Zapatero también necesita dos tardes de matemáticas

A menos que nos encontremos en una economía cuasi-soviética, suena ridículo que el sector privado sólo gaste el 40% de la electricidad del país. O Zapatero miente o ni siquiera sabe realizar una sencilla regla de tres.

Suele ser recomendable que cualquier persona que quiera arreglar la casa de los demás ponga antes en orden la suya propia. Un gestor que demuestre pocas facultades para gobernarse a sí mismo, difícilmente estará capacitado para gobernar a los demás. Máxime cuando la información que puede tener sobre el resto de personas será muy inferior a la que pueda tener sobre sí.

El Ejecutivo español, con Zapatero a la cabeza, ha aprovechado la crisis para extender sus ansias dirigistas sobre el resto de los españoles. Pregona la necesidad de alcanzar un nuevo "modelo productivo" que nacerá de su planificación central para decidir qué sectores deben desarrollarse (como el de las ineficientes energías renovables) y cuáles reducirse a su mínima expresión.

Sin embargo, Zapatero se ha encontrado con un problema a la hora de implementar su agenda intervencionista: las dramáticas cifras de paro y el muy preocupante déficit público han socavado su credibilidad dentro y sobre todo fuera de nuestras fronteras. Tanto ha mentido el presidente del Gobierno, tanto ha demostrado ser un gestor nefasto y desastroso que ni siquiera sus más radicales defensores pueden conceder valor alguno a sus propuestas.

Con tal de revertir esta caída en picado de la confianza, Zapatero prometió dar marcha atrás en su calamitosa política económica reformando las pensiones, el mercado laboral y reconduciendo el déficit público al 3% del PIB exigido por la UE. Para esto último anunció la subida de distintas figuras fiscales (sobre todo el IVA) y un intenso plan de reducción del gasto cifrado en 50.000 millones de euros.

A día de hoy seguimos desconociendo qué partidas serán recortadas casi draconianamente para alcanzar una cifra que representa alrededor de una quinta parte de todo el gasto de 2009. Sin embargo, vamos conociendo algunas ocurrencias que se aproximan más a la política ficción, al maquillaje de las cuentas públicas, que a un auténtico plan de consolidación presupuestaria.

Así, Zapatero ha prometido un gran plan de austeridad energética en los edificios públicos por el cual se logrará ahorrar un 20% de la factura total, lo que según Zapatero asciende a 3.000 millones de euros. Haciendo una simple regla de tres, salta a la vista que el presidente del Gobierno está asumiendo que las Administraciones Públicas gastan cada año en electricidad 15.000 millones de euros, el 1,5% del PIB.

Para que nos hagamos una idea de lo irreales que son estas cifras, basta señalar que en España hay unos 2.000 edificios públicos, de modo que la factura energética anual de cada uno sería de 7,5 millones de euros como media o más de 20.000 euros diarios. Es más, toda la producción energética española tiene un valor anual, dentro de nuestro Producto Interior Bruto, de unos 24.500 millones de euros. Si según Zapatero el consumo de las Administraciones Públicas es de 15.000 millones, estaríamos afirmando que el 60% de todo el consumo eléctrico en España proviene del Estado central y de las autonomías. A menos que nos encontremos en una economía cuasi-soviética, suena ridículo que el sector privado sólo gaste el 40% de la electricidad del país.

Ocurre que, pese a no existir cifras oficiales, sabemos con certeza que el consumo energético de nuestra Administración Pública es muy inferior a 15.000 millones de euros. Lo que también significa que, aún cumpliendo a rajatabla el plan de austeridad energética, el ahorro presupuestario que lograría Zapatero sería una ínfima fracción de los 3.000 millones que se nos han vendido a bombo y platillo.

De nuevo, el PSOE parece decidido a recurrir a la propaganda para retrasar las imprescindibles reformas que necesita nuestro país. Dado que son los únicos que, debido a sus prejuicios socialistas, no quieran darse cuenta de la preocupante situación en que se encuentra nuestra economía, manipulan a los ciudadanos para hacernos creer que se hallan manos a la obra cuando en realidad siguen conduciéndonos hacia el abismo.

O eso o que en el PSOE ni siquieran conocen cómo realizar una sencilla regla de tres para darse cuenta de las absurdas cifras que están manejando. Desde luego, no sabemos cuál de los dos escenarios es más preocupante.

Libertad Digital - Opinión

Los calzoncillos del felipismo. Por Pablo Molina

Durante el felipismo trincaba todo el mundo, dentro del Partido Socialista me refiero, y el que no se enriquecía de la noche a la mañana o trataba de ser honrado era señalado por sus compañeros como un esquirol.

Luis Roldán es una excelente materia de estudio para que las jóvenes generaciones de españoles conozcan cómo funcionaba el Gobierno de nuestro país en los primeros años noventa. Los últimos gabinetes de Felipe González Márquez, líder proletario que ahora anda aconsejando a multimillonarios, construyéndose casoplones en la morisma y dando lecciones de ética, no robaron más porque no tuvieron más dinero público a su alcance. En esa época trincaba todo el mundo, dentro del Partido Socialista me refiero, y el que no se enriquecía de la noche a la mañana o trataba de ser honrado era señalado por sus compañeros como un esquirol y obligado a abandonar la política para no dar mal ejemplo. El principal ministro de Hacienda del felipismo, Carlos Solchaga, llegó a decir que España era el país en el que más rápido podía uno enriquecerse y sus compañeros de partido se emplearon a fondo para no dejarlo por embustero. Mientras tanto, el ministro de infraestructuras, un tal José Borrell, aparecía en la televisión pública suplicando a los empresarios que, por el amor de Dios, no corrompieran más a los altos cargos del partido de los cien años de honradez. Terminó defenestrado, claro.

Al socaire de la Exposición Universal de Sevilla y las olimpiadas de Barcelona en el año 92, hubo fortunas que surgieron espontáneamente y miles de semianalfabetos vinculados a "la pesoe" que a base de cafelitos cambiaron de casa, dejaron a su esposa y se montaron por primera vez en un Jaguar con su camiseta de tirantes y sus chanclas reglamentarias. Uno de ellos fue Luis Roldán, director general de la Guardia Civil con Felipe González Márquez (de profesión actual sus bisuterías), que tuvo la virtud de escenificar en la portada de una revista de gran tirada la perfecta vinculación entre la ética y la estética del felipismo, apareciendo en calzones "turbo" y camiseta de rejilla en un "meublé", mientras celebraba el último sablazo a la caja de la asociación de huérfanos de la Guardia Civil rodeado de puticas.

Condenado a treinta y un años de cárcel por cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, estafa y delito contra la Hacienda Pública, sólo ha cumplido quince, los últimos cinco en régimen abierto. Las estimaciones más modestas calculan que robó a los españoles casi veinte millones de euros, de los cuales sólo se ha podido recuperar poco más de un millón. Del resto se desconoce su paradero. El protagonista dice que fue a su vez robado por otro personaje típico del felipismo, Francisco Paesa, y que vive prácticamente de la caridad. Imaginaciones suyas, claro, pero de ser cierto debería pedirle trabajo a su antiguo jefe. En la mansión de Tánger seguro que andan escasos de mayordomos y jardineros.

Libertad Digital - Opinión

Banderolas. Por Ignacio Camacho

PARA recibir a Zapatero, el alcalde de Sevilla —que está con un pie en la calle y el otro en la puerta— ha mandado colgar banderolas y gallardetes como si se tratase de la boda de Carlos V, que también se celebró, como el Consejo de Ministros, en los Reales Alcázares. Sólo han faltado los arcos triunfales y el Te Deum Laudamus Domine. A los andaluces nos fastidian mucho los tópicos orteguianos, sobre todo los del servilismo y la tendencia a entregarnos en espectáculo al visitante, pero no perdemos ocasión de caer en ellos y ofrecer de nosotros mismos una imagen cortijera, como en esa estampa cruel de «Los santos inocentes» —aunque ésta sucedía en Extremadura— en que llegaban los señoritos a entregar el aguinaldo a la endomingada servidumbre de la finca.

Zapatero traía un limosneo más bien roñica, con el importe de la célebre «deuda histórica» —otra expresión más bien mendicante, que tal parece que el hecho diferencial andaluz es que nos deben dinero-trocado en solares devaluados por la desinflada burbuja inmobiliaria y una calderilla para el PER que solivianta en Madrid a quienes lo confunden con el voto cautivo porque no saben que el verdadero mecanismo clientelar no está en los jornales agrarios sino en los subsidios institucionales.

Pero sobre todo les traía a los socialistas andaluces una especie de socorro de emergencia en forma de operación de propaganda, en un momento en que a tenor de las encuestas el Gobierno bien podría haber declarado zona catastrófica su vivero electoral más querido. Como el zapaterismo ha licuado del todo la política, aventándola de contenidos a beneficio de la apariencia, la ayuda prestada ha sido más bien gestual, escenográfica y vacía de fondos, como si los talones del Estado estuviesen escritos con tinta simpática. Puro marketing: mucha parafernalia y poco dinero. En la pragmática Cataluña se habrían sentido insultados por la maniobra.

