Los arrestos de Garzón. Por Tomás Cuesta

RODRÍGUEZ Zapatero, con un fervor impropio de su perfil pastueño, ha pregonado a voz en cuello la valentía de Garzón, su arrojo y su entereza, su denuedo y su temple. Es decir, ha hecho una loa a sus arrestos, que es lo que cumple a un juez y, además, viene a huevo. En cualquier caso, es obvio que al señor presidente lo que le desazona es que la veda del faisán, que es animal de pluma, se abra antes de tiempo y con ella las fauces de un jaquetón de pelo en pecho. O sea, que el solemne ditirambo es, punto por punto, lo mismo que parece. Una advertencia explícita a quienes, bien por ingenuidad o bien por decencia, se obstinan en aplicar la ley sin excepciones, sin reservas, sin tentarse la ropa y sin que les de vergüenza.

A esos que denuncian que hay un Estado de Excepción que se solapa con el Estado de Derecho. Que el único poder es el poder ejecutor y la justicia es la liturgia del ajusticiamiento. Mientras, hemos dejado atrás el espejismo y buscamos a tientas nuestro rostro en el abismo de azogue que condensa el espejo. Alicia se ha fugado con Tim Burton y allí donde no va la sociedad del espectáculo apaga y echa el cierre. La Reina Roja continúa en sus trece: («¡Primero, la condena, que el veredicto aguarde!») amplificando el eco obsceno de Zapatero y de Garzón, de Caamaño y de Blanco, de Diego y de Bardem, de Bono y de Toledo, el mazapán y el pleonasmo. Güili Toledo, casi nada (la nadería habitual, un bigarillo, palmo arriba, palmo abajo).

Sometidos a la pena de telediario (la cadena perpetua en diversos formatos), los reos de Garzón se antojan más culpables que don Pedro Jiménez, cuarenta y dos años «o´clock», veintiséis en el trullo, cuarenta días suelto en la jungla de asfalto, siete violaciones, dos asesinatos. Un asunto vulgar, deslucido, macabro. A Correa, por contra, le corrieron en crudo y se lo merendaron a la plancha. Apenas vuelta y vuelta: de profesión, culpable.

No obstante, el imperio de la ley no discrimina a los acusadores de los acusados. Permite que los facinerosos se defiendan y dictamina a qué se juega, de qué manera y en qué campo. Vale lo que es válido y no lo que discurra un valentón ensimismado. Correa es un «corruto», un tentador de currutacos, posiblemente un miserable y quizá -¿por qué no?- un dechado de coraje. Tal que Garzón, mal comparado. La osadía de un juez (Voltaire, al habla) no avala su excelencia ni sus capacidades. Echándole garzones no se instruyen los pleitos, se pierden los papeles y extravían los plazos.

Que un magistrado se considere victimado no es una maldición lírica sino un ripio capón y atrabiliario. ¿Así qué rimas vienen? Quevedo recoge el guante. Transcribir el soneto es un lujo excesivo si las entendederas son cortas y tarascas. Que los tercetos, pues, transmitan el recado:

«No sabes escuchar versos baratos,
y sólo quien te da te quita dudas;
no te gobiernan textos, sino tratos.
Pues que de intento y de interés no mudas,
o lávate las manos con Pilatos,
o, con la bolsa ahórcate con Judas».

ABC - Opinión

Miguel Bosé. Por José García Domínguez

Bosé ha dado en sentenciar la estricta equivalencia moral entre esos cerca de diecisiete mil cadáveres que pueblan el armario ropero de los hermanos Castro y la retirada de cuatro fotos en un mueso de Valencia.

Continúa la cascada de pronunciamientos de las supremas atalayas del pensamiento hispano a propósito de Cuba. Ahora, tras el docto magisterio de Willy, acabamos de conocer el posicionamiento oficial de Miguel Bosé. Ya sólo resta, pues, disponer del comunicado institucional de Belén Esteban al respecto, saber de lo meditado por Karina acerca de la cuestión, y acusar recibo de la valoración conjunta de Paquirrín y el Julián.

Mientras tanto, y decidido a desbordar incluso el listón analítico de Willy, Bosé ha dado en sentenciar la estricta equivalencia moral entre esos cerca de diecisiete mil cadáveres que pueblan el armario ropero de los hermanos Castro, los cientos de miles de exiliados, el exterminio sistemático de la sociedad civil o los campos de concentración para homosexuales, por un lado, y la retirada de cuatro fotos en un mueso de Valencia, por el otro. En todas partes cuecen habas, vino a reflexionar, equidistante, el acreditado politólogo tras su gallarda denuncia.

Ocurre que las personas decentes están predispuestas para esperar cualquier cosa del Mal; todo, salvo el cretinismo ontológico. De ahí ese instante de parálisis intelectual, de atónita perplejidad, que invariablemente le asalta a uno tras asistir a deposiciones de semejante calibre. Abyectas analogías tan iguales, por lo demás, a aquélla de los mamporreros del "proceso de paz", cuando otros risueños miserables insistían en comparar las cifras de los asesinados por ETA con los muertos en accidentes de tráfico durante el fin de semana. Grotescos retablos de la bajeza humana, en fin, como la muy compungida estampa de Zapatero, al confesarle a Irene Villa que él también ha sufrido mucho porque le mataron al abuelito en la Guerra.

Cuesta admitir la idea central de Hannah Arendt, ésa de la banalidad del mal, aplicada al nazismo. Los nazis no eran banales. Al contrario, creían con sincero fanatismo en lo que hacían; para muchos de ellos, constituía la razón última de su existencia. ¿Qué pensar, sin embargo, de gentucilla como Bosé? Alguien dispuesto a bendecir cualquier crimen a cambio de un minuto de efímera gloria promocional en los telediarios. Sólo, exclusivamente por eso. "En todas las ciudades hay mil tipos dispuestos a aplaudir a quien sea y a su contrario", garrapatearía Hitler en Mi lucha. Así, obsoleto y banal, Bosé.

Libertad Digital - Opinión

Fracasados y ridículos. Por Hermann Tertsch

UN país puede llegar a reconquistar respeto en un par de generaciones. A éste nuestro le costó mucho. Con la inversión de la lealtad institucional, el amor patriótico y el compromiso de toda una generación de políticos de todas las tendencias, lo consiguió. Con el esfuerzo y la dedicación de gente honesta por lo menos al final de una difícil singladura. Comprometida con la labor de sacar a nuestra nación del pozo negro en que la historia en que los años malditos, los años treinta, pero también los doscientos años anteriores, la habían hundido. Este país se recuperó gracias a hombres y mujeres que creían en la dignidad y en el respeto que los españoles nos debemos a nosotros mismos. Y la cosa funcionó. Y estuvimos muy orgullosos todos los ciudadanos de todas las tendencias salvo los resentidos y los miserables. Este país cogió el ritmo de las naciones avanzadas , de los estados que se gobiernan con sentido común por muchos errores que puedan cometer en sus diagnósticos y búsqueda de soluciones, Se declaró presente España en el concierto general europeo. Todos los que sabemos algo de dictaduras y de miedo, de represión y angustia, fuimos en algún momento felices. Nos sentimos retribuidos. Nos sentimos españoles emocionados y retribuidos por haber convertido nuestro país en un lugar decente, en una patria compasiva, en un hogar intelectualmente probo.

Eso es lo que aumenta nuestra actual tragedia. Porque todo lo que se hizo en su día se ha ido por las cañerías de la historia. En tan poco tiempo hemos hundido todo lo que habíamos hecho, por fin, bien. En concordia y acuerdo. Un país en plena reivindicación de su esencia y competencia, de su identificación con los mejores Estados que en el mundo han existido, por civilidad, compasión y justicia, ha derivado a la mediocridad más cruel, a la miseria zarrapastrosa y a la vulgaridad, arbitrariedad, intimidación y amenaza, iguales las habidas en los peores momentos de nuestra triste y agitada historia. Un accidente de trenes nos trajo un Gobierno que aun nos habremos de explicar en las próximas décadas. Muchas décadas habrán de pasar para que los historiadores sean capaces de ver como una banda de inútiles o psicópatas y acomplejados se hicieron en este país con el poder y lo llevaron a esa ruina que amenaza a nuestros hijos y nietos.

