jueves, 15 de abril de 2010

La imposible reforma laboral. Por José García Domínguez

Es la sociedad española toda, el muy celebrado pueblo soberano, quien fuerza la parálisis de Ejecutivo y oposición frente a lo poco que desde la política cabe hacer contra la crisis.

Josep Pla, que tenía muy calado al paisanaje patrio, solía repetir que nada hay en el mundo más parecido a un español de izquierdas que un español de derechas. Y si uno no se deja aturdir por el griterío ambiente, esa reyerta tabernaria que aquí siempre suple al debate de ideas, ha de conceder que el maestro no andaba muy lejos de la verdad. De ahí, por ejemplo, que el ministro Sebastián yerre cuando sentencia, ingenuo de él, que Franco ha muerto. Muy al contrario, Franco, esto es, la España carpetovetónica, estamental, reglamentista, corporativa, antiliberal y castiza, el viejo país ineficiente que hastiara a Gil de Biedma en memorable verso, contra las falsas apariencias, mantiene las constantes vitales intactas.

Y la prueba no es que la progresía prostática ya ande a punto de ganarle la batalla del Ebro en las aulas de la Complutense, sino algo mucho más prosaico por real, positivo y concreto, a saber, la imposible reforma del mercado de trabajo. Porque, contra lo que ordena el lugar común, no son los jefes sindicales, probos funcionarios siempre prestos a servir al Gobierno de turno a cambio de una discreta soldada, los que bloquean cualquier conato de cambio; ni los sindicatos, ni tampoco los políticos como igual manda la demagogia al uso. Por el contrario, es la sociedad española toda, el muy celebrado pueblo soberano, quien fuerza la parálisis de Ejecutivo y oposición frente a lo poco que desde la política cabe hacer contra la crisis.


Así, tanto da que se titulen rojos, azules, socialistas, conservadores, progres o carcas, avenidos todos en feliz comunión, exigen que el Estado les continúe garantizando la más estricta desigualdad de los ciudadanos ante la ley. Ya que no puede restaurarse el Fuero del Trabajo, al menos, barruntan, que se eternice un régimen de castas laborales, el de los parias temporales frente a la aristocracia de los indefinidos, único –por injusto– en la Unión Europea. Tímido, medroso, menguado, musita ahora el Gobierno que a los restos del modelo falangista, ése vigente que defienden con uñas y dientes los amigos de Garzón, acaso, quizá, tal vez, a lo mejor, podría sucederlo un llamado sistema austriaco. Que se vaya preparando Sebastián. Pronto va a enterarse de quién manda. Todavía.

Libertad Digital - Opinión

En defensa del Tribunal Supremo

QUIEN escribió «Viva Garzón» en la franja amarilla de la bandera republicana exhibida en el acto de apoyo a este juez celebrado en la Complutense de Madrid resumió mejor que nadie la verdadera naturaleza sectaria e ideológica del movimiento creado para coaccionar al Tribunal Supremo.

Esa vinculación gráfica de Garzón con la bandera republicana —enseña inconstitucional— retrata a sus conspicuos defensores y desvela el objetivo real de sus exabruptos. Las acusaciones calumniosas e injuriosas contra los magistrados del Supremo no eran sino la entradilla de una campaña renovada de ataque a la Constitución de 1978 y al sistema judicial organizado en torno a la independencia de jueces y magistrados. Defender a Garzón era la coartada para poner en solfa la legitimidad del Supremo, para lo que nada mejor que lanzar sobre sus integrantes la acusación de ser «instrumentos del fascismo» y «cómplices de las torturas de la dictadura». Ya llega tarde el Consejo General del Poder Judicial para solicitar la intervención del fiscal general y éste, en anunciar la querella contra el autor de tan infames invectivas.

Al margen de estas consecuencias legales, que deberían producirse de inmediato, lo cierto es que el proceso a Garzón ha desatado una explosión de resentimientos y odios almacenados en una izquierda que ha vuelto a mostrarse incapaz de asumir la Transición y el pacto constitucional de 1978. Los gritos de «No pasarán», las apelaciones contra la impunidad del franquismo y la orquestación de estéticas asamblearias demuestran que esa izquierda movilizada contra el Supremo realmente quiere alterar las bases del actual sistema democrático, que no son otras que la aceptación de un proyecto común para todos los españoles. De nuevo, el maniqueísmo y la bandería se apoderan de la izquierda para impugnar el pacto constitucional y reclamar, con 35 años de retraso, una nueva transición basada en el ajuste de cuentas y la revancha; tal vez la que realmente querían, pero no les fue posible en el 78, aunque tampoco lo sería hoy, en 2010, cuando la juventud se agobia con el 40 por ciento de paro que la atenaza, la preocupación principal de los ciudadanos es superar la crisis económica y el franquismo es, para la mayoría, una lección de los libros de historia.

«Defender a Garzón era la coartada para poner en solfa la legitimidad del Supremo, acusado de «cómplice de las torturas de la dictadura»

Por eso, la imposibilidad histórica de deshacer el camino andado obliga a esta izquierda vociferante y crispada a conformarse, que no es poco, con provocar la confrontación civil, la separación de españoles otra vez en bandos y destruir la convivencia social. El objetivo último de esta exhibición de extremismo incivil no es otro que asegurar un estado de conflicto permanente en el que la normalidad del debate político, que dejaría al descubierto la vacuidad ideológica de la izquierda española y las consecuencias de su gestión de gobierno, sea sustituida por la algarada de barricada que intimide a la gran mayoría de españoles, que son moderados y sensatos.

El disfraz jurídico puesto a las diatribas contra el Supremo hace aún más patética la pretensión de esta izquierda de apoyar así a Garzón. Los portavoces del acto asambleario de la Facultad de Medicina eligieron mal sus argumentos, como el de afirmar que los jueces del Supremo harían imposible un juicio como el de Nüremberg. Lo que haría imposible un proceso así es la Constitución de 1978, que prohíbe los tribunales de excepción, como lo fue aquél. En todo caso, si algo de lo oído estos días recuerda al nazismo es el empeño de esta izquierda rancia en recuperar el Derecho Penal de autor, aquella aberración jurídica con la que los nazis condenaban o absolvían según las circunstancias del autor, no por su responsabilidad. Ahora sabemos que esta izquierda, si pudiera, impondría en la justicia penal criterios totalitarios para discriminar por razones ideológicas a los ciudadanos. Su discurso en la Complutense fue predemocrático, auténticamente reaccionario.

«El objetivo de esta exhibición de extremismo incivil es asegurar un estado de conflicto permanente a través de la algarada de barricada»

Nada de lo sucedido ha sido, sin embargo, fruto de un apasionamiento sorpresivo. Son muchos años los que lleva acumulada la política de Rodríguez Zapatero de impulsar un revisionismo histórico, oculto tras las buenas intenciones de reparar el daño sufrido por las víctimas del franquismo -cuyas legítimas aspiraciones sólo son atendibles en el marco de la ley, no fuera de él-, pero que persigue dejar sin efecto un pacto constitucional basado en la paridad y la transacción entre derecha-izquierda. Animados por la inducción del Gobierno socialista, algunos sectores de la izquierda se creen autorizados para cargar contra las instituciones del Estado democrático y de Derecho, descalificándolas como prolongación del franquismo. Las reglas del juego se están rompiendo y lo peor de todo es la satisfacción neroniana con la que el PSOE contempla la quema de la convivencia en un país que decidió superar en 1978 una historia desangrada por enfrentamientos civiles. Retomar ahora el balance de culpas -por supuesto, siempre ajenas-, erigirse en controlador de la democracia y apartarse de los cauces constitucionales es una irresponsabilidad de la izquierda en la que ésta debe cesar.

Lamentablemente, tal estrategia de crispación no sólo puede no ceder a corto plazo, sino que cabe la preocupante posibilidad de que se incremente, simplemente porque la izquierda considere que es la manera de movilizarse para atajar las victorias electorales de la derecha. Son síntomas de una predisposición nada democrática a asumir una alternativa política, un cambio de gobierno; clara advertencia al mismo tiempo para el Partido Popular, emplazado a no secundar la deriva ultramontana de la izquierda, tanto como a no tolerar que España acabe sumida en el revanchismo, la confrontación y la crisis constitucional que abandera esa izquierda antidemocrática que asoma parapetada tras Garzón.


ABC - Editorial

El Gobierno también se levanta contra el Supremo

Otro prueba de que el presidente y su Gobierno fingen querer parar con una mano lo que en realidad están impulsando con la otra son las declaraciones de este mismo miércoles de varios miembros del Ejecutivo y del PSOE.

Si el presidente del Gobierno hubiera querido de verdad abortar la insurrección guerracivilista y totalitaria contra el Tribunal Supremo que él mismo ha gestado con su sectaria y cainita Ley de Memoria Histórica, con su desprecio a la transición y con sus públicos respaldos a un juez imputado por tres delitos de prevaricación como Garzón, en lugar de pedir hipócritamente respeto al poder judicial, lo primero que habría hecho es condenar abiertamente las calumnias que han sufrido los magistrados del Alto Tribunal, para acto seguido cesar de sus cargos a quienes, como el secretario de Estado Gaspar Zarrías o el miembro de la Ejecutiva Federal Pedro Zerolo, participaron y aplaudieron en el aquelarre antidemocrático vivido en la Complutense el pasado martes.