En realidad, y dada la caída en picado de la valoración del presidente, el cable se lo tendría que haber echado Griñán a él, que es el que está lastrando con su baja forma la larga hegemonía del régimen andaluz. Pero Griñán no tiene chequera de la que tirar, ni siquiera para firmar en barbecho, y además la gente no lo conoce y aún se pregunta quién es ese señor con barba que antes aparecía al lado de Chaves. Juntos, Zapatero y él parecen dos náufragos tratando de sostenerse mutuamente a flote, a base de trucos virtuales que es lo único que en este momento puede ofrecer la socialdemocracia. El clientelismo se basa en amarrar voluntades con la cuerda del presupuesto, pero cuando éste se queda corto se empiezan a escapar los votos de la gavilla. Entregar suelos baldíos en vez de inversiones contantes equivale a una confesión desesperada de insolvencia que no se puede tapar con las banderolas de Bienvenido míster Marshall porque míster Marshall está en quiebra y debe hasta de callarse.

ABC - Opinión

Roldán, ni tira de la manta ni devuelve lo robado

Ningún corrupto debería salir de prisión hasta que devolviera hasta el dinero robado, porque el aliciente de poder disfrutar de la fortuna amasada ilegalmente tras unos pocos años de cárcel es suficiente para que los casos de corrupción sigan aflorando.

Luis Roldán es el decadente ejemplo de lo que fue el felipismo para España, cuyos últimos años ofrecieron a unos españoles atónitos el mayor cúmulo de escándalos políticos que se recuerdan en la historia de cualquier país. Condenado a treinta y un años de cárcel por los delitos de cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, estafa y delito contra la Hacienda Pública, el exdirector de la Guardia Civil con el PSOE sólo ha cumplido quince, los últimos cinco en régimen abierto. Excesiva generosidad teniendo en cuenta que no ha devuelto voluntariamente ni un solo euro de los varios millones que amasó ilegalmente al amparo de su cargo.

Tras muchas pesquisas de la administración tributaria, a Roldán sólo se le han podido incautar bienes que, en su conjunto, no llegan a cubrir ni el veinte por ciento de la cuantía total que robó de las arcas públicas, incluida la caja destinada a ayudar a los huérfanos de la Guardia Civil. Es difícil entender que alguien pueda saldar su deuda con la Justicia sin restituir lo robado a sus legítimos dueños, que somos todos los españoles, pero los beneficios penitenciarios de un sistema legal ideado para favorecer al delincuente en detrimento de las víctimas producen situaciones tan lamentables como la que hoy comentamos.

No es ocioso recordar, no obstante, que en la época en que Roldán se escondía de la Justicia española en exóticos parajes, para volver a nuestro país de la mano del entonces ministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch en uno de los episodios más rocambolescos que se recuerdan, ya había en el Gobierno personajes muy conocidos que Zapatero ha recuperado para su equipo, como si el piélago de corrupción que amparó su partido en los noventa hubiera sido sólo una anécdota. Aquí siguen, por ejemplo, la Secretaria de Estado de Justicia con Belloch, hoy vicepresidenta primera con Zapatero, y el portavoz del Gobierno más corrupto de la historia de la democracia, en la actualidad al frente del Ministerio del Interior.Ninguno de los dos tiene, al parecer, nada que opinar sobre la excarcelación de Luis Roldán sin que se sepa dónde están los muchos millones de euros que se apropió ilegalmente delante de sus narices. En cambio no hay que animarles demasiado para que den lecciones de moral pública al partido rival por un asunto como el caso Gürtel -tan hediondo como el de Roldán, dicho sea de paso-, como si ambos acabaran de aterrizar en la política española.

Ningún condenado por corrupción debería salir de prisión hasta que devolviera hasta el último céntimo robado. En caso contrario, el aliciente de poder disfrutar de la fortuna amasada ilegalmente tras unos pocos años privados de libertad es suficiente para que los casos de corrupción sigan aflorando en la política española. Roldán es un ejemplo, pero lo peor es que con el sistema penitenciario actual no será el último.

Libertad Digital - Opinión

El truco de la Deuda Histórica

LA sorpresa encerrada en los acuerdos alcanzados el pasado viernes en el Alcázar de Sevilla entre el presidente del Gobierno de la Nación y el de la Junta de Andalucía para poner fin al litigio por la Deuda Histórica puede convertirse en el mayor escándalo de la autonomía. Frente a los 509 millones de euros en que se valoraron los activos de Agesa en el acuerdo de pago de la Deuda Histórica entre Rodríguez Zapatero y Griñán, lo cierto es que la página web de esta entidad fija su valor en 155 millones. Estamos hablando, pues, de una sobrevaloración de 354 millones, que ya se veía venir cuando, hace cuatro meses, la Junta valoró Agesa en 200 millones menos de lo que lo hizo el pasado viernes. No contento con desembolsar la Deuda Histórica en solares, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hace ahora trampa y sobretasa una empresa pública para hacer creer que está saldando la Deuda.

La Deuda Histórica del Estado con Andalucía se cifró en su día en 1.204 millones de euros, de los que todavía quedaban por pagar 784. El viernes se desbloqueó el acuerdo con el presidente de la Junta de Andalucía, Comunidad que recibirá dos millones en efectivo y el resto en solares y en los activos de Agesa. Éstos son el grueso del pago, por lo que el engaño adquiere proporciones de imprevisibles consecuencias. Mientras España estuvo gobernada por el ejecutivo de José María Aznar, el Gobierno de Manuel Chaves no cesó un minuto de reclamar esta deuda estatutaria. Pero la inesperada victoria electoral del PSOE en 2004 obligó a los socialistas andaluces a dar un volantazo, y de no haber sido por la labor de la oposición, la Deuda Histórica se habría olvidado. Pero este súbito cambio de actitud no ha logrado cerrar el expediente, y ahora que las expectativas electorales del PSOE-A están peor que nunca, con unas encuestas claramente favorables al PP, se intenta dar cerrojazo en falso. José Antonio Griñán no puede escapar sin más de un escándalo de esta naturaleza; debe dar explicaciones contundentes cuanto antes, y asumir su responsabilidad en un trato que una vez más ofende a Andalucía y con el que él sirve a su señor, aunque éste se halle instalado en la improvisación permanente de una demagogia sin límites y sin rubor.

ABC - Editorial

Todavía estamos a tiempo. Por José María Carrascal

Todavía estamos a tiempo de que la crisis no se convierta en desastre para España, pero estamos en el último cuarto de hora para evitarlo.

Si seguimos cerrando los ojos a la realidad y poniéndole meros parches, el desastre es inevitable. Quiero decir que nos convertiremos en otra Grecia, pese a las diferencias entre ambos países. Ya han oído a Ángela Merkel: «Los países que no ajusten sus cuentas deberían salir del euro.» ¿Estamos ajustando las nuestras? No. Y les pongo dos ejemplos:

La otra mañana, en no recuerdo qué tertulia, un oyente de Sevilla expuso su situación: «Trabajaba en una empresa que cerró -dijo-, por lo que tuve que aceptar un trabajo donde gano menos de la mitad que antes. Mientras, mis ex compañeros están en el paro, cobrando más que yo. Cuando les veo de charla al volver del trabajo, me pregunto si no sería mejor que el próximo mes me apuntase también al paro.»

Cuando conté esta anécdota a un vecino, ante mi sorpresa me respondió: «A mi hermana le ha pasado algo parecido. Tenía un buen empleo hasta que la despidieron. Buscó otra cosa, pero todo lo que le ofrecieron era con sueldos muy inferiores, por lo que ha decidido apuntarse, desde el paro, a un curso de capacitación, hasta que encuentre algo mejor.»

Un país no puede funcionar así. Pero es como viene funcionando España desde que se inició la crisis, hace ya más de dos años. Y así nos va. Con un dispararse astronómico del déficit y del paro. La única medida efectiva que ha tomado el Gobierno ante ella es ésa: ayudar a los que van quedándose sin trabajo y esperar a que los demás países se recuperen, para que tiren de nosotros. Pero medidas auténticas, ajustes serios, correcciones reales de las taras de nuestra economía, no se ven por ningún sitio. Lo que es una fórmula segura para el suicidio económico.

Esta no es una crisis como las demás. Ni siquiera es una crisis económica. Es una crisis de valores, una crisis social, una crisis individual y colectiva, basada en el autoengaño. No se puede ganar cada vez más trabajando cada vez menos. No se puede premiar al que está en paro ni al que se jubila prematuramente, ni al mal estudiante, ni al que más se endeuda, y penalizar al que más trabaja, al que más estudia, al que más ahorra. No se puede estar jubilando a gente con cincuenta y pocos años, ni tener uno de los índices de fracaso escolar mayores de Europa, ni más «puentes» que nadie, ni que el presupuesto de festejos sea uno de los mayores en ayuntamientos, autonomías e incluso Estado, ni que se pueda faltar al trabajo un par de días con la simple excusa de «no sentirse bien», ni pasar curso con tres o cuatro asignaturas pendientes, so pena de acabar, como estamos acabando, en el pelotón de los torpes. No se puede, en fin, presumir y actuar como ricos, mundo adelante, como he visto tanto a delegaciones oficiales como a individuos, por la sencilla razón de que no lo somos. España no es un país rico, pese a lo que nos han dicho nuestros políticos, y hemos terminado por creérnoslo. La riqueza de un país viene de sus riquezas naturales o del trabajo de sus habitantes.

