Fuerte con los hosteleros, débil con los terroristas

Aquí se puede cometer cualquier tropelía, siempre que vaya en detrimento de la unidad de la nación o la dignidad de sus instituciones, pero en el que no se admiten discrepancias en la aplicación exhaustiva de la agenda política de la izquierda.

La ley antitabaco impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que prohíbe a los hosteleros determinados comportamientos legítimos en su propiedad privada, ya ha comenzado a dar sus primeros frutos tal y como se esperaba desde que se puso en marcha a comienzos de este año. Para evaluar el beneficio proporcionado a la salud colectiva de los españoles habrá que esperar al menos una década, pero hoy ya sabemos que el sector de la hostelería española ha perdido en torno a una quinta parte de sus ingresos, una mala noticia en todo momento, pero especialmente sangrante cuando se produce en el contexto de una crisis económica devastadora como la que padecemos, agravada precisamente por la incuria del mismo Gobierno responsable de esta norma coercitiva, innecesaria e injusta.

Pero es que además, la saña con que el Estado está actuando contra los propietarios de restaurantes que se niegan a que el Gobierno les diga cómo administrar su negocio en lo que al consumo del tabaco se refiere, contrasta notablemente con la laxitud de la que esos mismos poderes públicos hacen gala cuando se trata de hacer cumplir también la ley en asuntos mucho más graves. En España hay terroristas convictos, confesos, juzgados y condenados que deambulan tranquilamente por las calles sin acabar de cumplir sus condenas, otros andan preparando la reentrada de una nueva marca política en las instituciones democráticas y otros más esperan tranquilamente en sus cómodos exilios a volver sin que, al parecer, nadie les moleste. En cambio, si usted tiene un bar, una cafetería o un restaurante y decide, de acuerdo a los deseos de sus clientes, permitir en su interior el consumo de una sustancia legal , la autoridad gubernativa hará todos los esfuerzos para impedírselo, llegando incluso a decretar el cierre de su negocio.

Se podrá argumentar que el deber del Gobierno es hacer cumplir las leyes una vez entran en vigor, sin tener en cuenta la polémica social que entrañe su contenido. Es cierto; como también lo es que ese mismo Gobierno, tan escrupuloso en la persecución de los hosteleros rebeldes, consiente al gobierno nacionalista catalán, -por cierto, un órgano estatal al que cabe exigir mayor diligencia que a un particular-, no ya el incumplimiento de una ley como la que establece el reparto de contenidos educativos en las dos lenguas oficiales en la enseñanza pública, sino las reiteradas sentencias del Tribunal Supremo en ese mismo sentido a las que los responsables autonómicos ya han dicho públicamente no van a hacer el menor caso.

Vivimos en un país en el que se puede cometer cualquier tropelía, siempre que vaya en detrimento de la unidad de la nación o la dignidad de sus instituciones, pero en el que no se admiten discrepancias en la aplicación exhaustiva de la agenda política de la izquierda. En otras palabras, España. La España de Zapatero.

Libertad Digital - Editorial

Andalucía, finca socialista

El «caso Mercasevilla» es sólo un síntomade lo que puede haber oculto en el historialdel PSOE al frente del Gobierno andaluz.

LA malversación de fondos destinados a financiar expedientes de regulación de empleo en Andalucía amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción de una administración pública. Las circunstancias que agravan el juicio que merece este fraude son las propias características del régimen hegemónico implantado por el socialismo andaluz durante décadas y sostenido en buen medida gracias a la red de clientelismo y servidumbres trenzada para asegurarse el voto de amplios sectores sociales. Esta es una de las consecuencias más propias de la perpetuación en el poder, que favorece la descomposición de los sistemas de control político y económico, el debilitamiento del sentido crítico social y el ejercicio arrogante y autoritario del gobierno, que tiene como una de sus manifestaciones más graves el sentimiento de impunidad asegurada. Todos estos efectos perversos del régimen socialista andaluz concurren en estado puro y máxima intensidad en la utilización de dinero público para pagar expedientes de regulación de empleo en los que se colaban amigos y paniaguados del PSOE, fondos públicos que superaban ampliamente los 600 millones de euros, a libre disposición del manejo arbitrario que quisieran darle los cargos competentes de la Junta de Andalucía.

El «caso Mercasevilla» es sólo un síntoma de lo que puede haber oculto en el historial del PSOE al frente del Gobierno andaluz; y cuando se abre una brecha en el muro del silencio y la prebenda, las consecuencias son imprevisibles. Tan grave es la situación que la estrategia del PSOE es ponerse —o hacer que se pone— al frente de la manifestación y anunciar su máxima colaboración con los tribunales. Bien está que se diga esto, pero es que a los socialistas andaluces no les cabe otra opción. El problema del PSOE es que se le está viniendo abajo el régimen andaluz, y con él, su reserva principal de votos, junto Cataluña, que hasta ahora inclinaba la balanza electoral a su favor. Esto no ha hecho más que empezar y tan abrumadores resultan los hechos conocidos y los indicios de lo que se puede conocer que es un sarcasmo que José Blanco augure la derrota electoral del PP por que, a su juicio, es un partido incompatible con la democracia. Las incompatibilidades democráticas se resumen perfectamente en la forma como el PSOE ha gobernado Andalucía.

ABC - Editorial

La «Omertá». Por Eduardo San Martín

La investigación judicial del caso Faisán ha pinchado en blando y Rubalcaba lo sabe. Solo así se explicaría su dramático cambio de actitud en la semana que media entre las dos últimas sesiones de control en el Congreso. «Caso resuelto», proclamaba el todovicepresidente hace diez días después de que el juez Ruz descartara por no significativas las conversaciones mantenidas en los días de autos por el secretario de Estado de Seguridad con jefes policiales más tarde imputados. El auto no resolvía nada: es normal, en efecto, que Camacho hable con sus subordinados a diario. Pero el todoministro lo saludó como si se tratara de una absolución.

Siete días después, la euforia daba paso a la irritación. Los veteranos de la tribuna de prensa no recordaban un Rubalcaba tan descompuesto. La transfiguración coincidía con la declaración formulada ante el juez por el superior del responsable de la operación, principal sospechoso del chivatazo a ETA. El juez Ruz, en quien antiguos colaboradores suyos en Collado Villalba admiran su independencia y probidad, abría una veta sobre la que otros instructores, entre ellos Garzón, habían echado mucha tierra. No solo hubo chivatazo, sino un intento de borrar la prueba principal.

La declaración del comisario augura sorpresas peores para un futuro en el que quienes organizaron la operación y su encubrimiento ya no estarán en el poder. Entre ellas, la posible ruptura de la conspiración de silencio que ha hecho sumamente arduo el progreso de la investigación; la «omertá» que ha impedido, por el momento, que los indicios abrumadores que engordan el sumario se hayan convertido en pruebas. Parafraseando a Lincoln, se puede mantener callado a uno durante mucho tiempo, o a muchos durante algún rato, pero no se puede garantizar el silencio de todos durante todo el tiempo. Como ocurrió, al final, en el caso de los GAL. Y Rubalcaba se ha puesto nervioso.

ABC - Opinión

Políticos. Secuestrados y engañados. Por Maite Nolla

Alguien puede pensar que nuestros partidos toman el voto y nos secuestran. Y el primero el PP, traidor en este caso como el que más.

No me voy a arrogar yo la representación de nadie; en caso contrario me estaría convirtiendo en una editorialista conjunta cualquiera. Pero sin saber muy bien si los contrarios y los partidarios de la Ley Sinde son muchos o pocos, aceptarán ustedes que existen indicios para pensar que esa proporción no se corresponde con el resultado de la votación del Senado; ya les digo, es una suposición. El caso es que el Senado ha aprobado el proyecto de ley con doscientos cuarenta y ocho votos a favor y sólo cinco en contra. Y encima resulta que los cinco valientes que se opusieron a la ley son de Entesa –PSC, ERC e Iniciativa–, del Benegé y del Partido Socialista de Mallorca. Es decir, los nacionalistas más extremos son los únicos que se oponen a la Ley Sinde. Visto lo visto, hechas todas las salvedades y siendo éste el sistema que tenemos, alguien puede pensar que nuestros partidos toman el voto y nos secuestran. Y el primero el PP, traidor en este caso como el que más. Porque, al final, si nuestros políticos aceptan la ley por unanimidad –o casi–, lo que está claro es que los muchos o pocos contrarios, o los que simplemente introducirían algún matiz, saben que su propuesta legítima no tiene ningún cauce para salir adelante.

