Deuda. La tormenta perfecta. Por Manuel Llamas

El gran problema de España es la deuda, sobre todo privada, pero ahora también pública. Deuda, mucha deuda... ¡una deuda enorme!

A muchos sorprenderá que la intervención de CajaSur este fin de semana haya copado destacados espacios en la prensa internacional y especializada de medio mundo. De hecho, la insolvencia de la pequeña caja andaluza, cuyo tamaño apenas representa el 0,6% de los activos del sistema bancario español, logró tambalear las bolsas a uno y otro lado del Atlántico. Sin embargo, la sorpresa no es tal si se tiene en cuenta el contexto.

El temor de los inversores tiene poco que ver con CajaSur y mucho con la solvencia misma del sistema financiero español. Señores, "España es el agujero de Europa". Bancos y cajas han prestado al sector inmobiliario y de la construcción unos 470.000 millones de euros –casi la mitad del PIB nacional– que, sumados a los cerca de 650.000 millones de euros en créditos hipotecarios, arroja una exposición superior al billón (con b) de euros, equivalente a todo lo que produce el país en un año.

El necesario ajuste inmobiliario (desplome de precios) aún no se ha producido por culpa de Gobierno y la gravísima negligencia del Banco de España, ocupados ambos en tratar de mantener artificialmente alto el valor de la vivienda que, como mínimo, aún tiene que caer entre un 20% y un 30% para regresar a sus fundamentales. El ladrillo quebró, y con él, está arrastrando, poco a poco, al sector financiero.

No obstante, pese a las trampas contables, numerosos analistas coinciden en que la morosidad real del sistema se aproxima ya al 9%. Resulta, pues, vergonzoso que desde las autoridades públicas se trate de vender a la ciudadanía que la mora baja cuando, en realidad, lo único que hace es crecer y crecer. A la quiebra del sector inmobiliario –ahora en manos de los bancos– hay que añadir el creciente número de familias que, debido a la elevada tasa de paro, no puede hacer frente al pago de sus cuotas hipotecarias. El 37% de las familias hipotecadas tuvo que retrasar al menos en una ocasión el pago de su crédito durante 2009, y un 48% admitió tener problemas para llegar a fin de mes, según datos de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios.

Así pues, la intervención de CajaSur es tan sólo un indicador evidente de los graves problemas de solvencia que atraviesan, no una ni dos, sino numerosas entidades nacionales. Y es aquí, donde entra en juego la segunda pata de la mesa. La quiebra de bancos y cajas pretendía ser evitada por el Gobierno mediante el famoso Fondo de Rescate Bancario (FROB), dotado con hasta 100.000 millones de euros –que serán más–, con el fin de facilitar la necesaria reestructuración financiera (entiéndase fusiones de toda índole y condición guiadas bajo criterios estrictamente políticos y, por tanto, nefastos).

Pues bien, los famosos 100.000 millones –que, insisto, serán más– se habían concebido, en teoría, para facilitar una transición suave sin grandes sobresaltos financieros. El problema es que los obstáculos políticos también han impedido y retrasado, hasta la extenuación, dicho ajuste, ya que partidos y sindicatos quieren mantener sus respectivos cortijos intactos. Ahora, sin embargo, entran las prisas, ya que el plazo para emplear el FROB expira el próximo 30 de junio, que es el límite temporal impuesto por Bruselas, por lo que las fusiones se están realizando a la carrera al grito de "intervenido el último".

Y todo esto en medio del estallido de crisis de deuda pública en la zona euro. El dinero del FROB es, ni más ni menos, que deuda pública, es decir, bonos que el Gobierno tendrá que colocar en el mercado. Y ello, pagando unos tipos de interés cada vez mayores, como resultado del descomunal descuadre de las cuentas públicas (déficit superior al 11% del PIB en 2009) y la lógica desconfianza que despierta el Gobierno de Zapatero en los mercados internacionales. En definitiva, un fabuloso cóctel que, una vez agitado, arroja como resultado una tormenta perfecta que, desde hace un par de semanas, intenta ser aplacada por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo.

El gran problema de España es la deuda, sobre todo privada, pero ahora también pública. Deuda, mucha deuda... ¡una deuda enorme! Por ello, lo único que está haciendo el mercado es descontar el riesgo, cada vez mayor, de que parte de dicha deuda no pueda ser recuperada.

Libertad Digital - Opinión

¡Váyase, señor Zapatero! Por M. Martín Ferrand

ANTES, cuando las lluvias torrenciales o los ríos desbordados inundaban una determinada población, era costumbre marcar el punto alcanzado por las aguas.

Hasta aquí llegó el nivel en las catástrofes de tantos del tantos de mil y tantos. Traslado la práctica a la política, habría que instalar en el Congreso de los Diputados una placa en la que, con fecha de ayer, pudieran leer las generaciones venideras, bajo una reproducción del BOE en el que el Gobierno anula la restricción crediticia a los ayuntamientos publicada en el BOE de anteayer: «Hasta aquí llegó la incompetencia de José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno de España».

Si es que lo tuvo alguna vez, el presidente ha perdido el oremus. Lo mismo anuncia que no habrá trasvases que los autoriza, de igual manera promete aprobar un Estatut según el criterio del Parlament que lo enmienda, tan pronto amenaza «a los ricos» con un nuevo impuestos que se olvida de ellos, promete no tocar las pensiones y las rebaja... Si José María Aznar tenía razones para acuñar el grito que le valió las llaves de La Moncloa -«¡Váyase, señor González!»- las razones que hoy apuntan la caducidad del jefe del Ejecutivo, el riesgo de su permanencia, son tan grandes que, en la medida en que el Congreso sea verdaderamente representativo, un coro de diputados, al estilo del Orfeón Donostiarra, debiera entonar al unísono: ¡Váyase, señor Zapatero! El problema es tan grave y tan evidente resulta el desgobierno que la responsabilidad política, y ética, comienza en las filas del PSOE, las que le sostienen y avalan. ¿No habrá nadie capaz, más fiel al socialismo que al de León, que quiera que, después de más de un siglo, el partido siga siendo válido para España?

No estamos ante un problema ideológico ni, tan siquiera, ante un contraste de programas diferentes con que atajar la crisis y sus demoledores efectos. No. Esa situación ya la hemos sobrepasado. Tenemos a la vista un líder capaz de decirle a sus alcaldes que todo va bien, de anunciar después una limitación crediticia municipal y, a continuación, revocar esa disposición. Es decir, tenemos delante a un líder que está grogui y se mueve por el cuadrilátero presidencial dando tumbos y diciendo despropósitos. El personaje ya se ha dado a la fuga y nos ha dejado como sustituto un muñeco animado que sonríe. ¿Es responsable mantener el muñeco al frente del Gobierno del Estado?

ABC - Opinión

Subvenciones. La nueva economía progresista. Por Pablo Molina

Basta con crear una asociación destinada a la promoción de cualquier idea absurda incluida en la agenda de la izquierda para que el dinero público acuda en tropel por múltiples cauces.

Los socialistas reniegan del mercado libre, al que acusan de todos los males conocidos y por conocer, pero al socaire de este mantra suficientemente extendido gracias a los medios de masas, tienen una afición encomiable por crear otras líneas de negocio no por reguladas menos exitosas. En realidad arrojan grandes beneficios precisamente por ser fruto de la coacción institucional, a la que tan aficionados son todos los socialistas incluidos los que integran el PSOE.

En la España de Zapatero es inútil emprender cualquier negocio según los cánones tradicionales. Las regulaciones de todo tipo y los impuestos de las distintas administraciones hacen que vender productos o prestar servicios de forma más eficiente que la competencia sea una tarea hercúlea sólo al alcance de los espíritus más sufridos. Cuando, además, los potenciales clientes andan escasos de dinero como ocurre actualmente, las dificultades para llevar una idea a la práctica empresarial son prácticamente insalvables.

Pero frente a la economía tradicional surgen sin cesar nuevas oportunidades de ganancia que el Gobierno pone en marcha gracias al dinero de los demás, aspecto crucial que explica la facilidad con que las ideas ruinosas alcanzan el éxito en este particular mercado del subsidio.

Basta con crear una asociación destinada a la promoción de cualquier idea absurda incluida en la agenda de la izquierda para que el dinero público acuda en tropel por múltiples cauces. Y lo mejor de todo es que no es necesario hacer algo práctico para trincar la pasta, porque Zapatero paga, fundamentalmente, por labores de promoción, apoyo, difusión o, mejor aún, "concienciación", que es algo muy importante para el progresismo.

Así pues, para llevarte el sueldo de un año de un mileurista a cuenta de la "memoria histórica", pongamos por caso, no es necesario contratar a un equipo de investigadores y ponerse a cavar en las cunetas, sino simplemente organizar un seminario, charla, exposición o publicar un folleto, todo ello con la sana intención de difundir la necesidad de revisar la historia según el patrón sociata. Lo mismo con la igualdad de género, la alianza de civilizaciones, la violencia machista, la homosexualidad, el laicismo, el cambio climático, etc., etc., etc.

¿Recuerdan cuando los socialistas, con Zapatero a la cabeza, decían que era imprescindible cambiar nuestro modelo? Pues se referían exactamente a esto.

Libertad Digital - Opinión

Váyase. Por Ignacio Camacho

SIN ánimo de exagerar, estamos viviendo uno de los peores momentos de la democracia. A la profundidad de la crisis económica, social y financiera se une la fuerza desestabilizadora de una gravísima crisis política y de liderazgo.