Nuestra única riqueza natural es el sol, el turismo. Pero el turismo depende de la coyuntura económica, que hoy es mala, aparte de tener cada vez más competidores. En cuanto al esfuerzo, sí, hubo épocas en que los españoles trabajamos mucho, incluso teníamos varios empleos. Pero últimamente, más que a trabajar, nos dedicamos a disfrutar, lo que no es un pecado. Siempre que se lo haya ganado uno antes. Donde está precisamente nuestro fallo. La riqueza de nuestros padres venía de lo que ahorraban, de lo que no gastaban de sus sueldos. La riqueza actual viene justo de lo contrario: de endeudarse. De comprarse un piso, sin tener dinero, naturalmente, y dejar que el piso se revaluase solo, como si fuera una hucha de cemento, hasta hacernos millonarios. Y eso no fue lo peor. Lo peor fue que los bancos que nos habían dado esas hipotecas las «empaquetaban» como productos financieros de primera calidad y las colocaban en Bolsa como si tuvieran detrás un valor real. Cuando lo que tenían eran miles de hipotecas a pagar a veinte o treinta años, de gentes que dependían de su sueldo. Es decir, que las pagarían o no, según mantuviesen o no su empleo. Aunque, eso sí, los banqueros que nos habían concedido esas hipotecas se cobraban ya ahora sus suculentas primas como si se tratase de dinero contante y sonante. En realidad, se trataba de una estafa tipo «pirámide» a escala mundial y con permiso estatal. El pecado de Madoff fue hacerlo por su cuenta ... y riesgo de los demás. Cuando la «pirámide» se vino abajo, descubrimos lo que suele descubrirse en estos casos: que en vez de tener millones, lo que teníamos eran deudas. Todos sin excepción. Deudas que hay que pagar.

Bancos y Cajas de Ahorro españoles deben devolver 412.000 millones de euros de aquí a agosto de 2012, mientras el Estado debe devolver a plazo más corto 120.000 millones. La deuda de las Autonomías alcanzó el año pasado los 82.000 millones, y la de los particulares es una cifra aún por cuantificar. ¿Cómo se financiará esa deuda teniendo en cuenta que el superávit de que tanto presumíamos se ha volatilizado en un abrir y cerrar de ojos? Pues emitiendo más deuda. ¿Nos la comprarán o sólo la conseguiremos a intereses mayores, por el riesgo que significa para ellos, y la mayor carga correspondiente para nosotros, lo que traería un retraso de la recuperación? Es la pregunta del millón, o millones, que tiene como respuesta: dependerá de la credibilidad que ofrezca el plan de ajuste del Gobierno. Y el Banco Central Europeo acaba de criticar el actual plan por «insuficiente», el propio Almunia considera que las previsiones del Gobierno «pecan de optimistas» y la agencia S&P rebaja la calificación de la banca española. Pero el Gobierno sigue poniendo paños calientes a la crisis, en vez de recortar todos los gastos que no sean imprescindibles e imponer un severo plan de austeridad a las administraciones central, autonómica, municipal e incluso privada, como le piden todos los expertos nacionales e internacionales. Teme más los daños políticos que los económicos, piensa más en las próximas elecciones andaluzas que en el déficit y acusa al PP de «no tirar del carro», sin aceptar sus principales propuestas, lo que no es forma de buscar una colaboración. Algo así como si siguiera pidiéndole respaldo para continuar el diálogo con ETA, después de que ésta hubiera vuelto a asesinar. ¿Busca hacerle cómplice de las duras medidas de ajuste o, simplemente, convertirlo en culpable del desastre que se nos viene encima por no colaborar? Con esta gente que todo lo confunde y nada hace a derechas, es imposible saberlo. Lo único que sabemos es que estamos a mediados de marzo y seguimos discutiendo sobre la naturaleza de la crisis y sobre sus formas de afrontarla, como las liebres sobre los perros perseguidores.

¿Cuáles son las perspectivas? Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, que en 2006 predijo la «crisis de 2010» sin que nadie le tuviera en consideración, hace hoy el presente diagnóstico: «La crisis estallará a partir del próximo verano, cuando la capacidad de endeudamiento español llegará al máximo.» ¿Y entonces? «Entonces el Gobierno legalizará la marihuana para tranquilizar a la población.» Esto último, naturalmente, es una broma. Pero lo primero va completamente en serio. Los planes económicos del Gobierno no son mucho más que opiáceos. Nos queda hasta el verano para cambiar. Y para disfrutar, si uno tiene nervios para ello.

ABC - Opinión

Zapatero se aprovecha de la crisis

Zapatero sabe que lo más importante para asentarse en el poder no es adoptar medidas traumáticas como las que necesita la economía española para iniciar la recuperación, sino seguir comprando votos al tiempo que asume unas competencias cada vez mayores.

Rahm Emmanuel, el asesor presidencial de Obama, le aconsejaba no dejar pasar una crisis económica sin aprovecharse de ella. Desde siempre, los políticos han intentado emplear los tiempos difíciles para expandir y consolidar su poder. Cuando la sociedad atraviesa momentos desesperados, suele mostrarse dispuesta a ceder espacios de su libertad a cambio de promesas de prosperidad.

Así, la estrategia política durante la crisis suele consistir, por un lado, en lograr que cada vez un mayor número de personas dependan de las transferencias de renta del Estado y, por otro, en asumir un creciente número de competencias con las cuales poder controlar las vidas de sus ciudadanos.

El PSOE, siguiendo las consignas de la izquierda más radical que a ambos lados del Atlántico reclama aprovechar la coyuntura para acrecentar la esfera de "lo público", tiene muy bien aprendida la lección. Sabe que lo más importante para asentarse en el poder no es adoptar medidas traumáticas como las que necesita la economía española para iniciar la recuperación, sino seguir comprando votos con el dinero de todos los españoles, al tiempo que asume unas competencias cada vez mayores.

Este viernes los socialistas han vuelto a escenificar de qué forma la crisis supone para ellos una oportunidad a explotar y no un problema a resolver. En las horas más bajas del PSOE andaluz, el Gobierno ha trasladado a Sevilla su Consejo de Ministros para anunciar toda una batería de ayudas y gasto público dirigido a Andalucía: la condonación de la deuda histórica con el Estado, la ampliación del PER y la aprobación del plan Andalucía Sostenible y de un paquete de fondos para paliar los daños del temporal. En total, más de 1.200 millones de euros en una muestra del peor caciquismo que ha caracterizado la historia española.

Y mientras con una mano compraba votos, con la otra incrementaba sus competencias con la excusa de combatir la crisis. Ayer también, el PSOE por fin aprobó su mal llamada Ley de Economía Sostenible, donde en medio de alguna propuesta aislada aparentemente bien encaminada (como la simplificación de los procedimientos administrativos) podemos encontrar todo un despliegue de medidas cuya finalidad es la de seguir orientando la economía en la dirección que desean los políticos socialistas y no los consumidores, ahorradores, empresarios e inversores españoles; a saber, una economía apoyada en unas energías tan caras e ineficientes como son hoy las renovables. La ley apuesta por seguir cebando esta burbuja en la línea marcada por la consigna ecologista radical del llamado "20/20/20": reducir para el año 2020 las emisiones de CO2 un 20% y lograr que el 20% de la energía provenga de las onerosísimas fuentes ‘verdes’. Si algo no necesita la escasamente competitiva economía española es que le coloquen corsés adicionales a los ya padece, encareciendo su energía a costa de un incremento del gasto público que alimente aún más nuestro déficit.

Pero además la Ley de Economía Sostenible también contiene una disposición específica nada relacionada con la crisis pero sí con las restricciones de las libertades de los ciudadanos: la denominada Ley Sinde (que más bien debería llamarse "Ley Zapatero") que habilita el cierre de páginas web a través de una comisión mixta entre políticos y la Audiencia Nacional.

Como si se tratara de un capítulo más dentro de un amplio abanico de planes contra la crisis y a favor de la sostenibilidad de nuestra economía, Zapatero ha sacado adelante una normativa que le permitirá colocar bajo su control internet, cerrando cualquier sitio web que enlace contenidos protegidos por "derechos de autor" (esto es, casi todas las páginas de internet), cuando esto último ni siquiera constituye un delito. Un paso más para introducir al Estado en internet y a partir de ahí ir eliminando ese oasis de libertad que constituía la red.

Vemos, pues, que nuevamente las crisis sirven a nuestros políticos para comprar votos y extender sus tentáculos sobre la sociedad. Al margen de los dramas particulares que puede suponer una depresión económica, lo realmente grave es la oportunidad de oro que representa para que el Estado medre y recorte nuestras libertades. Las crisis tarde o temprano terminan, los regímenes políticos liberticidas tienden a perdurar demasiado tiempo.

Libertad Digital - Editorial

Economía insostenible

EL Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley de Economía Sostenible, después de haberlo anunciado hace más de diez meses como el instrumento necesario para provocar ese pretencioso cambio de modelo productivo por el que aboga el Gobierno.

Tan urgente y tan eficaz no será este proyecto cuando el Ejecutivo socialista está tardando tanto en ponerlo en marcha y, sobre todo, cuando tiene a su disposición el Real Decreto-Ley para aquella medidas económicas que considere apremiantes. Quedan dos años de legislatura, en los que no cuentan los últimos seis meses por la proximidad de la disolución de las Cámaras. Este proyecto nace sin consenso y sometido a los cada día más difíciles equilibrios parlamentarios a los que se ve obligado el Gobierno para sacar adelante sus iniciativas. Si la esperanza del PSOE está depositada en los votos nacionalistas, mal futuro se le puede pronosticar a una reforma legal que, si algo podría aportar a la recuperación económica, es un tratamiento homogéneo de los intereses nacionales y la creación de herramientas jurídicas para una política de cohesión. La alternativa debería ser el pacto con el Partido Popular, una opción que el PSOE descarta de antemano, salvo para cuestiones de segundo orden, porque, el trasfondo de estos movimientos de cara a la galería -y una sedicente ley de «economía sostenible» lo es- no es otro que el período electoral que se le viene encima al Gobierno, con dos citas a medio plazo en Cataluña y, después, en 2011.