Aunque con tu voto los partidos tienen más opciones. Por ejemplo, cuando no te secuestran, te engañan. Y es que eso es lo que se puede pensar después del apoyo de Alicia Sánchez-Camacho en el Parlament de Cataluña a Mas, negando el privilegio y soltando un discurso que ha hecho saltar las lágrimas de emoción al nacionalismo y a su prensa conjunta. No voy a defender yo a estas alturas de mi carrera artística a Alicia Sánchez-Camacho, y es que, aunque el abrazo del nacionalismo fiscal sea contradictorio con lo que dice su partido, es plenamente coherente con lo que lleva diciendo ella desde que la eligieron presidenta hace casi tres años. Entiendo que es muy difícil controlar a una política que modela tanto su discurso según esté en tevetrés o en El Gato al Agua, pero lo que ha dicho Alicia esta semana es de una coherencia impecable. Por ejemplo, durante todo el verano de 2009, para el que quisiera leerlo, en la página web del PP de Cataluña se colgó el titular de una entrevista en la que ella decía: "Cataluña necesita mucho más dinero". Y cuando Zapatero aprobó el sistema de financiación autonómico, la postura oficial del PP de Cataluña fue la de no secundar las críticas de las comunidades gobernadas por el PP, sino la de apoyar a CiU en su rechazo al sistema por considerarlo insuficiente. Como ahora. Con lo cual, lo contradictorio hubiera sido decir otra cosa. Añadan ustedes si quieren una pizca de la presión de los medios y el abismo de una nueva campaña que sitúe al PP en el anticatalanismo loapizante, pero en este caso lo que hay es coherencia. Y el que piense que le vendieron otra cosa, se siente: no haberla votado.

Libertad Digital - Opinión

El dominó de la esperanza. Por Hermann Tertsch

¿Y ahora qué? Porque pasada la euforia de la caída de Hosni Mubarak nos daremos cuenta de que jamás ha concitado tan unánime aplauso y entusiasmo en el mundo la toma oficial del poder por una junta militar.

Se ha logrado el primer objetivo, imprescindible para salir de la agonía en que había quedado sumido el país como inevitable. Y claramente inevitable por mucho que lo lamenten quienes ven los acontecimientos con más miedos que esperanza. Nada es más innecesario ahora que un juicio moral a Mubarak. Yerran quienes hoy nos caricaturizan a Mubarak como el tirano absoluto sediento de sangre —que ha demostrado ahora no ser— como quienes lo defienden como un amigo del bien que aplicaba malos modos en casa. Torpes o grotescas son también algunas comparaciones. Véase con Franco. Habría que recordarles que mientras en El Cairo se reunía el millón para jugarse la vida ante los tanques exigiendo que Mubarak se fuera, en Madrid se reunía el millón para desfilar y presentar respeto al cadáver en capilla ardiente. Que la mayoría de nuestros ahora muy activos antifranquistas salieron de la clandestinidad cuando Franco llevaba diez años muerto.

Hay razones en Egipto para el miedo, por supuesto. Son muchos, más si cabe fuera que dentro, los que querrían un caos que llevara después a las hordas y falanges del fanatismo a hacerse con este país, piedra angular del mundo árabe. Y que ven así llegado el momento del paso de gigante hacia la reconstrucción del fantasmal califato que asalte y venza a la modernidad primero en sus territorios históricos y después en Europa.

Pero mucho sugiere que este seísmo político en el mundo árabe podría también tener el sentido precisamente contrario y sepultar toda esta corriente islamista. Quizás estemos realmente ante el equivalente de la Revolución francesa en el mundo islámico. Y el huracán de libertad e ilustración acabe con el oscurantismo, el fanatismo y los proyectos de dictaduras del terror teocrático.

Claro está que quienes más tienen que temer lo sucedido son quienes más reprimen a sus súbditos. Yemen y Sudán podrían ser los próximos. Y Siria e Irán están a la cabeza. Seguidos por Argelia, Marruecos y Jordania. Quien tenga tiempo para reformar que lo haga hoy, porque si no, mañana se lo habrá llevado el viento de la historia.

ABC - Opinión

Este país sigue sin merecer un Gobierno que la mienta. Por Andrés Aberasturi

Otra vez el terrorismo y sus amargas circunstancias en las primeras paginas de los periódicos y con dos temas complicados: la nueva Batasuna y el caso Faisán, dos capítulos distintos de esta tristísima novela por entregas que ETA y sus secuaces llevan escribiendo medio siglo. Sobre el primero de los temas, el nacimiento de Sortu, la mayoría de la opinión pública y de la publicada no creen en la repentina aparición de la estrella de Belén a unos señores y una señoras que deciden de pronto, justo ante unas muy próximas elecciones, dejar el caminos de la justificación de todos los males y dirigirse pacíficamente al portal de la paz y la democracia. Nadie se lo cree, qué le vamos a hacer; y cuando nadie se cree una cosa, existen muchas posibilidades de que la cosa no sea cierta. Pero es que si lo fuera, si de verdad se ha obrado el milagro de la reflexión, los primeros interesados en no tener prisa serían ellos; si estuvieran convencidos de los que dicen, daría igual no presentarse a unas elecciones y esperar tranquilamente a las siguientes.

Hubo un tiempo en este país que se puso de moda un frase de los batasunos; fue cuando Esnaola -creo- se empeñó en llevarles casi a la fuerza al Congreso. Para conseguir el acta de diputados, tenían que acatar la Constitución de todos y lo hicieron -y esta fue la frase- "por imperativo legal". Pues estamos en la misma: para salvar la Ley de Partidos han hecho lo que tenían que hacer por imperativo legal, pero no parece que la cosa pase de ahí. Y queda el espinoso tema que me atrevía a comentar el otro día y del que no parece que nadie se haya hecho eco: condenar la violencia de ETA "si la hubiera". Mi teoría es que la hay mientras un solo ciudadano, por ejemplo, tenga que llevar guardaespaldas.

Y luego está lo del caso Faisán en el que el personal dice diego donde dijo digo o da largas cambiadas que no vienen a cuento como el ministro del Interior el otro día; preguntado sobre el tema concreto del chivatazo, respondió que lo que le molestaba al PP era el éxito de la guerra contra ETA y que la banda terrorista estuviera tan debilitada. Yo no sé si eso molesta o no al PP, pero la respuesta nada tenía que ver con la pregunta. Lo del Faisán huele ya muy mal y según va pasando el tiempo, aumentan las contradicciones y una vez más, la mayoría de la opinión pública y de la publicada tienen muy claro que allí pasó algo que nunca debió pasar y que ahora se trata de taparlo como sea. Fue precisamente Rubalcaba el que dijo la frase definitiva en el día mas negro de nuestra democracia, cuando los muertos de Atocha se contaban por decenas y decenas: "esta país no se merece un Gobierno que le mienta". Pues eso, señor Rubalcaba, sigue siendo válido. Usted verá.

Periodista Digital - Opinión

Fondo de reptiles. La evolución de "La Pesoe". Por Pablo Molina

La tierra de Chaves, Griñán y Zarrías ha dado un salto cuántico en la evolución del trinque presupuestario, pasando del "colócanos a tos, Paco" al "dame una prejubilación que estoy harto de ser funcionario".

El trinque febril al que está abocado el socialismo andaluz no tiene nada de particular, porque es lo que ocurre siempre que los socialistas ven cercano el momento de abandonar el poder. No es que a lo largo de las varias legislaturas en que permanecen ocupando los despachos oficiales sean un modelo de virtud en el manejo de los recursos públicos, claro, porque el trinque presupuestario es un deporte que exige perseverancia tal y como acredita la trayectoria de los partidos de izquierdas en los regímenes democráticos de todo tiempo y lugar.

Sucede tan sólo que cuando se acercan unas elecciones más disputadas de lo normal, con el riesgo de tener que entregar el poder a su adversario centro-reformista, el socialismo se convierte en una maquinaria bien engrasada y tremendamente efectiva de enchufar a todos sus peones con sólo poder demostrar algún parentesco con el cacique sociata local o haber servido fielmente al "Partido" en aquellas tareas que se les hayan encomendado.

En fin, que esto de que los cargos de la Pesoe enchufe a la ubre pública a toda la catetada socialistona, unos meses antes de que los ciudadanos los expulsen a gorrazos desde las urnas, ha sido una tradición muy arraigada en las distintas marcas regionales del PSOE. Sin embargo, lo que ocurre con las prejubilaciones falsas de la Junta de Andalucía ha supuesto una novedad a la que habrá que estar muy atentos en el futuro por si el ejemplo se extiende a otras demarcaciones territoriales.

Porque una cosa es conceder un sueldo de funcionario a los familiares y amigos, y otra bien distinta trincar un convolutto de pago único en empresas en las que nunca se ha trabajado. La golfería es más grosera y además bastante más peligrosa para nuestro bolsillo porque, como es bien sabido, no hay ninguna actividad en España que consuma tantos recursos públicos como la ingeniería financiera destinada a maniobrar con el paro, ya sea en forma de ayudas para crear supuestamente puestos de trabajo ya sea para financiar los expedientes de regulación de empleo, por no mencionar el concepto mollar de todo el tinglado que no es otro que las decenas de miles de cursos de formación que la administración paga a los llamados "agentes sociales", a cuyo fin se destinan varios miles de millones de euros cada año sin que hasta el momento hayan dado el menor resultado.

