Crisis. ¿Una reforma laboral, para qué?. Por Juan Ramón Rallo

Dentro de los costes laborales sólo hay tres partidas sustanciales a las que echarles el diente: salarios, cotizaciones de la Seguridad Social o indemnizaciones por despido. Ustedes dirán qué prefieren.

Decían los clásicos que el desequilibrio entre la demanda y la oferta de trabajo, entre quienes querían contratar y quienes querían ser contratados, se resolvía, como en todos los otros mercados, modificando el precio del trabajo, esto es, los salarios. Si había un exceso de la demanda sobre la oferta los salarios tenderían a subir y si había un exceso de oferta sobre la demanda tenderían a reducirse.

Keynes, como en tantas otras cosas, trastocó esta sencilla relación. Salarios más bajos, en su opinión, no sólo no tenían por qué reducir el desempleo sino que podían perfectamente incrementarlo vía reducciones del consumo. Así las cosas, el remedio último pasaba por incrementar la demanda agregada –por lo general echando mano de políticas inflacionistas que de paso reducían los salarios reales–, lo que básicamente equivalía a decir que los parados volverían a estar ocupados cuando la productividad de los trabajadores se incrementara (algo que podrían haber suscrito los clásicos); cosa distinta es que las políticas keynesianas contribuyeran lo más mínimo a lograr este objetivo.

Lo cierto es que cinco millones de parados parecen ser un indicio bastante claro de que España necesita reducir salarios. O, mejor dicho, necesita readaptar su aparato productivo para lo cual necesitaremos reducir salarios. Durante décadas nuestra economía ha estado orientada a satisfacer la demanda interna; tal era el deseo de los españoles por consumir o por invertir que incluso tenían que prestarnos dinero desde fuera en un proceso que cristalizó en uno de los mayores déficits exteriores del mundo.

Ahora tenemos una deuda externa superior al 100% de nuestro PIB y, claro, toca repagarla. Y sólo hay una forma de hacerlo: venderles a los extranjeros más que aquello que les compramos. Es decir, tenemos que pasar de un colosal déficit exterior a un importante superávit. Los habrá que añoren que podamos tirar por la calle de en medio y devaluar nuestra moneda para no hacer los ajustes internos que debemos. Es una opción: Grecia la ha seguido durante casi 200 años y por eso lleva la mitad de su reciente historia de default en default. Las devaluaciones no solucionan los problemas de fondo, sólo los postergan; destruyen a las empresas eficientes que producen importando y elevan a la categoría de gigantes a la materia empresarial muerta que puede vender sin comprar fuera. Vamos, en España se trataría de regresar al modelo de sol y playa, que para algo tenemos materia prima suficiente dentro del país. Una carrera hacia atrás en medio de un mundo que avanza hacia una continua mejora de la productividad. Crezcamos no siendo mejores, sino destruyendo nuestra moneda para rebajar los precios de industrias caducas. No barato y mejor, sino seguir vendiendo la misma mercancía averiada mientras nos quede margen para continuar devaluando.

El euro, afortunadamente, nos obliga a hacer reformas; otro asunto es que los políticos, los sindicatos y cuantos ciudadanos les ríen las gracias, se opongan a hacerlo y nos aboquen al abismo. Pero, en todo caso, nuestras empresas en algún momento tendrán adaptarse para satisfacer no los deseos de los españolitos, sino los de los extranjeros. Y, para ello, nuestros productos deberán ser competitivos, lo que en parte equivale a que sean más baratos que otros de calidad similar o superior (cuanto mayor calidad tengan, más caros los podremos vender y para insuflarles calidad necesitamos más capital, esto es, más ahorro); y, de nuevo, para que sean más baratos los salarios deberán ajustarse a la baja.

Toda reforma laboral que se olvide de esto, de que sólo crearemos empleo recolocando a los trabajadores dentro de empresas que produzcan bienes dirigidos a los extranjeros, de que para vendérselos nos tocará abaratar nuestros precios y de que para abaratarlos habrá que recortar nuestros costes (laborales pero no sólo laborales: también, por ejemplo, el de los inmuebles), será un fracaso. Por eso, por cierto, las políticas keynesianas no funcionarán nunca en nuestro país: siguen tirando de demanda interna cuando debemos migrar hacia una economía exportadora.

Dentro de los costes laborales sólo hay tres partidas sustanciales a las que echarles el diente: salarios, cotizaciones de la Seguridad Social o indemnizaciones por despido. Ustedes dirán qué prefieren: probablemente en muchos sectores habrá que reducir, al menos, dos de esas tres. Pero la más sencilla, la que menos quebranto social causaría en una economía que volviera a generar empleo con fluidez, sería reducir las indemnizaciones por despido.

Otra cosa es que al final nos ofrezcan un nuevo tipo de contrato que apenas rebaje las indemnizaciones para los nuevos trabajadores y no para los ya existentes. En ese caso, seguiremos estancados, con un déficit público morrocotudo y con una deuda privada cada vez más cercana al impago. ¿Entienden por qué el capital sigue huyendo de España?

Libertad Digital - Opinión

Prohibir el déficit. Por M. Martín Ferrand

SEGÚN nos enseña la experiencia, en España, cuando se habla de reducir el gasto público, de lo que verdaderamente hay que preocuparse es de que no crezca y engorde.

Más todavía si el teórico del ahorro es José Luis Rodríguez Zapatero y la práctica se le encomienda a personajes tan inconsistentes y ligeros, además de engañosos, como Elena Salgado. Eso explica que Mariano Rajoy, sesteante pero no insensible, haya inaugurado un nuevo sermón político, la reforma de la Ley de Estabilidad Parlamentaria. Dice el gran domador de las gaviotas, y lo dijo en presencia de la durmiente Esperanza Aguirre, gran campeona del déficit, que eso del déficit hay que prohibirlo como, por cierto, prohibido está en los países europeos de mayor respeto a las aportaciones de los contribuyentes.

De hecho, los Presupuestos Generales del Estado, cuando anualmente son aprobados por el Congreso y el Senado, son el cuerpo de una Ley que, como aquí suele suceder, nace para no ser cumplida y que, en lo referente al gasto, sólo tiene un valor indiciario y aproximado; pero que, en puridad, establece las vías y cuantías de los ingresos del Estado y el techo de sus aplicaciones. Los administradores públicos -nacionales, autonómicos o locales- que sacan los pies de esos parámetros incurren en flagrante delito aunque el estilo que arrastra la Historia y la condescendiente labilidad con que opera nuestra democracia no apliquen rigor alguno a la condena, al menos social, de quienes gastan lo que no es suyo sin estar autorizados para ello.

El monto de cada una de las partidas del Presupuesto es opinable y el privilegio de las mayorías representativas y de gobierno reside en priorizar unos capítulos sobre otros para adecuar el gasto a sus programas políticos y hacerlo concordar con sus ideologías y principios; pero, una vez establecido cada uno de los capítulos presupuestarios, obliga a quienes los administran. En consecuencia, no atenerse a sus especificidades y cuantías es una burla al electorado y un desprecio a la idea cabal del Estado. ¿Hace falta una nueva ley para prohibir una conducta de esa naturaleza o lo que se requiere, sencillamente, es aplicar con rigor y exigencia lo que ya establece la normativa vigente? Quizás, para hacer prácticas, Rajoy debiera tomarle la lección del gasto a los presidentes autonómicos y alcaldes de su partido, campeones en el despilfarro. Como los del PSOE.

ABC - Opinión

Flotilla. Israel, el odio y los progres. Por Cristina Losada

¿Qué tienen en común los progres con los ayatolás y los barbudos que oprimen a las mujeres y ahorcan a los homosexuales? Comparten un mismo odio: el odio a nuestra –su– civilización.

