Escuela de blanditos. Por Emilio Campmany

Rajoy parece participar de las ideas y principios liberal-conservadores, pero cree que, ocultando que los tiene, le será más fácil vencer. Cameron, que cree lo mismo, está demostrando que los dos se equivocan.

En Gran Bretaña llevan ya dos debates entre los líderes de sus partidos. La tele ha lanzado al estrellato a un outsider, Nick Clegg. Según las encuestas, gracias a él, los liberales tienen en esta ocasión la oportunidad de ser necesarios para gobernar tras las elecciones del 6 de mayo. Esto, y el estar casado con una española, lo han convertido en personaje predilecto de la prensa española.

Pero esto no es, me parece mí, lo más interesante de la campaña británica. El dato más relevante es el batacazo que Cameron se está dando en las encuestas. Es verdad que sigue encabezándolas, pero lo hace por un puñado de puntos después de haber tenido veinte de ventaja sobre Gordon Brown. ¿Y qué tiene esto de interesante para los españoles? Pues muchas cosas.

Gran Bretaña padece una crisis económica similar a la nuestra. Sus ciudadanos pechan con un Gobierno de izquierdas que apenas tiene respuestas para la crisis. Y su candidato de la derecha, y esto es lo que me interesa destacar, ha basado toda su estrategia en lo que podríamos llamar "la táctica del blandiblup". Consiste ésta en eludir el compromiso todo lo que sea posible y esperar a que el rival, en el Gobierno, se cueza lentamente dentro del caldero de la debacle económica. Igualico, igualico que Rajoy, sólo que éste no tiene veinte puntos de ventaja, sino sólo seis.

Pues bien, con tanto melindre y tanto mírame y no me toques, a dos semanas de las elecciones, los laboristas casi alcanzan a los conservadores en intención de voto. Incluso parece que algunos electores de ideas conservadoras, antes que votar a Cameron, prefieren a Clegg, a pesar de ser éste esencialmente de izquierdas. Si el torpe Brown ha sido capaz de enjugar una ventaja de veinte puntos con Cameron, ¿se imaginan lo que puede hacer Zapatero con Rajoy?

Lo que está ocurriendo en Gran Bretaña debería enseñar al gallego que edulcorar el mensaje, aguar las ideas y envolver los principios no trae ni un sólo voto. A fuer de ser inútil, ni siquiera vale para apuntalar la abstención del adversario. Para lo único que sirve es para sofronizar a los propios electores.

Los políticos parecen convencidos de que en España, con principios, no se va a ningún lado. Quizá tengan razón. Pero a mí me da la impresión de que, en lo que se refiere al electorado de derechas, principios no faltan. Lo que falta es un partido y un líder que se presente como el sincero defensor de los mismos.

Puedo estar equivocado y resultar que presentarse como el defensor de ideas liberal-conservadoras aboca al fracaso. ¿Y qué? ¿De qué sirve ser presidente de Gobierno sin una idea que aplicar? A Rajoy le hace ilusión ser presidente. Pero, ¿por qué ha de hacérsela a sus potenciales votantes?

Y encima, la experiencia de Cameron demuestra que ser blandito ni siquiera sirve para ganar. Sólo hay oportunidad de hacerlo y sólo merece la pena intentarlo si es para desarrollar buenas ideas inspiradas en grandes principios. Rajoy parece participar de las ideas y principios liberal-conservadores, pero cree que, ocultando que los tiene, le será más fácil vencer. Cameron, que cree lo mismo, está demostrando que los dos se equivocan. Éste ya no tiene tiempo para cambiar. Rajoy, sí, pero no querrá.

Libertad Digital - Opinión

La fuga de Baltasar Garzón. Por Gabriel Albiac

SON tres los procedimientos en curso contra Baltasar Garzón:

a) Prevaricación por intento de apertura de instrucción penal contra crímenes amnistiados por la ley de 1977.

b) Prevaricación por solicitar y obtener ayuda económica a un banquero cuya causa él instruía.

c) Prevaricación por intercepción de comunicaciones entre abogados defensores y clientes.

b) y c) son acusaciones altamente deshonrosas. Moralmente obscena y jurídicamente difícil de llegar a puerto b): los hechos están constatados, la relación causal podrá siempre ser negada. c), letal de necesidad para cualquier juez: destruir el principio de confidencialidad en las comunicaciones entre abogado y cliente es reducir a nada la garantía judicial básica. No hay jurista español -incluido más de uno de los que han firmado estos días manifiestos de apoyo al Garzón «héroe antifranquista»- que tenga la menor duda acerca del desenlace: jurídicamente hablando, Garzón está muerto desde el día mismo en que dictó tales intervenciones.