Es notorio el interés del Ejecutivo por no tomar decisiones incómodas electoralmente, de manera que su directriz política va a seguir guiada por los mensajes populistas sobre los derechos sociales y las medidas de terapia indolora -e ineficaz- frente a la crisis. La reducción de las peonadas para cobrar el desempleo agrícola, acordada también ayer por el Consejo de Ministros, recupera el sesgo del clientelismo más extremo, bajo la apariencia de ayuda económica frente a las inundaciones de los últimos meses, con el efecto perverso añadido de aliviar artificialmente las cifras del paro, aunque no su coste económico.El alumbramiento de la ley de Economía Sostenible reproduce los esquemas ya habituales de la factoría socialista. El objetivo es ilusorio, incluso una defraudación política -un modelo productivo no se cambia por ley y menos cuando la recuperación depende de los sectores tradicionales, como vivienda, turismo y automóvil-, pero el Gobierno está instalado en una estrategia ciega de mera supervivencia que empieza a justificar cualquier medio.

ABC - Editorial

Bendecida la apología de los verdugos

Sin duda, la responsabilidad de que ANV siga al frente del Ayuntamiento de Hernani y de otros muchos consistorios vascos no es de los jueces del Tribunal Supremo, sino del Gobierno de Zapatero, que se resiste a disolverlos pese a que la ley lo permite.

Existen razones legítimas para oponerse a que se considere delito el enaltecimiento del terrorismo o el menosprecio a las víctimas. Al fin y al cabo, supone la limitación de un derecho esencial, como es la libertad de expresión, que muchos pueden estimar más importante que el bienestar de un colectivo, aunque sea el de las víctimas, que en muchas ocasiones han tenido que soportar la humillación pública como condena añadida a la pérdida de un ser querido. Por otro lado, permitir todo tipo de expresiones facilita la identificación de las personas a quienes la sociedad debería dar la espalda; prohibir algunas puede provocar que algunos lobos se pongan la piel de cordero para evitar las consecuencias penales de sus actos.

Sin embargo, lo que no resulta de recibo es que estando ese delito tipificado en el Código Penal, algunos jueces se dediquen a retorcerlo hasta el punto de hacerlo irreconocible, impidiendo que pueda aplicarse en la práctica. Es decisión del legislador, y no suya, la de valorar qué bien jurídico merece mayor protección, si la libertad de expresión irrestricta o la protección de quienes han sufrido el terrorismo en sus carnes o pueden sufrirlo en el futuro si se enaltece y se presenta como algo positivo, incentivando así un aumento en la reclutación de nuevos efectivos. Sólo la Constitución supone un límite a la acción del poder legislativo, y sólo en base a ella podría justificarse que los jueces decidieran no aplicar este precepto.

Resulta especialmente grave si la decisión de dejar en papel mojado la ley proviene de nuestros más altos tribunales. Pero, a nuestro pesar, no podemos calificar de otra manera el fallo del Tribunal Supremo sobre el recurso de la alcaldesa de Hernani, de ANV, por el que la absuelve del delito de enaltecer el terrorismo en un acto público en que calificó de "presos políticos" a los detenidos por matar a dos personas en la terminal T-4 del Aeropuerto de Barajas, dio por sentado –como señala el manual de ETA– que habían sido sometidos a tortura y pidió "un chaparrón de aplausos" para ellos, cometido al que se dedicó con entusiasmo su auditorio, entre vivas a la banda terrorista.

Para el Tribunal Supremo, lo que hizo Marian Beitialarrangoitia fue simplemente "exteriorizar el cariño" por los dos etarras, sin que hubiera "exaltación o alabanza del terrorismo ni de Igor Portu y Martín Sarasola por su presente actuación en la T-4". No hace falta ser jurista para darse cuenta de que la falsedad de la premisa de que hubo "ausencia de todo grito, homenaje o consigna dirigido a enaltecer a la actividad de ETA o los hechos imputados a Portu y Sarasola". Y es que, como razona el magistrado Julián Sánchez Melgar en su voto particular, resulta cuando menos difícil de entender que referirse a los presos de ETA como presos políticos y pedir un aplauso para ellos al poco de ser detenidos no sea una "apología de los verdugos".

Sin duda, la responsabilidad de que ANV siga al frente del Ayuntamiento de Hernani y de otros muchos consistorios vascos no es de los jueces del Tribunal Supremo, sino del Gobierno de Zapatero, que se resiste a disolverlos pese a que dispone de herramientas legales suficientes para hacerlo. Pero eso no quita que la decisión más acorde con la letra y el espíritu de la ley hubiera sido la de rechazar el recurso de apelación. Y que ni Carlos Alonso Palate ni Diego Armando Estacio sean siquiera mencionados en un fallo en el que se habla en dos ocasiones del "atentado a la T-4", como si una terminal aeroportuaria fuese la víctima de aquel "accidente", parece dejar claro lo poco que se han acordado los magistrados de aquellos por los que se tipificó el delito de "enaltecimiento del terrorismo".

Libertad Digital - Editorial

No hay nada que negociar con el terror

Todas las falsas treguas que ha declarado la banda a lo largo de su historia le han servido para ganar tiempo, rearmarse y obtener todo el poder posible para posteriormente volver a financiarse con él.

Los persistentes rumores de una nueva ronda de diálogo con la banda terrorista ETA –auspiciada por Jesús Eguiguren, presidente del PSOE vasco– han hecho saltar todas las alarmas dentro del Partido Popular, con cuyos votos Patxi López se aupó a la presidencia de la Comunidad Autónoma hace ya un año. El problema es que lo que suena es algo más que simple ruido.

Todo apunta a que ciertos e influyentes sectores de la franquicia socialista en el País Vasco están abriendo una segunda negociación con la ETA porque algunos dentro del PSOE consideran que la banda está metida en una reflexión para dejar las armas. Es decir, el mismo cuento que vendieron hace cinco años y que llegó hasta un Congreso de los Diputados que, sin dudarlo ni un momento, otorgó carta blanca al Gobierno para sentarse con los etarras a hablar de igual a igual.

En aquel entonces, la coartada de Zapatero –porque enteramente suyo era el proyecto de abrir aquellas negociaciones– fue que había que dar una oportunidad a la paz y que la ETA estaba por la labor de aprovecharla. No sucedió nada de eso. La banda reinterpretó los términos de la tregua colocando una furgoneta-bomba en un aparcamiento del aeropuerto de Barajas que acabó con la vida de dos personas.

Ya se le había advertido al Gobierno de que con los terroristas no se puede negociar bajo ninguna circunstancia y de que, si se hacia, la negociación estaba abocada al fracaso. Zapatero hizo oídos sordos y lo único que recogió fue el reguero de cadáveres que la ETA ha ido dejando desde que rompió unilateralmente la tregua. Eso sí, lo hizo sólo tras las últimas elecciones municipales, en las que, gracias a la lenidad de la Fiscalía, muchas candidatos proetarras volvieron a los ayuntamientos.

Podemos garantizar que si se intenta de nuevo volverá a suceder exactamente lo mismo. Todas las falsas treguas que ha declarado la banda a lo largo de su historia le han servido para ganar tiempo, rearmarse y obtener todo el poder posible para posteriormente volver a financiarse con él. No existe, pues, una segunda oportunidad. Al terror no se le dan oportunidades, al terror se le aplica la Ley. Es algo tan elemental que no deja de sorprender que siga quedando gente dentro del PSOE con el sentido común tan trastocado como para creerse que a los terroristas se les puede apaciguar en una mesa de diálogo.

Sin embargo, una vez más, lo que la realidad indica es muy distinto a lo que dicta la razón. Los contactos con la ETA se encuentran, según ha podido verificar el propio PP, muy avanzados. De ahí el nerviosismo entre los de Basagoiti, que pactaron con el PSOE pensando que se iba a portar bien, o que Mayor Oreja se muestre seguro de que la legislatura no acabara sin que el Gobierno nos haya metido en una nueva negociación con la banda. Si el ex ministro de Interior está en lo cierto, el Partido Popular tiene por delante un inesperado desafío con el que no contaba. El PP vasco, por su parte, traicionado por su socio, se vería en la obligación de retirar todo apoyo al ejecutivo de López. Ahora sólo quedar ver si ambos, Rajoy y Basagoiti, saben estar a la altura de las circunstancias.

Libertad Digital - Editorial

La rebelión del asco. Por Hermann Tertsch

VA a ser que los españoles ya no tenemos derecho a rebelarnos contra lo que consideramos una injusticia. Porque es traición de lesa patria y nos van a poder dar palizas, insultarnos en televisión, difamar a nuestras familias o quizás meternos por ahí en alguna de esas checas con las que sueñan nuestros jóvenes y jóvenas del izquierdismo nacional. Aquello sí que era justicia lo que hacían García Abadell y Santiago Carrillo. No estas supuestas patochadas del Tribunal Supremo hoy sometido a fuego cruzado por los amigos de ese juez que viaja con el banco al que juzga. Aquello tenía ritmo. Resulta que no podernos rebelarnos porque el poder del ejecutivo es más supremo que el Supremo. Contra éste sí se puede despotricar y quizás incluso disparar balas de prevaricación por dudar de la probidad de un juez mucho más que sospechoso. Contra este chiquillo que veía amanecer no se puede porque el progresismo impecable de buenas intenciones tiene justificados todos sus errores, todos sus fracasos y todas sus insidias. Y si trinca alguno sería, sin duda -a quién le cabría-, por motivos excelsos.

