Respeto constitucional

José Luis Rodríguez Zapatero y José Montilla se reunirán este miércoles para escenificar un consenso sobre cómo afrontar la crisis del Estatut. Ambos comparten la estrategia a seguir tras la sentencia del Tribunal Constitucional. El presidente del Gobierno lo avanzó en el Debate sobre el Estado de la Nación y José Montilla lo refrendó después. Entonces, Zapatero se comprometió a abordar por vías legislativas los aspectos inconstitucionales de la norma estatutaria, porque, según dijo, «el Gobierno no recela del autogobierno, sino que lo reconoce, y no teme la fuerte identidad política de Cataluña, sino que la respeta». Era un guiño especialmente dirigido a los socialistas catalanes, pero también a los grupos nacionalistas que han sostenido al Ejecutivo en el Parlamento y cuyos votos podrían ser decisivos en trámites cruciales como los Presupuestos Generales del Estado. Otro gesto de complicidad fue la resolución que el grupo socialista registró en el Congreso «reafirmando» la «realidad nacional catalana tal y como se expresa en el preámbulo del Estatut», y que tiene «perfecta» cabida en el marco político y jurídico definido por la Carta Magna. No hay duda de que el presidente, consciente de lo que se juegan los socialistas en esa comunidad, de su peso en la vida nacional y en las elecciones y de la trascendencia de no abrir más frentes a un Ejecutivo vulnerable, parece decidido a colar por la puerta de atrás el Estatut original sin los recortes del TC.

LA RAZÓN adelanta hoy que Montilla reclamará el miércoles intervenciones legislativas en una docena de campos, con un peso principal para el Poder Judicial en Cataluña y lo referido al Preámbulo y a la nación catalana, que fueron los apartados más afectados por la sentencia.

La pirueta socialista no casa con el respeto debido a las resoluciones de los tribunales en un Estado de Derecho. Nos parece aún más grave cuando el órgano implicado es el máximo intérprete de la Carta Magna. El todo vale para cumplir los objetivos de partido es un mensaje muy negativo para la sociedad. Los responsables políticos no pueden instalarse en la desobediencia hacia los tribunales ni pueden declararse en rebeldía cuando un fallo no conviene a sus intereses. El deber de las administraciones no pasa por actitudes irredentas o por manipular las reglas de juego con una política de hechos consumados, como aquí se propone, sino en dar ejemplo a una sociedad que demanda líderes en los que se pueda confiar en tiempos de adversidad. Entendemos y defendemos el derecho del presidente de la Generalitat y de los políticos nacionalistas a pedir un cambio en la Constitución, porque ésta no encaje en sus proyectos; no lo compartimos, aunque defendemos que puedan hacerlo, pero sortear y ningunear el dictamen del Tribunal Constitucional es confundir la democracia con otra cosa.

Existe un fallo que todos debemos acatar, guste más o guste menos, y que las administraciones están obligadas a cumplir con el consiguiente efecto sobre leyes ya aprobadas emanadas del Estatut y que tendrán que ser revisadas. Eso es lo que dicta el rigor y el sentido de Estado. Lo otro es que las instituciones se echen al monte, y ese tránsito nunca sale gratis.

La Razón - Editorial

El show de la política exterior española

El multiculturalismo en el que se funde festivamente Moratinos no tendría que hacernos olvidar que Occidente se asienta en unos valores que las dictaduras atacan de lleno y cuya defensa debiera ser la razón por el que nuestras tropas están en Afganistán.

Hubo un tiempo en el que los diplomáticos eran señores de una exquisita educación y formación que se sabían representantes en el exterior de su nación y que trataban ante todo de defender sus intereses. Para algunas naciones, aquellas con una mayor raigambre liberal y democrática, esos intereses coincidían en gran parte con la promoción de las libertades más allá de sus fronteras o, al menos, con el distanciamiento de los regímenes que violaran derechos básicos; esto es, las obsesiones ideológicas o los intereses económicos de sus políticos no llevaban a socavar unos valores compartidos por la práctica totalidad de la sociedad. Forma y fondo eran importantes para transmitir una imagen de seriedad, fortaleza y dignidad en el concierto internacional.

La diplomacia española de las últimas décadas nunca terminó de controlar la estética de las relaciones internacionales. En general, nuestros ministros de Asuntos Exteriores tenían un perfil más político que diplomático y eso lo acabábamos pagando en serios fallos de protocolo que no servían precisamente para reforzar nuestra credibilidad. Pero aún así, en alguna ocasión, como sucediera con los gobiernos de Aznar y más en particular durante sus últimos años, las posiciones de fondo eran claras, lo que ayudaba a compensar los defectos formales: defensa de la democracia y de las libertades frente a todas las dictaduras, incluyendo las de izquierdas y las islamistas.

Zapatero llegó a La Moncloa con la idea de poner patas arriba el país que le había legado el Ejecutivo de Aznar y uno de los frentes donde generó un mayor estropicio fue el de las relaciones exteriores. No sólo dinamitó los valores que había promovido Aznar, abandonando a sus aliados en Irak, sino que se apresuró a alinearse con todas las dictaduras comunistas e islamistas que estuvieran dispuestas a recibirlo.

Esta última semana, Moratinos se ha reunido con los representantes de cuatro dictaduras: Bassar al Assad, del partido nazi Baaz en Siria; Raúl Castro, tirano y hermano de tirano cubano; con el ministro de Exteriores iraní Manucher Mottaki; y con el ruandés Paul Kagame. Pero pocos se han escandalizado de que la agenda de Moratinos esté en apariencia dedicada a legitimar internacionalmente a estos regímenes, cuando no (como en el caso de Cuba) a actuar como su correveidile.

De visita por Afganistán, Moratinos ha sido agasajado en una 'jirga', una fiesta afgana, en su honor. Ha lucido para la ocasión turbante y manto, lo que le ha permitido hacerse unas fotos que sirven, como ya sucediera con las de De la Vega en África, de apología multicultural de la Alianza de Civilizaciones. No estaría de más que Moratinos, aparte de sonreír a quienes agradecen una errática política española en la región que básicamente ha consistido en enviar a nuestras tropas con un insuficiente armamento para lograr una palmadita en la espalda de Obama, dejara clara cuál es la postura española en materias tan importantes como la democracia, las libertades y la discriminación de la mujer o de las minorías raciales, étnicas, religiosas o sexuales en ciertas regiones del planeta que con tanta alegría visita.

Porque el multiculturalismo en el que se funde festivamente Moratinos no debería hacernos olvidar que Occidente se asienta sobre unos valores y principios que las dictaduras y las ideologías totalitarias atacan de lleno y cuya defensa, precisamente, debiera ser el motivo por el que nuestras tropas se encuentran en Afganistán. Desde luego, nuestros soldados no deberían permanecer en el país si el objetivo último es que la agenda exterior de España se convierta en una pasarela de Moratinos por las principales dictaduras internacionales sin osar defender, ni en una ocasión, los intereses del país y los valores democráticos y liberales de Occidente.

Porque, por mucho que se divierta el ministro, este tipo de fastos deberían ser, como mucho, un instrumento para alcanzar unos objetivos más ambiciosos y no, como parece, el objetivo en sí mismo de toda nuestra acción exterior. Con los espectáculos que nos brinda la política nacional, ya tenemos más que suficiente.

Libertad Digital - Editorial

El maestro pensador. Por Ignacio Camacho

La «nación política» supone una síntesis del Derecho Constitucional que supera el magisterio weberiano.

CON apenas una breve experiencia como profesor asociado en la Universidad de León, Zapatero ha emprendido una revolución del Derecho Constitucional que puede superar el magisterio weberiano y convertir a Duverger, Sartori o Dahl en rancias reliquias de talento agostado. Su innovadora definición de la «nación política», evolución natural de la teoría de lo discutido y lo discutible, supera y arrincona la doctrina de los maestros pensadores con una síntesis decisiva fruto de la depuración del republicanismo cívico. En su impulso adanista ha alcanzado un estado de creatividad experimental en el que se siente lo bastante iluminado para reinventar con arrojo un orden jurídico. Si Alfonso Décimo escribió de su puño y letra una sustantiva porción de Las Siete Partidas y Napoleón fue capaz de dictar por sí solo un código civil y hasta otro de comercio, por qué no ha de poder nuestro audaz presidente alumbrar una solución posmoderna para el viejo problema de las identidades nacionales. Ingeniería conceptual, deconstrucción y reconstrucción: grandes hombres para grandes ideas.

El método politológico presidencial se basa en un mecanismo tan simple que sorprende que a nadie se le haya ocurrido antes. Todo consiste en sustituir el significado de los conceptos por el significante de las palabras, otorgando a éstas un poder demiúrgico. El principio fundamental, la piedra filosofal del pensamiento zapaterista, está escrito en los albores de su fecundo mandato: «las palabras han de estar al servicio de la política y no la política al servicio de las palabras». Y al fin y al cabo, qué es el Derecho sino un conjunto de palabras herméticas interpretadas por una casta de chamanes. La cuestión primordial es arrebatarles a esos oscuros taumaturgos el poder de la interpretación y ponerlo al servicio de una causa progresista.

Así, si la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña establece que no hay otra nación jurídica posible que la española, basta con crear un término nuevo que dé cabida a las aspiraciones soberanistas. ¿Estado, nación, nacionalidad? «Palabras, palabras, palabras», que decía Hamlet. Tanto experto devanándose los sesos y se trataba del huevo de Colón; creatividad es lo requería este enredo de juristas doctrinarios. Voilà: la nación política, que se le ha escapado a las minervas del TC. El arriscado preámbulo estatutario podrá no tener efectos jurídicos, pero los puede tener políticos si hay un gobernante dispuesto a otorgárselos. Y como el veredicto sí admite de hecho la existencia de una «nación económica», con privilegios de desigualdad competencial, el resto consiste, como decía Pujol, en el uniforme de los guardias y el idioma de los letreros. Maldita la falta que hace la juridicidad cuando existe una imaginación tan esclarecida.

