha ofrecido como principal argumento para adoptar esta medida la necesidad de incrementar la recaudación para atajar el galopante déficit público. Es una lectura que han compartido gobiernos como los de Grecia, Reino Unido o Portugal, mientras otros como los de Alemania o Francia han sido más cautelosos.
Se ha optado por el camino más sencillo, sin pararse a evaluar con seriedad las consecuencias y las alternativas. No nos sorprende que se haya instalado en el ciudadano la sensación de que la Administración pretende cargar sus errores y dispendios sobre los bolsillos de la gente. El dato, adelantado por LA RAZÓN, de que el Gobierno ha duplicado hasta mayo el gasto en personal habla de la doble moral de un gabinete que exige sacrificios mientras gestiona sin rigor y sin disciplina presupuestaria. En ese contexto, nos parece comprensible que casi siete de cada diez españoles rechace, la subida del IVA y que más de la mitad reclame a la Administración que controle mejor el gasto antes que aumentar la presión fiscal, según la encuesta de NC Report.

Hay razones para cuestionar la eficacia de la subida del IVA en escenarios de crisis. El manejo de esta clase de actuaciones debe ser prudente, porque no es una ecuación directa el hecho de que el incremento del impuesto se traduzca en una mayor recaudación. En España existen ejemplos de lo contrario. Lo que sí está demostrado es que una mayor presión fiscal fragiliza la actividad. Se corre el riesgo de que una decisión mal calculada, lejos de estimular la recuperación, retrase la salida de la crisis. Las autoridades comunitarias ya alertaron de que un efecto secundario, cuando no el principal, de la subida de impuestos será que repercutirá negativamente sobre el consumo, lo que probablemente nos devolverá a tasas de PIB negativas.
Las políticas fiscales que funcionan son las que amplían la base de los contribuyentes y no las que castigan a los pocos atrevidos que gastan. El objetivo principal no puede ser el de aumentar la recaudación sin más, sino el de recuperar la actividad para que después los ingresos suban. Se trata de estimular un crecimiento sostenible y no de alimentar un espejismo que acabe dinamizando la economía sumergida y el fraude.
Mariano Rajoy insistió esta semana en que, lejos de castigar a las familias y a las empresas con la subida del IVA, lo que toca es una bajada selectiva de impuestos para incentivar la actividad. Hay que facilitar que el enfermo respire y no que se asfixie.

La Razón - Editorial

Continuismo en Toronto

El G-20 no logra armonizar los estímulos públicos de Obama con los ajustes que impone Merkel.

La cumbre del G-20 en Toronto ha optado por no ahondar en la división estratégica que existe entre la visión europea sobre la crisis (estabilidad y reducción drástica de los déficits públicos) y la concepción económica de la Administración de Obama, partidaria de mantener los programas de inversión e inquieta ante la retirada precipitada de los estímulos públicos. En Toronto se ha concedido libertad a los países para implantar la tasa bancaria (impuesta ya por Estados Unidos y que en Europa quieren aprobar Alemania, Reino Unido y Francia) y se ha recurrido a un subterfugio para encubrir las abismales diferencias de criterio entre Europa y EE UU: la consolidación fiscal se ajustará a las circunstancias de los países. El forcejeo para conseguir un acuerdo entre los países miembros que comprometiera a los más desarrollados a reducir el déficit público a la mitad el año 2013 revela las diferencias de fondo entre Europa y EE UU.

La legitimidad del G-20 es indiscutible y en estos momentos supera la del G-8. Es muy importante que los países emergentes estén implicados en las decisiones sobre la crisis financiera y tomen conciencia de su papel creciente como motores de la economía mundial. Pero hay que recordar que está vinculada a dos objetivos principales: la recuperación del crecimiento y del empleo y la prevención de crisis financieras como la actual. Hacer todo esto de forma coordinada entre los actores económicos más importantes del mundo, despejando cualquier amenaza de proteccionismo, era la condición mínima que se puso sobre la mesa en la primera reunión de esa instancia. Pero en Toronto los resultados no han sido muy alentadores. No ha aparecido por ningún lado la coordinación urgente de las políticas económicas de los 20 (ni siquiera la de los ocho países más desarrollados del G-8).

Y, sin embargo, este es el problema más acuciante que plantea la crisis. Las políticas de ajuste del gasto son necesarias, pero deben modularse de forma que no todos los países contraigan sus inversiones y presupuestos al mismo tiempo. Porque de sea forma se niega la posibilidad de que algunas economías actúen como impulsoras de las más afectadas por los costes de la recesión. En no pocas economías europeas, España entre ellas, puede haber recaídas en la recesión, y la creación de empleo se retrasará en demasía. El G-20 tiene que ejercer un papel de coordinador que por el momento no ha aceptado.

El G-20 tampoco ofrece una respuesta a la presión de los mercados. EE UU ha proclamado una reforma financiera, menos radical que la que Barack Obama quería, pero bastante más intensa que la que están siquiera dispuestos a considerar en Europa. Y, sin embargo, la reforma de los mercados, para controlar las desviaciones especulativas que pueden acabar en catástrofes como el crash financiero actual, es una contrapartida indispensable a los programas de ajuste que las tensiones en los diferenciales de deuda imponen a países como España, Portugal e Irlanda.

El País - Editorial

Homenajes a las víctimas y diálogo con los verdugos

Para lo que no deben de servir ni los homenajes, ni las palabras de reconocimiento ni las indemnizaciones a las víctimas es para encubrir vías de apaciguamiento que, al margen del estado de derecho, traten de restablecer el diálogo con ETA y su entorno.

Bien están los solemnes actos de homenaje a las víctimas del terrorismo, como el que este domingo ha presidido el Rey en el Congreso de los Diputados. Bien está que se destaque, tal y como ha hecho Don Juan Carlos, el "referente cívico" y el "símbolo de la firmeza de nuestro compromiso con la democracia y la libertad" que constituyen todos aquellos que han sufrido el zarpazo del terror. Bien está que se mejoren las indemnizaciones, tal y como contempla la nueva ley de víctimas del terrorismo que se presentará próximamente como proposición de ley en el Congreso. Sin embargo, para lo que no deben de servir ni los homenajes, ni las palabras de reconocimiento ni las indemnizaciones a las víctimas es para encubrir vías de apaciguamiento que, al margen del estado de derecho, traten de restablecer el diálogo con ETA y con su entorno.

Que destacados dirigentes socialistas mantienen contactos con el entorno etarra, ya no es algo que denunciemos algunos medios de comunicación. Es algo que reconoce abiertamente el mundo proetarra, a través de Gara, o el propio Eguiguren, quien con razón señala que su conocimiento de ese mundo no le viene por "inspiración divina". En lo que miente el presidente del PSE es en tratar esos contactos como si fueran contactos causales, "gente de HB que me para en la calle y me dice", cuando lo cierto es que esos encuentros se están llevando al máximo nivel en París y Guipúzcoa.