El Gobierno ha pasado de seguir una deriva equivocada a perder por completo el rumbo, el control y los nervios hasta convertirse en un problema sobreañadido. La situación combina el pesimismo de la ley de Murphy con la incompetencia del principio de Peter, de tal modo que a la dificultad objetiva de las circunstancias se une la incapacidad manifiesta de quienes tienen que resolverlas. Por si no bastase este panorama inquietante, la gente tampoco confía en la alternativa y se está produciendo un colapso de confianza. Cada día parece un poco peor que la víspera y amanece con contratiempos nuevos agrandados por la torpeza de las soluciones. Zapatero, con alarmantes síntomas de estrés y envejecimiento prematuro, es la estampa andante de un fracaso; no hay contrariedad ante la que no zozobre ni previsión que no falle. No es que esté dando bandazos; simplemente es su forma natural de sostenerse.

Cuando el presidente, mal aconsejado y dado a dejarse malaconsejar, decidió creer que la recesión se resolvería sola, olvidó que incluso para que así ocurriese era menester que al menos se quedase quieto. Si pensaba dejarla pasar tenía que haberse limitado a no hacer nada. En vez de eso se lanzó a un vértigo mal calculado de medidas paliativas que no lograron sino deteriorar las condiciones defectuosas de una economía exánime. Cada presunto remedio incrementaba los males, hasta llegar a un punto en que la crisis dejó de resultar un fenómeno sobrevenido para devenir en la consecuencia de una política errónea, mal dirigida y peor resuelta. Ahora ya está tan abrumado que yerra incluso cuando rectifica porque ha perdido toda referencia y todo crédito. Se mueve como un zombi desorientado y sus movimientos desencadenan una mezcla de irritación, zozobra y pánico.

Ayer escuchó en el Senado un griterío coral, destemplado y faltón que era un eco estridente y remoto del «váyase» de Aznar a González. La repulsa brusca, estrepitosa, de un PP impaciente augura un final de legislatura insostenible; en este clima crispado, bronco e intemperante no hay manera de hallar una salida razonable. Con el Gobierno desquiciado por sus propias piruetas, con la oposición alborotada, con los sindicatos desengañados, con las instituciones bloqueadas, con el sistema financiero tambaleante, con el Estado en quiebra y con la gente cabreada y empobrecida no cabe más recurso sensato que un adelanto electoral que al menos proporcione una nueva legitimidad política a quien le toque afrontar el desastre. Cartas nuevas para una nueva partida. No las habrá porque el que tiene que repartirlas aún confía en que le salga un comodín de la gastada baraja. Se resiste a aceptar que ya no le quedan bazas favorables ni en la manga.

ABC - Opinión

Zapatero rectifica en el BOE y se ratifica en el Senado. Por Antonio Casado

Quiso el Gobierno hacer pasar por un simple error técnico la restricción crediticia a los ayuntamientos “a partir de la entrada en vigor de la presente norma y hasta el 31 de diciembre de 2011”.

Eso se leía en la página 45121 del BOE del lunes (artículo 14 del decreto-ley 8/2010). Pero, según la corrección publicada ayer, el cuento cambia notablemente. Ahora leemos: “A partir del 1 de enero de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2011”.

No es lo mismo que el Gobierno ordene cerrar el grifo del endeudamiento a los ayuntamientos de un día para otro que darles siete meses de margen para echar cuentas y organizarse hasta finales de este año. ¿Un bandazo que alimenta el síndrome del piloto borracho o un simple apunte en la fe de errores del BOE? Aunque nos temíamos lo primero, la vicepresidenta, Elena Salgado, nos quiso convencer de lo segundo. Como si fuese uno más entre los once errores publicados al día siguiente, gramaticales en su mayoría. Pero este error no era precisamente gramatical.

Al presidente de la Federación de Municipios y Provincias, el socialista Pedro Castro, no le falta información sobre los pasos del Gobierno, que es de su misma estirpe política. Sobre todo si las decisiones afectan a las corporaciones locales. Tampoco diría yo que se ha caído de un guindo el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, la pieza que mueve Moncloa para acabar políticamente con la número dos del PP, María Dolores de Cospedal.

Bien, pues los dos se expresaron en términos inequívocos respecto al supuesto error cometido por el Gobierno al plasmar en el BOE la restricción crediticia impuesta a los ayuntamientos en el marco del plan de reducción del déficit público. En términos inequívocos, digo, el presidente de la FEMP y alcalde de Getafe, Pedro Castro, alababa ayer en la tele al Gobierno por la sensatez demostrada al retrasar la entrada en vigor de la medida. Mucho más directo, el presidente castellano-manchego, José María Barreda, sentenciaba en la radio: “Es de sabios enmendar las equivocaciones”.

En el caso de Castro, supimos además por propia confesión que fueron sus gestiones las que persuadieron al Gobierno de no ahogar a los ayuntamientos en los siete meses que faltan para terminar el año 2010. O sea, que no había sido un desliz sin importancia, como pretendía Elena Salgado, sino una rectificación en toda regla. Al menos en esta ocasión, el Gobierno rectifica para acertar. Y en vez de capitalizarlo ante la opinión pública, como sí hicieron Castro y Barreda, nos quiso vender la moto de que todo se había debido a un error técnico.

Despegue a tiempo

De nuevo la insoportable sensación de inseguridad que a veces transmite este Gobierno. No hace el camino sino que lo tantea, como los invidentes. Como aquel piloto ciego del chiste que despegaba de oído, por los gritos del pasaje dos segundos antes del fin de pista. Al menos en el caso de los créditos municipales, Zapatero despegó a tiempo, cuando los alcaldes habían empezado a gritar. Los soliviantados senadores de la derecha, que le pedían elecciones anticipadas, también le hicieron despegar ayer en el último segundo. Al presidente le bastó un argumento tan sencillo como recordar que no es de peor condición aspirar a ganar por tercera vez que arriesgarse a perder por tercera vez.

El Confidencial - Opinión

Sentencia antes que renovación

El PSOE ha decidido reactivar la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al Senado y cuyo proceso había bloqueado durante dos años por su veto a los candidatos propuestos por el PP, Francisco José Hernando y Enrique López.

La comparecencia del presidente catalán, José Montilla, en la Cámara Alta ha supuesto el sorprendente punto de inflexión en una posición que era radicalmente contraria a emprender ese camino. Hemos defendido que la situación ideal, y la deseable, del Tribunal Constitucional pasaba por que el mandato de sus miembros estuviera plenamente vigente, pero esa circunstancia dependía de los grupos políticos mayoritarios y no de los magistrados. En cualquier caso, la renovación o no en plazo no mermaba ni cuestionaba la legitimidad del Tribunal para desarrollar sus funciones con normalidad, como lo ha hecho hasta este momento. Hay que recordar además que no es la primera vez que se da una situación así, aunque, sin duda, el panorama político no estaba mediatizado por un asunto como la sentencia sobre el recurso del Estatuto de Cataluña.

La cuestión es, por tanto, qué ha cambiado para que los socialistas, de repente, hayan girado 180 grados en su actitud inalterable de los últimos dos años. Entendemos que ni la inocencia, ni la ingenuidad, ni siquiera la altura de miras o el sentido de Estado han condicionado esa decisión. Han desaprovechado demasiado tiempo para que asumamos esa hipótesis como correcta. La posición del Gobierno, de la Generalitat y del Parlamento catalán, que ayer mismo instaron al TC a que se abstenga de dictar el fallo y que se declare «incompetente», nos hace pensar que, como en todo este proceso, el PSOE sólo busca demorar aún más la sentencia e intervenir en su redacción con un cambio de jueces que pudiera alterar la actual composición del Tribunal, que entiende desfavorable a sus tesis. En esa estrategia cabría también la posibilidad de que Hernando y López fueran recusados por haberse pronunciado sobre el Estatut cuando integraban el Consejo General del Poder Judicial.

Ni la mayor parte de la clase gobernante catalana ni los socialistas en Madrid han sido respetuosos con la independencia del TC ni con su trabajo. Las presiones, los ataques, las tretas para cambiar las reglas del juego no son de recibo ni resultan admisibles en democracia. Ayer, el Parlament y la Generalitat hablaron de «anomalía» y de «ridículo», pero el despropósito mayor ha sido la pretensión institucional de torcer por las bravas la resolución y desprestigiar a los magistrados.

El Senado comenzó ayer el procedimiento para renovar el Tribunal, y es positivo, pero ese proceso no puede inhabilitar a los magistrados actuales, que serán plenamente competentes hasta que sean sustituidos. En estos momentos, lo urgente y lo prioritario es dictar la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, tras cuatro años de deliberaciones, para acabar con la provisionalidad de las leyes emanadas de la norma estatutaria. Las maniobras para entorpecer este proceso hacen un flaco favor a la democracia y a uno de sus pilares, el principio de legalidad.

La Razón - Opinión

Recortes. Entre Obama y Pedro Castro. Por José García Domínguez

He ahí el espectáculo crepuscular de lo público convertido, sin disimulos ni coartadas, en privativo comercio de insaciables castas locales. Un tupido entramado feudal por completo ajeno a toda idea superior

Cuando ya habíamos desenterrado otra vez ese patrioterismo garbancero tan caro siempre a la España castiza, con su afligido rasgar de vestiduras por la "tutela exterior", sale el compañero Pedro Castro y deja clarito que, aquí, no hay más tutela ni tu tía que la interior. Y que pueden decir misa el FMI, la OCDE y el Ecofin. O cantar en gregoriano el G-7, el Banco Mundial, Obama o el mismísimo porquero de Agamenón. Porque, al final, el único que en verdad pone firme al Adolescente es el Excelentísimo Alcalde de Getafe, agreste paisano de carácter algo rifeño y erudita prosa testicular, como es fama. A los hechos, por lo demás, nos remitirnos.