ABC - Opinión

El mejor negocio de España. Por José María Carrascal

Si catalanes y vascos votan nacionalista es porque el nacionalismo es el mejor negocio en la España actual.

SI sólo el 7,9 por ciento de los catalanes se sienten ajenos a España, sin formar parte del Estado español, según una reciente encuesta del CIS, ¿cómo se explica que la mayoría de ellos voten a los partidos nacionalistas, incluidos los de clara tendencia independentista? Ya sé que pocas cosas hay menos fiables que las encuestas, por muy científicas que sean, al existir entre ellas y la realidad la diferencia que hay entre lo pintado y lo vivo. La gente suele decir al entrevistador lo que siente, sabiendo que no tendrá consecuencias. Pero a la hora de la verdad, actúa según sus intereses.

Lo que explica las discrepancias entre encuestas del CIS y resultados electorales. Si los catalanes, como los vascos, votan mayoritariamente nacionalista, es porque el nacionalismo es el mejor negocio que existe en la España actual. Diría incluso el único buen negocio, visto como va el resto. Sin ir más lejos, el PNV obtuvo la transferencia de la alta investigación tecnológica —un buen pico de millones— por su apoyo a los presupuestos del año pasado, aun sabiendo que eran más falsos que las cuentas de Madoff, y espera que el mismo apoyo le permita seguir ocupando la Diputación de Álava —que son todavía más millones—, pese a que el PP fue el partido más votado en aquella provincia. Mientras nacionalistas y socialistas catalanes esperan que Zapatero anule aquellos aspectos de su estatuttachados por el Tribunal Constitucional —como la creación de un Consejo de Justicia para Cataluña e incluso el reconocimiento como nación— a través de decretos-ley. Ante tan suculentos beneficios, ¿tiene algo de extraño que catalanes y vascos voten a sus partidos nacionalistas, aunque se sientan también españoles? Conociendo la naturaleza humana, lo extraño sería que no lo hicieran.

Ello da a esos partidos un peso en la política española muy superior al que proporcionalmente les corresponde, convirtiéndolos de hecho en árbitros de la misma. Algo que se ha venido agrandado a medida que su peso aumentaba y que PSOE y PP se disputaban su apoyo, hasta el extremo de que el presidente del Gobierno parece dispuesto a adaptar la Constitución al estatut, en vez del estatuta la Constitución, un auténtico fraude de ley, que no escandaliza, tras haber estado gobernados durante seis años por un hombre que no tiene palabra, ni principios, ni otra causa que sí mismo. Mientras PSOE y PP antepongan sus intereses a los de España, el nacionalismo seguirá creciendo y España, disminuyendo. Con un Gobierno que tiene la desfachatez de preguntar con guasa si España se rompe. Peor que eso: la está malvendiendo a unos españoles que alardean de no serlo y están haciendo el gran negocio con ella.

ABC - Opinión

Sátrapa a medianoche. Por Ignacio Camacho

Cinco apariciones televisadas en una semana intentan mostrar al mundo que Fidel permanece al mando.

EN el zapping brumoso de la medianoche, un apergaminado Fidel Castro comparece en Cubavisión con una guayabera de cuadros grises ante un auditorio de embajadores y pelotas, algunos de ellos ataviados con chándals, para soltarles una plúmbea monserga sobre la guerra nuclear que según él se avecina en fecha perentoria. En los años de reclusión hospitalaria no parece haber perdido sólo unos metros de intestino; también ha desaparecido su vibrante tono combativo y su capacidad de análisis. El dinosaurio ilustra a su tropilla de lameculos con batallitas de abuelete y fundamenta sus augurios en caducos datos de hemeroteca polvorienta; escuchado con arrobo reverencial por la meliflua concurrencia, el macilento tirano diserta de geopolítica con la precisión académica de un activista de barrio.

La vulgar perorata del Ministerio de Exteriores, llena de rancia truculencia predictiva, forma parte del montaje propagandístico con que la dictadura cubana pretende revelar la supuesta vuelta al control supremo del sátrapa: cinco apariciones televisadas en una semana intentan mostrar al mundo que Fidel permanece al mando de las operaciones con que el régimen trata de lavarse la cara. Hay un mensaje implícito más allá de la aparente salud del viejo déspota, y es el de que la excarcelación de disidentes cuenta con su anuencia y no forma parte de ningún plan de apertura, tal como Moratinos trata de hacer creer con benevolencia culpable. Desde la fortaleza moral de su ejemplar resistencia, el esquelético Guillermo Fariñas denuncia el montaje con amargo realismo: se trata de un mero amago táctico para ablandar a la Unión Europea con la complicidad de falsos ingenuos voluntaristas dispuestos a colgarse medallas de hojalata.

En España, siete hombres inocentes vegetan en un limbo jurídico que el Gobierno zapaterista intenta pasar por un gesto histórico. No han sido liberados, sino excarcelados, obligados a cambiar la mazmorra por el exilio; una discreta suavización de la pena que en su secuestrado país conlleva el delito de opinar. La supuesta trascendentalidad de esa operación que la propaganda presenta como un punto de inflexión irreversible queda en solfa ante la exhibición mediática del tiranosaurio, aferrado a todos los viejos tópicos de su poder aislacionista. Por alguna razón recóndita de la psicología política, quizá relacionada con los hondos complejos morales de una izquierda abotargada por la esclerosis ideológica, el castrismo vive el extraño fenómeno de poseer ya más adeptos en Europa que en la propia Cuba.

En un momento cumbre de la charleta televisada, unos funcionarios reparten al auditorio copia manuscrita de las reflexiones de Castro. Una de ellas se titula «Cómo me gustaría estar equivocado». El problema es que lleva cuarenta años de contumaces errores cuya factura están pagando, y a qué precio, los propios cubanos.

ABC - Opinión

Que pague el Aullador. Por Alfonso Ussía

«Michel: Algún día Francia se arrepentirá de su indignante colaboración con la ETA. También vosotros tenéis a los terroristas de Iparretarrak». «Con una diferencia, Señor. Francia no reconoce al pueblo vasco como tal. En Francia no hay un departamento vasco. Y los terroristas de Iparretarrak que sacan los pies del tiesto nadan muy mal, y acostumbran a ahogarse en las playas de Biarritz o de Arcangues». Este cambio de pareceres entre Don Juan De Borbón y el ex ministro del Interior francés Michel Poniatowsky tuvo lugar en Madrid.

España sufrió lo indecible con la hospitalidad que Giscard D’Estaign y posteriormente François Miterrand ofrecieron a los criminales de la ETA. Pero no se atrevieron a permitirles que levantaran un campamento con notables edificios de hormigón a pocos kilómetros de la frontera. Para los asesinos de ETA, Francia significaba el cobijo y la libertad, pero siempre que se movieran con discreción y medida. Colombia tiene la mala suerte de compartir muchos kilómetros de frontera con Venezuela. Y Chávez es menos cínico que Giscard. Allí, en territorio venezolano, los narcoterroristas estalinistas de las FARC tienen lo que ellos llaman su «Cuartel General». Asesinan, secuestran y hacen correr la sangre en Colombia, y se refugian en la vecina Venezuela, amparados por el tirano bolivariano. Ahí tienen establecido su seguro de vida Joaquín Gómez, Alfonso Cano, Jorge Briceño e Iván Márquez, cuatro homínidos homicidas entre otros muchos. Lo malo es que se descubre el pastel, y el que se enfada es Chávez. El campamento de las FARC tiene un nombre muy original, «Bolívar», y está situado a veinticinco kilómetros de la frontera con Colombia. Las imágenes son incontestables, y no proceden de aviones espías americanos ni de comandos del Ejército de Colombia adentrados en Venezuela. Son vídeos entregados por terroristas desertores.

Ingrid Betancourt le exige al Gobierno de Colombia seis millones de euros de indemnización por su secuestro. Doña Ingrid fue repetidas veces advertida del riesgo que contraía cuando quiso hacerse la tolerante y salvadora. Le costó la insensatez de seis años de secuestro brutal en las selvas colombiana, y quizá, venezolana. Su liberación fue celebrada por todos, y especialmente por el Gobierno de Francia. Doña Ingrid se considera más francesa que colombiana y tiene todo el derecho a sentir lo que sea. Otros centenares de secuestrados, tan inocentes como doña Ingrid, no han pedido nada. La libertad y la recuperación de sus vidas es suficiente. Doña Ingrid podría haberse ahorrado su tortura de haber hecho caso al Ejército y muchos de sus colaboradores. Ella consideró que era intocable, y la tocaron. Su imprudencia la pagó no sólo ella, sino su familia y el pueblo de Colombia. Tuvo suerte y fue liberada por el Ejército. Un éxito más del Presidente Uribe. Se recuperó con prontitud y recorrió el mundo de agasajo en agasajo. En Francia se estableció durante un tiempo, para sosegar sus heridas anímicas y agradecer al Gobierno francés sus desvelos y gestiones. Con el Gobierno de Colombia y sus soldados no fue tan cariñosa. Y ahora le pide a los colombianos que aflojen hacia su bolsillo seis millones de euros en compensación a un secuestro que fue consecuencia de su osadía e imprudente empecinamiento.

