El déficit eterno

La subida del precio de la luz debe acompañarse con un cambio a fondo en el mercado eléctrico

El Gobierno ha iniciado los trámites para subir la tarifa de la electricidad a partir del mes de julio, de forma que el recibo de la luz para casi 25 millones de hogares se encarecerá en torno al 4%. La subida de la electricidad (si se confirma, una de las más elevadas de los últimos 15 años) tiene una interpretación política inevitablemente conflictiva. Llega en un momento de pérdida generalizada de rentas en la población española, coincidirá además con una subida del IVA que una parte de los partidos políticos rechazan (sin demasiada lógica, por cierto) y tendrá efectos sobre el coste final de la producción española, aunque la electricidad para las empresas no aumente tanto como la doméstica. Es un recorte más en la renta familiar (el recibo de la luz ha subido más del 25% desde 2008) y se utilizará como un motivo añadido para criticar la escasa sensibilidad social del Ejecutivo.

Sin embargo, en términos económicos, la subida de la electricidad está plenamente justificada, en aplicación del principio básico de que todos los bienes y servicios deben ser pagados en función de su precio en el mercado. El precio de la electricidad empezó a convertirse en un grave problema para la economía española (otro más) cuando durante casi una década los Gobiernos del PP se negaron a arrostrar el coste político de repercutir el aumento de costes de producción en la tarifa eléctrica y adoptaron el truco de embalsar dichos costes convirtiéndolos en un déficit de tarifa para pagar en el futuro. El futuro ya está aquí y hay que pagar o financiar una deuda embalsada (con la que está cayendo en los mercados) que sigue creciendo año tras año. En 2009 el déficit de tarifa aumentó en más de 4.600 millones.

Los Gobiernos de Rodríguez Zapatero no han sido capaces de resolver con rapidez el problema del déficit de tarifa. Es más, en ciertos aspectos lo han empeorado. Han recargado las tarifas eléctricas con auténticos disparates (la financiación del carbón nacional que no se quema en las centrales eléctricas) y los costes de primas y subvenciones de algunas energías renovables de nula o escasa utilidad para la producción y distribución de electricidad. Las primas a las energías fotovoltaica y termosolar deberían ser reducidas al mínimo, porque hasta el momento no se han alcanzado los desarrollos tecnológicos esperados y tan solo están alimentando con dinero público una burbuja en el mercado energético.

La subida de la luz se explica por razones económicas y así hay que aceptarla; pero, en justa contrapartida, hay que ofrecer a los consumidores expectativas de calidad en el suministro, un mercado eléctrico razonable que repercuta los costes y en el que los consumidores sepan qué es lo que están pagando y la minoración de los extracostes políticos que gravan el recibo de la luz y que convierten la tarifa eléctrica en insostenible a medio plazo. El mercado eléctrico necesita de borrón, cuenta nueva y un nuevo sistema de cálculo de fijación de tarifas. Y lo necesita ya.

El País - Editorial

Impuestos para encubrir el despilfarro

Ante esta subida de impuestos, no sabemos qué nos resulta más bochornoso: o que la justifiquen con algo tan encomiable como la reducción del déficit o que lo hagan con algo tan demagógico como es la de afirmar que sólo va a afectar a los "ricos".

Está visto que, con la encomiable excepción de Castilla-La Mancha, las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas no están dispuestas a ninguna clase de ajuste en sus cuentas que no pase por una nueva subida de impuestos. Este miércoles, las Juntas de Extremadura y Andalucía se han sumado al aumento de la presión fiscal que, con la misma demagógica excusa de gravar más "a los más ricos", ya han llevado a cabo comunidades como Cataluña, Asturias o Baleares.

Si en el caso de la Generalitat, "los ricos" a los que hay que hay que dar una nueva vuelta de tuerca fiscal son los que perciben unas rentas superiores a los 120.000 euros anuales, en el caso de las Juntas de Extremadura y Andalucía este grupo ya lo integran quienes tengan unas retribuciones superiores a los 60.000 y 80.000 euros, respectivamente. A esta subida del tipo marginal del IRPF en el tramo autonómico se sumarán una serie de nuevos impuestos y tasas que van desde los que gravan los depósitos bancarios hasta las bolsas de plástico, pasando, entre otros, por el que gravará la venta de determinados hidrocarburos.

Ante esta irresponsable subida fiscal, no sabemos qué nos parece más bochornoso: o que los socialistas la justifiquen con algo tan encomiable como la reducción del déficit público o que lo hagan con algo tan demagógico como es afirmando que sólo va a afectar a los "ricos".

Al margen de que en Extremadura y Andalucía, como en el resto de España, "los que más tienen" ya pagaban mucho más, tanto en términos relativos como en absolutos, esta nueva presión fiscal lo que va a hacer es que muchos exitosos profesionales opten por votar con los pies hacia comunidades en las que prosperar no esté tan fiscalmente penalizado. Otro tanto se podría decir del Impuesto de los depósitos en las entidades de crédito andaluzas: al margen de otras consideraciones, como la doble imposición, este gravamen lo que va a incentivar es el desvío de dichos depósitos a otras comunidades en las que no se penalice tan irresponsablemente al ahorro. Y de ello quienes van a salir perjudicados son el conjunto de los andaluces.

En lugar de buscar la reducción del déficit por la irresponsable vía de un aumento de impuestos (que bien pueden tener incluso efectos recaudatorios contraproducentes), lo que deberían hacer las comunidades autónomas, especialmente la andaluza, la catalana y la extremeña, es poner coto al despilfarro en el que siguen inmersas: recortar consejerías, deshacerse de televisiones tan sectarias como deficitarias, suprimir fundaciones, consorcios, empresas públicas y organismos autonómicos que les han llevado a estar entre las autonomías con mayor déficit y endeudamiento de España. Si en Andalucía se encuentra el mayor número de funcionarios de nuestro país, en Extremadura, con una población mucho menor, hay un funcionario por cada tres asalariados.

La Comunidad de Madrid, en cambio, es el mejor ejemplo de que la reducción del déficit no pasa por un aumento de los impuestos sino más bien por todo lo contrario: habiendo, no ya mantenido, sino reducido el tramo autonómico del IRPF, y habiendo suprimido muchos otros impuestos, la comunidad que preside Esperanza Aguirre es la única de España que cumple los requisitos de déficit autonómico fijados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este estableció el tope en el 2% del PIB regional y mientras Madrid lo tiene situado en el 0,7%, Extremadura y Andalucía lo tienen en el 2,7% y 2,9%, respectivamente. Por no hablar del de Cataluña, el más alto de España, que se sitúa en el 3,8%.

Que la vía de la reducción del déficit pasa, especialmente en el caso de las autonomías, por la reducción del gasto, lo demuestra también elocuentemente el silenciado estudio El coste del Estado Autonómico, recientemente publicado por la Fundación Progreso y Democracia. Tomando como base de referencia, no un ideal teórico sino lo que hacen las tres comunidades más eficientes, el estudio llega a la conclusión de que si todas las comunidades fuesen tan eficientes como ellas en el terreno del gasto corriente y del personal, se podrían ahorrar nada menos que 26.108 millones de euros, es decir, un ahorro del 2,6% del PIB nacional obtenido sólo por mejoras de funcionamiento interno.

A la vista, sin embargo, del pseudo plan de ajuste aprobado por el Gobierno, no es de esperar que Zapatero vaya a meter en cintura a nuestras despilfarradoras comunidades autónomas. Lo que cabe esperar de él es que las siga en la demagogia y en la irresponsabilidad de elevar los impuestos.

Libertad Digital - Editorial

Juegos con la reforma laboral

LA reforma laboral ha sido, durante este segundo mandato de Rodríguez Zapatero, el señuelo lanzado a los agentes sociales, sindicatos y empresarios para contar con una excusa de su inactividad permanente en esta cuestión.

Con el eslogan de que no habría reforma laboral sin acuerdo social, el Gobierno se ha lavado las manos, mientras el paro crecía hasta llegar a un tasa del 20 por ciento y a cuatro millones y medio de desempleados. Una auténtica masacre de derechos sociales. Ahora hay una urgencia súbita en aprobar una reforma laboral que hace poco más de un mes no fue tema debatido en la Mesa de Zurbano, ni asunto tratado en la única reunión mantenida por Zapatero y Rajoy durante la crisis. El problema del Gobierno es que ha decidido aprobar la reforma laboral, con acuerdo social o sin él, en el momento de su mayor debilidad política y sin haber aprendido de los errores que cometió con el plan anticrisis impuesto por Bruselas. Nuevamente, Zapatero margina a Rajoy de un pacto de Estado, pidiendo adhesión ciega a una política sin rumbo. La pesada propaganda socialista de que el PP tiene que «arrimar el hombro» evidencia la impostura del Gobierno, más aún cuando apela cínicamente al modelo portugués de consenso entre el Gobierno y la oposición. Si Zapatero quiere el apoyo de Rajoy tendrá que ganárselo, y si desprecia la colaboración de la oposición tendrá que asumir la legitimidad de su voto en contra.