Ya sé que en España por grandes que sean las desgracias no suele pasar nada. Hasta que pasa. Las desgracias se las reparten las víctimas entre sí. Y la indolencia de los compatriotas suele ser endémica. La empatía con el dolor en este país parece ser un lujo y no precisamente de los intelectuales. Los que lloramos por los muertos por el terrorismo y nos sentimos hundidos o simplemente afligidos por los millones de españoles que no saben nada de un futuro que se augura triste e insolvente somos unos traidores de mierda que no confiamos en esa especie de líder de «cómic» que expresa sus inmensas descompensaciones por esas manos incansables, esos ridículos trajes de manga larga, esos gestos grotescos de sobreactuación y una señora que siempre se antoja la jefa. Y que nos mandaría a la Cheka antes de estrenar un traje.

Todo puede pasar de siniestro a patético y ridículo. Gracias a nuestros gobernantes lo hemos logrado en unos años que pasarán a nuestra historia como el periodo de la mentira e ignominia. ¡Pena de traición a los españoles de buena voluntad! Treinta años hemos intentado ser un país europeo sano y normal y hoy volvemos a ser Venezuela. La peor Venezuela. La del milico cutre de botas y boina, prepotente y gamberro verbal. Como la del vallisoletano mentiroso que se cree leonés. La del nieto de Lozano, el militar ejecutable por todas las partes de la contienda trágica de nuestro país. Nuestro nieto de Lozano hizo tan buenas migas con los terroristas de ETA como para ofrecerles todo tipo de carantoñas. Nuestro nieto del fascista que era el otro abuelo nos engaña con una obscenidad que es un insulto permanente. Les aseguro que a este nieto lo recordarán nuestros nietos. Con pesar.

ABC - Opinión

El Gobierno de los jueces nos regaña con razón. Por Antonio Casadode

Oportuna, sensata, medida y absolutamente necesaria la declaración institucional que ayer hizo pública el Consejo General del Poder Judicial en defensa de la función de los jueces y los tribunales españoles. Nos regaña con razón. Y nos ayuda a recuperar la perspectiva. La perdemos, empezando por el abajo firmante, cuando nos empeñamos en acampar donde lo judicial se cruza con lo político. El cambiante viento de la oportunidad siempre se lleva por delante los anclajes fijos de la legalidad sobre la que se asienta el llamado Estado de Derecho. España no es Venezuela. Ni Cuba.

Esos vicios ocultos se detectaron en las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero (PSOE), en las que apoyaba al juez Garzón y olvidaba al juez Velasco. Pero también en las de Mariano Rajoy (PP), en las que apoyaba al juez Velasco pero se olvidaba de conceder al juez Garzón no ya el beneficio de la duda sino la presunción de inocencia, una institución del Estado tan respetable como el fuero de un juez español mancillado por el Gobierno de Venezuela y su extravagante presidente.

No nos vendrá mal un poco de pedagogía. Marca de la casa de Carlos Dívar, tan poco amigo de los vientos ocasionales. En su declaración de ayer el CGPJ exige “el máximo respeto nacional e internacional hacia la independencia y la función jurisdiccional”. Aunque es de general aplicación, el recado se dirigía a políticos españoles y extranjeros (Hugo Chávez, Maduro, Zapatero, Rajoy, Bono) que han comentado en clave política o partidista las querellas tramitadas en el Tribunal Supremo contra Garzón y el auto del juez Eloy Velasco sobre los indicios de cooperación del Gobierno venezolano con ETA y las FARC.

Esos comentarios y sus ecos mediáticos tratan de influir en los procedimientos judiciales en curso y tienden a producir “un inmerecido efecto deslegitimador de la labor de los jueces, provocando la desconfianza en un poder básico del Estado”. Amén. Y como de respetar los procedimientos se trata, por encima de simpatías o antipatías que anidan en el órgano de gobierno de los jueces, donde conviven dos “sensibilidades”, vamos a atenernos a los trámites a seguir por el CGPJ de cara a la rumoreada suspensión de funciones del Garzón.

Hoy mismo se reúne la comisión permanente del CGPJ, en la que muy posiblemente se tratarán algunos aspectos del escrito de alegaciones presentado por Garzón con el fin de evitar su suspensión. Las recusaciones planteadas, por ejemplo. Pero no de la suspensión misma. Por dos razones. Primera, porque eso debe hacerlo el pleno (el próximo se celebrará el miércoles 24), Y segunda, porque no es el momento procesal de hacerlo, en contra de lo que se está diciendo.

A saber: el órgano de gobierno de los jueces sólo suspenderá a Garzón de sus funciones jurisdiccionales si el Tribunal Supremo decide abrir juicio oral contra él, por las tres causas que tiene abiertas, o por alguna de ellas, según fuentes seguras que ayer tuve ocasión de consultar. Insisto: el CGPJ suspenderá a Garzón en sus funciones sólo cuando el Tribunal Supremo le comunique la apertura del juicio oral, que en el procedimiento abreviado equivale al procesamiento.

Eso es lo que dice la jurisprudencia, lo que se ha hecho en otras ocasiones. Es verdad que en el caso juez Ferrín Calamita bastó la admisión a trámite de la querella para ser suspendido de sus funciones judiciales. La diferencia es que entonces el fiscal no solamente acusaba sino que se sumó a la querella. En el caso de Garzón, como es sabido, el fiscal no solamente no ha presentado acusación en el Tribunal Supremo, que es la vía jurisdiccional, sino que ante el Consejo General del Poder Judicial, que es la vía disciplinaria, ha presentado un escrito en el que estima improcedente la suspensión de funciones.

El Confidencial - Opinión

Aído fracasa en Bruselas

Justo en la jornada en la que se celebraba el Día de la Mujer trabajadora, la Presidencia española de la UE sufrió ayer un serio revés al ver cómo una de sus prioridades sociales para este semestre –la creación de un Observatorio Europeo sobre Violencia contra las Mujeres– se quedaba sin entidad propia, en una entelequia. Existirá, pero no será un nuevo órgano específico como defendía el Ejecutivo español, por lo que no tendrá ni una estructura propia ni, por supuesto, un presupuesto que le haga ser operativo y verdaderamente eficaz. Así lo decidieron los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la UE, que derivaron sus competencias a dos agencias que ya existen: el Instituto Europeo de Igualdad de Género y la Agencia Europea de Derechos Fundamentales. La realidad –por mucho que la titular de Igualdad española maquillase el fracaso diciendo que veía lógico que las funciones del Observatorio las asuman agencias comunitarias que ya existen– es que Bibiana Aído no convenció a sus homólogos sobre la necesidad de su existencia como ente propio e independiente para establecer un «diagnóstico común» sobre el problema de la violencia de género y elaborar instrumentos europeos para combatirla. Sin embargo, para este camino no eran necesarias tantas alforjas. Con sentido común, el resto de los ministros con competencias en esta materia consideraron que se duplicarían competencias entre órganos de la UE, algo innecesario y gravoso para el ciudadano, más aún en tiempos de crisis. Así, una de las «iniciativas estrella» de la Presidencia española, se ha quedado en agua de borrajas.

Algo parecido sucedió la semana pasada cuando la otra iniciativa española para luchar contra la violencia de género –la orden de protección para las víctimas– también fue paralizada en la reunión de los ministros de Justicia de los 27. La propuesta española encallaba en un aspecto básico, ya que no se tenían en cuenta las diferencias legislativas entre los Estados miembros. Aunque Bruselas ha acogido bien estas dos propuestas, también cabe precisar que han reprochado tácitamente al Gobierno español la falta de un trabajo de base para que éstas prosperen y sean realistas y fructíferas.

La UE es consciente de que la violencia de género es un problema de primer orden que hay que atajar cuánto antes. Según el informe «Mujeres asesinadas por su pareja. España 2000-2009», 629 féminas fallecieron en nuestro país a manos de sus compañeros. El Gobierno español ha hecho de este conflicto una de las grandes bazas políticas por las que se medirá el éxito o el fracaso de su Presidencia. No en vano sería una reválida para el Ministerio de Aído, cuya existencia es tan cuestionada. Sin embargo, la pobre acogida que han tenido las dos propuestas, por irrealizables, revela que Igualdad no ha hecho bien los deberes. Ambos proyectos carecen del rigor necesario para convertirse en una realidad y evidencian un desconocimiento del funcionamiento interno de la UE que debería invitar a la reflexión. En vez de quedarse en una declaración de buenas intenciones, las acciones del departamento de Aído contra la violencia de género necesitan de propuestas más sólidas y mejor articuladas para ganar credibilidad en el ámbito comunitario.