Creo que se ha equivocado de destinatario la extraña y peculiar doña Ingrid. Si las FARC mantienen su fuerza se debe, en gran medida, al sostén económico, territorial y estratégico que les brinda el régimen de Hugo Chávez. Modifique pues, el objetivo de su indemnización. Colombia hizo lo que pudo para que no fuera secuestrada y ella lo que quiso para serlo. Colombia le rescató del horror. Venezuela apoya a sus secuestradores. Que le pida dinero al Mono Aullador y deje a Colombia en paz.

La Razón - Opinión

Zapatero. No hay quien lo crea. Por José T. Raga

Frente a todos estos sufrimientos, su corte celestial o, mejor, infernal de ministros, ministras, ministrucos y ministrucas, ahí siguen sin saber por qué, mandando y disponiendo en un constante prohibir.

Les puedo asegurar que he hecho todo lo que he podido para confiar en él, para creer cuanto comunica, al menos cuanto comunica de forma oficial, y no he conseguido mi propósito; me es imposible. Lo malo es que pienso que no soy el único, por lo que si mi enfermedad es una epidemia que ha hecho presa de nuestra sociedad, la labor de un gobernante la veo difícil cuando los gobernados no le creen; no creen en sus postulados, tampoco en sus objetivos, por lo que aquellos slogans de "todos juntos podemos", "arrimando todos el hombro lo conseguiremos" suenan a frases vacías, carentes de sentido, o a ofensas directas a los ciudadanos que se sienten vapuleados, como pelotas de ping pon, golpeados hasta el remate por gobernantes sin escrúpulos.

El Debate sobre el Estado de la Nación del pasado miércoles día catorce de julio –la verdad es que no sé por qué le llamo así, porque de debate tuvo muy poco, y en cuanto al Estado de la Nación, como de costumbre, brilló por su ausencia– no pudo ser más deprimente. Un rifirrafe de descalificaciones mutuas, que en nada aclaran los temas que el pueblo español siente como apremiantes y que, si me apuran, ni siquiera consiguen interesar a los propios parlamentarios; las ausencias son más elocuentes que las presencias.

La cosa es tan grave que no pocos grupos y grupúsculos políticos en la Cámara Baja, después de poner a caldo al señor presidente del Gobierno, siguen ofreciéndole el cauce para el pacto –un pacto por interés de grupo, que no por bien común– sin que ello les avergüence ante sí mismos y ante la sociedad en su conjunto. Por eso, la tragicomedia de cada miércoles es cada vez más difícil de soportar.

Cuando la clase política, en general, carece de vergüenza, cuando la estima personal está por los suelos en busca de una utilidad próxima, cuando la dignidad no se considera el mayor patrimonio de la persona, la estructura toda del sistema político está montada sobre arenas movedizas, careciendo de consistencia y de solidez. El Estado de Derecho se resquebraja dando lugar a la confusión e interferencia de los poderes –como bien pronosticó Alfonso Guerra "Montesquieu ha muerto"– y el Ejecutivo, que es quien maneja los cuartos aunque los maneje mal, tiene el privilegio de condicionar al resto de los poderes del Estado de Derecho, que sólo lo será en la medida de su independencia.

Por eso, la mentira profusamente difundida, la falsedad incluso ante los tribunales y bajo juramento, es decir, el perjurio, y el engaño, como quiera que se le llame, se han convertido en simples datos de un historial de vida que tienen tanto más valor cuanto con mayor frecuencia se hayan practicado. El presidente es un simple eslabón de esa cadena triste que estoy describiendo. Hoy blanco y mañana negro, con el mismo aplomo, sin parpadeo. Es más, en no pocos casos hoy por la mañana en Madrid, blanco y, hoy mismo por la tarde, en Bruselas, negro; y aquí no ha pasado nada.

Como serán las cosas que ahora el señor ZP se nos presenta como paladín de la energía nuclear, dispuesto a prolongar la vida de tales centrales tras las repetidas amenazas y hasta decisiones de su cierre. Reducir las ayudas a las energías verdes es también uno de sus objetivos, después de haber engañado a no pocos para desarrollar su producción acumulando un buen número de inversiones de cuantías apreciables. También considera ahora que sólo flexibilizando el mercado de trabajo se podrá recuperar la economía y fomentar el empleo, cuando por activa y por pasiva había advertido que esas medidas, propias de un capitalismo salvaje, nunca se establecerían en España. Hasta lo más garantizado en el escenario socioeconómico español, que eran las pensiones, están ahora ya en proceso de reforma, para desgarantizar lo que estaba garantizado. Y todo eso, sin que se le mueva un músculo, sin reconocer ante el pueblo español que su gestión ha sido nefasta, que su prodigalidad, haciendo regalos innecesarios y a gentes que ningún atributo tenían para ello, le han obligado ahora a negar derechos adquiridos por los españoles mediante el sacrificio de muchos años en sus vidas laborales.

Su torpeza es tal que, tras promulgar la reducción salarial de los funcionarios, un tribunal ha declarado tal norma contraria a derecho. Una reducción que, además, se incluía en el paquete de medidas para afrontar el déficit público, presentado a la Unión Europea, por lo que si su imagen parecía que no podía deteriorarse más en el exterior, este es un nuevo golpe inesperado que desmorona un artesonado de ficción, cogido con alfileres y sólo sostenido por la propaganda irresponsable.

Nuestro endeudamiento alcanza niveles insoportables, y la capacidad del Estado para colocar la deuda pública en el exterior es cada vez menor y a tipos de interés que ya sobrepasan el cinco por ciento; más de dos puntos porcentuales por encima del bono alemán. Si en el exterior no, acude a los bancos españoles para que se endeuden ellos con el Banco Central Europeo y con los préstamos obtenidos compren la deuda que no puede vender fuera; unos préstamos que en junio superaron los 126.000 millones de euros, mientras siguen con dificultad de financiación la mayor parte de las empresas productivas españolas. Pero el presidente, impertérrito, como si la cosa no fuera con él, lanzando su palabrería, amenazando a los españoles que cada día les cuesta más vivir, confrontando con las fuerzas políticas y sociales, y prometiendo ahora que va a gobernar. ¡A buenas horas mangas verdes!

Frente a todos estos sufrimientos, su corte celestial o, mejor, infernal de ministros, ministras, ministrucos y ministrucas, ahí siguen sin saber por qué, mandando y disponiendo en un constante prohibir, puesto que hacer es mucho más complicado, reduciendo la libertad de los españoles a niveles que muchos pensábamos ya olvidados. Y el examinador, Comisión Europea y ECOFIN, diciéndole que no es suficiente, que tiene que hacer más, lo que no significa hablar más, sino concretar más medidas eficaces para equilibrar las cuentas públicas.

Por este camino, queridos conciudadanos, lo peor aún no ha llegado, así que no sonrían que no hay motivos para la alegría, porque él hará lo que quiera, y nosotros a sufrir hasta que Dios quiera.

Libertad Digital - Opinión

Un genocida en España

Sustituir la reunión oficial en La Moncloa por un encuentro fugaz en un hotel con Moratinos ha sido una salida de emergencia.

HE aquí que el Gobierno ha descubierto quién es Paul Kagame gracias a la vigilancia de las distintas organizaciones que se interesan por la situación de los derechos humanos y el respeto a la vida en África. La política exterior de un Gobierno dedicado a gesticular para ser admitido en el G-20 parece no haber tenido ni información ni criterio para determinar si cierto dirigente extranjero es o no presentable para aparecer en una foto con el presidente Rodríguez Zapatero, hasta que el rumor sobre el dossier judicial del dirigente ruandés se ha convertido en un estruendo imposible de ignorar. La decisión a última hora de sustituir la reunión oficial en La Moncloa por un encuentro fugaz en un hotel con el ministro Moratinos ha sido una salida de emergencia que no ha servido más que para subrayar la ausencia total de planificación en un campo de la política exterior —la ayuda al desarrollo— del que el Gobierno presume especialmente.

En cuanto a la ONU, el episodio demuestra por enésima vez que seguirá caminando hacia la irrelevancia y el desprestigio mientras no recupere los valores esenciales cuya defensa tiene encomendada. Atribuir la responsabilidad de verificar la marcha de los objetivos de desarrollo del milenio a un dirigente acusado de genocidio, o conceder al excéntrico dictador libio Gadaffi o a la dictadura cubana la capacidad de juzgar el respeto a los derechos humanos en otros países son decisiones que obligan a poner en duda la validez de un modelo basado en la simple imposición numérica de países, sin distinguir ni las dictaduras ni los tiranos, bendecido por un secretario general que con el pretexto de la neutralidad favorece a los enemigos de la libertad.

ABC - Editorial

Ninguneo al Parlamento

Estos días los grupos parlamentarios intentan reunir las mayorías suficientes para sacar adelante las resoluciones del Debate sobre el Estado de la Nación. Esas propuestas son tomas de posición y compromisos políticos que supuestamente responden a los problemas de la nación y de la gente. Otra cosa muy distinta es que las iniciativas que salgan adelante sean cumplidas por aquel a quien se dirigen: el Gobierno. El balance de la actitud del Ejecutivo ante los acuerdos del Parlamento raya en lo desolador, y más si se tiene en cuenta que la máxima del presidente y de su partido fue el compromiso de que las Cortes se convertirían en el centro de la vida política. Ése fue su primer incumplimiento de muchos. LA RAZÓN publica hoy un informe sobre la situación de las propuestas de resolución refrendadas en el Debate de política general de hace un año. Entonces, los grupos, incluido el PSOE, alumbraron iniciativas en distintos ámbitos de la vida nacional. Zapatero prometió controlar el déficit y frenar el desempleo y anunció la Ley de Economía Sostenible con carácter de urgencia para impulsar un nuevo modelo de crecimiento.