Los españoles tenemos que arrimar el hombro. Tenemos que pagar y callar. Y la oposición tiene que ser tan cooperativa con el Gobierno como para parecer parte del mismo. Si no es así, no fomentan el debate y la sana discusión sobre las diferentes opciones de gobernar. Para nada. Son reos de alta traición. Eso nos dice De la Vogue, según algunos en sus últimos estertores en esa Casa de la Moncloa que se antoja ya el Palacio de la Cienciología.

Pues les voy a decir, que tengo la conciencia muy tranquila llamando a la rebelión contra el latrocinio de esta tropa de ineptos que nos han hundido para más de una generación siendo optimistas. Soy absolutamente partidario de una insumisión ante quienes además de hundirnos y robarnos nos humillan y tratan como retrasados mentales todos los días que abren la boca. Que son exactamente todos los días del año. Aunque entre ellos jamás se pongan de acuerdo y no haya dos ministros que no se contradigan en una semana. Creo en la salubridad de la indignación. En los efectos curativos del desafío. Creo en que el matón y el trincón jamás deben estar seguros de que sus víctimas no van a reaccionar ante sus groseras pretensiones y sus actos miserables. Creo finalmente que inaptos e ineptos, malas personas y psicópatas tienen su derecho a vivir dignamente sin hacer daño. Pero no dirigiendo nuestras vidas, nuestra hacienda y el futuro de nuestros hijos y de nuestro país.

A Garcia Abadell lo fusilaron con muchísima razón por ladrón y torturador. Aunque las almas lánguidas actuales no lo sepan, en todas las guerras rige la pena de muerte. Hasta un despiste te puede poner contra el paredón con toda la razón del mundo. Porque has jugado con la vida de tus hombres en combate o porque te has aprovechado como un cobarde de combatir en retaguardia contra gentes indefensas. Luego resulta más bien natural que los asesinos sean ajusticiados. Lo malo es cuando se asesina a mansalva a inocentes. A los que ni se han despistado. A ciudadanos dignos y decentes que sólo has detenido porque quieres liquidar una forma de pensar, una forma de creer en la transcendencia o una forma de vida. En ambas partes. Carrillo se escapó. Y ha cumplido más años que los papiros del Mar Negro fumando más que yo. Suerte la suya. Pero debería tener cuidado con los escritos de amiguetes como el pijolingo de Sartorius, en este caso no le toca a Nicolás sino a Jaime, que dice que la amnistía sólo era para los suyos. Es decir, se amnistiaba a Carrillo y Garcia Abadell, a los terroristas etarras pero no se amnistiaban los actos de guerra y represión de los vencedores. Recuerden, señores, los vencedores. Porque el gallego murió en la cama. Después del acto de generosidad general de los españoles en nuestra transición, nos vienen los miserables cómplices de Paracuellos y Katyn a decirnos que ésta, la amnistía, ya no vale. Hay dos opciones ante esta miseria, morirse de asco o mandarlos a la mierda. Recomiendo la segunda.

ABC - Opinión

La izquierda reaccionaria. Por José María Carrascal

EL caso «Orlando Zapata» está teniendo para la dictadura cubana efectos devastadores que nunca pudo imaginar. Los hermanos Castro creyeron que con dejar morir al disidente y difundir a través de sus terminales mediáticas que se trataba de un delincuente común, la cosa se olvidaría, como tantas otras de sus fechorías. Olvidaban que no hay sangre más fecunda que la de los mártires, ni protesta más eficaz que la pacífica. Hoy se encuentran más aislados, acusados y desprestigiados que nunca, sin que el vergonzante apoyo que les presta Moratinos pueda evitarlo. La reciente condena del parlamento europeo es la mejor prueba.

Pero tal desprestigio no es nada comparada con el que sufre la izquierda intelectual. Hasta hace muy poco, eran esos dos términos unidos como hermanos siameses. El intelectual tenía que ser de izquierdas, y si no era de izquierdas, no era intelectual. Tan simple como eso. Nada de extraño que, como grandes sacerdotes de la ética, reclamasen una superioridad moral no sólo sobre las demás fuerzas políticas, sino también sobre el resto de la ciudadanía, cuyo papel rector exigían sin que nadie se lo disputase.

Eso ya no es así. Diría incluso que es justo lo contrario. A estas alturas, la izquierda intelectual se ha quedado reducida a actores de segunda clase y a cantantes de fiestas mayores, después de haber renunciado a los ideales de igualdad, libertad y fraternidad, más los de tolerancia y al internacionalismo que proclamó en su día. La izquierda ha abandonado la tolerancia para unirse al más cerrado nacionalismo, como sabemos bien en España. De la igualdad, baste decir que la clase dirigente del «socialismo real», el comunismo, dispone no sólo de hospitales, escuelas viviendas y hoteles distintos al común de la población, sino también de un dinero diferente para comprar en tiendas especiales. De la libertad, recuerden lo que Lenin dijo a Fernando de los Ríos: «¿Libertad? ¿Para qué?» Y sin libertad ni igualdad, ya me dirán ustedes dónde se queda la fraternidad. Sin que valga argüir que eso sólo ocurría y ocurre en los regímenes comunistas. Ocurre también en los socialdemócratas e incluso en los capitalistas, si se les deja. Ahí tienen ustedes a los sindicatos, «defensores de la clase obrera». ¿Están seguros? ¿O defienden sólo a los trabajadores con empleo fijo y a los funcionarios de la Administración? Pues por los demás no les hemos visto mover un dedo. O sea, defienden a los ya instalados. ¡Menuda solidaridad es ésa! Aparte de formar sus dirigentes parte del sistema, como un grupo de presión, como otros tantos.

Hago estas reflexiones ante la carta que circula por la Red pidiendo la liberación de todos los disidentes en Cuba, firmada por auténticos intelectuales, comprometidos con los ideales de una izquierda convertida en refugio de vividores y reaccionarios.

ABC - Opinión

Estolojodiózapaterosolo.org Por Jesús Cacho

La memoria. Se cumplió el jueves el sexto aniversario de los atentados terroristas del 11-M en Madrid, una fecha que ha marcado el devenir español como lo hicieran el 18 de julio de 1936 o el 20 de noviembre de 1975, por citar solo dos, trascendentales, en la reciente Historia de España. Casi 200 muertos y cerca de 1.000 heridos como cortejo fúnebre para un cambio de Gobierno que ha resultado ser mucho más: casi un cambio de modelo social propulsado por las iniciativas legislativas de un Ejecutivo que, deliberadamente o no tanto, ha intentado una gran operación de ingeniería social reescribiendo, primero, la reciente historia de España desde al año 1936 para acá [algo que obviaron todos los Gobiernos de la democracia, incluidos los de Felipe González], y remodelando, después, o tratando de hacerlo, el “inconsciente colectivo”, en terminología de Jung, de los españoles, mediante una batería de leyes destinadas a alterar las pautas de conducta moral de los ciudadanos.

Si el intento de cambiar usos y costumbres ha sido drástico, no han sido menores las novedades introducidas, por la puerta falsa de la modificación de los estatutos de autonomía, en la organización territorial del Estado, con el catalán como punto de no retorno, diga lo que quiera en su día el Constitucional. En realidad, los cambios introducidos, o su mero intento, han sido de tal calado que obligan a replantear en toda su crudeza la cuestión fundamental del quid prodest referida a la masacre del 11-M. La sentencia del tribunal que presidió el juez Gómez Bermúdez en ningún modo puede apaciguar las conciencias de aquellos ciudadanos libres poco acostumbrados a comulgar con ruedas de molino. La versión oficial no es creíble, salvo para estómagos acostumbrados a digerir piedras. Ni teorías conspiratorias estilo Orquesta Mondragón, rozando a veces la paranoia, ni soluciones de conveniencia que ni han conseguido identificar a los culpables de la masacre ni, mucho menos, a sus autores intelectuales. Los atentados siguen despidiendo el mismo tufo que exhalaban pocos días después de ocurridos: operación típica de servicios secretos, en cuyo abecedario figura la posterior eliminación física de los autores de la matanza (Leganés) para borrar pistas. ¿Servicios secretos extranjeros con apoyos puntuales internos, o viceversa? La pregunta clave sigue siendo esta: ¿quién marcó la fecha para volar los trenes justo tres días antes de unas elecciones generales?

Lo llamativo, a la par que dramático, de la experiencia vivida estos años bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero es que el país estaba tan cansado de la soberbia de Aznar y tan dolorido por las bombas del 11-M que, tras las generales, estaba clamando como agua de mayo por la llegada de un Gobierno y un presidente dispuesto a cerrar heridas y repartir bálsamo por doquier, porque ese presidente se hubiese hecho con la ciudadanía entera en dos días. Zapatero eligió, sin embargo, la vía de la confrontación mediante el recurso artero de gobernar para quienes le votaron –su propio partido-, abriendo de nuevo en canal la división entre las “dos Españas”. Seis años después de la matanza, lo peor que se puede decir de los españoles es que no hemos sido capaces –Gobierno y sociedad civil- de dar una respuesta cabal al puzzle del 11-M, incapaces de resolver la masacre desde un punto de vista estrictamente criminal, al margen de los componentes políticos involucrados en el suceso. Por distintos motivos, casi todos hemos preferido mirar hacia otro lado y callar. El PSOE, porque la matanza posibilitó la llegada a la Moncloa de su presidente por accidente, de modo que lo mejor era echar tierra al asunto cuanto antes. Y el PP por miedo, terror más bien, a ser tildado de desestabilizador y facha por la imponente armada mediática que arropa al Ejecutivo.