Queda a), que es una prevaricación por causa de delirio; de ese delirio por el cual son poseídos los extremadamente ignorantes y, al mismo tiempo, extremadamente vanidosos. Tan evidente como c) en la calificación jurídica -no hay juez en sus cabales que pueda argumentar desconocimiento de la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977-, tiene una enorme ventaja para la agit-prop, que ha sido el único arte en el cual Garzón ha sobresalido: la prevaricación del juez puede ser fácilmente recubierta con el manto respetable de la lucha contra el dolor acumulado bajo la dictadura. Y hacer que la inhabilitación que c) -y, en su caso b)- acompañarían de la más alta ignominia que a un juez quepa, quede solapada por la -en el peor de los casos- comprensible locura de un hombre cegado por sus buenos sentimientos progresistas.

Si a Garzón le queda un mínimo instinto de superviviente -y eso siempre lo ha tenido- jugará exclusivamente sobre esta carta. Sabe que nadie de sus actuales amigos lo defenderá si se probara que se embolsó dinero de Botín. Sabe que ni un solo jurista respaldará su violación totalitaria del derecho a la confidencialidad de la defensa... Sabe que pocos, sin embargo, se atreverán a decir lo esencial en este primer caso: que un juez no legisla; que la Ley de Amnistía del 77 puede ser revocada; por el Parlamento; y que quienes por ella se sientan heridos no tienen más que exigir a sus diputados que así lo hagan, en una Cámara en donde el PSOE de Zapatero tiene mayoría holgada; que un juez que asume de facto funciones legislativas y se erige en justiciero por encima de la ley, es lo más parecido a un golpista. Garzón juega a que el ruido de a) borre la abyección de b) y de c). Y al envidar por actores interpuestos al Supremo, fuerza ser expulsado por lo que él juzga la puerta más rentable para su futuro. Profesional y político.

Todo lo dicho estos días por los escénicos farsantes que corean a Garzón es falso. Garzón no ha sido procesado por abrir fosas ni por recuperar memoria alguna. La apertura de fosas por los familiares que así lo soliciten está protegida por la ley, sea cual sea el origen y filiación política de los enterrados; en cuanto a la memoria, la memoria es un legado que cada uno de nosotros lleva en su carga afectiva y que nadie, ni juez ni ley, podrá modificar nunca. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha sido procesado por pretender abrir procedimiento penal acerca de hechos amnistiados. No es asunto moral. Es violación de ley. Deliberada. Lo peor en un juez.

a) es lo mismo que b) y que c): burlar la ley. Lo demás es retórica.

ABC - Opinión

"¡No pasarán!". Por José García Domínguez

Para el partido, aquél era un día normal, uno como otro cualquiera, quizá con la única salvedad de que un anarquista de veintisiete años iba a ser ejecutado, garrote vil mediante, en pleno centro de la capital de Cataluña.

Inconfundible, reconozco en las portadas la imagen de Salvador Puig Antich, también él estampa necrófila de esa tropa otoñal que, heroica, desfila por calles y plazas pugnando por labrarse un pasado antifranquista. Puig Antich. En Barcelona, su ciudad, hubo una manifestación, sólo una, cuando lo mataron. Transcurrió por la Diagonal, a la altura de zona universitaria. Eran los guerrilleros de Cristo Rey, festejando el "castigo ejemplar" dictado por el Régimen y, de paso, postulando el paredón para Tarancón y otros notorios rojos. Nadie más movió un dedo. La dirección del partido, ese mismo que acaba de apropiarse de su memoria, había transmitido órdenes muy precisas a todas las células: no hacer nada. Ni octavillas, ni saltos en la calle, ni huelgas, ni encierros en la Universidad, ni abajofirmantes. Nada de nada.

Para el partido, aquél era un día normal, uno como otro cualquiera, quizá con la única salvedad de que un anarquista de veintisiete años iba a ser ejecutado, garrote vil mediante, en pleno centro de la capital de Cataluña. Apenas eso. Una anécdota trivial que en modo alguno habría de impedir que Manolo Vázquez Montalbán y los alegres chicos del PSUC celebraran su gran fiesta en La Oca. Allí, en el restaurante de la aún Plaza de Calvo Sotelo, a un tiro de piedra de la cárcel Modelo, donde Puig Antich ya aguardaba al verdugo, la crema y nata de la progresía regaría en champán el nacimiento de Por Favor, una nueva revista política. Ferozmente antifascista, of course.