El resultado en déficit y paro es conocido y la ley, pese a las prisas, permanece anclada en el Congreso un año después. Tampoco hay novedad sobre la reforma de los organismos reguladores sectoriales, el acuerdo sobre el desarrollo del Pacto de Toledo, la reforma del sector eléctrico, que debía eliminar gradualmente el déficit tarifario, la ley de igualdad de trato, el nuevo marco legal de la libertad de conciencia, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, la nueva demarcación y planta judicial y la reforma más amplia de la Administración de Justicia. Nada. Pero el evidente ninguneo al Parlamento afecta también a las mociones y proposiciones no de ley. En lo que va de Legislatura, más de un centenar de proposiciones y 99 mociones han sido apoyadas por la mayoría del Congreso sin que el Ejecutivo se haya dado por enterado. Es cierto que estas iniciativas no son vinculantes, pero si el Gobierno no las atiende, cuál es su utilidad, para qué se votan. Es obvio que existe una actitud deliberada y persistente de ignorar al Legislativo. Es una posición que debilita el Estado de Derecho y fractura el crédito de las instituciones, con el consiguiente riesgo de desafección de los ciudadanos hacia la esencia de la democracia, lo que ya se percibe en las encuestas de forma inquietante. Si los españoles asumen que los acuerdos del Congreso son desoídos como un automatismo, pueden concluir con toda razón que es prescindible y que el equilibrio de poderes ha sucumbido a manos del Ejecutivo.

Rajoy avisó en el pasado Debate de que el principal problema del país era la desconfianza que generaba Zapatero. Recordó precisamente el incumplimiento de los compromisos y le acusó de ir de engaño en engaño. La realidad es tozuda. Esta semana se votarán las propuestas de resolución del último pleno, entre ellas alguna en apoyo al desarrollo del autogobierno catalán y respaldo al sentimiento nacional de Cataluña, entre otras. No hay motivos para creer que el presidente piense cumplir lo que salga de la Cámara, salvo que los cálculos políticos y electorales así lo aconsejen. La democracia se sustenta en complejos equilibrios, que no se sostienen cuando la soberanía nacional es adulterada.

La Razón - Editorial

Reformas a medias

El Gobierno muestra dificultades para concluir los cambios económicos y recuperar la confianza

El discurso económico del presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la nación dejó una declaración de principios para la memoria ("Tomaré las decisiones que España necesita aunque sean difíciles, cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste") y la defensa de las cuatro grandes líneas de política económica, una de las cuales es un plan de reducción del gasto público y tres consisten en reformas estructurales (sistema financiero, mercado de trabajo y pensiones) con distintos grados de elaboración. Obsesionado en la descalificación genérica, el PP ha sido incapaz de articular ningún argumento sólido contra cualquiera de esas políticas. Y no es de extrañar, porque las cuatro parten de un diagnóstico correcto de la situación (aunque quizá se podría objetar que la prioridad de la reforma laboral y el plan de ajuste del gasto podría haberse estructurado sin tanto daño para la inversión pública) y son exactamente las sendas por las que debería transitar un gobierno del PP.

EAhora bien, diagnosticar un problema y decidir una solución no equivale a resolverlo correctamente. El salto entre ambos términos se cubre con una gestión política y administrativa a corto plazo; y en este aspecto el Gobierno ha demostrado una dificultad que, en último extremo, puede comprometer la recuperación económica. Los cambios y decisiones de austeridad se han visto demediados por las vacilaciones o la incapacidad de sumar aliados. El recorte del gasto público, imprescindible para convencer a los acreedores de la deuda española de que es posible reducir el déficit desde más del 11% del PIB actual al 3% en 2013 tendría que haberse acompañado por comparecencias periódicas del Gobierno ante los inversores. Pero sobre todo requería una negociación a fondo con los poderes autonómicos para exigir un recorte drástico de los gastos y una redefinición en profundidad de las relaciones económicas del Estado con las autonomías.

La reforma financiera también pende del hilo autonómico. Las fusiones de cajas, calientes o frías, se han realizado a duras penas, porque los Gobiernos regionales no aceptan otras fusiones que no sean las de entidades de la misma autonomía. Pero cuando Zapatero da por hecho que la reforma financiera ha concluido, se olvida de que falta la tarea principal, el ajuste en personal y oficinas de las cajas fusionadas; y que en esa tarea los Gobiernos autónomos no van a colaborar, sino que esgrimirán la defensa del empleo. Tampoco mira a los bancos, cuya liquidez está estrangulada por la desconfianza de las entidades bancarias europeas.

La reforma laboral se fía a un proceso político enrevesado, con un decreto ley de efectos inmediatos enturbiado por la expectativa de que algunos aspectos de la norma pueden ser modificados durante la tramitación parlamentaria; y la reforma de las pensiones permanece varada, en estado de enunciación y sin expectativa de concreción a corto plazo. Ni el Gobierno ha demostrado fuerza política para imponerse a los poderes autonómicos ni suficiente arrojo para enfrentarse a los sindicatos.

No debe sorprender que las reformas económicas, anunciadas con alboroto pero tan torpemente instrumentadas, no acaben de servir del todo para recuperar la confianza de los mercados (aunque algo se ha avanzado), no se vean como imprescindibles por parte de la opinión pública española y tan solo susciten críticas arrebatadas entre quienes se oponen a ellas. A pesar de lo que crea el jefe del Gobierno, la credibilidad de la economía española pende hoy de las estadísticas. Un mal resultado del paro, una evolución torcida de la morosidad o cualquier accidente no previsto pueden dar al traste de forma súbita con la recuperación del diferencial de deuda o ahondar la desconfianza en los bancos, castigados con saña en el interbancario. Las reformas están a medio hacer; y en esas condiciones sirven de bien poco.

El País - Editorial

El multiculturalismo no alcanza a los judíos

Si el multiculturalismo es la solución al conflicto entre árabes y judíos, la reina de Jordania tiene ahora una ocasión excelente para predicar con el ejemplo. Hasta que llegue ese momento, las lecciones de tolerancia mejor que las guarde para ella.

La Reina de Jordania no es una persona que se distinga especialmente por la observancia metódica de las versiones más radicales del Islam. Al contrario, su formación académica y su estilo de vida son claramente occidentales, aunque comparta el trono de una nación islámica con todo lo que ello lleva consigo.

Rania de Jordania publicó en abril de este año un libro infantil en el que, utilizando una historia de amistad entre niñas, hacía un canto al entendimiento entre integrantes de culturas y religiones completamente distintas. Su condición de figura pública suficientemente conocida en todo el mundo y la nobleza de intenciones que le llevaron a escribir el libro, han hecho que la publicación se convierta en un éxito tanto en Estados Unidos como en los países árabes.

A tenor de la temática del cuento y de los afanes de su autora en torno al entendimiento entre las culturas, era de suponer que Rania fuera la primera en predicar con el ejemplo permitiendo la difusión del libro en varias lenguas. Y así ha sido... hasta que una editorial israelí solicitó autorización para publicar el ya famoso cuento en hebreo, momento en el cual, la Reina ha decidido que los niños israelíes no tienen derecho a disfrutar de la lección de multiculturalismo que, al parecer, encierran sus páginas.

Rania de Jordania es una persona que podemos calificar como representante de la corriente más abierta y tolerante del mundo musulmán, con lo que tes fácil hacerse una idea de las dimensiones del odio que el Islamismo promueve en contra de los judíos, que llega hasta el extremo de que una autora distinguida por su tolerancia y su occidentalismo prohíba la traducción de un cuento infantil a la lengua en la que leen los niños israelíes.

Los que niegan a Israel a su derecho a defenderse, tienen aquí un excelente ejemplo de hasta dónde llega la hostilidad de una cultura formada por más de cuatrocientos millones de personas hacia una pequeña nación a la que se han propuesto destruir por todos los medios a su alcance. Si el multiculturalismo es la solución al conflicto entre árabes y judíos, la reina de Jordania tiene ahora una ocasión excelente para predicar con el ejemplo. Hasta que llegue ese momento, las lecciones de tolerancia mejor que las guarde para ella.

Libertad Digital - Opinión

Frenazo en infraestructuras

No se trata de salir del paso «como sea» —según el estilo habitual de Zapatero— sino de evaluar con rigor las necesidades de los ciudadanos y los recursos disponibles.

UNO tras otro, los planes del Gobierno para hacer frente a la crisis económica se ven superados por la realidad implacable de los hechos. Así ocurre con la prometida reactivación del mercado de la vivienda, que ha sido incapaz de gestionar un ministerio perfectamente prescindible y superado por unas circunstancias que no le dejan capacidad alguna de maniobra. También se dijo en su día que la inversión pública en infraestructuras iba a ser el motor para reactivar la economía, con especial protagonismo para el Ministerio de Fomento. Sin embargo, el recorte presupuestario se aplica ahora especialmente al departamento que dirige José Blanco, que habrá de reducir sus inversiones en 6.400 millones de euros entre 2010 y 2011. La situación es tan grave que ya no hay dinero para pagar las certificaciones de obra hasta fin de año porque los fondos están agotados. Todo apunta a que el año próximo será todavía peor, puesto que las previsiones hablan de una cantidad ínfima (304 millones) para licitar obra nueva. Dadas las circunstancias, habrá que seguir con atención las explicaciones de José Blanco en su comparecencia del día 22 en el Congreso, aunque por mucha retórica que utilice el ministro los datos son contundentes y las consecuencias se van a notar a corto plazo. En efecto, las empresas del sector calculan que tendrán que plantear expedientes de regulación que afectarán a miles de trabajadores, aproximadamente entre el 20 y el 40 por ciento del personal.