El aniversario

Dos años transcurridos ya desde las generales del 9 de marzo de 2008 que revalidaron a Zapatero como presidente del Gobierno para otros cuatro años. “Por el pleno empleo”, rezaban los carteles electorales del PSOE que llenaron calles y plazas de España en las semanas previas. Hoy, esa misma España soporta una cifra de parados de 4 millones y pico y camina indefectiblemente hacia los cinco. Ejemplo del líder universitario, radical y populista, de los setenta, ZP ha resultado ser el perfecto ignorante en materia económica que todos sabíamos, el gestor peor pertrechado para hacer frente a una brutal crisis económica que, si bien de dimensión global, tenía aquí características típica y perfectamente diferenciadas en la gigantesca burbuja inmobiliaria que venía embalsada al menos desde el 2003. Encantado de haberse conocido, ZP dilapidó la herencia recibida y empleó todos sus esfuerzos en negar la evidencia, primero, decir que se trataba de un problema internacional, después, y echar la culpa al empedrado, siempre.

Cuando no fue posible seguir negando la mayor, el leonés se dedicó a repartir el dinero de todos, convencido de que tirando del gasto público se arreglaba el problema. Zapatero cumple a la perfección el ejemplo de aquel maquinista de Renfe a quien en plena llanura manchega se le para el tren a las tres de la tarde de un tórrido día de verano. El sujeto recorre los vagones pidiendo calma a los viajeros: no hay aire acondicionado, cierto, pero los revisores pasarán enseguida repartiendo abanicos, y agua fresquita, y bocadillos, y aún lectura y hasta música enlatada. El sol abrasa los rastrojos mientras canta la cigarra, pero el maquinista está decidido a que sus parados gocen de toda clase de comodidades. Todo lo supervisa personalmente, de todo se preocupa, menos de ir a la máquina a intentar averiguar dónde está la avería para tratar de repararla lo antes posible. Y parados seguimos en plena Mancha de la crisis. El manual indica que 2008 tenía que haberse aprovechado para acometer el saneamiento del sistema financiero, empezando por las Cajas; 2009, por su parte, tendría que haber sido el año del ajuste o consolidación fiscal, destinado a meter la tijera al gigantesco déficit público que suele generar toda crisis, y el año en curso, en fin, tendría que haberse empleado en abordar toda una serie de reformas estructurales (mercado laboral, entre ellas) y procesos de liberalización. Como no se hizo el trabajo en 2008 –de hecho sigue pendiente-, el crédito sigue sin llegar a particulares y empresas, a menos que uno esté dispuesto a pagar intereses de hasta el 14%. Como no se abordó el ajuste fiscal en 2009, el reino de España sigue enfrentado a un riesgo cierto de default, lo que en roman paladino antes se llamaba vulgar suspensión de pagos. Y como este año siguen sin acometerse las reformas de fondo, el horizonte español no puede estar marcado más que por el empobrecimiento colectivo y la marginalidad. La decadencia como país.

El culpable

“Aunque nos inculcan que las personalidades no forjan la historia, especialmente si se oponen a la evolución progresista, aquí tenemos, sin embargo, una que durante un cuarto de siglo nos ha retorcido nuestras colas de borrego como ha querido, y nosotros ni siquiera nos hemos atrevido a chillar. Ahora dicen que nadie comprendía nada, ni lo comprendían los rezagados, ni la vanguardia. La vieja guardia era la única que sabía de la monstruosa obra de Koba [alias de Stalin en la Rusia zarista], pero prefirió envenenarse en un rincón, pegarse un tiro en casa, o terminar sus días en tranquila jubilación, con tal de no tener que denunciarlo desde una tribuna”. Este párrafo corresponde al Archipiélago Gulag III, de Solzhenitsyn (Tusquets Editores, 2007) y exhala el desconcierto profundo que, en la retrospectiva de la historia, suele producir en los estudiosos el fenómeno del silencio, ese espeso silencio de los corderos que acompañó a las más sanguinarias dictaduras del desdichado siglo XX. Lo conocimos en España durante la larga etapa de Franco, donde, con excepción del PCE, nadie movió un dedo para acortar el trance y, salvadas todas las distancias, lo estamos viendo ahora en la ausencia de esas voces críticas que, desde la sociedad civil –intelectuales, universidad, empresariado, etc.-, tendrían que haber sido capaces de denunciar el proceso de “reinvención” de la España consagrada en la Constitución del 78, emprendido subrepticiamente por ZP tras su victoria electoral que siguió a los atentados del 11-M.

Como le acaba de ocurrir con el fútbol a cierto prepotente empresario madrileño acostumbrado, en la mejor tradición patria, a hacer negocios a la sombra del Gobierno de turno, también a ZP se le ha venido el andamio abajo a cuenta de una crisis económica que ni supo prever ni sabe contrarrestar, entre otras cosas porque se lo impide su “ideología”. Ahora, un grupo de notables de la órbita socialista ha montado, con dinero de empresarios de derechas, una gran campaña mediática para aligerar la presión sobre Moncloa y hacernos a todos copartícipes del desastre. Estosololoarreglamosentretodos.org, reza el lema de una operación que calla o silencia una verdad que está en el origen del problema: estolojodiózapaterosolo.org, una evidencia que difícilmente va a lograr enmascarar cualquier intento de repartir culpas a diestra y siniestra.

Y la becaria

El caso Garzón, el juez de la Audiencia Nacional acostumbrado a ponerse la Ley por montera, se ha convertido en la más cruda pelea entre poderes, incluido obviamente el judicial, registrada en muchos años, con excepción, quizá, del gemelo caso Sogecable, principio de una traición que abrió las puertas del poder y el dinero al famoso Campeador. En esa pelea, que retrata como pocas la corrupción del Sistema entero, se está dilucidando la capacidad de regeneración de nuestra democracia, si es que alguna le quedara. Al frente de las operaciones mediáticas de defensa del granuja se ha colocado desde el principio el grupo Prisa, que con la precisión leninista que caracteriza a la dirección del antiguo emporio ha obligado a salir a la palestra a todo personaje que coma, duerma o habite en derredor del grupo. Falta por salir a escena el gran Bacigalupo, cuyo magisterio en el caso que nos ocupa, la verdad, se empieza a echar en falta.

Pero como le ocurre a los sectarismos de toda clase y condición, la campaña orquestada por las huestes de Cebrián en defensa de Garzón corre el riesgo de traspasar las barreras de lo mafioso para irrumpir directamente en las de lo chusco. El pasado miércoles día 10, la labor de apoyo al galán corrió a cargo de Bonifacio de la Cuadra, uno de los históricos de El País en información de tribunales, con un artículo cuyo último párrafo es una joya argumental de valor imperecedero. Vean: “Ante ésta y otras aberraciones jurídicas, Sara España, una alumna del Máster de Periodismo UAM/EL PAÍS, en un trabajo de opinión sobre Baltasar Garzón y la justicia, en aplicación sencilla de la lógica, considera prevaricadora la resolución del magistrado Varela [ponente de una de las querellas que pesan sobre el juez], por ser ‘un acto que podría tacharse, en el fondo y por apariencia, de injusto'". En la campaña contra un Tribunal Supremo que ha osado, por fin, tocar a Garzón faltaba, pues, la becaria, una alumna del máster de periodismo de El País, como fuente de autoridad. Seguimos, insisto, esperando con ansiedad la lección magistral del enorme Bacigalupo al respecto. No puede defraudar a sus fans.

El Confidencial - Opinión

Delibes, el hombre. Por José María Carrascal

SE me ocurre, ante el clamor doloroso provocado por la marcha de Miguel Delibes, una duda herética: si lo que echamos de menos los españoles es el Delibes hombre más que el Delibes escritor, si es su persona más que su obra lo que deja entre nosotros una oquedad irrellenable. Y eso que su obra era harto conocida, tanto en su versión original escrita como en sus versiones cinematográficas, que la popularizaron. Pero Delibes era más que un novelista. Era uno de esos ejemplares humanos de los que cada vez van quedando menos.

Su independencia de criterio, su equilibrio no exento de pasión, su magisterio sin pretenderlo, su insobornable fidelidad a los principios, su amor a la ciudad, su pasión por el campo, su caminar derecho por la vida a través de las circunstancias más distintas, su hundir los pies en la tierra con los ojos puestos en el cielo, su discreción, su entereza, su sensatez, su sentido común, su dignidad en suma, le convirtieron en un ejemplar humano a extinguir en un mundo zarandeado por las más diversas corrientes y sometido a toda suerte de caprichos. De ahí que el homenaje que con ocasión de su muerte le han tributado los españoles de todas las tendencias haya sido bastante más que una muestra de afecto, para ser más bien una señal de orfandad y desamparo. Ya no hay muchos españoles como él, y si los hay, la algarabía reinante impide verles y oírles.