Ya resulta impresentable que una institución que se financia con dinero público y que debería ser ejemplo de respeto y tolerancia, como es una universidad, se utilice para insultar a los miembros del Poder Judicial. Tan impresentable como que UGT y CCOO movilicen a liberados sindicales, financiados con el dinero del contribuyente, con el mismo antidemocrático objetivo de denigrar a los miembros del Tribunal Supremo. Ahora bien, que miembros del Gobierno y del partido que lo ocupa, como Zarrías o Zerolo, sigan ostentando sus cargos después de haber dado respaldo a ese acto insurreccional contra el Estado de Derecho es muestra de la impostura del presidente del Gobierno.

Otro tanto se podría decir de otro entusiasta participante en el acto, como el alcalde y presidente de la FEMP, Pedro Castro. Zapatero ya respaldó a Castro cuando éste, en una muestra de desprecio a la democracia y a la federación de municipios de muy distintos signos políticos que preside, llamó "tontos de los cojones" a los votantes del PP. Aunque él no los haya proferido ahora, el respaldo de Castro a un acto en el que se han dirigido insultos mucho más graves contra los magistrados del Supremo sería más que suficiente para que Castro cesara de manera fulminante.

A este respecto bien está que desde el PP y UPyD, Rajoy y Díez, respectivamente, hayan pedido con la necesaria firmeza la dimisión del secretario de Estado Zarrías. Pero no deberían olvidar el cese que, por el mismo motivo, merece quien preside la Federación que agrupa a todos los municipios de España.

Otro prueba de que el presidente y su Gobierno fingen querer parar con una mano lo que en realidad están impulsando con la otra son las declaraciones de este mismo miércoles de varios miembros del Ejecutivo y del PSOE. Así, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, tras la retórica petición de "respeto a la justicia" con la que simulan estar al margen del agitprop guerracivilista, ha pasado inmediatamente a decir que en España siguen existiendo "restos del franquismo". Vamos, como si la razón por la que Garzón estuviera imputado no fuera la ley que nos hemos dado en democracia.

¿Y qué decir del lehendakari socialista, Patxi López, que ha acusado a los magistrados del Supremo de "connivencia" con los que acusan y de "avalar la utilización perversa de uno de los grandes logros de la democracia como es la acusación popular"? Si la acusación popular es ciertamente un logro democrático es precisamente porque amplia el derecho de todos los ciudadanos a apelar a la justicia, derecho que, a la vista está, los defensores de Garzón pretender conceder o negar a los ciudadanos en función de su ideología.

Finalmente, no nos podemos dejar en el tintero al titular de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, quien, siguiendo el mismo guión, ha empezado por decir que "hay que mirar al fututo", para acto seguido apelar a la necesidad de "reparar la memoria del pasado". "Por eso me cuesta mucho trabajo entender y comprender que los falangistas sienten en el banquillo a aquel que ha tratado de recuperar la memoria de los que sufrieron la dictadura".

Además de que no es tarea ni de un juez ni de ningún político "reparar" algo tan subjetivo y personal como es la memoria de cualquier ciudadano, si Garzón se sienta en el banquillo no es por la existencia de la Falange, sino por su inobservancia, presuntamente deliberada, de la ley. Si esto no lo entiende el ministro de Fomento, que se vaya a casa y que lea la Constitución. Ni siquiera aspiramos a que concluya su carrera de Derecho.


Libertad Digital - Editorial

Jueces y justicia. Por José María Carrascal

Estamos en la semana de la Justicia, con mayúscula, y sólo pensarlo produce escalofríos. Porque la Justicia es la ley de la gravedad del Estado de Derecho.

Si se desploma, sobreviene el caos. Un país puede vivir sin gobierno, sin parlamento, sin medios de comunicación. Pero no puede vivir sin Justicia. Sería devolverlo a la ley de la selva, a la sinrazón de la fuerza bruta.

El jueves, el juez Garzón declarará ante el Tribunal Supremo por el segundo delito que se le imputa, los 320.000 dólares que cobró por las conferencias en el Centro Rey Juan Carlos, de la Universidad de Nueva York, durante su estancia en aquella ciudad los años 2005 y 2006, en excedencia con sueldo, al haber declarado que no tenía otros ingresos. Mientras el Consejo General del Poder Judicial sopesa si apartarle o no de la magistratura, tras habérsele encausado por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, de lo que luego se retractó, cediendo la causa a los tribunales madrileños.


Coincide con lo que tendría que ser la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán, tras años de deliberaciones, muertes de algunos magistrados, cumplimiento del término de otros y presiones de todas clases sobre ellos. La presidenta intenta sacar adelante una mayoría que dé dignidad al fallo y la libre de tener que usar su voto de calidad para producir una sentencia que sea un empate. Pero eso no es nada comparado con su último objetivo: contentar a los catalanes y respetar la Constitución. La cuadratura del círculo. De no encontrársele solución, habría que seguir esperando esa sentencia, aunque ya como se espera a Godot en la obra de Beckett: sin esperanzas de que llegue. Y si llega, será demasiado tarde.

Pero tampoco puede uno cruzarse de brazos en este momento crítico para la Justicia española, que es tanto como decir España, por lo que voy a reflexionar en voz alta sobre ella, invitándoles a acompañarme. Y lo primero que tengo que decir es que se necesita una madera especial para ser juez, posiblemente el más difícil de los quehaceres humanos. No basta la memoria, la aplicación y la inteligencia. Se necesita también capacidad de análisis, conocimiento de la naturaleza humana, valentía, prudencia, coraje y modestia, cualidades que no suelen darse juntas. De mi curso de bachillerato, como creo de todos, salieron muchos médicos, muchos abogados, pero sólo un juez, que no por nada era el mejor de la clase, no por la brillantez, sino por la madurez ya palpable en aquellos años mozos.

El juez necesita todo ello para ser, ante todo, imparcial. Y no se puede ser imparcial si no se es independiente. Independiente de todos los otros poderes del Estado, el Ejecutivo en primer lugar, siempre ansioso de más atribuciones sin dar cuenta de cómo las usa. E independiente de la moda, de la corriente que prevalece en cada momento, pues el juez tiene sólo una hoja de ruta, la ley, justo lo contrario de la moda.

Tan lejos va la independencia del juez que le obliga a ser independiente de sí mismo, algo bastante más difícil que la independencia de otro. Ha de liberarse de sus pre-juicios, para que no contaminen sus juicios. Prejuicios de todo tipo, personales, familiares, corporativos, ideológicos sobre todo. La ideología, mucho más que el dinero, es la gran corruptora de la Justicia, la causa de los mayores errores judiciales y de las mayores injusticias. De ahí que sea la gran tentación, el mayor escollo a salvar por los jueces. O para los que se creen jueces, pues para los verdaderos jueces no hay otra tentación que hacer justicia.

«Defender a Garzón era la coartada para poner en solfa la legitimidad del Supremo, acusado de «cómplice de las torturas de la dictadura»

Generalmente, cuando los mortales juzgamos a otro, lo que solemos hacer es preguntarnos sin darnos cuenta: ¿qué hubiera hecho yo en su lugar? Y si la respuesta coincide con lo que ha hecho el otro, lo juzgamos bueno, mientras si no coincide, lo juzgamos malo.

Pero el juez no puede permitirse ese lujo. Tiene que saltar sobre su sombra, superarse a sí mismo, y en vez de preguntarse ¿qué hubiera hecho yo en su lugar?, preguntar ¿se ajusta o no a la ley lo que ha hecho? ¿Tenía o no derecho a hacerlo? Independientemente de lo que hubiera hecho él o de lo que le hubiese gustado hacer. Sólo así su juicio será imparcial, es decir, justo.

El juez tampoco tiene que dejarse deslumbrar por las intenciones. Todas las intenciones son buenas mientras sus consecuencias no resulten malas. Todos los acusados encuentran excusas para su proceder, no importa los daños que hayan causado. Todo el mundo es inocente ante sus propios ojos y ante los que simpatizan con él, por una razón u otra. Lo que ya no son tan inocentes son los males que causan muchos hechos bienintencionados. Ya dice el refrán que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Siendo el juez el encargado de proveer la reparación y el castigo correspondiente. Una justicia blanda, complaciente, es una invitación a seguir delinquiendo. Aunque tampoco debe olvidarse que una justicia cruel puede hacer del condenado un mártir e incluso un héroe. Algo que nunca debe ocurrir.

Los «tempos» son también importantes. Una justicia rápida invita a la precipitación, con riesgo de error, al no haberse analizado y sopesado todos los factores. Pero una justicia demasiado lenta, una justicia que se pospone una y otra vez, origina tantos o mayores daños. Y el último cinismo es el aplazamiento indefinido, el lavarse las manos, el no emitir sentencia. No porque el juez no tenga opinión sobre el caso, sino para evitar ser juzgado por su sentencia, por miedo a «retratarse». Aunque lo peor de todo es una sentencia ambigua, ambivalente, «interpretativa», de la que puede sacarse todo tipo de conclusiones, incluso contradictorias. Las consecuencias son claras: en vez de resolver un problema, crearía varios.