La Razón - Editorial

El problema con Chávez

Con un procedimiento judicial abierto, el asunto no se resolverá sólo con declaraciones políticas

El domingo, Zapatero se felicitaba de que el asunto de la supuesta cooperación del Gobierno venezolano con ETA hubiera servido para que Chávez emita "un pronunciamiento claro contra el terrorismo". En parecidos términos se pronunció el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, para quien el comunicado conjunto firmado por ambos Gobiernos el sábado "zanja cualquier polémica". Es posible que ese escrito anuncie un cambio de actitud de Caracas al respecto, pero eso sólo se sabrá a la luz de las medidas que tome para investigar las acusaciones vertidas en el auto del juez Velasco.

De momento lo que hay es una declaración del ministro venezolano de Exteriores, Nicolás Maduro, en el que, lejos de mostrar su disposición a cooperar con el juez, le descalifica burdamente y aprovecha el viaje para arremeter contra el ex presidente Aznar en términos similares a los que provocaron el "por qué no te callas" del Rey a Chávez en la cumbre iberoamericana de noviembre de 2007 en Santiago. Dar por zanjado el asunto parece voluntarista: el Consejo General del Poder Judicial ha salido al paso de los insultos de Maduro contra el juez (le llama mafioso), y la oposición ha exigido una comparecencia parlamentaria de Zapatero para dar explicaciones sobre lo que considera actitud confusa, por un lado, y condescendiente con Chávez, por otra, del Gobierno.

El comunicado conjunto incluye un compromiso de colaboración judicial y policial (se supone que contra ETA), pero evita referirse al auto judicial. En su lugar lo hace a informaciones periodísticas, que es una forma de rebajar los indicios, de bastante peso, que contiene la resolución. El Gobierno español ha justificado esa mención diciendo que figura en una frase que sólo asume el Gobierno venezolano, y no ambos firmantes.

La primera reacción de Caracas fue decir que todo era fruto de una manipulación del ordenador del número dos de las FARC, Raúl Reyes, muerto hace dos años en un ataque del Ejército colombiano. Es cierto que la información de base del auto procede de las autoridades colombianas, pero ya en 2008 agentes de los servicios de información españoles viajaron a Bogotá para investigar los indicios, y poco después lo hizo el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Fruto de su trabajo fue la apertura del sumario que ha dado lugar al auto ahora conocido.

No se trata, por tanto, de una mera especulación o de un show inspirado por Estados Unidos, como dijo Chávez, sino de un asunto grave, de naturaleza judicial, que no se va a disolver con declaraciones políticas o diplomáticas. El auto pide al Gobierno que realice gestiones para la extradición de los etarras y miembros de las FARC procesados, aunque será previa su detención, que deberá tramitarse a través de la Interpol. En 2002, Chávez (al margen de los procedimientos de extradición) ordenó la detención y entregó a España a dos etarras, Víctor Galarza y Sebastián Etxaniz, y de otro más en 2003.

El País - Editorial

Zapatero al rescate de Garzón

El lamentable doble rasero judicial que exhibe Zapatero da pie a pensar en que, quizás, no tenga más remedio que hacer lo que ya ha hecho: ponerse en un clamoroso ridículo que ni sus terminales mediáticos pueden dulcificar.

Lo que empezó como un triunfo de unaa Justicia que, por fin, estaba empleándose con Baltasar Garzón por sus innumerables irregularidades, se ha terminado convirtiendo en un indigno sainete político-judicial. Y todo a causa de las repetidas injerencias de Zapatero que, como ha afirmado el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, da fe de "una irresponsabilidad absolutamente supina y difícilmente superable". Es, aparte de inédito, inconcebible que el mismo presidente del Gobierno salga a la palestra para defender a un juez que se encuentra frente a tres querellas y muy desprestigiado de cara a la opinión pública.

Los jueces, por descontado, no deben ser inmunes a la crítica; de hecho es saludable si ésta proviene de la sociedad civil y está avalada por los hechos, pero esa crítica es inadmisible si quien la ejerce es el poder político, que, al menos en España, tiene en sus manos la elección de los miembros del Consejo de Gobierno de los jueces. Se trata, pues, de una amenaza velada sobre sus miembros y una intrusión injustificable en uno de los poderes del Estado, que deberían ser completamente impermeables a la política por una cuestión de elemental higiene democrática.

El cable que ha echado Zapatero a su juez predilecto tiene, además, trampa y cartón. Destacando los méritos del magistrado en la lucha contra la ETA, el presidente del Gobierno oculta los méritos en sentido contrario, como las decisiones que tomó a favor de la banda cuando el Gobierno se encontraba enfangado en plena negociación, o la dilación en el caso Faisán. Esa es la trampa, el cartón consiste en que ninguna de las tres querellas que enfrenta Garzón en el Supremo tienen que ver con la lucha antiterrorista. La primera es por el intento de abrir una causa general contra el franquismo, la segunda por la inadecuada instrucción del caso Gürtel, y la tercera por haber recibido fondos del Santander durante su estancia de estudios en Nueva York entre los años 2005 y 2006 sin reconocer más adelante ningún conflicto de competencias para enjuiciar a sus benefactores. De las tres, dos de ellas sirvieron en su momento como pantallas judiciales para la acción del Gobierno.

Pero como las desgracias nunca vienen solas, Zapatero no sólo se mete donde no le llaman y donde no puede meterse, sino que se abstiene de intervenir donde sí debe de hacerlo, como es el caso de los duros ataques que otro juez, Eloy Velasco, ha sufrido por parte del Gobierno venezolano. Nicolás Maduro, ministro de Exteriores de Chávez, ha dicho bien alto que Velasco está vinculado con "la mafia de Aznar", un intolerable insulto para un miembro de la judicatura española con una hoja de servicios impecable. Pero Zapatero, tan solícito por defender a Garzón, no ha dicho nada respecto a Velasco, realmente ultrajado, y no por la Justicia, sino por un Gobierno extranjero y dictatorial.

El lamentable doble rasero judicial que exhibe Zapatero da pie a pensar en que, quizás, no tenga más remedio que hacer lo que ya ha hecho, poniéndose en un clamoroso ridículo que ni sus terminales mediáticos pueden dulcificar. Son bien conocidos los dosieres que han hecho de Garzón el juez más poderoso y temido de España. Una defensa tan apasionada del magistrado, aparte de los la afinidad ideológica que pueda tener con el Gobierno, da realmente que pensar.

Libertad Digital - Editorial

El PSOE rompe las reglas otra vez

LAS presiones del Gobierno y del PSOE al Tribunal Supremo para favorecer al juez Garzón son una temeridad que pone en crisis la división de poderes y la estabilidad del sistema democrático.

Es inaceptable que el máximo responsable del Poder Ejecutivo destaque «la valentía» de Garzón frente al terrorismo y que el presidente de Las Cortes califique de «disparate» la situación procesal de este juez. Ambos pronunciamientos demuestran la intolerancia endémica que muestra el socialismo hacia la independencia judicial cada vez que llega al poder y la preferencia que da a sus intereses políticos sobre el respeto a la reglas del juego democrático y, especialmente, al principio de legalidad. La actitud maniquea del Gobierno y de los socialistas al retratar a Garzón como víctima de una conspiración es un desprecio a todos los que, con el máximo respeto a la legalidad, demostraron ser, al menos, tan valientes como este juez frente a ETA. Muchos no viven para contarlo. Pero esta «valentía» no exime de responsabilidad a nadie cuando ha podido cometer un delito.