En cuanto a su obra, oigo y leo por doquier la queja de que no se le hubiera concedido el Nobel. Como si el Nobel significara en el universo literario algo más que unos cuantos cientos de miles de dólares en la siempre menesterosa cuenta corriente de un escritor, si es que la tiene. La obra de Delibes fue como él: ajena a las modas, fiel a sus principios, cuidada en la forma, precisa en objetivos. Su rosa de los vientos tenía tres puntos cardinales: el personaje, el paisaje y la pasión. El hombre (o mujer), la naturaleza y el fuego que los envuelve. De ahí no se movió. Los experimentos se los dejaba a quienes no tuviesen otra cosa que hacer o decir. Hoy, cuando puede ser arte cualquier cosa, un sofá desvencijado recogido en el basurero, el aullido de la sirena de un coche de bomberos, un trozo blanco de pared o un mamotreto de mil páginas que nos cuenta una historia que no es Historia, sorprende la compleja sencillez de las novelas de Delibes, su terso lenguaje, sus pasiones sólo insinuadas, su inocente diseño y su cáustica elegancia, sin caer nunca en el exceso. Pues el arte se hace a fuerza de renuncias y pocos escritores han sido capaces de prescindir de los elementos superfluos, para dejarnos al personaje y su circunstancia desnudos ante nosotros, como él lo hizo. No tenía prisa en abandonar este mundo, pero tampoco le importaba dejarlo. Posiblemente tuvo que ver con ello el que este mundo ya no fuera el suyo, aunque, hombre de su tiempo, no le fuera ajeno. Descanse definitivamente en esa paz que siempre tuvo y predicó.

ABC - Opinión

Los búlgaros de Sevilla. Por M. Martín Ferrand

ENTRE todos los líderes políticos del presente español, ninguno alcanza en garbo y audacia a Felipe González, quien, a pesar de sus ancestros cántabros, podría recitar con toda propiedad y solvencia, incluso con el beneplácito de Manuel Machado: «Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron». No es que tenga el alma de nardo del árabe español, que la tiene; sino que prodiga sus desplantes con el entusiasmo de un novillero debutante en La Maestranza y el sosiego de quien ya se cortó la coleta. Incluso el socialismo, «la rosa simbólica de mi única pasión», parece ya para él un capítulo «que no tiene aroma, ni forma, ni color». A la edad de González, el gozo es el de vivir y, todo lo más, el del magisterio; pero sólo si sus discípulos resultaran aventajados, cordiales y dispuestos. Es decir, que está en el vitalismo.

En Sevilla, en su pueblo, donde el socialismo gobierna desde hace treinta años con más pena que gloria, pero con mucho ringorrango propagandístico, los andaluces del PSOE han celebrado un Congreso para formalizar la realidad. Manuel Chaves se despidió de los suyos sin una sola nota autocrítica -¡los perfectos son así!- y José Antonio Griñán resultó elegido como nuevo secretario general de su partido con el 99,8 por ciento de los votos emitidos. Algo que avergonzaría, por excesivo, a los comunistas búlgaros del cuento. Y allí estaba González. Divertido y, supongo, con la alegría de ver la prosperidad del chiringuito político que fundó y la pena de advertir que no avanza en ideas, ni en proyectos, ni en logros de poder o brillos de oposición.

Tan en el pasado está el socialismo actual que, en su guateque sevillano, tuvieron que volver a los noventa y desenterrar la idea del «sindicato del crimen», algo que sólo existió como propósito cívico de unas pocas docenas de periodistas independientes que nos opusimos a los abusos de la corrupción y al crimen de Estado. Algo que fue disuelto y proscrito por su principal e indeseado beneficiario, José María Aznar. González, «una nube vaga que eclipsa un vano sol», sigue siendo el talento socialista andaluz.

Lo demás es burocracia, unanimidad, nómina y dietas. Una pena. Por eso tuvo que ser González quien, con un par de puyazos a los bancos y un grito de alarma ante el deterioro de la Justicia, le diera contenido político a lo que hubiera quedado en reunión de comité de empresa.

ABC - Opinión

El régimen del Gatopardo. Por Ignacio Camacho

Treinta años seguidos de hegemonía impermeable han convertido al PSOE andaluz en la única gran federación del partido en la que no ha logrado triunfar plenamente el zapaterismo.

Sus nuevas generaciones están compuestas de jóvenes que apenas sí han hecho otra cosa que vivir del gobierno, de tal modo que comparten en amalgama la trivial inconsistencia impuesta por el liderazgo de ZP con los vicios de poder adquiridos en una larga dominancia. La renovación que pretende Pepe Griñán está lastrada por la herencia de esa supremacía en la que él mismo representa el último eslabón del tardofelipismo; se quiere sacudir la sombra del virrey Chaves -el tradicional asesinato del padre político- a través de un equipo formado bajo la égida del chavismo. Y todo ello en medio de un proceso de desgaste que amenaza con liquidar en las urnas el viejo orden socialista antes de que pueda consolidarse uno nuevo.

Sobre Griñán pesa además una contradicción que le afecta personalmente. Su estilo natural choca con el de la maquinaria clientelar que le ha proporcionado el poder para que dé continuidad a un régimen y está también en las antípodas de la líquida gestualidad zapaterista. El presidente andaluz es un socialdemócrata clásico, culto y dotado de una cierta profundidad intelectual; esa clase de rasgos liquidados como una rémora por el predominio de los blancos, bibianas y pajines. A todos los efectos es un hombre del pasado, mucho más próximo a González que a Zapatero. El encargo de pilotar una transición interna es un compromiso a contracorriente de las tendencias actuales del partido, dificultad que se suma a una oleada sociológica adversa. El mejor de sus horizontes pasa por gobernar con Izquierda Unida para evitar el desmoronamiento de un enorme aparato de intereses que ha acabado sepultando la autonomía.

El congreso de este fin de semana, preparado a toda prisa para entregarle el mando efectivo de la organización y acabar con la bicefalia tutelada por Chaves, ha sido un revival de vieja guardia felipista en el que se han evidenciado las fisuras de un relevo mal resuelto. González sigue siendo el gran referente del socialismo andaluz, que además de no acabar de encajar a Zapatero lo siente ahora como un lastre para sus expectativas de supervivencia. Griñán vive bajo el síndrome del Gatopardo, obligado a aceptar e introducir cambios para que todo siga igual. Pero por fuera del inmenso aparato de poder socialista ya nada es igual; hay una nueva sociedad que demanda nuevos liderazgos para nuevas circunstancias y siente un severo cansancio ante tres décadas de inmovilismo. Con Chaves prejubilado a la fuerza y Zapatero desgastado por la crisis, lo que el PSOE pretende en Andalucía es prolongar la agonía de un régimen, apuntalar el último bastión de un pasado que quizá aún pueda estirarse unos años pero no podrá enlazar con el futuro sin romperse.

ABC - Opinión

Pobre Cataluña. Por Angela Vallvey

En los últimos años, me duele ver cómo se suceden episodios propios de lugares atrasados, apáticos e incultos

Siento verdadera adoración por Cataluña, no sólo porque Cataluña me ha proporcionado mucho más que cualquier otra tierra del mundo, sino porque me ha ofrecido generosamente todo lo que no me ha dado, y probablemente nunca me dará, ni siquiera la mía propia: un proyecto intelectual y existencial, un asidero en la vida que me permita llevarlo a cabo, apoyo, ilusión.

Ninguna de las olas de antipatía hacia Cataluña –de anti-catalanismo puro, duro– que han recorrido España de punta a punta en los últimos años a consecuencia de las enloquecidas políticas de las autoridades competentes (ejem) de Madrid ha hecho mella en mí: sigo siendo fiel a Cataluña. El asunto del Estatut no ha provocado ni un vaivén en mi inquebrantable fe en ella.

De Cataluña siempre han procedido el adelanto y el impulso para el desarrollo de la nación sin menoscabo de que los avances hayan ido acompañados, en ocasiones, de ciertos importantes problemas políticos.

Mi devoción por Cataluña, mi historia de amor con Cataluña, con su gente, su idioma, su industria y su cultura, viene de lejos, de la primera infancia, de cuando yo abría libros viejos y miraba la fecha de impresión y leía maravillada: «Barcelona, mayo de 1937», y me fascinaba pensar que, en plena Guerra Civil –guerra que me produce una vergüenza ajena tan grande que tal vez no sea capaz de superarla nunca–, mientras un mayo brutal se desangraba por las calles de esa hermosa ciudad que yo amo, había personas, honrados catalanes, gente avanzada de verdad, que se dedicaba a editar libros sin importarles que el mundo pareciese estar a punto de derrumbarse.

Y esas buenas gentes traducían, y componían, e investigaban, y producían, e intentaban comerciar, alentar el desarrollo, la ilustración de una España con secular tendencia a la barbarie. Yo, que soy una afrancesada, pensaba: «¡Cataluña es la Francia de España!, ¿qué sería de nosotros sin ella?».

Por eso, en los últimos años, me duele profundamente ver cómo en Cataluña se suceden episodios propios de lugares atrasados, abandonados, apáticos e incultos: cortes de luz en medio de grandes tormentas, caos en los transportes y enormes masas de contribuyentes afectados por la falta de eficacia y diligencia de unas autoridades expertas en hacer patrias e idear naciones, pero inútiles en todo lo demás.

Las consejerías clave en estas situaciones de emergencia suelen estar en manos de algún arrojado nacionalista «ecofriendly», de esos que perderían la vida por la causa (es un decir, o sea, que perderían la vida como se pierde la vida en un videojuego: un ratito nada más) y que, enarbolando la bandera del progresismo, en el fondo añoran el Paleolítico pese a que nunca reconocerán que no podrían sobrevivir en él sin el Armani, el vehículo oficial y el «foi-gras» del Club del Gourmet. Resumiendo, que han dejado los problemas de Cataluña a cargo de quienes sólo saben generar problemas, no arreglarlos, de los que son expertos en producir conflictos porque llevan toda una vida entrenando. (Pobre Cataluña).