Un acusado es culpable o es inocente. Como los cargos de que se le acusan se ajustan a no a la ley. Un juez que no responde a estos planteamientos, que no lo plasma en su sentencia está traicionando a la Justicia y, a la postre, está dejando sin castigo a un delincuente o manteniendo las sospechas sobre un inocente. En otras palabras, está abdicando de la tarea que se le ha encomendado. En ese sentido, se hace cómplice pasivo de un delito.

«El objetivo de esta exhibición de extremismo incivil es asegurar un estado de conflicto permanente a través de la algarada de barricada»

Podría uno seguir hablando horas y horas de la Justicia y de los jueces, la más difícil y fascinante de todas las actividades humanas. En su «Ética a Nicómaco», lo resume en la frase: «Todas las virtudes se resumen en actuar justamente». Y nadie tiene el deber de actuar más justamente que los jueces. Dicho esto, sólo me resta decir que estoy convencido de que la inmensa mayoría de los jueces españoles lo hacen. Pero no se habla de ellos, precisamente por ser buenos jueces.

Su principal problema es un ordenamiento constitucional que no sólo no facilita su labor, sino que les pone toda clase de trabas, desde sus nombramientos, escandalosamente politizados, hasta su funcionamiento, con menos recursos que cualquier otra rama de la Administración. Si el Estado ganase dinero con la Justicia, seguro que los juzgados funcionarían como las delegaciones de Hacienda o los servicios de multas de tráfico. Pero lo único que quieren los políticos de los juzgados es controlarlos y que no les controlen a ellos, para que no se descubran sus chanchullos.

No va a ser fácil salvar estos escollos. Pero tengo la esperanza de que la gravedad en que se encuentra la Justicia española, el peligro que corre de ser absorbida por los demás poderes del Estado e incluso por las masas en la calle, haga reaccionar a los verdaderos jueces, que olvidando sus diferencias ideológicas, se pongan de acuerdo para limpiar toda la basura que han arrojado a su patio los que quieren quitarles la máxima dignidad en una monarquía o república: ser los intérpretes de la ley.


ABC - Editorial

miércoles, 14 de abril de 2010

Bye, bye, alliance of civilizations. Por José María Carrascal

¿QUÉ diablos hace este hombre en Washington? Porque la conferencia nuclear convocada por Obama es justo lo contrario de su Alianza de Civilizaciones.

La Alianza de Civilizaciones trataba de abrazar a los enemigos. La cumbre nuclear trata de aislarlos y penalizarlos. De ahí que no se haya invitado a los que Bush llamaba «estados delincuentes» -Irán, Corea del Norte-, decididos a convertirse en potencias atómicas y que se busque la forma de impedirlo. Obama consiguió ya un triunfo la víspera, al lograr que el presidente chino, Hu Jintao, apoyase su paquete de medidas contra Irán, algo a lo que venía oponiéndose, al temer que los iraníes les cortasen sus suministros de petróleo. La promesa norteamericana de que se le suministrarán por otro lado, ha vencido sus renuencias. Ahora falta convencer a los demás, a los rusos y franceses, que temen por sus exportaciones a Irán. Obama ya se reunió con Medvedev y Sarkozy y lo esta haciendo con sus colegas de Ucrania, Nigeria y Sudáfrica, todos ellos con intereses en uranio y petróleo.

¿Qué hace en esa reunión Zapatero, sin ninguna de ambas cosas? Pues hace bulto. Se le ha invitado, acude encantado y cuando, al finalizar, Obama pida a los 47 reunidos que guarden sus residuos nucleares bajo siete llaves y sanciones para los delincuentes, será el primero en prometerlo. ¡Adiós Alianza de Civilizaciones! ¡Adiós a esa debilidad de la izquierda por los marginados, por los perseguidos, por los «fuera de la ley»! Ahora toca perseguirlos, como toca perseguir a ETA, después de haber hecho manitas con ella.

Es curioso que los mismos que criticaban a Aznar por seguir los pasos de Bush sigan ahora los de Obama con la misma devoción canina, no del todo correspondida, pues Bush al menos permitía a Aznar poner los pies en la mesa de su rancho, mientras Obama no ha invitado todavía a Zapatero a su casa e incluso ha cancelado la prometida visita a España.

Pero, en fin, si Obama le hace olvidar ese juguete de la Alianza de Civilizaciones, que nos está costando un dinero sin servirnos para nada, bienvenido sea el seguimiento. Aunque, ¿saben ustedes una cosa? Yo, que Obama, no me fiaría demasiado. Alguien que cambia de actitud de un día a otro sin justificarlo ni siquiera admitirlo, puede volver a la actitud anterior sin pestañear. Hay quien dice que Zapatero no ha roto del todo con ETA y que, si se le presenta la ocasión, volverá a negociar con ella. Del mismo modo, si mañana le conviniese volver a estrechar lazos con los «estados delincuentes», lo haría con ese gesto tan suyo de abrir los brazos y «a mí, que me registren».

¡Ah! Lo más importante: allí no se habla de la crisis económica. ¡Qué alivio! ¡Y qué pena tener que volver a España!


ABC - Opinión

Abusar de la memoria. Por Gabriel Albiac

ES demasiado obscena la fotografía. Pancartas que hacen de la memoria de los muertos refugio para un juez no muy escrupuloso con las leyes.

¿Dice verdad alguna la memoria de los hombres? Sí. La verdad del afecto, los afectos, de aquel que rememora. Y nada fuera de eso. Quien recuerda una pena nos conmueve, porque es suya. Nada más. Y, en lo incomunicable, da síntoma del dolor humano. Universal. Y el respeto que se le debe es tan hondo cuanto lo es el silencio del que sufre. Porque quien de verdad sufre jamás trocará ese absoluto suyo en triste calderilla palabrera. Luis Cernuda lo da en uno de esos momentos de intuición perfecta a los cuales llamamos poesía: «Pero, como el amor, debe el dolor ser mudo». O bien, dejar de serlo. De ser dolor. Y aceptar ser escena. Escena desasosegante de esas gentes -puede que bienintencionadas- con pancarta ante la Audiencia, haciendo de sus muertos trinchera para un juez dudoso. Como se hace empedrar con los cuerpos congelados de los camaradas muertos el suelo de las trincheras sobre el cual caminan los soldados del sobrecogedor relato de Rudyard Kipling acerca de la guerra del 14.

He conocido a gentes que sufrieron más de lo que un humano debiera tener que sufrir en esta puta vida. A gentes cuyas vidas fueron rotas, aun antes de nacer, por la dictadura franquista. Algunas me son demasiado cercanas para atreverme a evocar la dimensión de sus tragedias. Y claro que sé que tragedias paralelas las ha habido en la orilla opuesta. Y claro que sé que existe incluso algún caso biográfico en que el nombre del gestor de las tragedias de unos y otros es el mismo; el mismo ilustre nombre de padre de la escénica España en que vivimos: Santiago Carrillo. Sé con qué mi memoria me conmueve. Sé que esa conmoción morirá conmigo. Sé también que no soy lo bastante necio -o lo bastante ingenuo, o lo bastante cínico- como para confundir mis conmociones con la realidad histórica. A la hora de conmoverse, a la hora de maldecir o sollozar, uno debe cerrar la puerta de su casa con doble vuelta de llave. El dolor exhibido es sólo obsceno. Y miente. Siempre.

Hagan la historia los historiadores. Cumplan la ley los jueces. Sepamos, quienes moriremos con nuestra memoria a cuestas, que nada es más nuestra verdad -la de nosotros, cada uno, pobres cúmulos de muerte acumulada, quevedianas «presentes sucesiones de difunto»- que esa callada estancia arrebatada al curso común del tiempo; que nada humilla más que dar rango de objetual verdad histórica a lo que por sernos lo más íntimo nos es lo más sagrado. Hagan la historia los historiadores. Distantes, fríos, ajenos a cuanto sucedió: llevo toda mi vida de historiador de la filosofía enseñando a mis alumnos que jamás se historia a menos de tres siglos de distancia; no voy a engañarme en esto.

Las gentes que más sufrieron -algunas de ellas me son muy cercanas, demasiado para poder siquiera nombrarlas- callan. Muy raramente, en instantes milagrosos de intimidad blindada, susurran metafóricas elipsis de su drama. Hablemos de otra cosa. Hace unos pocos años fue descubierto un farsante español que se fingía víctima y superviviente de Auschwitz. «¿Cómo lo descubrísteis?», pregunté a un amigo judío. «Hablaba de Auschwitz todo el tiempo. Los de Auschwitz nunca cuentan nada». Los pocos que, en la soledad más intratable, narraron -Antelme, Améry, Primo Levi...- retazos de aquello, pagaron, en distintos modos, con sus vidas. Contar en alta voz es siempre alzar escena y artificio. Escena: pancartas, horribles barricadas de muertos, en defensa de un juez dudoso. No incluyan a los míos. Es demasiado obsceno. Demasiado.


ABC - Opinión

El líder converso. Por M. Martín Ferrand

Ultimamente, no se sabe muy bien para qué, José Luis Rodríguez Zapatero viaja a Washington con la devoción de un converso.

