Italia, mi ventura. Por José María Carrascal

Italia saldrá de esta crisis, como ha salido de tantas otras anteriores. De lo que no estoy tan seguro es de que salgamos nosotros.

«ESPAÑA, mi cuna; Italia, mi ventura; Flandes, mi sepultura», cantaban los soldados de los Tercios. No sólo de España, sino de Europa, Italia ha venido siendo su ventura. Codiciada por los bárbaros, amada por los poetas, admirada por los pintores, disputada por los reyes, Italia ha sido un derroche de cultura, ciencia, política, arte, amor y aventura. Zapatero dijo hace poco que la habíamos sobrepasado. Eso sólo demuestra su universal ignorancia. A caballo de una cordillera, Italia ha sabido sacar provecho incluso de las piedras, al tiempo que nos regalaba artistas, científicos, exploradores, diplomáticos todos ellos universales, y si no ha tenido más protagonismo después de aquel formidable despliegue que fue el Imperio Romano, puede deberse a que en tan pequeño espacio tantas inteligencias se anulan entre sí.

Se preguntará el lector a qué viene este lauro mío a Italia. Es muy sencillo: porque estoy seguro de que saldrá de la difícil situación en que se encuentra, como ha salido de otras más difíciles a lo largo de los siglos. Italia tiene una capacidad casi sobrehumana de sobrevivir, al ser capaz de adaptarse a las circunstancias. Piensen que estuvo la mayor parte de su historia ocupada por franceses, austriacos, españoles, y si no por más, fue porque éstos se lo impidieron. Pero Italia sobrevivió a todos. Su capacidad de supervivencia es tal que puede mantenerse incluso sin gobierno. Un colega italiano me decía que su país vive mejor sin gobierno que con él, «pues cuando no hay gobierno, no hay más impuestos, ni más restricciones, ni más corrupción, y los italianos podemos dar rienda suelta a nuestra inventiva, que es lo que nos va». Es como Italia, pese a los 60 ó 70 gobiernos que ha tenido desde 1945, siempre ha salido adelante y, aún hoy, sigue siendo la segunda mayor exportadora de Europa, sus productos se venden en todas partes y ha llegado a desplazar a Francia en estilo.

¡Qué diferencia con nosotros! Nosotros somos incapaces de vivir sin gobierno. Por malos que sean, los necesitamos, aunque sólo sea para echarles la culpa de todos nuestros males. Cuando puede que el primero de nuestros males sea esperarlo todo del gobierno, confiar en que los políticos nos resolverán nuestros problemas, elegir un partido, una ideología y ser ya incapaces de cambiar. O de reconocer nuestro error al aferrarnos a ella. Mientras los italianos saben que son como los kleenex: para usar y tirar.

Es por lo que Italia saldrá de esta crisis, mientras no estoy seguro de que salgamos nosotros. Las durísimas medidas que han tomado para atajarla indican que, a la hora de la verdad, saben lo que hacen y lo que necesitan. ¿Se imaginan ustedes la que aquí se hubiera armado de haberse establecido el copago para salvar de la bancarrota a la sanidad pública?

ABC - Opinión

Justicia. ¿Es necesario el Tribunal Constitucional?. Por Ramón Villota Coullaut

Es decir, que el origen del Tribunal Constitucional parte de que los jueces profesionales son vistos con desconfianza y ello implica crear un órgano político, ajeno al Poder Judicial, pero también ajeno a los otros poderes del Estado.

El Tribunal Constitucional –el legislador negativo, en palabras de Kelsen– es el máximo intérprete de nuestra Constitución, custodiando los principios básicos de nuestra democracia. Esta teoría, proveniente del periodo de entreguerras del siglo pasado, dio lugar a la Constitución austriaca de 1920 y a la existencia de un Tribunal que, fuera del Poder Judicial, defendiera los principios constitucionales, además de ser el árbitro entre los conflictos que pudieran existir entre las Comunidades Autónomas –o los länder– y el Estado.

Pero para ello el sistema kelseniano, del que proviene nuestro Tribunal Constitucional, se dotó de un Tribunal ajeno al Poder Judicial, algo que rompe con los criterios existentes hasta la fecha, en donde el Tribunal Supremo –EE.UU. es el ejemplo– se encargaba de esta función de garante constitucional, sin necesidad de crear otro órgano más. Fruto de ello, el sistema continental europeo ha creado unos tribunales específicos para la defensa de la Constitución, desde la idea de que los jueces profesionales no estaban, no están, preparados para esa función, puesto que, siendo jueces de carrera, su función y para lo que están preparados es para aplicar las leyes, no para interpretar la Constitución.

Es decir, que el origen del Tribunal Constitucional parte de que los jueces profesionales son vistos con desconfianza y ello implica crear un órgano político, ajeno al Poder Judicial, pero también ajeno a los otros poderes del Estado, el Legislativo y el Ejecutivo, como pieza que finalice el sistema constitucional. Pero he aquí que lo que se presumía como un órgano independiente se ha convertido en un órgano en donde sus miembros se eligen por cuotas políticas, algo que entra dentro de lo normal, ya que tanto el Congreso de los Diputados, como el Senado, como el Gobierno, como el propio Consejo General del Poder Judicial –también éste–, son órganos controlados por los partidos políticos mayoritarios, y, dependiendo de la mayoría del momento, sus miembros y decisiones variaran.

Por tanto, si la crítica a los jueces profesionales era su timidez hacia el poder establecido, vía respeto al ordenamiento jurídico, la situación del Tribunal Constitucional se asemeja muchísimo a lo que Kelsen intentó evitar, un Tribunal cuya idea únicamente fuera la defensa de la Constitución, y no la idea de la Constitución que tenga la fuerza política imperante en el momento. Dos ejemplos de ello son tanto las sentencias referentes al Estatuto catalán como a Bildu, en donde los votos se han dividido según las preferencias ideológicas de los diferentes magistrados del Tribunal Constitucional, que han coincido con su interpretación de la norma constitucional.

Libertad Digital - Opinión

Vidas ejemplares. Por Ignacio Camacho

A día de hoy Camps y Curbelo continúan en sus cargos pero la presión sobre uno y otro es francamente desigual.

PARA demostrar el avasallador doble rasero con que se mide la conducta en la política española basta mirar el caso del senador Curbelo y compararlo con el del presidente Camps. Hay un factor común en ambos pese a su aparente alejamiento, y es la hemiplejía sectaria, el apretado cierre de filas que PSOE y PP han decretado en torno a sus nada ejemplares correligionarios. La abrumadora diferencia reside en la atención de la opinión pública sobre uno y otro, así como en el énfasis crítico del partido adversario. La consideración sobre la gravedad de los hechos pertenece desde luego al ámbito moral. Juzguen ustedes mismos.

Caso Camps: un presidente autonómico del PP se dejó regalar unos trajes por un grupo de empresarios corruptos y ha sido procesado por cohecho impropio. Caso Curbelo: un senador socialista se resistió a patadas al ser detenido por provocar borracho destrozos en una sauna de putas —a la que había acudido ¡con su hijo!— , invocando su inmunidad parlamentaria entre insultos soeces y racistas a las fuerzas del orden. A la hora presente ambos niegan los hechos y permanecen aferrados a sus respectivos cargos. Pero mientras el procesamiento de Camps ocupa primeras planas, editoriales, tertulias y minutos de apertura en los telediarios, al tiempo que la plana mayor del PSOE exige su renuncia en declaraciones altisonantes, el escándalo del representante canario apenas es materia de páginas interiores sin que la oposición haya alzado la voz, como si el carácter escabroso de su peripecia fuese objeto de una cierta piedad política e informativa.

A nadie se le escapan los ribetes de morbo, sensacionalismo y reprobación que alcanzaría un suceso así de tener como sujeto a un parlamentario de la derecha. Los detalles más truculentos aparecerían hasta en programas del corazón y es probable que hubiésemos leído u oído declaraciones de las masajistas. La dirección popular tendría que hacer frente a un juicio moral global sobre la hipocresía de sus miembros, los socialistas cargarían en tromba con feroz disciplina de grupo y el feminismo oficial emplumaría sin misericordia al putero. Lo sorprendente del caso real, sin embargo, no es tanto la clemencia periodística sino la inusual, silenciosa, casi solidaria benignidad de los adversarios políticos, inclinados a tratar el asunto como un incidente de índole privada que degradase más a quien lo critica que a quien lo motiva.

El manto de protección corporativa extendido por los dos grandes partidos sobre sus dirigentes en entredicho es, por desgracia, una constante demasiado habitual y conocida en nuestra escena política. Quizá lo novedoso de este episodio comparado está en la asunción por parte de la derecha de la doble medida de la ejemplaridad pública. La conclusión más plausible, aparte de la deplorable falta de asunción de responsabilidades, sería la de que cada cual tiene el trato que se merece.