En 1972, tras asesinar a once atletas israelíes, Septiembre Negro se jactó de haber logrado un éxito propagandístico. "Fue como pintar el nombre de Palestina en una montaña que se pudiera ver desde las cuatro esquinas de la Tierra". Desde entonces, la montaña ha ido ganando altura por el procedimiento de acumular cadáveres. Hoy, para la guerra de la propaganda, es tan importante matar judíos como que se identifique a Israel con el Mal. Un propósito, ése, para el que nunca faltan colaboradores en España. Valga como resumen el texto de la viñeta que, tras el incidente de la flotilla, publicaba Forges en El País: "Derramar sangre: la única razón de la bestia". Muchos diarios condenaban a Israel por haber atacado a unos barcos "con ayuda humanitaria". Porque sí, por maldad pura y dura.

El abordaje a los buques que pretendían romper el bloqueo impuesto a Gaza para evitar la entrada de armas está, desde luego, sometido a la crítica. De hecho, ha sido criticado en Israel por la prensa, por los partidos y por miembros del Gobierno. No hace falta que Zapatero le recete esa dosis de "reflexión profunda" que él mismo es incapaz de administrarse. Pero los vendedores de la marca "izquierda" no pueden desaprovechar la ocasión de endilgar su producto más preciado: la superioridad moral, que requiere de su contraria para brillar en su esplendor todo. Necesitan un malo malísimo para presumir de lo buenos que son. Y, como San Obama ha retirado a Estados Unidos del papel de Lucifer planetario, sólo queda Israel.

Entre los "pacifistas" de la flotilla figuraban celebridades y militantes del progresismo. Son gentes que pierden la capacidad crítica que ejercen hacia sus propias sociedades y gobiernos democráticos cuando están delante de grupos partidarios del terrorismo, la tiranía y la teocracia. Pero, ¿qué tienen en común los progres con los ayatolás y los barbudos que oprimen a las mujeres y ahorcan a los homosexuales? Comparten un mismo odio: el odio a nuestra –su– civilización. Israel es el único baluarte de la civilización occidental en Oriente Próximo y es la depositaria de una de sus raíces. Lo reúne todo para concentrar su aversión. Y así, sirven de soldadesca a esos cabecillas que, en nombre del pueblo palestino, envían a palestinos a la muerte a fin de mantener viva la causa.

Libertad Digital - Opinión

Los tornadizos. Por Ignacio Camacho

FELIPE, ese viejo cascarrabias, es un político de otro tiempo, un tiempo pretérito de certezas dogmáticas y convicciones categóricas.

Por eso no entiende el secreto de esta posmodernidad líquida, dúctil, relativista, abierta. Y confunde rectificar con adaptarse, cambiar de criterio con evolucionar, desdecirse con transformarse. La gente antigua, los abueletes de la transición, tienden a fosilizarse en sus principios arqueológicos sin aceptar las claves de esta época fluida que rechazan porque no comprenden; viven y piensan en un enroque mental trasnochado que ignora la cualidad esencial de lo contemporáneo: una volatilidad tornadiza, ligera, adaptativa y mudable.

González y sus epígonos de la vieja guardia se han quedado definitivamente atrás, anclados en rancios convencionalismos recelosos. Creen que cambiar cada día de criterio es una incoherencia, un enredo, una torpeza propia de «necios»; veleidades adanistas de jóvenes desorientados o de novatos incompetentes. No alcanzan a ver que se trata de un sofisticado método de gobernanza deliberativa, un versátil refinamiento táctico, un talante de permanente revisionismo adaptado a la esencia inestable del mundo moderno. Ellos eran pesados diplodocus de cintura inflexible, apegados a un rígido orden intelectual de esencias inmóviles, refractarios a la transformación continua del progreso; cargados de prejuicios, sus movimientos eran tan difíciles que provocaban fatigosos conflictos políticos y convulsos cataclismos sociales. De ahí su arrinconamiento, su declive, su museificación, su inexorable ocaso de especie caduca; en su nostalgia han sido incapaces de asimilar la condición maleable de este tiempo elástico. Ahí les duele.

El progresismo actual es otra cosa. Un estilo desapegado de certidumbres, mórbido, evolutivo, simbiótico. Una dirigencia capaz de metamorfosis veloces y de reacciones inmediatas, de cintura ágil y un pensamiento transigente consigo mismo. Gente dispuesta a reinventarse cada instante, sin remordimientos ni contriciones; presta a enterrar sin reparos los ayeres en un rabioso presente sin horas.

Hijo de esa tendencia instantánea y fugaz, el zapaterismo no rectifica, se aclimata; no se contradice, corrige; no se retracta, revisa. Lo suyo no es incoherencia sino flexibilidad, no es desconcierto sino frescura, no es ausencia de pautas sino pragmatismo. En esta etérea realidad sin reglas la planificación ha devenido una reliquia; los valores, una impedimenta; los proyectos, una rémora del pasado. El posmodernismo exige para cada situación una respuesta: las declaraciones, los anuncios, las proclamas sólo tienen el valor efímero de un soplo de brisa. Las palabras al servicio de la política, no la política al servicio de las palabras. Sólo los fantasmas de un tiempo vencido podrían preguntarse qué clase de política.

ABC - Opinión

Felipe González, Durán, Griñán: pedradas con firma contra Zapatero. Por Antonio Casado

Si Felipe González quisiera sumarse a la cacería contra Rodríguez Zapatero nunca lo hubiera hecho con un fogonazo verbal tan explícito: “Rectificar es de sabios, pero rectificar cada día es de necios”. Sin embargo, algunos han querido ver en esa frase, sacada interesadamente del contexto en el que la pronunció, una pedrada dirigida expresamente a su sucesor en Moncloa y en la secretaría general del PSOE.

Tienen prisa por ajusticiar políticamente a Zapatero antes de que pueda sacar fuerzas de flaqueza, como Edurne Pasaban ante el desfallecimiento. Y vale todo, más allá de la crítica política y el bien ganado derecho a discrepar de un gobernante que ha cometido tantos errores. Aunque no debería valer todo. No vale, por ejemplo, recurrir al viejo truco de jalear lo que nos conviene e ignorar lo que nos retrata.

Si alguien se molesta en revisar con un mínimo de distancia la intervención de Felipe González, al presentar el libro de su amigo, Alfonso Palomares, verá que el ex presidente arremete contra la bajísima calidad del debate político nacional, protagonizado por una generación de políticos que funcionan como vendedores de electrodomésticos y rectifican en función de la opinión publicada. Pero también contra el amarillismo de ciertos medios que especulan con mentiras presentadas como el resultado de una investigación seria para influir en el poder creando climas artificiales.

Quienes están en la cacería sin reglas contra Zapatero, especialmente los medios así retratados en las palabras de González, no han querido saber nada de esa parte de la intervención. Del mismo modo que cuando jalearon hace unos días a Durán i Lleida por referirse a Zapatero como “un cadáver político” ignorando descaradamente el contrapunto de su razonamiento, el que se refería a la irresponsabilidad del PP por haber votado en el Congreso contra el ajuste decretado por el Gobierno para defender a España y al euro del acoso de los mercados internacionales.

Más de lo mismo encontramos en la curiosa descarga verbal protagonizada hace unos días por el presidente andaluz, José Antonio Griñán, mientras debatía en el Parlamento regional con el líder del PP, Javier Arenas. “El hecho de que Zapatero sea malo no les convierte a ustedes en buenos”, dijo. Y enseguida se oyeron risas en los escaños de la oposición. Sólo la primera parte de la frase fue jaleada por la derecha mediática, Silencio sobre la segunda, en la que el PP sale mal parado.

Esta excelente manufactura verbal fija cabalmente los dos límites del debate político nacional. Uno, la debilidad del liderazgo de un Zapatero en horas bajas. Y otro, las carencias del PP como alternativa de poder en un escenario político y económico en peligro de ruina. Sin embargo, ni media palabra sobre lo segundo. Lógico. Quien repare en esa parte de la frase de Griñán queda obligado a explicar por qué la bajada del PSOE en los sondeos no genera la misma subida en el PP, por qué una moción de censura de Rajoy nunca tendría el apoyo de quienes sí le acompañaron contra del tijeretazo o por qué los ataques a Zapatero son infinitamente más numerosos que los elogios a Rajoy, incluso dentro del PP.