Todavía deben de dolerle las posaderas de tanto tenerlas atornilladas al asiento mientras la bandera de las barras y las estrellas desfilaba por el paseo de la Castellana de Madrid y trata de aplicarse el bálsamo de los viajes. Ahora interpreta el papel insustancial de aliado de Barack Obama para el desarme nuclear, cosa chusca si se considera que España, como Nación, ya está desarmada y, como territorio, depende de la voluntad del propio Obama, inquilino principal de Rota y acostumbrado navegante del Golfo de Cádiz, en donde abundan barcos y aviones, nuclearmente armados o desarmados, de la U.S. Navy.

Quienes, como yo, somos de provincias viejas, llenas de costumbres y manías, sabemos que la devoción por el santo, a la santa, locales depende de la distancia hasta la ermita en que se les venere. Por lo general, en función del espíritu de fuga que nos han inculcado la Historia y la experiencia, preferimos la de más lejos. Por eso, Zapatero le reza más a Obama que a la Virgen del Camino que es patrona de su pueblo electivo. Allí, en la capital del Imperio, se le ve como un pulpo en un garaje. Habla a gritos para hacer creer que lo hace en inglés y, de hecho, dice todo lo que tiene que decir. Nada.

El presidente, a quien tanto gusta ser traducido, le ha dicho a Financial Times que «de aquí a las elecciones nuestra política debería ser la de la austeridad y el recorte de costes». No cabe duda de que el líder socialista es un converso compulsivo. Después de negar la crisis y de no verla llegar, tras no querer enfrentarse a ella por razones «sociales» - es decir, electorales-, ha terminado por descubrir lo que todos saben en Europa, que no hay otro camino que el ahorro y la austeridad, la reducción del gasto público y el recorte de las manías de grandeza. Algo que, aquí, suele ser parte integral de poder y de su ejercicio político. Otra cosa será cómo pasar de las musas al teatro. ¿Se atreverá Zapatero a reducir la nómina de un funcionariado que, entre la última legislatura de José María Aznar y la primera de las suyas, ha crecido un 23 por ciento? Para ser un buen converso no basta con caerse del caballo camino de Damasco, o de Washington. Hay que saber levantarse y convertir en hechos reales las buenas intenciones.


ABC - Opinión

Vudú en la Universidad. Por Ignacio Camacho

La universidad española se ha convertido desde hace tiempo en refugio de radicales de toda condición, donde cualquier alboroto tiene asiento: abucheos a políticos, algaradas extremistas, boicots a la libre expresión o exaltaciones del fanatismo en sus diversas vertientes.

Pero contemplar a todo un rector magnífico -víctima reciente de un zarandeo multitudinario- ejerciendo de orgulloso anfitrión de un aquelarre contra las instituciones del Estado aún constituye una sorpresa capaz de desbordar la más holgada capacidad de asombro. No menos, sin embargo, que el minucioso rito de vudú moral practicado con los magistrados del Supremo por un ex fiscal tan riguroso que es capaz de acusarlos de cómplices de tortura sin dar nombres. Después de semejante exhibición doctoral en sede académica ya tardan en nombrarlo profesor emérito de la Facultad de Derecho.

Si la Complutense deseaba rendir homenaje a Garzón bien podría haberlo nombrado doctor honoris causa o concederle cualquiera de las numerosas distinciones de su repertorio de protocolo; al fin y al cabo salvo en lo concerniente al Derecho procesal, en el que no parece exactamente un experto, la trayectoria del juez más famoso de España ofrece perfiles lo bastante poliédricos -a veces incluso contradictorios- para permitir cualquier reconocimiento de parte. Para defender al magistrado en apuros existen sin duda argumentos más repetables y decorosos que el tiro de pichón dialéctico contra sus juzgadores. Lo último que cabía esperar de la institución universitaria era este destemplado exorcismo de aluvión, este conciliábulo mitinero en el que para apoyar al procesado sus abigarrados participantes la han emprendido a navajazos retóricos, al grito de falangista el último, contra el sistema judicial y hasta contra la arquitectura legal de la democracia. Semejante deslegitimación institucional sería deplorable por la relevancia de sus protagonistas incluso en el marco de una manifestación callejera dominical, pero en el escenario de la primera universidad nacional resulta sencillamente desolador. Si queda en el ámbito universitario un mínimo de independencia moral es de esperar que el colectivo académico no apruebe con su silencio resignado este verdadero linchamiento con birrete.

El último objetivo de la izquierda radical, si es que va quedando alguna que no lo sea, es la demolición de la justicia como un obstáculo para su proyecto rupturista. Las apelaciones derogatorias de las leyes de la Transición, fruto del consenso constituyente, fueron tan numerosas como explícitas en la arenga asamblearia del Paraninfo Complutense. En este marco de presión se va a reunir hoy el Tribunal Constitucional para fallar -es de esperar que no en doble sentido- el recurso sobre el Estatuto de Cataluña. Ya pueden sus miembros tener claro lo que va a pasar si se les ocurre pronunciarse a contracorriente de esa marea.


ABC - Opinión

Charlotada insurreccional. Por José García Domínguez

Esos gallardos milicianos se han pasado treinta y cinco años cenando lubinamismo en Zalacaín y en Jockey, por completo ajenos a que en su día se les olvidó derrocar al gallego, y eso se paga… en colesterol y también en credibilidad.

Que Una memoria sin fronteras, ese airado manifiesto en reclamo de impunidad para Garzón, vaya encabezado nada menos que por Pasqual Maragall, célebre escudero y chico para todo de José María Porcioles, el sempiterno alcalde de Barcelona durante la dictadura, indica que nuestros neo-antifranquistas necesitan yacer con urgencia en el diván de un buen psicoanalista, a ser posible porteño. Mejor argentino porque, por el mismo precio, habría de ilustrarlos acerca del abismo ético que media entre las leyes de punto final de los milicos y la amnistía votada por las Cortes Españolas en 1977. Una amnistía, aquélla que defendió Marcelino Camacho desde la tribuna del Congreso, que consagraría la política de reconciliación nacional preconizada por los únicos que habían luchado contra el Régimen mientras Maragall servía solícito al Generalísimo: los comunistas.

En fin, en otro orden de contrariedades, emerge cierta disonancia digamos estética, la sombra de una impostura plástica, un desajuste obsceno entre forma y contenido, que añade patetismo a esos revival asamblearios, los festivales camp como el último de Berzosa en la Complutense, siempre repletos de tanto viejo progre ajado a la busca, ¡ay!, del tiempo perdido. Porque el discurso incendiario de esos pretendidos hijos de la ira, incorruptibles idealistas de salón, rebeldes con causa clamando puño en alto en pos de la justicia poética retrospectiva, no se compadece con el orfeón de lustrosas barrigas que escoltaron a Toxo y Méndez en el escenario. Y es que, en puridad, más que de genuina legitimidad antifascista, la socialdemocracia imperante adolece de un problema de sobrepeso.

Están todos demasiado gordos, empezando por el propio Garzón. De ahí, quizá, que no cuele la charlotada insurreccional a cuenta del Juez Campeador. Esos gallardos milicianos se han pasado treinta y cinco años cenando lubinamismo en Zalacaín y en Jockey, por completo ajenos a que en su día se les olvidó derrocar al gallego, y eso se paga... en colesterol y también en credibilidad. Así, nuestros neo-antifranquistas llevan más de un cuarto de siglo administrando una superioridad moral tan impostada, tan falsa, tan ful como la ingeniosa memoria sin fronteras –ni vergüenza torera– que acaba de fabricarse Maragall. Para que ahora nos vengan con el cuento del tío Paco y las rebajas.


Libertad Digital - Opinión

Desvarío sindical

LA campaña falsamente «progresista» en favor del juez Garzón alcanza ya límites inaceptables porque pone en cuestión las reglas básicas del Estado de Derecho.

Es intolerable que se descalifique a la sala de lo Penal del Tribunal Supremo sin tener en cuenta que la independencia del Poder Judicial y el respeto a sus decisiones son elementos esenciales para la convivencia democrática. No es cierto que la extrema derecha «persiga» al magistrado en venganza por su pretensión de investigar la época franquista. Lo único que ocurre es que Garzón, como cualquier otro ciudadano, está sujeto a las leyes y el Alto Tribunal le imputa la eventual comisión de un delito de prevaricación. Por ello, los encierros, los manifiestos e incluso las concentraciones -ciertamente poco concurridas- a favor del juez tergiversan la realidad de los hechos al servicio de un radicalismo político que descalifica a sus promotores. Es la consecuencia natural de la desafortunada ley de la Memoria Histórica promovida por Rodríguez Zapatero, siempre dispuesto a buscar ventajas partidistas aunque sea a costa del éxito colectivo que supuso la Transición democrática. Una sociedad que mira al futuro no puede dedicar su tiempo y su esfuerzo a la apertura de fosas o a la revisión de acontecimientos pretéritos que deben quedar en manos de los historiadores.

Ahora resulta que los sindicatos afines al Gobierno se apuntan a esta operación de propaganda y anuncian movilizaciones para apoyar a Garzón. Es difícil aceptar que la función de los sindicatos en una sociedad desarrollada se extienda a un ámbito tan alejado de la defensa de los intereses laborales de los trabajadores, sobre todo en plena crisis económica y con una cifra de parados que sigue creciendo de forma imparable. UGT y CC.OO. no se han movilizado contra la política económica del Ejecutivo, salvo algunas manifestaciones recientes convocadas para cubrir las apariencias. Sin embargo, ahora se ocupan de las peripecias procesales del «juez estrella» y se apuntan a una operación partidista que en nada beneficia a sus afiliados, pero que causa un grave daño a las instituciones del Estado de Derecho.