Otro cosa que no puede quedar encubierto ni con homenajes ni con llamadas a la unidad de los demócratas es la relajación en la política penitenciaria, de las que se están beneficiando personajes clave en ese proceso de negociación como Diaz Usabiaga.

No menos alarmante es la pasividad del Gobierno ante las maniobras de los proetarras para burlar la Ley de Partidos a través de un matrimonio de conveniencia con la casi extinta Eusko Alkartasuna. En lugar de haber hecho una seria advertencia a estos compañeros de viaje de ETA, que ya lo fueron en Estella, o de haber instado, a través de la Fiscalía, diligencias por un posible delito de enaltecimiento del terrorismo por haber denominado "presos políticos" a los terroristas en prisión, el Gobierno de Zapatero se limita a destacar que "EA es un partido con una historia democrática impecable". Eso, y disimular con supuestas "mejoras" de la Ley de Partidos, cuando no es ningún resquicio legal sino la falta de voluntad política lo que permitió en el pasado a los proetarras burlar la ley y colarse nuevamente en las instituciones.

Es esa falta de voluntad política de llevar a ETA hasta la extinción y la derrota lo que nuevamente se detecta en un Gobierno que no termina de repudiar el contraproducente "final dialogado de la violencia". Y esa falta de voluntad política por hacer perder a ETA toda esperanza es lo que no pueden encubrir los homenajes, ni las indemnizaciones ni las buenas palabras. La memoria, la dignidad y la justicia que merecen las victimas es otra cosa.

Libertad Digital - Editorial

Honrar a las víctimas

Por fin estamos en el camino correcto, porque una sociedad sanamente constituida debe ser generosa con las víctimas, por razones de estricta justicia.

SUS Majestades los Reyes presidieron ayer en el Congreso de los Diputados la primera celebración institucional del Día de las Víctimas del Terrorismo, con asistencia de las principales autoridades del Estado, excepto Rodríguez Zapatero, que acudió a Toronto como invitado a la cumbre del G-20. Como decía ayer en ABC el presidente de la Cámara, José Bono, se cumple así un deber cívico y un ejercicio de dignidad en una jornada simbólica que recuerda la fecha de la primera víctima de ETA, una niña de veintidós meses. PSOE y PP se han puesto de acuerdo recientemente sobre las indemnizaciones que fijará la futura ley, superando así una asignatura pendiente de la democracia española. Ya era hora de que los poderes públicos mostrasen su reconocimiento moral y económico hacia quienes han sufrido más que nadie en defensa de la libertad de todos. Es triste recordar que muchos de ellos han tenido que pelear durante años frente a la mezquindad administrativa y, lo que es peor, la indiferencia de determinados partidos. Por fin estamos en el camino correcto, porque una sociedad sanamente constituida debe ser generosa con las víctimas, por razones de estricta justicia.

El acto de ayer resulta especialmente oportuno en las circunstancias actuales porque, a pesar de los desmentidos rotundos, la opinión pública contempla con preocupación los gestos hacia el entorno etarra de algunos dirigentes socialistas vascos y las maniobras preelectorales de la izquierda abertzale para buscar una fórmula supuestamente legal que le permita presentarse a las elecciones defraudando lo dispuesto por una normativa convalidada por las más altas instancias jurisdiccionales. De momento, la respuesta es rotunda y sin fisuras, y así debe continuar para mantener un pacto de Estado que —por fortuna— funciona de forma positiva y debe proseguir hasta la derrota sin paliativos de la banda terrorista. Ayer se vivieron momentos emotivos en el Congreso, sede de la soberanía nacional, pero también es significativo el hecho de que el Parlamento vasco rinda homenaje a los concejales asesinados por ETA en una ceremonia prevista para el próximo viernes. La presencia de unas cien personas en representación de las víctimas y la solemnidad de los discursos en el Congreso han puesto de relieve que los españoles saben que el derecho a la justicia comienza por un reconocimiento expreso y formal, al más alto nivel político e institucional, de la obligación colectiva que todos hemos contraído hacia quienes sufren pérdidas irreparables en su propia vida o en la de sus seres queridos.

ABC - Editorial

El caballo de González. Por M. Martín Ferrand

González, que ya ha superado el acné de las ideologías, considera chapucera la reforma laboral de su sucesor.

«¿QUIÉN es el más sabio de los hombres?», le preguntaron a Voltaire, maestro en la lucha contra el fanatismo y la intolerancia, al poco de su ingreso en la Académie. «Aquel —respondió— que tarda menos tiempo en rectificar sus errores». Tan original procedimiento evaluador nos obliga a contemplar la siempre polémica figura de Felipe González. El ex presidente del Gobierno y gran santón del socialismo español, tan devaluado por sus líderes de turno, ha dicho, en alarde de buen sentido, que una reforma laboral con ambiciones transformadoras y de progreso debe vincular «al menos dos terceras partes» de la retribución de los trabajadores a la productividad. En menos de tres lustros, y veinte años son nada, el sevillano ha visto la luz y ha dejado de ser progre, una postura, para ingresar en las filas del progresismo auténtico, el que trata de crear riqueza con anterioridad al debate sobre su reparto.

La experiencia, eso que tan poco se valora por estos pagos, es una maestra eficaz. Por eso González, que ya ha superado el acné de las ideologías y está en el pragmatismo de los resultados, considera alicorta y chapucera la reforma laboral de su sucesor, que no alumno, en la cabeza del PSOE y dice, para escándalo de sus conmilitones, que «no se pueden permitir sueldos iguales para todos» porque ese procedimiento, aparentemente social, convierte «a quien trabaja más con la misma retribución en el más tonto de la pandilla».

Los comunicólogos de guardia en La Moncloa y en Ferraz, un tropel, han intentado sofocar los ecos de la intervención de González en la Asamblea de Extremadura en la que, atrapado por la lucidez, llegó a defender la figura de los patronos porque «son mucho más importantes que el empleo, ellos lo generan». Supongo que tampoco en los cuarteles del PP habrán saludado con alborozo esta silenciada y renovada plática del veterano socialista. Los complejos electoreros del partido de la derecha mantienen a sus líderes en una constante desviación socialdemócrata y no será por ese camino por el que encontremos la solución para nuestros problemas colectivos.

En sincrónica coincidencia, el líder de IU, Cayo Lara, que vive la impotencia de reconstruir una formación a la izquierda del PSOE verdaderamente nacional, no mistificada con aromas centrífugos, ha dicho que «Zapatero no lo puede hacer peor». Para hacerlo mejor tendría, como González, que caerse del caballo, tal que San Pablo camino de Damasco, y anteponer la eficacia y el bienestar de los ciudadanos a los rencores históricos y a la naftalina ideológica. Voltaire no le incluiría en su lista de sabios.