Fantasiosa, reza la Ley Orgánica del Gobierno en su artículo primero que el Ejecutivo "dirige la política interior y exterior". Siempre y cuando don Pedro no tenga a bien mandar otra cosa, le falta aclarar. Así el límite a la juerga crediticia de los ayuntamientos, que ha durado lo que Castro tardó en levantar el auricular del teléfono. Por algo su igual en el PP, un Fernando Martínez, alcalde de no sé dónde, saltó presto a reclamarle "coraje" con tal de seguir horadando al impune modo la solvencia financiera del Reino. Huelga decir que no hizo falta que le insistiera. He ahí el espectáculo crepuscular de lo público convertido, sin disimulos ni coartadas, en privativo comercio de insaciables castas locales. Un tupido entramado feudal por completo ajeno a toda idea superior. Hidalgos pedáneos que alimentan a sus vasallos a cambio de lealtad ciega, y agradecidos séquitos estamentales vinculados por juramentos de sangre a sus benefactores. Punto.

Certifica Ortega, en 1914, mientras se hunde la Restauración en el fango institucionalizado de la esclerosis caciquil: "La España oficial consiste en una especie de partidos fantasmas que defienden los fantasmas de unas ideas y que, apoyados por las sombras de unos periódicos, hacen marchar unos ministerios de alucinación". Pudiera haberlo escrito hoy sin mover una coma. A fin de cuentas, ni entonces ni ahora, nunca, a un Estado débil cupo engendrar un Gobierno fuerte. Por algo, entre nosotros, las declaraciones de guerra las firma el corregidor de Móstoles, y el último dictamen en materia de Hacienda Pública recae, cómo no, en ese Perico de las Criadillas. País.

Libertad Digital - Opinión

Apoteosis de desgobierno

EL Gobierno ha disfrazado como corrección de errores lo que ha consistido en una verdadera modificación del Real Decreto-Ley aprobado el jueves por el Consejo de Ministros.

Este episodio es, en primer lugar, una ilegalidad manifiesta que merece una explicación pública de la ministra de la Presidencia y una aclaración jurídica convincente, si es que la hay. Por otro lado, representa políticamente la imagen de un Gobierno ineficaz y sin respeto por las formas más elementales de su tarea. No es creíble que la fecha de entrada en vigor de la prohibición de endeudamiento por los Ayuntamientos fuera un «error». Según el texto original, esa prohibición regía desde ayer, martes 24, hasta el 31 de diciembre de 2011. Pero ayer mismo apareció en el BOE una modificación para que el día inicial del plazo sea el 1 de enero de 2011. Entre medias no ha habido otra cosa que un paso atrás del Gobierno por la presión de los Ayuntamientos. Además, si hubiera habido un «error», el Gobierno lo habría corregido el lunes por la mañana, pero el silencio de los ministerios competentes delata que fue una medida mal calculada y peor enmendada. Otra más. El escenario de desgobierno en España es patético.

La situación económica de los municipios es un asunto muy serio que debe ser abordado con rigor y seriedad, incluso con una política de restricción que evite nuevos desmanes financieros en este nivel de la administración del Estado. Pero la respuesta no puede ser una chapuza de aficionados como la de alterar en menos de veinticuatro horas una entrada en vigor. Y todavía es peor la explicación del error que la certeza de que el Gobierno ha perdido el norte, porque demuestra que no acierta ni cuando rectifica. Algo similar es lo ocurrido con el globo sonda lanzado por el Gobierno respecto a la posibilidad de imponer el copago en la sanidad pública: que ni para esto demuestra un mínimo de coordinación. De hecho, mientras la ministra de Sanidad sostenía ayer que «hay dudas lo suficientemente amplias» como para no aprobar el copago, el secretario de Estado de Economía argüía que «ahora está sobre la mesa» como una opción «posible».

Error tras error, rectificación tras rectificación, la imagen exterior de España no sale indemne. Es de suponer que quienes nos fiscalizan al milímetro observarán incrédulos que en menos de un día los ayuntamientos pasan del cerrojazo financiero a una más que probable carrera de endeudamientos en lo que queda de año. Si no fuera dramático para España ser gobernada en estas condiciones, chapuzas así resultarían hasta risibles. Pero no lo son. Al contrario, es un problema muy grave.

ABC - Editorial

El disparate. Por Alfonso Ussía

Más de cuatrocientos millones de seres humanos hablan el español en el mundo. Un californiano y un argentino se entienden en el mismo idioma.

Eso es la cultura. Un español sea vasco, catalán, castellano, gallego o andaluz, encuentra su idioma común en los labios de los indígenas de la isla de Pascua, ese pedazo de Chile desprendido que navega en la inmensa soledad del Pacífico. Colombia discute –con la razón–, con Venezuela –la sinrazón–, en español. Los presos de Cuba lloran en español por lo que España no hace por ellos. No hay lugar en el mundo, por escondido que se halle, en el que no pueda oírse una palabra en español. Y en España, con esta clase política rotundamente gilipollas que tenemos, nos gastamos el dinero en traductores para que, en el Senado, un andaluz le hable en catalán a otro andaluz, y un vasco en vascuence a un castellano, y un gallego en gallego a un montañés, cuando todos hablan y entienden a la perfección el español. No somos un desastre. Somos un disparate.

Lo preocupante es que los políticos no anunciaron a los ciudadanos, los emisores de los votos, sus ridículas intenciones. Y la ruptura entre la sociedad y una amplia mayoría de sus representantes es absoluta. No por mentirosos, no por corruptos, no por meramente inútiles, sino por imbéciles. Las cámaras autonómicas están para hablar en la lengua local y la común. En el Congreso y el Senado no puede usarse otro idioma que el español. Imbéciles los que pidieron el uso de las lenguas autonómicas en el Senado, y más imbéciles aún los que tragaron con la petición. No cabe en cabeza humana tamaña majadería. Todos se entienden y se traducen. En España, cuna del español, no se habla español. Pongámonos en la piel de los nacionalistas e independentistas más radicales. ¿Qué idioma usan para viajar fuera de España? ¿Qué idioma usan para hacer sus negocios fuera de España? ¿Qué idioma usan para viajar y hacer sus negocios por España? El catalán es un idioma vivo, formidable y local. Es práctico tan sólo en Cataluña. El vascuence es la unión de distintos dialectos enfrentados por las montañas, y cuyo dominio está fuera del alcance de muchos dirigentes nacionalistas. Es relativamente práctico sólo en Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y la zona vascohablante de Navarra. No se puede añadir el País vasco-francés porque no existe. Los franceses nunca han reconocido un departamento vasco. Y el gallego, como el valenciano, como el murciano, como el bable, como el guanche, y como el mallorquín, entra en el saco de las lenguas locales. Todos ellos, los que hablan el idioma de sus raíces maternas y mantienen la tradición y la riqueza cultural de sus palabras, hablan también el español. Son españoles y es lógico que se entiendan. Y sólo en España, los políticos menosprecian el idioma común, no común solamente con los españoles, sino con cuatrocientos millones de personas esparcidas por el mundo, América principalmente. Y ese disparate, es consecuencia directa de la necedad imperante en la clase política española, que siente complejo hasta de su idioma, el español. Como si Franco lo hubiera inventado, que algunos lo creen así, porque además de la estupidez colectiva, el mayor defecto de España es la ignorancia, la incultura y la brutalidad mental.

Lo que ha protagonizado Montilla en el Senado no merece otro calificativo que el de gilipollez compartida. Nación de locos.

La Razón - Opinión

Erratas de bulto

Prohibir el nuevo endeudamiento municipal un día y rectificar al siguiente no parece una gran idea

El Gobierno no se cansa de cometer graves errores de gestión. El Boletín Oficial del lunes publicaba un Real Decreto Ley (8/2010) que, en sustancia, prohibía a los Ayuntamientos aumentar su endeudamiento a largo plazo desde el día posterior a la fecha de su publicación hasta el 31 de diciembre de 2011. El texto publicado sembró el terror en los Ayuntamientos españoles, puesto que esa disposición cercenaba cualquier posibilidad de renegociación de su deuda y arruinaba las inversiones de los municipios con planes de gasto plurianual o cofinanciados con otras entidades. Al final, después de un tenso intercambio de opiniones con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y con algunos alcaldes, el Gobierno cambió ayer el real decreto, por el método peregrino de considerar las fechas como "erratas" y fijar la prohibición de elevar la deuda a partir del 1 de enero de 2011.

Dudas y erratas aparte, el Gobierno pretendía evitar que los Ayuntamientos puedan acrecentar su deuda (y máximo en periodo preelectoral) con el respaldo tácito o la responsabilidad subsidiaria del Estado. Hasta ahora, el endeudamiento autorizado de los municipios estaba condicionado a requisitos estrictos. El Gobierno debía autorizar las peticiones de endeudamiento de los Ayuntamientos que no cumplan las tres grandes condiciones o límites de estabilidad presupuestaria, referidos al ahorro neto sobre la amortización de la deuda, al saldo vivo de la deuda en relación con los ingresos y cuentas municipales próximas al equilibrio. Pero es el caso que muchos Ayuntamientos en situación de equilibrio se endeudan por su cuenta sin que tengan que pasar por el control de Economía. Para ellos, el coste de la financiación se encarece, pero se mantiene el sobrentendido de que la garantía del Estado salvaguardará cualquier impago; en la práctica, el Estado resulta responsable de la deuda visada por Economía y de la que no lo está.

Ahora bien, el Gobierno ha explicado de forma insuficiente las razones de una disposición tan drástica; y ha empeorado la irrupción de la norma con una justificación estrambótica. No hay erratas que valgan, sino premeditación: el Gobierno silenció la disposición en la relación de medidas de ajuste aprobadas por el Consejo de Ministros, y el presidente Rodríguez Zapatero también la hurtó del conocimiento público el domingo en la reunión pública con alcaldes socialistas. Los ayuntamientos necesitan dinero para invertir y prestar servicios; y, de una forma u otra, el Gobierno tendrá que articular fórmulas para subvenir esas necesidades financieras.