ABC - Opinión

Espíritu de concordia

Mañana se cumple el 75 aniversario del comienzo de la Guerra Civil, para muchos el hecho histórico más importante del siglo XX español y cuyos rescoldos, que parecían apagados tras el colosal esfuerzo de la Transición y los gobiernos posteriores, se han reavivado en estas dos últimas legislaturas socialistas. Esta nueva efeméride es una oportunidad para lamentar el regreso de aquellos fantasmas de nuestro pasado, pero también para ensalzar lo mucho y bueno que administraciones de la UCD, el PP y el PSOE realizaron con el fin de cicatrizar las heridas que permanecieron abiertas durante cuarenta años. Olvidar, como se ha pretendido en estos últimos tiempos, el esfuerzo por la restitución de los honores militares a los fieles a la República, las compensaciones económicas y políticas para víctimas y familiares de víctimas y la devolución de su patrimonio a partidos y sindicatos es una injusticia y un error. Es necesario ponderar el justo esfuerzo de la democracia en este sentido. Pese a todo, hay que admitir que ha habido un retroceso evidente en el camino recorrido desde la Transición por la instrumentalización de la contienda por parte del Gobierno socialista mediante una política de memoria histórica revanchista sobre el bando que ganó la guerra. Exhumar, 75 años después del conflicto, la naturaleza de los odios desatados era del todo innecesario, pero el PSOE prefirió volcarse en un proceso propagandístico y partidista que nada tenía que ver con el interés general. Lo cierto es que 80 años después de la República, 75 después del comienzo de la Guerra Civil y 36 de la muerte de Franco, la Guerra Civil replica aún el drama de las dos Españas. Según una encuesta de NC Report para LA RAZÓN, a la pregunta de si ya se ha superado el enfrentamiento, el 46,3% responde que sí, mientras que el 44,8% dice que no. También se refleja esa fractura cuando se inquiere si la guerra aún divide a los españoles: el 47,8% opina que sí, y el 44,7%, que no. Hay, sin embargo, un matiz esperanzador cuando nueve de cada diez españoles consideran que es preciso dejar la guerra definitivamente atrás. De cara al futuro, el cambio político que se anuncia tras las elecciones generales debe fomentar espacios para la reconciliación y la cicatrización definitiva de las heridas. Los políticos tendrán que dar paso a los historiadores y dejar que la contienda fratricida se transforme de una vez por todas en objeto de estudio por los expertos y en una oportunidad para aprender de los errores. Se ha hecho un ingente esfuerzo durante años para la reconstrucción de la verdad al margen de pasiones ideológicas y existe una abundante y variada bibliografía que permite abordar aquella etapa con todo el rigor histórico. Debemos aprovechar todo ese esfuerzo en una misión pedagógica cuyo fin sea evitar que el recuerdo de aquella tragedia nacional se convierta en un elemento de confrontación ideológica. En la Transición, políticos de izquierda y de derecha se dieron reglas políticas y morales para impedir que el análisis de la Guerra obstaculizara el progreso y perjudicara la prosperidad de los españoles. El futuro pasa por recuperar y fortalecer aquel espíritu de concordia.

La Razón - Editorial

Sin sorpresas en los test de estrés

Estos exámenes de resistencia han servido también para comprobar los perjuicios que irremediablemente acaban produciendo unos procesos de reodenación del sistema financiero cuando se basan en criterios políticos y no económicos.

La banca española, prácticamente al completo, ha sido sometida a un riguroso examen por parte de la Autoridad Bancaria Europea con un resultado más que aceptable dadas las circunstancias. España es el país europeo que más entidades bancarias ha sometido a análisis, prueba de que hay un sincero interés por demostrar que el sistema financiero español está haciendo lo que se espera de él en un escenario de recesión como el que padecemos. Sólo cinco entidades han sido suspendidas en esta revisión internacional, algo que por otra parte ya estaba más que descontado vistos los antecedentes de todas ellas, suficientemente conocidos desde bastante antes de que se produjera este control externo.

Los resultados son, por esperados, aceptables, pero eso no debe impedirnos realizar algunas observaciones para mejor situar la cuestión que nos atañe.

En primer lugar, de las cinco entidades suspendidas, tres son el producto de las fusiones diseñadas por el ministerio de Economía, los famosos SIP, con el fin de que las cajas de ahorro se protegieran mutuamente frente a las consecuencias de la crisis económica, difuminando los riesgos que tal escenario conlleva para unas entidades en especial situación de debilidad. Puesto que el Banco de España ha sido el organismo encargado de tutelar estos procesos de fusión y de verificar su viabilidad, no parece muy oportuno que su gobernador lance las campanas al vuelo por los resultados de estos test sin hacer la menor autocrítica acerca de este hecho que pone de manifiesto las carencias de esta supervisión.

Por otra parte, estos exámenes de resistencia han servido también para comprobar los perjuicios que irremediablemente acaban produciendo unos procesos de reodenación del sistema financiero cuando se basan en criterios políticos y no económicos, como ha ocurrido principalmente con las cajas de ahorro catalanas. No es casual que dos de las cinco entidades españolas suspendidas, Catalunyacaixa y Unnim, sean el fruto de fusiones realizadas entre las cajas de ahorros de esta comunidad autónoma, con el fin de preservar los centros de decisión dentro del territorio por exigencia de unos dirigentes más preocupados de obedecer a la consigna nacionalista que a la lógica empresarial.

Con todo, los resultados de este examen a nuestro sistema financiero confirman los análisis que los lectores han seguido en nuestro periódico, en el sentido de que, si bien la posición de partida de nuestro sistema bancario era especialmente vulnerable por su sobreexposición al riesgo inmobiliario, lo cierto es que dentro del mismo se está actuando con el rigor necesario para sobreponerse a una situación que hace sólo dos años no presagiaba nada bueno.

El Banco de España y la vicepresidenta económica, con escaso sentido de la mesura, todavía no han dejado de felicitarse por los resultados de estas pruebas de resistencia. Si ambos hubieran sido más diligentes en su labor supervisora muchos más se sumarían a esos parabienes. Nosotros los primeros.

Libertad Digital - Editorial

Responsabilidad compartida

El Ejecutivo no puede lavarse las manos cuando el control del déficit autonómico es determinante para cumplir los planes de estabilidad presupuestaria que exige la lucha contra la crisis.

AUNQUE actúan ya con mentalidad de interinos, los miembros del Gobierno tienen el deber inexcusable de cumplir con sus obligaciones hasta el último momento. Sin embargo, parece que la vicepresidenta económica intenta eludir su responsabilidad al negarse a recibir a la nueva presidenta de Castilla-La Mancha para abordar al máximo nivel político el problema de la deuda pública oculta que denuncia el Ejecutivo presidido por María Dolores de Cospedal. Ante un asunto tan grave, no sirven excusas ni dilaciones, con el pretexto de que primero tendrán que reunirse los interventores o los altos cargos del Ministerio y la comunidad autónoma. La «herencia» del PSOE en Castilla-La Mancha es fiel reflejo de una forma de gestión lesiva para el interés general, por mucho que José María Barreda se descuelgue a última hora con explicaciones peregrinas. Más aún, el Ejecutivo no puede lavarse las manos precisamente ahora que el control del déficit autonómico es determinante para cumplir los planes de estabilidad presupuestaria que exige la lucha contra la crisis económica y los compromisos adquiridos por Rodríguez Zapatero ante nuestros socios europeos.

Elena Salgado tiene que rectificar de inmediato y reunirse cuanto antes con Cospedal. Es comprensible que la derrota en feudos tradicionales como Castilla-La Mancha o Extremadura resulte especialmente dolorosa para el PSOE, pero ello no justifica de ninguna manera que se abandone a su suerte a las comunidades que el 22-M optaron por un cambio de rumbo. Por lo demás, las «cuentas» que realiza el nuevo Ejecutivo popular ponen de manifiesto la necesidad ineludible de un análisis riguroso y objetivo de las finanzas públicas después de una larga etapa de monopolio en el poder autonómico. La gestión del dinero público debe realizarse siempre con criterios de austeridad y eficiencia. En nombre de los ciudadanos que la han elegido, Cospedal pretende llevar a cabo una política razonable basada en el control del dinero de todos. Por ello, la negativa de Salgado supone un desprecio a los votantes castellano-manchegos. Nadie espera nada a estas alturas de un Ejecutivo políticamente agotado, pero la máxima responsable de Economía y Hacienda tiene el deber de ocuparse personalmente de un asunto muy grave que pone en entredicho la gestión de los socialistas en Castilla-La Mancha.

ABC - Editorial

Desconfianza. ZP supone dos terceras partes de la prima de riesgo. Por Emilio J. González

La realidad es que la salud del sistema financiero sólo explica, como mucho, cien puntos básicos de nuestro diferencial de tipos con Alemania. El resto de los 330 puntos básicos no es más que la falta de credibilidad en nuestro país.

Si la banca española ya está realizando un esfuerzo muy importante de saneamiento, ¿por qué vuelve a subir la prima de riesgo de nuestro país después de que se haya conocido que de las ocho entidades crediticias europeas que no han superado los test de estrés cinco de ellas son españolas, y no precisamente de las más grandes, con la excepción parcial de CatalunyaCaixa? Porque, en realidad, el problema en España no es el sistema financiero, sino otro mucho más grave al que ahora se añade el de esas entidades que no han superado el examen.

