Naufragio del PSOE en 2010

Zapatero cierra el año reincidiendo en los vicios de diagnóstico y comunicación que explican el descrédito acumulado por su Gobierno en estos años de errática gestión.

LA habitual comparecencia de Rodríguez Zapatero en fin de año ha servido para comprobar que el presidente del Gobierno comenzará 2011 con una estrategia política a la defensiva y un mensaje de optimismo para consumo electoral. Según Zapatero, su Gobierno «es el que más ha mejorado las políticas sociales» y ha cumplido «el objetivo de salir de la recesión». Lo primero es una confusión conceptual interesada que Zapatero tendrá que despejar concretando qué entiende por mejorar y por política social. Lo cierto es que se ha gastado mucho, lo que no es sinónimo de mejora —ahí está el informe PISA sobre la educación en España— ni de bienestar, porque se gasta más en desempleo, cuya tasa alcanza el 20 por ciento de la población activa. Lo segundo es, simplemente, propaganda: salir o no salir de la recesión depende de una décima. Zapatero no ha dicho lo que realmente importa: cuándo crecerá España lo suficiente para crear empleo. Zapatero cierra el año reincidiendo en los vicios de diagnóstico y comunicación que explican el descrédito acumulado por su Gobierno en estos años de errática gestión de la crisis, al que se han sumado otros episodios no menos decisivos para su desgaste político. La intervención de su política económica por parte de Bruselas y los organismos internacionales demostró en mayo que el Gobierno socialista había llegado tarde a todo: a reconocer la crisis, a evaluarla correctamente y a tomar medidas adecuadas. La descomposición de su imagen internacional aceleró la desconfianza interna en la capacidad colectiva del Ejecutivo para liderar la recuperación, agravando su falta de aptitud con contradicciones insólitas protagonizadas por el propio presidente del Gobierno y varios de sus ministros, que pasaban de negar una cosa —como el recorte drástico del gasto público— a aceptarla sin solución de continuidad.

También se arruinó el proyecto territorial de Zapatero, primero con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán, y luego, con la derrota socialista en las autonómicas de Cataluña. Su aventurerismo confederal se topó con la Constitución y quedó al descubierto como lo que realmente era, una revisión ilegal del modelo constitucional de 1978. La combinación de crisis económica y fracaso político explica también que en 2010 el PSOE haya empezado a plantearse el relevo de Zapatero. Los comicios autonómicos están a cinco meses vista y muchos barones socialistas saben que ya no hay votos cautivos ni en Andalucía, ni en Extremadura, y que las expectativas del PP no descansan sólo en la abstención de la izquierda, sino también en el trasvase de votos desde las filas socialistas. El problema político de Zapatero en 2011 no será tanto la crisis como la ansiedad de su propio partido.

ABC - Editorial

A un año de economía le sigue otro catalán. Por Fernando Fernández

El referéndum andaluz acabó con el hecho diferencial, conviene recordarlo ahora que muchos quieren resucitarlo.

SE nos va el año 2010 pero no se lleva la crisis económica, a pesar del optimismo gubernamental. La economía ha dominado este año, pero el que viene será el de la política, catalana por más señas. La crisis se ha llevado por delante al presidente de Gobierno, un cadáver político a la espera solo del mejor momento para anunciar su entierro formal, y probablemente también al Partido Socialista, que no supo desmarcarse y corregirle a tiempo. La distancia en la encuestas se antoja insalvable y Rubalcaba parece condenado, como Calvo Sotelo, a desempeñarse con dignidad y espléndida soledad mientras el partido se desangra y avanza hacia una estrepitosa derrota. Depende del discurrir económico, pero también y mucho de la voluntad de terceros, que en España son siempre los nacionalistas catalanes y vascos. De ellos depende el final de la legislatura y el comienzo de una recuperación económica impensable sin el shockde confianza de un cambio de gobierno.

El año que viene va a estar dominado por la cuestión catalana. Así lo han querido el calendario, la aritmética electoral y la voluntad de Zapatero. El concierto económico, o su equivalente pecuniario, es un imposible metafísico, por mucho que su gestión le haya sido encargada a un gran economista español. Lo es porque parte de un hecho político inexistente, la singularidad catalana. Y lo es también porque los números no cuadran ni pueden cuadrar sin cambiar el modelo de Estado. El referéndum andaluz acabó definitivamente con el hecho diferencial, conviene recordarlo ahora que muchos quieren resucitarlo. Los políticos de la Transición quisieron instaurar un sistema autonómico de dos niveles, pero el pueblo llano se rebeló y consiguió imponer su voluntad. Desde entonces Cataluña es una Comunidad más. Lo que consigue se extiende a otros como mancha de aceite. Esa es la causa última de su desencanto.

Puede ser una verdad muy incómoda para los que gustan de los derechos históricos, pero es un triunfo democrático irrenunciable para los que creemos en la Revolución Francesa y en una nación de ciudadanos libres e iguales ante la ley. Artur Mas puede pretender ignorarlo y aprovechar al máximo la debilidad de Zapatero para arrancar un nuevo pacto económico. No creo que el PSOE le deje ya al presidente, porque sería su acta de defunción como partido, pero incluso si así fuera sería flor de un día. Lo que tardaran Madrid o Valencia en exigir el mismo tratamiento y entonces, en frase afortunada de Solbes, veríamos que el sudoku no cuadra. CiU puede también ser más inteligente y aprovechar la necesidad de Rajoy de llegar al poder para forzarle la mano y arrancarle ese pacto económico. Es posible, no digo que no, pero las consecuencias serían fatales para un Partido Popular que es y seguirá siendo mayoritario en Madrid y Comunidad Valenciana. Tendría que generalizarlo inmediatamente a esas Comunidades si no quiere perder sus caladeros de votos. Empujado por esa dinámica confederal, su política sería difícil de distinguir de la de Zapatero, y provocaría la misma incertidumbre económica. Claro que Rajoy tendría otra posibilidad, cerrar definitivamente el Estado Autonómico en un pacto con los socialistas, que, empujados a la oposición, entre otras cosas, por sus delirios nacionalistas, podrían recuperar la cordura. El tiempo dirá, pero que nadie se haga ilusiones, Cataluña tendrá que seguir conllevándose ella misma y con el resto de España con una mezcla más inteligente de cariño y firmeza. Europa no está para muchas aventuras independistas cuando más del 50 por ciento de los alemanes querrían volver al marco.

ABC - Opinión

Acuerdo en el desacuerdo sobre la jubilación a los 67 años. Por Antonio Casado

Decía el otro día Rubalcaba que renunciar a que te entiendan es el fin de la política. Aplíquense el cuento los 38 representantes de la voluntad popular que ayer aprobaron las 21 recomendaciones (la cifra es de histórica resonancia en la memoria del socialismo español, dicho sea de paso), orientadas en este caso a la reforma del sistema público de pensiones, que viene a ser el espinazo del Estado del bienestar, seriamente amenazado por los acreedores de la economía española.

Lo aprobado en la comisión parlamentaria del llamado Pacto de Toledo no puede ser más ambiguo. Que lo compre quien lo entienda. Pero alguien tendrá que explicarlo. Se anuncia lo de ayer como el logro del consenso mayoritario de los diputados de la comisión. Así es si miramos el resultado de la votación: 36 síes y los dos 2 noes de la izquierda. Sin embargo, basta una primera lectura del documento, que irá al pleno del Congreso el 25 de enero, para descubrir que el PP mantiene su postura contraria al alargamiento de la vida laboral hasta los 67 años.

Por tanto, de consenso nada. El consenso se convierte en una recomendación más al Gobierno, junto a otras 20 apoyadas por el PSOE y por el PP, para que Zapatero deje la edad legal de jubilación como está, en los 65 años (la real, en 63). O en la censura mayoritaria a la congelación de las pensiones contributivas para 2011, que es una medida ya decidida por el Gobierno en su famoso tijeretazo de mayo.

«Basta una primera lectura del documento para descubrir que el PP mantiene su postura contraria al alargamiento de la vida laboral hasta los 67 años.»

De nuevo ataca el camuflaje semántico tan propio de la clase política. Lo cierto es que hay consenso para levantar acta de que el PP está en contra de subir la edad de jubilación. Y eso, aparte de desorientar a la opinión pública, es una mala noticia para la medida estrella de la reforma. No tiene sentido adoptar una medida de ese calado con la enemiga del principal partido de la oposición, salvo que sea un farol electoralista del PP y quiera desmarcarse ahora de una decisión que asumirá encantado cuando Mariano Rajoy esté en la Moncloa.

Es la hipótesis más probable. “Es bueno trabajar más allá de los 65 años”, decía Rajoy en septiembre de 2007. “El sistema de pensiones está condenado a la quiebra si cada vez trabajan menos personas en España y son más las que cobran pensiones”, decía el ex presidente, José María Aznar, en mayo de 2009.

Por lo tanto, lo previsible es que el Gobierno tire por la calle del medio el 28 de enero y fije la nueva edad de jubilación en los 67 años, con excepciones para oficios penosos y largos periodos de cotización. Así se hará en el proyecto de ley que ese día aprobará el Consejo de Ministros, en contra de la izquierda (IU, BNG, ERC) y del principal partido de la oposición al que, salvo cambio de posición en el pleno del 25 de enero, le estará adelantando el trabajo sucio si como, según parece, Rajoy conquista la Moncloa en mayo de 2012.