La velada fue deliciosa, a decir de los muchos invitados. Así, cuenta Joan de Segarra que a Antonio Fraguas ‘Forges’, venido desde Madrid para el sarao, le preguntó un plumilla local qué sensación le producía Barcelona. Fraguas, siempre tan chistoso, respondió: "¡Cinco a cero!" (la reciente victoria del Barça frente al Real Madrid). Concluye, en fin, el mentado Segarra: "Llamé a mi amigo Jaume Perich y le dije que había llegado el enterado, que Puig Antich estaba en capilla. Perich me dijo que lo sentía mucho, pero que no podía desconvocar la presentación de la revista y por consiguiente la cena. Le dije a Perich que me disculpase, que no me veía con ánimos de ir a esa cena". Sería el único. Ningún otro convidado falló.

Libertad Digital - Opinión

Letanía de los errores. Por Ignacio Camacho

ESTABAS equivocado. Cuando corrías delante de los grises y te forraban a palos por pedir la amnistía, estabas equivocado.

Cuando defendías en nombre del Partido la política de reconciliación que os predicaba Carrillo, estabas equivocado. Cuando te emocionabas ante aquel cuadro de los abrazos de Genovés te estabas traicionando a ti mismo por culpa de unos sentimientos ofuscados. Cuando participaste en aquel encierro por el que te quitaron la beca de estudios cometiste un lamentable error de enfoque. Cuando creíste que la libertad llegaría con el mutuo perdón estabas en la más profunda de las confusiones. Cuando te sentías orgulloso de aquella lucha de tus mejores años sólo engañabas a tu propia conciencia. Acéptalo: todo aquello por lo que entregaste la juventud no fue más que una bajada de pantalones.

Eso es lo que te dicen ahora ésos a los que nunca viste en las manifestaciones. Los que se quedaban en sus casas cuando volaban los botes de humo y las pelotas de goma. Los que cuando cargaban los caballos no sintieron jamás a sus espaldas el ruido siniestro de las herraduras en el asfalto. Los que no iban a ver en la cárcel a los compañeros presos para que no apuntaran sus nombres en el registro de visitas. Los que en los buenos colegios a los que tú no fuiste habían compartido pupitre y juegos con los vástagos de la dictadura. Los que acabaron sus carreras mientras muchos de los tuyos se dejaron las suyas por el camino. Ésos son los que ahora te llaman calzonazos, los que juzgan tu empeño de entonces como una medrosa claudicación, como un vergonzante sometimiento entreguista, como una concesión asustadiza y resignada.

Qué hermoso tiempo perdiste creyendo en una causa fallida. Podías haber escurrido el bulto, pasar inadvertido y haber llegado luego al poder como llegaron ellos, pisando con los zapatos limpios el sendero abierto por vuestras huellas. Podías haber disimulado tu militancia para fraguarte un porvenir confortable desde el que cuestionar todo aquel esfuerzo con la displicencia desenvuelta de un ideólogo de la posmodernidad. Pero te equivocaste y cargaste a tus espaldas con un compromiso irreparable. Y lo peor es que te sentiste bien, que incluso llegaste a creer que aquel sacrificio de generosidad y aquel acuerdo de esperanza habían valido la pena al fin y al cabo.

Ya lo ves, sin embargo: fue un fracaso, un triste autoengaño, una capitulación vergonzante que disteis por buena agarrotados de miedo. Lo que tomaste por un nuevo tiempo sin reproches no era más que una vulgar renuncia acongojada. Por suerte has vivido para ver este luminoso horizonte de rupturas que enmendará en tu nombre tus propios fallos. Cuánto te habría gustado, no obstante, ver a estos bizarros héroes retroactivos agitando sus banderas cuando las tuyas se quebraban sin que nadie llegase a echarte una mano.

ABC - Opinión

El silencio del presidente

Bastaría poner de relieve la estética frentepopulista y anticonstitucional, con profusión de banderas republicanas y eslóganes de la Guerra Civil como «No pasarán», para que la manifestación celebrada el sábado en Madrid en apoyo a Garzón se descalificara por sí misma y no mereciera mejor consideración que la convocada, unos metros más allá, por la Falange.