ABC - Editorial

Un apoyo guerracivilista y totalitario a Garzón

Excepción hecha de los improperios de algunos etarras contra sus juzgadores, jamás los miembros de un tribunal habian escuchado en la reciente historia de nuestro país insultos tan graves como los que han recibido este martes los magistrados del Supremo.

"Se han constituido en instrumento de la actual expresión del fascismo español"; "Son cómplices de las torturas franquistas"; "Se han puesto en manos de los corruptos". Estos son sólo algunos de los gravísimos improperios que el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo ha dirigido este martes a los miembros del Tribunal Supremo encargados de enjuiciar a Garzón por tres delitos de prevaricación.

Excepción hecha de las diatribas que Iñaki Bilbao y otros etarras han dirigido contra sus juzgadores, jamás los miembros de un tribunal habían recibido en un acto público y en la reciente historia de nuestro país insultos tan graves como los que les ha dirigido el ex fiscal jefe Anticorrupción y tío de la actual ministra de Sanidad a los miembros del Supremo. Jiménez Villarejo los ha pronunciado, además, en la Universidad Complutense, en un acto presidido por su rector, Carlos Berzosa, y convocado por los dos mayores sindicatos de nuestro país como son UGT y CCOO, entre aplausos de todos los asistentes.

Aunque todas las intervenciones –incluidas las de los líderes sindicales y la del rector– hayan contribuido a que el acto se convirtiera en un aquelarre guerracivilista y totalitario contra una de las instituciones esenciales de la democracia, como es el poder judicial, en general, y el Tribunal Supremo muy en particular, la intervención de Jiménez Villarejo es la que se lleva la palma. No contento con acusar a los magistrados del Supremo de "ponerse en manos de la Falange" y de ser "instrumentos del fascismo", Villarejo ha acusado a los miembros del Tribunal Supremo nada menos que de "criminalizar la independencia" del juez Garzón. Vamos, como si la independencia de un juez le permitiera a este independizarse de la ley que debe observar, cumplir y hacer cumplir. Villarejo también ha dejado en evidencia su totalitaria concepción del derecho al cuestionar la admisión a tramite por parte del Supremo de querellas o denuncias, no en función de si son o no indiciarias de la comisión de un posible delito, sino en función de la ideología de quienes las interponen. Así, Villarejo considera "incompatible" con la democracia que "se acepten querellas procedentes de la extrema derecha".

Aunque los fundadores de Libertad Digital se enfrentaron a la dictadura en tiempos en que Jiménez Villarejo ejercía de fiscal del régimen franquista, en un Estado de Derecho lo único que puede limitar los derechos de los ciudadanos, incluidos los falangistas y su derecho de apelar a los tribunales, es la ley. Y es precisamente la ley lo que Garzón se saltó a la torera cuando pretendió ignorar sus competencias jurisdiccionales, la extinción de responsabilidad penal por fallecimiento, los plazos de prescripción de nuestro Código Penal o la vigente Ley de Aministía de 1977 que le impedían abrir su delirante causa penal contra el franquismo. También lo hizo con ley que le impedía grabar las conversaciones entre un acusado y su abogado, como hizo en el caso Gurtel, o con la ley que le obligaba a apartarse de la causa que archivó contra el presidente del banco del que había recibido unos cuantiosos fondos para financiar sus cursos en Nueva York.

A los improperios de Villarejo contra lo que ha calificado de "supervivencia del franquismo judicial", hay que sumar, no obstante, los exabruptos de Candido Méndez contra "los hijos de la dictadura" y contra la "tiranía del capital". Con el tono propio de esa izquierda guerracivilista y totalitaria de los años treinta de la que parecen, ciertamente, sentirse herederos, también el representante de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha denunciado el "asalto al Estado de la sedición franquista" y "el régimen sentado en el genocidio, el expolio y el rencor". Todo ello, no lo olvidemos, desde una universidad pública que por obra y gracia de su rector ha pasado a convertirse en un altavoz de consignas contrarias a la democracia.

Si ya es lamentable que los sindicatos no asuman su responsabilidad en la gravísima destrucción de empleo que estamos padeciendo o que el rector de la Complutense no acepte la suya en el deterioro que sufre su universidad, peor aun es que la eludan para perpetrar y ser correas de transmisión de una autentica rebelión y atentando verbal contra la democracia y sus instituciones propias de los años treinta.

El espectáculo ha sido tan patético y vergonzoso desde el punto de vista democrático que el presidente del Gobierno se ha visto desde Nueva York en la obligación de pedir respeto, de manera reiterada, al poder judicial. Pero que nadie se llame a engaño. Estas "impecables" declaraciones de Zapatero no son otra cosa que la forma que tiene de tirar la piedra y esconder la mano. Ha sido él y su Gobierno los que, desde primer momento, han instigado esta campaña guerracivilista contra el Tribunal Supremo. UGT no deja de ser la correa sindical del PSOE en estos asuntos y jamás se habría lanzado a esta campaña sin la condescendencia del Ejecutivo. Lo mismo cabe decir del ex fiscal socialista o del propio rector de la Complutense.

En cualquier caso, este bochornoso episodio, con el que la izquierda más trasnochada parece empezar una campaña más generaliza de hostigamiento contra el Tribunal Supremo, merece una condena más firme que la lacónica "preocupación y tristeza" expresada por el Consejo General del Poder Judicial o que las fariseas peticiones de "respeto" expresadas por el presidente del Gobierno. Al menos por parte de aquellos que realmente valoren las libertades que nos proporciona un Estado de Derecho.


Libertad Digital - Editorial

Sin respuesta frente al paro

Teniendo en cuenta que la reforma laboral presentada por el Gobierno se recoge en un «documento abierto» con un «contenido posible» para facilitar el acuerdo social, es probable que su verdadera intención sea medir la respuesta de sindicatos y patronal a unas medidas que constituyen un cambio de opinión en la sedicente política social del Ejecutivo.

En efecto, el documento recoge un abaratamiento del despido, esa «propuesta antisocial» con la que el PSOE despachaba al PP y a los expertos que pedían una reforma del mercado laboral. La idea del Gobierno es generalizar la indemnización por despido a 33 días por año, cuando la del despido improcedente se sitúa actualmente en 45 días. Además, el Gobierno estaría dispuesto a asumir una parte de la indemnización por despidos en determinados casos, lo que en función de cómo se configure volvería a lastrar el déficit público; y no está claro en qué medida influiría en las empresas la hipotética rebaja de un punto y medio en las cotizaciones a la Seguridad Social. Las primeras reacciones de los sindicatos han sido muy críticas, pero es seguro que el Gobierno contaba con ellas para empezar a preparar una negociación que le permita mantener la imagen social que tanto preocupa a Zapatero.

EEn todo caso, el documento contiene unas lecciones políticas importantes. La primera es que el discurso económico del Gobierno no tiene base y aboca a España a navegar sin rumbo por la crisis. Han tenido que destruirse cientos de miles de empleos y alcanzarse una tasa de paro cercana al 20 por ciento para que el Ejecutivo se limite a proponer un documento de intenciones, en el que, por primera vez, acepta revisar los costes del despido. La segunda lección es la cobardía del Gobierno, que le impide liderar la respuesta a la crisis en su manifestación más dramática, el paro masivo, cuya continuidad pone en riesgo el sistema financiero, como sentenció ayer el gobernador del Banco España. Y, en todo caso, el Ejecutivo demuestra otra vez que siempre llega tarde en esta crisis: primero para reconocer su gravedad; y segundo, para tomar las medidas adecuadas. Si esta reforma se aprobara, sus beneficios tardarán demasiado en sentirse. Es necesaria una reforma laboral porque el mercado del trabajo está destruido. Hay cuatro millones y medio de parados, número que aumentará en los próximos meses. La mejor de las posibilidades es no pasar de cinco millones, pero todo apunta a que se consolidará un paro estructural que absorberá ingentes recursos públicos. Responder a este problema con un mero documento de intenciones es una muestra de incapacidad para gobernar.

ABC - Editorial

martes, 13 de abril de 2010

Los «PIGS» y el euro. Por Alvaro Vargas Llosa

LOS expertos que observan el drama económico de los «PIGS» -Portugal, Italia, Grecia y España- insisten, razonablemente, en que no se puede tener una economía sur europea y un tipo de cambio alemán.

Quieren decir que el euro, dominado por la poderosa y disciplinada Alemania, se ha convertido en una camisa de fuerza para las economías deficitarias, endeudas e improductivas que no pueden devaluar su moneda para salir de la crisis por haber cedido el control monetario al Banco Central Europeo.