Da igual. “Cueste lo que cueste. Y nos cueste lo que nos cueste”, según esa doctrina de Zapatero que sirve para ganar la confianza de los mercados y perder la de los electores. En este caso, el palo por la prolongación de la vida activa del trabajador hasta los 67 años va a recaer en la quinta del 59 y siguientes. Con la oposición de la izquierda más izquierda y la derecha más derecha. Qué curioso.

El Confidencial - Opinión

Palabras envenenadas. Por Edurne Uriarte

Hace tiempo que me di por vencida en el debate sobre la presencia de terroristas en los medios de comunicación. La gran mayoría de medios y periodistas priman lo que consideran el valor de la información. Sean palabras de un terrorista o de un delincuente de cualquier otro tipo las que constituyan dicha información. Como las de Otegi en The Wall Street Journal y en tantos otros medios antes que en este.

En la práctica, y por muy bienintencionados que sean los medios en cuestión, ocurre que la invitación a un terrorista al salón de sus páginas produce casi siempre el mismo efecto que la invitación a una institución democrática. Que los legitiman. Que los humanizan. Que los dotan de respetabilidad. Este ha sido el problema de todas las negociaciones con ETA y lo vuelve a ser en esta que parece será la última negociación. Que la sociedad, léase medios de comunicación y tantas otras instancias, convierte a los terroristas en interlocutores políticos que exponen posiciones y exigen respuestas y medidas como si de cualquier movimiento social o grupo de presión democrático se trataran. Desaparecidos los asesinados y perseguidos en un pequeño y cuasi imperceptible apartado de «víctimas» que se gestiona entre el terrorista y su interlocutor como un trámite cualquiera más de la negociación.

Los medios extranjeros, con su tradicional ignorancia sobre la cuestión, lo empeoran, claro está, lo del «Grupo vasco» que titula WSJ, pero se trata de un problema generalizado. Y empieza y se desarrolla sobre todo entre nosotros, en España. Con el renovado interés y espacio que ofrecemos a los terroristas para que nos anuncien su magnánima renuncia a la violencia.

Y si es necesario, hasta condenarán la violencia, que decía Joseba Egibar sobre Batasuna en El Correo. Fíjese usted si son personas generosas y de buena voluntad. Sólo nos falta darles las gracias.

ABC - Editorial

Pensiones. Cómo salvar el socialismo. Por Emilio J. González

La comisión del Pacto de Toledo pretende mantener todo esto y, además, el modelo de reparto del sistema público de pensiones. Lo dicho, sus miembros no viven en este mundo.

A estas alturas de la película ya sabemos muy bien que los políticos españoles viven encerrados en sus propias torres de marfil, completamente ajenos a la realidad de este país. Pero, en el caso de las pensiones, ya rizan el rizo y no sólo no quieren aceptar que el sistema público español es inviable, sino que, encima, se empeñan en pretender salvar la ‘utopía’ socialista, de izquierdas y de derechas, que lo ha condenado a muerte y que revela también los graves problemas de desempleo que tiene nuestro país. Me explico.

Como todos ustedes saben, nuestro sistema de pensiones se basa en el modelo de reparto, esto es, los ingresos por cotizaciones sociales de hoy pagan las pensiones actuales. Ese sistema va bien mientras la pirámide de población tenga forma de pirámide, valga la redundancia, y fracasa en cuanto cae la natalidad y adquiere forma de rombo, que es lo que sucede en nuestro país. Vamos, que el sistema funciona si hay cada vez más gente pagando a quienes les llega el momento de recoger sus beneficios y quiebra en cuanto esto no es así. En el mundo financiero, a esto se le conoce como ‘esquema Ponzi’ y es lo que hacían Madoff, Gescartera, el Fórum Filatélico o Afinsa, con los resultados que todos ya conocen y con sus responsables en la cárcel o sentados en el banquillo. En el mundo de la previsión social se le llama sistema de reparto y aquí nadie paga por los platos rotos, sobre todo cuando se sabía desde hacía más de quince años que iba a ocurrir lo que ya está pasando, esto es, que el modelo es inviable y empobrece dramáticamente a los futuros pensionistas. ¿Qué es lo que propone la comisión del Pacto de Toledo? Pues nada de liquidarlo, que sería lo lógico, y pedir cuentas a quienes nos han llevado a esta situación porque, al fin y al cabo, son los mismos partidos políticos que forman la susodicha comisión. Lo que propone es incrementar las cotizaciones sociales, ampliar el periodo de cómputo de la pensión e incentivar, porque no se atreven a recomendar, el retraso en la edad de jubilación. Es decir, trabajar más tiempo y pagar más para cobrar menos, todo con tal de mantener la ‘solidaridad’ del sistema.

La obsesión fundamental de las recomendaciones de la comisión es recaudar más y, para ello, entran en temas sociolaborales sin entender lo más mínimo acerca de los mismos y de cómo nuestra política socialista del mercado de trabajo explica los altos niveles de paro y, con ello, los problemas de la Seguridad Social. El documento, por ejemplo, critica las prejubilaciones, sin entrar en el problema de por qué las empresas optan por desprenderse de los trabajadores de más edad, en muchos casos para sustituirles por jóvenes, cuando tienen que abaratar sus costes laborales para poder sobrevivir. Y el problema sencillo de entender: estriba en esos pluses por antigüedad –trienios, sexenios y demás– que perciben los trabajadores de más edad debido al tiempo que llevan en la empresa y que, en muchos casos, su montante supera el salario base. Este es un sistema de retribución pernicioso por el cual se liga la misma no a la productividad, como sería lo lógico, sino al tiempo de permanencia en la empresa y al final se vuelve en contra de sus beneficiarios porque los manda a casa o los condena al paro. Si se quieren evitar las prejubilaciones, que tanto daño hacen al sistema de reparto, hay que acabar con este modelo de retribución salarial instaurado en los tiempos de Franco. La comisión del Pacto de Toledo no dice nada al respecto.

Lo mismo sucede en lo que se refiere a los jóvenes. La comisión insiste en la formación como vía para que puedan conseguir un empleo y, en cierto modo, tienen razón. Si aquí no nos empeñáramos en que todo el mundo tiene que ir a la universidad, con independencia de su valía, y limitáramos este derecho a quien de verdad tiene capacidad para ello, con independencia de sus circunstancias económicas, al tiempo que se dignifica y se potencia la formación profesional; si los planes de estudio se desideologizaran y se centraran en formar verdaderamente personas y en adecuarse a las necesidades de las empresas, además de promover las vocaciones empresariales, otro gallo nos cantaría. Pero también hay otra cuestión que explica que, en estos momentos, casi la mitad de los jóvenes españoles estén en paro y no es otra cosa que el salario de contratación que imponen los convenios colectivos sin tener en cuenta que una persona sin experiencia laboral y con una formación deficiente produce mucho menos que alguien con esa formación y experiencia que, dadas las actuales circunstancias, sólo puede aportar la empresa. Esto se arreglaría con contratos de aprendizaje, que impliquen salarios más bajos durante su vigencia, pero la comisión del Pacto de Toledo tampoco dice nada al respecto, porque aquí lo que importa es que todos seamos iguales, con independencia de lo que aporte cada cual al proceso productivo o de la retribución que obtenga por su participación en el mismo.

Para más inri, la comisión del Pacto de Toledo insiste en la promoción de la previsión social complementaria, esto es, que los trabajadores suscriban planes privados de pensiones para complementar la prestación pública cuando llegue el momento de la jubilación. Decir esto es decir que el sistema no da más de sí y que hay que ir hacia un modelo de capitalización –las cotizaciones individuales de hoy pagan la pensión individual de mañana– o, al menos, a uno mixto. O sea, reformar el sistema. Pues ya lo podían haber hecho hace quince años en vez de insistir en mantener el modelo de reparto a cualquier precio. Además, ¿de dónde van a salir esos recursos adicionales para contribuir a un plan privado de pensiones? Porque para una familia con, al menos, uno de sus miembros en paro eso es un lujo que no se puede permitir. Lo mismo que quien esté pagando una hipoteca a veinte, treinta o cuarenta años, que se les ve y se las desea para llegar a fin de mes. Y, encima, suben los impuestos, sube el recibo de la luz, sube el petróleo y, con él, subirán los alimentos y otros productos... pero los sueldos se quedan congelados o, peor aún, se recortan para que puedan sobrevivir las empresas y mantener los empleos que generan; o quien se ha ido al paro y tiene la suerte de encontrar un nuevo puesto de trabajo probablemente va a ganar menos que en su empleo anterior. ¿Cómo se puede ahorrar para un plan privado de pensiones en estas circunstancias? De ninguna manera. A esto es a lo que nos ha llevado la legislación de inspiración socialista que regula tanto el mercado de trabajo como el sistema de pensiones, como la política antinuclear de ZP, como la política de intervención del suelo, como la política de gasto público de este país... Y la comisión del Pacto de Toledo pretende mantener todo esto y, además, el modelo de reparto del sistema público de pensiones. Lo dicho, sus miembros no viven en este mundo, probablemente porque son diputados y a ellos ni los problemas salariales de los españoles ni los del futuro de su pensión les afectan.

Libertad Digital - Opinión

Cuatro pilares para un gobierno. Por M. Martín Ferrand

Los discursos del líder del PP siempre tienen mucho de desafío, como quien espera un próximo triunfo.