Nadie tan valiente frente a ETA como algunos de los miembros de la Guardia Civil destinados en Intxaurrondo, luego condenados por delitos muy graves cometidos en las personas de terroristas. Y valientes lo son otros muchos jueces y fiscales que, sin tanta protección política o mediática, se han enfrentado a ETA con todo en contra, como hizo el juez Grande Marlaska, que mantuvo la acción judicial contra el terrorismo etarra mientras el Gobierno negociaba políticamente con los terroristas y éstos recibían «chivatazos» que los alertaban de una inminente detención entre sus filas de extorsionadores. Hay que acordarse ahora de las acusaciones brutales que se dirigían contra Marlaska por ser coherente con su función constitucional, lo que a punto estuvo de costarle la vida en 2007, cuando un grupo de terroristas quiso matarlo con una bomba en su casa de Ezcaray. No es ningún «disparate» que un juez responda de sus actos, sea quien sea el que lo acuse. Gustarán más o menos las ideologías de quien lo acuse, pero la igualdad ante la Ley y la independencia judicial no puede eximir de culpas penales atendiendo a quién sea el acusador. Las palabras de Rodríguez Zapatero y José Bono -al fin contestadas ayer por el CGPJ con acierto- son impropias de los cargos que ocupan y retratan la deslealtad del socialismo español hacia las instituciones que no se pliegan a sus intereses políticos. No aprenden de sus errores.

ABC - Editorial

¿Ministro de quién?. Por José María Carrascal

HAY veces, demasiadas veces, en las que Miguel Ángel Moratinos más parece el Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, de Cuba o de Venezuela que de España. Por ejemplo, cuando visita Gibraltar como si el Peñón fuera un territorio extranjero, en vez de ser una colonia en nuestro territorio, concediendo con ello a los gibraltareños atributos que sólo les otorgan los ingleses, contra todas las resoluciones de la ONU, dicho sea de paso. O cuando defiende en Bruselas el levantamiento de las sanciones impuestas a Cuba, contra el parecer del resto de los países comunitarios, opuestos a dar facilidades a un régimen que deja morir a sus opositores en condiciones infrahumanas. Aunque nunca lo pareció más que cuando le dijo a Chávez que el gobierno español nada tenía que ver con el auto del juez Velasco sobre las actividades de los etarras en Venezuela. O sea que, en vez de pedirle explicaciones, como nos había dicho Zapatero -no sabemos si mintiendo o equivocándose, con este hombre nunca se sabe-, lo que hizo fue darle explicaciones al caudillo bolivariano, como gusta llamarse. Para llegar al colmo de la impudicia al acordar con su colega venezolano un comunicado conjunto donde se refuta el auto de un magistrado de la Audiencia Nacional. Pocas veces habrá caído tan bajo la política exterior española.

¿Qué están tramando los servicios jurídicos del ministerio que preside Moratinos con el auto del juez Velásco? ¿Le están buscando puntos flacos para no cursarlo? ¿Intentan que el magistrado le lime las aristas? ¿O le están dando largas, con la esperanza de que se olvide, como se olvidan los incidentes en torno a Gibraltar? No lo sé. Lo único que sé es que este Ministerio de Asuntos Exteriores no está defendiendo los intereses de España, sino los del gobierno al que pertenece, que hace aguas por todas partes. Un gobierno que se ha equivocado prácticamente en cuanto ha hecho y al que ahora le llegan las facturas de sus equivocaciones, en la economía, en la ordenación territorial, en la acción exterior y en unir al país. Pero en vez de reconocer esos errores, intenta que sean España y los españoles quienes paguemos por ellos. Ya lo estamos haciendo. Con el doble de parados que los países de nuestro entorno, con las más bajas perspectivas de recuperación, con el mayor desprestigio en los foros internacionales y con todo tipo de humillaciones a manos de los sátrapas hispanoamericanos. Pero ésta ha sido y sigue siendo su hoja de ruta. ¿Por qué creen ustedes que Moratinos dura tanto en el gobierno Zapatero? Pues porque nadie defiende mejor su política de resentimiento y acoso a lo que España representa que su ministro de Asuntos Exteriores. En realidad, Moratinos es Zapatero sabiendo idiomas. Casi preferimos el original que la copia. Al menos miente sólo en español.

ABC - Opinión

El error Haidar. Por Ignacio Camacho

PUEDE que Marruecos nunca se arrepienta bastante del error que cometió con Aminatu Haidar. Fuese por un gesto de excesiva prepotencia o por un defecto de cálculo en su confianza respecto al Gobierno español, la crisis que provoco el desafío de la activista ha tumbado dos décadas de política de hechos consumados en el Sáhara y ha revivido un estado de opinión pública negativo para los intereses de la monarquía alauita. Las autoridades marroquíes lo saben, aunque no puedan admitirlo. Saben, y les preocupa, que han dado un paso atrás. Y que han resucitado un problema que tenían muy bien embocado a su favor.

El protagonismo paralelo de Haidar en la cumbre euromarroquí de Granada es un síntoma de ese atasco. La lucha sacrificial de Aminatu ha despertado la simpatía de la ciudadanía española por la olvidada causa saharaui, que Marruecos había situado en vía muerta con la complicidad del zapaterismo. El Gobierno de Mohamed VI ha sabido trabajar con astucia; ha llenado de colonos mestizos el territorio en disputa, ha estancado las soluciones de la ONU, ha complicado el censo de un hipotético referéndum, ha pactado con disidentes polisarios, ha aglutinado a todas las tendencias internas y estaba a punto de desactivar el ya lánguido compromiso español cuando minusvaloró la resistencia de esa menuda mujer llena de determinación y coraje. En el mes de huelga de hambre, Aminatu ha vuelto a aglutinar a la izquierda española y ha agitado un estado de opinión desmayado. Alas para el Polisario, plomo para el plan de autonomía controlada que Rabat impulsa como sucedáneo de salida para un conflicto imposible.

Ahora el desperezado activismo saharaui compromete incluso el discurso reformista de Mohamed Sexto. Los líderes de la Unión Europea, que lo necesitan como socio preferente en el delicado tablero del Magreb, le han exigido en Granada avances en los derechos humanos, un aspecto sensible en el que Marruecos se esfuerza por aparentar regeneración al punto de haber constituido incluso una Comisión de la Verdad que ha indemnizado a víctimas de la represión de Hassan II. El caso Haidar minimiza esos empeños y endurece la imagen de una Corona que, en efecto, ha emprendido reformas estructurales sólidas, pero a cuyo camino hacia la normalidad democrática le falta aún mucho recorrido. Y además ha maniatado la colaboración del Gobierno español, al que le apuntan por la izquierda flecos de disidencia que ya no puede tapar sin generar antipatía ciudadana. Aminatu ha ganado mucho más que una batalla de dignidad; ha reequilibrado un pulso político y diplomático que su bando tenía prácticamente perdido.

A veces, una sola persona puede cruzarse en un designio histórico. Marruecos -quizá tampoco España- no lo comprendió cuando decidió impedir el regreso desafiante de Aminatu Haidar. Ahora su Rey camina con un pedrusco del desierto incrustado en su babucha.

ABC - Opinión

Entre Chávez y Parot. Por Emilio Campmany

¿Por qué será que a los españoles apenas nos sorprende que el Gobierno de Zapatero proteja a ETA?

En el Berlín de la primavera de 1945, la seguridad del desastre era tal, que para sobreponerse al terror que les provocaba pensar en el futuro los berlineses llegaron a reírse de su porvenir con chistes de tan dudoso gusto como el que decía: "Sé práctico, cómprate un ataúd". Los desastres que nos asolan son de tales proporciones que nuestro Gobierno parece igualmente empeñado en hacer chistes sobre su propia incompetencia. Después de que una investigación judicial descubriera inequívocas conexiones de Chávez con la ETA, no contento con pedirle perdón al dictador porque lo que era un secreto a voces se supiera, va nuestro Gobierno y hace un comunicado conjunto con el venezolano para eximir a éste de toda responsabilidad. Es como si, tras el 11-S y viendo que Al Qaeda goza de la protección de los talibanes, el Mulá Omar y Bush hubieran hecho un comunicado conjunto para afirmar que Kabul no tiene ninguna culpa de lo ocurrido. Es para partirse.

Encima, por si eso no fuera poco, nos enteramos de que el abnegado servidor del Estado, el catedrático Gómez Benítez, ofreció a la banda terrorista un giro en la aplicación de la doctrina Parot. Para quienes no la recuerden, tal doctrina establece que las redenciones de penas, cuando se tenga derecho a ellas, no se aplican sobre el tiempo máximo que uno puede estar en la cárcel, sino sobre cada una de las condenas que uno haya sufrido. Así, el etarra que, como Henri Parot, es condenado por varios asesinatos a miles de años de prisión, pero que sólo cumplirá el máximo legal, no puede descontar las redenciones a que tenga derecho de ese máximo legal, sino que tiene que hacerlo de los miles de años a los que fue condenado. La doctrina significa en la práctica que, cuando alguien es condenado a muchos más años de los que legalmente puede permanecer en la cárcel, tendrá que estar allí hasta cumplir el máximo establecido por más años que redima.