Pero esos expertos son demasiado razonables. Sugiero lo opuesto. Precisamente porque un tipo de cambio fijo entre economías tan desacompasadas entre sí es una idea descabellada, la trampa en la que se encuentran los «PIGS» es la única posibilidad, aunque mínima, de que transformen su modelo socioeconómico. Como ciudadano español que ha pasado un tercio de su vida estudiando o trabajando en Europa, ha sido para mí doloroso ver a la economía de España, cuya transformación en los años 80 y 90 adquirió contornos de leyenda, despertar metamorfoseada en un insecto kafkiano. Con uno de cada cinco adultos y cuatro de cada diez jóvenes sin empleo, millones de propiedades por debajo del valor de sus hipotecas, la mitad de las Cajas de Ahorro en estado de virtual insolvencia y una deuda privada que duplica el tamaño de la economía en su conjunto, España pasa por una crisis existencial.


El rudo despertar de España es particularmente cruel desde una perspectiva histórica. Aislados de sus modernos vecinos durante las largas décadas del régimen franquista, la adhesión de los españoles a la Unión Europea fue algo más que alcanzar la mayoría de edad política o económica: equivalió a un acto de exorcismo contra sus demonios históricos, es decir, la decadencia que abarca desde finales del siglo XVII hasta la muerte de Franco. Para Portugal y Grecia, fue el salto del tercer al primer mundo; España la adoptó como una transformación espiritual.

Lo cual explica dos cosas. Primero, el pasmo de España tras enterarse de que ser miembro de la Unión Europea implica costos y sacrificios terrenales. Segundo, y haciéndose eco de sentimientos similares en Grecia y Portugal, el rechazo general a considerar siquiera la posibilidad de abandonar el euro.

Si su moneda pudiese reflejar los déficits, los altos costos laborales y la baja productividad de España, ya se habría devaluado de forma natural. Sin esa posibilidad, España se enfrenta a un doble castigo si desea evitar una depresión interminable: la dislocación social que inevitablemente acarrearán los esfuerzos por volverse disciplinada y competitiva, y el costo de tener que experimentar una deflación de precios y salarios ante la ausencia de flexibilidad monetaria en el corto plazo. España tendrá que tomar una decisión fatídica: ¿quiere ser como Alemania y aceptar que la prosperidad es la recompensa del esfuerzo, o pretende que el resto de Europa se una a los «PIGS»?

Es un error centrarse en el euro como la esencia del problema. La moneda común ha contribuido de linda manera al delirio de la economía española brindándole un poder adquisitivo utópico y le está haciendo doblemente difícil superar la recesión al no permitirle, como lo hicieron por ejemplo las economías nórdicas cuando se metieron en problemas en los años 80 y 90, devaluar el tipo de cambio. Pero la causa real de lo que está sucediendo es que la nación confundió el crédito fácil, los subsidios y la protección social con la verdadera riqueza.


ABC - Opinión

Garzón no hizo nada. Por Cristina Losada

Hay algo aún más asombroso que esa llamada a sumergirnos en una dudosa terapia de grupo. Y es dar por sentado que el aludido juez estuvo trabajando seriamente en la investigación de los crímenes del franquismo.

"España necesita un honesto ajuste de cuentas con su problemático pasado", decía el New York Times a propósito de la más publicitaria de las causas abiertas contra Garzón.

El Times quiere que nos tumbemos en el diván, confesemos nuestros pecados colectivos y lleguemos a una catarsis de verdad y justicia, con nuestros seis lustros de democracia a la espalda y una reconciliación sellada en la Transición. Una propuesta adanista muy del gusto de quienes continúan viendo a España con ojos de los años treinta. Sin embargo, hay algo aún más asombroso que esa llamada a sumergirnos en una dudosa terapia de grupo. Y es dar por sentado que el aludido juez estuvo trabajando seriamente en la investigación de los crímenes del franquismo.


Las asociaciones de la memoria histórica padecen de similar ceguera. Han presentado una querella contra el magistrado Luciano Varela, ante la cual nada puede objetarse. Están en su derecho de seguir los pasos que, en sentido contrario, dieron Manos Limpias y Falange. Sus razones, aparte de jurídicas, son de orden moral. Encausar a Garzón, aseguran, es "un ataque frontal" que deja a las víctimas del franquismo "en total desamparo". Creen, pues, o fingen creer, que el mentado juez iba a encontrar a sus desaparecidos y a procesar y condenar a los culpables de sus muertes. Es más, creen que era el único dispuesto a hacerlo, de lo que se infiere que han estado vilmente arrinconadas y desprotegidas por los demás jueces, el Gobierno y, cómo no, la Fiscalía.

Los hechos, sin embargo, cuentan otra historia. Garzón abrió la causa y no movió un papel durante un año y medio. Se ve que no sentía una gran urgencia humanitaria. En los seis meses siguientes fabricó un tortuoso procedimiento para burlar los límites de sus competencias, aunque sólo para regresar al punto de partida. Lo esencial, en cualquier caso, es que declaró extinguidas las responsabilidades de los protagonistas del 18 de julio, como no podía ser de otro modo, pues estaban muertos. Y que a lo largo de los dos años que tuvo en sus manos la causa, no realizó averiguación alguna sobre las desapariciones denunciadas. En eso, o sea, en nada, consistió su trabajo sobre los crímenes del franquismo. Garzón en estado puro.


Libertad Digital - Opinión

Testosterona. Por Ignacio Camacho

SOBRE la piel de rinoceronte del veterano, que no viejo, Álvarez Cascos han rebotado las maniobras torticeras que pretendían implicarlo de refilón en la vidriosa trama Gürtel, y el político de raza que habita bajo esa coriácea epidermis se ha venido arriba en la agresiva reivindicación de su honorabilidad cuestionada.

Antiguo azote de la corrupción felipista, Cascos se ha blindado con actas notariales antes de pasar a una contraofensiva frontal y destemplada cuya aspereza ha levantado ronchas en el delicado cutis de la dirección marianista del PP, donde temen que la desabrida reaparición del antiguo número dos avente los fantasmas peor perfilados del aznarismo y no saben de qué perfil ponerse ante sus indisimuladas aspiraciones de retorno con bríos y maneras de paquidermo en cacharrería.

Cascos, a quien el propio Aznar tuvo que dar de lado para lijar las aristas de su proyecto en busca de una mayoría de centro, representa un estilo de testosterona política que está hoy por hoy en las antípodas de la estrategia del Partido Popular. Después de una legislatura fracasada en el empeño de un abordaje por las bravas, rudo y arriscado, contra la liquidez zapaterista, Rajoy optó por desplazar el ataque a la amura contraria, a ver si por el flanco de la levedad consigue abrir la cerrada defensa socialdemócrata. A base de rebajar dosis hormonales y dotar al partido de un toque político hermafrodita ha conseguido un progreso lento pero constante que se antoja insuficiente para los nostálgicos de la llamada «derecha sin complejos», añorantes de un talante ofensivo más cimarrón y montaraz.


Por eso la irrupción del antiguo dóberman ha provocado sarpullidos entre los defensores del mestizaje táctico; los actuales dirigentes del PP temen que la comprometida denuncia de conspiraciones policiales en el caso Gürtel -que complica de manera indirecta la línea defensiva oficial ante las evidencias de corrupción- no constituya sólo el ejercicio de la legítima defensa de un honor agredido, sino un posicionamiento operativo en toda regla ante las solapadas primarias que Cascos libra para aspirar a la presidencia regional asturiana.

Ante este anhelo de regreso de su antiguo compañero de ejecutiva, y en general ante los movimientos desestabilizadores de todo el tardoaznarismo, Rajoy se ve en una tesitura similar a la que Lyndon B. Johnson tuvo que afrontar con el intrigante Hoover: indeciso sobre la conveniencia de convivir con el incómodo indio dentro de la tienda, para que orine hacia fuera, o dejarlo fuera con el riesgo de que miccione dentro. A Cascos, tan marcado por su desapacible hosquedad, quizá prefiera en el fondo mantenerlo en el exterior; el problema es que a Aznar no lo puede sacar del tippi pese a que el ex presidente anda tan a su aire que ha dado últimamente en mearse dentro. Y no es un indio cualquiera, sino el jefe moral de la tribu.


ABC - Opinión

La cláusula Camps. Por José García Domínguez

De las temblorosas manos de María Emilia Casas depende, entonces, que las tres provincias se transmuten en flamante nación; asuman al fulminante modo esos arcanos derechos atávicos de Cataluña que, por lo demás, aún nadie ha acertado a precisar.

Un Serafín Castellanos, consejero áulico de Camps, acaba de anunciar al mundo que "no vamos a renunciar a un solo derecho que se le otorgue a otras comunidades en detrimento de los valencianos". En consecuencia, de creer a Serafín, no habrá pequeña necedad, suprema tontería o flagrante aberración cometida en estatuto alguno que Valencia no vaya a hacer suya más pronto que tarde. Tal que así, el Gobierno de Camps amenaza con poner en marcha la cláusula ídem ya mismo. En fin, que se vayan preparando, sin ir más lejos, en Andalucía.

Porque si la "investigación, promoción, difusión y conocimiento del cante flamenco" eran competencia exclusiva de la Junta, ahora Valencia reclamará su legítimo derecho a legislar sobre el arte jondo, el zapateado y los lunares de las batas de cola. ¿Y qué decir de las aguas del Tajo, un río que como nace en Aragón y muere en Lisboa, es propiedad de Castilla-La Mancha, según ordena, taxativo, su nuevo Estatuto? Bueno, o eso seguirá creyendo Barreda mientras Camps no se anime a asignarle un nuevo cauce por decreto.