El Confidencial - Opinión

Crisis. El plan de Rajoy. Por José García Domínguez

Igual que David Copperfield hace que se esfumen edificios enteros al instante con apenas mover su varita, don Mariano habrá de evitar la quiebra cierta de la Hacienda Pública mediante una simple orden emanada de su puño y letra cuando proceda.

Ese don Mariano encarna la prueba de que Pascal andaba en lo cierto cuando sentenció que el origen de todas las desdichas de los hombres obedece a una sola causa: no saber permanecer callados dentro de una habitación. Y es que si el líder del Partido Proletario leyera a Wittgenstein en lugar del Marca, a estas horas quizá habría descubierto que de aquello que no se puede hablar, lo mejor es no decir nada. Pero, tal como ha de verse a continuación, no resulta ser el caso. De ahí que en uno de los inopinados arranques de alegría torera tan suyos, Rajoy proponga ahora prohibir los déficits públicos por ley. Una iniciativa loable, muy digna de aplauso. Aunque tal vez debía ir acompañada de alguna otra complementaria. Por ejemplo, ¿por qué no proscribir también las crisis económicas?

A fin de cuentas, si al camarada Enver Hoxha le cupo declarar ilegal la existencia de Dios en la Constitución de la República Popular de Albania, ¿qué le impediría a él suprimir por decreto esos colapsos cíclicos del capitalismo que vienen sucediéndose con pasmosa regularidad desde 1873? Mas celebremos que haya despejado la gran incógnita. Ya conocemos, pues, la alternativa programática del PP para evitar el naufragio de las cuentas del Estado: un expeditivo e inapelable designio impreso en el BOE... a lo largo de la próxima legislatura. Así, igual que David Copperfield hace que se esfumen edificios enteros al instante con apenas mover su varita, don Mariano habrá de evitar la quiebra cierta de la Hacienda Pública mediante una simple orden emanada de su puño y letra cuando proceda.

Acabáramos. Frente a los burdos imperativos cotidianos de la realidad, la deslumbrante magia potagia de la voluntad soberana. Ahora se entiende que rehúse tanto subir los impuestos como bajar el gasto público, demagógicas chocolatinas del loro al margen. Igual que tampoco aboga por alargar la edad de jubilación, alterar la base de cálculo de las pensiones o ajustar su monto a la triste circunstancia del país. Que todo eso también se apañará con otra firmita de nada cuando fuere menester. Ah, y que no se le ocurra al Gobierno abaratar el despido, o se van a enterar de quién es Evita González Pons... Lo temido: Zetapé ha muerto. ¡Viva Zetapé!

Libertad Digital - Opinión

«Decretazo» laboral

EL presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dio ayer definitivamente por agotado el continuo vaivén sin frutos en que se ha convertido durante los últimos dos años la negociación para abordar la imprescindible reforma laboral que necesita la economía española.

En esta ocasión, el ultimátum dado a los sindicatos y la patronal ha sido del propio Rodríguez Zapatero, tras una nueva desautorización -la enésima- a la vicepresidenta económica Elena Salgado, quien hace solo dos días cifró en un mes más la prórroga que el Ejecutivo concedía para no cortar las negociaciones. No será un mes, sino una semana. El Gobierno aprobará la reforma laboral mediante otro «decretazo» el próximo miércoles si no media antes un acuerdo que, a día de hoy, continúa siendo altamente improbable.

Tarde, mal y empujado por la presión de otros países, al fin Zapatero ha tomado conciencia de que esta reforma es inaplazable porque de ella dependerá en gran medida la reactivación de la economía. Ahora bien, no siempre la virtud se alcanza en el medio de dos extremos. Una reforma laboral suavizada, con planteamientos intermedios entre las exigencias de los sindicatos y la patronal, será un paso, pero probablemente insuficiente porque la rigidez del mercado laboral de nuestro país es muy exigente, y porque dos años de profundo declive económico con un déficit público desbocado son un lastre del que España no se desprenderá de la noche a la mañana.

Habrá que leer la letra pequeña del decreto que ultima el Gobierno para el supuesto de que el consenso entre empresarios y sindicatos sea imposible, pero es indudable que Rodríguez Zapatero asume de nuevo un doble riesgo: el del desgaste que le supondrá la explicación pública de unas medidas que con certeza supondrán un nuevo varapalo a sus convicciones personales y al programa electoral con el que ganó las elecciones y, en segundo lugar, el de padecer los efectos de la convocatoria de una huelga general, ya anunciada por los sindicatos en el caso de que ese «decretazo» fuese lesivo para los intereses de los trabajadores. La alegría, con matices, -como la noticia de la reducción del paro en mayo en más de 70.000 personas- siempre dura poco en casa del pobre.

ABC - Editorial

Decisiones y desafíos

El Gobierno no debe limitar la reforma laboral a meros retoques por temor a los sindicatos

En un rapto de decisión, Rodríguez Zapatero informó ayer de que, con acuerdo o sin él, el Gobierno aprobará una reforma laboral en el Consejo de Ministros del 16 de junio. El presidente ha mejorado de pronto en reflejos políticos; los imprecisos y voluntariosos anuncios que el martes hicieron sus ministros sobre una prórroga "de varios días" de la negociación con los agentes sociales fueron recibidos con insistentes críticas sobre lo que se consideraba otro retraso en una reforma decisiva y con el temor de que volviera a repetirse el caso de decisiones relevantes que se empantanan en cuestiones de procedimiento o negociaciones frustradas. La rápida réplica de Zapatero hace suponer que no será este el caso. El mensaje incluye un compromiso cargado políticamente de razón (empresarios y sindicatos no se ponen de acuerdo) y la advertencia implícita de que la paz social ya no está por encima de otros objetivos, hoy prioritarios, de crear empleo y estimular el crecimiento.

Bastaría con que esa reforma introdujera dos cambios cruciales en la normativa laboral para conseguir una mejora sustantiva en el mercado de trabajo. La primera sería formalizar un contrato único y fijo para quien acceda al empleo, con una indemnización por despido en función del tiempo trabajado, entre un mínimo en torno a los 12 días y un máximo de algo más de 30 días. El quid de esta cuestión, delicada para los sindicatos, es privilegiar el nuevo contrato frente a los temporales, que tenderían a desaparecer con el tiempo. La estabilidad contractual es decisiva para asentar el crecimiento. El consumo de bienes duraderos se expandirá si los consumidores tienen confianza en sus ingresos. No se puede repetir el error de fundamentar el crecimiento en empleo precario.

Acercar la negociación colectiva a las empresas es la segunda decisión. La negociación a través de convenios sectoriales o territoriales causa un gran número de despidos porque las empresas no pueden cumplir con las exigencias salariales y carecen de cláusulas de descuelgue. El Gobierno se equivoca si limita su reforma a retoques menores en la contratación o estímulos parciales. Para afrontar una crisis que ha destruido 2,2 millones de empleos en dos años es obligado impulsar un empleo más estable y una negociación más flexible.

Este es el momento adecuado para aprobarla. El número de parados registrados en los servicios de empleo descendió en mayo, por segundo mes consecutivo, en 76.223 personas y la afiliación creció casi en 113.000 cotizantes. Aunque en términos desestacionalizados el paro sigue subiendo, una lectura estadística correcta indica que la tendencia del empleo tiende a normalizarse (en el cuarto trimestre de 2009 estaba cayendo a un ritmo del 6%, en el primer trimestre descendió a tasas del 3% y la proyección para el tercer trimestre dice que bajará menos del 2%) y que entre abril y junio la economía española crecerá débilmente, entre el 0,1% y el 0,2%. No es motivo de euforia, pero parece el momento de aplicar incentivos a la contratación.