MARIANO Rajoy, como si fuera un personaje de Eduardo Marquina —que lo parece—, podría rematar sus intervenciones con un verso de En Flandes se ha puesto el sol: «España y yo somos así, señora». Los discursos del líder del PP siempre tienen algo de altaneros, como corresponde a los tímidos, y mucho de desafío, como quien espera un próximo triunfo que se va dilatando en el tiempo. Acaba de anunciar que, si gana las próximas legislativas, su Gobierno será «moderado, centrista, integrador y reformista». Es una expresión cabalística, más propia del Oráculo de Delfos que de un líder en edad, y necesidad, de merecer.

Eso de la «moderación» se usa mucho en las definiciones políticas al uso. En realidad es un invento socialdemócrata para distanciar su imagen del radicalismo típico del socialismo real y, en Europa, viene siendo un comodín dialéctico de la cristianodemocracia. O de lo que queda de ella. ¿Será ese el sentido «moderado» que Rajoy prepara para su Gobierno venidero?

Si hay algo políticamente inclasificable es el «centro», aunque todos lo usemos como el punto de equilibrio entre la izquierda rabiosa y la derecha rampante; pero, según se desplacen sus puntos de referencia, el centro se mueve como un diábolo por las cuerdas que le guían. El centro es un concepto que solo tiene diáfano su respeto por el Estado de bienestar, esa quimera a la que, por las buenas o por las malas, habrá que ir renunciando.

El deseo «integrador» le honra al líder de la gaviota. Una España compacta, integrada y respetuosa con todas sus peculiaridades personales y territoriales es tan deseable como difícil. Podría, mientras le llega el momento, ejercitarse con la integración dentro de su propia sigla para que ejemplos paradigmáticos, como el de Francisco Álvarez Cascos, no demuestren que el interés de los caciquillos locales se antepone a la voluntad de la mayoría y al éxito de la formación.

Además, «reformista». Tremenda palabra. José María Aznar, en el 93 y el 96, utilizó el concepto y prometió una regeneración democrática que tiró por la borda en el hotel Majestic. Antes, Miguel Roca fundó un partido —Partido Reformista Democrático—, del que fue candidato sin ser militante y no alcanzó, en toda España, los doscientos mil votos, ni un solo diputado, a pesar del despliegue de medios y de notables adheridos. Cuidado con el reformismo, que los tiempos demandan revolución.

Quizá debiera Rajoy revisar las cuatro patas sobre las que espera encaramarse a La Moncloa. Unas son demasiado abstractas y otras excesivamente concretas y, en su conjunto, escasamente diferenciales. Más programa y menos poesía.

ABC - Editorial

Pensiones de urgencia

El Gobierno fijó el 28 de enero como fecha tope para presentar su proyecto de ley sobre la reforma de las pensiones. Con ese límite obligó al Pacto de Toledo a acelerar sus trabajos para contar en plazo con un documento sobre sus recomendaciones. Los grupos se quejaron de un «procedimiento de vértigo» forzado por las urgencias de un Ejecutivo apremiado por nuestros socios europeos y por la necesidad de calmar a los mercados. Y tienen razón. Las prisas del Gobierno han condicionado los trabajos y han dificultado un consenso, que finalmente no se ha dado por primera vez. La Comisión del Pacto aprobó ayer sus propuestas para la reforma del sistema de pensiones con el aval del PP, aunque sin unanimidad por el rechazo de los grupos minoritarios de la izquierda IU-ICV-ERC y BNG. El documento, sin embargo, plasma también las desavenencias de fondo planteadas por los populares en asuntos fundamentales como la edad de jubilación. El texto tampoco cifra el periodo de cálculo de la pensión, aunque se entiende que debe ser ampliado, y rechaza la congelación de las pensiones del próximo año, con la exigencia al Ejecutivo de que no vuelva a aprobar una medida similar «sin la consulta y el debate» previo del Pacto de Toledo.

El texto peca, por tanto, de una ambigüedad medida que dará al Gobierno un margen de maniobra para actuar en los aspectos más polémicos, lo que acentuó el escepticismo de los grupos sobre cómo se plasmarán las recomendaciones en el proyecto de ley. Estas dudas parecen más que justificadas porque el propio Rodríguez Zapatero ya anunció hace unos días que sacaría adelante la jubilación a los 67 años de forma progresiva y con «factores de flexibilidad razonables», aunque no existiera consenso. La impresión generalizada es que el Ejecutivo tiene su propuesta ya elaborada, con las directrices más o menos conocidas –jubilación a los 67 años y periodo de cálculo de 20 o 25 años– y que los postulados del Pacto de Toledo serán abordados casi como un trámite que cumplir. Otra prueba de cómo los socialistas son arrastrados por los acontecimientos y de que sus políticas son un mix de improvisaciones y urgencias, lo que ni genera confianza ni tampoco estabilidad.

España necesita cambios en su sistema de pensiones. El actual es insostenible. Una fórmula de reparto como la nuestra, sumada a una estructura demográfica condicionada por el envejecimiento acelerado de la población, depara una ecuación imposible y nos aboca a un colapso irremediable. Esa emergencia demanda altura de miras de los grupos políticos y perspectiva para legislar con la vista puesta en la sostenibilidad del sistema para futuras generaciones. Por eso, el consenso ha resultado siempre imprescindible por encima de coyunturas y estrategias partidistas. Que Zapatero haya dejado transcurrir el tiempo para afrontar a contrarreloj un debate de tanta trascendencia ha sido una irresponsabilidad más. Que contemple sacar adelante la reforma sin el principal partido de la oposición será otro grave error. La impresión es que las prisas pueden llevar a la precipitación y ésta a los errores. Las pensiones no admiten parches, sino intervenciones con rigor y alcance. Y eso es lo que cabe exigir al Gobierno y a la oposición.

La Razón - Opinión

El Pacto de Toledo, el pacto de la irresponsabilidad

Algunos de los partidos que ahora no se atreven a secundar a Zapatero –incluido el suyo-, no tendrán otro remedio que aprobar en el parlamento el retraso en la edad de jubilación que ahora no se atreven a recomendar en el Pacto de Toledo.

La comisión de seguimiento del Pacto de Toledo ha aprobado por mayoría sus recomendaciones para la "reforma" de las pensiones, con la oposición de ERC, IU, ICV y BNG. Estos partidos de izquierda han justificado su negativa a suscribir las recomendaciones del informe alegando que consideran el texto lo suficientemente ambiguo como para que el Gobierno haga la reforma de las pensiones que desea sin incumplirlo.

El problema, sin embargo, está en que el texto es, efectivamente, tan sumamente ambiguo que el Gobierno podría incluso no hacer reforma alguna, también sin incumplirlo. Nos referimos, naturalmente, a una reforma encaminada a evitar –y no a adelantar– la quiebra del ineficiente y coactivo sistema público de pensiones que padecemos, que es a lo que se supone que iban dirigidas estas recomendaciones. Y lo decimos porque de las 21 que integran el informe de marras, las únicas que concretan y se comprometen a algo son las dirigidas a solicitar la ampliación de la pensión de viudedad para los mayores de 65 años cuyo ingreso principal sea esta prestación, así como alargar la pensión de orfandad hasta los 25 años. Eso, por no hablar de las recomendaciones encaminadas a estudiar que las pensiones se revaloricen respecto al aumento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones.

Como ven, todas estas sugerencias, y otras que nos dejamos en el tintero, lejos de solucionar o de paliar el problema de nuestro sistema de pensiones, no vendrían sino a agravarlo. Y es que el problema no es otro que el hecho de que cada vez hay menos cotizantes (trabajadores) y más beneficiarios (pensionistas), por lo que la cuantía de lo que los empleados pagan cada mes a la Seguridad Social está a punto de ser menor que lo que tienen que cobrar los jubilados.

Se supone que, ante este problema, las recomendaciones de reforma para hacer sostenible el ineficiente sistema público de reparto, al contrario de las señaladas, deberían de pasar por reducir la cuantía de las pensiones y por retrasar el momento de su percepción. A ello iban dirigidas, aun de manera insuficiente, las propuestas de ampliar el periodo de cálculo de la pensión de los 15 a los últimos 20 años de vida laboral, o la de retrasar la edad de jubilación a los 67 años de edad.

Sin embargo, ninguna de estas dos medidas, o de naturaleza parecida, ha sido incluida en el informe que nos ocupa. La recomendación que más se aproxima a una de ellas es la que se muestra favorable a algo tan bochornosamente ambiguo como que el cómputo de la pensión "se modifique para conceder mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajo". ¿Y esto cómo se traduce o se cifra?

En cuanto, a lo del retraso de la edad de jubilación a los 67 años, ni se mienta. A este respecto, y dentro del bochornoso espectáculo que ha vuelto a dar nuestra clase política en la Comisión del Pacto de Toledo, especialmente vergonzosa ha sido la actitud del PSOE: mientras Zapatero había anunciado una voluntad firme de aplazar la edad de jubilación "con todas sus consecuencias", este miércoles el grupo socialista lo ha rechazado. Su portavoz en la citada comisión ha tratado de justificar semejante espectáculo diciendo que "creemos que la edad legal de jubilación debería alargarse a los 67 años pero ponemos en valor, por encima de todo, el alcanzar un consenso aquí en el Pacto de Toledo".