Hay prisas por la reforma laboral porque el Gobierno sabe que es una exigencia de Bruselas, del FMI y de los mercados. Pero la certeza de que habrá reforma -ayer volvió a resurgir una atmósfera de que el acuerdo es posible porque un «decretazo» sin consenso sería demoledor para el Ejecutivo- no garantiza que la fórmula elegida por el Gobierno sea beneficiosa. Por ahora, el recorte social de pensiones, dependencia y función pública no ha tenido efecto positivo alguno en la deuda soberana o en los mercados. En vez de asumir con realismo que esta reforma laboral, sin ser la panacea -y cuyos efectos se notarán a medio plazo-, era inevitable hace más de un año, el Gobierno se ha dedicado a una táctica de filtraciones, globos sonda y medias verdades, para desgastar a sus interlocutores sociales -más de lo que ya lo están, sobre todo unos fracasados sindicatos- y confundir a la opinión pública. Cuando un gobierno maneja de esta forma irresponsable cuestiones determinantes de la recuperación económica, lo menos que puede esperar es una reacción general de descrédito y desconfianza.

ABC - Editorial

Prueba y error

El paro de ayer aconseja no canalizar la irritación de los ciudadanos hacia la huelga general

Si la convocatoria de huelga de funcionarios de ayer fue planteada por los sindicatos como una forma de tantear el ambiente social con vistas a una posible huelga general, el resultado invitaría a buscar otra forma de expresión de la protesta. Fue un éxito en cuanto a la tranquilidad de la jornada, pero no se percibió ambiente favorable a una movilización general, pese a que la función pública (que incluye enseñanza y sanidad) es un sector fuertemente sindicalizado.

Prueba de la seriedad de fondo de la situación, pero también de la inadecuación de la respuesta, fue que, según recogían ayer los medios en caliente, bastantes empleados públicos decían abiertamente que no se habían sumado a la huelga para evitar que se les descontara de su salario la jornada de ayer. Esto no había ocurrido en similares convocatorias de paro anteriores. Seguramente también influyó la evidencia de la falta de entusiasmo de los convocantes: los líderes de las principales centrales llevan semanas diciendo que no desean llegar a una huelga general, pero que su convocatoria es cada día más inevitable. Un juicio tan contradictorio resulta poco motivador.

La huelga de ayer se convocó en protesta por los recortes del gasto público anunciados por el Gobierno en respuesta a las exigencias de la UE de una reducción eficaz del fuerte déficit público que permita recuperar la confianza de los mercados de deuda. Es sencillamente impensable que, como consecuencia de la de ayer o de la eventual futura huelga general, el Gobierno renunciara a ese ajuste, a riesgo de acentuar la desconfianza de las instituciones y mercados internacionales. Se trata por tanto de movilizaciones puramente expresivas de descontento, no ligadas a un objetivo posible.

Esto conecta con un problema del sindicalismo moderno: las huelgas se plantean contra el Gobierno, del que depende en buena medida su financiación, y en términos que con frecuencia agravan aquello que invocan como causa. Es el caso de la situación actual: solo de manera colateral puede considerarse al Gobierno responsable de la crisis actual, y en todo caso lo sería por resistirse en su momento a recortar el gasto social, no por lo contrario. Al respecto resulta un como mínimo hipócrita, si no irresponsable, la actitud de algunos portavoces del PP, como González Pons, que tras meses exigiendo al Gobierno acabar con el exceso de gasto público, declaró ayer que, si fuera funcionario, estaría participando en la huelga.

Si el Gobierno retirase las medidas de austeridad empeoraría la situación del déficit, obligando a medidas aún más drásticas, como las de Grecia, en pocas semanas o meses. Y en ese país ya hay datos de una fuerte caída del turismo a causa de las repetidas huelgas. En estas condiciones, el ensayo de ayer no podía ser un éxito. El método de prueba y error para orientar movimientos futuros aconsejaría a los sindicatos no correr el riesgo de un fracaso mayor y con peores consecuencias.

El País - Editorial

Los funcionarios dan la espalda a la demagogia sindical

Si hay un colectivo carente de legitimidad y de credibilidad para convocar y liderar una protesta contra el Ejecutivo, son precisamente los sindicatos que durante años han sido los principales cómplices de su nefasta e insostenible política económica.

Por mucho que los sindicatos se empeñen patéticamente en inflar –incluso a palos– el grado de seguimiento de la huelga de funcionarios celebrada este martes, lo cierto es que sólo el 11,8 por ciento de los mismos la han secundado. Y es que, pese a algunos retrasos en los trenes del AVE, la normalidad que ha reinado en términos generales en los servicios más demandados por los usuarios, especialmente colegios, transporte público y centros de salud, durante toda la jornada, no viene si no a confirmar los bajos datos de seguimiento ofrecidos por el Gobierno.

Las razones de este bajo seguimiento, a pesar del profundo y lógico malestar con el Ejecutivo de Zapatero por haber llevado a cabo la primera rebaja salarial de los funcionarios en la democracia, son varias.

En primer lugar, si hay un colectivo carente de legitimidad y de credibilidad para convocar y liderar una protesta contra el Gobierno, son precisamente los sindicatos que durante años han sido los principales cómplices de su nefasta e insostenible política económica. Los sindicatos no sólo "permanecían callados mientras el paro subía", tal y como acertadamente ha recordado el ex diputado de la Chunta Aragonesista, José Antonio Labordeta. Fueron además los principales aliados del Ejecutivo a la hora de negar la existencia misma de la crisis, su principal apoyo en afrontarla con medidas, no ya tardías, sino absolutamente contraproducentes como eran las del irresponsable incremento del gasto público, así como el principal obstáculo para la reinserción laboral de los parados mediante una profunda reforma de nuestro rígido mercado laboral.

Hay que tener en cuenta, además, que las cuantiosas e inmerecidas subvenciones a los sindicatos no han sufrido ahora recorte alguno (como tampoco lo han hecho las de los partidos políticos). Si estos y muchos otros recortes no llevados a cabo por Zapatero pueden llevar a los funcionarios a sentirse, junto a los pensionistas, como el "chivo expiatorio" de la crisis, parece, sin embargo, que entre la mayoría de ellos ha primado el sentido de la responsabilidad y la consciencia de que una huelga no es la forma adecuada para protestar en medio de una crisis tan aguda como la que padecemos.

Los funcionarios deben ser los primeros en ser conscientes, además, de que sus puestos de trabajo, a diferencia del de los demás, están a salvo de los embates de la competencia y de la crisis, y que, si bien es cierto que es la primera vez que sufren un recorte salarial, no es menos cierto que sus salarios subieron el año pasado muy por encima de la inflación: un 3% frente al 0,8% que lo hicieron los precios.

El hecho es que, en unos momentos en que los inversores dudan de nuestra solvencia para afrontar nuestra deuda, la única forma de recuperar la confianza pasa, no por mayores impuestos, tal y como demagógicamente claman las consignas sindicales, sino por una mucho más drástica reducción del gasto, que no afecte en exclusiva a pensionistas y funcionarios.

Sería necesario recortar, o mejor suprimir, las subvenciones a los sindicatos en los nuevos y mucho más ambiciosos ajustes que requiere nuestra economía y que ya nos reclaman nuestros socios europeos. Y no sólo por esta razón, sino también por la rémora en la que, al margen de la coyuntura, se han convertido los sindicatos para los trabajadores y para la creación de empleo. Por no servir, no sirven ni para protestar de forma responsable contra un Gobierno que se lo tiene bien merecido.

En definitiva, que por mucho que desde CCOO y UGT hayan exigido al Gobierno que "tome nota" de la huelga, visto su escaso seguimiento, los que deberían tomar buena nota de ello y de su paulatino descrédito son los sindicatos.

Libertad Digital - Editorial

No con estos sindicatos

LAS diferentes valoraciones sobre el seguimiento de la huelga de la función pública convocada ayer no deben ocultar el malestar de fondo extendido entre los funcionarios.