ABC - Opinión

Utopía de coalición. Por Ignacio Camacho

Si Rajoy considera necesario un Gobierno de unidad tendrá que esperar a formarlo él mismo.

EL Gobierno de coalición, o de concentración, es un bucle melancólico que permanece vivo en la memoria de la política española desde los tiempos de la Transición a la democracia, pese a que también en aquella época se convirtió en un mantra abstracto que nunca acabó de tomar cuerpo, ni siquiera en los momentos de deriva más dramática. La unidad de los partidos, al menos de los dos grandes, frente a las situaciones de emergencia nacional o de crisis profunda constituye un desiderátum de muchos ciudadanos que jamás ha sido escuchado por los agentes decisivos de la escena pública, enfrascados en una confrontación a cara de perro con el poder como objetivo fundamental y casi único de la acción política. Tampoco ahora parecen existir condiciones o elementos objetivos para que cuaje esta bienintencionada aspiración colectiva, toda vez que el enconado enfrentamiento partidista impide incluso la más elemental fórmula de los pactos de Estado. Seis años de zapaterismo no sólo han roto los frágiles puentes que unían las dos orillas de nuestra partitocracia, sino que han consagrado el divisionismo como estrategia de marketing electoral y ahondado las diferencias entre derecha e izquierda a base de una intensa demagogia retórica.

La sugerencia efectuada por Javier Arenas en las páginas de ABC parece más bien fruto de una lucubración voluntarista, una reflexión teórica sobre la necesidad de volver a un entendimiento juicioso basado en el interés general tras el fracaso del sectarismo zapaterista. El propio Rajoy se apresuró a aclarar que la figura misma del presidente bloquea en la actualidad cualquier hipótesis de acercamiento. Como no hay en el seno del Partido Socialista, pese a los recelos que ya despierta Zapatero en su dirigencia más sensata, voluntad alguna de revocar su liderazgo, la posibilidad de un Gabinete de convergencia anticrisis no pasa de ser una mera cavilación contemplativa, un escenario intelectual, un ejercicio de especulación utópica. Ya sería un paso adelante, un auténtico salto cualitativo, la avenencia parcial parcial de PSOE y PP en torno a algunos de los problemas inmediatos —energía, sector financiero, pensiones— que acucian a la política española en una delicada coyuntura de amenazas de desequilibrio social y quiebra del Estado.
Ni siquiera existen indicios de probabilidad para una coalición entre la socialdemocracia y el nacionalismo catalán, alianza que en varias ocasiones históricas ha estado a punto de tomar cuerpo para acabar descarrilada por unas u otras razones. Zapatero está solo, aislado, preso de sus errores y de su vacuo dogmatismo, y en esa soledad tendrá que transitar por lo que quede de legislatura. Por conveniente que pudiera resultar para una gobernanza razonable, si Rajoy considera necesario un Gobierno de unidad tendrá que esperar a formarlo él mismo... ganando previamente las elecciones.

ABC - Opinión

Rajoy en clave de Gobierno. Por Jesús Cacho

Un día importante en la vida de Mariano Rajoy Brey. Una jornada convertida en punto de inflexión en la carrera política del personaje. Seguramente muchos de los que acudieron el viernes a escuchar al líder de la derecha en el Hotel Ritz de Madrid, esperando asistir a la presentación en sociedad del programa de Gobierno del Partido Popular, salieron defraudados o complacidos solo a medias. Esa era sin duda una pretensión carente de sentido cuando aún quedan 21 meses, en el peor de los casos, para las próximas elecciones generales, si bien resulta casi imposible imaginar a José Luis Rodríguez Zapatero llegando vivo al solsticio de invierno de 2012. Pero lo importante no estaba el viernes en lo que Rajoy dijo, sino en el entorno, en el atrezzo, en el momento histórico y en la audiencia ante quien lo dijo. El espectáculo de la calle Antonio Maura atestada de berlinas de lujo, lo mismo que la Plaza de la Lealtad, chóferes y escoltas invadiendo las aceras, hablaba a las claras de que algo importante estaba a punto de ocurrir. “¿Pero qué pasa hoy aquí…?” se preguntaban los porteros de las fincas cercanas.

Pasaba que Mariano Rajoy, 55, se disponía a presentar ante el mundo económico y financiero las líneas maestras, la filosofía de acción de un partido capaz de sacar a España del atolladero. Y hacerlo en clave de Gobierno. Ese es el cambio que se ha producido en el país en las últimas semanas. Tras años de dudas y vacilaciones, casi todas resultado del trauma que supuso el dramático 11-M y la derrota electoral del 14 de marzo de 2004, Rajoy se ha convertido en el instrumento imprescindible para intentar volver a la senda del crecimiento, el único, además, de que disponen los españoles. “El mundo del dinero es hoy consciente de que necesita imperiosamente un cambio de Gobierno para salir a flote”, aseguraba el viernes en privado un destacado empresario. “Y cuanto antes mejor, porque esta etapa está agotada. Zapatero está liquidado y pocos dudan ya de que Rajoy será el próximo inquilino de Moncloa”. Para que ese cambio se haya producido ha sido necesaria una de las mayores crisis económicas de nuestra historia, que ha dejado sin empleo a más del 20% de la población activa, una conquista que ya figuraba en los anales del Partido Socialista a resultas de la crisis de primeros de los noventa. Dos tercios de esos 5 millones de parados no volverán a trabajar nunca, y el tercio restante no sabe ahora mismo donde podrá hacerlo.

«Esta es una crisis económica que ha tenido la virtud, por así decirlo, de poner de manifiesto la profunda crisis política».

Una crisis gestionada por el Gobierno Zapatero con una falta de solvencia difícil de hallar en lugar y tiempo alguno. El peor Gobierno para la peor crisis. Tras negarla durante años, no tuvo mejor idea que enfrentarla con el uso y abuso de un gasto público tan desbocado como improductivo. En solo dos años, los que van de finales de 2007 a finales de 2009, las cuentas públicas pasaron de un superávit del 2% a un déficit del 11,4%, más de 13 puntos del PIB consumidos en fuegos artificiales y en tiempo record. El Gobierno se defiende diciendo que el ratio de deuda es muy inferior al de otros países, naturalmente Grecia, pero aquí cabe la frase de José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, según el cual “lo que mata de las balas no es el plomo, sino la velocidad”. España luce hoy el aspecto de un páramo esquilmado, con un endeudamiento (público y privado) gigantesco, un sistema financiero sobre cuya salud existen más que fundadas dudas, a pesar de esas “pruebas de esfuerzo” que tan contento han dejado a ZP (voces de distinto signo calculan en 200.000 millones las pérdidas que cajas y bancos mantienen represadas en sus balances), un mercado único cuarteado en 17 mercaditos al gusto de otras tantas Administraciones autonómicas, unos sindicatos convertidos en poderes fácticos que se niegan a ceder las ventajas heredadas de la legislación social del franquismo, una Justicia reducida a escombros, etc., etc. Un paisaje, en suma, que se pierde en un horizonte de años, demasiados, de bajo crecimiento y altas tasas de paro. Paisaje de inevitable empobrecimiento colectivo.