El caso es que el retraso de la edad de jubilación y la reducción de la cuantía de las pensiones no es tanto una opción de Zapatero, como una exigencia tanto del propio sistema público de pensiones como de Bruselas. Algunos de los partidos que ahora no se atreven a secundar a Zapatero –incluido el suyo– no tendrán otro remedio que aprobar en el parlamento lo que ahora no apoyan como recomendación en el Pacto de Toledo. Eso, o arriesgarse a que nuestros socios nos expulsen del euro, por no hablar de las consecuencias devastadoras que también tendría no hacerlo para el sistema de pensiones a un, cada vez más menguante, largo plazo.

Lo que queda patente, en cualquier caso, es la ilimitada irresponsabilidad de una clase política que no tiene más fijación que el cortoplacista cálculo electoral, sin importarle las devastadoras consecuencias que ello tenga incluso para el ineficiente y coactivo sistema de reparto por el que dice abogar.

Libertad Digital - Opinión

«Pensionazo» a la fuerza

El Gobierno apura ante su último año de mandato la incompetencia gestora y política de la que ha hecho gala desde el comienzo de la crisis.

LA Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo aprobó ayer una serie de recomendaciones de reforma del sistema de pensiones sin un consenso preciso y elaborado sobre los principales aspectos de este pilar del Estado de bienestar. La prolongación o no de la edad de jubilación y del cómputo de la vida laboral necesaria para cobrar una pensión discurre por el documento parlamentario envuelta en fórmulas muy genéricas, sin que finalmente se sepa a ciencia cierta cuál es la opción defendida por la Comisión. Las consideraciones generales sobre la conveniencia de reformar el sistema de pensiones dan al Gobierno el argumento suficiente para tener por cumplido el trámite del debate previo en este órgano y por concedido el aval para hacer lo que ya tiene decidido hacer el próximo 28 de enero: prolongar la edad de jubilación de 65 a 67 años, salvo las excepciones apropiadas a trabajos penosos, y ampliar el plazo mínimo de vida laboral para percibir pensión. El debate sobre estas cuestiones no tiene intriga alguna sobre cómo finalizará. De hecho, Zapatero ya anunció en Bruselas —donde se alecciona al Gobierno sobre su política económica— que la edad de jubilación aumentaría dos años. Por tanto, el loable esfuerzo de la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo no se corresponde con la atención que va a prestar el Gobierno a sus recomendaciones. Y esta desafección es una mala noticia, porque las pensiones eran la única materia sobre la que existía realmente un pacto de Estado y así debería seguir siendo. El problema de este consenso blando alcanzado en la Comisión es que se produce pese a la coincidencia casi unánime de los grupos políticos sobre la inviabilidad financiera del sistema de pensiones en sus condiciones actuales. Una vez más, la falta de una agenda política hecha con rigor responsabiliza al Gobierno de que las medidas necesarias para salir de la crisis no se tomen a tiempo, de forma planificada y con el acuerdo político suficiente para comprometer también a los ciudadanos, a los que se les priva de un mensaje constructivo sobre la razón de los sacrificios.

El Gobierno apura así ante su último año de mandato efectivo la incompetencia gestora y política de la que ha hecho gala desde el comienzo de la crisis. Medidas inconexas que comenzaron siendo unos derroches de gasto público para terminar asaltando los bolsillos de los españoles y recortando el estado de bienestar como nunca antes en treinta años de democracia.

ABC - Editorial

Prensa de papel. Periodismo y democracia. Por Agapito Maestre

Una solución podría ser mimetizar a los grandes semanarios alemanes, pero creo que es más realista (sic) crear una prensa de elite, dirigida a los mejores.

Casimiro García-Abadillo, en El Mundo del lunes, meditaba con nostalgia sobre el futuro del viejo periodismo. Digo con nostalgia, porque resulta casi imposible distinguir el yo del periodista, del vicedirector de un periódico nacional importante, de la cuestión tratada que, al final, no es otra que la viabilidad del periodismo de papel en España. El análisis, no obstante, quiere ser objetivo; incluso se levanta acta de la desaparición reciente de una cadena de TV dedicada únicamente a la información, se cita un trabajo de Paul Starr sobre el oscuro futuro de la prensa de papel y, finalmente, da razón de un documento elaborado por el Nieman Jounalism Lab sobre la crisis del negocio periodístico.

Aunque García-Abadillo lo intenta una y otra vez, no consigue separar en su largo y sustancioso artículo su forma de pensar, que va a la cosa casi de modo directo, el fin del viejo periodismo, de su peripecia personal en el diario que sustenta su texto. Es como si tuviera la mosca detrás de la oreja. Es como si sintiera que el dueño de la cosa le apremia a vender más periódicos. Es como si alguien le moviera el suelo sobre el que vive un gran periodista. Las apelaciones de García-Abadillo al "gran futuro que tiene por delante la presa de papel" son, en mi opinión, más de orden sentimental que argumentativo.

La preocupación sobre la subsistencia del periodista prima sobre la calidad de la argumentación. Tanto es así que llega un momento que García-Abadillo reconoce que su gran "preocupación es por el periodismo, por una profesión que corre grandes riesgos en estos momentos de confusión, frivolidad y disparate". Hay en el artículo del amigo Casimiro mucha honradez, pero también más deseo que análisis, más corazón que razón; en mi opinión, sería mejor hacer propuestas concreta sobre cómo sacar adelante una prensa rigurosa escrita en papel que regodearnos en los deseos. He aquí la mía para no caer en lo criticado: una solución podría ser mimetizar a los grandes semanarios alemanes, pero creo que es más realista (sic) crear una prensa de elite, dirigida a los mejores, o sea optar por un periódico de muy alta calidad, tirada pequeña y publicidad muy cara.

Los equipos, naturalmente, tendrían que ser muy coherentes, es decir, no puede haber un periodista excelente haciendo crítica de cine y un obtuso encargado de la política nacional, o viceversa. Los profesionales tienen que estar muy bien pagados; y, por supuesto, el periódico no puede pasar de 32 páginas. Ahí tiene que estar contenido lo decisivo y determinante de un país. Tiene que ser, en fin, un periódico de excelentes para crear excelencia.

Libertad Digital - Opinión

La factura ecológica. Por Gabriel Albiac

Aquellos bucólicos ecologistas, tan monos ellos, vuelven a mi memoria cada vez que me llega la factura eléctrica.

SUS devotos lo llamaban «el rey Ludd», King Ludd. Puede que, en realidad, ni haya existido aquel legendario Ned (otros dicen que John) Ludd sobre cuya leyenda cristaliza, en el final del siglo XVIII, la primera investidura del santoral obrero que marca al naciente socialismo, antes de que Karl Marx haga añicos sus ensoñaciones. Existieron los ludditas, en todo caso. Fueron una expresión extrema de la desesperación que produce siempre ver desaparecer el mundo propio. Y no saber qué hacer con el que ya lo ha reemplazado. Soñar —o alucinar, no hay tanta diferencia— con invertir el giro despiadado de los relojes ha sido siempre uno de los más conmovedores anhelos humanos. Y el más trágico. Walter Benjamin, al final de su vida, le daba imagen grandiosa en el absurdo de los revolucionarios que disparan contra los relojes de las torres. Pero el tiempo es más despiadado que cualquier bala.

La idea de los ludditas, a partir sobre todo de 1811, era de una emotiva sencillez: las máquinas destruyen el bello saber hacer del artesano; destruyamos las máquinas. Lo hicieron. A lo largo de dos décadas, en los telares mecánicos cifraron ellos la huella de Satán contra los hombres. Nottingham, Lancashire y Yorkshire vivieron una guerra civil que dio al ejército británico más ocupación que las guerras napoleónicas. Del saldo deja melancólica cuenta Marx en la sección cuarta del libro I del Capital: «La destrucción masiva de máquinas en los distritos manufactureros ingleses durante los 15 primeros años del siglo XIX, a consecuencia de la explotación del telar a vapor, ofreció, bajo el nombre de movimiento luddita, al gobierno el pretexto para aplicar las medidas represivas más reaccionarias». Con las máquinas, los ludditas destruían la única posible fuente de supervivencia obrera.

Así nosotros. Nuestro mundo vive, desde el inicio de los setenta, en la certeza de que el petróleo no puede seguir siendo la base energética del planeta. Monopólico, caro, insuficiente, es una fuente de energía llamada a extinguirse, a la manera en que dejó de ser rentable el carbón. Y no existe más que una alternativa racional al petróleo: las centrales nucleares. A nuestro lado, Francia, que apostó por ellas, posee la electricidad más barata de Europa. Y no depende de nadie. Nosotros dependemos de Francia que nos vende esa electricidad nuclear, de la Argelia en permanente amenaza islamista y de la gangsteril Rusia de Putin, que nos venden gas y crudo, además, claro está, de la compartida dependencia mundial respecto de las atroces tiranías que controlan el petróleo del Golfo.

La peculiaridad es que aquí el desarrollo de las centrales nucleares lleva tres décadas paralizado. Desde que ETA consiguió, con el asesinato de Ryan y el cierre de Lemóniz, la mayor victoria de su historia, tal vez la única. Y nuestra mayor ruina.