Si, como parece evidente, la convocatoria tuvo una respuesta limitada, no se debió tanto a la falta de razones por las que los funcionarios se sienten agraviados y puestos en la picota de la opinión pública como al descreimiento generalizado sobre la autoridad moral de los principales sindicatos para liderar una protesta laboral contra el Gobierno. UGT y CC.OO. han secundado durante los últimos años las decisiones más erróneas y perjudiciales tomadas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, sobre todo su negativa a no recortar el déficit público. El coro de intereses recíprocos formado por el Ejecutivo y los sindicatos silenció las advertencias, desde hace no menos de dos años, sobre la necesidad de medidas de ajuste y de reforma laboral. De haberlas tomado a tiempo, y si el Gobierno no hubiera disparado el gasto público desde 2004, las medidas de restricción habrían podido ser otras distintas y mucho menos agresivas para millones de españoles.

Los funcionarios públicos se están convirtiendo en el enésimo chivo expiatorio de la crisis, por culpa de la confusión intencionada sobre lo que es la función pública. Lo que resulta caro e insostenible es el volumen de contratados a dedo, de empresas públicas -auténticas administraciones paralelas y sin los debidos controles-, de gabinetes y de asesores, no los funcionarios de carrera, que llevan años perdiendo poder adquisitivo y que ahora se ven penalizados por un recorte salarial que va a consolidarse indefinidamente. El Gobierno ha propiciado esta propaganda contra los funcionarios al colocarlos ante la opinión pública como unos privilegiados en tiempos de paro, obviando las responsabilidades políticas, tanto del Ejecutivo central como de los gobiernos autonómicos -aunque, entre estos, unos más que otros- que están en el origen de unos gastos desmesurados de personal, que es lo indignante para los ciudadanos. En una situación de crisis profunda como la que golpea a España no debe descartarse ninguna medida de restricción del gasto público. Pero cuando la estructura administrativa es descomunal -y la española lo es- hay márgenes para ahorrar sin tener que tocar las pensiones, las ayudas a las madres o los salarios de los funcionarios. Y, en todo caso, si se tiene que llegar a estos extremos, antes hay que dar ejemplo con decisiones políticas de austeridad y control sobre subvenciones, órganos administrativos superfluos y partidas improductivas.

ABC - Editorial

El maldito diferencial. Por Fernando Fernández

EL diferencial de la deuda española con la alemana no deja de subir y de superar nuevos máximos que algunos califican de histéricos.

Insensible al ajuste fiscal, al recorte de gastos y a la reforma laboral. Empieza a generalizarse la idea de que es demasiado tarde, de que este gobierno ya no puede hacer nada para evitar el descalabro. Ayer mismo tuve la oportunidad de comprobarlo en varios actos públicos plagados de gente del mundo de la economía y las finanzas. Es una percepción muy peligrosa porque puede mover a la insensatez al Gobierno, no hace falta mucho esfuerzo, pero también a la oposición.

Empecemos explicando lo obvio. El diferencial sube porque cada vez hay menos gente dispuesta a prestarle dinero a España, y a sus empresas porque éstas se ven contaminadas del riesgo país, y los pocos que hay exigen un mayor precio para cubrir el riesgo de impago.

No me consuela nada que el diferencial crezca porque baje el interés del bono alemán, como repiten los más afines al Gobierno. En un típico proceso de fuga hacia la calidad, los inversores hacen cola para prestarle a Alemania, el único país europeo del que no tienen dudas van a cobrar. La consecuencia es que no queda dinero para nosotros. Y debemos mucho, en un cálculo aproximado las necesidades brutas de fondos, deuda nueva y recolocaciones, son este año de un 28 por ciento del PIB (280,000 millones de euros) y julio es un mes crucial.

Los inversores no se fían del Gobierno de España, como tampoco se fían los españoles. Es difícil culparles cuando la gestión de la crisis es más propia del camarote de los hermanos Marx. Es una genialidad abrir un debate populista y justiciero sobre los impuestos a las rentas del ahorro para precipitar la salida de capitales. Esas cosas se hacen en un fin de semana y sin avisar. O mejor no se hacen unilateralmente en un área monetaria única. Pero el objetivo era mejorar la imagen de Zapatero no el riesgo país, que es una cosa de derechas y de especuladores. El premio se lo lleva la gestión de la reforma laboral. Algún gurú de la comunicación decidió ponerle fecha sonora, debía ser la quinta fecha comprometida públicamente en esta legislatura pero esta vez iba en serio porque era: palabra de presidente. Llegó el día señalado y nuestro líder consideró que tenía cosas más importantes que hacer, como ensayar poesía con el Principito y Juan Salvador Gaviota para estrenarse de ministro de deportes. Y nuestros acreedores, que son unos malvados sin sensibilidad poética alguna y sin más luces que las de la calculadora, han dicho basta. Y se han ido cantando con Serrat: harto ya de estar harto, ya me cansé. Qué más da, qué más da, aquí o allá.

Nadie nos quiere ya y no hay más solución que cambiar de pareja, o sea de Gobierno porque de acreedores es un poco más complicado. Pero decía que me preocupan los efectos de esta constatación. Porque si el presidente llega a la conclusión de que ya está todo perdido, que los mercados han dictado sentencia y que el problema es él, puede optar por la salida Kirchner, nunca descartable en un hombre cuya confianza en la economía de mercado es perfectamente descriptible. Puede reestructurar la deuda antes que renunciar, piensen en su gran aliado, el primer ministro turco, y en su respuesta al retraso de su candidatura europea, echarse en brazos de Irán. Me preocupa también el creciente triunfalismo de la oposición. Porque queda mucho partido y si continúa el ritmo de deterioro, no va a haber copa que levantar. Si hubo alguna vez motivo para una gran coalición a la alemana es ahora, claro que con otro presidente. Y el PP debería reclamar para sí la vicepresidencia económica y el ministerio de Hacienda. Hacen falta amplias mayorías sociales y políticas para devolver la ilusión a los españoles y recuperar el crédito de nuestros acreedores.

ABC - Opinión

Reforma laboral. Las imposiciones de la UE. Por Agapito Maestre

Zapatero está dispuesto a aguantar y, por supuesto, va a seguir dando la batalla. Rectificará cualquier cosa, excepto lo fundamental: rectificarse a sí mismo, es decir, presentar la dimisión.

El PP tiene casi todo a su favor para ganar por mayoría absoluta las próximas elecciones generales. Le falta el casi para superar todas las dudas de esta optimista predicción. Hay, en efecto, un asunto que está en contra del PP, a saber, está dando por muerto a Zapatero. Cuidado. No corran tanto, señores del PP, porque Zapatero puede "resucitar". Su mayor aliado en estos momentos, no lo duden, es la Unión Europea. Las imposiciones de Bruselas al Gobierno de Zapatero están convirtiéndose en los mejores anclajes para el futuro de los socialistas. Harían bien, pues, los del PP marcando y siguiendo de cerca, o mejor, adelantándose al decreto que prepara el Gobierno para el día 16 de junio sobre la reforma del mercado laboral. No se queden los del PP, como suele decirse vulgarmente, colgados de la brocha tal y como les ha sucedido con el anterior decreto para atajar el déficit público.

El PP tendría que marcar con claridad y distinción, y sobre todo descendiendo a los detalles, qué tipo de reforma del mercado de trabajo quiere, porque de lo contrario podría adelantársele otra vez Zapatero. Éste empieza a manejar personalmente con mucha inteligencia y precisión las imposiciones de la UE; más aún, podría ser una clave en las próximas elecciones. Zapatero, comentan hiperbólicamente los avispadillos analistas políticos, rectifica, rectifica y rectifica todas sus anteriores decisiones y acciones referidas a la política contra la crisis económica y social, sin insistir lo suficiente en que casi todas las correcciones son impuestas por la UE y, sobre todo, no quieren percatarse del partido, nunca mejor dicho, que está sacando Zapatero de tales rectificaciones.

De momento, ha abierto una corriente a su favor en la opinión pública. Hay mucha gente que empieza a tener ciertas expectativas de mejora de la crisis con el decretazo para ajustar fiscal y socialmente el déficit público. Pero, sobre todo, Zapatero intentará sacar rédito electoral de las nuevas y, quizá decisivas, rectificaciones en el ámbito de la reforma laboral. Zapatero está dispuesto a aguantar y, por supuesto, va a seguir dando la batalla. Rectificará cualquier cosa, excepto lo fundamental: rectificarse a sí mismo, es decir, presentar la dimisión y convocar elecciones anticipadas, porque toda su política económica, financiera y social estaba en las antípodas de los países de la UE.