Fomento pretende salvar algunas inversiones previstas en la red ferroviaria a través de una reasignación que solo garantiza determinados proyectos y obliga a renunciar a otros, incluso en el caso emblemático del AVE. Nadie duda de la necesidad de cuadrar las cuentas en tiempos difíciles, pero es imprescindible evitar la discriminación que perjudica a algunas regiones por razones puramente partidistas. La inversión en carreteras sale peor parada todavía y ello supone una vez más que se van a defraudar las expectativas creadas en tiempos de bonanza con más oportunismo político que realismo presupuestario. El voluntarismo choca siempre de frente con la realidad objetiva, y no se trata de salir del paso «como sea» —según el estilo habitual de Rodríguez Zapatero— sino de evaluar con rigor las necesidades de los ciudadanos y los recursos disponibles, ahora más escasos que nunca. Al margen de la gestión de su departamento, José Blanco juega un papel determinante en el aparato del PSOE. Por ello, tendrá que buscar un equilibrio que resulta imposible cuando las arcas están vacías.

ABC - Editorial

ZP, presidente de Cataluña. Por Edurne Uriarte

Está dispuesto a sortear una sentencia con el fin de contentar a una minoría, los nacionalistas catalanes, ampliados con los dirigentes del PSC.

Zapatero parecía el presidente de Cataluña y no el presidente de todos los españoles, resumió un oyente de Punto Radio el debate del Estado de la Nación. Resumen muy atinado al que añadiría un matiz. Zapatero parecía el presidente de los nacionalistas catalanes, ni siquiera de Cataluña.

Es la otra cara de la insumisión socialista a la sentencia del Constitucional. La que da una idea más clara aún de la grave degradación de nuestro sistema democrático en manos de este presidente. No sólo está dispuesto a encontrar maneras de sortear una sentencia. Pretende hacerlo, además, con el fin de contentar a una minoría de españoles, los nacionalistas catalanes, ahora ampliados con los dirigentes del PSC. Con lo que el gobierno de las mayorías, esencia de la democracia, se convierte en gobierno de las minorías. Y no en la protección de los derechos de las minorías, propia también de una democracia, sino en imposición a las mayorías de las exigencias de las minorías.

El fondo del asunto, una gobernación nacional condicionada por los nacionalistas, no es un problema nuevo de nuestra democracia. Pero sí es nuevo que un presidente asuma como mensaje político central en el debate sobre el Estado de la Nación una oferta a los nacionalistas catalanes para darles aquello que les ha negado una sentencia del Constitucional. De espaldas y en contra de la inmensa mayoría de los españoles. Y en un abierto fomento de la insumisión a toda nueva sentencia del Constitucional. ¿Por qué no van a poder burlar una sentencia los demás españoles si el presidente fomenta que lo hagan los nacionalistas catalanes?

No contento con todo esto, Zapatero remata la maniobra con un disparate político y constitucional asegurando que Cataluña es una nación política, exactamente lo que es España y únicamente puede ser España. Una profunda ignorancia corona la insumisión y la desfachatez.

ABC - Opinión

Cajas. Un problema de credibilidad. Por Emilio J. González

La confianza es la piedra fundamental para que nuestros bancos y cajas superen sus problemas porque a lo que se enfrentan no es tanto a una crisis de solvencia como de liquidez, derivada de la falta de credibilidad de nuestra economía.

Si en tiempos de crisis el Gobierno no se puede andar con jueguecitos, mucho menos aún debe hacerlo cuando se trata del sistema financiero porque si el crédito no circula con fluidez, la crisis se agrava. Esto es lo que le está sucediendo en estos momentos a la economía española: nuestros bancos y cajas de ahorros no tienen liquidez porque el mercado les ha cerrado el grifo. En principio, se podría pensar que ello se debe a la mala situación de nuestro sistema crediticio, que, en buena medida, lo es ya que se estima que los bancos y cajas necesitan entre 35.000 y 50.000 millones para sanear sus cuentas. No obstante, si bien hay algunas entidades con problemas, en especial algunas cajas de ahorros, hay otras harto solventes, como ha reconocido esta semana Standard & Poor’s al Santander y al BBVA; pero, aún así, el mercado no discrimina entre buenos y malos y la sequía de recursos es la misma para todos, aunque sea injusto.

El problema es que el mercado no se fía de España, y buena parte de la culpa la tiene el Gobierno por querer tapar como sea las vergüenzas de unos y otros, en lugar de dejar que quiebre quien tiene que quebrar. Este es el quid de la cuestión. Los responsables de la quiebra de la Caja de Castilla-La Mancha se están marchando de rositas mientras el Banco de España ha tenido que enterrar allí miles de millones de euros para salvar la cara a los socialistas, en vez de permitir, como hubiera sido lo lógico, la quiebra de CCM. Sin embargo, el Ejecutivo no tiene mucho más dinero para repetir la operación y se ha dedicado a promover fusiones de cajas de ahorros que han levantado aún más dudas. Los mercados contemplan los SIP como simple ingeniería financiera para maquillar las cuentas de quienes participan en ellos, en vez de verlos como una verdadera fusión, y, por tanto, dudan de lo que haya dentro de esas operaciones. Básicamente lo que dicen es que reunir varios agujeros hace un agujero más grande. Y, en otros casos, como la insistencia de los gobiernos regionales de Galicia y Andalucía, de no permitir fusiones interregionales de cajas para preservar intactos sus cotos de poder financiero, o el de la Junta de Castilla y León queriendo impedir a cualquier precio que Caja Ávila y Caja Segovia se unan al SIP encabezado por Caja Madrid, que es su salida natural, y los mercados sospechan que, además, pretenden esconder algo.

Para complicar más las cosas, el ajuste del sector inmobiliario sigue sin producirse porque el Gobierno ha intervenido de forma equivocada. Trató de salvar a las inmobiliarias y a los bancos y cajas comprometidos con ellas y con el crédito hipotecario y lo único que ha conseguido ha sido crear una rueda de refinanciaciones que agrava más la situación, tanto del acreedor como de la entidad crediticia. Los mercados, atentos como están a todo cuanto implique una pérdida potencial de dinero, contemplan con temor lo que puede pasar en el futuro el día que al sistema financiero español le falte la financiación privilegiada del Banco Central Europeo. Saben que, entonces, esa bola creciente que están creando entre unos y otros va a estallar y, como es lógico, no quieren que les coja la explosión. Y para evitarse males mayores no prestan a las entidades crediticias españolas. Esto pasa porque el Gobierno, en su empeño de que no quebraran ni cajas de ahorros ni inmobiliarias, intervino de forma equivocada y aquellos lodos trajeron estos polvos.

Ahora el Ejecutivo trata por todos los medios de limpiar la imagen del sistema crediticio español pidiendo insistentemente que se publiquen los test de resistencia del sector en la Unión Europea, con el fin de que, con la comparación, se pueda aliviar la presión que hoy sufren los bancos y cajas españoles y se vuelva a abrir el grifo del crédito para ellos. Porque lo que padecen muchos de ellos no es un problema de solvencia, sino de liquidez. Sin embargo, es posible que no baste con ello, ni con la intención del Gobierno de comprar a bancos y cajas activos sanos para facilitarles liquidez, con cargo al FROB, entre otras cosas porque el FROB se financia con emisiones de deuda pública y España, en este terreno, se encuentra cerca de ese punto en el que se disparan todas las alarmas respecto a la capacidad de pago del Estado, sobre todo como se confirmen los presagios de una nueva desaceleración mundial provocada por una nueva caída de Estados Unidos en la recesión, y como nuestro país siga sin crear empleo.

La estrategia del Gabinete, por tanto, ha de ser la de restaurar la confianza en nuestro sistema financiero, lo que, en gran medida, equivale a decir en la economía española. Lo cual implica un ajuste presupuestario drástico, una verdadera reforma laboral y otras medidas que el Gobierno se resiste a tomar. Igualmente, el Ejecutivo debe arrojar luz sobre el verdadero estado del sistema crediticio y sus compromisos relacionados con el sector inmobiliario, dejando que quiebre quien tenga que hacerlo para que se acabe de una vez todo este lío de refinanciaciones y permitiendo que se produzca el verdadero ajuste del sector inmobiliario, con el fin de que salga a la superficie la verdadera realidad del mismo y, de paso, se pueda empezar a reactivar el sector de la construcción. Es la confianza, por tanto, la piedra fundamental para que nuestros bancos y cajas superen sus problemas porque a lo que se enfrentan hoy por hoy no es tanto a una crisis de solvencia como de liquidez, derivada de la falta de credibilidad en nuestra economía y su sistema financiero.

Libertad Digital - Opinión

Terroristas sufragados. Por Hermann Tertsch

Venezuela, Nicaragua y Cuba sirven de bases operativas para diversos grupos terroristas. Con sufragio, apoyo y cobertura de los respectivos Gobiernos.