El País - Editorial

Un simulacro de reforma no servirá

Resulta bastante paradójico que un Gobierno como el de Zapatero, tan obsesionado con el franquismo, haya sido hasta ahora tan renuente a flexibilizar una regulación que, con escasas modificaciones, es heredera de la normativa laboral del régimen anterior.

Después de que la ministra Salgado prorrogara hasta finales de junio el plazo dado a los agentes sociales para llegar a un acuerdo respecto a la reforma del mercado laboral, Zapatero ha anunciado este miércoles que el día 16 se aprobará dicha reforma en Consejo de Ministros, "tanto si hay acuerdo como si no".

Bien está que el Gobierno haya por fin asumido sus responsabilidades, que durante tanto tiempo ha delegado a un "diálogo social" tan eterno como estéril. Ahora falta por ver si esta reforma, que Zapatero nos asegura tener ya "prácticamente perfilada", en verdad "afecta a aspectos esenciales" de nuestro rígido mercado laboral.

Resulta bastante paradójico que un Gobierno como el de Zapatero, tan obsesionado con la dictadura franquista y la memoria histórica, haya sido hasta ahora tan irresponsablemente renuente a flexibilizar una regulación que, con escasas modificaciones, es heredera en lo esencial de la normativa laboral del régimen anterior. Lo verdaderamente negativo de ella, sin embargo, es su coactiva rigidez, que disuade a los empresarios a hacer nuevas contrataciones, al tiempo que les aboca a despidos mucho más masivos por no faciltiarles ajustes de salarios o de plantilla más parciales.

Desde aquí no podemos, por tanto, sino reivindicar la plena libertad contractual para que las relaciones laborales sean las que libremente acuerden las personas que en ellas intervienen. Son las personas que quieren contratar y la que quieren ser contratadas las que, sin coactivas intromisiones de terceros, deberían establecer las condiciones de su relación laboral y el eventual coste de rescindirla. Lo que es insostenible es que en un marco en el que empresas y clientes interactúan con la máxima libertad y flexibilidad, la relación entre empresarios y trabajadores, sin embargo, esté constreñida por una rígida regulación, mucho más costosa de rescindir que un contrato matrimonial.

Si verdaderamente se quiere alentar a los empresarios a que contraten y que lo hagan de manera indefinida, lo que es esencial, y más aun en los tiempos de incertidumbre que padecemos, es no disuadirlos con coactivas y elevadas indemnizaciones en el caso de querer en el futuro rescindirlas. Las barreras de salida ejercen siempre de barreras de entrada. Es por ello vital que la reforma de nuestro mercado laboral vaya encaminada a reducir drásticamente las indemnizaciones por despido que no hayan acordado en libertad el empresario y el trabajador, individualmente considerados. No hay nada más improcedente que forzar una relación cuando una o las dos partes que en ella intervienen ya no la quieren prolongar. Por ello no sólo es necesario reducir la cuantía de la indemnización sino también ampliar las causas del despido procedente para aquellos casos en los que no haya un pacto expreso.

La erradicación del actual sistema de negociación colectiva, y su sustitución por uno que dé primacía a la negociación descentralizada a nivel de empresa, también es esencial para reforzar otros elementos de flexibilidad como son los horarios o la movilidad ocupacional en el seno de la propia empresa. Resulta simplemente delirante que, por culpa de esta rémora del socialismo gremial o nacionalsindicalista, sea con frecuencia más fácil en muchas empresas gestionar un despido parcial que un cambio de las condiciones de trabajo de los empleados. Esta rigidez, junto a la inmunidad que se ha dado a unos salarios frente a la crisis y a la falta de productividad, es una de las principales razones por las que el ajuste haya tenido que venir de la mano de una masiva destrucción de empleo.

Tendremos que esperar a ver en qué se concreta la reforma a la que ya ha puesto fecha Zapatero. De lo que de ella han filtrado algunos medios de comunicación, ya podemos decir, sin embargo, cualquier cosa menos que afecta a "aspectos sustanciales" de nuestro mercado laboral. Y es que, de confirmarse que su "reforma" básicamente va a consistir en un nuevo contrato en el que se reduce la indemnización por despido de 45 a 33 días trabajados, mientras se obstaculiza el contrato temporal, a lo que asistiríamos es a un mero maquillaje, a un simulacro de reforma. Semejante y ridículo cambio apenas reduciría el efecto negativo que para la contratación tienen los altos y coactivos costes del despido, mientras que sellaría la única válvula de escape que ahora mismo tiene el sistema.

Habrá que esperar a ver, con todo, si hemos pasado de un simulacro de "diálogo social" a un simulacro de "reforma" por parte del Gobierno. Eso sí que sería una auténtica barbaridad.

Libertad Digital - Editorial

Demagogia fiscal

EL PSOE hace pagar las consecuencias de su incapacidad para afrontar la crisis a los pensionistas y a los funcionarios públicos, pero no renuncia a los gestos demagógicos dirigidos hacia el sector más radical de la izquierda.

El mensaje de que es necesario crear un nuevo impuesto «para los ricos» ha calado por todas partes, aunque nadie sabe con certeza quiénes se incluyen en dicha categoría, ya que Rodríguez Zapatero y sus ministros siguen dando bandazos y emitiendo señales contradictorias. Algunos dirigentes territoriales se apuntan ahora a esta escalada de populismo fiscal, aprobando incrementos del tramo autonómico del IRPF que se deben concretar a través del correspondiente proyecto de ley.

En el caso de Cataluña, el Ejecutivo gravará las rentas superiores a 120.000 euros anuales con dos puntos a partir de ese nivel, y con cuatro puntos para las rentas superiores a 175.000 euros. Se trata, pues, de una definición amplia del concepto de «ricos» en la medida en que incluye a muchos profesionales que perderán a partir de ahora cualquier incentivo para mejorar sus ingresos con tal de no incorporarse a tramos sujetos a mayor gravamen. En total, la subida alcanza al 0,5 por ciento de los contribuyentes catalanes y se espera recaudar así unos 75 millones de euros, cifra que por sí sola supone una contribución muy limitada a la reducción del déficit. En Baleares, el Ejecutivo que preside Francesc Antich ha optado también por esta vía, nada convincente, porque carece de efectos recaudatorios suficientes y solo pretende lanzar una cortina de humo para cubrir la ineficacia de los responsables políticos ante la crisis.

Lo cierto es que tanto Rodríguez Zapatero como muchos líderes territoriales del Partido Socialista han perdido su credibilidad ante los ciudadanos y pretenden ganar algunos votos entre una izquierda trasnochada que se deja seducir por la retórica absurda que recuerda a la obsoleta lucha de clases. Al final, salen perdiendo aquellos cuyas rentas están plenamente controladas y se corre el riesgo de una fuga de capitales que podría llevar al efecto contrario al deseado. Las actitudes populistas no sirven de nada a la hora de generar confianza en una sociedad que no se conforma con palabras vacías y no está dispuesta a aceptar como una noticia jubilosa la mejoría estacional del desempleo o el crecimiento de una décima en el PIB. Zapatero y los suyos siguen empeñados en seguir un camino que no conduce a ningún sitio

ABC - Editorial

Todos somos Oriente Próximo. Por José María Carrascal

«ISRAEL será victima de la geografía y la demografía», profetizó De Gaulle, indicando que no podría resistir la presión del mundo árabe circundante, con una natalidad muy superior a la suya. Pero Israel no sólo ha resistido ambas presiones, sino que ha acumulado victoria tras victoria hasta convertirse en la primera potencia del Oriente Próximo, sin que ningún país de su entorno, o todos juntos, puedan hacerle frente.