Pues bien, al parecer Gómez Benítez ofreció a la ETA dar un vuelco a esta doctrina. No se sabe si lo iba a hacer convenciendo a los magistrados del Supremo o a los del Constitucional, que todavía están pendientes de resolver el recurso de Henri Parot. Lo probable es que se refiriera al Constitucional por varias razones. La primera es que tal Tribunal todavía no se ha pronunciado sobre el asunto, con lo que no tiene que desdecirse para hacer caso a Gómez Benítez. Además, el Constitucional es más sensible que el Supremo a las influencias del Ejecutivo. Y, finalmente, porque es posible, aunque no obvio, que la doctrina Parot sea en efecto inconstitucional.

En ambas historias puede contemplarse a nuestro Gobierno protegiendo a la ETA. En Venezuela, evitando que la obvia conexión venezolana con la organización terrorista tenga consecuencias judiciales y diplomáticas. Y en la negociación con la banda, ofreciendo lo que constitucionalmente no tiene capacidad de hacer, esto es, torcer la mano de los jueces en beneficio de los asesinos. Y, sin embargo, ¿por qué será que a los españoles apenas nos sorprende que el Gobierno de Zapatero haga esta clase de cosas?

Hemos llegado a un punto de resignación similar al de los berlineses de 1945. Es verdad que todavía no tememos por nuestras vidas, sino sólo por nuestras haciendas y por nuestro país, pero por lo demás, el desánimo es parecido. Pronto haremos chistes del tipo: "Sé práctico, nacionalízate australiano".

Libertad Digital - Opinión

¿Cuándo se torció la democracia?. Por Gabriel Albiac

¿CUÁNDO empezó a torcerse todo? Porque se torció, no hay duda. Hasta llegar a este cínico malvivir, soportando a una impune casta de políticos corruptos que acumula en sus manos todos los poderes. Sin contrapeso.


Que un grupo numeroso de jueces haya hecho explícito lo que es la maldición de este país puede que sea el acontecimiento moral más serio de estos años. Porque lo que los 1.400 proclaman en su Manifiesto por la despolitización y la independencia judicial es seca constancia de aquello sobre lo cual se han erigido los ya tres decenios de corrupción, y sobre cuyo blindaje se asienta el privilegio de los partidos. También, la ruina de la nación. En lo moral como en lo económico.

Nada extraordinariamente nuevo dice este Manifiesto. Fecha el punto de inflexión. Es todo. 1 de julio de 1985. Ley Orgánica del Poder Judicial. A la medida del PSOE de un Felipe González cuya mayoría absoluta se maquinaba entonces ilimitada en el tiempo. Hasta ese día, la Constitución de 1978 había logrado salvar, al menos, esa tabla del colectivo naufragio abierto por el populismo neoperonista que teorizara Alfonso Guerra, al llamar a poner en marcha la máquina de hacer decretos y a enterrar, de una vez, a Montesquieu y su maldito constitucionalismo.

Siey_s formuló un día de hace más de dos siglos que un Estado que no garantiza y blinda la autonomía de los poderes no posee Constitución; todo lo más, un remedo o una máscara. Es, con toda exactitud, lo que aquella nefasta Ley Orgánica puso en pie frente al texto constitucional que, en el 78, garantizaba la elección por los jueces de su órgano de gobierno. A partir del 85, el Consejo General del Poder Judicial fue nombrado directamente por los partidos con representación parlamentaria, en proporción exacta a sus propios escaños. Con las palabras, ahora, de los 1.400 jueces, «la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 procedió a desposeer a los jueces y magistrados de su originario derecho a elegir a 12 de los 21 miembros integrantes del CGPJ (derecho que ya venían efectivamente ejerciendo conforme a su precedente Ley Orgánica de 1980) transfiriendo íntegramente al parlamento la elección de todos ellos». Y, sí, claro que sí, el Consejo General del Poder Judicial pasó desde ese día a ser eso que el Manifiesto describe como un clon o un calco del mapa parlamentario y un brazo ejecutor de los partidos en él representados.

Todo juez español sabe que el destino de su carrera depende, en muy buena parte, del Consejo. Y que el Consejo pertenece a quien pertenece: a quien nombra a sus miembros. «Los nocivos efectos de este degradado uso partidista del nuevo sistema no se hicieron esperar. Rápidamente fueron quedando impregnadas del mismo tinte político las más relevantes decisiones del órgano así elegido». La locura va camino de consumarse en farsa, mediante su multiplicación por 17, para que también los caciques de cada Comunidad Autónoma se sepan tan invulnerables cuanto sus jefes nacionales.

Podemos jugar a engañarnos. Aunque somos lo bastante adultos como para saber que nos estamos engañando y por qué miedos o intereses lo hacemos. Podemos seguir llamando a esto en lo cual vivimos democracia. Pero sabemos que cuando Moratinos, a las órdenes de su jefe, busca torcer el auto judicial que molesta a un caudillo bananero con el cual se hace jugoso negocio es porque ni siquiera puede pasársele por la cabeza que un juez sea otra cosa que un subordinado del Gobierno. Del cual pende, en cada instante, el futuro -o el no futuro- de su carrera. Sí, en 1985 se torció todo. Hasta llegar al borde del abismo. En donde estamos.

ABC - Opinión

El valiente Garzón. Por José García Domínguez

Será que la suprema prueba de gallardía frente al nacionalismo criminal consiste en hacer vida en Madrid, rodeado de policías, escoltas, coches blindados, cámaras de seguridad y focos de televisión.

Siempre a la vanguardia de los zapadores empecinados en dinamitar el orden constitucional, el feliz ejemplo de acoso a la Justicia de los catalanistas, al fin, ha abierto la veda del Tribunal Supremo. Y es que, hasta la llegada de Zapatero, en el pim, pam, pum contra los cimientos mismos del Estado, por lo menos, se respetaban las apariencias. Ahora, ni eso. Así, el montepío de los abajofirmantes de guardia con momio en el pesebre ya no muestra el menor recato antes de lanzar públicos avisos a navegantes contra jueces y magistrados díscolos. Al siciliano modo, o a la catalana forma, que tanto monta, el Tribunal llamado a juzgar a Garzón se ve sometido a directa, indisimulada coacción con tal de que exonere a su reo de obedecer el mandato de la Ley.

Pues lo más estupefaciente del asunto es que ni siquiera las barras bravas de Baltasar predican la inocencia del número dos de Mister X. Que el muy improbable becario del Santander haya violentado principios, normas y decencias jurídicas varias, diríase que les trae sin cuidado. De ahí los dos argumentos-chirigota que presiden la campaña de agit prop contra la independencia del Supremo. El primero, regurgitado ad nauseam desde la antesala misma del Consejo de Ministros hasta la última zahúrda mediática de Ferraz, sentencia que la verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero... siempre y cuando, claro está, el asunto no afecte al compañero Garzón o en la querella luzca, inaceptable, la rúbrica de Manos Limpias.
Más falaz aún, el segundo acaba de exponerlo Zetapé en persona. Con esa pericia tan suya para siempre mezclar velocidad y tocino, el presidente apela ahora al "valor" mostrado en el proceder administrativo contra ETA como castiza eximente testicular de todas sus trapacerías. Será entonces que el resto de los jueces de la Audiencia Nacional forman una medrosa pandilla de gallinas cluecas. Y que la suprema prueba de gallardía frente al nacionalismo criminal consiste en hacer vida en Madrid, rodeado de policías, escoltas, coches blindados, cámaras de seguridad y focos de televisión. Uf, seguro que ni el Capitán Trueno ni Crispín tendrían agallas suficientes con tal de sobrellevar tan temerarios riesgos cotidianos. Ya lo decían los chicos de Radio Futura: "Hace falta valor...".