En todo caso, es evidente que la tierra de Chaves, Griñán y Zarrías ha dado un salto cuántico en la evolución del trinque presupuestario, pasando del "colócanos a tos, Paco" al "dame una prejubilación que estoy harto de ser funcionario". Para que luego digan que tras treinta años de socialismo Andalucía no ha avanzado.

Libertad Digital - Opinión

El caimán. Por Ignacio Camacho

Se va derrotado el viejo caimán del Nilo, pero detrás de la euforia democrática esperan cocodrilos con turbante.

(IMAGENES)

SE va el caimán, se va el caimán. Mubarak, el viejo saurio autócrata del Nilo, cede el poder empujado por una triple fuerza que no es sólo la del ardor revolucionario juvenil de la plaza Tahrir sino también la del desapego de su Ejército y la del abandono de los aliados occidentales que llevaban treinta años usando su satrapía como pieza de contención estratégica en Oriente Medio. La revuelta popular prendió la chispa y ha sabido mantener una heroica presión en la calle, pero sin el pulgar bajado de la Casa Blanca el régimen se habría atrevido a tratar de aguantar el pulso. Nadie se lo agradecerá a los Estados Unidos, y menos que nadie esas masas en cuyo imaginario América representa, por muchos discursos que pronuncie Obama, al eterno enemigo antiárabe.

Desde Hobsbawn, que por cierto nació en Alejandría, sabemos que las verdaderas revoluciones nunca se detienen en las fases intermedias; a partir del punto de ruptura se desencadenan procesos radicales de aceleración histórica que a menudo se llevan por delante a las fuerzas moderadas que suelen dirigir los momentos de transición. En Egipto, un país casi sin clase media cuyas capas jóvenes no tienen trabajo ni esperanza, será difícil que cuaje una estructura democrática estable. Sus alternativas apuntan más bien al intento de consolidación del régimen bajo un cierto maquillaje reformista asentado en el poder militar o a la apertura de un vértigo de saltos al vacío. Un vacío que a día de hoy, si no se forman nuevos partidos capaces de articular una cierta cohesión política, sólo podrían llenar los Hermanos Musulmanes y las fuerzas islamistas de fuerte arraigo social y tradición intelectual forjada en las universidades de El Cairo.

Más allá de la evidencia de que Estados Unidos ha dejado de apostar por tiranías antipáticas sostenidas en la teoría del mal menor, Occidente continúa perplejo ante la caída del muro invisible que se derrumba piedra a piedra en el mundo árabe. Ignora los factores exactos que han detonado las heterogéneas protestas populares, desconoce la posición real del integrismo en ellas y, lo que es peor, analiza la situación a partir de premisas convencionales de la política tradicional. Teme al fundamentalismo pero no sabe cómo detectarlo en una revolución que no ha estallado en las mezquitas sino en twitter, aunque la haya retransmitido Al-Jazeera. Y carece de respuestas y certidumbres para tranquilizar a un Israel que sólo mira la cuestión desde el punto de vista de su propia seguridad.

Cuando acabe el júbilo por la anticipada primavera de la libertad, en el ajedrez político egipcio, de enorme delicadeza geoestratégica, ganará quien mejor tenga pensadas las jugadas siguientes. El horizonte de la democracia es muy esperanzador pero existe riesgo serio de que cuando se haya ido el caimán puedan aparecer manadas de cocodrilos. Y algunos llevan turbante.

ABC - Opinión

Egipto, en la encrucijada

Hosni Mubarak ya forma parte de la Historia. Pocas horas después de que escenificase su fracaso en un discurso que indignó aún más a los egipcios que llevaban manifestándose dos semanas, el «rais» anunció su dimisión a través del hasta ahora vicepresidente Omar Suleiman. Como era previsible, teniendo en cuenta la tremenda ascendencia que tiene en el país, Mubarak ha cedido el poder al Consejo Supremo del Ejército. Éste, a partir de ahora, se convierte en el árbitro del país y tutelará el difícil proceso de transición al que se enfrenta Egipto. Ayer, el Consejo Supremo del Ejército ya anunció que disolverá el Gobierno y las dos cámaras del Parlamento egipcio y que gobernará a través del presidente del Tribunal Constitucional previsiblemente hasta las elecciones de próximo septiembre acumulando así todo el poder. A pesar de la calculada ambigüedad que ha mantenido durante los dieciocho días de protestas, sin duda el Ejército ha jugado un papel determinante en la caída del «rais» al comprobar que la situación era insostenible dado que los egipcios lejos de apaciguarse con las palabras de Mubarak incrementaban las revueltas populares en todo el país. Si el Ejército sigue el guión previsto, durante los próximos meses su cometido principal será preservar la estabilidad del país y acometer, sin prisa pero sin pausa, la apertura del régimen, incluida la liberación de los presos políticos, legalizar los partidos políticos, así como la concreción de las primeras reformas para impulsar la modernización y el desarrollo del país y garantizar unas elecciones democráticas. Esto dará confianza a la comunidad internacional al tiempo que le prestará su apoyo al proceso, como ya anunciaron ayer la mayoría de los países, en especial Estados Unidos, que observará con lupa los movimientos de su principal aliado en Oriente Medio. Lo que suceda después de las elecciones es una incógnita y no conviene jugar a futuribles. Aunque se ha recibido la caída de Mubarak con una desbordante euforia nos esperan unos meses de incertidumbre que serán especialmente críticos para Israel. En las últimas décadas los israelíes han encontrado en Egipto a un país aliado, el único del pueblo árabe junto a Jordania. Ayer, inmediatamente después de conocer la caída del «rais», el Gobierno israelí confiaba en que no se cambiasen las buenas relaciones que han mantenido ambos países. Simultáneamente, Hamás pedía a las nuevas autoridades que levanten el bloqueo de Gaza. El tiempo dirá qué papel jugará el nuevo Egipto en el proceso de paz. Si tras las elecciones el país sufre un proceso de islamización y se decanta por abrazar la causa palestina radical el proceso de desestabilización de la zona plantearía un inmenso desafío a la comunidad internacional. También hay que considerar qué consecuencias tendrá en los países de su entorno la revuelta egipcia y si tendrá un efecto dominó en otros regímenes como Argelia o Jordania, donde ya se están viviendo protestas de sus ciudadanos, que piden un cambio de régimen. Sin duda, estamos ante un nuevo escenario difícil de prever hace unos meses y que puede significar una transformación en el tablero internacional.

La Razón - Editorial

¿Rumbo a la libertad?

Con la histórica caída de Mubarak, Egipto inicia un largo y difícil camino bajo tutela militar.

Tras 18 días de ejemplar empeño colectivo, los egipcios han conseguido el primer y fundamental objetivo de su revuelta, la caída de Hosni Mubarak. El júbilo en las calles sellaba ayer lo aparentemente imposible semanas atrás: el final relativamente pacífico de una infame dictadura de 30 años en el más importante país árabe, y su referente político y cultural. En Egipto -como antes en Túnez, donde comenzó todo- se había llegado en los últimos días a una situación insostenible, arbitrada cada vez con mayores dificultades y desgaste por los generales. Son esos generales los que ayer se han hecho cargo del poder, en un esperanzador volatín que puede iniciar el camino a la libertad, pero también lleno de riesgos. Lo que suceda en El Cairo está destinado a hacer historia.

La anhelada renuncia del rais abre el crucial interrogante del traspaso del poder a los militares egipcios, decisivos en el manejo y el desenlace de la crisis, anunciado por el efímero vicepresidente, Omar Suleimán. Una Junta dirigida por el general Mohamed Tantaui, ministro de Defensa, teóricamente garante de una auténtica reforma democrática, como la exigida por la calle, pero que también podría acabar erigiéndose en valladar del cambio.

El historial de los militares en las naciones árabes no es precisamente alentador y los ambiguos mensajes castrenses que han puntualizado desde el jueves la vorágine egipcia, más allá de sus buenas intenciones, no aportan demasiada luz. En su "comunicado número tres", anoche, los generales tomaban nota de las demandas ciudadanas para "iniciar cambios radicales" y anunciaban una declaración posterior sobre los pasos y procedimientos a adoptar, necesariamente de una "legitimidad aceptable por el pueblo".

El dictador Mubarak podía haber elegido salir dignamente hacia su mundano retiro en el mar Rojo. Ha decidido lo contrario, prestando un flaco servicio al pueblo al que aseguraba servir en su retórico mensaje del jueves por la noche. No solo porque su abandono se ha producido horas después de asegurar altanero que continuaría en el poder hasta septiembre, sino, sobre todo, porque deja tras de sí la inquietante incógnita militar. Durante las casi tres semanas que ha durado su acoso popular, tuvo tiempo para perfilar una transición ordenada para la que el guion estaba escrito: disolución del Parlamento títere, fruto de las fraudulentas elecciones de noviembre; abrogación de la eterna ley de emergencia y formación de un Gobierno provisional y representativo que preparase unas elecciones libres y con ellas una nueva Constitución. La actual, de 1971, blindada, está hecha a la medida del déspota derrocado y consagra la total impunidad de los militares y los poderosos servicios secretos.