Crisis política de más difícil solución que la económica

Pero si en lo económico la situación es más que preocupante, no lo es menos en lo que a lo político e institucional atañe. Esta es una crisis económica que ha tenido la virtud, por así decirlo, de poner de manifiesto la profunda crisis política, crisis de agotamiento del sistema, que España arrastra desde al menos mediados de los noventa. Crisis de valores y orgía de corrupción. De modo que la tarea de un futuro Gobierno popular no será solo la de acometer, bisturí en mano, las reformas de fondo que la situación reclama (más allá de los parches Sor Virginia con que el Gobierno Zapatero nos está obsequiando), para abrir la vía a un nuevo patrón de crecimiento, sino la de abordar la gran reforma política y de saneamiento de las instituciones, de regeneración democrática -reformas a las que se niegan los beneficiarios del sistema de corrupción en que vivimos- imprescindible para, de la mano del crecimiento económico, hacer de este país un proyecto de futuro capaz de convertirse en ilusionante casa común de castellanos, catalanes y vascos, capaz de dar trabajo a las nuevas generaciones y volver a situar a España como un player respetado en la aldea global. La herencia Zapatero no solo es desastrosa en lo económico: es aún más grave, más trascendente, de más difícil solución, en lo que a la política, la vertebración de España, se refiere. El problema de Cataluña ha adquirido dimensiones insospechadas hace unos años, por culpa de la irresponsable conducta del personaje al que una mayoría de españoles entregó el poder en 2004.

«La desafección a este ajado proyecto carcomido por la corrupción en que ha derivado nuestra democracia, afecta a la práctica totalidad de las comunidades que hoy forman España.»

En este sentido, Mariano Rajoy es seguramente la última oportunidad de abordar una reforma desde dentro del Sistema. Última oportunidad para liderar un cambio en profundidad de la Constitución de 1978, capaz de corregir el desafuero del “café para todos” con la vista puesta en mantener la unidad de la nación, una tarea para la que ineludiblemente tendría que contar con la anuencia de un PSOE con otro líder al frente. Asunto que reclamará también una revisión a fondo de los planteamientos del propio PP en relación a Cataluña. No queda mucho espacio para el equívoco. No hay tiempo que perder. En El Ascenso del Dinero, el profesor de Harvard Niall Ferguson asegura que “los mercados han derribado más gobiernos que las derrotas militares”. Los mercados, en julio, y los PGE para 2011 a partir de septiembre. Fracasado este último tren reformista, todo lo que venga después tendrá forma de aluvión capaz de llevarse por delante siglos de Historia compartida. Y sin necesidad de que sea el nacionalismo catalán quien actúe como mecha de la implosión. La desafección a la vieja casa común, a este ajado proyecto carcomido por la corrupción en que ha derivado nuestra democracia, afecta a la práctica totalidad de las comunidades que hoy forman España.

Un político lejos de periodistas y banqueros

¿Demasiada tarea para los hombros de un Rajoy sobre quien tantos chuzos de punta han caído en estos años? En mayo de 2004 escribí en este diario a propósito del PP que “para poder resucitar en el cielo monclovita, tal vez sea necesario morir antes. Tal vez sea necesario que todo se pudra, para que del desastre pueda germinar un partido de derecha liberal de nuevo cuño, sin la menor adherencia de la vieja AP de Aznar”. Y un mes después sostuve que “el PP debe dar por definitivamente superado el trauma del 14-M y ponerse a trabajar en serio cara al futuro. Sin renunciar a embarcarse en un proceso de renovación necesario tras la ocurrido, Rajoy está obligado a desaznarizar el PP a toda velocidad y convertirse, con nuevas gentes y nuevas ilusiones, en el partido de las reformas liberales capaz de hacer realidad esa España abierta, más próspera, más solidaria, pero también más convencida de la importancia de su papel en el mundo actual”. Habiendo admirado siempre en él esa especie de elegante desapego hacia el poder que transmite su figura (el de Pontevedra es quizá el único político conocido que no parece llevar marcado en la frente la determinación de matar por el poder), es evidente que no soy lo que se dice un rajoyista. A menudo sus vacilaciones y, en particular, su capacidad para desaparecer de la escena política durante días cual misterioso Guadiana me han sacado de quicio. Menos aún he podido soportar su, a mi juicio, falta de contundencia a la hora de condenar con energía la corrupción en las filas de su partido y obrar en consecuencia, por citar algunas diferencias con el personaje.

Pero está claro que el líder del PP tiene su personal manera de hacer las cosas y su propia forma de medir los tiempos en política. Desde luego parece claro que para hacer una cosa o su contraria no necesita en absoluto de las prédicas de los periodistas. Muy lejos del apasionado romance que Zapatero vive con cierto célebre saltimbanqui del periodismo y con el banquero más importante de aquestos Reynos, el de Génova pasa de periodistas y no se le conocen servidumbres con la gran banca. Muy al contrario, ha sido capaz de poner en su sitio al correveidile y firme se mantiene, sin importarle el precio a pagar por ello. En realidad, con Rajoy podríamos asistir al milagro de un político que llega a Moncloa sin el apoyo de ningún gran grupo de comunicación –desde luego en contra de todas las grandes cadenas de tv- y sin el respaldo expreso de la gran banca. Como tampoco es hombre que se haya dejado seducir por “lo social” y mucho menos por el olor a sobaco que despide la aristocracia del dinero capitalina, ese madrileñeo bobalicón de las fincas de caza, los jets privados y los yates en Baleares, todos ahora en discreta retirada por culpa de la crisis, habrá que concluir que Mariano Rajoy es un político sin lastres, un tipo independiente a quien la Historia podría encomendar muy pronto la hercúlea tarea de insuflar vida nueva a ese moribundo que llamamos España.

El Confidencial - Opinión

¿Gobierno de coalición?. Por José maría Carrascal

En el PSOE, todos y todo están al servicio del jefe, del que dependen decenas de miles de cargos y sinecuras.

ESA idea de Javier Arenas de PSOE y PP formando gobierno sin Zapatero no es nada descabellada. La crisis tiene una profundidad mayor de la que nadie imaginó, España se halla en una situación de emergencia que requiere el esfuerzo de todos y Zapatero se ha equivocado tanto y engañado a tantos que no inspira la confianza necesaria para salir del atolladero. Sólo hay un inconveniente: que Zapatero no está dispuesto no ya a dimitir, sino a remodelar su gobierno, que sería una crisis simbólica de su política. Pero ni siquiera eso. Sigue pensando que puede capear el temporal, sigue confiando en su suerte, sigue viendo luz al fondo del túnel, sigue creyendo en los milagros. Y sigue, naturalmente, equivocándose, incluso cuando acierta, como con las medidas de ajuste que le han impuesto desde fuera, que las dilaciones, correcciones, discusiones y recelos están desactivando antes incluso de entrar en vigor.