Libertad Digital - Opinión

Cuba, la mano que mece la cuna

EL comunicado conjunto emitido por los Gobiernos de España y Venezuela no va a ser suficiente para tapar el escándalo de la cooperación del régimen chavista con la alianza terrorista formada por ETA y las FARC. Rodríguez Zapatero se ha equivocado gravemente al dar la cara por Hugo Chávez y desamparar a la Justicia española. El error no es nuevo para el Gobierno socialista, que en otras ocasiones ya trató de entorpecer o deslegitimar la acción antiterrorista de algunos jueces de la Audiencia Nacional cuando no le convenía políticamente la persecución a ETA. Ahora, la presencia del régimen totalitario de Chávez como muñidor de coaliciones criminales ha hecho que el Gobierno socialista vuelva a pervertir las prioridades que le correspondería defender por interés nacional. Si Zapatero prefiere a Hugo Chávez antes que a la Justicia española, las consecuencias políticas no se harán esperar.

Pero el problema se agrava para el Gobierno, porque detrás del régimen venezolano está la Cuba castrista, reiteradamente aludida en el auto de procesamiento dictado por el juez Eloy Velasco contra varios miembros de ETA y de las FARC. A las pruebas contra el Gobierno de Chávez -correos electrónicos incautados en el ordenador del terrorista Raúl Reyes, declaraciones de ex miembros de las FARC, nombramiento del etarra Arturo Cubillas como alto cargo del Ministerio de Agricultura, apoyo de militares venezolanos a los movimientos de etarras y miembros de las FARC por Venezuela- se unen las que apuntan al régimen comunista de Cuba. En esta isla fue donde algunos etarras deportados idearon a principios de los noventa la colaboración de ETA con las FARC y donde se celebraron los primeros encuentros entre dirigentes de ambas organizaciones, de las que salieron compromisos para el entrenamiento conjunto en campos de los terroristas colombianos en suelo venezolano. Vista la primera reacción del Gobierno español, que pide explicaciones al juez Velasco y no al presunto cooperador de ETA, el Gobierno de Chávez, poco o nada ha de esperarse en relación con Cuba, dictadura mimada de la diplomacia española ante Europa y el resto de la comunidad internacional.

ABC - Editorial

Cuatro minutos. Por Arturo Pérez Reverte

Me llegan, por amigo interpuesto, los comentarios de uno de los infantes de marina que estaban en el Índico durante el secuestro del Alakrana –del que, por cierto, nadie explicó de modo satisfactorio qué bandera llevaba izada, o no, cuando le dijeron buenos días–. El citado mílite es uno de los que intervinieron en la persecución de los piratas somalíes cuando éstos, después de trincar la pasta, salieron a toda leche para refugiarse en la costa. Viniendo de donde vienen, no es raro que los comentarios revelen insatisfacción por las órdenes recibidas y por el grotesco desenlace. Desde su comprensible anonimato, el infante de marina se desahoga, contando que los malevos estuvieron a tiro, pero las órdenes eran no disparar bajo ningún concepto, pues nadie estaba dispuesto a admitir muertos ni heridos en aquel sainete.

Todo es conocido de sobra, y no merece volver sobre ello. Pero hay una frase que tengo por significativa, porque explica no sólo lo del Alakrana, sino muchas otras cosas: «Tuvimos de tres a cuatro minutos para detenerlos. Pedimos órdenes y hubo silencio». Con esas interesantes palabras en el aire, les invito a un bonito e instructivo ejercicio. Cierren los ojos e imaginen. Lo han visto veinte veces en el cine o la tele: las lanchas de los piratas zumbando hacia la playa, los infantes de marina teniéndolos en el punto de mira y con la posibilidad de bloquearles el paso, y el jefe del operativo pidiendo por radio instrucciones a sus superiores. «Permiso para intervenir», o algo así. Dice. Y ahora trasládense a Madrid, al gabinete de crisis o como se llame lo que montaron allí. También, en este caso, las películas nos facilitan el asunto: un mapa del Índico en una pantalla en la pared, pantallas de ordenador, la ministra de Defensa con las gafas puestas, el JEMAD ese de la barba que siempre va de azul, el resto de la plana mayor y toda la parafernalia. Con el pesquero liberado previo pago de su importe, todos más pendientes ya del telediario que de otra cosa. Y la voz que viene del Índico sonando en el altavoz: «Tenemos tres o cuatro minutos y solicitamos órdenes. Repito: solicitamos órdenes». El reloj en la pared haciendo tictac, o lo que hagan los relojes de los gabinetes de crisis, y la ministra, y el de la barba, y el resto de artistas, mirándose unos a otros, callados como putas. Y más tictac. Nadie dice «bloquéenlos», ni nadie dice «déjenlos escapar». Sería mojarse demasiado en uno u otro sentido, y las palabras las carga el diablo. Tanto el «sí» como el «no» pueden causar problemas en las tertulias radiofónicas y los titulares de los periódicos, según vayan éstos a favor o en contra del Gobierno. Así que punto en boca. Silencio administrativo, cuatro minutos, uno detrás de otro, mientras allá abajo, en el mar, los infantes de marina, el dedo en el gatillo y locos por la música, que para eso están, blasfeman en arameo, por lo bajini, mientras ven cómo se escapan los flacos con la pasta. Y al cabo, la desolada frase final: «Han llegado a la playa». Suspiro de alivio en el gabinete de crisis. Fin de la historia.

Les cuento la escena –imaginaria, aunque no tanto– por si ustedes llegan a la misma conclusión que yo. Esos cuatro minutos de silencio no son los del Alakrana. Son todo un síntoma, una marca de fábrica. Una manera de entender la vida en este pintoresco lugar llamado España porque de alguna manera hay que llamarlo. Esos cuatro minutos de silencio se dan a cada instante, en cualquiera de las diarias manifestaciones de nuestra estupidez, nuestra mala baba y nuestra impotencia. Calla siempre, los cuatro minutos precisos, el político de turno, y el policía, y el juez, y el periodista, y el vecino del quinto. Callamos todos ante lo que vemos y oímos, pendientes del tictac del reloj, esperando que el tiempo aplace, resuelva, permita olvidar el problema. Una cosa es la teoría, las declaraciones oficiales, la España virtual. Qué ligeros de lengua somos legislando para un mundo perfecto, con nuestra inquebrantable fe en el hombre –y en la mujer, que diría Bibiana–. Y qué callados nos quedamos, como la otra ministra y el de la barba, cuando la realidad se impone sobre nuestra imbecilidad endémica. Cuando el maltratador defendido por la maltratada, el corrupto reelegido para alcalde, el violador reincidente, el terrorista que apenas paga su crimen, el hijo de puta menor de edad, la tía marrana que aprovecha la ley para vengarse del marido inocente, el pirata somalí que rompe el tópico del buen negrito, nos meten el Kalashnikov por el ojete. Entonces nos quedamos callados, no sea que la vida real nos reviente la teoría obligándonos a señalar al rey desnudo. Y así, de cuatro en cuatro, pasan los minutos de nuestra cobardía.

XL Semanal

Disculpándose ante Chávez. Por José María Carrascal

«LOS gobiernos de España y Venezuela ratifican su más enérgica condena del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones», dice el comunicado conjunto hecho público por ambos gobiernos.

¡Pues vaya cosa! Sólo faltaría que apoyaran el terrorismo. Pero ¿qué hay del auto del juez Velasco, donde se habla de la cooperación gubernamental venezolana con las FARC y ETA y se pide al Ministerio de Asuntos Exteriores español que «practique las gestiones pertinentes ante las autoridades venezolanas para que cooperen en la entrega de algunos de los procesados», concretamente la de los residentes en Venezuela, uno de ellos, Arturo Cubilla, que ha ocupado cargos en aquel gobierno? Pues miren ustedes lo que hay, según el comunicado conjunto que Moratinos ha presentado como un triunfo: «El gobierno venezolano refuta y desmiente las informaciones publicadas sobre una supuesta colaboración con la organización terrorista ETA, cuyas actividades rechaza sin paliativos». O sea, que el auto del juez Velasco es una patraña. Tras lo cual, que ambos gobiernos reiteren su compromiso de seguir colaborando en los ámbitos judicial y policial parece más un chiste que un documento oficial. Si querían colaborar de verdad en esos ámbitos, España hubiese tenido que haber enviado ya ese auto a Venezuela, cosa que aún no ha hecho, y Venezuela hubiese tenido que demostrar que es una patraña. En vez de eso, lo que hacen es salirnos con una declaración rebosante de términos pomposos y orgullos heridos. Lo que nos advierte que si este asunto empezó mal, está terminando peor. Peor para España, naturalmente, pues a Chávez le ha dado la oportunidad de sacar otra vez a relucir todo el resentimiento que puede acumular un matoncillo ante quienes se achantan ante él, que es lo peor que puede hacerse ante los matones.