En ambos casos se trató de una mirada hacia atrás con ira, una apología del guerracivilismo y una reivindicación rabiosa del revanchismo. Sin embargo, no cabe ignorar que la movilización de la izquierda radical forma parte de una brutal campaña contra las instituciones judiciales, sobre todo el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, columna vertebral del Estado de Derecho puesto en pie hace treinta años en virtud de un pacto de reconciliación entre los españoles. Con el pretexto de sostener a un juez tres veces encausado por un delito de prevaricación, esa izquierda que va desde el PSOE hasta los antisistema, pasando por los independentistas y los nostálgicos comunistas, se ha arrogado la representación de todas las víctimas republicanas de la Guerra Civil, a las que utiliza para deslegitimar a los más altos tribunales y para presentar al PP como el heredero directo de los verdugos.

Para estos guerracivilistas, la Ley de Aministía no fue más que una claudicación ante la amenaza golpista, como si de ella no se hubieran beneficiado notorios criminales de la República y terroristas de ETA, alguno de los cuales no tuvo empacho en encabezar la manifestación del sábado. Asistimos, por tanto, a una radicalización de la izquierda, que ha encontrado en la guerra fratricida su principal alimento intelectual y moral. Nada de todo esto debería preocupar a la sociedad española, instalada en la moderación e identificada con la Monarquía constitucional que encabeza el Estado de Derecho. Pero resulta que el PSOE y el propio Gobierno, lejos de apartarse de esta izquierda rabiosa y de descalificar sus oníricos viajes al pasado español más sangriento, se han dedicado a justificarla y alentarla. Ayer mismo, el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, se sumaba sin rebozo alguno a la campaña contra el Tribunal Supremo; y el ministro de Fomento, José Blanco, cometía la insidia de ligar al PP con los falangistas. Es evidente que si la izquierda se está radicalizando hacia el frentismo populista es porque la pésima situación económica, con más de cuatro millones y medio de parados, está golpeando especialmente a sus militantes. Pero en vez de reclamar al PSOE, prefiere agitar el espantajo de Franco para aglutinar a los frustrados y movilizar a los desencantados.

De ahí que el Gobierno vea con simpatía la sucesión de aquelarres guerracivilistas y manifestaciones de estética apolillada y reaccionaria.
España tiene muchos problemas, pero entre ellos no está el franquismo. Y si las víctimas de aquel régimen aún están pendientes de reparación, a quien hay que pedirle cuentas es al Gobierno que hizo una ley de Memoria Histórica ridícula, inservible y crispante. La culpa no la tiene el Supremo, sino un Gobierno que se esconde tras millones de parados y un presidente que calla y otorga.

La Razón - Editorial

Garzón, un ariete contra la democracia

La causa general contra el franquismo que inició Garzón se está transformando en una causa general contra lo que la izquierda reputa "herederos del franquismo". A saber, la derecha y la democracia española en su conjunto.

Como cabía esperar, las marchas en defensa del derecho de Garzón a prevaricar concluyeron en ataques directos contra las instituciones democráticas y contra la esencia de la democracia misma. Las proclamas oscilaban desde pedir la ilegalización del PP hasta procesar a los miembros del Tribunal Supremo. Nada, por cierto, que no cupiese anticipar desde que quien fuera fiscal en tiempos de Franco, Jiménez Villarejo, acusó a los miembros del alto tribunal de ser cómplices de las torturas.

Al final, certificada la muerte de Franco, parece que la causa general contra el franquismo que inició Garzón se está transformando en una causa general contra lo que la izquierda reputa "herederos del franquismo". A saber, la derecha, que siempre les ha sobrado en su camino hacia la revolución, y la democracia española en su conjunto, sucesora directa de la reforma, que no ruptura, del régimen anterior.

Suele decir Carrillo que la derecha actual es idéntica a la del 36. Pero si algo se está volviendo cada vez más calcado a esa época es la izquierda y su pose crecientemente guerracivilista. No sólo por las consignas del estilo "No pasarán", sino por ese sentimiento de que las instituciones deben emplearse para acorralar a los enemigos de clase y que, cuando éstas fracasan en tal empeño, deviene legítimo rebelarse contra ellas. Sucedió en el 34 y se repite ahora, a menor escala, ante el temor de que el PP regrese al poder o lo mantenga allí donde no lo ha perdido todavía –de ahí la desproporcionada inquina contra Esperanza Aguirre– y ante lo que consideran una afrenta del Supremo contra uno de los suyos. Por eso Blanco, ministro de Fomento del Reino de España, se congratulaba equiparando al PP con los falangistas, porque así permite que la izquierda exhiba su lado más totalitario sin que una derecha caricaturizada como extremista la pueda acusar de ir contra la democracia.