Pensar, por otra parte, en una rebelión interna dentro del PSOE, con una delegación de prohombres socialistas dirigiéndose a la Moncloa a decir a su inquilino que tiene que retirarse por el bien del partido y del país, como hicieron los republicanos norteamericanos con Nixon cuando el asunto Watergate se había puesto imposible, es soñar despierto, por la composición piramidal de los partidos españoles, muy especialmente del PSOE, donde todos y todo están al servicio del jefe, del que dependen decenas de miles de cargos y sinecuras, que desaparecerían en el momento que desapareciese aquél. Así que olvidémonos de ello.

La única solución sería la que tomó el presidente Johnson cuando se percató del fracaso de su política en Vietnam, que estaba dejando a su país dividido, frustrado, amargado e impotente: anunciar que no se presentaría a las próximas elecciones porque iba dedicar todos sus esfuerzos a solucionar aquella guerra. Zapatero podría hacer lo mismo con la crisis económica. Sería la única forma de que recuperase su credibilidad, de que confiásemos en él, de que no pensáramos que estaba de nuevo engañándonos, condición indispensable para que sus medidas surtiesen el efecto apetecido, ya que en economía el factor psicológico interpreta un papel casi tan importante como el monetario. Pero para eso se necesita ser un estadista y un patriota, ver más allá de las próximas elecciones y actuar según los intereses generales no personales. Algo que escasea en nuestro presidente.

Así que dispónganse a tener más de lo mismo en los próximos dos años, más paro, más parches, más trifulcas, más advertencias, más partidismo. Más Zapatero en suma. A no ser que, antes, la crisis se lleve a él. Y a nosotros.

ABC - Opinión

¿Es posible una derecha franca y sin complejos, señores del PP?. Por Antonio Casado

Ha dicho Mariano Rajoy que el Partido Popular está listo para tomar las riendas del Gobierno… Solo falta que haya elecciones generales y que las gane.

Lo normal será que así sea, porque se dan las circunstancias apropiadas y los sondeos anuncian ya una victoria del principal partido de la oposición. Y a estas alturas, y con la que está cayendo, es bastante difícil que esa tendencia cambie. En mi humilde opinión, además, creo que a la nefasta gestión de Rodríguez se ha unido durante este tiempo un modo de hacer oposición que al final ha acabado convenciendo a la gente, sobre todo a ese sector de la población situado en eso que llamamos centro político, que igual puede votar a su izquierda que a su derecha, y que aglutina alrededor de un millón de votantes que son los que, en definitiva, hacen oscilar la balanza electoral a un lado o al otro del arco parlamentario. Rajoy ha hecho una oposición moderada, alejada de estridencias, responsable… Y ahora lo que necesitan los ciudadanos es que esa alternativa se vaya concretando de aquí a las elecciones.

Es cierto que ya existe una compleja relación de medidas e iniciativas que el PP ha ido presentando en las Cortes durante todo este tiempo, y que cualquier persona interesada podría acceder a los documentos que más o menos recogen lo que podríamos calificar de programa alternativo de Gobierno, pero el PP tiene que dar un paso más. El viernes por la mañana el líder del PP lo hizo en el marco de un encuentro empresarial, y allí avanzo las líneas maestras de su alternativa económica -la pueden leer ustedes este fin de semana en casi todos los periódicos, luego me ahorro su transcripción- y, sobre todo, de lo que él entiende que debe ser el objetivo principal de un Gobierno del PP: un conjunto de reformas de urgente factura que vuelvan a hacer de España un país competitivo. Reformas que no solo afectan al área económica, sino también al terreno educativo, modelo de Estado, Justicia, etcétera. ¿Qué le falta, entonces, al PP para terminar de convertir esa alternativa en un mensaje esperanzador? Se lo diré: claridad, contundencia y ausencia de complejos.

Dicho de otro modo, que de una vez por todas destierre esa política de ‘no molestar’ que tanto gusta a algunos de los asesores que rodean a Rajoy. Hay quien le echa la culpa de esa actitud a Arriola, don Pedro, otros al propio Rajoy y a parte de su equipo… A mí me da la sensación de que esos complejos coexisten instalados en una buena parte del PP, y lo vemos por ejemplo en dirigentes de este partido tan notables como el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, siempre presto a satisfacer las demandas de la izquierda mediática, política y cultural. ¿Porqué les cuento esto? Pues porque esta semana hemos visto cómo cuando la derecha se quita la careta de los complejos, gana.

Lo ha hecho Alicia Sánchez Camacho con su defensa de la prohibición del burka, iniciativa que ha robado el discurso a la izquierda provocando que ahora los portadores de las esencias del progresismo feminista estén que fumen en pipa, y eso que en su partido había serias reticencias a presentar esa iniciativa no sea que pudiera “molestar” a las comunidades musulmanas. Y lo ha hecho un dirigente político democristiano, no perteneciente al PP, pero que le ha dado al PP toda una lección de coherencia: Josep Antoni Duran i Lleida, que no ha tenido reparo alguno en criticar a la Generalitat de Cataluña a cuenta de su actitud en un asunto tan aparentemente delicado como es la homosexualidad.

Guías de educación sexual

Y viene todo esto a cuenta, también, de un asunto que me parece extraordinariamente grave y que requeriría un pronunciamiento de los dirigentes populares, sin complejos, porque se trata de algo que afecta directamente al papel de los padres en la educación de los hijos: me refiero a las guías de educación sexual, que lejos de ser eso, educación sexual, parecen manuales de prostitución infantil. Porque, fíjense, ni en un caso ni en el otro se trata de estar en contra ni de la convivencia social de los gays y lesbianas, ni de oponerse a una adecuada y seria educación de los niños en materia de sexualidad. De lo que se trata es de estar en contra de los excesos, y la izquierda tiene una tendencia natural al exceso en esto asuntos, hasta el punto de que como muy bien reflexiona el portavoz de CiU, aplaude cuando un heterosexual sale del armario para ponerse calzoncillos de cuero marcando paquete el Día del Orgullo, pero sanciona el hecho de que un homosexual quiera volver al armario porque se encuentra mejor allí dentro y busque la ayuda adecuada para hacerlo, y convierte la razonable orientación de los menores hacia una sexualidad sana y bien explicada en la exaltación del putiferio.