La prohibición indiscriminada y sin matices es difícil de defender. Gracias a la torpeza del Real Decreto Ley 8/2010, el Gobierno se ha situado en posición de inferioridad táctica respecto a las corporaciones (a pesar de la desunión entre ellas que quedó ayer clara en la comisión ejecutiva de la FEMP) y tendrá que negociar bajo presión un sistema que permita elevar o no los niveles de deuda en función de los proyectos que se quieren financiar.

El País - Editorial

ZP no acierta ni cuando rectifica

Hay algo peor al hecho de que el Gobierno no haya implicado hasta ahora a los ayuntamientos en la necesidad de que ellos también se ajusten a sus ingresos. Y es anunciar que se pone a ello para, acto seguido, posponerlo para dentro de siete meses.

Decía Manuel Fraga de Felipe González que "sólo acierta cuando rectifica". A la vista del improvisado e insuficiente tijeretazo del gasto público anunciado por el actual Gobierno socialista, bien podríamos decir que Zapatero no acierta ni cuando rectifica. La última prueba de ello ha sido el descoordinado y frustrado intento del Gobierno de poner coto al endeudamiento de los ayuntamientos: Hace dos días se publicaba en el BOE un real decreto que, desde ese lunes y hasta el 31 de diciembre de 2011, prohibía a los ayuntamientos y a sus entidades dependientes acudir al crédito público o privado a largo plazo. Bastó, sin embargo, que ese mismo día los alcaldes pusieran el grito en el cielo para que la ministra Salgado se viera obligada ayer a faltar a la verdad diciendo que todo se debía a un "error" de impresión y que, en realidad, esa norma no entraría en vigor hasta 1 de enero 2011.

Hay algo peor al hecho de que el Gobierno no haya implicado hasta ahora a los ayuntamientos en la necesidad que deberían asumir todas las administraciones públicas de ajustarse a sus ingresos. Y es anunciar que se pone a ello para, acto seguido, posponerlo para dentro de siete meses. Con esta rectificación, que trata de disimularse además con una mentira, el Gobierno no sólo va a retrasar aun más un ajuste imprescindible, sino que va a incentivar que los consistorios se lancen a la carrera de endeudarse todavía aun más, sabiendo que dentro de siete meses ya no podrán hacerlo.

Otro tanto se podría decir de la anunciada y luego pospuesta decisión de Zapatero de crear un nuevo impuesto "a los más ricos". Al margen del objetivo encubridor del hecho de que vamos a vivir el mayor recorte de nuestra democracia de lo que el propio PSOE llama "gasto social", y al margen, también, del nulo efecto recaudatorio que tendría esta medida demagógica, el hecho es que este anuncio ha hecho que los inversores tengan la mosca detrás de la oreja, haciéndoles perder aun más confianza en nuestro país.

Sin embargo, como ya señalamos al principio, donde más queda en evidencia el hecho de que Zapatero no acierta ni cuando rectifica es en el propio plan de recorte del gasto público: a un Gobierno que viene de dilapidar 16.000 millones de euros en el Plan E, y que un día antes de anunciarnos su propósito de enmienda reiteraba su apuesta por que el gasto público fuera el motor de la recuperación, se le impone desde Bruselas y Washington una drástica reducción en el déficit público. La forma de llevarlo a cabo, sin embargo, es responsabilidad exclusiva de Zapatero, y a este no se le ha ocurrido otra cosa que hacerlo básicamente mediante una reducción del salario de los funcionarios y una congelación de las pensiones, sin que al mismo tiempo se reduzcan, todo lo contrario, las subvenciones a los sindicatos, las costosísimas duplicidades entre administraciones públicas, los absurdos ministerios y los cientos de asesores prescindibles.

El resultado de todo ello es que tenemos un presidente del Gobierno que, como bien ha descrito Llamazares, parece "un pato mareado que se corrige continuamente a sí mismo". También es acertada la expresión de García Escudero que describe al presidente como un "tragasables desbordado por la situación, obligado a adoptar deprisa y corriendo las imposiciones europeas y de Obama, por un lado, y las de su partido y los sindicatos por otro".

La razón de fondo es que las reformas que se requieren para hacer frente a la crisis contravienen los esquemas ideológicos en los que sigue instalado Zapatero. Estamos pidiendo peras al olmo o un guiso vegetariano al rey del bistec. De Zapatero ya no cabe esperar ninguna solución pues cada vez que ofrece una sólo deja en evidencia de que él forma parte esencial del problema.

Con todo, ni la previsible soledad en la que va a quedar el jueves el PSOE a la hora de votar el "zapatazo", ni las elecciones anticipadas que ya abiertamente, incluso a gritos, reclama el PP, nos debería llevar a albergar muchas esperanzas. Zapatero cree que va a poder ganar las elecciones dentro de dos años y desde las filas del PSOE no hacen otra cosa más que ovacionarlo.

Libertad Digital - Opinión

Elecciones, la solución democrática. Por Benigno Pendás)

En una democracia constitucional, las reglas del juego son muy claras: el único gobierno legítimo es aquel que goza de la confianza de los ciudadanos.

La palabra clave es Trust, como bien dijo John Locke en el contexto de la «revolución gloriosa». Al margen de la letra de la ley, Rodríguez Zapatero ha perdido la confianza de casi todos: parados, pensionistas y funcionarios, por razones evidentes; empresarios y sindicatos; «ricos» (todavía por definir) y «pobres» (más fáciles de intuir que de cuantificar); la oposición, por supuesto; los suyos, en buena medida, excepto la guardia pretoriana y unos cuantos inmovilistas; los medios de comunicación, ya sean hostiles, neutrales o incluso afines; los socios europeos, entre irritados y escépticos; los «amigos» imaginarios en el ámbito realista de las relaciones internacionales; los jóvenes, en pleno desencanto; los mayores, privados del sosiego bien ganado...Horizonte sombrío para un Ejecutivo sin rumbo: proyecto agotado a mitad de legislatura, ministros sin pulso político y muchos altos cargos contando los días que faltan para salir del agujero. La «rebelión de las circunstancias», rumiaba el personaje de Balzac. Aquí y ahora, el discurso posmoderno amenaza con llevar a la quiebra del Estado de bienestar, última esperanza de la era moderna para encauzar a medias la deriva inevitable de la sociedad de masas.

Lo peor ha sido y sigue siendo la inconsciencia. Juegos malabares, planes sin contenido, dádivas para ganar adeptos, trampas dialécticas para engañar a los ingenuos. Oportunismo, siempre: ahora también para la renovación interminable del Tribunal Constitucional. Deslealtad hacia las instituciones, algunas ya fallidas sin remedio. Arbitrismo, a veces absurdo, y arbitrariedad permanente. Trucos de magia barata y excusas de mal pagador... Dejamos los reproches y vamos a los principios. El presidente del Gobierno obtuvo hace dos años la investidura con un programa político cuyas señas de identidad -más bien difusas- han sido objeto de alteración sustancial a la vista del decreto-ley que mañana debería convalidar el Congreso. Se produce por tanto la ruptura en sentido material del vínculo que une al Gobierno con la Cámara que hace presente y operante la voluntad del pueblo español, única fuente legítima del poder. Incapaz de plantear una cuestión de confianza, Zapatero pretende inducir al PP a suscribir su fracaso o a gastar la pólvora en salvas con una moción de censura. Pero ya pasó el momento del maquiavelismo de bolsillo, los juegos parlamentarios de salón y los enredos mediáticos para quemar a los rivales, externos o internos. Hablemos de la gente real. Lean ustedes las páginas inmortales de Tucídides (Historia ,II, 53) sobre el derrumbe moral de Atenas en tiempos de aquella peste que acabó -entre varios miles- con la vida del gran Pericles. Mutatis mutandis, las coincidencias son asombrosas.

En situación de emergencia económica y desbarajuste institucional, el régimen parlamentario cuenta con un mecanismo impecable para salvar la estabilidad política. Se llama elecciones anticipadas, previa disolución de las Cámaras por parte de Su Majestad el Rey, a propuesta exclusiva del presidente del Gobierno. Conviene no magnificar las cosas, porque se trata de un cauce natural en democracia y no del apocalipsis político. Exige, por supuesto, máximo sentido de la responsabilidad: a ciertas personas les llega el día en que deben decir el «Gran Sí» o el «Gran No», escribe Kafavis, su poeta favorito. Zapatero todavía puede elegir. La opción más fácil, seguir a toda costa, conduce a un año y medio de crisis nacional que España no se puede permitir sin grave riesgo de dilapidar el legado de al menos dos generaciones. Acaso ni siquiera pueda aprobar los presupuestos, porque las urnas catalanas apuntan hacia fórmulas imposibles en el Congreso. Por el contrario, la opción electoral es la única solución viable desde la perspectiva del Estado y de la nación. La previsible huelga general (o incluso algún sucedáneo sectorial) enviará a los mercados un mensaje demoledor. La fractura derivada del Estatuto catalán hace saltar las alarmas sobre el modelo territorial. Por el bien de todos, ojalá sean falsas las sospechas sobre la tentación de diálogo con ETA: el pacto constitucional en el País Vasco es lo único que todavía funciona. Si el Estatuto acaba con el Constitucional y los amigos de Garzón con el Supremo... Vamos a dejarlo así: los precedentes invitan al pesimismo, mal que nos pese a los moderados impenitentes.