Más allá de su enorme trascendencia para 80 millones de personas, en Egipto se ha abierto una espita incontrolable para un mundo árabe superpoblado de déspotas, algunos de los cuales ya han iniciado maniobras de distracción. Pero la caída del rais, que abre para una sociedad semifeudal la posibilidad de incorporarse al orden de las democracias modernas, modifica también el tablero geopolítico de Oriente Próximo, tan inmutablemente sostenido por las fuerzas combinadas y convergentes de sus propios dictadores y el interés de las potencias occidentales (EE UU y la UE sobre todo) por mantenerlos en el poder a cambio de apoyo a sus objetivos en materia exterior: petróleo sin sobresaltos, control del islamismo radical y mantenimiento de la paz con Israel. Un Israel al que la crisis en el país vecino coloca de nuevo en el ojo del huracán.

El camino de Egipto hacia la libertad acaba de comenzar y todo está por verse. El país árabe entra en una difícil fase de efervescencia, en la que los actores del cambio deberán hacer las cosas rápido y bien para evitar su degradación. Si determinante va a ser el papel de unas fuerzas armadas hasta ahora aparentemente más alineadas con los intereses populares que con los del régimen autocrático (que prometían ayer levantar un estado de excepción de 30 años y elecciones presidenciales limpias), también debería serlo el apoyo occidental a una reforma democrática sin letra pequeña. Tareas inmediatas de esa reforma son liberar a los prisioneros políticos y hacer real la participación de los partidos opositores en el diseño del nuevo orden. Por su importancia intrínseca y su condición de espejo en el mundo árabe, lo que suceda en El Cairo atronará en adelante en la región más conflictiva del planeta.

El País - Editorial

Egipto: un primer paso hacia la democracia

El Ejército y la oposición deben ponerse a trabajar juntos para reformar las leyes fundamentales del país y para crear partidos de masas de corte moderado que alejen a la población del islamismo y permitan la consolidación de instituciones democráticas.

Aunque serán muchos quienes vean en la caída de Mubarak el punto final a las revueltas cairotas organizadas a través de las redes sociales por jóvenes de clase media, lo cierto es que en Egipto todavía está todo por hacer. Si acaso, lo que demuestra la caída del general que ha presidido la república durante los últimos 30 años no es la automática democratización y liberalización del país, sino que el Ejército, el auténtico poder en la sombra, retiene el control de la situación y continúa administrando los tiempos con bastante sensatez para evitar graves desordenes sociales que beneficien a los islamistas radicales de los Hermanos Musulmanes.

Al cabo, todos los altos mandos militares han sido plenamente conscientes de que lo prioritario durante estas semanas de revueltas era evitar el caos y el consecuente auge del islamismo. Lo que les había separado hasta el momento no era tanto la claridad de los objetivos como la estrategia a seguir: mientras que una facción –la que se impuso el jueves por la noche– consideraba necesario que Mubarak prosiguiera en el poder hasta las elecciones de septiembre, la otra –la que ha prevalecido el viernes– defendía que el general era ya un cadáver político que había que desalojar de la Presidencia.

Tan pronto como el ejército –preocupado por el cariz que estaban tomando las revueltas desde el jueves por la noche– le ha retirado el apoyo, Mubarak ha tenido que irse, cediéndole incluso de iure todo el poder a Suleiman. Con este gesto, los altos mandos militares esperan rebajar la tensión y poder dialogar con la oposición para dirigir la transición democrática, excluyendo del proceso a los Hermanos Musulmanes.

Y es que no convendría que confundiéramos las mareas ciudadanas que desde la Plaza del Tahrir (Plaza de la Liberación) están clamando por la democracia y la libertad con el resto de la población del país. Egipto es una república con más de 80 millones de habitantes, la mayoría de los cuales viven en el campo, están tremendamente empobrecidos y, por supuesto, carecen de acceso a internet. Aunque exista una admirable vanguardia que está pugnando, con toda la razón del mundo, por el establecimiento de un Estado de Derecho moderno, el país carece a día de hoy de infraestructura y cultura democrática.

De ahí que ahora lo fundamental sea que el Ejército y la oposición democrática se pongan a trabajar juntos para reformar las leyes fundamentales del país y para crear partidos de masas de corte moderado –algo similar a lo que fue la UCD en España– que alejen a la población del islamismo y permitan la consolidación de unas instituciones liberales equiparables a las de Occidente. Sin embargo, y pese a la razonable euforia de muchos, debemos seguir siendo prudentes: con la caída de Mubarak sólo hemos avanzado un pequeño peldaño en una escalera de la que desconocemos la extensión e incluso, de hecho, si nos llevará a alguna parte.

Libertad Digital - Editorial

Un tsunami para el mundo árabe

Occidente ha de influir en el diseño del futuro de Egipto y de los demás países de la región para limitar la influencia de los islamistas.

LA victoria pacífica de los manifestantes sobre el régimen de Hosni Mubarak constituye un acontecimiento cuyas consecuencias, más allá de la celebración inicial, habrá que analizar a largo plazo. Egipto es un país con una influencia gigantesca en todo el mundo arabo-musulmán, y el fin de un régimen que monopolizó el poder durante más de tres décadas supone un terremoto en todos los sentidos. En Oriente Próximo nada será igual después de esta revolución, surgida —igual que en Túnez— al margen de los canales de la política tradicional. Si lo que ocurra de aquí en adelante adquiere la forma de una transición constitucional a la democracia, inicialmente a manos de los militares, o si el país se desliza hacia el caos son opciones que en las actuales circunstancias dependerán esencialmente de la actitud de los manifestantes que en la emblemática plaza de Tahrir disfrutan de su victoria y del convencimiento de que han sido más fuertes que cualquier ejército. La nueva generación de árabes, armada con ordenadores y teléfonos, despertó un vendaval en Túnez. En Egipto es ya un gran huracán ante el que tiemblan los gobiernos de toda la zona.

Después de un periodo inicial de dudas, la Administración norteamericana ha renunciado a sostener a Mubarak porque se ha dado cuenta de que su apuesta había caducado, mientras que los dirigentes europeos seguían hundidos en su perplejidad, todavía adictos a esa falsa estabilidad que prometía el dictador depuesto. Unos y otros deben entender cuanto antes que su interés es precisamente influir en el diseño del futuro de Egipto y de los demás países de la región, apoyando decididamente a los partidarios de la democracia —que son muchos— para limitar la influencia de los islamistas radicales, que representan el mayor peligro, y no sólo a corto plazo, para estas sociedades en crisis. Dirigido desde dentro de unos regímenes forzados a adecuarse al nuevo escenario o impuesto por la fuerza de unas revueltas contagiosas, el cambio de ciclo político resulta inevitable en la región. Que las consecuencias de este tsunamien el mundo árabe sean buenas para sus habitantes y para los

intereses de Occidente dependerá de que no se cometan los mismos errores que crearon ese mosaico de dictaduras y de sociedades bloqueadas que ahora se ha empezado a desmoronar.

ABC - Editorial

El papel de Sortu. Por César Alonso de los Ríos

Desde posiciones de derecha y de izquierda se defiende la idea de la fundación de Sortu como un acontecimiento positivo, una prueba de de la derrota de ETA, el triunfo del Estado. Zapatero y Patxi López piden prudencia en todo caso. El PP se engalla. Estando de acuerdo los Arriola en dejar la legalización de Sortu en manos de los jueces, tratan de deslucir la jugada del gobierno para que la desaparición real de ETA no se traduzca en ganancia de votos para Zapatero. Ese es el problema para ellos.

Mi discurso va por otro lado. Sortu es el invento que necesitan los nacionalistas (el PNV también) a estas alturas de la película. Con medio siglo de terror han conseguido la hegemonía social, cultural y política del movimiento euskaldún. Las conquistas de las doctrinas de Arana han llegado a tal punto que desbordan no sólo las propuestas que tuvieron los abertzales de derecha e izquierda en los años sesenta de este siglo pasado sino las que pudieron soñar en los tiempos de la II República. A estas alturas piensan que el camino que les queda por recorrer puede andarse ya sin el manejo de las pistolas. No es una táctica. Creen en verdad que se trata de una cuestión de votos y que hay que terminar con farsas como la del actual gobierno vasco. Sortu no es una táctica para ellos sino el tramo final de una estrategia compartida, de una o de otra manera, por todos los nacionalistas vascos. ¿No es significativo que el PNV haya defendido la legalización de Sortu como la obligada correspondencia del gobierno de Zapatero al apoyo que ellos dieron a los Presupuestos? Urkullu sale en defensa de la legalización de los abertzales de izquierda. Porque se trata del interés del conjunto de los nacionalismos, del frente nacionalista. Para el PNV la legalización de Sortu supondrá a corto plazo la vuelta al poder no sólo de los partidos hegemónicos sino mayoritarios electoralmente y la posibilidad de avanzar hacia la realización del sueño de Arana.