Y siendo esto importante, no es el único aspecto en el que al PP le sobran razones para pronunciarse sin complejos y, sin embargo, no lo hace. Es evidente, por ejemplo, que la crisis económica ha puesto sobre la mesa la necesidad de plantearse una reforma en profundidad tanto del modelo de Estado como de la Administración. Un partido con vocación de Gobierno, que pusiera el dedo en la llaga, por ejemplo, en algo que a todas luces es un anacronismo como la existencia de las Diputaciones, o que elevara la bandera de la reducción de altos cargos y de esos desorbitados parlamentos autonómicos, o que dijera claramente que es necesario que el Estado recupere algunas competencias que en manos de las Comunidades Autónomas han ido provocando un permanente agravio comparativo entre unas regiones y otras, seguramente despertaría mucho más entusiasmo entre sus posibles votantes que la simple complacencia con un status quo que a todas luces se está demostrando insoportable.

Son solo ejemplos, pero creo que se entiende lo que quiero decir: cuando ya es evidente que la demagogia y el populismo con el que ha actuado durante todo este tiempo la izquierda ha quedado al descubierto, ha llegado el momento de empezar a hablar claro y de llamar a algunas cosas -no digo que a todas porque la política exige a veces ciertos equilibrios, pero sí a muchas- por su nombre. Estoy seguro de que el ciudadano lo agradecerá.

El Confidencial - Opinión

Propuestas. Los silencios de Rajoy. Por Emilio J. González

Estaría bien si Rajoy pusiera fin a la voracidad tributaria del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que todo lo quiere arreglar a base de subir y subir los impuestos a los más que sufridos contribuyentes de la Villa y Corte.

La música no suena mal, pero es como una canción en bruto a la que le faltan esos arreglos que le den la forma definitiva. Me refiero a la alternativa económica que acaba de presentar el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. Lo que ha dicho el gallego que haría si llega a La Moncloa es sensato y marcha en la dirección correcta, pero hay puntos manifiestamente mejorables y otros tan importantes como el del futuro de las pensiones, o el suelo y la vivienda, de los que no habla. De la misma forma, parece que todo lo fía al momento en que el PP llegue al Gobierno cuando lo cierto es que Rajoy puede empezar ya a poner en práctica, en las autonomías en que gobierna su partido, mucho de eso que propugna.

Por ejemplo, en materia educativa, Rajoy habla de que el castellano sea la lengua vehicular mientras en Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, hace todo lo posible por arrinconarlo. ¿No debería pararle los pies para ser coherente con lo que acaba de exponer ante la créme de la créme del mundillo económico? En este terreno también tendría que insistir en otros aspectos. Uno de ellos es el aprendizaje del inglés. Otro de ellos es hacer especial hincapié en el estudio de las ciencias puras, lo mismo que en el de la Historia de España. Y otro igualmente importante es el referente a la enseñanza universitaria, donde debería apostar abiertamente por que hubiera universidades españolas no sólo entre las más importantes y prestigiosas de Europa, sino del mundo.

En materia fiscal ocurre tres cuartos de lo mismo. Está muy bien que Rajoy se muestre en contra del impuesto sobre el ahorro y proponga recortes fiscales selectivos. Pero estaría mucho mejor si la Comunidad de Madrid no fuera la única de entre las que gobierna el PP que, efectivamente, está bajando los impuestos y, sobre todo, si pusiera fin a la voracidad tributaria del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que todo lo quiere arreglar a base de subir y subir los impuestos a los más que sufridos contribuyentes de la Villa y Corte, como si de un político socialista cualquiera se tratase.

Tengo que reconocer que, en materia laboral, Rajoy se muestra valiente al coger por los cuernos a dos verdaderos vitorinos, esto es, la negociación colectiva y la clarificación de las causas para que una empresa se pueda acoger al despido de 20 días. Supone hablar sin complejos y dejarse en paz de tanto tabú que ha marcado de manera negativa a la política laboral española, lo cual es bueno, y demuestra valentía, porque pedir la descentralización de la negociación colectiva es ganarse a los sindicatos como enemigos de por vida y querer abaratar el despido es arriesgarse a ser tachado de antisocial, de enemigo de los trabajadores y demás zarandajas. Pero también es cierto que sólo así se podrá permitir que sobrevivan las empresas y los empleos que mantienen y que se generen esos puestos de trabajo tan necesarios para reducir drásticamente el paro y superar la crisis. Lo único que echo de menos en este terreno son referencias a la remuneración de los jóvenes sin experiencia laboral, al empleo temporal y a tiempo parcial, a las agencias privadas de empleo, a la movilidad geográfica y funcional y a las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, cuyo recorte es del todo punto imprescindible para crear empleo y recuperar competitividad.

También está muy bien eso de normas claras en lo referente a la morosidad, pero ¿y cuándo el moroso resulta ser una administración pública? De igual forma está bien su propuesta de utilizar todas las fuentes de energía, incluida la nuclear, pero debería decir si quiere promover la construcción de nuevas centrales nucleares o no y si va a seguir manteniendo las ayudas a las renovables, que tan caras son y tantos problemas a otro tipo de energías están generando, tal como denunciaba recientemente Endesa.

De la misma forma, suena muy bien todo eso de la unidad de mercado y la eliminación de las barreras que crean las distintas normativas autonómicas, así como la reforma de la administración y la devolución de las autonomías a esa disciplina presupuestaria que han perdido. Ahora bien, aquí estamos ya con palabras muy mayores porque para que Rajoy pueda hacer eso que dice, y hacerlo de verdad, va a tener que subirse las mangas y meterse en algo parecido a una reforma constitucional que devuelva al Estado los poderes en materia de política económica que le arrebató el Tribunal Constitucional a golpe de sentencia absurda, o que tuvo que ceder a los gobiernos regionales a cambio del apoyo de los nacionalistas al gobierno nacional de turno. Y para eso hace falta tener una idea clara de España y defenderla hasta sus últimas consecuencias, empezando por el propio partido, lo cual implica recortar poderes autonómicos a troche y moche. La cuestión es si un líder como Rajoy, que depende tanto de los barones regionales ‘populares’ que le apoyan, va a ser capaz de meterlos en cintura.

Dicho todo esto, a mí me gustaría saber qué va a hacer Rajoy con dos cuestiones fundamentales: las pensiones y la sanidad. Si la Seguridad Social ya estaba condenada al déficit a medio plazo y a la quiebra a largo, después de seis años de zapaterismo el sistema público de pensiones ya es casi insalvable y, además, con la crisis se ha adelantado y está ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Con la sanidad ocurre tres cuartos de lo mismo. Sin embargo, ni una ni otra forman parte de las siete reformas fundamentales de Rajoy, cuando se trata de dos temas de máximo interés y repercusión social y de dos cuestiones que afectan, y mucho, al crecimiento económico y al empleo.

Libertad Digital - Opinión

Un G-20 sombrío

Es muy probable que de esta serie de reuniones no vaya a salir ninguna receta mágica para sacar la economía internacional del que ya es uno de los peores baches de la historia.