Solución democrática, insisto: elecciones generales cuanto antes. Nadie cree a Zapatero cuando proclama la prioridad del futuro de España sobre el interés partidista. Ahora tiene la oportunidad de impartir una lección genuina de patriotismo y dejar en mal lugar a sus críticos. Si se presenta o no como candidato socialista, es cosa suya y de su partido. La alternativa está ahí. Todo el mundo sabe que se llama Mariano Rajoy, incluso los que procuran día tras día marcar algún gol en propia puerta. Tiempo habrá para discutir sobre personas y programas; sobre quién sobra y quién falta; sobre pactos, cláusulas y condiciones...Lo esencial es que existe una política del sentido común, al margen de insensateces y ocurrencias. Pero no es ésta la ocasión para abrir un debate sobre candidatos y liderazgos, sino de hacer frente a una situación que no admite demoras inútiles. Por formación y por vocación, Zapatero es un hombre de partido. Tal vez le convenzan de que el adelanto trae algunos réditos. Puede pedir opinión al PSC sobre la coincidencia con las catalanas... Sea como fuere, los españoles no podemos continuar así. Nadie en sus cabales confía en un Ejecutivo desbordado por las circunstancias. Hemos aprendido una lección dolorosa sobre las consecuencias de la apoteosis de los mediocres, la mentalidad de nuevos ricos y el relativismo seudocultural. Pero no hay que confundir planos diferentes: España es una gran nación con un mal Gobierno. Es la hora de los ciudadanos, a través del ejercicio -irresistible en democracia- de su derecho a decidir sin apelación posible. Incluso, si llega el caso, a recaer en los mismos errores. Buscando la fecha oportuna, el presidente del Gobierno tiene el derecho y el deber de aprovechar la última oportunidad: aprobado el decreto-ley, debería asumir su responsabilidad ante los ciudadanos.

Cerca ya del final, me inquieta la reflexión de William Faulkner: «¿por qué me despierto, si al hacerlo nunca me dormiré de nuevo?» Ustedes y yo pensamos que no habrá elecciones anticipadas, gestos de grandeza personal, ni siquiera estrategias a medio plazo. Tendremos dosis crecientes de oportunismo revestidas de falacias recurrentes, aunque ya no engañan a casi nadie. Ahora tocan guiños adicionales al radicalismo y unas cuantas piruetas sobre el alambre. Sin embargo, confiamos en el clamor social a favor de la convocatoria inminente. También está el sabio consejo de Marco Aurelio, filósofo y emperador, aplicable ahora en buen sentido político: «...márchate, pues, reconciliado».

ABC - Opinión

El despertador. Por Ignacio Camacho

LAS virtudes que no se practican con convicción acaban dejando al descubierto el cartón de la impostura.

Así, cuando la austeridad no es una costumbre política sino una imposición sobrevenida por las circunstancias acaba por mostrar la paradoja de una sociedad opulenta que, como decía Galbraith, tiende a confundir el lujo con las necesidades. Si una Administración pública puede apretarse el cinturón del gasto ante una emergencia, cabe preguntarse las razones por las que lo llevaba tan holgadamente desabrochado. La única respuesta posible no deja en buen lugar a una clase dirigente acostumbrada al despilfarro como método natural de gobernanza, y que sólo ha sentido la necesidad de ahorrar cuando ha sonado el fastidioso despertador de la amenaza de quiebra.

Sobresaltado por la alarma de su propio exceso, Zapatero parece haber descubierto de repente que el Estado tenía un agujero sin fondo por donde se escapaba el déficit que su Gobierno propiciaba. Para taparlo está echando mano de ocurrencias casi desesperadas, fórmulas extremas que, como la de congelar el crédito a los ayuntamientos, pueden ocasionar consecuencias imprevisibles y dar la razón a Milton Friedman, pope del neoliberalismo, cuando proclamaba que las soluciones de los gobiernos suelen ser tan malas como los problemas que tratan de resolver. Las instituciones españolas han derrochado tanto y con tan desahogada opulencia que ahora no saben frenar su tren de gasto sin recurrir a medidas radicales que ponen en solfa su anterior desmesura. Cuando una autonomía como Castilla-La Mancha aplica un recorte drástico de su organigrama y pasa de 93 empresas públicas a 40 merece sin duda una felicitación, pero acto seguido hay que preguntar a sus responsables para qué servía el medio centenar de organismos suprimidos, aparte de para colocar redes clientelares de empleos de confianza.

El Gobierno, que según su presidente no da bandazos, acaba de darse cuenta -a la fuerza ahorcan- de que su propia economía era insostenible, aunque le cuesta asimilar la necesidad imperativa de adelgazar porque ello implica admitir un fracaso. El modo en que reparte tijeretazos a ciegas revela un pavoroso descontrol de la estructura del gasto. No son bandazos sino auténticos tumbos pendulares los que está dando en esta abrupta enmienda a la totalidad contra sí mismo, recién aterrizado en la dolorosa realidad que negaban sus fantasías proteccionistas. Al asomarse al abismo de la insolvencia financiera le ha entrado un vértigo de balances sin cuadrar que los ciudadanos ya conocían en sus cuentas empresariales y familiares. Cuando despidió a Solbes le reprochó que le dijese que no había dinero para hacer política. Ha sido el último en enterarse de que, en efecto, no lo había; al menos para esa política. Aquí nunca parece haberse planteado nadie que, con crisis o sin ella, gobernar bien es sobre todo gobernar barato.

ABC - Opinión

Cajas. Los políticos tratan de conservar su cortijo. Por Juan Ramón Rallo

Es preferible que los españoles paguemos aún más impuestos a que en pública y libre subasta se liquiden estos cortijos de nuestros politicastros que son las cajas de ahorro. Quizá a usted no le parezca racional, pero desde luego a ellos sí.

Otra de tantas mentiras que nos contó Zapatero (y van...) fue que teníamos "el sistema financiero más sólido del mundo". No hacía falta ser un lince para saber que tal afirmación era una ridiculez: si nuestro país acababa de padecer la mayor burbuja inmobiliaria que el mundo haya conocido en la última década y más de dos tercios de todo el crédito de las cajas de ahorro se concentraba directamente en ese negocio que tenía que desinflarse en un 40%, a buen seguro íbamos a asistir a un reguero de quiebras, reestructuraciones y rescates públicos de nuestras entidades.

De momento han caído en desgracia Caja Castilla-La Mancha, Cajasur y la Caja de Ahorros del Mediterráneo. PSOE y PP ya pueden culparse mutuamente de ser unos corruptos y unos pésimos gestores, echando de refilón algo de basura sobre la Iglesia. Al fin y al cabo, todos tienen ya algún pufo en su haber cuyo coste, por supuesto, volverán a cargar sobre los hombros del conjunto de los ciudadanos a través de ese instrumento llamado FROB.

No entraré en el típico debate sobre si es preferible dejar quebrar a los bancos antes que rescatarlos con fondos públicos. Ya expuse mi opinión sobre las opciones que había teníamos para reestructurar el pasivo de estas entidades sin inyectar un solo euro del contribuyente. Pero sí quiero comentar que existe algo de antinatural en este proceso amañado y orquestado entre los jefes de los politiquillos que copaban las cajas para seguir copándolas una vez quebradas.

Si nuestros mercados financieros tuvieran algo de libres, cabría esperar que las fusiones o las adquisiciones se plantearan y se realizaran no sólo entre cajas, sino también entre cajas y bancos, nacionales y extranjeros, e incluso entre cajas y grandes inversores. Sólo hace falta observar el proceso de reestructuración estadounidense para darse cuenta de las enormes diferencias con respecto al que está teniendo lugar en nuestro país. Allí, pese al notable intervencionismo de la administración Bush, el banco comercial JP Morgan adquirió al banco de inversión Bear Stearns y a la caja de ahorros Washington Mutual; el banco comercial Bank of America compró al banco de inversión Merrill Lynch; y el banco comercial Wells Fargo se hizo con el también banco comercial Wachovia después de sobrepujar al banco comercial Citigroup. Y a su vez, el multimillonario inversor Warren Buffett acudió presto a adquirir acciones del banco de inversión Goldman Sachs y del banco comercial Wells Fargo cuando consideró que sus precios eran lo suficientemente atractivos.

Semejante dinamismo es inconcebible en nuestras cajas y lo es por una simple razón: los políticos nacionales, autonómicos y locales desean conservar su chiringuito. ¿Qué sería de ellos y de sus lacayos si estas entidades se privatizaran y se vendieran al mejor postor a cambio de asumir todos o una gran parte de sus pasivos? Pues que con toda seguridad saldrían de sus consejos de administración. Así, es preferible que los españoles paguemos un sobrecoste en impuestos a que en pública y libre subasta se liquiden estos cortijos de nuestros politicastros. Quizá a usted no le parezca racional, pero desde luego tiene toda la lógica del mundo desde su perspectiva.

Y, por cierto, vuelvo a insistir con mi tema: si esta crisis es culpa de la desregulación financiera estadounidense y de la avaricia típica del capitalismo, ¿por qué estas entidades controladas por políticos y que no habían invertido en productos financieros complejos de ningún tipo sino en el muy tradicional negocio del ladrillo son las primeras que quiebran en España? Si los sabios políticos son quienes han de redactar las normas que de una vez por todas terminen con los ciclos económicos, ¿cómo es posible que ellos sean los primeros en quebrar los bancos que quieren regular? Pues porque no se trata ni de la desregulación ni de la avaricia, sino de este perverso sistema donde unos bancos ilíquidos gozan del privilegio de refinanciarse permanentemente en ese monopolio de la emisión del dinero fiduciario que es el banco central. Eso es lo que deberían regular –o desregular, como pedía Hayek cuando hablaba de desnacionalizar el dinero– y lo que por supuesto nunca liberarán. Si ya les cuesta con las cajas, no hablemos ya del dinero.

Libertad Digtal - Opinión

De viejos y esperpentos. Por Hermann Tertsch

ESPECIALISTAS aseguran que el presidente del Gobierno ha envejecido mucho.