ABC - Opinión

Rubalcaba. Gestos y realidad. Por Agapito Maestre

Los gestos terribles de Pérez Rubalcaba, tan teatrales como falsos, revelan su participación en la cosa.

El carácter agresivo de las fotos de Pérez Rubalcaba cuando fue preguntado en el Congreso de los Diputados sobre su "culpabilidad" por el caso Faisán, será histórico. Único. Esos gestos componen un compendio del histrionismo político del Gobierno socialista. La historia del socialismo español, como en general todas las historias de los partidos políticos, tiene una dimensión negra imposible de eludir para comprender el Gobierno actual de Rodríguez Zapatero. Al crecimiento de esa historia está contribuyendo de modo decisivo, sin duda alguna, la figura de Pérez Rubalcaba; de hecho, este personaje representa la continuidad entre la etapa más negra de Felipe González, cuando se perseguía de modo ilegal a los terroristas, y la más oscura de Rodríguez Zapatero, que siempre podemos caracterizar por la negación de la víctima del terrorismo y el cambalache político con ETA.

A nadie sensato, pues, se le escapa el significado político del caso Faisán; en otras palabras, escritas desde el sentido común, creo que detrás del chivatazo de la policía a los terroristas hay un delito claro del Gobierno español. La insistencia del PP en este asunto me parece ejemplar no sólo para defender la democracia, sino también para hacerse cargo de un asunto denunciado de modo contundente por los medios de comunicación. Lo publicado por la prensa es tan obvio que resulta ridículo buscar más pruebas de lo que es un chivatazo de la "policía española", o al menos de la parte de la policía que controla el Gobierno, a los etarras.

El caso Faisán, independientemente de lo que digan los jueces, ya ha pasado a la historia negra del PSOE. A veces, la contingencia de la vida política, en este caso unas imágenes, unas fotografías, en fin, unos gestos, como los del ministro del Interior, ponen en su sitio, en su oscuro lugar, a un Gobierno al que se le llena la boca de democracia, cuando en realidad está actuando de modo totalitario. Los gestos terribles de Pérez Rubalcaba, tan teatrales como falsos, revelan su participación en la cosa. En efecto, si la política es pura escenificación, teatro, podrían esas fotos ser presentadas como la prueba principal de su responsabilidad en el caso Faisán.

La sobreactuación de Pérez Rubalcaba fue propia de un histrión, de alguien que no cree una sola palabra de lo que dice. En fin, los gestos desafiantes de Pérez Rubalcaba, en el Congreso de los Diputados, puede que produzcan miedo a quienes desconozcan la historia negra del socialismo español, pero también confirmación de una continuidad en la historia trágica de España.

Libertad Digital - Opinión

Preguntas sin respuesta. Por José María Carrascal

Estamos ante un nuevo intento del nacionalismo vasco por mantener la doble vía de negociación con el Estado.

SI rechazan «toda clase de violencia, en particular la de Eta», ¿por qué se niegan a pedirle que se disuelva? Si son una formación «nueva» que nada tiene que ver con las anteriores relacionadas con Batasuna, ¿qué hacen tras ella hombres como Rufi Etxeberría e Íñigo Iruín, que han estado en todos esos mejunjes? Si «reconocen el dolor de las víctimas de toda violencia», ¿por qué rehúsan tomar contacto con sus asociaciones? Más sospechoso: ¿a qué ese empeño en repetir una y otra vez lo de «toda clase de violencia», en vez de hablar sencillamente de «terrorismo»? A no ser, claro, que incluyan la «violencia que el Estado ejerce en el País Vasco», una de las tesis favoritas de cuantos vienen usando o respaldando la violencia de Eta para alcanzar sus objetivos políticos.

Demasiadas preguntas sin respuesta, lo que no hace más que acrecentar las dudas sobre esa Sortu que se nos presenta con el logotipo de una salida de sol rutilante. ¿No será más bien su ocaso? ¿No será que, puesta contra la pared por el acoso judicial y policial, la rama política de Eta no haya tenido más remedio que hacer que rompe con ella para recuperar posiciones?

Existe casi unanimidad en que ha sido un paso adelante. Pero a partir de ahí las opiniones divergen. Hay quien lo considera una oportunidad que no puede desaprovecharse para solucionar un conflicto enquistado y complejo. Pero no creo equivocarme al decir que son más, muchos más, los que lo consideran otra tregua-trampa de las muchas que Eta y su entorno nos han tendido, y hemos caído en ellas. Nadie se alegraría más que las víctimas del terrorismo, que incluyen no sólo los asesinados sino cuantos han sufrido y sufren discriminación y acoso en el País Vasco, que la paz llegase. Pero son precisamente esas víctimas quienes más temen a esos nuevos «mensajeros de la paz» que nos llegan con una rama de olivo, pero sin responder a la pregunta fundamental: ¿por qué no condenan la violencia pasada de Eta y la piden que entregue las armas? ¿Miedo o connivencia? No lo sabemos, pero tenemos derecho a dudar de ellos mientras no nos lo demuestren con hechos, no con palabras. Y hasta el momento, sólo han tenido palabras, y ni siquiera todas las necesarias para alejar las dudas.

Pues si lo que quieren es defender democráticamente la independencia de Euskadi, les sobran opciones: pueden hacerlo en cualquiera de los partidos nacionalistas legalizados. Hasta el plan Ibarretxe era una independencia de facto. Pero mientras no lo hagan, es lógica, legítima e incluso imperativa la sospecha de que estamos ante un nuevo intento del nacionalismo vasco mantener la doble vía de negociación con el Estado español: unos en las instituciones y otros con las pistolas.

ABC - Opinión

Batasuna. Sortu: ¿con S de señuelo?. Por Guillermo Dupuy

Debemos también barajar la posibilidad, por improbable que nos parezca, de que este burdo intento con el que el Gobierno de Zapatero y ETA pretender volver a burlar la Ley de Partidos no sea más que un señuelo con el que ocultar un plan B.

Dado que en los estatutos de Sortu se equipara el monopolio legítimo de la violencia de un Estado de Derecho con la violencia criminal que, en el futuro, pudiera practicar una banda terrorista; dado que sus representantes se siguen negando abiertamente a condenar a ETA y a pedir su disolución; dado que este partido ha sido públicamente liderado y respaldado por irredentos e históricos dirigentes del brazo político de ETA, como Pernach, Eugenio Echeveste, alias "Antxon", Rufi Echebarria, Diaz Usabiaga, Pernando Barrena, Tasio Erquicia, Jon Petricorena; y, sobre todo, dada la positiva acogida que están teniendo estos apenas disfrazados batasunos entre el Gobierno y sus medios de comunicación, tenemos el derecho y el deber de fijarnos en estas siglas como el nuevo "partido" con el que ETA pretende seguir estando en las instituciones y cobrando dinero público.

Dicho esto, también debemos tener presente que el Gobierno y su dependiente Fiscalía, por las mismas nihilistas razones electorales por las que impulsan esta paz anestesiante y colaboracionista, tienen que disimular respeto a una Ley de Partidos, cuyo espíritu y cuya letra no pueden debilitar denigrándola como un "Guantánamo electoral". Por otra parte, la capacidad del Gobierno para ocultar los rasgos más proetarras y veraces de Sortu, por grande que esté siendo, es limitada, como también lo es su capacidad para subrayar, publicitar y dar por veraces los rasgos más engañosos de este partido respecto a su supuesta ruptura con la banda.

Por todo ello, debemos también barajar la posibilidad, por improbable que nos parezca, de que este burdo intento con el que el Gobierno de Zapatero y ETA pretender volver a burlar la Ley de Partidos no sea más que un señuelo con el que ocultar un plan B; un plan B con el que los proetarras podría volver a colarse y el Ejecutivo fingir que ha sido a su pesar.

Aunque esto no sea más que una hipótesis por mi parte, tiene su lógica y, sobre todo, la respalda la experiencia del pasado. Recuérdese lo que pasó en marzo de 2007 con Abertzale Sozialisten Batasuna, con la que los batasunos no disimularon ni siquiera con el nombre. La Fiscalía instó su ilegalización, el partido no pudo presentarse a las municipales y Candido Conde Pumpido sacó hipócritamente pecho como garante de la Ley de Partidos. Luego, sin embargo, se supo que había un compromiso previo con otra formación paralela (ANV), siempre y cuando las llevara a cabo caras menos conocidas del entorno etarra. Gracias a esa maniobra, ETA sigue teniendo representación y subvención en numerosos municipios.

Sigamos fijándonos en Sortu, pero no descartemos que Gobierno y ETA repitan la jugada con otras siglas.

Libertad Digital - Opinión

Nuestro hombre libre. Por Hermann Tertsch

José Luis Rodríguez Zapatero se siente siempre libre para elegir la verdaddel momento.