Lo que puede llevarle, paradójicamente, a la derrota. De seguir usando su potencia en toda su amplitud y en cuantas ocasiones se ve desafiada, esa misma fuerza se volverá contra él. Ya está ocurriendo. Es verdad que a sus enemigos les basta ganar sólo una batalla para aniquilarle, mientras Israel tiene que ganarlas todas para no desaparecer. Pero en el mundo global en que vivimos, quien mira sólo sus intereses particulares sin tener en cuenta los del conjunto termina inevitablemente condenado al ostracismo. Recuerden la Sudáfrica del apartheid. Es lo que vienen advirtiendo dentro de Israel sus espíritus más sensibles.

En un mundo global no hay soluciones individuales y el problema palestino viene envenenando las relaciones internacionales desde la división de aquel territorio. Es lo que impide la aproximación de Occidente y el islamismo moderado, lo que hace imposible que la Autoridad Palestina controle a su pueblo y lo que ha convertido Gaza en un fortín de Hamás, una organización terrorista. «La flotilla buscaba romper el bloqueo de Gaza», alega el gobierno israelí para justificar el asalto de sus comandos a la misma. Pero es que el problema viene precisamente de tener Gaza bloqueada. En el siglo XXI, no se puede tener a millón y medio de personas encerradas en un gueto. Gaza es hoy un barril de pólvora listo a estallar, para contento de los extremistas.

Israel ha creído que, con el respaldo de los Estados Unidos, podría resistir el acoso no ya del mundo árabe, sino de todo el mundo. Hasta ahora lo que conseguido, gracias a la carta blanca que le dieron todos los presidentes norteamericanos para defenderse. Pero Estados Unidos tiene otras prioridades que la defensa de Israel y Obama ya ha mostrado interés por una política más equilibrada en el Oriente Próximo. E incluso si Israel sigue teniendo luz verde de Washington, ¿qué ocurrirá cuando Estados Unidos deje de ser la única superpotencia, cuando China o India empiecen a regir los asuntos mundiales? Ellas no tienen mayor interés en preservar el Estado de Israel, ni la mala conciencia de los cristianos hacia los judíos.

Quiero decir que el primer interesado en hallar una solución justa, equilibrada al problema palestino es Israel. Luego, nosotros. Ni los judíos pueden volver a ser el pueblo errante, sin patria ni derechos por el mundo. Ni pueden serlo los palestinos.

ABC - Opinión

Carné por puntos para ZP. Por Antonio Burgos

Han reformado la Ley de Tráfico y rebajado de 27 a 20 las infracciones que suponen pérdida de puntos del carné. España es un país de carnés.

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Hasta a los actores y a los cantantes se les exigía hasta hace poco el carné de artistas. Ahora resulta increíble pensarlo, pero Concha Piquer, Rocío Jurado, Fernando Rey, López Vázquez o Fernán Gómez no podían actuar sin carné de artistas. España es el país ordenancista del carné de familia numerosa, del carné de la Seguridad Social, del carné de Sanitas, del carné del Madrid, del carné de Carrefour. ¿Será por carnés? Aparte del carné de identidad y del carné de conducir, cuyos puntos ahora han reformado.

Y como el otro día en el Congreso toda la oposición le decía a ZP lo mal que lo había hecho, lo mucho que había engañado a los españoles negando la crisis y el dineral dilapidado en medidas tontorro-derrochonas que no han acabado con el paro, pensé:

-¿Tendrá este tío carné de conducir gobiernos, o se lo habrán dado en una tómbola, como dicen los taxistas a las señoras al volante que no respetan un ceda el paso?

Es incongruente que en España, país de los carnés, no exista el carné de presidente del Gobierno. Si te exigen carné de conducir para llevar tu Ford Fiesta y carné de patrón de embarcación de recreo para tu barquita del veraneo, ¿por qué no es obligatorio el carné de presidente para conducir el Gobierno y pilotar la nave del Estado? Debería ser un carné por puntos, naturalmente, y así nos evitaríamos muchos sofocones y debates como los del otro día en el Congreso. Todo es muy fácil. Verán.

Cuando un presidente sale elegido, se le da al hombre su carné. Virgen de puntos. Con, por ejemplo, 50 puntos, no vamos a ser tan tacaños de darle sólo 12, como al de conducir, que se te van en un suspiro. Y al mismo tiempo, se establece el código de la circulación del gobierno, con una escala de pérdida de puntos. Por ejemplo:
Por cada millón de parados más, pérdida de 6 puntos.

Por cada punto porcentual de bajada del PIB, pérdida de 5 puntos.

Por cada 1.000 millones de euros de aumento del déficit público, pérdida de 4 puntos.

Por cada 10.000 millones de vencimiento de la deuda pública sin banco alguno extranjero que quiera cargar con el mochuelo, pérdida de 3 puntos.

Por cada bajonazo del Ibex 35 con pánico en la Bolsa de Madrid, pérdida de 3 puntos.

Por cada organismo absurdo creado para tirar el dinero sin causa justificada, tipo Ministerio de Igualdad, pérdida de 3 puntos.

Por cada Plan E aprobado, pagado y ejecutado sin que se reduzca el número de parados, pérdida de 3 puntos.

Por cada chuminada de La Carlota de gastar el dinero en la Alianza de Civilizaciones y en subvencionar, verbigracia, a la asociación de gays y lesbianas de Zimbawe, pérdida de 2 puntos.

Por cada viaje en avión a Londres para las rebajas o a Estados Unidos para llevar a las niñas góticas, pérdida de 2 puntos.

Y así sucesivamente. Si hubiéramos tomado medidas al ver quién se nos entraba por las puertas tras el 11-M y le hubiéramos dado el carné por puntos de conducir Españas, no tendríamos ahora encima la que tenemos. Ni elecciones anticipadas, ni dimisión, ni nada: carné de presidente por puntos. Se le quitaba el carné de conducir el Gobierno a este señor, por imprudente, insensato, incompetente e incapaz, y listo. Ah, y no valdrían los cursos de recuperación de puntos. Si los temerarios imprudentes pierden sus puntos y no pueden conducir, ¿cómo vamos a seguir dejando algo tan importante como España en manos de alguien sin carné de competencia, seguridad y prudencia?

ABC - Opinión

Crisis. El PP adelanta por la izquierda al PSOE. Por Manuel Llamas

Por desgracia, el PP es más progre que el PSOE. De hecho, en la actualidad, representa a la auténtica izquierda de este país.

Hipócrita, demagógico, irresponsable y falaz son tan sólo algunos de los calificativos que, a todas luces, merece la senda peronista que está adoptando el Partido Popular en materia económica tras la aprobación del primer recorte de gasto público –apenas 15.000 millones de euros adicionales hasta 2011– del Gobierno de Zapatero.

Resulta inaudito que el principal partido de la oposición, el mismo que se vanagloria de ocupar un inexistente centro ideológico y que, por lo tanto, debería escorarse mínimamente a la derecha del PSOE, defienda a capa y espada el mismo discurso de los sindicatos y los grupos de extrema izquierda contra el decreto antidéficit. Los populares han optado por el populismo barato y fácil ante las expectativas de poder arrasar en unas hipotéticas, aunque poco probables, elecciones generales anticipadas.

Ahora bien, ¿se trata de una artimaña electoralista o hay algo más? Si dejamos de lado las engañosas siglas ideológicas, los hechos, es decir, las votaciones en el Congreso, demuestran que, hoy por hoy, los populares se sitúan a la izquierda de los socialistas en política económica. Por desgracia, el PP es más progre que el PSOE. De hecho, en la actualidad, representa a la auténtica izquierda de este país.

Pero vayamos a los datos. Si bien es cierto que desde el verano de 2008 los populares han lanzado duras críticas contra las medidas anticrisis de Zapatero, no es menos cierto que dichas arengas han quedado reducidas a meras soflamas políticas carentes de valor, tal y como han demostrado con sus votos: el PP no votó en contra del Fondo de Adquisición de Activos ni del Fondo de Rescate Bancario (FROB); el PP no votó en contra del Plan E; el PP no votó en contra del rescate de Caja Castilla-La Mancha (CCM); el PP no votó en contra del Plan 2000E para subvencionar la compra de vehículos; el PP no votó en contra del PER nacional; el PP no votó en contra del denominado Pacto de Zurbano...