Hugo Chávez se ha enfadado con Colombia. Ha llamado a consultas a su embajador en protesta porque Bogotá ha hecho públicas imágenes y fotografías que demuestran una vez más, la presencia de terroristas de las FARC en Venezuela. En su día ya tuvimos pruebas concluyentes de que las FARC también cuentan con bases en Ecuador, otro aliado de Chavez en el llamado Socialismo del Siglo XXI. Tan rimbombante nombre solo soslaya precariamente un proyecto del izquierdismo totalitario que, como es evidente, se sirve del terrorismo allá donde puede. Habrá quien piense que eso no nos afecta. Para salir del error recomiendo la lectura del libro «Las conexiones de ETA en America Latina» de Florencio Domínguez, presentado hace unos días en Bilbao. El territorio de Venezuela, Nicaragua y Cuba ha servido y sirven de bases operativas y puntos de repliegue para diversos grupos terroristas. Con sufragio, apoyo y cobertura de los respectivos Gobiernos. Al Gobierno español no parece importarle. Al Gobierno de Colombia sí. Por fuertes razones. El próximo día 7 de agosto asume la presidencia José Manuel Santos que releva al que sin duda ha sido el mejor presidente de la historia de Colombia. Con su firmeza democrática ha librado una guerra inteligente contra el terrorismo de las FARC y el ELN al que infligido serias derrotas. Santos era el ministro de defensa de Uribe. Su solidez política queda reflejada en el más de 65% de los votos que logró en las pasadas elecciones. Cierto, Santos ha hablado de su voluntad de limar asperezas y evitar una escalada de la tensión con su vecina Venezuela. Para que esto sea posible ciertas «anomalías» han de corregirse de inmediato. La principal está en el apoyo estratégico y logístico de Venezolano al terrorismo colombiano. Y su cooperación en el narcotráfico tan útil para financiar armas y favores. Es probable por tanto que, antes de mejorar, las relaciones empeoren. Esperemos que no demasiado.

ABC - Opinión

Estatut. Rajoy se escapa. Por Maite Nolla

Dice Soraya que Zapatero está agotado. Puede ser, pero los que alguna vez han votado al PP empiezan a estar agotados, hartos, de su líder.

¿Sabían ustedes que en tevetrés al Debate sobre el Estado de la Nación lo llaman el "debate de política general"? Y ¿saben por qué? Pues para evitar utilizar el término "nación" referido a España. Es decir, la televisión pública resulta que tiene línea editorial; eso sí, inconstitucional, nacionalista y minoritaria. Urge una casilla junto a la de la Iglesia Católica, sin descartar otras medidas de fomento del ahorro. Tevetrés, la tele favorita de Alicia Sánchez Camacho, por si se les había olvidado.

La verdad es que la fórmula nacionalista pagada tiene parte de razón. Es cierto que de política general no se ha hablado nada y también lo es que de la única nación de la que se HA hablado ha sido de la catalana. El debate era previsible en todo y así sucedió. Zapatero nos atizó un discurso que ni entiende, ni sabe de qué va, ni le importa. Luego llegó el club de los ofendidos, insultando al prójimo en general y al PP en particular. Zapatero les dio la razón, declarándose también insumiso de la Constitución, porque éste es su estatuto; aunque segundos antes había prometido cumplir y hacer cumplir la sentencia. Y la escapada de Rajoy dejó el campo libre a Rosa Díez. Por cierto, alguien le tendrá que decir a Zapatero que Rosa Díez se presenta a las elecciones y los del editorial conjunto a lo único que se presentan es a la convocatoria de subvenciones.

Volviendo al tema, el PSOE es coherente: aprobó el estatuto y lo defiende. Seguramente Zapatero acabará engañando a Montilla y se saltará la sentencia con Mas o con Duran; lo que más le convenga. Pero el PP no. El PP obtuvo más de diez millones de votos, consiguió cuatro millones de firmas y presentó el recurso. Ahora que la sentencia deja las cosas como estaban, desaparecen. Decía una oyente de esRadio que si lo llega a saber no hubiera pasado frío pidiendo firmas. Y es que ésa es la nueva postura: "No vamos a dar batalla", "deje eso en paz", "¡cuidado con el Estatut!" o "¡sólo fútbol!". Pero aceptando que a sus señorías no les queda otra que someterse al líder, bajo el riesgo y la amenaza de que su nombre se suprima de las listas, me pregunto si a los señores diputados del PP les molesta o no que Durán, Ridao o Joan Herrera insulten al PP por presentar el recurso y nadie les conteste.

Dice Soraya que Zapatero está agotado. Puede ser, pero los que alguna vez han votado al PP empiezan a estar agotados, hartos, de su líder.

Libertad Digital - Opinión

El artista de la engañifa. Por M. Martín Ferrand

Es evidente que la intención de Zapatero es de mera distracción, y los pardillos somos quienes entramos al trapo.

NO diré yo que José Luis Rodríguez Zapatero es el mayor engañabobos del Reino porque el título se lo disputan, y con mérito, unas cuantas docenas de aspirantes; pero puede afirmarse, con toda justicia, que es de los mejores capacitados para merecerlo. No hay más que fijarse en su proceder. En circunstancias que debieran resultarle difíciles, como el Debate sobre el estado de la Nación, no solo consigue trasladarle a los demás responsabilidades que son exclusivamente suyas, sino que las aprovecha para sembrar nuevas inquietudes capaces de distraernos de los asuntos fundamentales. Nadie como él en el arte de la engañifa y la distracción.

En un momento de graves problemas sociales y económicos y frente a dificultades que parecen insalvables y comprometen el futuro de la Nación, la maña de Zapatero consiste en sortear los unos y las otras para ponernos a todos a hablar sobre asuntos marginales capaces de excitar la pasión de las partes implicadas en ellos y, por eso mismo, lo suficientemente ruidosos y mediáticos. Supo, por ejemplo, aprovechar el Debate para sugerir que deben «eliminarse» los anuncios de prostitución en los medios informativos. A mayor abundamiento, y con la parvedad intelectual que le define, razonó el presidente: «Mientras sigan existiendo anuncios de contactos, se estará contribuyendo a la normalización de la explotación sexual».

Parece ser que en el Código de Hammurabi, en el siglo XVIII antes de Cristo, ya se reconocían determinados derechos a las prostitutas. Ese es, como afirma el tópico, el oficio más antiguo de la humanidad. Podrá estarse a favor o en contra de su legalización y control, pero nada más falaz que centrar el problema en su publicidad. El razonamiento de Zapatero podría compararse, por reducción al absurdo, con la propuesta de eliminar las esquelas mortuorias de los diarios para que de ese modo se reduzca el número de difuntos.

Parece evidente que la intención de Zapatero es de mera distracción y los pardillos somos quienes entramos al trapo y amplificamos un problema que, siendo real, es mínimo en la tabla de las inquietudes ciudadanas. Si se quiere abordar la cuestión, mejor sería hacerlo sin andarse por las ramas. La publicidad de las artes de tan viejo oficio deberá ser consecuencia de su reconocimiento, definición legal, protección sanitaria y cuantas consideraciones enjundiosas son del caso. Utilizarlo para darle un pellizco de castigo a las cuentas de explotación de los diarios es ridículo, además de mezquino, en un país en el que no faltan televisiones generalistas que exhiben juguetes sexuales en horario infantil.

ABC - Opinión

Ofrecimiento. Por Alfonso Ussía

Ofrezco mi verdad al Tribunal Supremo. A pesar de encontrarme fuera de Madrid me pongo, faltaría más, a disposición de la Justicia. No deseo que mi silencio pueda causar perjuicio a una tercera persona, en el caso que me ocupa y preocupa, el futuro del ex juez Baltasar Garzón. Y considero conveniente que otros españoles sigan mi ejemplo con el fin de silenciar chismes y rumores a todas luces injustos.

Creo que he contado mi trayectoria empresarial. En la actualidad soy el presidente de una Sociedad Limitada que está al corriente del día, del pago y de todo lo demás gracias al director de mi agencia bancaria, don Antonio, que me recomienda y cuida, y de mi asesor fiscal. En caso contrario, mi Sociedad Limitada sólo tendría un límite seguro. La bancarrota.

En mi segunda juventud, un ciudadano francés de heroica osadía, Edmond Marcel Ferrié Granier, convenció a sus socios ingleses de un «broker» de Reaseguros domiciliado en España, de mi enorme influencia y penetración social. Fui nombrado presidente de «Ferrie & Rowbothan», que suena fenomenal. Franceses e ingleses nunca se han entendido, y mi labor consistía en apagar fuegos verbales y asistir en septiembre, como flamante presidente, a la cita de los reaseguradores de todo el mundo que se celebra en Montecarlo. Se conoce a ese coñazo como el «Rendez-Vous de Montecarlo», y no se lo recomiendo a nadie medianamente normal. Gracias a mis gestiones, la empresa experimentó una peligrosa senda hacia la quiebra, hasta que al fin la quiebra se produjo.

Previamente, mi inolvidable amigo Juan Garrigues Walker, al que tantísimo debo por su confianza en mi persona, me designó presidente de una sociedad cuya razón social era «Arte y Diseño S.A.». Aquella sociedad no creó arte alguno ni diseñó nada que mereciera la pena, e incluso, que no la mereciera. Hasta aquí mi impresionante trayectoria empresarial, de la que me siento moderadamente orgulloso.

Pues bien. Ni como Presidente de mi actual Sociedad Limitada, ni como máximo responsable en el internacional «broker» de reaseguros «Ferrie & Rowbothan», ni como presidente de pega de «Arte y Diseño S.A.», he recibido peticiones de don Baltasar Garzón Real para financiar sus cursos en Nueva York. Y tengo un gran amigo, filatélico, y presidente de una próspera sociedad dedicada a la compraventa de elegidas colecciones de sellos, y cuya identidad me reservo hasta contar con su permiso de revelación, que en cuarenta años, desde que fue licenciado del Servicio Militar como sargento del Cuerpo de Intendencia, hasta el día de hoy, tampoco ha sido receptor de sablazo alguno por parte de nuestro juez-magistrado de la Audiencia Nacional en lamentable situación confusa.