Lo que de verdad temen los mercados es, en primer lugar, si en España, como en Grecia, no se habrá mentido descaradamente acerca de la verdadera realidad de las cuentas públicas. En estos momentos se sospecha que los ayuntamientos deben más de 35.000 millones de euros que no habían aparecido a la hora de calcular el déficit público del conjunto de nuestras administraciones públicas, por la simple y sencilla razón de que esas cantidades no se habían contabilizado ya que las facturas se habían guardado en los cajones. Y en las comunidades autónomas en las que el PP acaba de acceder al poder las cosas no parecen estar mucho mejor. En conjunto, y en una primera estimación, entre autonomías y corporaciones locales faltarían por contabilizar unos 40.000 millones, aproximadamente el 4% del PIB español.

En segundo término, los mercados empiezan a poner en duda la verdadera capacidad de pago de nuestro país. La economía apenas ha crecido en el primer semestre y, en contra de lo que vaticinó Zapatero en el pasado debate sobre el estado de la Nación, la segunda mitad del año se presenta muy sombría. Sin crecimiento, por tanto, el esfuerzo para pagar la deuda es muy importante. Éste se podría reducir sensiblemente si se empezaran a tomar ya medidas, como en Italia, para sanear los presupuestos y crear puestos de trabajo. Pero como el Gobierno no sólo no lo hace, sino que en cuanto tiene la menor ocasión para ello da marcha atrás en los pocos pasos avanzados en la buena dirección, los mercados empiezan a ponerse más que nerviosos y cualquier noticia adversa, aunque de no mucha importancia, como la de los resultados de los test de estrés, les pone histéricos y reaccionan en consecuencia.

La realidad es que la salud del sistema financiero sólo explica, como mucho, cien puntos básicos de nuestro diferencial de tipos con Alemania. El resto de los 330 puntos básicos no es más que la falta de credibilidad en nuestro país, lo cual, a meses vista de unas elecciones generales en las que todo apunta a que al PSOE le van a desalojar del poder, esos más de 200 puntos básicos que no se explican por el estado de bancos y cajas de ahorros no es más que la prima de riesgo de que Zapatero siga en el poder. Ya es hora de que se marche, y rápido.

Libertad Digital - Opinión

Se hunden los diques. Por Hermann Tertsch

Ya está claro que nada era sagrado para el entramado delictivo montado por periodistas y policías en International News.

Llegó Rupert Murdoch a Londres para apagar de una vez el molesto incendio causado por la revelación de las prácticas infumables de su destructor acorazado en la prensa británica. No dudó, a la vista del panorama, en anunciar el cierre inmediato del mismo, News of the World. Se trataba de evitar que todo este escándalo se llevara por delante su OPA a BSkyB. No sabía que aquello sólo era el principio. Se van rompiendo los diques de contención uno a uno. Se ha quedado sin su dominical de venta millonaria, sin la captura de la gran televisión de pago —que el acosado Cameron ya no podía aprobar—, ha tenido que aceptar la caida de su protegida y mano derecha, Rebekah Brooks, y todo hace pensar que sus reveses acaban de empezar. Porque ya está claro que nada era sagrado para el entramado delictivo montado por periodistas y policías en International News. Y que el escándalo salta el Atlántico también en EE.UU. donde hay víctimas de sus escuchas. Y entre ellas nada menos que víctimas del 11-S. Profundamente sagradas para el público norteamericano. Si en Londres Murdoch ha logrado unanimidad en la condena a la práctica de su periódico difunto, en Washington le puede ir aun peor. Y sus comentarios sobre los «errores menores» cometidos pueden pronto demostrar que el halcón mediático es ya un octogenario con una capacidad ilimitada para el error, en todo caso a la hora de valorar la situación. Nada excluye ya que Murdoch tenga que desaparecer del escenario mediático británico. Y ahora comienzan sus problemas en la otra pata de su imperio trasatlántico. Eso sí, que no se alegren mucho sus competidores, porque si esto es el principio de una auténtica limpieza, muchos otros lo acompañaran por el sumidero.

ABC - Opinión

Camps. Los votos no son un burladero. Por Maite Nolla

Pero los votos no son, o mejor dicho, no deberían ser un burladero. Ni convierten en invisible a la corrupción, como si fueran la capa de Harry Potter.

Menudo argumento aplastante: las urnas avalan un proyecto. Visto así, el voto no es más que un burladero para algunos. Desde luego, el del "respaldo mayoritario" es un argumento con poco peso, porque seguramente el PP hubiera arrasado igualmente en Valencia si el candidato no hubiera sido Camps. Y por mucho que la izquierda y sus cómicos se agarren a un traje ardiendo, el porcentaje de votantes que se van a sentir lo suficientemente ofendidos por el asunto del soborno impropio y que van a cambiar su voto en noviembre o en marzo, es mínimo o ridículo.

Ya lo dijo el filósofo Puigcercós, fino patricio liberal, la corrupción ni da ni quita votos. En primera instancia se valora la urgencia y la necesidad de echar a este desastre de Gobierno, y en segunda instancia se sopesa que si el PSOE presenta a Rubalcaba, que está de Faisán hasta arriba, el PP puede presentar a Camps, que, al fin y al cabo, no robó nada, sino que aceptó unos trajes y gestionó de puñetera pena el asunto.

Pero los votos no son, o mejor dicho, no deberían ser un burladero. Ni convierten en invisible a la corrupción, como si fueran la capa de Harry Potter. Y ahora que el PP ha teñido de azul el mapa de España, ahora que es posible que tengan que poner gradas supletorias en el Congreso porque no va a caber tanto diputado popular, es el momento de tomar decisiones que tengan un respeto hacia los que somos llamados al voto. Es cierto que la imputación o incluso que te abran juicio puede ser una situación de lo más injusta si el tiempo y el juez te dan la razón, pero la política tiene estos riesgos.

También es cierto que no es lo mismo que te imputen por un delito relacionado con la corrupción, que por uno que no tenga que ver con ella, o que, como en el caso de Camps, dé la sensación de que no estamos ante un saqueo o ante una financiación ilegal. O no, no sabría qué decirles. Y también es cierto que seguramente Camps ha hecho muchas cosas buenas y que por eso le ha votado la gente; por ejemplo, poner coto al pancatalanismo subvencionado, pese a las presiones del PP de Cataluña, siempre a favor de tevetrés y del servicio que ésta presta a la construcción nacional que incluye las tres provincias valencianas.

Pero si la idea es no hacer nada, si no hay más criterio que el del caso por caso, dejemos que el votante decida, que, por lo que parece, es lo único que importa. Eso sí, no sellen cada mes y medio un catálogo actualizado de lucha contra la corrupción que ya vemos que no sirve para nada.

Libertad Digital - Opinión

Camps, Cascos y Rajoy. Por M. Martín Ferrand

La cruz y la cara de un Partido Popular que viene haciendo de la dilación todo un ideario.

No deja de resultar simbólico, incluso moralizador, que, el mismo día y a la misma hora, un juez le anunciara a Francisco Camps que tendrá que sentarse en el banquillo, acusado de un delito de cohecho impropio —las prendas de vestir que hicieron famoso a Álvaro Pérez «El bigotes»—, y Francisco Álvarez Cascos resultara investido como presidente del Principado de Asturias con el único apoyo de los dieciséis diputados que militan en el partido que coincide en sus siglas —FAC— con las iniciales que el ex secretario general del PP, y co-autor de su gran refundación, lleva bordadas en la pechera de su camisa. Son dos grandes errores de Mariano Rajoy. La cruz y la cara de un Partido Popular que viene haciendo de la dilación todo un ideario y del silencio la forma más común de su elocuencia.

Aplazar los problemas, en lugar de enfrentarse a ellos cuando se presentan, suele ser un mal asunto. Los problemas cursan siempre con agrandamiento y se precipitan con inoportunidad. La rotunda mayoría absoluta con la que Camps ha revalidado su condición presidencial en la Comunidad Valenciana no aminora la gravedad procesal de su situación. Todo lo contrario. Cuando le dijo a su amigo «El bigotes» «quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro… que es muy bonito», no podía imaginar lo feas que llegarían a ponerse las dos docenas de prendas de vestir —algo más que «tres trajes»— valoradas en 14.000 euros que han convertido los baúles de Camps en más famosos, aunque mucho más baratos, que los de su paisana Concha Piquer. En su momento, el PP —Rajoy— no quiso enfrentarse al problema y ahora, seguramente, tampoco lo hará ante una circunstancia que, previsiblemente, sentará ante el juez a un presidente autonómico en activo —recuérdese a Juan Hormaechea— en coincidencia con el esplendor de la campaña electoral que debiera conducir al líder de la gaviota a La Moncloa.

En ejercicio de la misma astucia dilatoria, Rajoy trató de pasar por alto la voluntad y la vocación políticas de su entonces compañero Álvarez Cascos. Acostumbrado a rodearse de siseñores, gentes más activas en el obedecer que en el pensar, no contó con la iniciativa y el tesón del ex vicepresidente del Gobierno que, literalmente, arrasó en Asturias los restos de un PP regional corto de dirección, escaso de entusiasmo, desunido y sospechoso por su conducta. Ahora tenemos a la vista un curioso test. Demostrado que la vida y el poder son posibles en el centro-derecha fuera del PP, ¿qué pasará en Asturias en las próximas legislativas? Y todo por no enfrentarse a los problemas en su momento.