UNA de las características más destacables, ya casi legendarias, de nuestro presidente de Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, es su extravagante relación con la verdad. En un principio, cuando los españoles comprobaron la frecuencia con la cual incurría en contradicciones consigo mismo nuestro Gran Timonel, y la cantidad de veces en que era evidente que sus afirmaciones eran inciertas, muchos cayeron en la tentación de considerarlo un mentiroso compulsivo. Y creyeron —¡ay ilusos!— haber detectado con ello una debilidad del leonés de Valladolid. Craso error. Porque se trata de una de sus armas más temibles. Lo cierto es que Zapatero se siente siempre libre para elegir la verdad del momento. Nos lo dijo un día con esa solemnidad pedestre suya. Y nada menos que para desmentir a san Juan. Ya saben, un viejo chamán de esas creencias caducas del cristianismo. Nos reveló el presidente que no es cierto, como pretende el Evangelista, que la verdad nos haga más libres. «Es la libertad —dijo— la que nos hace más verdaderos». Somos libres de elegir la verdad en cada momento. Y podemos cambiarla siempre que nos venga en gana, sin que nos deban turbar en absoluto las contradicciones que puedan generarse. Eso es la libertad. De ahí la ausencia total de zozobra, incomodidad ni, por supuesto, mala conciencia en nuestro presidente cuando alguien le recuerda alguna afirmación incierta o manifiestamente falsas.

Así ha vuelto a ser ahora con el esperpento de la deuda de nuestras comunidades autónomas que vuelve a dejar por los suelos la credibilidad nacional en el exterior. Resulta que el presidente había negado la posibilidad de endeudarse o refinanciar su deuda a diversas comunidades autónomas. Porque había impuesto —y había presumido de ello con la canciller alemana, Angela Merkel— una férrea disciplina para controlar el gasto de las comunidades, su deuda y su déficit. Hasta que llegó a Madrid el martes el presidente de la Generalidad, Artur Más. Éste, que tiene en el congreso los votos necesarios para que Zapatero llegue, como sea, al final de la agonía de esta legislatura, le dejó claro que se endeudaría. Porque el pozo negro que ha dejado el Gobierno del tripartito en Cataluña le obliga a ello. Y porque además quiere y puede. Y Zapatero le dijo a él que sí. Cuando a todos los demás les había dicho que no. Cuando se enteraron los otros afectados, los presidentes de comunidades gobernadas por socialistas o populares se quedaron primero estupefactos. Y después montaron en cólera. A Zapatero, que ya había pasado de una verdad a la otra, le sorprendió tanta respuesta airada. Y les dijo a todos que no se pusieran así. Que podían servirse a placer con la deuda. En horas, todo el ejercicio de disciplina para controlar déficit y deuda se había ido por el sumidero que suele evacuar las promesas y en general la palabra del presidente. Los hechos no importan. Y a Zapatero le sorprende que se le recuerden. No entiende las reacciones. Porque ya tiene otras verdades disponibles para la ocasión. Dice que permitir a Cataluña lo que no permitía a Castilla-La Mancha y a Murcia no supone un trato diferente. Y que permitir a todos lo que no les permitía horas antes no es rectificar. Nada de lo sucedido, con todas sus consecuencias, para Cataluña, para las demás comunidades y para la credibilidad de España, ha existido en la verdad transmutada del presidente. Y si no lo entiende

Merkel, esa cristiana caduca que no entiende a este hombre libre, peor para ella. No intenten discutir ni debatir con él. Es inasible nuestro hombre libre.

ABC - Opinión

PSM. A dentelladas por los escombros. Por Emilio Campmany

La cosa también tiene tintes dramáticos, próximos a la tragedia, porque ¿qué va a ser de los que no estén, o casi peor, estén, pero en puestos de la lista sin posibilidades de salir por estar excesivamente abajo?

El espectáculo montado por la productora PSM (Partido Socialista de Madrid) a cuenta de la confección de la lista de candidatos al Ayuntamiento de la capital tiene mucho de drama cómico, algo de ópera bufa, un poco de gore y una pizca de comedia negra. Tomás Gómez pasa factura a los "trinitarios" (expresión que parece aludir a la Trinity de Matrix) e impone su ley al pobre Lissavetzky, que tan a gusto se habría quedado de secretario de Estado para el Deporte en vez de tener que pastorear al arisco ganado socialista de Madrid.

El asunto tiene gracia (de ahí que tenga aires bufos de comedia) porque no deja de ser cómico ver a algunos integrantes de la casta política pelearse a dentelladas por un puesto de concejal en una lista condenada a estar en la oposición durante los cuatro próximos años. Todos ellos podrían parafrasear a Jesús Fueyo (el de "ministro, aunque sea de Marina") diciendo "concejal, aunque sea en la oposición". Pero la cosa también tiene tintes dramáticos, próximos a la tragedia, porque ¿qué va a ser de los que no estén, o casi peor, estén, pero en puestos de la lista sin posibilidades de salir por estar excesivamente abajo?

El toque gore lo pone el modo en que el PSOE tiene de resolver todas las disputas, las que les enfrentan a otros partidos y las que surgen entre ellos mismos, a garrotazos. Alguna vez han sido capaces de mantener las formas, pero lo habitual es que, cuando no hay harina, los conflictos se resuelvan sin tapujos a puñetazo limpio en la plaza pública. Es obvio que, para ganar las primarias que le disputó a Trinidad Jiménez, Tomás Gómez ofreció puestos de salida en la lista a la Comunidad de Madrid a muchos más que escaños seguros tenía. Ahora, copada la candidatura de la Comunidad, se ve en la necesidad de agradecer las lealtades ofrecidas con puestos de garantía en la lista al Ayuntamiento de la capital. De lograr imponer su criterio, podría además controlar la oposición en el Ayuntamiento y hacer la cama a un desgraciado Lissavetzky, que no sólo carecerá de posibilidades de ser alcalde, sino que tampoco podrá dirigir la oposición. Cuando desde Ferraz amenazan con imponerse si Lissavetzky no aprueba los nombres impuestos por Gómez, los tomistas alegan que, cuando el secretario de Estado controlaba la Federación Socialista Madrileña, era él quien imponía su ley sin que nadie osara rechistar. O sea, que ahora debería probar su propia medicina sin queja ni remilgo alguno.

Con toda la punta que se le puede sacar al asunto, lo mejor lo ponen los políticos, siempre esforzándose en ser los más agudos a la hora de la sátira mordaz. Maru Menéndez, la portavoz tomista que tiene Gómez en la Asamblea de Madrid, ha dicho, a propósito de la disputa, que Lissavetzky va a reflexionar y va a darse cuenta de que es un candidato ganador y de que eso le va a permitir nombrar a miembros de su gobierno que no figuren en la lista en virtud de la Ley de Capitalidad. ¡Toma del frasco, Carrasco! ¿Cabe mayor crueldad? ¿Podría nadie mejorar esta ironía? Lo único que podría contestar don Jaime es que candidato ganador lo será su padre y que vaya a reírse de su madre. Y eso es tan soez que ni siquiera un socialista se lo puede permitir. Veremos en qué queda.

Libertad Digital - Opinión

Vamos de excursión. Por M. Martín Ferrand

Los caminos de Bono son inescrutables, ya se sabe; pero éste sobresale por su indecorosa oportunidad.

AUNQUE, según la Constitución vigente, la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria la partitocracia imperante tiende a convertir las Cámaras en meros centros litúrgicos y protocolarios y alejar de ellas la esencia del debate político. La luz deslumbra y los taquígrafos incomodan y, por ello, el zapaterismo tiende a evitar en lo posible el Congreso e, incluso, el Senado, ese lujo inútil que nos hemos dado para que no le falte de nada a nuestra pobre democracia. Quizás ahí anide la razón por la que el Parlamento tiene que buscarse ocupaciones que justifiquen su existencia y entretengan a sus señorías, que no es cosa de que se nos mueran de un bostezo. Del mismo modo que hace unas semanas viajaron al Líbano, sin que conozcamos la razón de fondo para una gira tan singular, ahora una amplia representación parlamentaria también con José Bono a la cabeza, visita Guinea Ecuatorial. La ministra de Exteriores ha bendecido el viaje y el portavoz parlamentario del PP, Gonzalo de Arístegui, ha certificado su conveniencia porque, dice, se trata de una «visita institucional». Nada como lo mostrenco para justificar lo injustificable.

De cuando Malabo se llamaba Santa Isabel y era la capital de una provincia española solo queda en Guinea Ecuatorial el lema de su escudo nacional —«Unidad, paz, justicia»— como gran proclama mentirosa. Teodoro Obiang, decano de los dictadores africanos con más de treinta años en el poder, ha erradicado cualquier vestigio opositor y, sin respeto alguno por los derechos humanos, tortura a sus disidentes con el garbo de quien, por razones geoestratégicas y económicas —léase coltán—, se siente protegido por las grandes potencias de Occidente.