En resumen, el PP ha apoyado con sus votos los planes estrella del PSOE para combatir la crisis económica con lo que, al menos en parte, también es culpable de la delicadísima situación que sufren las cuentas públicas españolas. Y lo peor de todo es que los populares han rechazado el primer recorte de gasto público que ha adoptado Zapatero desde 2004 –aunque en realidad venga impuesto por Bruselas.

¡Bravo! Valiente posición la de Rajoy, ya que si votan a favor del despilfarro y en contra del recorte, resulta evidente que las bases populares acaban de asistir al mayor giro izquierdista dado por un partido supuestamente conservador en la historia reciente de España.

Pero aún hay más. El PP, en un acto de coherencia plena con su actual diatriba progresista, avanza ya su posicionamiento de cara a la inminente reforma laboral que prepara el Gobierno. Atención a la palabras del vicepresidente de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons: "A este paso [Zapatero] va a ser el primer presidente de Gobierno de la historia que instaure el despido libre en España"; "El PP nunca votará a favor del despido libre"; "Lo que hay que hacer no es facilitar más el despido, sino facilitar más la contratación".

Es decir, a la vista de este tipo de declaraciones, el PP se opone al abaratamiento del despido, tal y como reclaman desde hace años los empresarios. La ignorancia de Pons en esta materia es, cuanto menos, alarmante. En primer lugar, el despido libre ya existe en España, al menos en el sector privado, ya que los funcionarios tienen el puesto garantizado de por vida; y en segundo lugar, el coste del despido es, junto a la elevada tributación laboral (cotizaciones a la Seguridad Social), el mayor obstáculo que sufren los empresarios para aumentar la contratación indefinida.

Y por si alguien aún tiene alguna duda sobre el izquierdismo popular, una última perla del camarada Pons fuera ya del ámbito estrictamente económico: "El cambio climático o es verdad o una gran idea"; debemos crear una "nueva cultura del consumo y del reparto de recursos"; "podemos ser la especie elegida o la mayor plaga que ha conocido la Tierra"... Sin comentarios.

Libertad Digital - Opinión

Martirios terroristas. Por Gabriel Albiac

NO existen tantos lugares en el mundo en los cuales gobierne una organización terrorista. Sucede en Gaza.

Sin hipérbole, sin metáfora; en seca literalidad. Hamás no es ya un grupo terrorista. Es un Estado terrorista. En buena parte, financiado por la alucinada caridad de una Europa que sabe lo sencillo que es, en cualquier mercado opaco, hacer el trueque de ayuda humanitaria por armas.

Pocas tierras como la España reciente debieran entender eso. Cuando el 11 de marzo de 2004 cuatro trenes de cercanías madrileños fueron reventados con cientos de pasajeros dentro, no hubo un solo corresponsal internacional al cual sorprendiese el estilo. Era el procedimiento de Hamás. Durante años, fue puesto a prueba en territorio israelí. La rutina era idéntica: un autobús atestado de pasajeros que iban al trabajo o que de él volvían; un hombre o mujer de Hamás; y el estallido. Para el terrorista islámico no existen inocentes: todo aquel que no está del lado que el Libro dictado por Dios a su Profeta impone, merece el exterminio. El yihadista sólo ejecuta; pero quien mata es el Dios a cuya potestad no puede ser opuesto obstáculo. Sura VIII, 17: «No sois vosotros, es Dios quien les da muerte».

Hamás nació para dar cuerpo ese mandato sagrado. Y, desde su Carta Fundacional, en 1988, la aniquilación de Israel es su dogma básico. Así lo proclama el exergo del «mártir Asan al-Banna», en el cual se profetiza que «Israel seguirá existiendo sólo hasta que el Islam lo aniquile como antes aniquiló a los otros». Así lo consagra su condición de Waqf (don que Dios otorga al musulmán para siempre). Artículo 11: «El Movimiento de Resistencia Islámica considera que la tierra de Palestina es un Waqf islámico consagrado a las futuras generaciones musulmanas hasta el Día del Juicio. Ni ella, ni ninguna parte de ella, se puede dilapidar; ni a ella, ni a ninguna parte de ella, se puede renunciar. Ni un solo país árabe ni todos los países árabes, ni ningún rey o presidente, ni todos los reyes y presidentes, ni ninguna organización ni todas ellas, sean palestinas o árabes, tienen derecho a hacerlo. Palestina es un territorio Waqf islámico consagrado a las generaciones musulmanas hasta el Día del Juicio».

La estrategia del martirio tiene dimensión triple. Martirio, en primer lugar, del guerrero que ofrece su vida al Dios al cual solo esa vida pertenece. Martirio, igualmente lógico, de los sacrílegos que al Dios se oponen: tal, el proyecto atómico de un Irán consagrado a su misión de borrar a Israel del mapa. Hay un tercer modelo de martirio. Más sutil, más perverso. El de los necios infieles que cargan con la pesarosa culpa de haber nacido en países libres y ricos. Es la operación perfecta. Sale, por un lado, gratis en sangre creyente. Y pone, como escudo humano del terrorismo más regresivo, a los hijos progresistas de las democracias europeas. Nadie puede esperar reparo alguno a hacer eso, por parte de la misma gente que usó a sus propios críos como sacos terreros en la Intifada.

En el año 1975, Franco estaba muriendo y España se enfrentaba a su mayor envite. Un claro descendiente del Profeta entendió cómo sacar partido de lo frágil. Muchedumbres de civiles fueron lanzadas a ocupar el Sahara. Detrás, estaban los fusiles marroquíes. Pero no se veían. Ganó el Sultán. Vendimos a los saharauis. Y el ejército español fue sometido, por decisión de su gobierno, a la humillación más grande de su historia reciente. Israel defiende su territorio. Por tierra y por mar. No tiene otro. O combate o muere. Es la diferencia. Y no carece de lógica que nos dé tanta envidia. Y que lo odiemos tanto.

ABC - Opinión

Mala calidad democrática. Por M. Martín Ferrand

PARECE que es el despido, su valoración y tratamiento, el punto de máxima distancia en el diálogo (?) que mantienen los mal llamados «agentes sociales» para aliviar al Gobierno de su responsabilidad. Eso resulta chusco. Si sumamos el número de pensionistas y jubilados al de funcionarios, amas de casa, menores de edad, estudiantes y, sobre todo, los cuatro millones y medio de parados ya existentes veremos que se trata de una minoría el número de españoles que tienen la posibilidad de ser despedidos por sus empleadores. No parece legítimo anteponer los hipotéticos derechos de esa minoría a los generales de la ciudadanía, algo que sólo se explica en función de la profesionalidad sindical.

Una de las originalidades de la dictadura franquista que todavía perdura en nuestra normativa legal es la de reconocer la «propiedad» del puesto de trabajo a quien lo ocupa. Algo que contrasta con el ideario de la izquierda radical, que considera al Estado propietario y administrador de cada puesto de trabajo y, simultáneamente, con lo generalmente aceptado en las democracias occidentales, en las que los puestos de trabajo son de la Sociedad y a ella se deben. El fulanismo laboral de José Antonio Girón y José Solís que defienden con uñas y dientes sus herederos políticos, tal que Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, no es propio de nuestro tiempo ni de nuestro entorno y alcanza su máxima inconsistencia teórica cuando los trabajadores con empleo son numéricamente inferiores a los demás ciudadanos, como nos ocurre.