ABC - Opinión

Camps. El banquillo de los elegantes. Por Pablo Molina

Lo pintoresco de todo este asunto es que no se trata juzgar si Francisco Camps ha metido o no la mano en la caja, sino que todo se debe al empecinamiento soberbio de un político incapaz de admitir su error.

En la España de Zapatero, como antes en la de Aznar o González, o incluso en la de Calvo-Sotelo y Suárez..., en España, vamos, es toda una proeza sentar a un político en el banquillo, si bien es cierto que la pertenencia del presunto delincuente al Partido Popular allana mucho el camino como hemos visto ya tal vez en demasiadas ocasiones.

El caso de Francisco Camps y sus más directos colaboradores, acusados de recibir regalos por parte de empresas relacionadas con la trama "Gürtel", es el más grave de la última década por tratarse del presidente en ejercicio de una comunidad autónoma, algo nada habitual por otra parte, pues la maquinaria judicial suele volverse implacable sólo cuando el justiciable ha abandonado sus cargos representativos. En esta ocasión, el presidente de la comunidad valenciana alternará su presencia en los consejos de Gobierno y el banquillo de los acusados, con los lógicos problemas de agenda para encajar la inauguración de un nuevo mingitorio en una residencia de ancianos y las sesiones matutinas de la vista oral a la que ahora va a ser sometido.

Lo pintoresco de todo este asunto es que no se trata juzgar si Francisco Camps ha metido o no la mano en la caja, sino que todo se debe al empecinamiento soberbio de un político incapaz de admitir su error cuando aún estaba a tiempo de zanjar una cuestión más bien ridícula, como es el pago de unos trajes que nunca debió haber aceptado.

Acompañándolo en este pequeño calvario judicial va a estar el representante más notable del pijerío pepero, una supuesta élite fascinada por la estética que provoca bastante asquito entre el votante medio del PP, dicho sea de paso y sin ánimo de menoscabar las otras virtudes ciudadanas y políticas que sin duda atesora el gran Ricky Costa.

Un político puede creerse por encima de la ley sólo si pertenece a la izquierda, detalle que pasó inadvertido a Camps y su equipo de pijoasesores cuando decidieron empecinarse en una versión de los hechos tan bizarra que nadie podía tragarse; los primeros, ellos mismos. Ahí tienen el resultado, así que ahora no valen lamentaciones.

El banquillo más elegante de la justicia española va a dar días de gloria y muchas portadas a cierta prensa que no encuentra nada destacable en el hecho de que la cúpula del ministerio del Interior (de momento sólo la policial), esté a su vez procesada por delitos infinitamente más graves que el aceptar unos trajes de un hortera desmadejado.

Pero es lo que hay y en el PP deberían haber supuesto que este absurdo asunto de los regalos "impropios" les iba a estallar en el bajo vientre más tarde o más temprano. Es el precio de la elegancia, cuando no se la paga uno mismo.

Libertad Digital - Opinión

Dimisión o expulsión. Por Ignacio Camacho

La ética de la responsabilidad exige una determinación fulminante. Camps debe dimitir o ser expulsado del PP.

Si Mariano Rajoy ejerciese la autoridad que su liderazgo le confiere y le exige, el presidente de la Comunidad Valenciana no se sentaría en el banquillo de acusados. Lo haría el ciudadano Francisco Camps Ortiz, al que de manera incomprensible permitió en mayo repetir candidatura saltándose el código ético interno del Partido Popular y haciéndose acompañar de una decena de procesados. Por dignidad institucional y por lógica política, el representante de todos los valencianos no debe comparecer como acusado en un juicio humillante para su condición por muy leve que sea el hecho del que se le acusa. Y si el interesado no es capaz de comprenderlo o de aceptarlo, ha de ser el líder de su partido quien, como depositario de una esperanza de regeneración que comparten millones de ciudadanos, le fuerce a dimitir o en caso contrario le expulse de la formación cuya honorabilidad corporativa está poniendo en tela de juicio. Exactamente como hizo Aznar con el cántabro Hormaechea.

Porque, salga o no absuelto de la muy estricta acusación de cohecho impropio, parece cada vez más claro que Camps, además de desafiar a la jerarquía de su partido, ha tratado de implicarla en una mentira que empieza a desmoronarse. El presidente valenciano aseguró siempre —de forma rotunda en el Foro ABC de marzo de 2009— que había pagado los famosos trajes objeto de polémica. Y lo hizo delante de Rajoy y de toda su directiva. Ahora, ante el cúmulo de indicios adversos y la imposibilidad de demostrar el pago —que podía haber efectuado en cualquier momento procesal para zanjar el debate—, sus abogados comienzan a admitir que recibió regalos para montar la defensa sobre un sofisticado casuismo que roza la doble personalidad. La evidente nimiedad objetiva de la acusación no impide que Camps haya cometido tres errores suficientes para costarle el cargo: el primero, dejarse manosear por tipos poco recomendables de la trama Gürtel; el segundo arrastrar a todo el PP a secundar un engaño, y el tercero empeñarse en revalidar la Presidencia con un reto explícito a la disciplina interna.

Como hace tiempo que anda sumido en una inexplicable burbuja de aislamiento mental y espiritual, ha llegado la hora de que quien puede hacerlo rompa de un martillazo el cristal de esa urna de ensimismamiento, antes de que su atmósfera viciada contamine al resto del partido y de las propias instituciones valencianas. La contundente victoria electoral de mayo es del PP, no de Camps, y es el PP el que tiene el deber de mantenerse fiel a la confianza de los ciudadanos. Si el veredicto resulta absolutorio, Rajoy tendrá —probablemente como presidente del Gobierno— sobrada ocasión de rehabilitar en tiempo y forma el honor de su correligionario. Pero ahora prima la ética de la responsabilidad, cuyo código exige una determinación fulminante. Dimisión o expulsión. No cabe otra alternativa para demostrar de una vez que no todos los políticos ni todos los partidos son iguales.

ABC - Opinión

Solvencia financiera

El sistema financiero español pasó con buena nota el nuevo test de estrés o pruebas de resistencia planteadas por la autoridad europea EBA, que calibran la capacidad de las entidades financieras para soportar un escenario macroeconómico adverso. Cuatro cajas y un banco españoles suspendieron los exámenes a la banca europea, aunque ninguno de ellos necesitará aportaciones de capital adicional, un dato relevante y positivo. Las conclusiones de los test recogen un estado de robustez general de nuestras entidades, lo que debe servir para lanzar un mensaje de solvencia inequívoco a los mercados. Si bien la prima de riesgo española mantuvo ayer la tensión y subió hasta los 338 puntos básicos, desde los 312 de la víspera, y la bolsa lideró las caídas europeas con el 1,19%, habrá que esperar a la próxima semana para valorar el efecto y la influencia de estos test en los parqués. La digestión de los análisis tendría que ser saludable, pero la confianza no se recupera en un día y por una sola causa, en este caso la buena salud de bancos y cajas.En cualquier caso, el resultado cobra más valor y significado si se tiene en cuenta que la metodología de las pruebas no era favorable a las entidades españolas. El Gobierno y el propio sistema financiero de nuestro país habían cuestionado los criterios utilizados por la EBA en su propósito de superar el descrédito sufrido por el examen realizado en 2010. En este sentido, conviene recordar cómo los bancos irlandeses quebraron pocos meses después de haber superado sin tacha las pruebas de resistencia el verano pasado. Que la evaluación de la solvencia europea no haya tenido en cuenta la provisión genérica de las entidades –fondos anticrisis–, característica del sistema financiero español, ha sido un perjuicio importante y su cómputo habría permitido probablemente un balance inmaculado. El Banco de España explicó que esos instrumentos de absorción de pérdidas, como las provisiones atesoradas en épocas de bonanza o los bonos obligatoriamente convertibles, no han sido tenidos en cuenta por la EBA por «criterios de homogeneización entre países».La banca española se ha sentido justamente agraviada por un criterio europeo poco sostenible que distorsiona los resultados. Tampoco la EBA favoreció a España con el escenario macroeconómico extremo definido en las pruebas que superó al de cualquier otro país, incluidos Grecia o Portugal.

El chequeo a fondo de cajas y bancos por parte de las autoridades europeas ha aportado el valor de la transparencia, relevante cuando la solidez del sistema se pone en cuestión, como es el caso. En este punto, España ha dado varios pasos más que el resto de países, pues ha sometido al 95% de su sistema financiero a los test, mientras que otros países, como Alemania, se han quedado en el 60%. Parece evidente que la inacabada reforma del sistema financiero, los procesos de reestructuración y recapitalización en marcha van por un camino correcto. Nuestro sistema financiero es solvente y sólido. La recuperación de la economía depende en buena medida de ello.

La Razón - Editorial

Camps, en el banquillo

El empeño de buscar la absolución por las urnas coloca al PP en una situación comprometida.

Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana recién reelegido, se sentará finalmente en el banquillo de los acusados. El juez instructor de la causa de los trajes, José Flors, tomó ayer la decisión de acusar a la primera autoridad de la Comunidad Valenciana y a otros tres colaboradores suyos, tras una vista preliminar en la que lo más novedoso ha sido la hipótesis admitida por la defensa de que si Camps aceptó los trajes como regalo fue en su condición de presidente del Partido Popular valenciano y no del Gobierno autónomo. Dada la naturaleza del delito -aceptar 12 trajes, 4 americanas y otras 9 prendas de vestir a cargo de la misma trama Gürtel que obtenía contratos amañados de su Administración-, la sentencia deberá ser dictada por un jurado popular.

El empeño de Camps en buscar el veredicto de las urnas y revalidar su puesto al frente de la Generalitat ha conducido a una situación con escasos precedentes en España que puede erosionar gravemente a un PP que nunca le ha negado públicamente su apoyo. Las primeras reacciones al auto son, en este sentido, una pésima señal. Porque es un insulto a la inteligencia y al orden democrático insistir en el valor absolutorio de los votos, como apuntó ayer la portavoz de la Generalitat, Lola Johnson, y es un frívolo error intentar desviar la cuestión, como hizo la alcaldesa Rita Barberá al decir que alguien quiere echar de la política a Camps "mientras otros le abren la puerta a Bildu".

La estrategia del acusado, por su parte, es la de la confusión. Mientras el juez resolvía en Valencia, él se dedicaba en Bruselas a hablar de la "gravísima situación económica" de España, y contraponía el "trabajo serio" de su Administración con la "tragedia nacional" que supone la gestión económica de Zapatero. No parece muy legitimado para hablar de tal asunto un político que afronta un juicio por recibir regalos, "en consideración a su cargo", de una trama corrupta que ha saqueado las arcas públicas de la Comunidad Valenciana con contratos obtenidos a cambio de comisiones y del pago de actos electorales del PP regional. Y que está detrás del presunto saqueo a las arcas públicas realizado a cuenta de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 en la que la trama logró suculentos contratos.

Ese tipo de desvíos financieros es lo que parece estar detrás del caso de los trajes que el PP siempre intentó minimizar. El auto del juez explicita que el objetivo de la trama Gürtel con esas dádivas a Camps y a los suyos era "el de ganarse, mediante agasajo, el afecto o el favor de las personas obsequiadas". Camps deberá responder de un delito de cohecho impropio, pero durante la tramitación de este proceso la justicia ha acumulado indicios de graves delitos (financiación ilegal, falsificación en documento público, prevaricación y cohecho) contra nueve personas de su máxima confianza, lo que puede desembocar ya no en nuevas responsabilidades políticas, sino también penales.

El País - Editorial

Camps: tres trajes, tres errores

Que Camps deba retirarse de escena por una cuestión de higiene democrática no significa en absoluto que muchos que ahora le critican desde el otro extremo del arco parlamentario tengan la más mínima autoridad moral para hacerlo.

Al final Francisco Camps se sentará en el banquillo acusado de cohecho impropio pasivo. Un escándalo político, ya conocido como "causa de los trajes", que escribirá de este modo, ante un tribunal valenciano, su último capítulo y el primero del recorrido judicial que les aguarda a los imputados de la trama Gürtel, relacionada con el asunto de los trajes. Este caso que afecta directamente al recién elegido presidente de la Comunidad Valenciana no es ni mucho menos el más grave de los que se han incoado a cuenta de la trama corrupta que campó durante años a sus anchas por Valencia y Madrid, pero sí el único que afecta directamente al presidente autonómico.

Se trata de tres trajes que Camps aceptó como regalo a pesar de que sabía de dónde provenían y quien los pagaba. El importe de los mismos no es muy alto, pero se trata, en todo caso, de algo lamentable que no debiera de haber ocurrido nunca. A partir de aquí el presidente encadenó tres errores fatales que no pueden conducir a otro lado que no sea a su inmediata dimisión. Ni Camps debió aceptar los trajes en su momento ni, cuando se destapó el caso, debió mirar hacia otro lado y negar haberlos recibido. Fueron estos sus dos primeros errores, imperdonables ambos, que han terminado por ocasionarle un extraordinario problema de credibilidad a él y a su propio partido. Porque lo que se despacha en este caso no es tanto los trajes en sí mismos, como el hecho de que el presidente valenciano mintió a la opinión pública asegurando que nada sabía de ellos.

El tercero de los errores lo cometió a posteriori presentándose a las elecciones cuando se encontraba imputado. El PP cometió una incomprensible ligereza permitiendo que Camps repitiese como candidato a la presidencia el 22 de mayo teniendo como tenía una causa judicial pendiente. Ahora es Mariano Rajoy y no sólo el atribulado presidente valenciano quien debe una explicación a su electorado y al resto de la sociedad española. Eso si pretende que sus promesas de regeneración democrática sean tomadas mínimamente en serio.

Que Camps deba retirarse de escena por una cuestión de higiene democrática no significa en absoluto que muchos que ahora le critican desde el otro extremo del arco parlamentario tengan la más mínima autoridad moral para hacerlo. El PSOE, perito en mil corrupciones infinitamente más graves allá donde gobierna, no puede dar lecciones cuando los sucesivos escándalos de Chaves y Griñán en Andalucía no han hecho más que empezar a andar. Eso por no hablar de la infamia que envuelve al caso Faisán. Es indignante que la prensa adicta a Zapatero se regodee con el tema de los trajes cuando guarda el más ominoso silencio respecto a la imputación de la cúpula policial en el turbio y criminoso asunto del Bar Faisán.

Sin quitar un ápice de importancia a los trajes de Camps, en cuestión de escándalos hay categorías. La superior la ocupa sin duda alguna colaborar con una banda terrorista utilizando a las propias Fuerzas de Seguridad de Estado para consumar la felonía. Muchos harían bien en centrar el tiro y, sin olvidar lo uno, acordarse más de lo otro que, esta vez sí, es de una gravedad extrema.

Libertad Digital - Editorial

Tiempo de sacrificios

La factura de la crisis sólo se puede pagar con austeridad y control de gastos, reformas estructurales y una revisión del concepto de bienestar social y de seguridad en el empleo.

EL debate sobre quiénes deben pagar los platos rotos de la crisis ha velado problemas de fondo en la estructuración de las sociedades europeas, acomodadas en la convicción de que cada vez se podía vivir mejor sin necesidad de aportaciones nuevas y más esforzadas al crecimiento económico y a la situación fiscal de los Estados. Es evidente que la crisis financiera tiene causas principales en ciertas prácticas especulativas y en la voracidad de los mercados, con la colaboración imprescindible de la ineficacia de unos sistemas estatales de prevención y control, que ni previnieron ni controlaron los acontecimientos que están arruinando a media Europa. Incluso los peores escenarios simulados para las pruebas de estrés bancario, que ayer se dieron a conocer, están por debajo de los actuales niveles de presión sobre las deudas soberanas. Pero nunca hay crisis que pueda descartarse de antemano. Cuestión distinta es su gravedad o sus causas.

Por eso, superado esta implosión fiscal de los países ricos, dentro de varias décadas vendrá otra, y se cumplirá el carácter cíclico de los tiempos de bonanza y de depresión. Lo que importa es aprender la lección de que no se puede organizar la vida de una sociedad y de sus generaciones venideras como si el tiempo de bonanza fuera eterno. Esto ha sucedido en Europa y, por supuesto, en España, con la consecuencia de que la factura de la crisis sólo se puede pagar con austeridad y control de gastos, reformas estructurales y una revisión del concepto de bienestar social y de seguridad en el empleo. Italia ha implantado una serie de medidas drásticas para ahorrar y convencer a los mercados de su solvencia. Serán medidas discutibles en todo o en parte, pero no se habrían tomado si en Europa no empezara a haber conciencia de que la viabilidad del Estado de bienestar exige su revisión.

La cuestión ya no es si se debe o no abordar el fin del «gratis total» en determinados servicios, sino cómo sustituirlo por otro que combine la generalidad de su prestación con un cuota de financiación a cargo del ciudadano. Qué cuota y qué ciudadanos son las variables que deben despejarse. Seguir como hasta ahora no es posible. Estamos en un tiempo de sacrificios, que exigirá renuncias para iniciar una recuperación que permita llegar a niveles de bienestar que ya no serán como los anteriores a 2007, pero serán los únicos a disposición de unos Estados endeudados a largo plazo y de unas sociedades inevitablemente mucho menos ricas.

ABC - Editorial

¿A qué?. Por Alfonso Ussía

Después de conocer el procesamiento de la cúpula policial de Pérez Rubalcaba por colaboración con banda armada, me asalta una pregunta: ¿a qué presenta don Alfredo su candidatura? ¿A la presidencia del Gobierno o a la trena? Un procesado no es culpable hasta que se demuestra su delito y es condenado, pero el juez Ruz ha reunido en el auto una docena de indicios más que preocupantes por su gravedad. Preocupantes para los procesados, para los superiores de los procesados –Rubalcaba y Camacho–, para el PSOE y para todos los españoles. Entiendo que el auto de procesamiento del juez Ruz puede resultar inoportuno para los socialistas. De golpe, se han quedado sin candidato. Rubalcaba no puede optar a nada. Se tiene que ir. Y Camacho con él. La gravedad, la vileza de los presumibles delitos que se imputan al ex director de la Policía García Hidalgo, el jefe Superior de la Policía en el País Vasco, Pamies, y al inspector Ballesteros obligan a Rubalcaba y Camacho a separarse de la política y la acción pública para siempre.