Moratinos lo hizo, al asegurarle que Zapatero no había pedido «explicaciones» -como todos le oímos- sino «aclaraciones» a Venezuela por la colaboración con ETA denunciada por un magistrado español. Y ahora ha tenido que tragar que el gobierno venezolano desmienta tal denuncia. ¿Cuál va a ser la próxima? ¿No dar curso al auto del juez Velasco por tales o cuales razones jurídicas? ¿Movilizar a todos sus peones en la justicia española para paralizar al magistrado de la Audiencia Nacional? ¿Aceptar el no rotundo de Caracas? ¿O no insistir si da la callada por respuesta? Capaz es de cualquiera de esas cosas y de otras más graves. A fin de cuentas, la presencia y actividad de ETA en Venezuela no es que sea un secreto a voces, es que ni siquiera es un secreto. ¿La última prueba? José Lorenzo Ayestarán, miembro del comando detenido hace poco en Francia, procedía de Venezuela, donde se había «recuperado» de su labor asesina. Esperemos que Moratinos no se haya disculpado por su detención.

ABC - Opinión

Los amigos de Garzón

DURANTE muchos años, Baltasar Garzón ha ejercido a conciencia el papel de juez «estrella» con un protagonismo mediático que no se corresponde con la imagen propia de los miembros del Poder Judicial.

Ya fuera en el «caso Pinochet» o en cualquier otro asunto conflictivo, el magistrado ha exprimido la legislación procesal en busca de resquicios para asumir todo tipo de competencias, a veces discutibles. Ahora resulta que, en el estricto ejercicio de sus funciones, la sala de lo Penal del Tribunal Supremo estima que Garzón podría haber incurrido en un delito de prevaricación por extralimitarse en su investigación sobre determinadas víctimas del franquismo al aplicar a su manera la mal llamada «memoria histórica». Cuando las cosas no funcionan a su gusto, los entusiastas protestan ruidosamente y descalifican las reglas básicas de la normativa vigente que permiten al órgano competente exigir responsabilidades al magistrado. Al parecer, es obligatorio jalear a Garzón cuando interesa al Gobierno, por ejemplo, por su hiperactividad en trama Gürtel o su pasividad en el «caso Faisán». Por el contrario, hay que acusar a los magistrados del Supremo que admiten la existencia de indicios suficientes para imputarle por una posible conducta que consiste en dictar a sabiendas una resolución injusta. Es evidente que algunos manejan una doble vara de medir, con el argumento -jurídicamente intolerable- del supuesto «progresismo» de unos y de otros.

Todas las personas son iguales ante la ley, incluidos los jueces y magistrados que integran el poder judicial, y también -aunque a veces no lo parezca- el ciudadano Baltasar Garzón. El grupo de amigos que organizó ayer en Jaén un homenaje ruidoso está integrado por artistas y juristas que, salvo alguna excepción, comparten una ideología que, por lo visto, no les permite actuar de forma objetiva. Con todas las garantías legales, como es propio del Estado de Derecho, el magistrado ahora imputado podrá defenderse de las graves acusaciones que se sustancian ante el órgano jurisdiccional competente y que, en su caso, podrían llegar al CGPJ a adoptar medidas provisionales. Todo ello en el marco de la ley, a la que el famoso juez está sujeto lo mismo que los demás, aunque algunos le otorguen patente de corso.

ABC - Editorial

Papelón diplomático

El Gobierno pacta con Chávez un comunicado que no responde al fallo judicial

Los gobiernos de España y Venezuela intentaron ayer zanjar la polémica suscitada tras el auto de la Audiencia Nacional en el que se acusaba al régimen de Hugo Chávez de colaborar con las bandas terroristas ETA y FARC. En una extraña e insólita pirueta diplomática, el Ministerio de Asuntos Exteriores hizo público a primera hora de la tarde un escueto comunicado conjunto en el que España y Venezuela ratificaron «su más enérgica condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones», y subrayaron su compromiso mutuo a la hora de cooperar en todos los ámbitos, especialmente la lucha contra la banda terrorista ETA, cuyas actividades Caracas «rechaza sin paliativos».

En la nota, «ambos gobiernos reiteran su compromiso de seguir colaborando en los ámbitos judicial y policial». Debemos entender, por tanto, que la diplomacia española se da por satisfecha con esta toma de posición retórica de un régimen absolutamente bajo sospecha y cuya política de hechos consumados desmiente constantemente sus pronunciamientos. Este último episodio es otra prueba de la condescendencia y el complejo de inferioridad que presiden las relaciones del Gobierno con Chávez. Desde que el juez Eloy Velasco hiciera pública una resolución, por lo demás absolutamente nítida, Exteriores ha desarrollado una estrategia de paños calientes, entorpecimiento y confusión, sin que se atisbara ánimo decidido de colaborar con la Justicia española. El interés primordial ha sido, por el contrario, no perturbar al caudillo venezolano, aun a costa de protagonizar rectificaciones públicas al propio presidente del Gobierno y ejercer de portavoz defensor del caudillo, como con la nota de ayer. En este punto, nos parece especialmente grave que el Ministerio esté trabando la acción de la Justicia en un asunto como la lucha antiterrorista y que el propio ministro Moratinos desviara el escrito del juez a la asesoría de su departamento «para clarificar una serie de cuestiones». La maniobra dilatoria del Gobierno no tiene un pase, porque la resolución del magistrado es clara y apremia a los ministerios de Exteriores e Interior a hacer las «gestiones pertinentes» para que Cuba y Venezuela «cooperen» en la detención y entrega de los presuntos etarras y miembros de la FARC procesados que se encuentran en su territorio.

Sobran, por tanto, los comunicados conjuntos con lugares comunes y faltan hechos y actuaciones. Un juez de la Audiencia Nacional ha reclamado el arresto de unos presuntos terroristas con delitos muy graves en su haber en función de una investigación policial seria y la obligación inexcusable del Gobierno es cumplir ese mandato y no frenarlo.

El papelón de nuestra diplomacia en general, y del ministro Moratinos en particular, demuestra de nuevo que no puede representar los intereses de la nación. Hablamos de delitos muy graves en un ámbito tan especialmente doloroso para los españoles como el terrorismo. Y hablamos también de un régimen como el de Chávez, que avanza a pasos agigantados hacia el totalitarismo, donde se persiguen derechos fundamentales. El comunicado conjunto de ayer hablaba de cooperación y de condena. LA RAZÓN publica hoy que Iberoamérica, especialmente Venezuela y Cuba, es santuario de ETA y que decenas de etarras disfrutan de una impunidad intolerable. Lo que corresponde es que Chávez conteste al fallo judicial español y persiga a los etarras que viven en Venezuela y que Moratinos, ya que no abandona su responsabilidad, sea exigente y tenga claro que su prioridad no es la seguridad y el bienestar del caudillo, sino los de los españoles.

La Razón - Editorial

Con ETA se fue más lejos de lo que se dijo y hubo presión a los jueces

Así lo reflejan las actas de ETA. La claudicación política ante la banda terrorista incluía concesiones intolerables en el ámbito judicial.

TAL y como refleja la parte de las actas de ETA incautadas en Francia que hoy desvelamos, en la negociación con la banda los representantes del Gobierno pusieron sobre la mesa la denominada doctrina Parot -establecida en 2006 por el Tribunal Supremo-, que implica que los beneficios penitenciarios deben aplicarse sobre cada una de las condenas del reo y no sobre la pena acumulada, lo que limita notablemente la reducción de ésta. «No tenéis ni idea de la pelea que tenemos para modificar esa doctrina... si no hubiera más remedio habría que cambiar las leyes», llegan a confesar los enviados del Gobierno. Cuando éstos negociaban con los etarras, tal interpretación, aplicada al sanguinario Henri Parot, era firme, pero aún no se había extendido a otros reos de la banda cuya liquidación de penas ya estaba establecida con sensibles reducciones gracias a los beneficios penitenciarios que permitía la fórmula anterior a la sentencia del Supremo.