En fin, a pesar de que casi nadie se priva ya de despreciar a Zapatero, incluido sus correligionarios, mantengo que la principal dificultad de Rajoy para llegar a La Moncloa será que no tengan efecto inmediato beneficioso las medidas adoptadas por el Gobierno. El drama del PP no es pequeño. De las medidas impuestas por Bruselas a España podría sacar más rendimiento Zapatero que Rajoy. La mayor esperanza del PP, a todas luces paradójica, es que se retrasen los efectos beneficiosos de las rectificaciones de Zapatero. El PP no lo tiene fácil. Por lo tanto, no se entretengan con los malos analistas que se desgañitan contra las rectificaciones y los cambios radicales de las políticas de Zapatero, sin percatarse del rendimiento que éste pudiera estar sacándoles nada más adoptados.

Fijémonos, por ejemplo, en el decreto que Zapatero está preparando para ser aprobado en el Consejo de Ministros del día 16 de junio. ¿Qué tipo de reforma laboral impondrá Zapatero? Por mínima que sea, y auguro que no lo será, ya habrá ganado otra batalla al PP. El PSOE sigue marcando la agenda y los tiempos, que en el caso de la reforma del mercado laboral, como comentaré en una próxima entrega, será decisiva no sólo para el futuro electoral, sino para acabar con el "duopolio" sindical que sufrimos todos los españoles y, por supuesto, para cambiar radicalmente una patronal que no representa ni al 15% de los empresarios españoles.

Libertad Digital - Opinión

Las dos Españas. Por José María Carrascal

NO me refiero a las de siempre, a la de izquierdas y a la de derechas, a la clerical y a la laica, a la centralista y a la periférica, que desde hace siglos vienen peleándose con ánimo cainita y una de las cuales ha de helarnos el corazón a los españoles, como dijo el poeta.

Me refiero a la España trabajadora y a la ociosa, a la que se esfuerza y a la que holgazanea, a la que piensa y a la que vegeta, a la que brega y a la que espera la sopa boba. Porque esas dos Españas existen, conviven, por completo al margen de los idearios políticos o de las clases sociales. Las encontramos en todas las profesiones, oficios, partidos e incluso familias, resultando fácilmente reconocibles. Unos españoles se vuelcan en su trabajo, procuran hacerlo lo mejor posible y sacar el máximo provecho de ello. Otros centran su interés en el ocio, considerando el trabajo una carga, que procuran eludir en lo posible, sin que ello les cree el menor problema de conciencia. Suelen ser también los que más protestan, los que más reclaman, los que faltan a la oficina o al taller con cualquier tipo de disculpa, los que se buscan atajos para ascender, los que se las ingenian siempre para no dar golpe. Entre los ejemplares destacados de la especie está el sindicalista «liberado» de currar y el empresario que, más que producir, anda a la caza de las subvenciones gubernamentales o comunitarias. También merecen mención el que se ha agenciado un puestecillo cómodo gracias al carné y el que hace millones gracias a las conexiones con las altas esferas de los partidos.

Esas dos Españas han existido siempre, siendo una de las principales causas de nuestro retraso secular, ya que un país donde una buena recomendación vale más que un buen currículum no podrá nunca competir con otro que premia el esfuerzo y la preparación. Lo más grave es que cuando creíamos habernos convertido en un país moderno, con una democracia, que es responsabilidad, arraigada, la España de la holganza y el enchufe ha crecido desmesuradamente en las últimas décadas, causando que incluso aquellas regiones tenidas por laboriosas y productivas han sucumbido a la mal llamada cultura del ocio y el favoritismo. Hasta qué punto ha contribuido a ello el Estado de las Autonomías en un país de fuerte arraigo gubernamentalista como el nuestro no me atrevo a calibrarlo en un espacio tan escaso como el de una «postal», pero que la proliferación de la clase política y el crecer de la burocracia lo ha fomentado salta a la vista. Estamos viendo como en Cataluña se gana hoy más dinero con buenas conexiones con el govern que montando una fábrica. Nada de extraño que hayan perdido potencia industrial.

Necesitamos sin duda una reforma del modelo laboral. Incluso van a imponérnosla nuestros socios europeos de no ser capaces de hacerla nosotros. Pero si la reforma se reduce a recortar la indemnización por despido va a servir de muy poco. Lo que de verdad necesitamos en una reforma de la ética laboral, de la moral del trabajo, premiando a aquéllos que se vuelcan en el suyo y castigando a quienes lo eluden. Pero eso, coincidirán conmigo, es mucho más difícil y más largo de conseguir que el recorte de las indemnizaciones.

Lo que tampoco es excusa para no poner manos a la obra, ya que la alternativa es volver a aquellos tiempos en que Europa terminaba en los Pirineos. O empezaba África. Es decir, a las dos viejas, pobres, orgullosas y peleadas Españas.

ABC - Opinión

Club Bilderberg. El mundo se va al garete. Por Emilio Campmany

Si estos que invitan a Zapatero a su reunión anual son los que dirigen el mundo, que lo paren, que me apeo. Y si no lo paran, me tiro en marcha.

En España, algunos tenemos la sensación de que el país se desagua por un oscuro sumidero. Ya sé que mal de muchos, consuelo de tontos, pero no deja de ser un alivio ver que no sólo España es la que se descompone, sino que el mundo entero parece decidido a suicidarse.

El lector pensará que he caído en la cuenta de las muchas tonterías que lleva hechas Sarkozy. O quizá crea que he descubierto que Ángela Merkel no deja de ser una demócrata-cristiana, o sea una socialista que sigue el consejo del cura siciliano, votar lo que sea con tal de que se trate de un partido que sea demócrata y que sea cristiano. O a lo mejor atisba que al fin he visto que, con Obama, el desastre planetario está poco menos que garantizado. Ni siquiera podemos esperar nada de Cameron y Clegg, que parecen decididos como pareja de hecho a rematar al gran país que los laboristas heredaron de la Thatcher tras ser anestesiado por John Major.

Nada de eso. Con ser Sarkozy un fifiriche ocupado en esconder las fotos en pelotas que su mujer se hizo cuando Francia todavía era un país serio, con haberse destapado la Merkel como furibunda intervencionista, con ser Obama el primer socialista llegado a la presidencia de los Estados Unidos y con ser Cameron y Clegg más blandos que un bavarois de mango y frambuesa, lo que me ha convencido del triste destino que a nuestra civilización espera es la reunión del Club Bilderberg.

Hasta las madres saben que el mundo no lo gobiernan en realidad los presidentes que nuestros torpes votos eligen. La sabia izquierda lo ha estudiado bien, y lo explica regularmente. Son las compañías multinacionales las que cortan el bacalao por medio de la Trilateral y el Club Bilderberg.

Quizá tengan razón y resulta que no hace falta que Juan Costa monte un gobierno mundial porque ya está montado. Pero, si fuera así, y no hay razones para dudar de que efectivamente es así cuando la izquierda lo denuncia, es obvio que estamos tocando fondo y que el mundo se va decididamente al garete. Díganme si no cómo interpretar la noticia de que el Club Bilderberg ha invitado a asistir a su reunión anual que se celebra estos días en Sitges a la mente más clara de Occidente, al hijo del viento, al faro de la progresía, al sacerdote del anticlericalismo, al que resuelve problemas como sea, a nuestro ilustre José Luis Rodríguez Zapatero, el asombro de Iberia.

Si estos que invitan a Zapatero a su reunión anual son los que dirigen el mundo, que lo paren, que me apeo. Y si no lo paran, me tiro en marcha. Ya me imagino a la reina Sofía y a Jean Claude Trichet escuchando con simulada atención, gesto serio y ceño fruncido cosas del estilo de "lo más fértil de la historia se halla en el ejemplo de quienes horadan barreras y transforman las murallas en caminos" o "que cada paso sea un paso estratégico, máximo, que no traicione nuestros valores: los que nos hacen ser quienes somos, los que nos hacen que otros confíen en nuestros actos", por coger tan sólo ejemplos del último discurso del ilustre invitado. Y todo esto, por si no fuera suficiente tanta cursilería, en un hotel que se llama Dolce. Como ven, por pesimista que uno fuera, comprueba que las cosas están mucho peor de lo que sospechaba.