EL presidente estadounidense ha logrado sacar adelante la legislación sobre las nuevas regulaciones del mercado bancario, lo que, a juzgar por la reacción de Wall Street, ha sido considerado como una victoria política de dimensiones parecidas a las de su reforma sanitaria. En la Unión Europea la señal que alimenta el optimismo en este campo ha sido la decisión de hacer públicas en las próximas semanas las «pruebas de esfuerzo» de los grandes bancos, con las que se espera contener las ofensivas especulativas en los mercanos de deuda soberana. Sin embargo, los líderes del G-8 acaban de terminar sus reuniones en Canadá con una declaración en la que añaden más señales de cautela y reiteran sus advertencias de que la recuperación es todavía demasiado frágil como para lanzar las campanas al vuelo. La reunión del G-20 empezó ayer con una clara división entre los que creen que deben mantenerse los estímulos públicos para apuntalar la recuperación, como es el caso de Barack Obama, y los partidarios de poner el acento en el refuerzo de la estabilidad presupuestaria, como la canciller alemana Angela Merkel y la mayoría de países europeos.

Es muy probable que de esta serie de reuniones no vaya a salir ninguna receta mágica para sacar la economía internacional del que ya es uno de los peores baches de la historia. Los dirigentes europeos se habían comprometido a mantener una posición común, porque es la única forma de hacerla creible, por lo que están obligados a defender, al menos, los acuerdos adoptados en el último Consejo Europeo, aun sabiendo que algunos, como la tasa sobre las transacciones financieras internacionales, son prácticamente imposibles de aplicar.

ABC - Editorial

Víctimas, liderazgo moral

En más de medio siglo de actividad terrorista, el papel de las víctimas en nuestra sociedad ha cambiado radicalmente. Por el camino se quedaron las vidas de 856 inocentes y muchas más familias destrozadas. La democracia contrajo una deuda con un colectivo que durante una gran parte de este tiempo fue olvidado, ninguneado y marginado. Poco a poco, los poderes públicos, en particular, y la sociedad, en general, han tomado conciencia de lo que suponían esos ciudadanos que lo habían dado todo por la libertad y la seguridad de los demás. En los últimos años la reparación y el reconocimiento públicos les han devuelto una parte de lo que ellos entregaron.

En el marco de esa determinación por lograr que el colectivo ocupe el lugar que se merece, el Congreso celebra hoy por primera vez el día de homenaje a las Víctimas del Terrorismo. La fecha coincide con el 50 aniversario del que se considera el primer asesinato de ETA: la muerte de la niña Begoña Urroz, fallecida en la estación donostiarra de Amara el 27 de junio de 1960. Un acto importante que simboliza el tributo de la nación hacia estas familias y que les otorga los honores que merecen.

En ese contexto, hay que celebrar que las dos principales fuerzas políticas hayan sido capaces de consensuar la esperada Ley Integral de Víctimas del Terrorismo, que está llamada a ser un punto de inflexión en el tratamiento a este colectivo. La norma establece novedades esenciales como un baremo de indemnizaciones idéntico para todas las víctimas, de forma que se acabe con los agravios comparativos, o su efecto retroactivo desde el 1 de enero de 1960, en especial en el cobro de ayudas. En defensa de su dignidad, el texto prohíbe de forma expresa la existencia en lugares públicos de monumentos, escudos, insignias o placas de enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo o de los terroristas, lo que supone, sobre todo, un acto de justicia.

Pese a todo, entendemos que el Estado de Derecho no ha saldado por completo la deuda contraída ni mucho menos. Esta misma semana conocíamos, gracias a la Fundación de Víctimas del Terrorismo y no a la Administración, que cerca de 300 asesinatos de ETA podrían no haber sido juzgados aún desde el año 1978, y que cerca de un centenar de ellos estaba a punto de prescribir. Que un crimen quede sin castigo y las víctimas no sean reparadas con un acto de justicia es inasumible. Que sean 300 resulta escandaloso.

Si asistimos a esta circunstancia insólita en el ámbito jurídico, en el político hay situaciones igualmente rechazables. El Gobierno y los partidos que en su día le apoyaron, que fueron todos menos el PP, están obligados a explicar a las víctimas por qué amparan aún la moción del Congreso que apoya y permite una negociación con la banda terrorista. La existencia de esa iniciativa supone una deslealtad.

El PSOE debe rectificar y perseverar en una política antiterrorista que ha dado resultados extraordinarios. Las víctimas constituyen lo mejor de nuestra sociedad, su liderazgo y autoridad morales son incuestionables, y los políticos tienen el deber de atenderlas y escucharlas. Se equivocarán mucho menos.

La Razón - Editorial

Demasiadas dudas

La reforma laboral es imprecisa en la negociación colectiva y en las causas de despido.

La reforma laboral contenida en el decreto ley aprobado la semana pasada debe resolver tres problemas graves del mercado de trabajo en España. El primer objetivo es acabar con la dualidad del sistema laboral que consagra, por una parte, un conjunto de trabajadores con contratos fijos con una elevada protección legal y, por otra, un gran número de trabajadores con contratos temporales de muy baja protección. El segundo motivo estratégico de la reforma es facilitar la contratación y, por lo tanto, la creación de empleo, desde el supuesto de que flexibilizar la negociación colectiva y acotar un poco mejor las causas de un despido por razones económicas, para que los jueces puedan decidir con más claridad los motivos de los ajustes de empleo, suscitará mayor confianza de los empresarios cuando lleguen los primeros indicios de recuperación económica. Hay dudas de que los medios dispuestos para obtener estos objetivos sean los adecuados; y queda además la incertidumbre sobre el contenido final de una reforma que queda al albur de una negociación política necesariamente prolongada.

El núcleo de la reforma no está, pues, en el abaratamiento del precio del despido (aunque es evidente que el coste de las indemnizaciones puede tener importancia en las cuentas de resultados en plena fase de recesión), sino en conceder a las empresas capacidad para que se descuelguen de los convenios sectoriales y territoriales, de forma que puedan negociar con sus empleados las condiciones salariales en caso de grave dificultad económica y en precisar las causas objetivas de deterioro económico que pueden argumentar las sociedades para solicitar los ajustes de empleo. En ambos puntos, el decreto es impreciso; incluso es más ambiguo que la propuesta de reforma presentada el viernes anterior por el propio Gobierno. De forma que lo más probable es que, tal como está redactada, contribuya bien poco a generar puestos de trabajo más estables. Y hay que temer que todavía sea más difícil si los cambios que se introducen, a causa de un prolijo intercambio de favores políticos y opiniones con los partidos de la oposición, no sirven para aclarar ambos puntos.