Ya lo ha advertido muy en serio Serafín: "No vamos a renunciar a un solo derecho...". Así que sosiéguense los alicantinos, porque no habrán de continuar mirando con envidia hacia el norte. Merced a Camps, ese fuero inalienable que el Estatut regala a los catalanes, el que según memorable redactado les concede "gozar de los recursos del paisaje en condiciones de igualdad", pronto será suyo también. Pues es sabido que cuanto decida el Tribunal Constitucional para Cataluña, al punto, será de perentoria aplicación en Valencia.

De las temblorosas manos de María Emilia Casas depende, entonces, que las tres provincias se transmuten en flamante nación; asuman al fulminante modo esos arcanos derechos atávicos de Cataluña que, por lo demás, aún nadie ha acertado a precisar; clonen idéntica financiación cantinflesca, esto es, específica aunque genérica, diferenciada pero común y particular si bien ordinaria; expulsen ipso facto al defensor del Pueblo (español) más allá de la frontera con Murcia; y acaben presto con el teórico bilingüismo que aún regía en el mojado papel de la Ley, tal como han hecho los barandas del tripartito, sus nuevos amiguitos del alma. Un traje a medida, que diría El Bigotes.


Libertad Digital - Opinión

Tragedia y excelencia de Polonia. Por Hermann Tertsch

LA trágica muerte de gran parte de la cúpula estatal de Polonia, incluido su presidente, Lech Kazynski, en un accidente aéreo es un hecho sin precedentes en tiempos de paz.

Es una maldición de la historia, que ninguna mente por perversa que fuera se habría atrevido a fabular, que el avión con toda la delegación cayera además precisamente sobre los bosques de Katyn. Cuando volaba toda la delegación presidencial a presentar honores a los 22.000 hombres polacos asesinados en 1940 precisamente allí, cada uno con un tiro en la nuca. En una labor asesina ingente del NKVD. Stalin, Woroswhilow y Molotov habían firmado la orden cuyo fin era exterminar a las elites de la nación polaca. Todo fue consecuencia del Pacto Hitler-Stalin por el que Alemania y la URSS -comunismo y nazismo, las dos ideologías asesinas- se repartían entre ambos Polonia. Y la hacían desaparecer del mapa como ya había sucedido antes en la historia. Pero esta vez no se trataba sólo de hacerla desaparecer como Estado, sino de aniquilar a los líderes, a la excelencia polaca y a los portadores de la memoria. Se trataba de descabezar a una nación para que permaneciera por siempre postrada.

Stalin leía mucha historia. Sabía muy bien del éxito en la represión de la nación checa después del levantamiento nacional y religioso iniciado en 1618 y su aplastamiento tras la batalla de la Montaña Blanca en 1620. Entonces todos los líderes checos, aristócratas y hombres significados fueron ajusticiados por Viena. La nación checa se convirtió en la más sumisa y maleable del Imperio. Eso explica en gran parte que sí los héroes polacos han sido siempre aristócratas y guerreros patriotas indómitos, intelectuales comprometidos con el sufrimiento y la resurrección constante de su pueblo, los checos tengan por héroe al Bravo soldado Swejk, personaje inventado por Jaroslav Hasek, una especie de Sancho Panza pragmático, tramposo y cínico. Eso explica también por qué a lo largo de la historia los polacos han combatido a sus enemigos hasta la autoinmolación y destrucción total de sus ciudades mientras los checos tienen todas sus ciudades intactas y siempre se entregaron prácticamente sin lucha a las fuerzas exteriores superiores. Con todas las excepciones que se quieran ver y que por supuesto existen. Pero la historia marca el carácter de las naciones y los contrastes que se revelan entre estos dos vecinos, ambos eslavos, son posiblemente los más llamativos en Centroeuropa.

Stalin aplicó la política de intentar descabezar Polonia en su día porque sabía de la fuerza ejemplarizante de las elites polacas, esas que eran inexistentes en la nueva Checoslovaquia. Eso se produjo en Katyn. Pero ya lo había ensayado Stalin en España. Muy cerca de Madrid. En Paracuellos. Allí fue asesinada parte de la elite nacional nuestra. Se trataba también allí de convertir a todo el país en una masa amorfa sin columna vertebral ni referentes morales para que el totalitarismo no tuviera resistencia. Sin líderes ni memoria. Ahora ha sido al parecer una siniestra fatalidad la que priva a Polonia de muchos de sus mejores hombres y mujeres. La lista de los hombres y mujeres muertos junto al aeropuerto de Smolensk es casi un Who is Who de la política, la administración y las fuerzas armadas de aquel país. Se trata de un drama infinito del que una sociedad tarda mucho en recuperarse. Y la siniestra coincidencia que redobla la maldición de Katyn lo puede hacer aun más difícil. Pero Polonia es un gran país que se ha respetado a sí mismo como quizás sólo lo ha hecho siempre el Reino Unido. En la peor adversidad. Ejemplo de dignidad a través de los siglos. De unos siglos que han maltratado a este país como a pocos en el mundo. Por eso, además del luto profundo que comparto con toda la nación polaca, también tengo la seguridad de que Polonia tiene una sociedad que genera líderes, tiene una voluntad nacional a prueba de todas las diferencias políticas, una identidad y un patriotismo que ha resistido a todo y a todos. Y además un culto por la excelencia y la ejemplaridad, un reconocimiento a sus grandes hombres y mujeres que generan esta pujanza que no quiebra con tragedias aun mucho mayores. Ojalá pudiéramos suponer eso de otras de nuestras sociedades modernas.


ABC - Opinión

Bermúdez se luce otra vez

La sentencia de Bermúdez da alas a la ETA y hace retroceder casi una década la lucha contra el terrorismo que, mediante acciones como la de Egunkaria, había conseguido ganar una batalla crucial: la del soporte mediático, cultural y económico de la banda.

No por inesperado ha sido menos el estupor que nos ha ocasionado el auto de los magistrados de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, Ramón Sáez Valcárcel y Manuela Fernández de Prado por el cual se censura el cierre del diario abertzale Egunkaria hace siete años y se absuelve a sus principales directivos. Llega ahora, de un modo extemporáneo poniendo en ridículo a la propia Audiencia, que instruyó un caso totalmente distinto al que se ha terminado juzgando.

El tribunal presidido por Gómez Bermúdez echa por tierra todo el trabajo del juez instructor, que fue Juan del Olmo. Exactamente los mismos roles que ambos jueces representaron en el juicio por los atentados del 11-M. De sabios es, por lo tanto, no fiarse de ninguno de los dos. Pero no ya por su vergonzosa actuación antes, durante y después del juicio del 11-M sino, porque, en el caso Egunkaria, el primero ha dejado al segundo a los pies de los caballos dictando una sentencia que poco o nada tiene que ver con la instrucción. Sólo eso ya desautoriza completamente todo el proceso y, si no toda, sí parte de la sentencia.


Pero tras las bambalinas de la Audiencia Nacional, hay un tercer protagonista: la Fiscalía General del Estado que, en un principio, se sumó a la acusación y luego se echó para atrás coincidiendo con la tregua de la ETA. Hay razones fundadas para creer que este de Egunkaria fue la enésima contrapartida que el Gobierno, Gómez Benítez mediante, prometió a los etarras a cambio de entrar en razón. Precedentes no faltan y la errática actitud de Conde Pumpido al respecto sólo lleva a pensar lo peor.

Las razones que han llevado a Gómez Bermúdez a absolver a la cúpula de Egunkaria, poblada por señalados abertzales como Martxelo Otamendi, Xabier Oleaga o Txema Auzmendi, están, cuando menos, cogidas con calzador. El juez se apoya en un argumento tan peregrino y falaz como que los denunciantes –Dignidad y Justicia y la AVT– partían de la idea preconcebida de que el diario era una herramienta de la banda en el frente cultural vasco. A estas alturas Bermúdez considera que el interés de la ETA por promover el vascuence y la cultura vasca es “una falacia interesada, buscada por la banda terrorista”, pero que, a tenor de la sentencia, no se corresponde con la realidad. Con esto lo único que demuestra el juez Gómez Bermúdez es no conocer ni un ápice la naturaleza de la banda y sus mecanismos de penetración en la sociedad vasca.

No contento con eso, el juez del 11-M ha rechazado los informes que la Guardia Civil facilitó durante la instrucción y que fueron admitidos como pruebas periciales. Se escuda en que ese material "no se ha confeccionado utilizando conocimientos técnicos científicos, artísticos o prácticos”, sino “sobre la base de estudios hechos por los miembros de la Guardia Civil”, es decir, las pruebas aportadas por los principales expertos antiterroristas de España no valen por no se sabe bien que razones en las que el magistrado se enreda.

El juez no sólo devalúa la inestimable labor de la Benemérita, sino que, en una indescriptible canallada que hará las delicias de los asesinos de la ETA, da visos de credibilidad a las denuncias de tortura por parte de los agentes que todos los detenidos interponen de un modo automático. Se limita, claro está, a arrojar la piedra y esconder la mano porque, textualmente, no “puede llegar a conclusiones jurídicas penalmente relevantes sobre el particular”. Las denuncias por tortura son una vieja treta del entramado etarra para desviar la atención sobre sus propios crímenes y, sobre todo, para encender los ánimos de sus incondicionales. La propia ETA lo recomienda en sus comunicados internos.