Allá por los setenta les reíamos las gracias a aquellos bucólicos ecologistas, tan monos ellos, con sus florecillas y sus infantiles carteles de «¡Nuclear no!» Treinta años después, vuelven a mi memoria cada vez que me llega la factura eléctrica. No con una sonrisa. Dice el clásico que quien quiere hacer el ángel acaba haciendo el bestia. Y alguien paga. ¿Quién? Nosotros.

ABC - Opinión

Navegante. La elusiva propiedad intelectual. Por Daniel Rodríguez Herrera

Resulta ingenuo pensar que eso vaya a cambiar por más leyes que se aprueben, a no ser que se destruya la red y se convierta en otra cosa, un paso que seguramente muchos gobiernos desearían dar, pero que parece difícil que se atrevan a tomar.

En la raíz de la Ley Sinde y todo el debate que ha generado está la lucha por los derechos civiles, que incluyen un proceso justo, sí, pero principalmente sobre el discutido y discutible derecho a la propiedad... intelectual. No deja de ser gracioso que algunos de los artistas que más rojos se proclaman y más dispuestos están a discutir el derecho a la propiedad luego aseguren, sin embargo, que se les está robando el pan de sus hijos mediante descargas por internet.

La mayor parte de nosotros, en cambio, tiene claro que robar es robar, y que coger cosas del supermercado sin pagarlas está mal. En cambio, no tenemos tan claro que sea un crimen descargar pelis o canciones de internet. Cuando cogemos algo de una tienda o se lo quitamos a alguien, ese objeto deja de estar ahí: su dueño no podrá hacer ya uso de él. Si acudimos al médico y nos vamos sin pagar, el tiempo que éste ha empleado en nosotros no lo podrá recuperar jamás. En cambio, nadie deja de tener la canción que nos bajamos de la red.

Con esto no quiero decir necesariamente que no exista derecho a la propiedad intelectual de las obras artísticas o las invenciones; simplemente hay que entender que es de una naturaleza esencialmente distinta al derecho de propiedad, digamos, tradicional. De ahí que sean tan ridículos esos anuncios del tipo "no robarías un coche, no atracarías un banco, pero eres tan joputa que te descargas pelis". Pues no, chico, aunque pienses que está mal bajarse cosas, nadie cree que un tipo sea mala persona por hacerlo, a no ser que tengas intereses propios en el asunto, claro.

El derecho de propiedad se puede estudiar como los derechos de uso y exclusión sobre un bien que poseamos. Es decir, que podemos usarlo como queramos y que además podemos impedir a otros que lo usen. El problema con se han encontrado en el nuevo siglo las diversas industrias del entretenimiento es que están perdiendo esa capacidad de excluir a quien no pague, porque para eso está esa biblioteca universal que es internet. Y resulta ingenuo pensar que eso vaya a cambiar por más leyes que se aprueben, a no ser que se destruya la red y se convierta en otra cosa, un paso que seguramente muchos gobiernos desearían dar, pero que parece difícil que se atrevan a tomar.

No obstante, el problema al que se enfrentan las industrias no es nuevo. Existen muchos otros bienes y servicios que padecen del mismo problema y cuyos productores han buscado soluciones. Por ejemplo, la televisión. ¿Paga usted por ver Gran Hermano? No, lo hacen sus anunciantes. Y una vez que está en las ondas lo puede ver cualquiera, y Telecinco no podría hacer nada por evitarlo aunque quisiera. La diferencia estriba en que no se comercializa del modo habitual, pagando un precio fijo a cambio de un bien o servicio concreto, sino por otras vías menos directas.

Yo estoy suscrito a Spotify porque me merece la pena, la verdad. Sé que no tiene un catálogo universal y cuanto más lo uso más música echo en falta, pero cumple con la mayoría de mis necesidades por cinco euros al mes. Seguramente si me ofrecieran buenos precios por servicios parecidos o de alquiler o de descargas de pago a precios bajos me apuntaría por la comodidad que supone. No sería el único.

Del mismo modo que para prosperar hay que respetar la propiedad, para ser un país puntero posiblemente haya que respetar la propiedad intelectual. Parece claro que todos tenemos claro que algunos derechos de este tipo existen, como el del reconocimiento a que una obra o un descubrimiento es tuyo y no del vecino que lo ha cogido y le ha plantado su nombre. Pero saber hasta dónde llegan será una de las grandes discusiones de este siglo y, la verdad, no me siento capaz de llegar a una conclusión. Espero que sepan perdonarme.

Libertad Digital - Opinión

«Un tal Blázquez». Por M. Martín Ferrand

Sencillamente, no hay razones que amparen la existencia de unos profesionales del asesinato y la extorsión.

UNA de las formas más frecuentes en el periodismo contemporáneo —tan decadente, tan subordinado— consiste en la conversión del redactor clásico en una memoria móvil, capaz de acudir a cualquier acto y, sin necesidad de entenderlo, ni mucho menos narrarlo con el vigor debido, retornar a su base, la redacción, con un par de frases memorizadas. Algunos le llaman a eso «periodismo declarativo», pero el adjetivo le resulta grande a una práctica tan chica. Es la anulación del testigo para agrandar la presencia y la autoridad de los protagonistas de la actualidad. Una forma sutil de propaganda que incita a la confusión. Por ese portón suelen colarse en los periódicos más equilibrados e independientes signos de sectarismo y, especialmente en los medios audiovisuales, más urgentes y menos analíticos, saltan a primer plano, como si fueran verdades magnas lo que solo son insidias procedentes de la perversidad, el temor o la vaciedad.

La Agencia EFE acaba de entrevistar a quien fue obispo de Bilbao y es hoy arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, vicepresidente, además, de la Conferencia Episcopal. «Ese tal Blázquez», como le señaló en su día Xabier Arzalluz, dice que «si ETA deja las armas, la sociedad sabrá ser generosa». No me atrevería a dudar de la recta intención de tan notable monseñor; pero, si entendemos la generosidad, según nos enseña el DRAE, como la propensión del ánimo a anteponer el decoro a la utilidad y el interés, ¿les cabe a los de la banda una respuesta tan magnánima? Dicho de un modo más grosero: ¿tiene precio el abandono de las armas?

También dice Blázquez, que confía en que la banda terrorista desaparecerá «pronto», que es necesario «continuar con la deslegitimación de todos los motivos» que esgrimen los etarras. Si tan notable prelado dice lo que entiendo cabe pensar que sus casi tres quinquenios de pastoral vizcaína le han llevado a una suerte de «síndrome de Estocolmo». Es posible que en tiempos pasados, cuando algunos maestros de Blázquez escoltaban a Francisco Franco bajo el palio reservado al Santo Sacramento, hubiera mucho que deslegitimar; pero hoy, al amparo de una Constitución, vigente un Estatuto que le dota al País Vasco de más autonomía que la de los Estados en una República federal, no hay razones que «deslegitimar». Sencillamente, no hay razones que amparen la existencia de unos profesionales del asesinato y la extorsión. En su condición de visitador pontificio para investigar el intríngulis de la vida de Marcial Maciel y sus Legionarios de Cristo, ¿encontrará Blázquez objetivos a deslegitimar para mejor comprender esa otra familia de desmanes?

ABC - Opinión

Déficit. El Estado sigue instalado en la burbuja del ladrillo. Por Juan Ramón Rallo

Hasta que los gobernantes no se ajusten el cinturón, este país no tendrá remedio. Señores políticos, olvídense de la burbuja inmobiliaria y regresen a 2002. Los únicos nocivos especuladores que quedan en España son ustedes.

En numerosas ocasiones oímos que es del todo punto imposible reducir el déficit público a corto plazo. "¡No hay de dónde recortar!", "el problema es que ha caído la recaudación, no que gastamos demasiado", nos gritan nuestros gobernantes como si, pobrecitos, no pudieran llegar a fin de mes. Pero lo cierto es que ese enorme déficit que está a punto de aplastar a nuestra economía tiene una historia que no conviene obviar. Al cabo, Zapatero, Gallardón o Camps no son unos advenedizos que, recién llegados al poder, se encuentren con unas finanzas públicas desestructuradas por sus predecesores; al contrario, llevan alrededor de ocho años gobernando, con lo cual alguna responsabilidad tendrán en la bancarrota nacional.

Porque sí, como muy bien explica el reciente informe del Instituto Juan de Mariana sobre fiscalidad comparada en Europa, lo que le ha sucedido a este país es que las administraciones públicas se sumaron entusiastas al carro de la burbuja inmobiliaria: el boom económico artificial que vivíamos disparó los ingresos tributarios, de modo que prácticamente todos los políticos –de todos los partidos– dieron rienda suelta a sus más bajos instintos socialistas. ¿Que entraba más dinero en la saca? Pues venga a expandir el gasto, que para algo el dinero público no es de nadie (salvo de la casta estatista que nos rapiña a conciencia).

Y así, nuestros políticos-cigarras comenzaron a despilfarrar y despilfarrar, creando una rígida estructura de gastos públicos muy inflexible a la baja: entre 2002 y 2007, los gastos del conjunto de las Administraciones Públicas –excluyendo la Seguridad Social– se incrementaron en un 47%. ¿Saben en cuánto aumentaron sus gastos durante ese mismo período los aburridos alemanes-hormiguitas? Un 2,8%. Si es que lo llevamos en la sangre; a los españoles nos va la marcha: euro que creemos que va a entrar, diez euros que hacemos salir. Y aun así, la burbuja fue de tal magnitud que las previsiones de ingresos del Gobierno siempre quedaban desfasadas, lo que nos permitió, por muy manirrotos que fuéramos, amasar algún ligero superávit: como una vez fantaseó el protokeynesiano Michal Kalecki, cuanto más gastábamos, más ingresábamos.