No es imaginable que tres altos cargos policiales hayan colaborado con la ETA por su cuenta. No es imaginable que tres miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado protagonicen semejante traición sin el apoyo de sus superiores. El caso «GAL» nada tiene que ver con el caso «Faisán». También se movía Rubalcaba por ahí. En el «GAL» hubo un ministro que terminó en la cárcel con sobrada gallardía para asumir la responsabilidad y no implicar al entonces Presidente del Gobierno. El «GAL» fue terrorismo de Estado, pero contó con la benevolencia de la mayoría de una sociedad que estaba harta del terrorismo etarra. El Estado mató a asesinos, se equivocó con otros y los fondos reservados enriquecieron a unos cuantos. Eso, el enriquecimiento súbito de algunos de sus principales actores es lo que más escandalizó a los españoles. Barrionuevo no se metió ni una peseta en el bolsillo. El caso «Faisán» representa lo contrario. La Policía avisa a los terroristas para que se pongan a salvo a cambio de una negociación política con la banda impulsada por el Gobierno. La Policía colabora con los asesinos, con los delincuentes, con los terroristas. Semejante podredumbre, tan inmunda porquería, se expande desde el Ministerio del Interior. Rubalcaba y Camacho no pueden permanecer ni un minuto más, por decencia, por ética y estética ni en la candidatura a la presidencia del Gobierno el primero, ni en el Ministerio del Interior el segundo. Si estaban al tanto de los hechos, porque completarían el grupo de los presumibles delincuentes. Si ignoraban las presuntas actividades de sus subordinados, por incompetentes, ineficaces e inútiles. La incompetencia, la ineficacia y la inutilidad no se contemplan como actos delictivos en el Código Penal. Es la mejor salida que pueden encontrar en el laberinto de su situación.

El auto del juez Ruz aniquila, sin mencionarlos, a Zapatero, a Rubalcaba y a Camacho. No es figurable tamaña tropelía ni traición tan deleznable. Si en el juicio se demuestra que tres altos cargos de nuestra Policía han colaborado, cumpliendo órdenes superiores, con la banda terrorista ETA, ni Zapatero ni Rubalcaba ni Camacho van a irse de rositas. La legalización de Bildu es el precio del silencio etarra. Pero ya no es fundamental ese silencio. La Guardia Civil, la Policía y la Justicia han encontrado su voz. Lo siento por los planes socialistas, pero tienen que buscarse otro Alfredo, o una Carmen o un José. El actual ya no sirve.

La Razón - Opinión

Exigencias democráticas

La democracia se asienta en principios de exigencia para los representantes de la soberanía nacional. Los gobernantes, los políticos, están obligados a rendir cuentas de su gestión pública. Buena parte del descrédito actual de nuestra clase política ante la ciudadanía parte precisamente de haber desvirtuado hasta difuminarlo el precepto de la responsabilidad y la ejemplaridad. El «caso Faisán» ha sido la última prueba de ello. El procesamiento de tres antiguos alto mandos policiales del Ministerio del Interior que dirigían Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho –por su presunta participación en el chivatazo a ETA que evitó la caída del aparato de extorsión de la banda terrorista en 2006– constituye, sin duda, uno de los episodios más graves de la historia de la democracia. En estas páginas pedimos ayer que el ex vicepresidente y ex ministro del Interior abandonara su actitud esquiva de estos años y diera las explicaciones públicas después de la decisión del juez Pablo Ruz. Sin embargo, Pérez Rubalcaba apostó ayer por parapetarse tras un discurso insuficiente. Aseguró que si no hubiera sido ministro «no se habría producido tal escándalo político» y precisó que no tiene nada que «esconder» ni de lo que «arrepentirse». El Gobierno habló incluso de un asunto alentado por el miedo del PP al candidato Rubalcaba.

Habría sido mejor el silencio. Abordar la presunta colaboración con ETA desde el Ministerio del Interior como algo casi anecdótico que habría pasado inadvertido si no afectara al ex vicepresidente es un despropósito impropio de una personalidad política como la de Rubalcaba. Sus probados recursos para la distracción no sirven cuando existe un auto judicial con al menos doce indicios concluyentes de actividades con responsabilidad criminal por parte de sus inmediatos subordinados. Hasta los sindicatos policiales han coincidido en que resulta imposible que los mandos implicados abordaran una operación así sin una orden explícita de sus superiores. En cuanto al «temor» del PP al candidato del PSOE, entendemos que un Ejecutivo serio debería ser capaz de dar una réplica más airosa.

El PSOE y el Gobierno intentaron también desacreditar el trabajo del juez Ruz. El propio Rubalcaba habló de una instrucción judicial con «fallos jurídicos» y otros ministros lo describieron como un auto repleto de «especulaciones». La estrategia de desprestigiar la labor de los magistrados ha sido habitual en los socialistas en otros tiempos de dificultades con la Justicia, pero no dejan de ser manotazos cuando en democracia se requieren respuestas.

La ofensiva parlamentaria del Grupo Popular por el «Faisán», con preguntas y una interpelación, está más que justificada y responde a una necesidad política de conocer la verdad sobre la implicación del Ministerio del Interior. Insistimos en que Pérez Rubalcaba y el Gobierno tienen el deber político y moral de responder y aclarar todas las circunstancias del chivatazo a ETA en el contexto de la negociación con la banda. No podrán mirar para otra parte indefinidamente. La democracia requiere ejemplaridad y más aún en quien pretende pedir su confianza a los españoles en unos meses.

La Razón - Editorial

Rubalcaba. El caso Faisán y la reacción del PP. Por Agapito Maestre

¿Quedará todo el caso Faisán en una operación de desgaste electoral del PSOE o se llevará hasta sus últimas consecuencias la posible colaboración del gobierno socialista con una banda armada? Sospecho lo peor.

El caso Faisán es de tal gravedad que incluso la reacción del PP me parece tibia. Eso me lleva a preguntar: ¿quedará todo el caso Faisán en una operación de desgaste electoral del PSOE o se llevará hasta sus últimas consecuencias la posible colaboración del gobierno socialista con una banda armada? Sospecho lo peor. El "sistema" político, o mejor, la casta política no llegará hasta el final, más aún creo que será tapada la indignidad de Zapatero de haber negociado y, sobre todo, colaborado con los terroristas para que no sean apresados. Mis dudas vienen no sólo del PSOE sino del PP. En efecto, si el auto del juez Pablo Ruz contra la cúpula del ministerio del Interior es tal y como desentraña el editorial de ayer de El Mundo, entonces no entiendo por qué el PP ha actuado con tanta displicencia en el Congreso de los Diputados a la hora de arrinconar al antiguo ministro del Interior e incluso al propio presidente del Gobierno.

Lo instruido ahora por este juez y vislumbrando, durante casi tres años, por un sector del PP, especialmente representado por el señor Gil Lázaro en el Parlamento, no es sino la indigna consecuencia de una política de negociación del gobierno de Zapatero con la banda criminal ETA. Si la cosa es tan evidente, y así lo explica y expresa brillantemente el editorial de El Mundo, estamos ante un caso de flagrante colaboración del gobierno con una banda armada. Pero, a pesar de ser tan grave la acusación, la reacción del PP, aunque retóricamente seria y responsable, no deja de ser un tanto tímida: sólo actuará, según su portavoz Esteban González Pons, en el Parlamento. Eso es poco.

Naturalmente, si desconfío de la reacción del PP, es porque, en mi opinión, llueve sobre mojado; aparte de que el PP no ha actuado con la suficiente contundencia en las preguntas formuladas a Rubalcaba en el Congreso de los Diputados, pues que, a veces, parecía que se trataba de una cuestión casi personal entre el señor Gil Lázaro, diputado del PP, y el antiguo ministro Rubalcaba, ahora, cuando el juez Pablo Ruz ha procesado a tres altos cargos de Interior, el PP dice que no hará otra cosa que acciones parlamentarias. Eso no sólo es poco sin raro. Rarísimo. Un partido político de la entidad del PP, que posiblemente gobernará en la próxima legislatura, ya tenía que haber hecho algo más para desgastar al PSOE y su candidato. El señor Rajoy tendría que haber salido ya a la palestra para pedir responsabilidades y dimisiones a Zapatero.