El Gobierno tampoco ha descendido a debatir una objeción anunciada por economistas y políticos, el gobernador del Banco de España entre otros: no son estos los mejores tiempos para castigar la contratación temporal ofreciendo a cambio incentivos para que se extienda un inflexible contrato de trabajo con 33 días de despido. La temporalidad debe ser combatida, pero el método mejor es construir un contrato fijo con un coste de indemnización variable en función del tiempo trabajado, de forma que la contratación precaria desaparezca por extinción. Como tampoco es una buena idea hilvanar cambios en el mercado de trabajo con incentivos que impliquen costes para el erario público.

Una buena reforma del mercado de trabajo requiere orientar mejor los instrumentos que propone en función de los objetivos que persigue. El debate político debería servir para eso, para aclarar diagnósticos y templar las medidas. Los precedentes no invitan al optimismo. Obsérvese además que por toda Europa, en Francia e Italia especialmente, se extienden las huelgas y la conflictividad social en contra de lo que se interpreta como recortes de los derechos sociales. Europa se enfrenta a un otoño caliente. El fondo de esta cuestión sigue siendo la contraposición entre la idea de que esta fase de la crisis solo se superará con políticas de ajuste drástico que reduzcan el déficit, defendida por Alemania, y la posición de quienes sostienen, como Barack Obama, que todavía es necesario dejar margen a las políticas de estímulo económico para favorecer la recuperación. Ambas posiciones llegarán probablemente hoy a una solución de compromiso en la cumbre del G-20 en Toronto.

El País - Editorial

Su adversario es el viento

El afirmar, como hacen Arenas y Gallardón, que el problema de España es la crisis, supone tanto como decir que si no padeciéramos la actual recesión económica no habría razón alguna para cambiar de Gobierno.

Las últimas declaraciones de altos representantes del Partido Popular asegurando que su enemigo es la crisis y no el PSOE, tienen por fuerza que sumir en la perplejidad a sus simpatizantes, la inmensa mayoría de los cuales es partidaria de derrotar al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero como paso previo para solucionar la crisis no sólo económica, sino constitucional, social y ética a que las dos legislaturas del leonés nos han abocado.

El afirmar, como hacen Arenas y Gallardón, que el problema de España es la crisis, supone tanto como decir que si no padeciéramos la actual recesión económica no habría razón para cambiar de Gobierno, y eso es algo que difícilmente pueden compartir los diez millones de votantes del partido al que representan.

Parece que en las altas esferas del PP se está empezando a padecer de vértigo electoral ante la posibilidad, cada vez más cierta, de que en breve plazo pueda volver al Gobierno de la nación derrotando previamente al PSOE en algunos de los principales feudos socialistas como Andalucía. Es la única razón que explicaría que, en lugar de presentarse como alternativa en contraposición a la gestión nefasta del socialismo denunciando sus múltiples tropelías, el partido de Mariano Rajoy prefiera ofrecerse al electorado como un simple equipo de tecnócratas capaz de gestionar mejor los asuntos económicos que el actual consejo de ministros.

El Partido Popular sigue sin aprender la lección del Prestige, la guerra de Irak y, sobre todo, del 11-M. Con un país que estaba a punto de alcanzar el pleno empleo, unas finanzas saneadas, la Seguridad Social con superávit después de haberla rescatado de la hecatombe felipista y con un papel cada vez más relevante en la escena internacional, los socialistas consiguieron derrotar al partido apelando a la demagogia política y al radicalismo social.

Rajoy, en cambio, prefiere seguir el dictado ideológico del PSOE sin hacer demasiado ruido como demuestran las declaraciones de Arenas y Gallardón. Cualquier cosa antes de que tachen a su partido de “crispador”. Pero así, la derecha española sólo podrá aspirar al usufructo de un poder cuyo titular, por renuncia expresa de los dirigentes del PP, siempre pertenecerá por derecho propio al principal partido de izquierdas.

La derecha sociológica, más que colocar a los políticos que la dirigen en los centros de poder, quiere que el partido al que vota defienda los principios y valores que siempre la han caracterizado, más para eso, lo primero es identificar correctamente al adversario. Y es que, hasta donde sabemos, las crisis no se presentan a las elecciones.

Libertad Digital - Editorial

La ruina de la «agenda social»

Las cuentas públicas están en déficit porque el Gobierno ha vaciado las arcas con una política «social» que ha consistido en gastar y dar por imposible que llegara un tiempo de vacas flacas.

LAS prestaciones por desempleo, cuando esta variable llega al 20 por ciento, provocan inevitablemente una hemorragia en los presupuestos del Estado. Entre lo que cuestan y lo que se deja de recaudar —menos renta, menos consumo, menos actividad—, los números rojos se hacen con las cuentas públicas. Esta es la explicación que el Gobierno exhibe como argumento oficial al déficit actual del Estado. Lo presenta como una consecuencia lógica del esfuerzo «social» que está haciendo para paliar las consecuencias de la crisis, incluso como una virtud del Estado del bienestar, capaz de dar prestaciones a tantos millones de parados. Claro que este discurso ha hecho crisis también, porque no hay dinero para pagar tantos compromisos. En el caso español, además, las causas del déficit del Estado no se reducen al incremento del desempleo. La coartada del Gobierno es imperfecta porque pretende enmascarar su propia responsabilidad en el agravamiento de la crisis en España y, de esta manera, disuadir a la opinión pública de pensar que la economía ha estado torpemente dirigida. Lo cierto es que las cuentas públicas están en déficit, entre otras razones, porque el Gobierno socialista se ha encargado de vaciar unas arcas que recibió en 2004 saneadas y llenas. Su política «social» consistió en gastar, asumir compromisos y dar por imposible que llegara un tiempo de vacas flacas. Por eso aprobó el «cheque bebé» por 2.500 euros para cada nacimiento, regaló indiscriminadamente a todos los españoles una deducción de 400 euros en el impuesto de la renta y decidió una ayuda suplementaria de 420 euros para los parados a los que se les hubiera agotado la prestación por desempleo. Todo esto se hizo despreciando los avisos de la crisis, que eran innegables en 2008 y suficientes en 2007. Y, aunque no los hubiera habido, fue un dispendio irresponsable.

Por eso nuestro déficit es tan alto. Porque el dinero público ha estado mal administrado y se ha empleado en la demagogia del bienestar, en hacer creer a los ciudadanos que sus necesidades económicas siempre tienen satisfacción con cargo al Estado y, además, gratuitamente. Pero gratis no hay nada, y aquellos polvos han traído los lodos de los recortes en pensiones, dependencia y maternidad; en la subida de impuestos y en la reducción de salarios públicos. Claro que la crisis tiene causas ajenas a la gestión del Gobierno, pero este ha añadido otras propias que la están haciendo más grave, profunda y duradera, y de las que solo el Ejecutivo socialista es responsable. La agenda «social» de Zapatero ha sido un desastre económico.

ABC - Editorial