Ese debate estéril, del que huye el Gobierno para no salpicarse con nada que pueda dañar su muy maltrecha imagen, es un síntoma de un sistema de relaciones y representaciones laborales defectuoso y caduco. Caducado. Un testimonio más de la mala calidad democrática que padecemos por degeneración del espíritu de la Transición y que nos lleva a pretender en todos los planos de la vida pública condiciones y privilegios que sobrepasan con mucho nuestra posibilidad económica. Por eso somos un Estado impreciso y una Nación elástica en que, faltos de representatividad verdadera, brotan la inconsistencia política, la incertidumbre jurídica, el abandono educativo, la inseguridad ciudadana, la descalificación de los contrarios y, en lo que afecta a las relaciones laborales, algo que tejen al alimón un empresario en quiebra y unos sindicalistas con olor a naftalina.

ABC - Opinión

Crisis nacional. Jimmy Jump como síntoma. Por José García Domínguez

Igual constituye un indicio de la definitiva ausencia del sentido de la dignidad que retrata a la sociedad española contemporánea; el enésimo síntoma de ese no tomarse nada en serio que, aquí, hemos confundido con la más rutilante de las modernidades.

Ese caso, el del retrasado de la barretina, ha dejado entrever una tara colectiva que trasciende su triste patología individual. Me refiero a la enfermedad moral de cierta España poscastiza y neogarrula que, como ya advirtiera Machado en su día, siempre quiere estar de vuelta sin jamás haber ido a ninguna parte. ¿Cómo entender, si no, el juicio entre indulgente y jocoso que a más de un ilustre comentarista ha merecido la gansada protagonizada por el tal Jimmy Jump ante media Europa? Una frivolidad pueril, la de demasiada prensa, que, por cierto, tuvo su antecedente con la nominación de aquel Chiquilicuatre, Rodolfo, como heraldo de RTVE en Eurovisión.

A fin de cuentas, si la progresía con mando en plaza ya dictaminó que podía representarnos un payaso, ¿por qué extrañarse ahora de que irrumpan otros en escena al espontáneo modo? "Hombre, sólo se trata de una anécdota", me dirán. Y sí, lo es. Pero igual constituye un indicio, otro más, de la definitiva ausencia del sentido de la dignidad que retrata a la sociedad española contemporánea; el enésimo síntoma de ese no tomarse nada en serio que, aquí, hemos confundido con la más rutilante de las modernidades. Aquí y sólo aquí, por cierto. De ahí que, tan antiguos como vulgares, los alemanes acaben de despedirse de su presidente apenas por un comentario improcedente sobre política internacional. Asunto, ése, que no sólo ha servido para que descubriéramos que en Alemania tenían un presidente.

Pues igual nos ha revelado el insólito, inaudito, extravagante valor de la palabra entre esas tribus bárbaras del Norte. ¿O acaso alguien imagina, entre nosotros, a un concejal de capital de comarca dimitiendo por algún exceso verbal? ¿Y a una ministra de Economía después de falsear la letra y la música del BOE a la vista de la nación toda? ¿Y a un jefe del Gobierno tras embaucar a lo largo de veinticuatro meses a su electorado –y al del prójimo– sin tregua ni pausa? "Mentir, trapacear, burlarse de la gente con demagogia de frasco, da igual; lo único importante es ganar; como sea, pero ganar", proclaman los unos y los otros, todos, con vomitiva naturalidad. Porque ese Jimmy Jump no resulta ser el único paciente crónico de este sanatorio. Ni el más grave, que es lo peor.

Libertad Digital - Opinión

Fuego amigo. Por Ignacio Camacho

ESTÁN aterrorizados y no tienen dónde esconderse. Los ocupantes de la Moncloa ven caer el turbión de encuestas negativas atrincherados como quien escucha desde el búnker un bombardeo, pero los candidatos autonómicos y municipales del PSOE se saben expuestos a la metralla electoral en campo abierto.

Son las víctimas colaterales del desplome del zapaterismo, y están obligados a dar la cara porque las elecciones se acercan y ellos van a ser la avanzadilla que se enfrentará al fuego de un cuerpo social cabreado. Aunque algunos son políticos excelentes y cuentan con buena valoración personal, no hay carisma que resista este desastre. El prestigio individual puede desempatar una elección reñida, pero no alcanza para sobreponerse a una corriente tan adversa. El descrédito del Gobierno ha arruinado cualquier gestión local positiva y además el ajuste va a cortar los fondos para los proyectos de final de mandato; se van a presentar ante las urnas cancelando contratos, despidiendo cargos de confianza y sin un euro para inauguraciones.

De momento tienen la suerte de que el presidente no puede salir de casa sin exponerse a un abucheo, porque la mayoría de ellos no quiere ahora ni ver a Zapatero por sus alrededores. Si pudiesen, quitarían las siglas en sus actos públicos, como hizo en la campaña de 2007 algún alcalde andaluz del PP. La caída libre del Gobierno ha convertido a sus adversarios en gigantes y hoy por hoy es posible un vuelco crítico en el mapa del poder territorial. Desde el estado mayor socialista aconsejan calma, paciencia y aguante, y pronostican una mejoría de la borrasca a final de año, pero todos saben que el único que puede beneficiarse de la espera es el que dispone de una trinchera para parapetarse. Y los dirigentes de las autonomías y ayuntamientos sólo tienen por delante el campo para correr a cuerpo limpio. Desprotegidos frente a un adversario en crecida y con las minas de la crisis estallando bajo sus pies.

El lapsus mental de Griñán -«que Zapatero sea malo»- refleja ese estado de ánimo colectivo de la dirigencia socialista, apesadumbrada por la evidencia de que el partido está estigmatizado por los errores de un líder que apenas si puede hacer otra cosa que ocuparse de sí mismo. Con la brecha sociológica cada vez más ancha, el único horizonte que el Gobierno puede mejorar es el suyo propio porque tiene un par de años para resistir. Pero si el PP vence por goleada en las parciales del próximo mayo el clima de cambo será imparable. La paradoja consiste en que los que pueden evitar esa derrota necesitan alejarse lo más posible de una marca electoral que pierde fuerza a velocidad de vértigo. Se sienten presos de una situación que no controlan y cunde el pesimismo. Resistir resistirán porque no les queda otra y poseen un potente hábito partidista; lo que temen no es tanto el empuje del rival como las consecuencias indiscriminadas del fuego amigo.

ABC - Opinión

El fantasma de la huelga general vaga por Moncloa. Por Antonio Casado

Mal momento para currarse la estabilidad política e institucional. No obstante, esa es la prioridad marcada ante su gente por el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero.

No mover la barca y no entrar en el juego especulativo de un PP que busca de atajos hacia el poder. Ante la Ejecutiva de su partido, reunida el lunes pasado en la sede central de la calle Ferraz, el líder del PSOE, anunció que no tomará ninguna iniciativa que pueda añadir tensión a la vida nacional y le distraiga de las prioridades señaladas en su agenda.

La más apremiante es una reforma laboral pactada con patronal y sindicatos. Hoy mismo, la primera de dos reuniones en tiempo añadido. Dos nuevos intentos de lograrlo. En principio hasta la mitad de la semana que viene. O más, si el ministro Corbacho detecta alguna aproximación entre los interlocutores (Toxo, Méndez y Díaz Ferrán), sobre todo en costes del despido y cotizaciones empresariales. Por la cuenta que le trae el Gobierno. “Lo seguiremos intentando cueste lo que cueste a lo largo del mes de junio”, declaró ayer el ministro José Blanco.

No me extraña que se den largas. El aplazamiento puede llevar a la reforma pactada, mientras que el decretazo desembocaría en una huelga general. No hay color. Si la reforma del mercado laboral ha esperado dos años, también puede esperar dos semanas, habrá pensado Zapatero, que ya ha perdido la paz política y ahora se arriesga a perder también la paz social. Al revés de lo que le ocurrió a Felipe González. Perdió pronto la paz social y gozó de paz política hasta solo tres años de su caída.