Libertad Digital - Opinión

La redención de Zapatero. Por M. Martín Ferrand

EL diálogo social, una hermosa teoría de infeliz realización practica, ya no da más de sí. Los empleadores y los empleados siguen enraizados en el estéril páramo de unas relaciones laborales insostenibles que vienen del pasado y que, de hecho, se sustentan normativamente en las concesiones que Francisco Franco hizo a los trabajadores a cambio de su renuncia al ejercicio de las libertades ciudadanas. En consecuencia, forzado por la presión internacional, José Luis Rodríguez Zapatero se ha visto forzado a abandonar el quietismo político, en el que lleva instalado media docena de años, y nos anuncia que el próximo día 16 el Consejo de Ministros alumbrará la reforma laboral que no han podido pactar los «agentes sociales», otra entre las muchas entelequias que cursan con cargo al Presupuesto.

El estilo que define a Zapatero es el del aplazamiento. Dejar que las situaciones, incluso las que demandan solución urgente, se pudran en el calendario le ha dado buenos resultados electorales y el precio, que es altísimo, tiende a pagarlo la oposición y, concretamente, el PP de Mariano Rajoy. El presidente turnante de la Unión Europea, conminado por sus presididos, tendrá que mojarse y dibujar una reforma laboral. Dado que el gasto ya está hecho y que los sindicatos tendrán que hacer algún gesto de protesta para salvar las apariencias frente a sus afiliados -¿cuántos están al corriente en el pago de sus cuotas?-, el presidente, que ha tenido que tragarse su afán planetario, bien podría aprovechar la circunstancia para no aliviar el problema con un gesto, una solución menor inspirada en el temor a una huelga general.

España necesita, desde los últimos años del desarrollismo franquista, una profunda reforma laboral que sea concordante con los usos establecidos en la Europa a la que, se supone, aspiramos a parecernos. No debiera, en consecuencia, sacrificar la profundidad de los cambios estructurales capaces de generar y mantener el empleo -llevamos más de treinta años con el doble de paro de la media continental- en aras de una hipotética «paz social», algo demasiado impreciso. Con la vista puesta en el interés de la Nación y en el futuro de los españoles, Zapatero tiene una última posibilidad de redención de los muchos y grandes errores que nos han conducido a la situación presente. Si no la aprovecha, asistiremos a su suicidio político. ¿Una pena?

ABC - Opinión

Zapatero. La burbuja política. Por Cristina Losada

El Partido Popular se halla en plena deconstrucción de sus propuestas, de sus famosas "recetas" y de cuanto pudiera configurar algo remotamente parecido a un programa liberal-conservador.

La crisis ha hecho estallar todas las burbujas. Todas, menos una. La única que todavía se puede permitir su blindaje. Cuanto más golpean los hechos, más se espesa su protección. Está el caso de Zapatero, su Gobierno y su partido. Una a una van cayendo las consignas que alfombraron sus triunfos. La verdadera destrucción del lenguaje, decía Camus, no reside en la incoherencia y el automatismo que cultivaron los surrealistas, sino en la consigna. Destrucción, incoherencia, surrealismo: todo aplicable a la actuación del presidente, sus fieles y ex fieles, ésos que en la distancia se han vuelto críticos y en la cercanía fueron pajes obedientes.

La última consigna que Zapatero ha horadado, que diría él en montañera pose, yace a la espera de que el fútbol la amortaje. El Gobierno socialista va a "abaratar el despido", concepto que declaraba anatema, el día de estreno del gran espectáculo. La roja, como llamaron a la selección por no llamarla española, será –sin comerlo ni beberlo– la encargada de cubrir ese cadáver con el manto piadoso. Sea cortina de euforia o nube de lágrimas. Aunque bien muerto estará el nocivo dogma que vetaba cualquier modificación de la rigidez heredada del franquismo, tan próxima, por cierto, a la que regía en los baluartes del socialismo real.

Destruye Zapatero su alijo de consignas, pero él permanece. No dimite, no cede el testigo, no se autodestruye, como mandan los cánones de la vieja civilización. Va trampeando. Y ojalá fuera el único tramposo, pero no. El Partido Popular se halla en plena deconstrucción de sus propuestas, de sus famosas "recetas" y de cuanto pudiera configurar algo remotamente parecido a un programa liberal-conservador. Ahora son los de Rajoy, disfrazados de Méndez y Toxo, quienes proclaman anatema "abaratar el despido" y juran que nunca han de votar a favor del "despido libre". Como si ignoraran que cinco millones de personas ya han sido despedidas libremente y no supieran que o cambia el molde o no volverán a trabajar. Pero cuanto más se alejan de la realidad, más recolectan.

La única burbuja que no pincha en esta crisis es aquella en que los políticos ejercen el arte de lo imposible y, sin embargo, cierto. Pues cierto es que todo cuanto la consigna representa mantiene su poder y confiere el poder. Libre del contrapeso de una sociedad civil, flota a su aire el zeppelin político.

Libertad Digital - Opinión

Bilderberg. Por Ignacio Camacho

LA paranoia conspirativa es apasionante para fabricar best-sellers -ciertos libros se fabrican, no se escriben-, pero infértil para interpretar la realidad con un mínimo de rigor.

La complejidad del mundo no se puede explicar en las claves del Código da Vinci, y por lo general las tesis conspiranoicas sirven de apoyo a peligrosos experimentos demiúrgicos que acaban mal: piensen en los Protocolos de los sabios de Sión. Sin embargo la fuerza de las leyendas, multiplicada en la modernidad a través de la Red, tiene un poder de seducción infinitamente superior al de unas evidencias que acostumbran a resultar prosaicas, insulsas, pedestres en comparación con la sugestión de una patraña, sea la de los judíos del 11-S -¿por qué siempre estarán los hebreos en estas mitologías esotéricas?-, la de las fotos falsas del hombre en la Luna o la de la secta del péndulo de Foucault. No hay nada que hacer frente a un bulo verosímil; nos gustan las sociedades secretas, los poderes ocultos y las manos negras porque nos ayudan a digerir los malos tragos de la vida cotidiana achacándolos a fuerzas clandestinas que manejan nuestra suerte en las sombras. Es demasiado amargo pensar que casi siempre nos buscamos nuestro propio destino.

El último trasunto de logia neomasónica que se ha puesto de moda es el Club Bildelberg, al que los charlatanes profesionales y los arúspices del frikismo atribuyen el poder hereditario de marcar las directrices globales de la política por el simple hecho de que sus miembros son tipos ciertamente influyentes y no dejan entrar a la prensa en sus reuniones. Poco intrigante y nada secreta parece una asamblea que divulga la lista de asistentes, entre los que se encuentran personas tan apacibles como la Reina Sofía, pero la moderna patología de la conjura le ha calzado la etiqueta penumbrosa de gobierno mundial oculto, responsable de alambicadas decisiones estratégicas sobre nuestras tristes existencias anónimas. Bilderberg viene a ser la versión contemporánea de la Trilateral, supuesta cúpula del capitalismo más crudo que en los setenta concitaba incluso la atención pancartera de los sindicatos españoles. Se supone que esta gente ventila la suerte de los mercados financieros, quita y pone presidentes o alumbra liderazgos universales, de tal modo que hasta Obama sería un títere de sus maniobras, y que en Sitges se están jugando a los dados el bombardeo de Irán o el futuro del euro. Algo así como el envés del «efecto mariposa», apoteosis del poder democrático de los actos insignificantes.

Los socios de ese club tan selecto y elitista son, desde luego, tipos a vigilar, pero acaso no más que cualquier banquero. Contemplar a Zapatero rindiéndoles pleitesía es un espectáculo que avalaría la siniestra tesis de los gobernantes-marioneta; quizá sólo desde ese designio confabulado podamos justificar ante nosotros mismos la doble elección de un político tan inconsistente.

ABC - Opinión

La Flotilla de la Mentira: ¿Por qué la izquierda acumula tanto odio contra Israel?. Por Federico Quevedo

Dejando claro, desde el principio, que es cierto que el ejército israelí abusó de la fuerza, que las muertes habidas en la operación son absolutamente condenables y que debería abrirse una investigación sobre lo ocurrido en los buques de la llamada Flotilla de la Libertad -mal llamada, por cierto-, también es necesario hacer una reflexión sobre cómo en Occidente se ha reaccionado ante este hecho y, sobre todo, cómo desde la izquierda y el progresismo se ha conseguido imponer determinados eslóganes prefabricados y cargados de antisemitismo y, a veces, de auténtico odio y resentimiento hacia Israel y hacia todo lo que huela a judío aunque sea de lejos. Llevamos tres o cuatro días soportando una auténtica campaña orquestada desde las tribunas mediáticas, en algunos casos con una reconocible buena voluntad aunque no exenta de errores, y en otros al servicio de un islamo-progresismo muy peligroso porque se alimenta de las raíces del fanatismo y el fundamentalismo que dan vida al terrorismo de Hamás y Al Qaeda.