Lamento decir que me hubiera gustado que ese proceso hubiera sido más precipitado. Porque el daño que inflige a este país ha adquirido una velocidad que ni su encanecimiento ni el deterioro general físico que pueda sufrir nuestro Gran Timonel pueden aguantar. Hay sin duda formas rápidas de llegar a la decrepitud. Pero me temo que la ahora descubierta no nos salve ya de la decrepitud general. Para evitar hundir a este país en la crisis más grave desde la guerra civil se le tendría que haber caído el pelo a Rodríguez Zapatero el 15 de marzo del 2004. Antes del entierro de 192 compatriotas e inmigrantes. Hoy es demasiado tarde. En todo caso le deseo buena salud y una vejez tranquila, aunque sus responsabilidades en las tragedias diarias de tantos millones de españoles estén claras. Aunque el daño generado a un país como el nuestro que llevaba treinta años resurgiendo en libertad y prosperidad es inenarrable. Que tenga una buena vejez, nadie le persiga ni ejercite venganza por sus actos, ofensas y daños a tantos españoles y pueda plácidamente concluir su vida con su Sonsoles y sus hijas góticas. Estoy seguro de que los españoles con la conciencia tranquila porque jamás le votaron controlan sus instintos básicos. Y no recurrirán a recursos de la chusma tan bien utilizada por esta maldición de presidente en estos años de su campaña de odio. Le deseo por tanto buena salud y una seguridad que probablemente les falte a muchísimos españoles durante muchos años por su culpa. Porque pintan bastos.

Dice el Fondo Monetario Internacional, después de habernos hecho una visita, que lo llevamos crudo. Cuando crezcamos algo -ya veremos cuándo lo haremos realmente-, no creceremos para crear empleo. Durante mucho tiempo. Cuando probablemente con cinco millones y medio de parados nos instalemos en ese limbo que es el crecimiento entre el cero y el dos -que no vale para nadie y para nada porque no se creará empleo y los espantados inversores tendrán el dinero muy lejos de este país-, veremos cómo se ponen las calles. Porque aquí todo el mundo habla de economía, los más ingenuos se creen que la cosa cambiará pronto, pero pocos hablan del problema de la seguridad que se nos echa encima.

Porque la economía sana -destrozada hoy aquí en España- es premisa para la seguridad. Como la seguridad -también la seguridad jurídica que este Gobierno ha hundido- es premisa para que funcione la economía. Y como aquí no funciona ni una ni otra, el dinero decide tomar las de Villadiego. Y si no se genera riqueza se produce miseria. No pidan patriotismo al dinero porque es infantil hacerlo. El dinero hoy hace lo que le da la gana hasta en China. Y nos hemos convertido en un país inhóspito para quienes no quieren problemas. No le pidan patriotismo ni siquiera al dinero del presidente del Congreso. Capaz es de llevarse la hípica de Toledo a Wiesbaden. Hay que imaginarse a José Bono y al Pocero, señor de Seseña, en aquella ciudad alemana con tanta tradición hípica. Con sus señoras con sombreros propios de Ascot. Equivocándose de cubiertos, supongo.

Mientras el FMI publicaba su demoledor informe sobre el estado de nuestras cosas, aquí, ayer, el señor de Iznajar, presidente de la Generalidad de Cataluña, otro que dudará con los cubiertos, se gastaba el dinero de los españoles en ese hazmerreír de amenazarnos en cinco idiomas en el Senado en Madrid. Dice Montilla que si no obedece el Tribunal Constitucional a sus deseos nacionalistas y socialistas o viceversa, puede haber conflicto entre España y Cataluña. ¿Cómo que entre España y Cataluña? ¿Como entre Córdoba e Iznajar? ¿Como entre Tordesillas y Valladolid? Ya está bien de bromas. El FMI nos está diciendo que este país puede ser pronto un país fracasado. Un país fuera del entorno del bienestar. Y los analfabetos en cinco idiomas nos amenazan con cargo a nuestro dinero. Ustedes sabrán hasta cuándo seguimos con esta broma de mal gusto. Con este esperpento del viejo prematuro.

ABC - Opinión

Decreto de Feijóo. Promesas rotas. Por Cristina Losada

En España, la derecha más tradicional ha sido, casi siempre, regionalista. O sea, gran partidaria de lo plural y diverso, y posmoderna antes de la Modernidad. Feijóo continúa avanzando hacia atrás.

Núñez Feijóo ha presentado, al fin, la criaturita. Es una criatura mutilada, que lleva por nombre decreto de plurilingüismo. Con ella en brazos, el presidente de la Xunta puede presumir de no haber dejado con cabeza a ninguno de los títeres que salieron en el guiñol de la promesa electoral. Si se había propuesto desmentirse a sí mismo, lo ha logrado con creces. Sólo los caballeros de antaño y los feroces radicales se aferran a la palabra dada. Y Feijóo, que no es nada de eso, ha querido demostrarlo llevándose la contraria. ¿Dijo consultas a los padres para elegir el idioma de las asignaturas? Pues ahora queda una y de milagro.

Al igual que Zapatero en lo suyo, el sucesor de Manuel Fraga pide amparo en las circunstancias. Un informe del Consello Consultivo de Galicia sostiene que preguntar a los padres por la opción lingüística que prefieren para sus hijos es una ilegalidad de tomo y lomo. La tal ilegalidad se viene perpetrando en varios países, pero el organismo que preside la hermana de Cándido Conde-Pumpido tiene una idea de la ley diferente a la que rige en esas democracias asentadas. Es más, su idea diverge incluso de la doctrina del Constitucional. Pero Feijóo se ha agarrado al pasmoso dictamen para su "donde dije digo, digo diego". Y una de dos, o su gobierno, por pura ineptitud, ha sido incapaz de preparar un decreto viable a lo largo de un año, o pretende posponer sine die el cumplimiento de sus compromisos.

El escaqueo de Feijóo no es novedad, pues ya durante la larga gestación de ese decreto, fue retrocediendo. No se ha ahorrado con ello ni protestas callejeras ni airados manifiestos acusándole de exterminar la lengua gallega. Pero había que ajustar lo prometido al lecho de Procusto identitario, que es donde descansa el poder en las autonomías. No en vano el PP de Galicia, como dijo una vez el mentado, lleva la identidad galleguista en los genes. Y es que, en España, la derecha más tradicional ha sido, casi siempre, regionalista. O sea, gran partidaria de lo plural y diverso, y posmoderna antes de la Modernidad. Feijóo continúa avanzando hacia atrás.

Libertad Digital - Opinión

El farfollo y la nación india. Por Tomás Cuesta

SI quedaban dudas sobre la verdadera utilidad del Senado, el esperpento de ayer confirma que la Cámara Alta se ha convertido en un pesebre con piscina y solarium, el club social donde deponen los múltiples virreyes, chulos de taifa y agregados que disponen de asiento, derecho o turno de réplica en la institución, tan remozada como obsoleta, inútil y prescindible en sus funciones.

Pretendido parlamento de representación territorial adaptado a la España artificial, se abrió al presidente de la Generalitat catalana, quien se erigió en el «Sitting Bull» de la Nación India, el jefe nativo de una piel de toro a subasta entre navajos, pies negros, arapahoes y los últimos mohicanos. A todos ellos se dirigió Montilla y a cada uno en su lengua. Sólo le faltó tocarse con las plumas típicas de cada tribu: chapela, boina, barretina y el paraguas gallego. Cuando lo único que se pretende es no hacer el ridículo puede llegar a hacerse historia, pero cuando lo que se quiere es hacer historia, se acaba siempre por hacer el ridículo, que es lo que le pasó a Montilla, chapoteando en lenguas ininteligibles hasta para los traductores formados en las ikastolas, escolas y colegios de tres décadas de desastre educativo nacional. Lo de menos era el guión, una turbia y torpe maniobra para derribar el Tribunal Constitucional y aposentar el absurdo jurídico de que la soberanía nacional es divisible, que una parte puede decidir por el todo y que la nación es un conjunto de naciones cuyo pasado es una entelequia y cuyo futuro depende de los caudillos forales.

Más que por el gasto, que también, el entremés senatorial resulta ofensivo para el común por la obscenidad plástica con la que muestra el absurdo desempeño de tan ilustres señorías. La visita de Montilla, sus reuniones, la comparecencia de Leire Pajín, la número tres del PSOE, ahí es nada, cual ariete de la lógica filosófica a favor de la remoción del TC, y todo el ceremonial que implica abrir y cerrar el Senado, airear pasillos, disponer comedores, habilitar reservados y recomponer despachos es el reflejo leve y decorativo de una mar gruesa, de fondo, agravada por la crisis. Al margen de la sentencia del Estatut, éste se aplica con toda su crudeza y en toda su extensión, sin prevenciones que valgan, entre la anuencia de CiU y la pasividad del PP, con lo que los lamentos de Montilla deberían tener menos crédito que el propietario de un puesto de trile en las Ramblas. Es el victimismo de siempre, aunque el presidente de la Generalitat ni sepa a qué está jugando ni a quién beneficia, lo mismo que Pajín, cuyas extensiones, dicho sea de paso, llegan ya hasta la plaza de Sant Jaume.

Al ciudadano medio, al hombre atribulado, al tipo perplejo se le deben agitar las entrañas ante la contemplación de un sarao tan poco consistente a los efectos de capear el temporal. En medio de la tormenta, las disquisiciones sobre el encaje de Cataluña en España suenan a reflujo del esófago y no acrecientan la confianza ni del electorado, ni de los contribuyentes, ni de los mercados en la economía española. Todo lo contrario, el temor al colapso se torna certeza si quienes deberían empuñar las tijeras tocan el violín y se mantienen fieles a sus gustos de estadistas multilingües de amplio despliegue diplomático. Son las Autonosuyas. Don Antonio Ozores, que nos dejó hace unos pocos días, hizo del farfollo una lengua universal, un recurso humorístico que era una herramienta tan sutil como demoledora para la crítica política, una jerga surrealista incomprensible que remataba con un «he dicho» en medio de un rostro de solemnidad que le hizo inmortal. Antonio Ozores era un pedazo de actor y el humor es una cosa muy seria como para que la memez de ayer en el Senado merezca llamarse el día del farfollo, aunque eso pareciera, siendo benévolos, lo que hablaba Montilla en su alocución a las tribus. Más bien le cuadra lo de las flechas y las plumas. Jau, Montilla.