Del contenido de las conversaciones se deduce que el Ejecutivo tenía una «pelea» con los magistrados para convencerles de que fueran condescendientes para facilitar así el proceso de paz, pero que, en última instancia, estaba dispuesto a «cambiar» el Código Penal para beneficiar a los etarras encarcelados. Más enigmática es la afirmación de los interlocutores del Gobierno -cuya identidad se desconoce en este caso- en cuanto a que había una correlación de fuerzas del 70-30 y creían que podrían conseguir otra del 95-5. Todo apunta a que se referían a la suma de voluntades que habían logrado en el estamento judicial a favor de sus propósitos, ya fuera en el Supremo, ya en el Constitucional, donde acabó desembocando la doctrina Parot.

Por oprobioso que pudiera resultar, nada cabría reprochar formalmente al Gobierno si hubiera decidido cambiar la ley dando la cara en el Parlamento y asumiendo el coste político correspondiente. Sin embargo, es indignante que intentara conseguir sus objetivos políticos de forma subrepticia, presionando a los jueces.

Si a este episodio añadimos que, según publicamos días atrás, el abogado Gómez Benítez, en otra reunión de esta serie de contactos con ETA, ofreció a la banda mediar ante el Supremo para lograr la impunidad de Jarrai y PCTV, quedan patentes dos cosas: que el Gobierno indujo a varios magistrados para que actuaran en función de su interés con absoluto desprecio a la independencia judicial y también que incluyó concesiones políticas en la negociación, por lo que Zapatero no dijo la verdad en torno a las líneas rojas que había fijado en ese proceso.

Dado que el diálogo con la banda fracasó, podrá argumentarse que al final no hubo claudicación, pero aun así, la imagen del Gobierno sale muy dañada. En las actas queda retratada su bisoñez y frivolidad al tratar a pecho descubierto unos asuntos que, en el caso de saltar algún día a la opinión pública -como así ha sido-, le pondrían a los pies de los caballos. En definitiva, lo que demuestran esos documentos es que el Ejecutivo fue más allá de lo prudente, y también su error de cálculo, ya que la situación no estaba tan madura como suponía.

El Mundo - Editorial

El problema de confiar en el Estado. Por Emilio J. González

De lo que ahora sucede con las pensiones no se puede culpar en exclusiva a los políticos, porque los ciudadanos también tienen su buena parte de responsabilidad por confiar tan ciegamente en el Estado.

¿Por qué en España la importancia de los fondos privados de pensiones es tan poca, tanto en términos absolutos como en comparación con los países avanzados? Esta es una cuestión que siempre me ha llamado la atención, lo mismo que un segundo hecho muy relacionado con el primero: la negativa de muchos españoles durante tantos años a aceptar que, algún día, el sistema público de pensiones podía quebrar, por una simple cuestión de lógica demográfica. Hoy, sin embargo, muchos de esos que confiaron ciegamente en la solvencia del sistema o, peor aún, en que al final el Estado siempre proveería, asisten con desolación a las propuestas de reforma que empieza a desgranar el Gobierno, que se resumen, básicamente, en que habrá que trabajar más años para cobrar menos dinero cuando llegue el momento del retiro. Lo cual ha constituido para muchos una desagradable sorpresa que no están financieramente preparados para afrontarla porque en su momento rechazaron de plano la idea de suscribir un plan privado de pensiones y porque ahora, endeudados como están hasta las cejas por haber comprado un piso a precios astronómicos, no tienen margen para ahorrar de cara al futuro.

Desde luego, este Gobierno, el de Zapatero, no ha hecho mucho, precisamente, por estimular la contratación de planes privados de pensiones, al menos para que, cuando llegue el momento, la renta que proporcionen pueda complementar a una prestación pública que, para muchos, se adivina exigua. Es más, desde que ZP llegó al poder en 2004 su Ejecutivo ha estado buscando formas para desincentivar las aportaciones a los planes privados: desde el incremento de su fiscalidad a la eliminación de la desgravación en el IRPF de las aportaciones a los sistemas privados de previsión social, pasando por tratar de convencer a los autónomos de que incrementen voluntariamente sus cotizaciones a la Seguridad Social (lo cual, lógicamente, harían en detrimento de las aportaciones a los sistemas privados). Y es que para ZP había dos cosas importantes: allegar como fuese recursos a la Seguridad Social y, sobre todo, eso tan socialista de que es el Estado, y no el individuo, quien tiene que proveer para el conjunto de la sociedad. De esta forma, el presidente del Gobierno habría conseguido dos objetivos: controlar a la sociedad a través del sistema público de pensiones y ejecutar una de sus políticas sociales; la de subir las pensiones mínimas, sin que ello suponga mayores gastos para el Estado, porque esa medida ya la financiarían los cotizantes a la Seguridad Social, sobre todo quienes, en razón de su sueldo, más aporten. Por tanto, ZP nunca ha tenido el menor interés en que se desarrolle en España la previsión social complementaria, sino todo lo contrario.

El Partido Popular, a su vez, tuvo en su momento la posibilidad de llevar a cabo una verdadera reforma del modelo de pensiones, abriendo las puertas de verdad a los sistema privados, pero la desperdició, en parte porque decían que la sociedad no aceptaría esa reforma, que nunca le quisieron explicar, en parte porque en el PP los verdaderos liberales caben en un 600 y a todos los demás eso del Estado les pone. Así es que, entre unos y otros, la casa sin barrer.

No obstante, de lo que ahora sucede con las pensiones y la baja importancia, aunque afortunadamente creciente, que tienen los planes privados en nuestro país, no se puede culpar en exclusiva a los políticos, porque los ciudadanos también tienen su buena parte de responsabilidad por confiar tan ciegamente en el Estado.

Es cierto que muchas generaciones de españoles hemos sido educadas en la idea de que el Estado es un ente moralmente superior al hombre, pero la inteligencia enseña a mirar a la vida con actitud crítica y cuestionar muchas de las cosas que aprendimos de niños, como así ha ocurrido, unas veces para bien y otras para mal. Sin embargo, la confianza en el Estado proveedor apenas se ha cuestionado, en parte porque para muchos suponía la ruptura de un esquema de pensamiento cuya quiebra les arrojaba de lleno en brazos de la libertad, con sus deberes y responsabilidades.

Para mucha gente es mucho más cómodo decir que debe ser el Estado quien se encargue de esto o aquello y, de esta forma, hacer dejación de sus responsabilidades. Por ejemplo, quien cree que se debe ayudar económicamente a los países más pobres pide que lo haga el Estado, en lugar de ser él quien se rasque el bolsillo, y así encuentra satisfacción moral aunque ello implique la dejación de una responsabilidad personal. Con las pensiones ocurre tres cuartos de lo mismo. Si el Estado se encarga de ello, yo no tengo por qué preocuparme de mi futuro, y más, decían muchos, cuando se tiene en cuenta que el valor de un plan de pensiones puede bajar en algún momento del tiempo, en función de las circunstancias económicas y de los mercados financieros; olvidando que para algo está la gestión prudente, por ejemplo, ese principio sencillo de entender que dice que el porcentaje de un plan de pensiones invertido en activos de riesgo, como acciones, debe ser igual a los años que a uno le resten hasta llegar a la jubilación. ¿Qué a alguien le quedan cinco años? Pues su plan no debería tener más de un 5% de su capital invertido en renta variable, con el fin de conservar los recursos con los que financiar la pensión. Claro que eso implica que uno se preocupe por sus cosas en lugar de dejar que sean otros los que decidan por él, porque luego pasa lo que pasa, que es un negro futuro cuando llegue la edad del retiro para quien en estos momentos tenga menos de 55 años.

También es verdad que muchos ciudadanos, en lugar de adquirir viviendas a precios que realmente se pudieran permitir, se han embarcado en compras imposibles, y el poco margen de ahorro que les pudiera quedar lo han dilapidado en vivir por encima de sus posibilidades, en todos los sentidos, porque confiaban en que el Estado proveería. Y ese es uno de los grandes problemas de nuestro país, esa confianza ciega en el Estado que lleva a la persona a hacer una verdadera dejación de sus responsabilidades individuales para echarse después las manos a la cabeza cuando quienes desde el Gobierno no tienen más remedio que reconocer que esto no da más de sí y que hay que apechugar con las consecuencias. Mi buen amigo Francisco Cabrillo escribía hace unos días en este mismo medio que lo que hacen falta son menos funcionarios y más empresarios, y tiene razón. Yo voy más allá y digo que lo que necesita España es menos confianza en el Estado y más en la propia persona a la hora de afrontar los retos de la vida.

Libertad Digital - Opinión