Cierto es que los supuestos éticos se han erradicado de las relaciones internacionales y que son vectores de interés material los que marcan los niveles de relación con los países terceros; pero, en nuestro caso y en un territorio como la vieja Guinea Española, ¿sin límite alguno? Es natural que mantengamos intensas relaciones diplomáticas con Malabo y que, tanto el Gobierno como la iniciativa privada, en cuanto les convenga, incentiven el cruce de negocios entre los dos países. Pero el turismo parlamentario, la presencia —«institucional», según Arístegui— del pueblo español en la represora corte del tirano es un aval a un indeseable modo de Gobierno, un refuerzo que contribuye a la perpetuación de sus desmanes. La presencia de empresas españolas en Guinea es tarea menos institucional y más pragmática. Los caminos de Bono son inescrutables, ya se sabe; pero éste sobresale por su indecorosa oportunidad.

ABC - Opinión

Agencia de colocaciones. Por Alfonso Ussía

A Garzón no le han suspendido en sus funciones por capricho. Está acusado de prevaricación, cobros indebidos y otras zarandajas. Además, sus últimas actuaciones judiciales abren lugar a muchas y abrumadoras dudas respecto a su independencia. Garzón, no lo puede negar, se siente atraído, amparado y sostenido por el Gobierno y su partido. No será culpable hasta que se demuestre si ha delinquido, pero tres imputaciones del Tribunal Supremo reclaman distancias y prudencias.

Colombia, además de una nación portentosa, tiene un Gobierno serio. No se trata de un rumor sino de una evidencia constatada por su ministra de Asuntos Exteriores, la canciller María Ángela Holguín. La señora Holguín ha admitido que el Gobierno de España ha ofrecido al Presidente de Colombia los servicios de asesoramiento en asuntos judiciales de Baltasar Garzón. Y lo que resulta aún más bochornoso. Que la ministra de Asuntos Exteriores de España haya propuesto que sea el Gobierno español el que se haga cargo de los honorarios del juez suspendido. La respuesta pública no se ha hecho esperar, y hasta el socialista Polo Democrático se ha escandalizado por la oferta.

¿Tenemos una ministra o una directora de una agencia de colocaciones? ¿Cómo puede el Gobierno español ofrecer a un país amigo el cargo de asesor presidencial de un juez acusado de prevaricador? ¿Quién se ha creído que es la señora ministra para poner sobre la mesa el dinero de los contribuyentes destinado a pagar a un juez suspendido por trabajar como asesor del presidente de otra nación? ¿A qué se debe tamaña desfachatez?

¿Por qué no aumenta el lote y ofrece asimismo al Gobierno de Colombia el asesoramiento financiero a cargo de Correa, el del Gürtel? Correa no es culpable todavía de lo que se le imputa. Está pendiente de juicio, como Garzón. Un Gobierno no puede dedicarse a colocar a sus afines imputados por la Justicia ni a remover influencias en beneficio de jueces suspendidos, por muy amigos y colaboradores que hayan sido del Gobierno. Doña Trini nos sorprende con asiduidad aterradora. Ya se ha puesto la horrible toquilla palestina para herir los sentimientos de Israel, la única nación democrática de Oriente Medio. Y ahora ofrece a cargo del dinero de todos un puestito de asesor del Presidente de Colombia en asuntos judiciales como si se tratara de una ganga. Está insultando a Colombia, que no necesita para nada a Garzón. El nivel medio cultural de Colombia está muy por encima del que España puede ofrecer. En Colombia hay juristas, jueces, fiscales y abogados tan preparados o más que los españoles. El Presidente de una nación con una sociedad seria no puede aceptar el regalo de un asesor imputado por la posible comisión de tres delitos. ¿Qué vainas se ha creído la ministra de la toquilla palestina?

Lo mejor que puede hacer Garzón es permanecer quieto, aguardar, preparar su defensa y dejarse de enredos. «La corrupción es el cáncer de la democracia. Democracia y corrupción son incompatibles», ha dicho en un documental producido en su honor y gloria. Estoy completamente de acuerdo con sus palabras. Y mucho me gustaría que los hechos demostraran que sus palabras se apoyan en la consistencia. Pero hasta que el Tribunal Supremo hable, Garzón debe asumir la delicadeza del silencio. Y no pedir a la ministra de Asuntos Exteriores que vaya por el mundo intentado colocarlo como muestra de gratitud a los servicios prestados al Gobierno socialista. Mal asunto.

La Razón - Opinión

Autonomías. La última broma de Rajoy. Por Cristina Losada

Socialistas y nacionalistas concluyeron que fijar límites de gasto, reestructurar empresas públicas, garantizar la unidad de mercado y permitir la privatización de las televisiones autonómicas resultan ideas inaceptables por coincidir con las de FAES.

Al borde del colapso financiero, y sólo en ese trance terminal, algunos han caído en la cuenta de que tal vez, quizás, algún día habrá que introducir algún ajuste en el Estado de las Autonomías. De ahí que destaque una iniciativa y que lo haga, ay, por su intranscendencia. Y es que el Partido Popular ha presentado una moción para "racionalizar" las administraciones públicas y las autonómicas, en concreto. Pero ha tenido la astucia de llevar la cosa al Senado, cámara muy noble y romana, que sobresale por carecer de resonancia. Cuanto allí sucede –jaleo de pinganillos al margen– pasa a mejor vida tristemente y sin mayor impacto. De modo que si los de Rajoy deseaban cubrir el expediente y, al tiempo, ahorrarse el revuelo que se monta al grito ritual de ¡centralistas!, han hecho lo correcto. Su pequeña y tímida moción ni ha despertado el interés de la prensa ni ha excitado a nadie. O casi.

El término "racionalizar" ya despierta el recelo de los expertos en derivar cualquier debate político hacia la simplificación tremendista. Pero aplicado a las autonomías, aun con paños calientes, provoca un rechazo tajante... al pasado. En cuanto escucharon la palabreja, el PSOE y los nacionalistas arguyeron que, en efecto, algo habrá que hacer, un año de estos, por acabar con las duplicidades y disfuncionalidades, pero que hacerlo hoy y a instancias del PP entraña un salto atrás, a aquellos tiempos ominosos e innombrables. Así, aunque la moción contenía elementos razonables o "puntos interesantes" o no aportaba novedades, no se podía aprobar. ¡Por el pasado! Qué sería de tantos cráneos previlegiados sin ese pasado centralista, ese coco destinado a asustar al respetable, que justifica su dolce far niente y su "nada se toque" en sus feudos. En Alemania, se redujo el poder de los Länder sin temor al regreso del Reich. Pero hay lugares donde racionalizar significa racionalizar.

En vano se esforzó García Escudero en distanciarse de las propuestas de FAES y de Aznar. Socialistas y nacionalistas concluyeron que fijar límites de gasto, reestructurar empresas y fundaciones públicas, garantizar la unidad de mercado y permitir la privatización de las televisiones autonómicas resultan ideas inaceptables, precisamente, por coincidir con las de FAES y Aznar. ¿Racionalizar? Jamás.

Libertad Digital - Opinión

El patio trasero. Por Ignacio Camacho

La larga hegemonía socialista ha transformado la autonomía andaluza en un monocultivo de poder viciado.

CONVERTIDA desde hace treinta años en el patio trasero del socialismo español, Andalucía ha incorporado el estereotipo de la corrupción a su imagen colectiva con la misma pasiva docilidad que el paradigma folclórico, el clientelismo o una tasa de paro cercana a los niveles del subdesarrollo. La larga hegemonía socialdemócrata ha transformado la autonomía en un monocultivo de poder viciado cuyos abusos causan ya una casi absoluta indiferencia en la opinión pública nacional, que los percibe con la indolente trivialidad de un rasgo de pintoresquismo. Unido al doble rasero moral de que goza la izquierda en la sociedad española, este concepto desdeñoso o displicente del hecho andaluz favorece el enrocamiento de un régimen semioligárquico que se perpetúa mediante redes de dependencia a menudo basadas en el fraude. Episodios que en Madrid, Cataluña o Valencia causarían conmoción informativa y agrios debates políticos a escala de Estado gozan en Andalucía del provecho de una sordina desalentadora, como si fuesen excrecencias naturales de su condición postergada.

Así está ocurriendo con el escándalo de los ERES falsos, un fraude de enormes proporciones —más de 700 millones de euros— perpetrado desde el mismo seno del Gobierno autonómico. Una Consejería de la Junta transfería a una agencia pública fondos millonarios para excluirlos del control de la intervención de cuentas, y una malla de altos cargos e intermediarios vinculados al PSOE organizaba con ellos despidos y prejubilaciones masivas en las que se incluía a decenas de militantes del partido que jamás habían trabajado en las empresas afectadas por los expedientes de regulación. Con frecuencia eran los conseguidores y comisionistas quienes proponían a dichas empresas en crisis la realización de despidos subvencionados que ellos mismos gestionaban, manipulando con desaprensiva naturalidad el dinero del desempleo en una comunidad afligida por un millón de parados. Todo ello durante varios años, con continuidad estructurada bajo amparo oficial, y con la complicidad o anuencia sucesiva de varios consejeros del Gobierno regional y el probable conocimiento del actual presidente en su condición de anterior responsable de la Hacienda autonómica.