Múltiples son las acciones que pudiera hacer el PP para mostrar la gravedad de esta situación. He aquí dos inmediatas: en primer lugar, debería haber puesto en cuestión toda la política antiterrorista del Gobierno retirándole el apoyo al gobierno socialista del País Vasco. En segundo lugar, el PP ya tendría que haberse querellado con el juez que tuvo paralizada la investigación del caso Faisán durante más tres años. Hay algo en el caso Faisán que, a pesar de la instrucción "perfecta" del juez Pablo Ruz, no veo con claridad. Hay algo rugoso que no consigo alisar. Ese algo, en mi opinión, le impide al PP tirarse al ruedo y tratar de torear con valentía. En fin, quizá esa dificultad tenga que ver con la propia instrucción de Ruz, por ejemplo, ¿imagínese que uno de los procesados, pensemos en el señor Ballesteros, no fuera el responsable de las llamadas registradas con el resto de procesados? ¿La sustitución de un nombre por otro podría cargarse toda la argumentación de la instrucción para todos los procesados?

El caso Faisán no es tan plano como parece.

Libertad Digital - Opinión

El rapto de la justicia. Por José María Carrascal

Hemos puesto la Justicia en manos de los políticos. Eso es pegarse un tiro, no en el pie, sino en la cabeza

Si en España hubiera cincuenta jueces como don Pablo Ruz, se arreglarían todos sus problemas. ¿Todos? Sí, todos, pues nuestro problema de fondo es que nos hemos cargado el tercer puntal de la democracia, el poder judicial, así anda el pobre, cojitranco y desvaído. El secuestro de la Justicia por parte de los partidos políticos no sólo impide a ésta cumplir sus funciones —ahí tienen a sus órganos rectores sin renovar—, sino también contribuye al deterioro gradual de todas las instituciones del Estado y a la corrupción en todos sus rincones, al ser la Justicia la garante de la igualdad, libertad y prosperidad de la vida ciudadana. Como he dicho más de una vez en estas columnas, un país puede vivir sin gobierno, sin cámaras, sin medios de comunicación, pero no puede vivir sin justicia independiente. Mejor dicho, puede vivir, pero en degradación continua, que termina impidiendo el desarrollo normal y la convivencia civilizada. Si queremos entender por qué no somos capaces de salir de la crisis, de acabar con el terrorismo, de unirnos a los países punteros y de confiar en el futuro, no debemos buscar fuera ni lejos. Nos basta pensar que hemos puesto la Justicia en manos de los políticos. Eso es pegarse un tiro, no en el pie, sino en la cabeza.

Y ahora, déjenme explicarles qué entiendo por juez Ruz. Pues un juez a secas, sin adjetivos, que no se siente progresista ni conservador. Un juez cuya única ideología es el código que tiene que aplicar, que no contempla otro papel en la sociedad que el que le asigna su cargo. Un juez que no se deja influir por nada ni por nadie, incluidas sus propias tendencias o prejuicios. Un juez, en fin, sin otra agenda, ambición o guía que hacer cumplir la ley. Con cincuenta jueces de este estilo, los políticos españoles sabrían que tendrían que dar cuenta de lo que hacen, los poderosos sabrían que nadie les salvaría de sus desmanes y los españoles sabríamos que las leyes están para cumplirse. Pues el principal, el último problema de España es que no se cumple la ley siempre que se puede, y a menudo, cuando no se puede. Nada de extraño el atasco en nuestros juzgados y el poco interés en desatascarlos. Así no hay forma de avanzar, así no vamos a ninguna parte. Mejor dicho, vamos adonde Grecia.

Déjenme decir, por último, que estoy seguro de que en España hay bastantes más de cincuenta jueces como don Pablo Ruz, pero que por una causa u otra, no han tenido ocasión de advertir a los poderosos de que la ley es igual para todos y de que no hay excusa alguna para no cumplirla, incluidos los llamados «intereses superiores». Nada es superior a la ley. Espero tan sólo que el ejemplo de este juez que quiere ser juez, sólo juez y nada más que juez, les anime a seguir su senda, la más excelsa y crucial en una democracia.

ABC - Opinión

Caso Faisán. Indicios especulativos. Por Emilio Campmany

Un indicio basado en la especulación no es un indicio, es una sospecha. Probablemente, lo que Jáuregui quería decir es que el auto se basa más en especulaciones que en indicios, pero ya cansa tener que estar constantemente adivinándoles los pensamientos.

Caray con nuestros socialistas. Son inefables, inenarrables, inaprensibles, incomprensibles, y algunos, sólo algunos, intocables. Zapatero llama a Raúl del Pozo, que debe ser ya el único que se le pone al teléfono, para decirle, casi para jurarle, que agotará la legislatura. Y ya ni el bueno de Raúl le cree.

Rubalcaba va y dice con fatuidad que "si existe hoy más que nunca [el caso Faisán] es porque yo soy candidato". Nos ha "merengao". Y Ruz es un fascista por no haber condenado el régimen de Franco. El caso Faisán existe desde mucho antes de que Freddy fuera candidato y, si tiene relevancia política, es porque lo salpica directamente a él, que aspira a ser presidente del Gobierno, y al actual ministro del Interior, por no hablar de que Víctor García Hidalgo, procesado en el auto, sigue siendo secretario de organización del PSE en Álava. Hoy la resolución judicial no ocuparía titulares de primera página si Freddy, Camacho y García Hidalgo estuvieran dedicados al cultivo del viñedo o a la práctica del windsurf. Y este sujeto se proclama como la gran esperanza roja. Apañados van.

A otro socialista, un senador menos conocido, lo detienen en Madrid de madrugada tras graves alteraciones del orden en una sauna por haberle faltado a un policía, que habrá que preguntarle a Alfonso Ussía si tan edificante conducta se corresponde con la fase "tuteo a la autoridad" o a la más avanzada "insulto al clero".

Como esto es poco, va Jáuregui y decide aparecerse a los pobres estudiantes matriculados en la Escuela de Verano de la Universidad Católica de Ávila, que me pregunto yo qué pecado habrán podido cometer allí para merecer semejante castigo. Y como es inaudito e insólito, amén de imposible y que no puede ser, que un socialista se siente en el banquillo, dice que el auto del juez Ruz es disparatado. ¿Y por qué es disparatado? Pues porque "es una suma de indicios más bien especulativos", o sea, indicios apoyados en especulaciones. Qué bonito oxímoron. Porque un indicio basado en la especulación no es un indicio, es una sospecha. Probablemente, lo que Jáuregui quería decir es que el auto se basa más en especulaciones que en indicios, pero ya cansa tener que estar constantemente adivinándoles los pensamientos y traduciéndoles las declaraciones.

Menos mal que Antonio Camacho nos ha hecho la caridad de no decir nada. Será porque es fiscal y sabe que cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra. O será porque se lo ha aconsejado su abogado. De momento, el auto de procesamiento del caso Faisán ha demostrado, a las pocas horas, cuán grande ha sido el error de nombrar ministro del Interior al único socialista que, junto al ministro saliente, corre serio peligro de verse empitonado por el caso. No lo hacen peor porque no entrenan.

Y esto, en tan sólo veinticuatro horas. Si tenemos que llegar así hasta marzo lo que van a terminar siendo es inaguantables.

Libertad Digital - Opinión

Déficit autonómico. Cospedal eleva el perfil bajo de Rajoy. Por Guillermo Dupuy

No hay peor señal para los mercados que la sospecha de que el Gobierno y las autonomías llegan a una componenda para rebajar artificialmente la gravedad del problema del déficit. Como bien dice Cospedal: "Lo que no aguantan los mercados son las mentiras".

Menos mal que Cospedal ha hecho público el informe sobre el estado de las cuentas públicas en Castilla-.La Mancha, que revela que el importe de las facturas sin pagar asciende a 1.742 millones de euros; es decir, casi el triple de lo declarado por Barreda en el proceso de traspaso de poderes. Y digo "menos mal", porque, según publicó El Mundo el pasado 9 de junio, la ministra Salgado habría logrado de Rajoy el compromiso de no hablar de "déficit ocultos", de "rebajar la crítica" a los excesos autonómicos y de no avalar declaraciones que pudiesen "crear alarma en los mercados".

Algunos dirán que lo que revela la denuncia de Cospedal es la falsedad de ese supuesto compromiso del líder de la oposición con la ministra de Hacienda; pero lo cierto es que nadie desmintió en su momento la noticia y que Rajoy ha seguido manteniendo un perfil bajo respecto al decisivo asunto del déficit y endeudamiento autonómicos, tanto oficial como oculto. Rajoy es tan capaz de eso como de no pedir –ni siquiera ahora– dimisión alguna por el caso Faisán. Y eso que la crisis económica parece que es lo único que le importa.

Pues bien: entender que uno de los mayores –si no el principal– problema económico de nuestro país es que las administraciones públicas, en general, y las autonómicas, muy en particular, son incapaces de ajustar sus gastos a sus ingresos es vital para generar confianza. Y no hay peor señal para los mercados que la sospecha de que el partido gobernante y el principal de la oposición llegan a una componenda para rebajar artificialmente la gravedad del problema. Como bien ha dicho Cospedal: "lo que no aguantan los mercados son las mentiras". Esperemos que sea ese respeto a la verdad, y no el incumplimiento de Salgado a transferir recursos extra para tapar el agujero heredado, lo que haya llevado a Cospedal a levantar la liebre.