La sentencia de Bermúdez, que vuelve a lucirse tras su triste papelón en el juicio del 11-M, da alas a la ETA y hace retroceder casi una década la lucha contra el terrorismo que, mediante acciones como la de Egunkaria, había conseguido ganar una batalla crucial: la del soporte mediático, cultural y económico de la banda. Habrá que temblar por las derivaciones de esta incomprensible sentencia. El nacionalismo vasco aprovechará la resolución para rehabilitar a Batasuna y a todas las marcas blancas que la ETA utilizó en el pasado a su favor.


Libertad Digital - Editorial

La alternativa del TC

EL Tribunal Constitucional decide a partir de mañana no sólo el futuro del Estatuto de Autonomía de Cataluña, sino también la solidez del sistema constitucional español para asegurar la continuidad del pacto constituyente de 1978, por encima de los compromisos partidistas y de las coyunturas de los gobiernos.

Sería dramático para España que el TC aplicara a su resolución condicionamientos derivados de los posibles perjuicios políticos que su decisión causaría en la estabilidad de tal o cual ejecutivo. Lo que está en juego no es un pacto de conveniencia entre partidos, sino la continuidad constitucional de España como un Estado unitario organizado en comunidades autónomas o su suplantación por una confederación entre Cataluña y el resto de España. Cada poder del Estado debe asumir sus propias responsabilidades, y al TC no le incumbe tapar las chapuzas cometidas contra la Constitución en el Estatuto catalán, sino depurarlas del ordenamiento jurídico, porque cualquier otra opción, por ejemplo, por vía interpretativa, sólo sería una fuente de conflictos latentes para los próximos años. Si de alguna forma el TC se desliza por el terreno de las funciones legislativas es mediante el empleo de las nefastas sentencias interpretativas. Mejor será para el Estado saber qué es constitucional y qué no, según esté escrito en la sentencia, y no según decida en cada momento el Gobierno catalán de turno.

Tampoco debería ser un gravamen para la libertad de criterio de los magistrados del TC el cúmulo de leyes de desarrollo estatutario aprobadas por el Parlamento catalán, con el aliento del Gobierno de Rodríguez Zapatero, el primer interesado en intimidar al TC con la magnitud de las consecuencias de una sentencia de inconstitucionalidad. Mucho más importante que la tranquilidad de Zapatero en La Moncloa es la estabilidad constitucional de España. La responsabilidad de aprobar una ley inconstitucional siempre es de la Cámara que la aprueba y del Gobierno o los partidos que la impulsan.
Sí es responsabilidad del TC la asombrosa dilación que ha sufrido este proceso constitucional, causa directa del desprestigio de la institución y de la presión política sobre sus magistrados. Más que problemas de valoración jurídica, el TC ha sido presa de una excesiva atención hacia el exterior, hacia los efectos políticos de sus decisiones. El empeño de la presidenta del TC en lograr una mayoría que evite su voto de calidad ha invertido las prioridades de esta institución, sustituyendo la recta defensa de la Constitución de 1978 por la comodidad de un consenso exculpatorio. Mañana tienen una oportunidad para enmendar este error.


ABC - Editorial

La familia Bono posee otros dos áticos en una urbanización de Estepona

En julio de 2006, el presidente del Congreso adquiría dos áticos en la lujosa urbanización Las Náyades, ubicada en Cabo Bermejo (Estepona). Lo hacía a través de la sociedad patrimonial Ahorros Familiares Saja, administrada por su mujer, Ana Rodríguez Mosquera, empresa también titular del ático ubicado en Madrid valorado en un millón de euros y sobre el que LA GACETA informó en el día de ayer.

En julio de 2006, el presidente del Congreso adquiría dos áticos en la lujosa urbanización Las Náyades, ubicada en Cabo Bermejo (Estepona). Lo hacía a través de la sociedad patrimonial Ahorros Familiares Saja, administrada por su mujer, Ana Rodríguez Mosquera, empresa también titular del ático ubicado en Madrid valorado en un millón de euros y sobre el que LA GACETA informó en el día de ayer. En esta sociedad, la mujer de José Bono ostenta el 80% de las acciones y el resto se reparte entre su marido y sus tres hijas –no está presente el hijo de ambos– con un 5% cada uno.

Las dos viviendas son contiguas y suman un total de 267 metros cuadrados. La propiedad se obtuvo por título de permuta, lo que implica que la familia Bono canjeó terrenos suyos por los dos áticos, o bien con el constructor o bien con el promotor del complejo residencial; en este caso el primero fue Construcciones Rebollo y el segundo Rafael Santamaría. De acuerdo con abogados urbanistas consultados por este periódico, lo habitual es que los solares objeto de la permuta se encuentren próximos al terreno donde se levantará la edificación, aunque es cierto que pueden situarse en cualquier parte de España.


El precio de venta de cada uno de los áticos es de 365.000 euros y 489.000 euros; en total, la familia Bono debía ser propietaria de un terreno equivalente al importe total de ambas viviendas, que suman 854.000 euros, para permutar un bien por otro. Y, además, haberlo comprado o heredado entre junio de 2004 y julio de 2006, momento en que se escritura este canje en el Registro de la Propiedad.

En junio de 2004, cuando cesó como presidente de Castilla-La Mancha para ocupar la cartera de Defensa, José Bono hizo su última declaración de bienes, rentas y actividades que fue publicada en el Diario Oficial de aquella comunidad. En ella aseguraba tener únicamente una parcela de terreno rústico en Salobre, de dos hectáreas y adquirida por herencia. Finca cuyo precio difícilmente podría ser superior a los 20.000 euros, dado que el suelo rústico en aquella zona oscila entre el euro y los cincuenta céntimos el metro cuadrado. Muy lejos por tanto del precio de venta de cada uno de los áticos adquiridos por el concepto de permuta en Estepona.

Coincidencias

Los áticos tienen 114 metros cuadrados y 153 metros cuadrados, respectivamente. Son contiguos y disponen de dos y tres dormitorios cada uno, junto a escaleras interiores que conducen a sendos solárium de uso privativo, además de las correspondientes terrazas. Cada piso lleva aparejada una plaza de garaje. El conjunto residencial Las Náyades cuenta con piscinas exteriores, piscina cubierta climatizada, gimnasio, jacuzzi, sauna y jardines con especies vegetales tropicales, que incluyen un lago artificial.

En el interior de las viviendas, los cuartos de baño principales son de mármol travertino, disponen de bañeras y duchas de hidromasaje y todas las habitaciones disfrutan de climatización e hilo musical independiente. La domótica de cada vivienda permite controlar el domicilio por Internet, además de tener habilitados sensores de inundación y detectores de presencia para activar las alarmas.

La familia de José Bono se hizo con estos dos áticos cuatro meses antes de que dos ediles del Ayuntamiento de Estepona pusieran en marcha con sus denuncias la investigación policial y judicial del caso Astapa. Sus declaraciones acerca de las irregularidades que presenciaron en el consistorio socialista desde 2003 apuntaban a posibles delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de dinero en el entorno del ayuntamiento, junto a la financiación irregular del PSOE.

Entre los detenidos se encontraba el ex alcalde socialista Antonio Barrientos quien, de acuerdo con el sumario instruido en el Juzgado número 1 de Estepona, puso su coche y a uno de sus escoltas al servicio de la mujer de Bono para trasladarla al campo de golf, donde le facilitó la asistencia de un profesor particular.

De nuevo Reyal

Este complejo residencial que se levanta a escasos 50 metros del mar Mediterráneo es obra del promotor Rafael Santamaría, propietario de Reyal Urbis y de una cadena hotelera. En junio de 2006, cuando tiene lugar la permuta con la familia Bono, este magnate del ladrillo se encuentra en plena expansión; ese mismo verano ha amarrado su entrada en la inmobiliaria Urbis y la Ciudad de Valdeluz en Guadalajara tiene en pie sus primeros bloques.

Este macroproyecto, hoy ciudad fantasma, se inició en 2003 cuando José Bono era presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. Preveía la creación ya frustrada de 9.500 viviendas que alojarían a 35.000 personas, con la excusa de la cercanía a la estación del AVE en Los Yébenes, que permitiría llegar a Madrid en 20 minutos. Años después, en 2008, los habitantes de este proyecto, al estilo del de El Pocero en Seseña (Toledo) no rebasa el millar. Poco después Reyal Urbis tuvo que refinanciar 3.006 millones de euros de deuda.

En este grupo de Rafael Santamaría trabajó Ana Bono Rodríguez dentro de su gabinete de asesoría jurídica y llegó a formar parte de su consejo de administración como apoderada, si bien tan sólo durante tres semanas. Tal es la amistad entre este empresario y el presidente del Congreso de los Diputados que es en uno de sus hoteles-spa donde se aloja la familia de Bono al completo cuando disfruta del esquí; como suyo es el hotel de Madrid donde el socialista José Bono paga el alojamiento de los equipos de obreros que, procedentes de Albacete, reforman en la actualidad el piso que ha regalado a su hijo en el centro de Madrid.


La Gaceta - Política