Los sindicatos le endosaron a González cuatro huelgas generales. La del 20 de junio de 1985, por el recorte de pensiones, marcó el principio del fin de su amistad política y personal con Nicolás Redondo, secretario general del “sindicato hermano”. La segunda, el 14 de diciembre de 1988, por el Plan de Empleo Juvenil, aunque los sindicatos la plantearon como una reprobación de la política económica del Gobierno. La tercera fue una huelga general a media jornada, el 28 de mayo de 1992, el año de los grandes fastos. Y la cuarta, en enero de 1994, por la flexibilización del mercado laboral, que tuvo una incidencia menor porque el PSOE ya iba en caída libre por los casos de corrupción y guerra sucia.

En las cuatro se hizo presente el poder sindical. Algo inédito en la España de Zapatero por sus hasta ahora excelentes relaciones con las dos grandes centrales. Pero, de repente, el fantasma de la huelga general se pasea por Moncloa. Es ahí donde se la está jugando el Gobierno. Aunque se lo están poniendo muy difícil y él mismo está cautivo de su disposición a dictar la reforma laboral si persiste el desencuentro, Zapatero se resiste a dar por fracasado el diálogo entre patronal y sindicatos.

Entretanto se detecta un apagón en la fobia sindical de la derecha política y mediática. Hasta hace un par de semanas acusaba a los Sindicatos de inútiles, vendidos al Gobierno, apesebrados e insensibles al drama de los parados. Pero ante la posibilidad de que UGT y CC OO puedan hacerle a Zapatero al menos una vez lo que le hicieron cuatro veces a Felipe González, ese discurso se ha diluido. El verbo antes denigratorio contra los Sindicatos se ha vuelto analítico y razonable. La posibilidad de una huelga general se integra en el escenario político deseable por quienes anuncian el fin de la crisis y la felicidad de los españoles cuando Zapatero salga de Moncloa. Hasta el punto de verlo como un empujón más para que, cautivo y desarmado, al presidente no le quede otra que convocar elecciones.

El Confidencial - Opinión

La desconfianza toca máximos

Si Zapatero esperaba que con su tardío e insuficiente plan de reducción del déficit los inversores iban a recuperar –aunque fuese levemente– la confianza en la solvencia de España, la realidad ha tardado bien poco en hacer añicos sus esperanzas.

Si Zapatero esperaba que con su tardío e insuficiente plan de reducción del déficit los inversores iban a recuperar –aunque fuese levemente– la confianza en la solvencia de España, la realidad ha tardado bien poco en hacer añicos sus esperanzas: este martes, la prima de riesgo de la deuda española, expresada en el diferencial del bono español a diez años con el alemán al mismo plazo, se colocaba nada menos que en 170 puntos básicos, el nivel máximo de los últimos quince años.

Recordemos que el pasado viernes, la agencia de medición de riesgo Ficht rebajaba el rating de la deuda española, tal y como ya hiciera, antes del simulacro de ajuste aprobado por el Gobierno, la agencia Standard & Poor's. Ni entonces ni ahora, el Gobierno debía ni debe arremeter por este hecho contra el mensajero, pues los errores de cálculo que estas agencias hayan podido cometer en el pasado siembre han consistido en un exceso de optimismo, en beneficio del propio Ejecutivo.

La razón por la que el sector público español va a tener que pagar más dinero a los inversores para venderles deuda, y por la que las entidades financieras van a tener más dificultades para cubrir su morosidad y dar créditos a familias y empresas, no es otra que la absoluta incapacidad del Gobierno de Zapatero para solventar el entuerto que él mismo ha provocado. No por lo molesto del pinchazo, las medidas aprobadas por el Gobierno de Zapatero garantizan que se esté inoculando la necesaria medicina: dichos recortes no son sino el maquillaje necesario para encubrir como "plan de ajuste" lo que en realidad no viene sino a consolidar un insostenible despilfarro público. Prueba de ello es que dicho "tijeretazo" de Zapatero pone a salvo la existencia de ministerios inútiles, las subvenciones a sindicatos, patronal y partidos políticos, las ayudas a empobrecedores y liberticidas regímenes del tercer mundo, el ineficiente sector energético o la barra libre al gasto municipal y autonómico. Precisamente en este último y no menos decisivo punto, este martes también hemos sabido que las comunidades autónomas han creado nada menos que 169 entes públicos en plena crisis económica.

No contento con dejar fuera recortes como los que planteamos desde estas mismas páginas, el Gobierno de Zapatero también se ha negado a incluir en su "plan de ajuste" una reforma que, como la destinada a liberalizar profundamente nuestro mercado laboral, resulta del todo imprescindible tanto para acabar con un drama humano como es el paro, como para reducir el déficit y devolver la confianza a la deuda española.

En lugar de ello, el Gobierno ha concedido una nueva prórroga al estéril diálogo social de estos años, y está por ver si Zapatero no lo sustituye con un simulacro de reforma que prácticamente deje las cosas tal y como están.

Lo que no es de recibo es que, ante tanta inoperancia, el ministro de Fomento, José Blanco, tenga la ocurrencia de plantearse, tal y como ha hecho este martes, la "reprogramación" –léase rescisión– de contratos a empresas adjudicatarias que llevan a cabo alrededor de 3.000 obras que ya están en marcha en España. Ya podría el Ejecutivo haberse planteado antes si esas obras eran o no verdaderamente "vitales para el desarrollo", y no hacerlo ahora, a mitad de juego, lo que conlleva un debilitamiento de la seguridad jurídica, aun más letal para la solvencia de España que la repercusión de las obras en nuestras cuentas públicas.

Libertad Digital - Editorial

Trampas a la renovación del TC

LA renovación del Tribunal Constitucional ha entrado en una nueva etapa de conflictos entre PSOE y PP, después de que la mesa del Senado rechazara la candidatura de Enrique López y se negara a solicitar de los parlamentos autonómicos la confirmación de sus candidatos.

El descarte de López se basa en que, según un informe jurídico de la Cámara Alta, no cumple los quince años de ejercicio como jurista porque no sirven a estos efectos los siete que estuvo como vocal del CGPJ. Este mismo criterio se ha aplicado al candidato propuesto por el Parlamento andaluz, Juan Carlos Campo. El informe se apoya en la sentencia del Supremo que anuló la designación de Eligio Hernández como fiscal general, aunque entre ambos casos hay diferencias sustanciales, porque a Hernández se le contó como años de actividad de jurista el tiempo en que desempeñó cargos políticos en Canarias. Sin embargo, para ser vocal del CGPJ necesariamente hay que ser jurista o juez. La realidad es que el PSOE no quería, bajo ningún concepto, tener que votar a Enrique López y ha sacrificado a su candidato del Parlamento andaluz para excluirlo.

Como tampoco permitió la sustitución del fallecido Roberto García Calvo, con un candidato a propuesta del PP. Por otro lado, la decisión de los socialistas, con el apoyo de CiU, de no consultar a las asambleas autonómicas para la ratificación o modificación de unos candidatos que fueron propuestos en septiembre de 2008 -salvo para sustituir a López y Campo- tiene como finalidad impedir que los nuevos parlamentos gallego y vasco puedan modificar sus propuestas iniciales y reforzar la posición del PP ante la renovación. Si de lo que se trata es de renovar en condiciones el TC y facilitar la participación de las comunidades autónomas, tiene sentido actualizar las propuestas de unos parlamentos que han cambiado sus mayorías.

El desgaste político no afecta solo al TC, sino también a los partidos y a sus estrategias de control de las instituciones del Estado de Derecho. Estas disputas partidistas, que agravan las consecuencias del bloqueo que pesa sobre la sentencia del Estatuto de Cataluña, solo pueden desembocar en el cuestionamiento de los candidatos que finalmente acaben propuestos, manoseados por una sucesión de vetos y exclusiones que solamente cesará cuando se produzca el trueque inefable entre los bloques partidistas. El futuro de la renovación del TC no se despeja. Al contrario, se oscurece irremediablemente porque no puede acabar bien un proceso de nuevos nombramientos que comienza con la actitud de confrontación que mostró ayer el Partido Socialista.

ABC - Editorial