Pero en 2008 la juerga se terminó y en ese momento los ingresos se vinieron abajo, alumbrando el colosal déficit que está poniendo en jaque la solvencia de nuestro país. La evolución de nuestros ingresos y gastos públicos (excluyendo de ambas partidas la Seguridad Social) no deja lugar a dudas.


Pero debemos plantearnos qué habría sucedido si nuestros políticos se hubieran comportado como los alemanes, esto es, si entre 2002 y 2006 en lugar de incrementar el gasto en un 50% sólo lo hubiesen hecho en un 2,8%. En este caso, y aun suponiendo que entre 2007 y 2009 el gasto aumentara un 17% –como sucedió en realidad– por efecto de la crisis, la imagen es radicalmente distinta:


En 2009 apenas hubiésemos tenido un déficit público del 1% del PIB (10.000 millones de euros) frente al del 11,1% (unos 110.000 millones de euros) que arrojó en realidad; déficit que habría podido ser sobradamente sufragado con los superávits de todos los años anteriores. Y ello, ya digo, aun excluyendo la Seguridad Social, que hasta el momento ha presentado superávit y cuya evolución de gastos puede considerarse no discrecional.

¿Conclusión? Es simplemente mentira que no haya de dónde recortar. Los gastos se han multiplicado casi por dos en apenas ocho años y, ¿acaso notó una mejora sustancial de los servicios públicos entre 2002 y 2007? No, la inflación despilfarradora ha sido en sencia un homenaje al aparato estatal y a sus redes clientelares. ¿Va comprendiendo por qué los alemanes están hasta las narices de nosotros? Por los mismos motivos que todos de niños censurábamos la caradura de una cigarra que pretendía vivir a costa del esfuerzo de la homirga.

Hasta que los gobernantes no se ajusten el cinturón, este país no tendrá remedio. Señores políticos, olvídense de la burbuja inmobiliaria y regresen a 2002. Los únicos nocivos especuladores que quedan en España, los únicos que quieren seguir viviendo del cuento del ladrillo y de los artificiales ingresos fiscales que generaba, son ustedes.

Libertad Digital - Opinión

Rubalcaba y el cuento de la lechera de los amigos de ETA. Por Antonio Casado

Sin hacerse el encontradizo, pues su viaje de ayer al País Vasco estaba programado con antelación, el vicepresidente del Gobierno, Pérez Rubalcaba, en entregas de mañana y tarde, no tuvo otro remedio que comentar las declaraciones de Arnaldo Otegi al Wall Street Journal. El dirigente de la ilegalizada Batasuna ha anunciado desde la cárcel, a través de del diario norteamericano, que ETA está preparada y dispuesta a dejar la violencia para seguir intentando por las buenas el sueño de un Estado vasco independiente.

Pues que la deje, sin tomarse las molestias de anunciarlo tantas veces, dice Rubalcaba y decimos todos. Solo serán creíbles cuando pongan las tres letras de la palabra “FIN” donde ahora ponen las tres letras de la palabra “ETA”, según el último hallazgo verbal del vicepresidente y ministro del Interior. O cuando lean un comunicado en el que se anuncie el fin definitivo de la violencia, “pero sin capucha”, como suelde decir Javier Rojo, presidente del Senado.

No merece mayor atención la enésima intentona de ETA y sus amigos por recolocar en la agenda política la expectativa de una tregua (“permanente, unilateral y verificable”, según reclaman ciertos profesionales de la mediación internacional) como paso previo a la presentación en sociedad de una nueva Batasuna con otros collares. En todo caso, las declaraciones de Rubalcaba nos vienen a recordar que ni él, ni Zapatero, ni el lehendakari López, ni Chus ni Mus, están por la labor de escuchar los cuentos de la lechera de Otegi y los filantrópicos firmantes de la llamada Declaración de Bruselas (29 de marzo).

«No merece mayor atención la enésima intentona de ETA y sus amigos por recolocar en la agenda política la expectativa de una tregua como paso previo a la presentación en sociedad de una nueva Batasuna con otros collares.»

Los cuentos incluyen pasar la factura de la paz en una nueva mesa negociadora con el Gobierno. Pero la única negociación posible que el Gobierno podría aceptar, y no hay razón para especular con una vuelta a las andadas, es la que sirviese para establecer cómo, cuándo y dónde dejan las armas los responsables de la banda terrorista. Y en cuanto a sus amigos políticos, pastoreados por Otegi, Rufi Echevarría y compañía, no les queda otra que condenar inequívocamente la violencia y desmarcarse de ETA mientras ETA siga existiendo.

Y es el caso que existe. Lo prueba, sin ir más lejos, el reciente robo de material de uso habitual en las actividades propias de la banda. O las cartas de extorsión. O los eficaces descabezamientos policiales de la cúpula etarra. O la tensión real y verificable entre sus presos, los fieles y los insumisos.

Es evidente la prisa de la llamada izquierda abertzale por blanquearse antes de las elecciones municipales de mayo, so pena de divorcio. Por eso le piden a ETA que abandone el terrorismo y vayan unidos, sólo por las vías políticas, hacia la meta de la Euskadi soñada por Sabino Arana como unidad de destino en lo universal. Niegan estar movidos por criterios tácticos y apelan a su voluntad de hacer política sin violencia. Puede ser. O puede no ser. Si es como ellos dicen, no tendrán mayor inconveniente en formalizar públicamente su divorcio de ETA. Si no, tendrán que seguir esperando en la ilegalidad a que ETA anuncie su disolución. Nada de treguas.

El Confidencial - Opinión

De plenitudes. Por Alfonso Ussía

Con la palabra y las ideas se puede aspirar a todo. En esa posibilidad se reúne una buena parte de lo que consideramos la libertad. El nuevo Presidente de la Generalidad de Cataluña, el señor Mas, es un hombre de palabras y de ideas, y por ello, digno de atención y respeto. En su toma de posesión, y asomado al balcón principal que se abre a la plaza de San Jaime, el señor Mas ha prometido al público allí congregado la «plenitud nacional». La promesa es una intención revestida de solemnidad, nunca una amenaza, y por ello, digna de atención y respeto. Se pondrá de moda la fórmula. En lugar de «independencia», a partir de ahora «plenitud nacional». Ya están cambiando las pancartas para la próxima manifestación batasuna. «Plenitudoa nazionarra». No se dice así, pero sale cachondo. La «independentzia» no les ha servido de mucho, ni a los nacionalistas vascos ni a los catalanes. Pero se ha abierto una venta con la plenitud nacional de Mas. Carlos Cano, no el gran cantante, sino el estupendo poeta satírico y epigramático de la agonía del siglo Diecinueve, era amigo de un tal Blas que visitaba con frecuencia a la mujer de otro tal Mas, que nada tiene que ver con el nuevo Presidente de la Generalidad de Cataluña, pero da a entender lo difícil que resulta lograr plenitud. No sólo la plenitud nacional, sino la conyugal, infinitamente más modesta. Y escribió:

«A la mujer de Mas, Blas
la visita por demás,
y según propios y ajenos,
para la mujer de Mas
lo de Mas es lo de menos».

Prometer plenitudes es tan honesto como arriesgado. Sobre todo, cuando la plenitud prometida significa irremediablemente el hurto de la plenitud de otros. El señor Mas afirma que Cataluña es una realidad y España un producto artificial. Le ruego al señor Mas que acepte mi desacuerdo. Cataluña es España, la Joya de la Corona, desde mucho antes que se estableciera la nación española como tal. Puede ser artificial la españolidad de Río Muni. Y prueba de ello es que ya no es España. Pero Cataluña es más española que la espalda de una modelo de Romero de Torres. El Reino de Aragón, señor Mas, y de ahí su Señera. El Príncipe de Gerona, señor Mas, Heredero de la Corona de España. El Conde de Barcelona, señor Mas, el Rey de España. Y de los colores de la Señera del Reino de Aragón, aragonesa y catalana, valenciana y balear, el culto y napolitano Rey Don Carlos III, que Dios Guarde, el que pasó a la Historia como el mejor Alcalde de Madrid, escogió el diseño de la bandera de la Real Armada –la española–, que se convirtió poco después en la Bandera de España, es decir, la de todos, la de la plenitud nacional. Demasiadas coincidencias artificiales y artificiosas, señor Mas. Me satisface verlo custodiado por sus leales «Mossos D’Esquadra», que no son otros que los herederos de los leales Mozos de Escuadra creados por el Rey Don Felipe V, que Dios Guarde también, y al que ustedes no le tienen excesiva simpatía, que ya se sabe que la simpatía y la antipatía también son tesoros íntimos de la libertad.

Esperanza Aguirre, su homóloga de Madrid, fue preguntada en Cataluña por las razones del extraordinario crecimiento de la Comunidad madrileña. Y ella respondió sin titubear. «Porque allí nos dedicamos a trabajar y no perdemos el tiempo en bobadas identitarias». Para mí, señor Mas, que lo de la plenitud nacional es una bobada identitaria de gran dimensión y de consecución más improbable que complicada. Pero no se desanime. Para ello ya ha empezado a echar mano de sus enemigos naturales, los socialistas. Tanta elección y tanta murga para seguir gobernando con los mismos que han rechazado los catalanes. Por ese camino, cualquier plenitud es imposible, excepto la plenitud demencial.