Miren, insisto en que no voy a justificar las muertes, porque es la propia sociedad israelí la que ha sentido vergüenza por lo ocurrido y el exceso cometido por su Ejército. Pero, dicho eso, creo que nos estamos excediendo en la condena a Israel, que no deja de ser el único país de la zona en el que sus ciudadanos gozan de una democracia, es decir, es el único país de la zona con el que es posible sentirse identificado, dado que el resto, en mayor o menor medida, están sujetos a leyes religiosas que organizan la vida de las personas desde una concepción de supremacía del poder frente a la libertad individual. ¿Es eso una excusa? No, pero esa es la razón, o parte de la razón, por la que Israel se encuentra en un estado permanente de conflicto con sus vecinos árabes, y por lo que podemos decir que, de alguna manera, Israel es algo así como la vanguardia de la libertad en el epicentro del totalitarismo religioso islamista. Y, sin embargo, sorprendentemente, quienes más presumen de demócratas y de defensores de la libertad, son los que acuden en defensa de los radicales frente a quienes garantizan unos mínimos de libertad y democracia en la zona.

Lo que le ha ocurrido a Israel, esta vez, es que ha caído en una provocación, en una trampa perfectamente diseñada y que contaba con entusiastas colaboradores entre la progresía occidental, y los españoles al frente de la manifestación, como no podía ser menos porque con la que está cayendo en este país, una situación como esta no podía venirle más al pelo a la izquierda nacional. Todo era una mentira, La famosa flotilla era una mentira. Vamos a ver, ¿cómo se entiende que quienes dicen acudir en son de paz y con el propósito de llevar ayuda humanitaria a Gaza -donde gobierna una organización terrorista que ha declarado la guerra a Israel, recuérdese-, insistan en romper el bloqueo y rechacen la oferta israelí de llevar esa ayuda por tierra? Era evidente que los organizadores del 'desembarco' sabían lo que iba a pasar, luego lo primero que hay que afirmar es que quienes se empeñaron en seguir adelante a pesar de la prohibición y a sabiendas del riesgo son tanto o más responsables de esas muertes que los soldados que dispararon después de ser atacados en el barco, y quienes les apoyan y les animan son colaboradores necesarios de esa responsabilidad.

Y eso es lo realmente preocupante, porque lo que resulta inconcebible es que la izquierda haya convertido el antisemitismo en parte de su amalgama ideológica, hasta el punto en algunas ocasiones de desarrollar un odio hacia todo lo semita que recuerda al que desplegaron los nazis. La excusa de la progresía siempre es la misma: es que Israel se comporta con los palestinos igual que los nazis con ellos. Pero no es cierto. El deseo de un estado palestino en convivencia con el Estado de Israel es común a ambas sociedades, y a ese objetivo han dedicado esfuerzos los principales líderes occidentales, sobre todo norteamericanos, pensando que de ese modo se acabaría el conflicto de Oriente Medio. Pero la realidad es que los primeros que se niegan a alcanzar el objetivo de la paz son los propios líderes árabes, sobre todo los islamistas radicales. Hamás es una organización financiada y armada por Irán, que también financia y arma a otras organizaciones terroristas del Líbano como Hezbolá, y todas ellas están estrechamente vinculadas a Al Qaeda, aunque su objetivo hoy por hoy se limite a la guerra con Israel. Lo último que desean estas organizaciones fundamentalistas y quienes las financian y protegen, que viven de su animadversión hacia el Estado de Israel, es la paz, y llevan décadas trabajando para evitar que ésta se imponga. Y en esa estrategia bélica cuentan con el apoyo incondicional de la izquierda europea y, sobre todo, española, y con algunas mentes bienintencionadas de la derecha, muy equivocadas sin embargo porque, como ocurre siempre, o casi siempre, la propaganda progre consigue arrinconar a quienes no deberían pensar como ellos y acaba por imponer sus tesis, unas tesis peligrosamente próximas al fanatismo y al totalitarismo islamistas.

El Confidencial - Opinión

Antisemitismo. Por Alfonso Ussía

Nada tengo contra los palestinos. Sí, y mucho, contra el terrorismo palestino. Desde que el falso buenismo elevó a los altares a un terrorista (además de ladrón) como Arafat, en la rica Europa triunfó la esquizofrenia. Y como soy sujeto y no objeto, y vivo en una sociedad libre, me sobra el derecho a ser partidario del Estado de Israel, única democracia en el Oriente Medio. Israel se sostiene rodeada de enemigos irreconciliables que sólo buscan su desaparición. No su destrucción, sino que desaparezca del mapa. Israel, con sus características, es una nación occidental del siglo XXI rodeada de tiranías del siglo XII. Los judíos se han equivocado en numerosas ocasiones, como todos los pueblos que viven en una guerra permanente. Y se han extralimitado, como lo han hecho los que atacan con armas (y no con ramitos de flores) su soberanía.

En España, la izquierda abomina de Israel, quizá por su acendrado sentido democrático. En su Parlamento habla y se expresa una diputada árabe-israelí, Hanin Zoabi, que ha formado parte de la sospechosa flotilla «pacífica». Fue testigo del ataque. Curiosas sus palabras: «Nunca había vivido una experiencia así. Fue como si estuviéramos en la guerra». La señora Zoabi, parlamentaria israelí, todavía no se ha enterado, y ya tiene añitos para hacerlo. Están en guerra. Llevan décadas en guerra. En Israel se permite que sus políticos actúen contra su Estado. Que hagan la prueba en los países árabes. Israel tolera y defiende la libertad de opinión y de creencias. En su territorio se mezclan sin enfrentamientos religiosos, consecuencia de su diversidad, sinagogas, mezquitas, e iglesias cristianas católicas, ortodoxas y baptistas. Prueben a intentar lo mismo en los países árabes vecinos.

En Israel, los Gobiernos y los Parlamentos surgen de los votos de sus ciudadanos en elecciones tan libres y limpias como las que se celebran en España, Bélgica o Noruega. Cuando, con posteridad a la II Guerra Mundial, Israel se estableció en el territorio que nunca le han reconocido como tal los países vecinos, Palestina tuvo una oferta similar que rechazó. Israel es un Estado organizado, con instituciones democráticas, y un Ejército poderoso y avanzadísimo. Lo dijo Golda Meir: «Puedo comprender que los árabes quieran borrarnos del mapa, pero no que pretendan que cooperemos con ellos en su proyecto». La flotilla de La Paz no era tan pacífica. Ojalá nada hubiera ocurrido, pero se trataba de una provocación. ¿Excesiva contundencia? Con total seguridad, sí. ¿Excesiva provocación? Con total seguridad, también. El terrorismo de Al Qaeda y de Hamas no constituyen peligros menores. Los países árabes tienen que aceptar que la existencia de Israel es un hecho incontestable. Y a partir de ahí, mirar hacia delante y olvidarse del medievo. Ese medievo que padecen los pueblos árabes mientras sus tiranos se enriquecen.

En España, los medios de comunicación están más cerca de Hamas, Hizbulá y Al Qaeda que de Israel cuando surge algún conflicto armado. De vivir en paz y con el respeto de una vecindad normal, Israel suavizaría su fuerza militar y devolvería los territorios ocupados. Pero está en guerra, aunque alguna de sus diputadas no se haya enterado todavía. Y en una guerra suceden episodios terribles y no deseados por nadie. Pero es así. Y los que están en guerra, les guste o no a los buenistas con florecillas en la boca, son el siglo XXI y el sigo XII. Ahí está la verdadera desproporción.

La Rsazón - Opinión

Un Gobierno anticatólico

El verdadero proyecto de gobierno de Zapatero no es económico, sino social, y en él la desaparición de toda tradición católica juega un papel esencial. Y por eso el Ejército deberá rendir honores a Ban Ki-Moon y no al Cristo de Mena.