Tal vez se trate de una de las mayores inmoralidades públicas de la última década en España, una ciénaga corrupta que abriría cualquier telediario de haber sucedido en otro territorio menos contaminado por su propio arquetipo de folclorismo político. Al producirse en el ámbito andaluz, sin embargo, se convierte de inmediato para la escena nacional en una peripecia anecdótica a beneficio del inventario picaresco que acuna el tópico de un caciquismo encastrado. En la comodidad de esa imagen sesgada y complaciente sestea con impunidad moral un sistema de poder que ha subvertido la autonomía para manejarla como un latifundio.

ABC - Opinión

A un clavo ardiendo

Hosni Mubarak se niega a dejar el poder y finge que va a encabezar la protesta.

El 'rais' no es una pieza fácil de abatir. Su capacidad de resistencia y de maniobra es mayor de lo que todo el mundo esperaba. Cuando la plaza de Tahrir ya celebraba su salida del poder y la transferencia de la presidencia al recién nombrado vicepresidente Omar Suleimán, Hosni Mubarak salió compungido ante las cámaras para anunciar que se va a quedar hasta la celebración de las elecciones de septiembre, a las que no se va a presentar. Nada que no hubiera dicho ya en su anterior aparición el pasado 2 de febrero. Era enorme la decepción entre los manifestantes, que ayer abarrotaban la plaza, a pesar de que Mubarak realizó un soberbio ejercicio de adulación, empezando por anunciar el castigo de los responsables de la represión en los últimos días y por pedir perdón a las familias de las 300 víctimas mortales producidas por la policía y los provocadores del régimen.

También debe ser enorme la decepción en Washington, donde interesaba una salida rápida de Mubarak para que se abriera una transición lo más ordenada posible. El rais señaló claramente a los culpables de la difícil situación que atraviesa Egipto, entre los que a estas horas ya se puede contar a quien ha sido hasta ahora su aliado y protector. Según su visión maniquea son los extranjeros los auténticos responsables de los desórdenes y de los enfrentamientos, un argumento en perfecta sintonía con el maltrato proporcionado a los corresponsales europeos y americanos por sus partidarios, policías y agentes secretos camuflados en buena parte, en los primeros compases de la protesta. Sus palabras sirven también como advertencia a la comunidad internacional, y fundamentalmente a Washington, para que no sigan las presiones para su partida.

El cinismo del rais, inmediatamente percibido por la plaza de Tahrir, llegó al extremo de calificar como legítimas las aspiraciones de los ciudadanos que protestan. Siendo su continuidad en el poder el principal escollo, Mubarak se erigió en su discurso en imprescindible garante de los cambios que deberán producirse hasta las próximas elecciones. El anuncio de mayores y amplias delegaciones de poder a Suleimán, presentado también como una concesión a los manifestantes, apenas oculta el deseo del rais de mantener todos sus títulos formales hasta la siguiente elección presidencial y su tozuda negativa a abandonar el país forzado por los manifestantes. Sus conciudadanos tienen ahí una nueva oportunidad de comprobar que el anciano presidente, desprestigiado y abominado por la enorme mayoría de los egipcios, está dispuesto a cualquier cosa, incluido el enfrentamiento civil, antes que abandonar el poder.

La escenificación siguió un guion probablemente muy estudiado, en el que la intervención televisiva fue precedida de un comunicado de la cúpula militar. "Todo lo que queréis se cumplirá", declaró el máximo jefe militar. Es decir, Mubarak se va, pero el problema es que no se sabe cuándo y cómo. Su intervención de ayer es, así, un nuevo intento de tomar la iniciativa y de controlar el ritmo del cambio, para erosionar el movimiento de protesta y encauzarlo en una reforma desde el interior del régimen.

La mayor incógnita afecta a la actitud del Ejército, presentado ayer por Mubarak como garante del proceso político y protagonista de las horas previas al discurso de la decepción. Hasta ahora ha conseguido mantenerse en un territorio relativamente neutral entre el dictador y la protesta. A partir de ahora será más difícil eludir el dilema entre reprimir a los manifestantes o echar de una vez al rais. Las próximas horas van a ser de nuevo muy tensas. La protesta va a continuar. La transición todavía no ha empezado.

El País - Editorial

El paro y la nueva casta aristocrática

Es urgente acabar con los privilegios de la casta, tanto los más simbólicos como los que les permiten decidir la forma en que debemos vivir, trabajar y relacionarnos.

Cada vez resulta más evidente que en España se está formando una nueva casta aristocrática compuesta por quienes se aprovechan de su poder e influencia para acceder a todo tipo de privilegios que los separen de los pobres mortales que pagamos nuestros impuestos. Los políticos son sin duda la cabeza visible de esta aristocracia, y su desvergüenza quedó reflejada hace bien poco al decidir que los españoles debían trabajar más años antes de jubilarse mientras los diputados reciben su generosa pensión completa con tan sólo siete años en su cargo.

Así, mientras perdemos puestos de trabajo a mansalva gracias a la inacción de un Gobierno demasiado preocupado por mantener un mercado laboral cuya rigidez heredamos del franquismo, dejarán de percibir subsidios al menos medio millón de parados, aquellos que más están sufriendo las consecuencias de la política socialista de creación de paro. Mientras, el PSOE nos vende como reducción de privilegios una propuesta que sigue situando a los diputados fuera del régimen al que está sometido cualquier otro trabajador, y que les permite unas cuantiosas indemnizaciones cuando los españoles decidamos que no los queremos en el Congreso.

Es cierto que al menos ya no cobrarán en cualquier caso, encuentren o no empleo, disfrazando una falsa indemnización de falso subsidio. Pero el régimen de los diputados, a los que elegimos entre nosotros y el dedazo de la cúpula de cada partido y a quienes retiramos por el mismo método, es similar a un contrato de obra, por el que desde luego ningún trabajador cobra 60 días por año trabajado. Sólo incluyendo a los diputados dentro del mismo régimen que padecemos los demás españoles se podrá hablar de que han terminado sus privilegios en este terreno.

En lo que al paro se refiere no hay más tiempo que perder. Hace ya años que no había más tiempo que perder. El Gobierno no puede escudarse en las negociaciones de otros miembros de la casta –sindicatos y patronal– para dejar nuestro mercado laboral sin una reforma seria. Una reforma que, entre otras medidas, elimine de raíz el poder que estos aristócratas mantienen sobre nosotros por la vía de los convenios colectivos. Pero, sobre todo, hay que acabar con los privilegios de la casta, tanto los más simbólicos como los que les permiten decidir la forma en que debemos vivir, trabajar y relacionarnos.

Libertad Digital - Editorial

Jaque mate a las cajas

La reforma del sector se está haciendo en unas condiciones de inseguridad que van a llevar a estas entidades a un callejón sin salida.

EL Gobierno socialista ha decidido exigir a las Cajas de ahorros unas condiciones con las que hace imposible la subsistencia de algunas de ellas. Finalmente, el Ejecutivo impondrá un 10 por ciento de capital básico, frente al 8 por ciento previsto para los bancos. Las Cajas solo podrían acogerse a este segundo porcentaje si antes de septiembre salieran a Bolsa o captaran un 20 por ciento de capital privado. Sin embargo, tampoco esta alternativa es factible para muchas de estas entidades. La pregunta lógica que se deriva de estas expectativas es por qué el Gobierno fija unas condiciones financieras que de antemano sabe que no se podrán cumplir y que abocarán a las Cajas a una declaración de quiebra, a una nacionalización o su venta al mejor de los postores bancarios. Si esto es lo que quiere el Ejecutivo, lo responsable sería proponerlo y ejecutarlo de la manera más ordenada y rápida posible, sin tapujos, porque estos procesos de transformación de cumplimiento improbable sólo consiguen sembrar dudas sobre la situación real del sistema bancario.

En este capítulo de la crisis, el Gobierno ha vuelto a demostrar sus peores recursos. Sus mensajes han sido contradictorios, defendiendo unas veces la fortaleza del sistema financiero español —con aquellos inverosímiles buenos resultados de los «test de estrés» europeos— y en otras impulsando, como ahora, su desmantelamiento parcial o total. Y, sobre todo, parece llegar de nuevo a deshora para inspirar la confianza que necesita España ante los mercados y los socios europeos. La reforma de las Cajas es necesaria, principalmente para que dejen de ser cultivos de intereses partidistas y caprichos autonómicos, pero esta iniciativa se está haciendo en condiciones de inseguridad jurídica y confusión, que van a llevar a estas entidades a un callejón sin salida, cuyo desenlace más probable será la absorción de algunas por el mejor postor. El desacuerdo de la Confederación Española de Cajas de Ahorros con las condiciones impuestas por el Gobierno suma un factor más de gravedad a la mala gestión de este proceso por parte del Ejecutivo socialista, que no ha tenido un guión definido, estable y coherente sobre lo que debía hacer con unas entidades a las que primero «invitó» a fusionarse para garantizarsu supervivencia y ahora conduce a su desaparición con condiciones de imposible cumplimiento.

ABC - Editorial