La Razón - Opinión

Lecciones de la nevada

Los ciudadanos de Girona no pueden ser rehenes de una distribución eléctrica obsoleta

Siete días, al menos, de pesadilla. Es el precio que han pagado miles de vecinos de Girona por las secuelas de la tormenta de nieve que azotó Cataluña (la página más lamentable ha sido la muerte de una mujer por inhalación de monóxido de carbono). Inaceptable, impresentable e insoportable. Cualquier adjetivo es válido para definir la sensación que produce ver a oscuras, día tras día, una de las zonas supuestamente más ricas de España. Sorprendentemente, o no tanto, nadie ha presentado su dimisión. Políticos y responsables de empresas eléctricas deberían, al menos, tomar nota de los errores y poner remedio al despropósito. Eso o asumir que en muchas cuestiones seguimos siendo, en el mejor de los casos, un país de medio pelo.

emanda energética que superan la capacidad de la oferta, abasteciéndose mayoritariamente de una sola línea eléctrica con doble circuito. Ése es su talón de Aquiles. Una zona de tal actividad económica no puede quedar al albur de una sola línea. Del apagón de Barcelona en verano de 2007 la Administración catalana aprendió que las zonas estratégicas, con una alta densidad de población, deben contar con una fuente de alimentación energética redundante y distribución en red.

Es cierto que la línea de Muy Alta Tensión (MAT) entre España y Francia -que próximamente entrará en funcionamiento- hubiera podido acortar el tiempo para reabastecer la zona afectada, siempre y cuando las redes de redistribución que deben reforzar las líneas hubieran existido. Pero la MAT aún está por ultimar. La oposición de muchos ayuntamientos ha retrasado su entrada en funcionamiento. El eterno combate entre la garantía de suministro y el entorno turístico ha sido el causante de esa ralentización de las obras. Todos quieren el servicio, pero nadie desea que el cable pase cerca. Y ahí no hay excepciones. Solo dos partidos -Esquerra e Iniciativa- se opusieron desde el primer momento a la MAT. Todos los demás -CiU, PSC y PP- han mantenido posturas de oposición en los territorios afectados y favorables en el Parlamento de Cataluña.

La precariedad de esa línea debiera haber servido de acicate para que, sobre todo Endesa, se hubiera esmerado en su cuidado. El temporal destrozó en tres puntos la línea de alta tensión -de Red Eléctrica Española- y hasta 33 torres de la de media tensión, de Endesa. Por mucho que se construya la MAT, si no se cuidan las líneas existentes, la oscuridad siempre será una amenaza. Las pérdidas se estiman en 100 millones, además de cinco millones de horas de trabajo desaprovechadas. Las eléctricas repiten que fue una catástrofe natural, abriendo paso a que las aseguradoras se escuden en la "causa mayor" para no abonar la factura del caos. De ser así, el Consorcio de Compensación de Seguros, que depende de Economía, debería hacer frente a las indemnizaciones.

El País - Editorial

El econacionalismo lo pagan los ciudadanos

El sectarismo ideológico y la sumisión de cualquier consideración sensata al proyecto alocado de unos radicales dedicados en cuerpo y alma a la secesión de un territorio, tiene siempre un coste que acaban pagando los ciudadanos.

El temporal de nieve que se ha abatido sobre gran parte de España en esta última semana ha tenido las lógicas consecuencias que trastornan la vida cotidiana de los ciudadanos, pero nada comparable a lo que han debido soportar y continúan sufriendo los residentes de gran parte de la provincia de Gerona.

Algo muy serio debe ocurrir en una región de España cuando sus habitantes se ven privados de suministro eléctrico durante una semana a consecuencia de un fenómeno natural, sin que las autoridades sepan hacer otra cosa que culpar a los proveedores obviando su propia responsabilidad. Y lo que sucede es que esas mismas autoridades tienen como prioridad la realización de un proyecto político de carácter secesionista al que someten cualquier otra consideración, incluido el cumplimiento de su deber como responsables de garantizar que los ciudadanos a los que representan no deban verse en una situación más propia del tercer mundo que de un país avanzado.

Pero la responsabilidad del tripartito catalán va mucho más allá de la dejación de su deber de gobernar garantizando el bien común, porque son precisamente los partidos integrados en ese Gobierno los que han causado, con su sectarismo ideológico, la catástrofe que ahora padece una parte importante de los ciudadanos a los que representan.

Cataluña debe ser uno de los pocos lugares del mundo en que sus dirigentes políticos dedican los mayores esfuerzos a impedir el progreso de sus ciudadanos, especialmente en un tema tan importante para las sociedades modernas como el suministro de electricidad. A las carencias de España en materia de producción energética, consecuencia del radicalismo ecológico de nuestra izquierda y la cobardía política de la derecha, se suma en el caso catalán un grave problema de distribución. Las compañías eléctricas, con Endesa en primer lugar, llevan diez años solicitando los permisos necesarios para conectar la red eléctrica española con la francesa a través de una línea de muy alta tensión, pero el proyecto sigue empantanado ante la oposición de partidos como ICV y ERC actualmente en el Gobierno de esa comunidad autónoma.

Se da la paradoja de que mientras Joan Saura continúa aturdido desde la consejería de Interior sin atinar a decir o hacer algo aprovechable para paliar la catástrofe, su segundo en el departamento, Joan Boada ha sido tradicionalmente uno de los principales impulsores de las manifestaciones en contra de la realización de una infraestructura que hubiera solucionado todos los problemas contra los que ahora deben enfrentarse. El otro socio de Gobierno del presidente José Montilla, Esquerra Republicana, no quiso quedarse atrás en la tarea descivilizadora de la izquierda nacionalista, y también ha dedicado estos años a movilizar a sus cargos electos y los ayuntamientos que gobierna en contra de un proyecto que reclaman insistentemente los empresarios y ciudadanos de la zona noreste catalana.

El sectarismo ideológico y la sumisión de cualquier consideración sensata al proyecto alocado de unos radicales dedicados en cuerpo y alma a la secesión de un territorio tiene siempre un coste, como se viene observando desde que el tripartito llegó al poder de la Generalidad y ahora sufren en sus carnes todos los ciudadanos, entre ellos sus votantes. El desastre social, la negación de derechos básicos y el desprestigio internacional son, como vemos, los principales frutos del tripartito. En manos de los votantes catalanes está la solución. Si no actúan en consecuencia frente a las urnas, en adelante no tendrán derecho a quejarse.

Libertad Digital - Editorial

Cuba-España-UE

Sacrificar la exigencia sobre derechos humanos no favorece, sino retrasa, la transición

Las reacciones suscitadas por la muerte en huelga de hambre del disidente Orlando Zapata han puesto en evidencia las dudas en el seno del partido socialista sobre la política a seguir en relación con Cuba. Mientras desde el grupo socialista en el Parlamento Europeo se suscribía una resolución de condena al castrismo, desde el Gobierno se insistía en la voluntad de impulsar la revisión de la posición común de los Veintisiete durante el semestre de presidencia española.

No se ha tratado sólo de un nuevo episodio de descoordinación, tan frecuentes en este Ejecutivo; la disparidad de criterios en este caso ha obedecido, además, a la existencia de distintos puntos de vista sobre cómo conducir las relaciones con La Habana, tanto bilaterales como europeas, en la expectativa de un pronto fin de la dictadura castrista. No es una decisión sencilla, dado que el propio régimen cubano se halla divido acerca de cómo afrontar el futuro inmediato. Pero el ministro Moratinos se equivoca al seguir defendiendo la revisión de la política común en las actuales circunstancias y también en aspectos cruciales de la estrategia alternativa que promueve.

La muerte de Zapata no sólo aconseja aplazar por el momento cualquier decisión que el régimen cubano pueda interpretar como una normalización diplomática con la UE, por más que, en efecto, la vigente posición común de los Veintisiete haya llevado las relaciones a un callejón sin salida, que ni alivia la situación de los cubanos ni estimula la transición. Tampoco desde el punto de vista de la política europea parece razonable que la presidencia española insista en la revisión de la posición común: el voluntarismo de Moratinos corre el riesgo de traducirse en un estrepitoso fracaso, dado que no existe unanimidad entre los socios para revisar la posición común. Y mucho menos después de la muerte de Zapata.

La estrategia de poner en sordina las exigencias políticas al régimen cubano para arrancarle concesiones humanitarias, según ha hecho el ministro en sus últimos viajes a la isla, y según parece sugerir como nueva política común de la UE, conduce a un círculo vicioso, del que sólo resulta un mayor deterioro de los derechos humanos. A fin de evitar las exigencias políticas, el régimen siempre necesitará disponer de presos sobre los que negociar, con lo que las relaciones se condenan a un ciclo espasmódico de represión y concesiones humanitarias bajo presión internacional. Ni España ni la UE pueden convertirse en parte de este mecanismo.

Esté o no en los planes de los actuales dirigentes cubanos, la necesidad de desmantelar la dictadura llegará tarde o temprano. Para la comunidad internacional, por su parte, el principal problema radica en gestionar la espera. Minimizar o, incluso, sacrificar las exigencias sobre derechos humanos en nombre de la transición que ha de venir no es sólo moralmente inaceptable; es contribuir, además, a que esa transición no llegue.

El País - Editorial