Escribo el presente texto en mi calidad de empresario. Cada día que pasa, sale a la luz una nueva empresa a la que el juez Garzón ha pedido algún tipo de mangoleta. El Banco Santander, Cepsa, Endesa, el BBVA, y ahora, Telefónica. La media de las mangoletas se establece en unos doscientos cincuenta mil dólares por entidad, lo cual no deja de ser sorprendente. Claro, que Nueva York es muy caro. Menudos son los taxis en Nueva York. Los taxistas de Nueva York se creen que todos los turistas van a Nueva York a divertirse, y no reparan en que hay personas importantes como el juez Garzón que viajan a Nueva York a dirigir cursos. El eterno desconocimiento neoyorquino de la realidad de España.

Por ello escribo en mi calidad de hombre de empresa. Ni Garzón me ha llamado, ni me ha pedido un euro, ni me he sentido presionado para financiar sus cursos. Y para que conste en el Tribunal Supremo, lo declaro y firmo en el día de hoy, sin reserva alguna por mi parte. ¡Ya está bien!

La Razón - Opinión

Estatut. Entre la prevaricación y el fraude de ley. Por Pablo Molina

La gravísima responsabilidad de José Luis Rodríguez Zapatero en el enjuague legislativo que el PSOE tiene previsto realizar a cuenta del estatuto de Cataluña no debería pasar inadvertida para los españoles.

Supongamos que un concejal de urbanismo tiene la brillante idea de colocar un vertedero justo al lado de un colegio público. Es una barbaridad, claro, pero resulta que los dueños de esa empresa de tratamientos de basuras mandan mucho en el partido del concejal, y de su apoyo depende que en la próxima legislatura siga apareciendo en las listas electorales. El expediente para la construcción se inicia, los padres de los alumnos acuden lógicamente a los jueces y obtienen una sentencia que declara la ilegalidad de construir ese tipo de industrias junto a un centro de enseñanza en virtud de la legislación actual sobre urbanismo e industria. Los padres de los niños correrían al concejal a gorrazos por las calles del pueblo, el tipo no volvería a presentarse a las elecciones y aquí acabaría la historia.

Acabaría ahí, en efecto, salvo que en lugar de un concejal y un juzgado ordinario se trate de Zapatero y el Tribunal Constitucional, en cuyo caso se procede a cambiar la legislación todo lo necesario para llevar a cabo la instalación declarada inicialmente ilegal, aunque la consecuencia sea la indefensión de todos los afectados.

La gravísima responsabilidad de José Luis Rodríguez Zapatero en el enjuague legislativo que el PSOE tiene previsto realizar a cuenta del estatuto de Cataluña no debería pasar inadvertida para los españoles. Se trata, ni más ni menos, de que el presidente del Gobierno está dispuesto a cometer un enorme fraude de ley, por más que el juego de las mayorías parlamentarias avale el despropósito.

El deterioro de la imagen de España en el exterior no puede ser muy profundo porque ya está suficientemente dañada en todos los órdenes, pero es evidente que muy pocos inversores van a confiar su dinero a un país cuyo principal mandatario vulnera los principios constitucionales que ha jurado cumplir y hacer cumplir. Sin seguridad jurídica no hay confianza y sin ésta, pocas posibilidades de contar con dinero de fuera. A ver cómo consigue Zapatero, después de consumar su operación del Estatut, que nos llegue un solo euro a un precio no demasiado astronómico.

Libertad Digital - Opinión

El del bombo y el bombero. Por Tomás Cuesta)

La estólida solidez de Zapatero tal vez radique en la ausencia de bagaje intelectual que lleva consigo en sus vagabundeos.

DETRÁS del torpe aliño indumentario que envuelve a la retórica de Rodríguez Zapatero hay más alevosía de lo que se supone y menos incuria de lo que parece. El presidente del Gobierno ha convertido la política en un rito incivil, en una migración perpetua, en un ir y venir continuo de la insignificancia a la delicuescencia. Su hábitat no es la «polis» —la ciudad construida sobre las normas y las leyes— sino el inabarcable desarraigo de la estepa. Zapatero es un nómada, un líder huidizo, un fortín sin cimientos. Es, dando curso a lo cursi a efectos de endulzar lo trascendente, una estrella fugaz (¿una furtiva lágrima?) que centellea en el hondón de las tinieblas. Aun así, ni se extingue ni flojea y, aunque le echen el alto con palabras gruesas, hasta la fecha nadie le ha parado los pies o le ha afeitado en seco. «Sólo lo fugitivo permanece y dura». En eso, aunque lo ignore, es un trasunto de Quevedo.

Dicho lo cual —redicho si se quiere—, no hay que escamotear la paradoja impertinente. La estólida solidez de Zapatero tal vez radique en la completa ausencia de bagaje intelectual que lleva consigo en sus vagabundeos. No es demasiado probable que el presidente del Gobierno haya leído (leído de verdad, purgando el sudor del alma al que hace alusión Steiner) más allá de dos o tres libros completos en su no corta existencia. Y, de los que ha leído, no ha extraído lección alguna, ni en lo conceptual, ni en lo sintáctico, ni en lo estético. Pero puede que, en política, la inopia no sea un defecto. Al menos, en la política regida por el gran espectáculo de masas que es la de nuestro tiempo.

Atrincherado en el mostrenco empeño de sobrevivirse cueste lo que cueste, al necio le presta alas el torbellino identificador que los televisores vierten sobre la abotargada sensibilidad del ciudadano medio. Y es que, a fin de cuentas, la fuerza del resentimiento, que Nietzsche calibró como la maldición más degradante de la especie, se manifiesta en tales trapicheos: tener a un perfecto ignaro pavoneándose en la estratosfera, hace que nos sintamos un poco menos berzas de lo que nos sabemos: «¡pues, anda tú que ése…!»

Una vez más, el debate enfrentó al señorón solemne y al trilero risueño. Al pedernal adusto y al liviano zoquete. A la estrategia con las estratagemas. Y, una vez más, el escapista salió indemne. Evasión y victoria. De nuevo el señor Rajoy ha disparado a bulto (con postas, bien es cierto) y la pieza, de nuevo, ha vuelto a escabullirse como el agua de un cesto. Vamos, que, el otro día, ocurrió lo de siempre: que al vivo le faltó fuelle y que al muerto le sobró aliento. A Mariano el del Bombo —¡aúpa!— no le llovieron nueces y el Bombero Torero no perdió la cabeza. ¡Un catorce de julio! Mira que estaba a huevo.

No obstante, según los oidores de las berreas dialécticas, Rodríguez Zapatero ya es un púgil sonado, una titubeante marioneta. ¿Sonado? Pudiera ser. El son cubano, al menos, lo interpreta de muerte. Lo de la marioneta, en cambio, no cae por su propio peso. El títere, en este caso, es quien mueve los hilos del titiritero y el ventrílocuo ejerce de muñeco del muñeco. O sea, el «delirium tremens». Pero Pinocho ahí sigue, embaucando a Gepeto. Y ahí se las den todas. Y lo que te rondaré, morena.

ABC - Opinión

Cubanos en libertad

La España democrática debe apoyarles porque representan la esperanza de que todos los cubanos llegarán a ser también ciudadanos libres.

LAS decisiones que se obligan a tomar a una persona cuando ésta no goza de su entera libertad no pueden considerarse como expresiones genuinas de su voluntad, y aunque es mejor estar en un hotel de Vallecas —por modesto que sea— que en una cárcel castrista, es necesario subrayar que los disidentes cubanos que han sido traídos a España no están aquí por su propia iniciativa, sino como parte de un acuerdo en el que no han sido tenidos en cuenta. Antes de decidir cuál es el tratamiento administrativo que ha de aplicárseles, lo primero que tiene que hacer el Gobierno que ha asumido la responsabilidad de sacarlos de su país es preguntarles a ellos cuál es la opción que mejor se acomoda a sus intereses.

La España democrática tiene el deber de apoyarles porque representan la esperanza de que todos los cubanos llegarán a ser también ciudadanos libres. Lo que no sería aceptable es que el Ejecutivo se limite a instrumentalizar la salida forzosa de Cuba de los presos políticos como parte esencial de su estrategia para lograr el cambio de la posición común de la Unión Europea hacia el régimen cubano y se olvide de que se trata de seres humanos que fueron encarcelados injustamente y a los que se ha obligado a elegir entre el exilio o la cárcel.

Si hasta ahora han sido tratados como un elemento pasivo en las negociaciones entre el castrismo y la Iglesia cubana, es absolutamente necesario que el país que los acoge les conceda la libertad y la dignidad que les ha sido negada en el suyo, empezando por reconocer su condición de perseguidos por la defensa de la democracia y, sobre todo, escuchando su punto de vista antes de promover la errónea idea de que la dictadura cubana merece un premio por lo que les ha hecho.