En cualquier caso, el supuesto "Acuerdo entre PSOE y PP para bajar la tensión en el debate del déficit de las autonomías" lejos de ser un acto de "prudencia" o de "sentido de Estado", es un monumental acto de irresponsabilidad por parte de una clase política que todavía no acaba de entender que tiene que apretarse el cinturón y que tiene que hacerlo, además, de manera radical. Aunque Rajoy se haya comprometido con inconcretos "techos de gasto", no debe haber más "techo" de gasto que el que procuren los ingresos. Pero antes de hablar de techos, conviene mirar debajo de las alfombras.

Libertad Digital - Opinión

El pajarito. Por Ignacio Camacho

El caso Faisán estorba los tiempos de Rubalcaba y le impide abrirse huecos para su proyecto de candidatura

Rubalcaba llegó a los GAL tarde y con las manos limpias, aunque se las manchó enfangándose como portavoz en defensa de un Gobierno cercado por las evidencias. El caso Faisán, sin embargo, le alcanza en sus responsabilidades políticas porque por poco tiempo que llevase en el Ministerio del Interior fue un delito que ocurrió bajo su guardia. La existencia del chivatazo es palmaria más allá de la delimitación de culpas penales, y la época en que sucedió —en pleno proceso de negociación con ETA, objetivo central de la primera legislatura de Zapatero— avala la sospecha racional de que obedeció a un criterio político. El mismo con el que el presidente minimizaba el atentado —«accidente»— de Barajas o revestía de melifluas intenciones pacifistas a los batasunos. Las rectificaciones posteriores honran a sus autores en la misma medida en que demuestran lo equivocados que estaban cuando adoptaron el camino opuesto.

En sentido estricto, el procesamiento de la antigua cúpula policial añade poco a un debate político centrado en el hecho esencial, conocido hace tiempo pero nunca explicado satisfactoriamente, de que la detención de una trama etarra fue desbaratada por un soplo difícil de entender sin el conocimiento, la aquiescencia o la orden de superior instancia. Lo que sí hace el auto judicial es marcar los tiempos de un modo incómodo para el ahora candidato socialista y su sucesor en el Ministerio, al que el juez Ruz ha enviado un fastidioso regalo de bienvenida. Rubalcaba no encuentra el modo de abrirse a sí mismo huecos para proponer un proyecto de candidatura; haga lo que haga termina hallándose frente a la incómoda sombra del escándalo, sometido a la petición de explicaciones y perseguido por preguntas impertinentes a las que no ofrece respuestas. Su única línea de defensa consiste en exaltar el trabajo policial contra ETA, que precisamente es lo que la ignominiosa delación puso en solfa. En todo caso, los éxitos antiterroristas han tenido lugar cuando las Fuerzas de Seguridad han hecho lo contrario que en el bar de Irún: atrapar a los etarras en vez de facilitarles la fuga.

El curso del sumario acecha la carrera de Rubalcaba como un acreedor pertinaz que le reclamase una antigua factura pendiente. Es su particular cobrador del frac, el testimonio de una deuda del pasado, aunque de un pasado no tan remoto para que se pierda en la memoria de la opinión pública. Cada avatar procesal le pone delante de un engorroso expediente que no puede afrontar sin remover el comprometedor período de la frustrada y peligrosa luna de miel con ETA y su entorno, una herida política que no acaba de cicatrizar porque sus consecuencias siguen supurando. De ahí su patente enojo ante la evidencia de que, vaya donde vaya, se va a ver obligado a esquivar al embarazoso pajarito.

ABC - Opinión

Intención y contexto en los procesados del caso Faisán. Por Antonio Casado

Dice el juez en el auto de procesamiento sobre el caso Faisán que los indicios sugieren un comportamiento delictivo al margen de la intención que tuviesen los procesados. Lógico. El juez no quiere, ni puede, ni debe, entrar en las motivaciones de un supuesto delincuente. Sobre todo cuando la política está por medio.

Pero como está la política por medio, en el ruido político y mediático los procesos de intención van y vienen. El juez no puede, so pena de hacer malversación del principio de legalidad, pero los políticos y los periodistas pueden y deben, a la luz del principio de oportunidad.

Por lo tanto, claro que importa la intención en los ámbitos no estrictamente judiciales. La intención relacionada, lógicamente, con el contexto. El contexto: una operación de diálogo con los terroristas decidida por el Ejecutivo y autorizada por el Parlamento. La intención: poner fin a la historia criminal de ETA.

Este planteamiento nos lleva a vincular las dos cosas. Contexto e intención. Aplíquese a los nunca bien contados encuentros de Javier Moscoso, Gómez Benítez y Jesús Eguiguren con los máximos dirigentes de la banda terrorista a lo largo de 2006, el mismo año del ‘chivatazo’ (o “delación policial”, como dice el auto).

Ahí es donde cabe preguntarse, ¿no es un comportamiento delictivo, parecido al de la colaboración con banda armada, sentarse a negociar con unos terroristas sin mover un dedo para que se produzca su inmediata detención? No se trata de lamentar que no ocurriesen así las cosas. Únicamente reclamo la puesta en valor de las intenciones de los procesados, y de sus representantes políticos, en relación con las circunstancias que rodearon su presunta conducta delictiva.

«Nadie en su sano juicio puede sostener seriamente que los máximos responsables políticos y policiales de la lucha antiterrorista enloquecieron de la noche a la mañana y se pasaron al bando de los malos solo por unos días.»

La doctrina del Tribunal Supremo es muy clara en relación al delito con banda armada. No es lo mismo colaborar con banda armada para ayudarle a conseguir sus fines que colaborar con banda armada para acabar con ella. El espionaje, el contraespionaje y la infiltración son viejas herramientas en la lucha contra el mal. Y a veces pasa por colaborar con los malos o crear esa apariencia.

En todo caso, lo que pudo ocurrir en el famoso bar Faisán, fuese lo que fuese, ocurrió en el contexto de la política antiterrorista dictada por el Gobierno. Una política de Estado llevada a cabo por servidores del Estado. Y personalmente espero que la conducta de Hidalgo, Pamiés y Ballesteros no se asimile a la de tres vulgares delincuentes solo porque otros, en el campo político y mediático -no en el judicial, ojo-, los necesitan como excusa para liquidar políticamente al candidato socialista a la Moncloa, el ex ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Reitero mi argumento de ayer. Nadie en su sano juicio puede sostener seriamente que los máximos responsables políticos y policiales de la lucha antiterrorista enloquecieron de la noche a la mañana y se pasaron al bando de los malos solo por unos días.

El Confidencial - Opinión

Caso Faisán. Los héroes del chivatazo. Por Cristina Losada

Las asombrosas virtudes de los mentados no desmienten, sin embargo, los tristes y tozudos hechos, que o son o no son, sin vuelta de hoja. Cuántos delitos cometen personas a las que se tenía por honradas e intachables.

Sean cuales sean los argumentos de los abogados de la cúpula policial procesada por colaborar con ETA, las claves de su defensa política ya han quedado expuestas. Veamos. Se trata, imparte el ministro Jáuregui, de tres individuos que llevan toda la vida luchando contra el terrorismo e incluso han sido víctimas de la violencia. Su historial esforzado y heroico basta para no arrojar sobre ellos ni una sombra de sospecha. ¿Cómo van a ser colaboradores de la banda si eran sus tenaces combatientes? En cuanto a Rubalcaba, más de lo mismo: sus méritos como perseguidor de la ETA le absuelven de todo y, además, el Faisán sólo está vivito y coleando por motivos de política rastrera: "si existe hoy... es porque yo soy el candidato". O la importancia de llamarse Alfredo. En resumidas cuentas, hay que hacerles un homenaje y pedirles perdón por mancillar su honor con acusaciones horrendas.

Las asombrosas virtudes de los mentados no desmienten, sin embargo, los tristes y tozudos hechos, que o son o no son, sin vuelta de hoja. Cuántos delitos cometen personas a las que se tenía por honradas e intachables. Y de los hechos habla el auto de un juez que ha dedicado al caso pacientes investigaciones de continuo obstaculizadas por el ejemplar Gobierno y el suspendido Garzón, perejil de toda turbia salsa. Pero junto a esa defensa previsible, que parte de negarlo todo, ha aparecido otra inesperada, que parte de reconocerlo. Así, el diario más próximo a Rubalcaba, por salir a defenderlos, los ha declarado culpables. Les ha hecho una confesión a fin de exculparlos por la bondad de sus propósitos. Pues esos hombres rectos e intrépidos avisaron a la red de extorsión de ETA de su inminente captura por el supremo bien de "acabar con la violencia en Euskadi". Sacrificaron la ley a un ideal y eso, en tales latitudes, no merece reproche sino aplauso.

El fin justifica los medios es, en pocas palabras, el retórico parapeto moral de esta y otras incursiones en el fango de Gobiernos socialistas. Y el nexo de unión entre el chivatazo y los GAL. Cumplir la ley es monserga de leguleyos: hay objetivos superiores. Siempre, claro está, que los infractores sean los buenos. No la derecha, no Bush ni Thatcher. Ni siquiera Obama disfruta de ese privilegio. Sólo ellos.

Libertad Digital - Opinión