Y es que la izquierda no parece entender, o no quiere aceptar, que en democracia todo el mundo debe estar sometido a las mismas leyes y que los fueros o los privilegios personales son algo propio del Antiguo Régimen o de las dictaduras modernas. Pero lo que buscan es precisamente la impunidad para los suyos, de modo los equilibrios institucionales y los contrapesos que conforman de un sistema democrático son obstáculos en el camino.

Por ejemplo, aparte de la mentira descarada ("se persigue a Garzón por querer investigar los crímenes del franquismo"), recurren a todo tipo de argucias para justificar simple y llanamente que Garzón debe ser intocable por la justicia española: desde que la Ley de Amnistía sólo resulta de aplicación a los criminales del bando republicano a que el delito de genocidio justifica la retroactividad de las leyes penales salvo para ellos.

Lo cierto es que nada le impide a Garzón blandir semejantes argumentos en su defensa durante la fase del juicio oral. El problema de las marchas guerracivilistas no es que traten de defender la inocencia de Garzón, sino que buscan descalificar el mero hecho de que sea juzgado. Ante la duda más que razonable de que el juez ha delinquido por prevaricación, niegan cualquier legitimidad al Supremo para encausarle. Pero como carecen de razones que expliquen por qué un individuo debe situarse por encima de la ley, su táctica pasa directamente por destruir las instituciones.

No basta, pues, con que los demócratas defiendan la independencia judicial (y menos con la boca pequeña como suele hacer Zapatero). La izquierda guerracivilista va más allá de presionar al Supremo para que absuelva a Garzón. Su objetivo es socavar la legitimidad misma del Alto Tribunal para enjuiciar a un ciudadano español de izquierdas. La misma táctica, dicho de sea paso, que puede observarse en los nacionalistas con respecto al Tribunal Constitucional: no debe ser competente para enjuiciar una norma catalana.

Garzón, en el fondo, les importa bastante poco. Lo esencial es romper los pactos sobre los que se asentó la Transición para marginar y perseguir a los enemigos de la izquierda. Por eso la democracia y las instituciones les sobran; por eso no dudan en atacarlas abiertamente con la complicidad cada vez menos oculta del Gobierno. Al fin y al cabo, fue Zapatero y su legislación de "memoria histórica" la que dio el pistoletazo de salida para todo este aquelarre.

Libertad Digital - Editorial

Farsa soberanista en Cataluña

CUANDO se abre un proceso sin sentido que cuestiona la soberanía nacional, nadie puede extrañarse de que todos los disparates sean posibles.

Ayer, con escaso éxito, se celebraron en 212 municipios catalanes unas sedicentes consultas populares para votar a favor de la independencia de Cataluña. Sin garantías jurídicas y sin ningún soporte legal, estos falsos referendos utilizan ahora como pretexto la sentencia pendiente del TC sobre el Estatuto, y, como de costumbre, sólo movilizan a los ya convencidos de antemano. Resulta especialmente grave la participación de los tres consejeros republicanos del Gobierno tripartito, así como del presidente del Parlamento de Cataluña, puesto que los titulares de un poder público tienen el deber de guardar y hacer guardar la Constitución, y no deberían prestarse a esta extraña pantomima que carece de toda validez, incluso en términos sociológicos.

Rodríguez Zapatero abrió la caja de los truenos en materia de organización territorial y José Montilla acompaña a sus socios radicales en esta deriva intolerable en un Estado de Derecho con el objetivo de conservar sus opciones en las próximas elecciones autonómicas, que apuntan perspectivas muy negativas para el socialismo catalán. La presencia de algunos dirigentes de Batasuna en calidad de «observadores» introduce un elemento de indignidad que va más allá del ridículo o la farsa porque se trata de una formación ilegal que actúa -si le dejan- como brazo político del terrorismo.

A mayor abundamiento, la Diputación de Gerona y los ayuntamientos implicados malgastan el dinero de todos financiando unas consultas ilegales e ilegítimas sin que nadie les pida cuentas. En plena carrera hacia el abismo, también Convergencia se apunta a la desmesura como si la proximidad de las elecciones fuera el punto de salida para una competencia lamentable por ver quién llega más lejos. Mientras el TC continúa siendo incapaz de dictar sentencia, el Estatuto está ya en plena aplicación y hace poco se aprobó una ley catalana sobre referendos y consultas a los ciudadanos. Culminada la farsa de ayer, sigue adelante un proceso iniciado hace unos meses en Arenys de Munt y que ha producido un «efecto contagio» del que sólo ERC obtiene provecho al servicio de su propaganda. En todo caso, extremistas y radicales consiguen un día tras otro llevar el agua a su molino ante la pasividad -y muchas veces la complacencia- de Rodríguez Zapatero, siempre dispuesto a dar prioridad a los intereses partidistas.