ABC - Editorial

La Cataluña real

El Parlamento de Cataluña acogió ayer un pleno extraordinario sobre el Estatut, en el que los grupos del Tripartito y CiU apenas pudieron ponerse de acuerdo a última hora en presentar como resolución conjunta contra la sentencia del Tribunal Constitucional el preámbulo de la norma estatutaria que define a Cataluña como nación. Sin embargo, el apaño no tapó el desencuentro que quedó patente el día anterior cuando la reunión de estos líderes catalanes fue la expresión de sus diferencias. El desacuerdo entre los avalistas de la norma estatutaria está marcado por el horizonte electoral, del mismo modo que la abrupta toma de posiciones es imposible interpretarla al margen de la cita con las urnas. Del pleno en el Parlament quedó claro que los grupos catalanes insisten, por una u otra vía, en la necesidad de cambiar las reglas de juego con el propósito de que el orden constitucional se adapte al Estatut y no al contrario. Suena a despropósito, porque lo es. José Montilla reclamó una reforma profunda de la Constitución que reconozca la pluralidad nacional de España y las reformas de las leyes necesarias para que el Estatut no se resienta, mientras que CiU aspira a un gran salto adelante soberanista y ERC proclama la ruptura y el independentismo. El objetivo es arañar votos o no perderlos. Montilla es muy libre de entender que lo mejor para los intereses de Cataluña sea realizar una catarsis constitucional, pero abrir ese melón es una temeridad que no compartimos y que nos parece injustificada. La clase política catalana se ha embarcado en un bucle melancólico del que los problemas reales de los ciudadanos –la crisis, el paro, la vivienda, la inseguridad– no forman parte. La verdad es que el Estatut nunca fue una demanda de la ciudadanía ni una inquietud general, sino un proyecto de los políticos para los políticos.

Lo cierto es que las prioridades de la ciudadanía son otras y que su concepto de Cataluña y de España tiene poco que ver con el que expresan una parte de esos dirigentes. Los resultados del último barómetro del CIS, publicados ayer, son esclarecedores y confirman la secuencia de otros estudios de opinión. El 65,7 por ciento de los catalanes está orgulloso de ser español, mientras que, cuando se les pregunta qué significa España para ellos, la respuesta mayoritaria es la de que es su país. Tan sólo un ínfimo 7% siente a España como un «Estado ajeno». Ésa es la Cataluña real, la de la calle.

La consecuencia de ello es la desafección de la sociedad catalana hacia sus dirigentes. Es llamativo y censurable cómo los partidos no han dedicado el mínimo esfuerzo a interpretar la creciente abstención en las citas electorales en Cataluña, cuyo máximo exponente fue el referéndum sobre el Estatut, por no citar el de las denominadas consultas soberanistas. Este desapego es peligroso. Las sociedades necesitan políticos responsables y sensatos, que solucionen problemas y no que los creen o los alimenten. Que PSOE y PSC, por ejemplo, hayan pactado hacer una «fuerte acción política» para desarrollar el Estatut no sólo supone desafiar la autoridad del Tribunal Constitucional, sino que es el mensaje de que los intereses partidistas están muy por encima de los de las familias catalanas.

La Razón - Editorial

PP y PSOE ceden de nuevo al chantaje nacionalista

Fracasada la ingenua vía de la pacificación del independentismo, parece que, si queremos conservar nuestras libertades, debemos reestructurar el estado de las autonomías, blindándolo de la extorsión sistemática a la que lo someten los secesionistas.

Desde que el célebre "café para todos" inspirara la redacción de la Constitución y de los distintos estatutos de autonomía, la vertebración nacional de nuestro país ha consistido en una continua búsqueda del encaje de las "sensibilidades nacionalistas" dentro de España a través de una cesión permanente ante sus reivindicaciones. Se creía, de manera tremendamente ingenua, que si se satisfacían sus exigencias de mayor autogobierno, su insaciable apetito podría contentarse y todos, en última instancia, compartiríamos una cierta idea de España en torno a la cual convivir.

Sin embargo, tras 30 años de democracia, el error no ha podido mostrarse mayor. Desde luego, resultaba absurdo pensar que diluyendo la idea de España hasta volverla irreconocible se conseguiría agrupar a todos los ciudadanos y políticos en torno a ella. Pero el disparate convenció a unos mandatarios siempre dispuestos a traficar con los escaños del Congreso a cambio de seguir desmembrando lo que quedaba de España.

Pocos políticos, por no decir ninguno, se libraron de esta tentación de desarmar la nación a cambio de conservar el poder sobre sus escombros. El último, y probablemente el más escandaloso, ha sido José Luis Rodríguez Zapatero, quien desde un principio prometió a la casta política catalana otorgarle el estatuto de autonomía que aprobara el parlamento catalán, por muy abiertamente inconstitucional que éste fuera. Más tarde, atascadas las negociaciones en Cataluña, fue Zapatero quien se tomó la norma como un proyecto personal a impulsar de la mano de Artur Mas.

Una vez aprobado en las Cortes españolas un texto estatutario que socavaba la Constitución de la que éstas obtenían la legitimidad para aprobarlo, Zapatero se dedicó a presionar al Tribunal Constitucional para que simplemente cerrara sus ojos a la realidad y declarara conforme con nuestra Carta Magna la mayor parte del Estatut. Pero ni semejante concesión ha servido para contentar a la plutocracia nacionalista de Cataluña que, después de la manifestación del pasado sábado contra el Estado de Derecho, se dedicó el miércoles a exigir a Zapatero una ley orgánica para subvertir la sentencia del Constitucional y ayer viernes aprobó en el Parlamento catalán una resolución contra la soberanía nacional de los españoles y, por ende, contra las instituciones democráticas.

La respuesta del PSOE a esta escalada en el desafío no es que haya sido timorata, sino que en todo momento ha tratado de legitimarla e impulsarla. Zapatero, de este modo, vuelve a situarse deliberadamente fuera de la Constitución; motivo más que suficiente para que, si tuviéramos una democracia que se respeta a sí misma y que, sobre todo, respeta a los ciudadanos, se instara y aprobara de inmediato una moción de censura que lo apartara del poder.

Debería ser el PP quien, al margen de la gravísima crisis económica, liderara esta iniciativa, así como la oposición frontal a las amenazas soberanistas de Cataluña, en la que no debería rechazarse ninguna opción, incluyendo el recurso al artículo 155 de la Constitución. Sin embargo, como en tantos otros asuntos, en buena medida el PP no es parte de la solución, sino del problema. Después de la loable iniciativa de promover la inconstitucionalidad del Estatut recabando millones de firmas entre los españoles, el PP ha eliminado de su discurso la denuncia de la flagrante incompatibilidad del texto con las instituciones democráticas. Parece que Rajoy, al igual que hiciera Zapatero, busca llegar a La Moncloa –o a lo que quede de ella– a hombros del nacionalismo catalán y ello implica pagar ciertos peajes demasiado onerosos para el conjunto de los españoles.

Nuestra democracia no resistirá mucho más el proceso de balcanización que los nacionalistas llevan impulsando desde hace tres décadas. Fracasada la ingenua vía de la pacificación del independentismo, parece que, si queremos conservar nuestras instituciones y nuestras libertades, ha llegado el momento de reestructurar el estado de las autonomías, blindándolo de la extorsión sistemática a la que lo someten los secesionistas y oportunistas de todos los partidos. El problema es que ni el PP ni el PSOE parecen ni dipuestos ni capacitados para hacerlo.

Libertad Digital - Editorial

Montilla se echa al monte

Montilla optó ayer por liderar un movimiento catalanista de quiebra de relaciones con el resto de España, que sitúa a los socialistas catalanes en la vanguardia más radical del soberanismo.

EL discurso de ruptura y confrontación que pronunció ayer el presidente de la Generalidad de Cataluña, José Montilla, abre una brecha en el socialismo español y pone a Rodríguez Zapatero en la disyuntiva de apoyar la deriva soberanista de los socialistas catalanes o de rechazarla con el riesgo de un cisma. Lo que Montilla propuso ayer en el Parlamento catalán es una estrategia de pura insumisión anticonstitucional, basada en la contradicción de amenazar al Estado por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto y afirmar a continuación que «el Estatuto sigue plenamente operativo». En todo caso, su compromiso de acatar la sentencia es una declaración engañosa, porque no va seguida del compromiso realmente importante, que es el de cumplirla. Por lo pronto, Montilla ha decidido no darse por enterado sobre la interpretación del Estatuto en materia de competencias y del uso del castellano en la enseñanza. La fórmula de «se acata, pero no se cumple» es inaceptable en un Estado de Derecho que tiene en la Constitución el fundamento único del ordenamiento jurídico e institucional. En definitiva, Montilla optó ayer por liderar un movimiento catalanista de quiebra de relaciones con el resto de España, que sitúa a los socialistas catalanes en la vanguardia más radical del soberanismo.

La inminencia de las elecciones autonómicas no disculpa estos mensajes extremistas en quien ostenta la máxima representación del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña, ni los reduce a un exabrupto pasajero. Por el contrario, suponen la concreción de una posición política con pretensión de liderazgo, con vocación frentista y cuyo resultado sería el afianzamiento de un régimen de monopolio soberanista. Además, Montilla no tiene duda sobre el alcance inconstitucional de su discurso nacional, porque pidió incluso la reforma de la Constitución para que sea ésta la que se ajuste al Estatuto revisado por el TC.

La indolencia del Gobierno central ante estas embestidas desleales del tripartito catalán y del nacionalismo, bajo la insólita batuta de un socialista, no debería provocar equívocos sobre la trascendencia de lo que está sucediendo. Zapatero se fijó como objetivo hacer que «Cataluña se sienta cómoda en España» y transigió sobre el orden constitucional para impulsar un Estado confederal, que ahora, mal que bien, el TC ha frenado. Quien dijo llegar al Gobierno para traer la paz territorial, alcanza la mitad de su segundo mandato con la crisis autonómica más grave de la democracia, y con el agravante de que no es un partido nacionalista, sino uno socialista el que lidera, agita y empuja el enfrentamiento de Cataluña con el resto de España.

ABC - Editorial