ABC - Opinión

Senado. Ataúlfo, Montilla, Recaredo y Wamba. Por José García Domínguez

ZP y Montilla no padecieron la menor angustia por la renovación del TC mientras les asistió la certeza de que María Emilia aliñaría una sentencia a su gusto. Sin embargo, al trascender que el cambalache no estaba bien atado, se desató el pánico escénico.

Obrado el milagro de Pentecostés en el Senado, al punto de que José Montilla zahirió allí con idéntica saña a Pompeu Fabra y a Nebrija, sólo nos restaba asistir a otro prodigio no menos portentoso, el de la conversión de ese rudo políglota a los principios del parlamentarismo constitucional. Pero, como dicen los periodistas deportivos cuando pierde el equipo de casa, no pudo ser. Y es que el president, al modo del vulgo, tiene interiorizado en el cerebelo que la democracia no es nada más que la dictadura de la mayoría; algo así como un sucedáneo de la monarquía electiva visigoda de Ataúlfo, Recaredo y Wamba, apenas con la única peculiaridad de que la espada del déspota se subasta en pública almoneda cada cuatro años.

De ahí que a don José no le quepa en la cabeza –ya de por sí angosta– el extravagante principio ilustrado de la independencia judicial. Una tara ideológica, ésa del Muy Honorable, que no acarrearía trascendencia mayor si no la compartiese con su igual, Zapatero. Consecuentes, uno y otro no padecieron la menor angustia por la renovación del Constitucional mientras les asistió la certeza de que María Emilia & Cía. aliñarían una sentencia a su gusto. Sin embargo, al trascender que el cambalache no estaba atado y bien atado, se desató el pánico escénico entre su grey, la catalanista. Procedía, entonces, cambiar ipso facto, sin mayor demora, ya mismo, al árbitro, a los linieres, a los recogepelotas y hasta al utillero de las almohadillas; en medio del partido, naturalmente.

Y en tal empeño anda ahora mismo ese par de dos; prestos ambos a educar a los supremos magistrados de la nación en el mismo principio de obediencia que rige para ujieres, mayordomos, marmotas y propios en general. Por lo demás, es ése, el de la renovación súbita, asunto que igual interesa a Montilla con tal de dilatar por todos los medios el veredicto final del Tribunal; al menos, hasta que hayan pasado las elecciones domésticas en Cataluña. Ya se ha dicho aquí más de una vez: a estas alturas del fiasco estatutario, la única sentencia que le sirve al PSC es la no sentencia, cualquier otro pronunciamiento devendría fatal para ellos. Ansían, pues, ganar tiempo. Para seguir perdiéndolo.

Libertad Digital - Opinión

El PSOE, al compás de Montilla

TRAS la intervención del presidente de la Generalidad de Cataluña, José Montilla, ante el Senado, en la que renovó la tradicional amenaza que se cierne sobre las relaciones entre Cataluña y España, el PSOE ha anunciado que apoya la renovación del Tribunal Constitucional y acepta los dos candidatos que habían propuesto las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular hace más de un año.

Al final se demuestra que el veto socialista a Francisco Hernando, ex presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y a Enrique López, ex vocal y portavoz de este órgano de gobierno de los jueces, era la causa del bloqueo a la renovación del TC. Donde los socialistas veían obstáculos insalvables para aceptar a Hernando y a López, ahora sólo hay prisas para alcanzar un acuerdo. Entre ambos extremos no ha habido más novedad que la presión del tripartito catalán en su estrategia de deslegitimación del TC, cuyo objetivo es impedir la revisión constitucional del nuevo Estatuto de Cataluña. Como este resultado es imposible, porque la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, la pretensión del tripartito es forzar un cambio de reglas en el funcionamiento del TC y, además, una renovación que cambie la actual correlación de fuerzas en el seno de esta institución.

Es evidente que el TC ha contribuido decisivamente a esta polémica sobre su funcionamiento en relación con el Estatuto catalán, pero para el tripartito presidido por Montilla, el problema no es el mal estado de este tribunal, sino la certeza de que la mayoría de sus magistrados están de acuerdo en que, con mayor o menor amplitud, el Estatuto tiene preceptos inconstitucionales. El debate interno se centra en cuánta inconstitucionalidad debe declararse. Por tanto, una primera conclusión permite afirmar que el Partido Popular acertó plenamente al interponer el recurso de inconstitucionalidad que tanto está costando al TC resolver. Y la segunda conclusión es que el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero ha introducido el Estado de las Autonomías en una discordia irresponsable, con un cambio del modelo constitucional que no ha pasado por los trámites que prevé la Constitución para su reforma.

El PSOE ha acreditado carecer de criterio propio ante la grave situación que atraviesa el TC. Su actitud oscila entre la tradicional trasferencia de culpas al PP y el seguidismo al tripartito catalán -sintomático de su debilidad política-, eludiendo comportarse como corresponde al partido gobernante, es decir, defendiendo las instituciones y actuando sin oportunismo. La súbita aceptación de la renovación del TC tiene toda la apariencia de una nueva trampa al PP.

ABC - Editorial

El Estatut, la otra gran chapuza de Zapatero. Por Antonio Casado

El apadrinamiento del Estatut, en el que no faltaron las gestiones por debajo de la mesa (recuérdese el clandestino viaje de Artur Mas a Moncloa en el verano de 2005), fue una de las dos obras predilectas de Zapatero. La otra fue el intento de acabar con ETA por la vía del diálogo. Pinchó en la segunda y va camino de pinchar en la primera.

Desde que Maragall alzó la bandera de la reforma estatutaria (2003) jaleado por Zapatero (en el Gobierno central a partir de abril de 2004), hasta que el presidente de la Generalitat, José Montilla, dijo ayer mismo en el Senado que “está en riesgo la relación de Cataluña con España”, los acontecimientos han ido conspirando para que el desenlace sea el segundo gran pinchazo del zapaterismo. Con sentencia del Tribunal Constitucional antes de las elecciones o sin ella, con Tribunal renovado o sin renovar, la chapuza está garantizada.

El último despropósito es la inesperada prisa del Gobierno por sustituir a los cuatro magistrados que agotaron su mandato en diciembre de 2007, con la descarada intención de desactivar la ofensiva de Montilla -en nombre del frente catalanista- contra el Tribunal Constitucional en su actual composición. De paso, que los trámites para renovarlo frenen el séptimo intento de conseguir un fallo que de todos modos sería parcialmente hostil. Última derivada: impedir, como sea, que haya sentencia antes de las elecciones catalanas del otoño.

El imperio de la ley

El PP no puede oponerse a la renovación pero pedirá que se amplíe a cinco magistrados. Es decir, los cuatro que debe nombrar el Senado más la plaza vacante por fallecimiento de Roberto García Calvo, que corresponde al Congreso. El detalle no es menor porque, según las cuotas de reparto entre PSOE y PP, la renovación de sólo los cuatro caducados generaría una mayoría progresista. Si se amplía a la sustitución por fallecimiento las cosas volverían a dejar las cosas como ahora, con ligera ventaja conservadora. Esa es la clave, habida cuenta de que el PP se malicia, con razón, que los socialistas tratan de forzar en favor de sus intereses una nueva relación de fuerzas.

Por eso los dirigentes del PP te cuentan que, naturalmente, no se oponen a la renovación propuesta ayer por el vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves, en el Senado, pero que no están dispuestos a consentir que el PSOE quiera fabricarse una mayoría a su medida para lograr una sentencia ad hoc. O sea, que no va a ser fácil conseguir un nuevo Tribunal Constitucional antes de las elecciones catalanas, pero el intento puede convertirse en una nueva excusa para seguir retrasando la sentencia sobre la encaje del Estatut en la Constitución.

Entretanto, sigue activada esa bomba de relojería que consiste en contraponer la voluntad popular al imperio de la ley que animó nuestro foro de ayer. Personalmente entiendo las razones políticas del catalanismo ofendido porque una ley aprobada por las Cortes Generales y ratificada en referéndum popular pueda ser parcialmente abolida por el Tribunal Constitucional. Pero creo por encima de todo en el imperio de la ley, que es el antídoto de la arbitrariedad. También entiendo que el Tribunal actúa en nombre de la ley de leyes como único órgano legitimado para ejercer el control de constitucionalidad. Asunto distinto es que los dos grandes partidos políticos hayan contribuido a su desprestigio con su irresponsable incapacidad para haber renovado el Tribunal cuando tocaba. Hace nada menos que dos años y cinco meses.

El Confidencial - Opinión

Ni podemos ni debemos permitírnoslo

El poder que se ha autoarrogado la clase política que dice representarnos es intolerable y constituye el primer causante de la ruina económica, moral e institucional de la España actual.

Emulando a los violinistas del Titanic que con el barco semihundido y la cubierta inclinada sobre el mar seguían tocando para transmitir en vano al pasaje que no había peligro, la casta política permanece ajena al drama económico que aflige a millones de familias españolas. Hace tiempo que su serenata del “aquí no pasa nada” dejó de surtir efecto. Hoy la primera y casi única preocupación de los ciudadanos es la crisis, que se traduce en un desempleo monstruoso y en una falta de expectativas entre los sectores mejor preparados y más productivos del país, los únicos que pueden liderar la salida de este agujero negro en el que nos ha sumido la intervención monetaria primero y el desbocado gasto público después.