La Constitución especifica que nuestro país es aconfesional, es decir, no existe ninguna religión de estado, pero se cuida muy mucho de establecer de definir España como un Estado laico. Es decir, se optó por el modelo alemán de relación con las distintas iglesias y confesiones, dejando a un lado esa idea francesa de laicidad entendida como expulsión de lo religioso del ámbito público. Además, al consignar que el Estado deberá cooperar con las distintas confesiones, se destacó de entre ellas la Iglesia Católica, reconociendo así su especial implantación en nuestro país.

De este modo, la Constitución de 1978 evitó el error cometido en la Segunda República, un régimen de signo claramente antirreligioso que no tuvo en cuenta las creencias de la mayor parte de su población, y que fue de hecho activamente hostil a las mismas. La libertad religiosa fue una de las principales reivindicaciones de las revoluciones liberales, pero en ellas no se pretendía establecer ningún "muro de separación" que impidiese cualquier manifestación religiosa, fuese del tipo que fuese, dentro del ámbito del Estado. Para eso tuvieron que llegar otras revoluciones y otros gobernantes que de liberales, poco.

En España tanto la Constitución como el sentido común dejaron claro cuál debería ser la relación entre el ámbito público y la Iglesia católica. Se establecieron unas subvenciones como compensación del expolio que supuso la desamortización, y que quizá sean el punto más espinoso de las actuales relaciones entre Iglesia y Estado. Los sucesivos gobiernos y parlamentos han hecho y siguen haciendo leyes contrarias a la moral católica si así lo estiman conveniente, y los obispos y sacerdotes expresan su opinión sobre ellas y sobre otros asuntos públicos. Perviven asimismo numerosos símbolos de nuestra tradición católica, desde las procesiones a las fiestas del calendario, por más que muchos no los miren desde una óptica religiosa sino como una expresión de las costumbres de nuestro país.

El problema es que para el socialismo una religión como la católica es uno de los principales rivales en su objetivo de aislar al individuo y hacerlo dependiente de un Estado omnímodo. La Iglesia es, además, una presencia especialmente incómoda por cuanto no deja de recordar que no todo vale y que no todas las acciones son igualmente respetables desde un punto de vista moral. De ahí que Zapatero y su cohorte de cerebros progresistas no hayan parado desde que llegaron al Gobierno en su empeño de limpiar de "impurezas cristianas" el Estado español.

El último paso en este camino ha sido la absurda decisión de Carme Chacón de prohibir a los militares españoles rendir honores a diversas imágenes religiosas, una antigua costumbre que era respetada incluso por el Reglamento vigente hasta este año, que data de 1984, un año en el que, no está de más recordarlo, gobernaba el socialista Felipe González.

¿Qué más le da al Gobierno que los legionarios rindan honores al Cristo de la Buena Muerte de Málaga? ¿O que los militares de la Academia de Infantería de Toledo puedan rendir honores en la procesión del Corpus? Si se guiara por el sentido común, nada. ¿Acaso son legionarios los furiosos laicistas progres, o acuden éstos en masa a las procesiones? Pero el afán anticatólico del Gobierno se demuestra precisamente en casos así, prohibiendo manifestaciones religiosas contra las que nadie protesta, porque a nadie hacen daño, y mucho menos a los militares que participan en ellas con orgullo. El verdadero proyecto de gobierno de Zapatero no es económico, sino social, y en él la desaparición de toda tradición católica juega un papel esencial. Y por eso el Ejército deberá rendir honores a Ban Ki-Moon y no al Cristo de Mena.

Libertad Digital - Editorial

Garzón puede arruinar el «caso Gürtel»

EL «caso Gürtel» tiene otra sombra.

Primero fueron las grabaciones ilegales de las conversaciones entre abogados y defendidos en centros penitenciarios, flagrante vulneración del derecho a la defensa y a la privacidad de las comunicaciones. Ahora, el Supremo va a ampliar el sumario de las escuchas ilegales a otras posibles ilegalidades no menos graves. Uno de los abogados defensores ha denunciado a las fiscales encargadas del caso de presentar directamente la denuncia del «caso Gürtel» ante Garzón, con la excusa de que una persona mencionada en las investigaciones de esta trama aparecía en el «caso BBVA-Privanza», tramitado por el ahora suspendido juez de la Audiencia Nacional. Además, la ampliación de la querella incluye un hecho sumamente grave si es cierto: los fiscales del caso y Garzón ocultaron que un imputado del «caso Gürtel», Pablo Crespo, había exonerado de culpa a Francisco Camps en el asunto de los trajes.

Por lo pronto, el magistrado que instruye la causa contra Garzón en la Sala Segunda ha admitido la ampliación de la querella y esto supone un salto cualitativo en los hechos. Es insólito que dos fiscales estén siendo investigadas por hechos ilícitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. La responsabilidad criminal de los fiscales ha sido siempre una quimera y no hay antecedentes en la jurisprudencia penal. Sólo esta novedad es suficiente para medir la gravedad de la nueva querella admitida. En cuanto a Garzón, las diligencias que se practiquen determinarán si hizo bien o mal en quedarse con el «caso Gürtel», pero será una oportunidad para saber cómo es posible que la mayoría de los asuntos relevantes que pasaban por la Audiencia Nacional cayeran en sus manos inapelablemente. El argumento de la conexión entre ambos casos por una misma persona no justifica la presentación directa de la denuncia de la Fiscalía anticorrupción ante Garzón. Las consecuencias de haber vulnerado las normas de reparto son muy graves, porque la ley lo sanciona con la nulidad de actuaciones. Hay que tener en cuenta que no se habría infringido una mera norma administrativa, sino que se habría vulnerado el principio de juez predeterminado por la ley, que es una garantía constitucional para evitar el juez ad hoc. ¿Fue Garzón el juez de conveniencia de la Fiscalía anticorrupción?

Y, por supuesto, si se ha ocultado una declaración favorable a Francisco Camps, habría quebrado la neutralidad a la que se deben jueces y fiscales en la investigación penal y estaríamos ante un caso escandaloso -y delictivo- de obstrucción a la justicia y de indefensión.

ABC - Editorial

Zapatero y la crisis nos saturan. Por Vatentí Puig

HA sido muy desalentador ver como la crisis económica iba impregnando una sociedad española que no reaccionaba y en la que la política de Gobierno consistía metódicamente en que esa crisis no fuese advertida ni anunciada.

Por las apariencias, ahora estamos en otra fase: consiste en que esa absorción inane de la crisis ha ido transformándose en una extensa inquietud que va calando en toda la sociedad, estrato por estrato y generación por generación. Por eso la crisis política ha desvencijado incluso las formas institucionales del Gobierno, de la dialéctica Gobierno-oposición y, lógicamente, la arquitectura interior del partido que gobierna.

Es como si la sociedad española, después de unos años de crecimiento acelerado y de endeudamiento desquiciado, hubiese tenido que despertarse finalmente por los topetazos que los mercados estaban atizándole a los fundamentos de su sistema económico. Son topetazos que nadie sabe predecir cuando cesarán. Es casi como si ya pertenecieran de modo sistémico a una actualidad político-económica que por sus graves circunstancias difícilmente puede tener una percepción panorámica propia. En lo hondo de un estado depresivo, el paciente raramente ve la posibilidad de una mejoría.

Quién sabe dónde está el límite de la saturación a partir del cual las sociedades responden con descontento público a la indefensión que sienten ante una crisis a la que su gobierno no solo no ha reaccionado con tiempo sino que la ha reconocido a destiempo. El nuevo estado de la opinión pública se constata en datos demoscópicos que son devastadores para Zapatero y el PSOE. Los sindicatos solo aportan descrédito, sin control algunos sobre unas dinámicas sociales a las que tan defectuosamente representan.

Afortunadamente, los duros embates de la recesión no han penetrado de tal forma que alterasen la estabilidad del convivir cotidiano. Ayer, «The Wall Street Journal» aventuraba la posibilidad de que, habiendo tanto paro, las escasas movilizaciones en España se deban en parte a un efecto-colchón de la economía sumergida. Es decir: tanto en España como en Portugal, la economía sumergida actúa como un amortiguador contra la convulsión social y a modo de esperanza de solución. Pudiera ser la clave secreta, algo vergonzante, de cómo una tasa de paro que dobla la media europea no ha generado reacciones sociales. Es a su vez una marca del desgobierno.

