LA renovación del Tribunal Constitucional ha entrado en una nueva etapa de conflictos entre PSOE y PP, después de que la mesa del Senado rechazara la candidatura de Enrique López y se negara a solicitar de los parlamentos autonómicos la confirmación de sus candidatos.
El descarte de López se basa en que, según un informe jurídico de la Cámara Alta, no cumple los quince años de ejercicio como jurista porque no sirven a estos efectos los siete que estuvo como vocal del CGPJ. Este mismo criterio se ha aplicado al candidato propuesto por el Parlamento andaluz, Juan Carlos Campo. El informe se apoya en la sentencia del Supremo que anuló la designación de Eligio Hernández como fiscal general, aunque entre ambos casos hay diferencias sustanciales, porque a Hernández se le contó como años de actividad de jurista el tiempo en que desempeñó cargos políticos en Canarias. Sin embargo, para ser vocal del CGPJ necesariamente hay que ser jurista o juez. La realidad es que el PSOE no quería, bajo ningún concepto, tener que votar a Enrique López y ha sacrificado a su candidato del Parlamento andaluz para excluirlo.
Como tampoco permitió la sustitución del fallecido Roberto García Calvo, con un candidato a propuesta del PP. Por otro lado, la decisión de los socialistas, con el apoyo de CiU, de no consultar a las asambleas autonómicas para la ratificación o modificación de unos candidatos que fueron propuestos en septiembre de 2008 -salvo para sustituir a López y Campo- tiene como finalidad impedir que los nuevos parlamentos gallego y vasco puedan modificar sus propuestas iniciales y reforzar la posición del PP ante la renovación. Si de lo que se trata es de renovar en condiciones el TC y facilitar la participación de las comunidades autónomas, tiene sentido actualizar las propuestas de unos parlamentos que han cambiado sus mayorías.
El desgaste político no afecta solo al TC, sino también a los partidos y a sus estrategias de control de las instituciones del Estado de Derecho. Estas disputas partidistas, que agravan las consecuencias del bloqueo que pesa sobre la sentencia del Estatuto de Cataluña, solo pueden desembocar en el cuestionamiento de los candidatos que finalmente acaben propuestos, manoseados por una sucesión de vetos y exclusiones que solamente cesará cuando se produzca el trueque inefable entre los bloques partidistas. El futuro de la renovación del TC no se despeja. Al contrario, se oscurece irremediablemente porque no puede acabar bien un proceso de nuevos nombramientos que comienza con la actitud de confrontación que mostró ayer el Partido Socialista.
El desgaste político no afecta solo al TC, sino también a los partidos y a sus estrategias de control de las instituciones del Estado de Derecho. Estas disputas partidistas, que agravan las consecuencias del bloqueo que pesa sobre la sentencia del Estatuto de Cataluña, solo pueden desembocar en el cuestionamiento de los candidatos que finalmente acaben propuestos, manoseados por una sucesión de vetos y exclusiones que solamente cesará cuando se produzca el trueque inefable entre los bloques partidistas. El futuro de la renovación del TC no se despeja. Al contrario, se oscurece irremediablemente porque no puede acabar bien un proceso de nuevos nombramientos que comienza con la actitud de confrontación que mostró ayer el Partido Socialista.
ABC - Editorial
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