La Razón - Opinión

Corrupción. Un principio muy catalán. Por José García Domínguez

Imagínese a efectos análogos que el presidente Zapatero se hubiera hecho escoltar en su ceremonia de toma de posesión por Emilio Rodríguez Menéndez. En fin, cosas del Oasis.

Gregorio Morán suele llamar finales barceloneses a los de las historias, por lo general sórdidas, que acaban mal y no pasa absolutamente nada, nadie pregunta nada, nadie alega nada, nadie investiga nada y a las pocas semanas acaba uno por preguntarse si el asunto fue en verdad real o si la ficha que de él guarda la memoria constituye un recuerdo inventado; una falaz recreación literaria del inconsciente. Así la estampa de ese delincuente común (presunto hay que escribir), Lluís Prenafeta, ex recluso en libertad provisional bajo fianza de un millón de euros, desfilando pinturero sobre la noble alfombra roja que conducía al besamanos oficial del Muy Honorable Artur Mas. Escena estupefaciente que, huelga decirlo, no ha suscitado comentario reprobatorio alguno en la heroica prensa doméstica.

Imagínese a efectos análogos que el presidente Zapatero se hubiera hecho escoltar en su ceremonia de toma de posesión por Emilio Rodríguez Menéndez. En fin, cosas del Oasis. A la postre, el famoso hecho diferencial, coñas filológicas al margen, no consiste más que en la laxitud ética y estética para poder sobrellevar imágenes como la descrita sin sufrir arcadas. Repárese al respecto en que Typel, la que fuera sociedad familiar de los Prenafeta, resultó ser la única empresa donde ha trabajado el economista Artur Mas en toda su vida. Tras conducirla a la quiebra técnica siendo su director general, optaría por abandonar en mundo de los negocios y dedicarsea la política profesional.

Por aquel entonces el ínclito Prenafeta andaba asociado con Juan Piqué Vidal, letrado personal de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana y lugarteniente del juez Estivill en la célebre banda de la toga que se ocupaba de extorsionar a directivos y grandes empresarios a cambio de "protección" dentro de las salas de vistas. Ya se sabe, Dios los cría y ellos se juntan. De ahí que Prenafeta acabase fundando la genuina sociovergencia junto a Macià Alavedra y el alcalde socialista de Santa Coloma, cierto Bartomeu Muñoz con quien comparte (presuntamente of course) cuentas secretas en la Isla de Jersey, amén de cargos por corrupción inmobiliaria y blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional. Lo dicho, un final muy barcelonés. O lo que es lo mismo, un principio muy catalán.

Libertad Digital - Opinión

Conllevancia. Por Ignacio Camacho

La catastrófica etapa del tripartito zapaterista ha dejado en Cataluña una herencia envenenada de desequilibrio.

LA única duda posible sobre el pacto fiscal catalán que pretende Artur Mas es si lo va a obtener de Zapatero o de Rajoy. Lograrlo lo va a lograr sí o sí, que diría José María del Nido —Del Niu según el flamante diputado Laporta—, en esta legislatura o más probablemente en la otra, porque a día de hoy no hay modo razonable de gobernar España sin el concurso de los nacionalistas y porque más vale que éstos sean los pragmáticos de CiU que los trasnochados aventureristas de ERC. Si las próximas elecciones no arrojan mayoría absoluta será inevitable que el ganador pacte con la minoría catalana, pero incluso si sale un triunfador hegemónico habrá de afrontar reformas de tal calibre que no le que quedará más remedio que buscar en Cataluña el mayor consenso posible. Mas, que procede de la escuela posibilista de Pujol, se ha asegurado un escenario basculante al dejar abierto el entendimiento provisional con los socialistas mientras espera la previsible llegada del PP. Y como tiene tarea prioritaria en recomponer el desastre del tripartito no parece urgido por las prisas; ha nombrado consejero de Hacienda a uno de los mejores economistas españoles y se dispone a pescar con palangre, que es una pesca selectiva de peces gordos.

La catastrófica etapa de Maragall y Montilla, es decir, el delirio identitario auspiciado por Zapatero, ha dejado en Cataluña una herencia envenenada presidida por un Estatuto soberanista y acompañada por un desafortunado clima de desafección política. El próximo presidente del Gobierno tendrá que partir de esa realidad para reconstruir el difícil anclaje de Cataluña en España, que es la verdadera clave de la llamada «cuestión nacional» —en el País Vasco no hay tanto un problema de soberanía como uno de terrorismo—, y tratar de estabilizar siquiera para otros 25 años la orteguiana conllevancia catalana, seriamente quebrada en los siete años de desequilibrada improvisación zapaterista. O se establece un período de mutua confianza responsable o el catalanismo transversal convergerá en una estrategia de «resistencia nacional» que puede poner en peligrosa tensión la cohesión española.

El nuevo gobierno convergente de Mas aparenta ser un interlocutor solvente más allá de sus concesiones retóricas a la melancolía del soberanismo. Es mucho más fiable que el tripartito; representa en conjunto a una burguesía moderada que encarna la tradición liberal que siempre ha modernizado España, y convendría no empujarlo con la confrontación hacia posiciones de máxima exigencia nacionalista en las que siempre puede enfeudarse con comodidad ideológica y política. Por su parte, el nuevo Honorable ha de comprender que Cataluña necesita reinventar el pujolismo para cerrar grietas con su sentido de la responsabilidad de Estado. La «transición catalana» que demanda tiene que empezar por la propia recomposición del «seny» perdido.

ABC - Opinión

Guerra también en Navidad

Las informaciones facilitadas por el Ministerio de Defensa sobre la situación de nuestras tropas en Afganistán suelen dirigirse a reforzar la imagen de misión humanitaria que conviene políticamente al Gobierno. Lo habitual, salvo incidentes con heridos de por medio, es que el departamento de Carme Chacón traslade a la opinión pública española el reparto de ayuda humanitaria en Qala-i-Now, o que nuestro contingente enseña español a alumnas afganas o cómo «los militares españoles potencian el papel de la mujer» en aquella sociedad. El pasado domingo, por ejemplo, Defensa informó de que el Ejército repartía en la base de Herat juguetes, ropa, calzado y productos de droguería entre la población más desfavorecida del país, con fotografías incluidas. Cualquiera debería concluir, de acuerdo con las notas del Ministerio, que las tropas españolas cumplen una misión benéfica y pacífica y que el día a día transcurre con absoluta calma y tranquilidad. El problema de esta absurda política de comunicación de Defensa es que todo eso es falso y que se perjudica la imagen de los militares hasta casi ningunear el esfuerzo, el sacrificio y el riesgo de los soldados que cumplen misión en aquellas tierras. No entendemos, ni por supuesto compartimos, la sistemática ocultación de una misión de guerra, con todas las penalidades y circunstancias que plantea y también con sus éxitos, ni por qué se priva a los militares del reconocimiento público a su excepcional trabajo en Afganistán.

La Razón publica hoy un álbum fotográfico de las navidades en el país asiático, que muestra cómo los soldados españoles, además de repartir juguetes y ropa, desarrollan sus misiones en trincheras y puestos de vigilancia. Porque la hostilidad es importante y son muchos los ataques que padecen, prácticamente todos ellos silenciados por Defensa. Según adelanta nuestro periódico en exclusiva, al menos 21 acciones de envergadura contra nuestro contingente que se produjeron en septiembre y octubre, pasaron sin pena ni gloria para el Ministerio. Como decíamos, esta política de censurar la comunicación no es nueva, sino que es una práctica habitual, si se quiere más hiriente en fechas en las que, según Defensa, el contingente pareciera que disfruta de unas vacaciones navideñas cuando en realidad se juegan la vida en cualquier curva o esquina. Ya publicamos en junio que los soldados españoles habían sufrido al menos 60 ataques desde mediados de abril hasta finales de mayo que se habían tapado. Defensa ocultó también que dos compañías de la Brigada Paracaidista repelieron el 25 de agosto sendos ataques de los talibán, el mismo día en que un terrorista mató a dos oficiales de la Guardia Civil y a su intérprete en la base de Qala-i-Now.

Defensa no puede seguir hurtando a la ciudadanía los hechos de Afganistán que afectan a nuestros soldados. La sociedad tiene el derecho de conocer la verdad y, el Gobierno, el deber de comunicársela. Por su parte, los militares se merecen que sus compatriotas sepamos y valoremos las circunstancias esenciales de su misión en un escenario bélico tan lejano, pero en el que luchan por la seguridad y la libertad de todos nosotros.

La Razón - Editorial

Tarifas en crisis

La enorme subida del recibo de la luz obliga al Gobierno a reformar la regulación eléctrica.

La decisión del Gobierno de subir la tarifa eléctrica en el 9,8% para unos 20 millones de consumidores obedece a la lógica aceptada en una economía de mercado: en un sistema regulado, los precios tienen que recoger los aumentos de los costes. Si además se sabe que en estos momentos los consumidores españoles deben unos 20.000 millones de euros a las compañías eléctricas en concepto de déficit de tarifa, que tienen que pagar porque así lo dice la ley, la subida de la luz en enero era inevitable. Pero los efectos políticos son otro cantar. Una subida de esta magnitud, sin precedentes en la historia energética española, sobre todo si se tiene en cuenta que en 2011 probablemente será necesario aprobar nuevos aumentos, contribuirá a reducir la renta de las familias (sobre todo sumada a los encarecimientos del gas, casi el 4%, o del transporte) y aumentará el malestar social en un periodo recesivo.