Pero la política tiene sus propios tiempos y, especialmente, sus propios y sacrosantos intereses. Se empeñan en hacérnoslo saber a diario desde que se produjo el descalabro. Cuando la sociedad vio de lejos las negras nubes de la recesión empezó a ahorrar. Sus políticos hicieron exactamente lo contrario, se lanzaron sobre la caja y, cuando ya no quedaba nada en ella, pidieron prestadas ingentes cantidades de dinero fuera de España para atender sus cuantiosos gastos corrientes. Llegado el momento de la verdad, que es el que estamos viviendo en estas semanas de pasión, lejos de despertarse y mirar de frente a la realidad, perseveran en su actitud asocial e inmoral de gastar a manos llenas mientras el país se hunde literalmente delante de sus narices.

La indigna farsa que José Montilla ha protagonizado en el Senado es el enésimo ejemplo de una clase, la compuesta por el medio millón de políticos de todos los partidos, que ha perdido el norte, que ha colocado sus fines como únicos a cumplimentar enteramente, al tiempo que consumaba el divorcio definitivo con la sociedad civil que le permite vivir a cuerpo de rey. España no puede permitirse el lujo de tener tanto y tan bien remunerado político, no puede atender sus onerosos caprichos, que, cuando no van dirigidos al pastoreo de votos, van directos a autosatisfacer la demanda de la propia casta, o a azuzar las nocivas cuestiones identitarias que tanto daño y tan caras han salido al país durante los últimos 30 años.

Durante las vacas gordas ese mal pasaba desapercibido en medio de la fiesta de dinero barato y expansión sin límite. Hoy ya no es así y, como esos tiempos no pueden volver porque todo era mentira, seguirá siendo así por mucho tiempo. El poder que se ha autoarrogado la clase política que dice representarnos es intolerable y constituye el primer causante de la ruina económica, moral e institucional de la España actual. Ha llegado el momento de que dentro se haga un profundo examen de conciencia como el que el consejero madrileño Francisco Granados ha invitado a hacer a la Cámara Alta.

Con la que está cayendo no podemos permitirnos el despropósito de que el presidente de una comunidad autónoma monte un show políglota a mayor gloria de no se sabe bien qué pluralidad lingüística violentada por el inexistente centralismo. No podemos permitirnos el lujo de tener al ministro de Trabajo perdiendo el tiempo mientras hay casi cinco millones de personas en la cola del paro. No podemos, en definitiva, asistir impasibles a los desentonados acordes de una casta de ungidos mientras el barco se va a pique.

Libertad Digital - Opinión

Lo social, lo político y lo educativo. Por Xavier Pericay

Como sin duda recordarán, hubo una vez una propuesta de «Pacto social y político por la educación».

Una propuesta formal, escrita. O sea, un documento con ese título. Que el título fuera ese y no otro -que no fuera, por ejemplo, un escueto «Pacto por la educación», sin adjetivo alguno- permite suponer que el Ministerio del ramo, autor del texto, concedía al acuerdo una doble dimensión y se proponía realzarla desde el principio. Por lo demás, la lectura del preámbulo del documento no hacía sino insistir en el carácter complementario de esa dicotomía o, lo que es lo mismo, en la imperiosa necesidad de aunar lo social y lo político para que el pacto llegara a buen puerto. Y hasta aludía, preventivamente, a la «especial responsabilidad» de quienes conforman el segundo de los ámbitos, en la medida en que representan al conjunto de los ciudadanos. En fin, que, así las cosas, la partida parecía jugarse a todo o nada.

Pues no. Al final, ni fue todo, ni parece que vaya a ser nada. Cuando menos a juzgar por el rechazo que cosechó el documento entre gran parte de las fuerzas políticas no comprometidas con la acción de gobierno, y por la forma como el ministro Gabilondo ha ido administrando, desde aquel mismo momento, ese rechazo. En efecto, nada más confirmarse la negativa del Partido Popular a suscribir el pacto -lo que, en el fondo, e hicieran lo que hicieran el resto de los partidos, equivalía a dar por enterrada la iniciativa-, al titular del ramo le faltó tiempo para asegurar que los objetivos y las medidas previstos en el documento seguían siendo válidos. Y que él, por supuesto, se proponía cumplirlos y aplicarlas. Pero es que, a los pocos días, Gabilondo fue más allá. Tan allá, que no sólo se desplazó hasta Bruselas para presidir el Consejo de Ministros de Educación, sino que aprovechó el viaje para declarar que piensa hacer todo lo posible por lograr un «gran acuerdo social».

Por supuesto. De lo contrario, es decir, de haber renunciado a su objetivo, a estas alturas estaríamos hablando, en buena lógica, del ex ministro Ángel Gabilondo. Recuérdese que su llegada al Ministerio de Educación tenía una sola encomienda: la consecución del tan ansiado pacto educativo. Recuérdese también que esa encomienda aparecía siempre enaltecida por el convencimiento de que el pacto en cuestión era de los grandes, de los que hacen época, o sea, un pacto de Estado. Así lo manifestaba el propio interesado en sus intervenciones públicas, y así quedó reflejado, sin ir más lejos, en el documento ministerial ya citado («Para realizar este trabajo conjunto es imprescindible que se alcance un gran «Pacto Social y Político por la Educación»», podía leerse en el preámbulo). Pues bien, ante la evidencia del fracaso -y en este punto, y por más que en cualquier negociación intervengan muchas partes, el fracaso mayor corresponderá siempre a quien se propuso lograr lo que no ha logrado- y dado que la palabra dimisión no suele figurar casi nunca en el vademécum de los políticos, al ministro no le ha quedado más remedio que ejecutar una suerte de pirueta verbal consistente en sustituir el «gran pacto social y político» por un «gran acuerdo social» -pirueta que ya había ensayado, por cierto, en una entrevista publicada hace más de dos meses. En definitiva: todo indica que Gabilondo ha renunciado a la dimensión política de su proyecto para poder continuar flotando -¡oh, paradoja!- en las aguas de la política española.

Ahora bien, ¿tiene sentido un pacto educativo como el que sigue proponiendo el ministro? ¿O un gran acuerdo social, para ser fiel a sus palabras? Lo dudo. Ante todo, porque no creo que pueda separarse lo social de lo político. Cualquiera que conozca un poco el paño sabe que tanto los sindicatos de maestros y profesores como las asociaciones de padres de alumnos, es decir, dos de los sectores pertenecientes al ámbito social con mayor peso en el campo educativo, están, por lo general, politizados. Al menos en lo que respecta a sus cargos directivos o de representación. Las coincidencias ideológicas entre algunos de esos colectivos y determinados partidos políticos -especialmente los dos grandes- son más que evidentes. Y de esas coincidencias ideológicas se derivan, como es natural, comunidades de intereses, cuando no estrategias compartidas. Por otro lado, en la financiación de esas entidades sociales -o, como mínimo, de parte de las actividades que organizan- suelen intervenir esos mismos partidos a través de los presupuestos de las instituciones nacionales, autonómicas o locales en las que gobiernan. Así las cosas, pretender deslindar lo social y lo político como si se tratara de compartimentos estancos y no existiera una clara penetración del segundo en lo que debería ser, en rigor, el terreno del primero, resulta tan ilusorio como falaz.

Pero es que, además, una simple ojeada a los contenidos del «Pacto social y político por la educación», por una parte, y a los argumentos aducidos por el Partido Popular para no suscribirlo, por otra, sirve para confirmar hasta qué punto un acuerdo como el que se persigue -esto es, un gran pacto educativo, que comprometa en un solo proyecto al conjunto de la sociedad española o, al menos, a una inmensa mayoría de sus miembros- no puede ser sino político. Es cierto, y sería absurdo olvidarlo, que todo concierto entre las partes comporta necesariamente un grado más o menos elevado de renuncias. Y que esas renuncias deben asumirse, en lo posible, de forma equitativa. Así, cuando uno repasa las medidas contenidas en el documento ministerial, encuentra indicios inequívocos de ese esfuerzo. Por ejemplo, en la división del cuarto curso de Secundaria en dos opciones, una orientada al Bachillerato y otra a la Formación Profesional. O en la reforma en profundidad de la propia Formación Profesional, de modo que tanto el tránsito interno entre niveles formativos como el externo en relación con el Bachillerato sean factibles y eficaces. En uno y otro caso se trata de un cambio notorio con respecto al sistema vigente. Pero no de un cambio suficiente para que el Partido Popular y los sectores por él representados puedan sumarse al pacto.

Y es que la propuesta del Ministerio no incluye, aparte de otros aspectos educativos, casi ninguna de las medidas capaces de preservar la libertad y la igualdad de todos los españoles. No incluye, por ejemplo, la libertad de elección de centro. Ni la garantía de que el castellano vaya a ser impartido como asignatura y usado como lengua vehicular de la enseñanza en el conjunto del país. Ni el establecimiento de unas enseñanzas comunes en todo el territorio. Ni la puesta en marcha de unos sistemas de evaluación al final de cada ciclo educativo que permitan saber, a ciencia cierta, el nivel del alumnado Comunidad por Comunidad y centro por centro. En realidad, no incluye nada que pueda agrupar a los españoles en torno a un proyecto compartido. O, si lo prefieren, nada que pueda contrariar de algún modo a los nacionalismos periféricos.

Dicho lo cual, el ministro tiene todo el derecho a seguir soñando despierto, faltaría más. Aunque, eso sí, no estaría de más que se dejara de grandezas y subterfugios verbales. El sucedáneo de pacto al que aspira es tan político como el que no ha llegado a cuajar. Y, sobra añadirlo, mucho menos representativo.

ABC - Opinión