Más tangible es la resistencia de la familia a desampararse ante la crisis. Esa familia tan denostada y considerada como algo arcaico por los ideólogos del zapaterismo de nuevo vuelve a convertirse en el fusible último de la vida social española y del paro. Si ese fusible llegara a saltar, las consecuencias son imprevisibles. Ahí está el límite de la saturación. Nada protege mejor al individuo de la precariedad. Sobre todo cuando el Gobierno hace dejación de las responsabilidades de Estado. Especialmente cuando la política se hace ajena al bien común. Ahora mismo gobernar consiste en aplicar lo mejor posible las medidas de rigor y disciplina que han dictado el FMI y la eurozona. Oponerse debidamente al Gobierno también tiene que ver con eso. ¿Protectorado? Digamos que todo ocurre en virtud de un proceso de co-soberanía europea, en el que deberes y derechos tanto como decisiones están mancomunadas. Como socio europeo, España es parte de tales decisiones para lo bueno como para lo malo. Sabremos en qué queda la política más al final, cuando cesen claramente los topetazos aunque todavía no esté claro si ganan los apaches o el Quinto de Caballería.

ABC - Opinión

Autonomías. La crisis como excusa. Por Emilo J. González

Si estamos en crisis, lo estamos todos, los ciudadanos y las administraciones; si hay que apretarse el cinturón, nos lo tendremos que apretar todos también. Las autonomías, sin embargo, no están por la labor.

A los políticos de este país no se les acaba de meter en la cabeza que el dinero que gestionan es el de todos los españoles, el que los ciudadanos ganan con el sudor de su frente, y no es un regalo que hacen a las administraciones públicas sino una entrega forzada de esos recursos. Los dineros públicos, por tanto, son y proceden de alguien; no surgen por generación espontánea, como pretenden algunos políticos, sino del esfuerzo de las personas a las que la fuerza coercitiva del Estado les obliga a entregarle parte de sus rentas. Si resulta harto difícil que la clase política nacional entienda esto, mucho más lo es que lo comprendan los políticos regionales.

Todo esto viene a cuento del proceso de subida de impuestos en que se están embarcando las autonomías españolas. Cataluña ha dado el pistoletazo de salida con el incremento del IRPF para las rentas más altas y otras muchas autonomías, no la de Madrid, se están apuntando al carro, sobre todo las gobernadas por los socialistas. Ahora bien, ¿hace realmente falta incrementar la fiscalidad? Los políticos regionales alegan que la crisis económica no les deja otra opción, pero lo cierto es que la crisis no es más que una excusa para hacer lo que quieren hacer, que es seguir gastando a todo tren sin adaptarse a las nuevas circunstancias económicas. Porque la crisis pueden y deben afrontarla de otra manera, esto es, reduciendo los pagos, donde tienen mucho margen de maniobra. ¿O es que acaso hay alguna política regional que sea imprescindible? Si somos serios, ni una. Las comunidades autónomas carecen de competencias en defensa y política exterior, y en justicia y orden público son muy limitadas. Por tanto, las cuatro funciones básicas de un Estado siguen en manos del Gobierno central. Lo mismo sucede con buena parte de las políticas sociales más importantes, como las pensiones y las prestaciones por desempleo. ¿Qué les queda a las autonomías? De lo básico, tan sólo la educación y la sanidad, pero las necesidades de la primera no son tantas como para tener que subir impuestos y las de la segunda se pueden resolver introduciendo el copago y racionalizando su gestión. En consecuencia, las autonomías no necesitan realmente más recursos para atender a las funciones básicas del Estado.

¿Qué es lo que ocurre, entonces? Pues que casi todas ellas están embarcadas en políticas absurdas de gasto con las que no quieren acabar y exigen a los ciudadanos que las paguen sin realmente darles la menor explicación de en qué emplean el dinero que le sacan del bolsillo. Si estamos en crisis, lo estamos todos, los ciudadanos y las administraciones; si hay que apretarse el cinturón, nos lo tendremos que apretar todos también. Las autonomías, sin embargo, no están por la labor y quieren seguir actuando como si la crisis no existiera, en lugar de hacer lo lógico, que es diseñar una estrategia de recorte de sus gastos para equilibrar sus cuentas. Tiempo han tenido de hacerlo, porque la crisis no se ha presentado por sorpresa, de la noche a la mañana, sino que llevamos ya tres años conviviendo con ella, así es que, si quisieran, podrían haberse adaptado a ella, como ha hecho la Comunidad de Madrid. Pero no, los políticos regionales prefieren seguir con su dinámica de gasto público innecesario, al que no están dispuestos a renunciar. Sin embargo, no van a tener más remedio que hacerlo. ¿Por qué?

La respuesta es muy sencilla. En primer lugar, porque con tanta subida de impuestos van a estrangular cualquier atisbo de recuperación económica. Es más, se pueden encontrar con que el incremento de la presión fiscal se traduzca en una recaudación menor como consecuencia del impacto negativo que va a tener en el crecimiento económico. En segundo término, porque esos gastos han sido el fruto de los ingresos tributarios extraordinarios que proporcionó la burbuja inmobiliaria. Pero ésta ya ha estallado y, por tanto, esas entradas de dinero en las arcas regionales no van a volver y, por tanto, les guste o no, tendrán que trabajar con menos dinero. Mientras no comprendan estas verdades básicas, las autonomías no van a ser un motor para superar la crisis, sino un lastre más –y muy pesado– para el despegue de la economía y el empleo. Y este es un lujo que este país, y en estos momentos, no se puede permitir.

Libertad Digital - Opinión

Crueldad, lucidez y chusma. Por Hermann Tertsch

TENGAN Ustedes cuidado con su dinero porque ayer nuestro Gran Timonel, marido de Sonsoles y seminovio -a la vista de las fotos- de nuestra alpinista total Batasuna que se mueve por montañas nevadas del Bataplán -sitio histórico de San Sebastián- ha hablado con la Deutsche Bank. Es fácil deducir que el banco alemán estará alarmado, el estado alemán también, los otros socios aterrorizados. Y lo nuestro no puede más que empeorar. Así son las cosas en este mundo. Cuando alguien le presta el chiringuito a un personaje como Zapatero puede tener claro que va a tener problemas para pagar a fin de mes. Por eso hay momentos, confieso que crueles, que uno tiene ganas de preguntar a quienes están en las colas del INEM o en las larguísimas de Cáritas, por lo que votaron en su día y si creen que algo tiene que ver su opción con su situación.

Hay crueldad en ello pero también lucidez. Y creo que también honestidad intelectual. Aquí todo el mundo nos hemos acostumbrado últimamente a tomar opciones sin reparar en las consecuencias. Se voto después de un atentado con rabia y sentimentalismo barato del pacifismo de perragorda. Y se votó por un cuadro inepto de personajes de estudio fotográfico, nuevorriquismo y abierta horterada. La ignorancia más agresiva había triunfado en este país y no les quepa duda de que se va a defender con uñas y dientes y nos hará daño a todos los que no podemos soportar sus desatinos.

Pero la realidad es muy burra y terca y exige consecuencias tarde o temprano. Se eligió a un indocumentado vallisoletano que se decía leonés para dirigir nuestros destinos. Pues aquí tenéis, gloriosos perspicaces, una taza y media de la solución. Cuando un mentiroso se hace cargo del camión, es muy probable que acabemos transitando por carreteras o veredas imprevistas. Es decir, aquí tenéis, la primera gran crisis desde la guerra civil en la que nuestros dirigentes nos garantizan en España que vivirán peor las próximas generaciones. Y las cosas pueden ser mucho peores de lo que aparentan. Quienes creen que el desastre provocado por estos personajes dirigidos por el Gran Timonel puede solucionarse antes de una generación, son unos ingenuos.

Aquí se ha hecho un roto que va a tardar muymucho en arreglarse. Y no hablemos sólo de economía, porque para sobrevivir todo el mundo se puede volver al pueblo. Y convertir España en una especie de finca triste. Hablemos ante todo de esta desintegración del tejido social y nacional que estos insensatos han convertido casi en irreversible y que perseguirá a las generaciones futuras como una amenaza constante a su seguridad y, por supuesto a su bienestar. El mal está hecho y tardará mucho tiempo en sanar. No me pidan a mí ni una nota de optimismo. No es mi labor dar pie a las teorías trileras, tramposas y mentirosas que auguran para España una rápida reacción y recuperación. No la va a haber. Y la buena gente de este país habrá de mantener la calma, la paciencia y el buen hacer para que la chusma no se salga con la suya. La chusma, no los mercados ni el niño muerto, es la que nos ha llevado a la actual situación. La chusma que en otros sitios es marginal y aquí gobierna.

ABC - Opinión