El espinoso problema de las tarifas eléctricas suscita dos preguntas: cómo se ha llegado a esta situación y qué soluciones existen para rebajar una deuda de 20.000 millones que, además de cuestionar la solvencia de las empresas que la soportan en sus balances, pesa como una losa sobre el mercado español de deuda. A la primera pregunta, la respuesta es que el PP fabricó un método de cálculo de la tarifa que derivó hacia el futuro todos los aumentos imprescindibles. Embalsó los precios (una muestra de la política económica favorita del PP) para que los pagaran los consumidores del futuro y se colgó la medalla de no subir la luz. Los Gobiernos del PSOE han sido incapaces, en más de siete años, de deshacer ese entuerto. Conocían los riesgos de una deuda creciente, pero demoraron en varias ocasiones las subidas necesarias y se negaron a enfrentarse a una reforma en profundidad del sistema. El resultado es que el recibo de la luz carga hoy con facturas insoportables; sobre el usuario pesan desde las ineficiencias del sistema (la disparatada subvención al carbón nacional) hasta la obligación de primar energías renovables cuyos beneficios, en algunos casos, no son evidentes.

Las soluciones requieren una capacidad política que, hasta ahora, brilla por su ausencia en Industria. El decreto de la semana pasada, que recortaba los costes reconocidos a las empresas y reducía las primas a las fotovoltaicas, es una gota en un océano; ahorrará, si todo va bien, 4.600 millones en tres años. Pero solo en 2011 el déficit de tarifa aumentará en otros 5.000 millones. Para hacer frente a la crisis, el Gobierno tiene que elaborar un calendario de subidas, conocido por consumidores e inversores; negociar con empresas y bancos una reestructuración de los compromisos de subvención a las renovables; imponer más controles y evitar los excesos en la producción renovable; y reformular el sistema de forma que las compañías ya no reciban beneficios regulatorios por las instalaciones amortizadas (nuclear e hidráulica). La regulación eléctrica debería haberse corregido en 2004. No se hizo y los consumidores pagan hoy las consecuencias.

El País - Editorial

Rubalcaba no sirve ni para desmentir a Otegi

Queremos pruebas de que el fin de ETA que planea el Gobierno no sigue radicando en debilitar la certeza del cumplimiento de las penas.

Antes de entrar a valorar las declaraciones del proetarra Arnaldo Otegi en The Wall Street Journal, o los propios comentarios que de ellas ha hecho el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no queremos dejar de lamentar y criticar que un diario del prestigio de este rotativo norteamericano haya dado cancha a un personaje tan siniestro como Otegi o que se haya referido a la banda terrorista y a sus chantajistas ofertas de abandono de la violencia en un titular que dice Grupo vasco hace oferta de paz.

Dicho esto, también exigimos a Interior que aclare de una vez si ha dado o no orden a Instituciones Penitenciarias para impedir que Otegi conceda entrevistas desde prisión. Lo decimos porque, ya con ocasión de su última entrevista en El País, Interior aseguró que ésta se llevó a cabo contrariando órdenes expresas de no permitirlas. Si es la segunda vez que se incumple esta real o falsa prohibición, ya es hora de saber quién es el incompetente o el cómplice al que habría que cesar en cualquiera de los dos casos.

En cuanto a lo declarado por el vocero de la banda, nada nuevo bajo el sol. No es novedoso que Otegi diga que "ETA está lista para dejar la violencia", ni que la organización terrorista está dispuesta a "dar garantías" del diálogo. Tampoco es novedoso que Otegi oculte que ese inadmisible "diálogo" entre un Estado y una banda terrorista no tiene por objetivo más que la consecución de los objetivos totalitarios y secesionistas por los que ETA ha venido asesinando y declarando treguas desde hace décadas. Lo que sería novedoso es que ETA hiciera un comunicado en el que pidiera perdón a sus victimas y anunciara su definitivo e incondicional abandono de las armas, y que el Gobierno le respondiera que, con independencia de la sinceridad o falsedad de dicho comunicado, el Estado de derecho no va a cejar en su empeño de que todos los que han practicado la violencia se sienten en el banquillo y cumplan íntegramente sus condenas.

La mejor forma de lograr que los etarras arrojen la toalla es garantizarles que el Estado jamás la va a arrojar. Pero plantearnos este escenario cuando la última noticia que tenemos de la banda es que tres miembros de ETA, encapuchados y armados, robaron la semana pasada en Lyon un coche y material para falsificar documentos, tarjetas de crédito y tarjetas de seguridad, son ganas de no querer ver la realidad.

En este sentido, no le falta razón al ministro del Interior al señalar que "si ETA está preparada para dejar la violencia, que la deje", pero que "el robo de material informático no es una tarjeta de visita que indique esa intención, sino la contraria". Tampoco le falta razón cuando dice que "décadas de hechos tremendos, asesinatos, por ejemplo, muchos, no se cierran con dos o tres declaraciones"

El problema está en que la supuesta firmeza de la que ahora hace gala Rubalcaba no es creíble. Fue él quien durante el infame "proceso de paz" quitó importancia u ocultó robos de armas o extorsiones a empresarios por parte de la banda. Y que Rubalcaba no nos hable ahora de la T-4, pues después de ese atentado en el que murieron dos personas, el Gobierno siguió negociando con la banda, teniéndolo a él como ministro de Interior. En realidad, el largo historial de mentiras de Rubalcaba, por no hablar de su responsabilidad política –si no resultase ser penal– en el soplo policial a ETA, le desacreditan de raíz como ministro del Interior.

Pide a ETA "hechos y no palabras" quien como Rubalcaba apoya una vigente resolución parlamentaria a favor del "final dialogado de la violencia", quien apoya la negativa a disolver los ayuntamientos en manos de los proetarras, quien se dedica a comprar supuestos arrepentimientos de presos etarras –no siempre con éxiton ofreciéndoles beneficios penitenciarios que les dejan a las puertas de la excarcelación. Rubalcaba ni siquiera ha dado todavía un listado de los etarras que están fuera de prisión con causas pendientes con la justicia. Queremos saber qué es lo que está haciendo el ministro del Interior para tratar que todos ellos –sin excepción– se sienten en el banquillo, incluido el interlocutor de su Gobierno, sanguinario etarra y prófugo de la justicia, Josu Ternera. Queremos pruebas de que el fin de ETA que planea el Gobierno no sigue radicando en debilitar la certeza del cumplimiento de las penas. Queremos, en definitiva, garantías de que las palabras de firmeza de Rubalcaba tienen más valor que sus burladas prohibiciones de que Otegi conceda entrevistas desde prisión.

Libertad Digital - Opinión

La crisis social de 2011

El proceso de pauperización social quiebra el avance sostenido de España en los treinta últimos años. Así cerrará Zapatero su paso por el Gobierno.

LAS verdaderas consecuencias sociales de la crisis económica van a llegar en 2011, cuando empiecen a coincidir en las ya castigadas economías familiares la cadena de aumentos de precios en servicios básicos, la supresión de ayudas públicas y la desaparición de deducciones. Además, se sumarán el progresivo aumento de la inflación y el incremento del IVA ya vigente desde julio. Este contexto de máxima presión sobre las familias se producirá con los peores pronósticos sobre el desempleo, que continuará en la tasa más alta de la UE, con los efectos inevitables de mantener atenazados ingentes recursos públicos para costear el paro y de seguir lastrando el consumo y, por tanto, el relanzamiento de la actividad económica. A partir de enero de 2011 se producirá una concurrencia de factores económicos que permiten temer una crisis de empobrecimiento social. Suben las tarifas de la luz, en buena medida para pagar los errores de la política energética del Gobierno, y del gas. Sube el precio del transporte público. Y subirá el coste de la vida por una inflación que aumenta aunque baje el consumo. Mientras tanto, las familias ya no se benefician de la deducción de 400 euros, los parados de larga duración no recibirán los 426 euros al mes, las madres no percibirán el «cheque-bebé» y los compradores no tendrán más deducciones por vivienda. Sin perspectiva de que los desempleados tengan empleo y de que lo conserven quienes lo tienen, el horizonte de 2011 va a ser dramático para amplios sectores de la sociedad española cuya subsistencia diaria pende del débil hilo de una nómina precaria o de una ayuda pública. Hablamos de un proceso de pauperización social que quiebra el avance económico sostenido de España en los treinta últimos años. Así cerrará Zapatero su paso por el Gobierno.

El impacto de la crisis en el nivel de vida de la sociedad española es desproporcionadamente negativo en comparación con otros países con los que competíamos en el podio del bienestar. No vale ahora compararse con Grecia, cuando hasta hace poco Zapatero anunciaba que habíamos adelantado a Italia en renta por ciudadano. Cada día hay más españoles en la pobreza. Y cada día la denostada Iglesia Católica da de comer a más ciudadanos, que no tienen otra opción que acudir a la milagrosa labor humanitaria de Cáritas y de cientos de parroquias en todo el territorio nacional. Dato que ahora, en plena Navidad, nadie debería olvidar.

ABC - Opinión