LAS diferentes valoraciones sobre el seguimiento de la huelga de la función pública convocada ayer no deben ocultar el malestar de fondo extendido entre los funcionarios.
Si, como parece evidente, la convocatoria tuvo una respuesta limitada, no se debió tanto a la falta de razones por las que los funcionarios se sienten agraviados y puestos en la picota de la opinión pública como al descreimiento generalizado sobre la autoridad moral de los principales sindicatos para liderar una protesta laboral contra el Gobierno. UGT y CC.OO. han secundado durante los últimos años las decisiones más erróneas y perjudiciales tomadas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, sobre todo su negativa a no recortar el déficit público. El coro de intereses recíprocos formado por el Ejecutivo y los sindicatos silenció las advertencias, desde hace no menos de dos años, sobre la necesidad de medidas de ajuste y de reforma laboral. De haberlas tomado a tiempo, y si el Gobierno no hubiera disparado el gasto público desde 2004, las medidas de restricción habrían podido ser otras distintas y mucho menos agresivas para millones de españoles.
Los funcionarios públicos se están convirtiendo en el enésimo chivo expiatorio de la crisis, por culpa de la confusión intencionada sobre lo que es la función pública. Lo que resulta caro e insostenible es el volumen de contratados a dedo, de empresas públicas -auténticas administraciones paralelas y sin los debidos controles-, de gabinetes y de asesores, no los funcionarios de carrera, que llevan años perdiendo poder adquisitivo y que ahora se ven penalizados por un recorte salarial que va a consolidarse indefinidamente. El Gobierno ha propiciado esta propaganda contra los funcionarios al colocarlos ante la opinión pública como unos privilegiados en tiempos de paro, obviando las responsabilidades políticas, tanto del Ejecutivo central como de los gobiernos autonómicos -aunque, entre estos, unos más que otros- que están en el origen de unos gastos desmesurados de personal, que es lo indignante para los ciudadanos. En una situación de crisis profunda como la que golpea a España no debe descartarse ninguna medida de restricción del gasto público. Pero cuando la estructura administrativa es descomunal -y la española lo es- hay márgenes para ahorrar sin tener que tocar las pensiones, las ayudas a las madres o los salarios de los funcionarios. Y, en todo caso, si se tiene que llegar a estos extremos, antes hay que dar ejemplo con decisiones políticas de austeridad y control sobre subvenciones, órganos administrativos superfluos y partidas improductivas.
ABC - Editorial
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