ABC - Editorial

No al velo islamista, sí a la libertad. Por Federico Jiménez Losantos

Hay varios equívocos que conviene aclarar cuando se habla del velo islamista y el primero es que es precisamente eso, islamista, no simplemente islámico.

El sentido religioso, político y social del velo no es una reminiscencia o una tradición de sociedades tradicionalmente islámicas sino una reivindicación islamista, no es un acto de libertad individual sino un reto colectivo, no es un uso de las libertades occidentales sino una forma de aprovecharlas para subvertirlas y liquidarlas. Y si no se entiende esto, que está clarísimo, será difícil aclararnos en todo lo demás.

Por supuesto, el Gobierno de ZP usa al Islam para devaluar la posición del catolicismo, pero sería un error fatal para el catolicismo –sea la jerarquía o los fieles quienes así lo crean– identificarse con el islamismo como si en ambos casos se estuviera defendiendo la libertad de conciencia o incluso la libertad de religión. No hay tal libertad donde impera el Islam. Un católico puede serlo o no serlo, puede dejar de serlo y nadie lo persigue. En una sociedad islámica está prohibido, so pena de muerte, dejar el Islam. ¿Cuántos datos, cuántos hechos necesitan los católicos para entender que el islamismo y el catolicismo son incompatibles, no ya como dogma religioso o Revelación sino, lo que más importa a todos, como simple civilización?

Disparate mayúsculo es tomar un reglamento interno de un instituto de Segunda Enseñanza como algo que debe subordinarse nada menos que a la Constitución. Lo que establece claramente la Constitución es que una persona no puede ser discriminada por razón de sexo, y las mujeres bajo el islamismo lo están. ¿Que también subvierte Aída tal precepto con la maldita Ley de Igualdad? Pues eso será para echar a Aída, no para admitir la discriminación sexual, atroz, implacable y creciente en el islamismo contra las mujeres. ¿Qué libertad tiene la niña del disputado velo ante su padre, que es algo así como imán de Pozuelo? La misma que concede a las demás mujeres: limitada, escasa e incompatible con la libertad occidental. ¿Cómo se nos quiere colar como libertad de conciencia lo que no es sino negación de esa libertad, cómo hay quien no ve que el pañuelo no es nada privado sino un alarde público, que por añadidura busca el enfrentamiento entre una sociedad de infieles, la nuestra, con otra sumisa a las leyes de Mahoma, a la larga –y a la corta- incompatible con nuestra supervivencia?

Si el pañuelo islámico fuera un capricho privado, ni el imán ni la criatura buscarían que les echaran del Instituto por vulnerar su reglamento interno. Y si corren ese riesgo es porque estamos ante una operación de propaganda liberticida y no ante un ejercicio de libertad individual. Que los islamistas reciban el apoyo del PSOE es, dada la degeneración política de la Izquierda europea, lamentable pero normal. Que algunos católicos y encima liberales parezcan coincidir con los islamistas y nada menos que en nombre de la libertad y de la lucha contra el PSOE es uno de esos disparates reservados para sociedades desnortadas o en quiebra. La española, sin ir más lejos.

El blog de Federico

"Esta vez no pasarán"

(Gritos en la manifestación de los de la ceja)

Es tremendo. Es que es leer y no creértelo. Se han desatado completamente, han perdido la cabeza, la razón y la cordura.

La izquierda ha decidido que quiere ganar la guerra civil que perdió hace más de 70 años. La progresía actual, acomodada, acostumbrada a la subvención y al halago de los políticos, tiene remordimientos de conciencia. Sus abuelos realmente lucharon por una causa que creían justa, y dieron su vida por ellos. Estos, los Almodovar, Sacristán, toda esta turba siniestra como mucho salen a pasear y a chillar. Luego se vuelven a sus mansiones, compradas con el dinero generado por el capitalismo que tanto odian y critican.

Hace tiempo que no veíamos un caso así de sectarismo. ¿Quieren ustedes desenterrar a las víctimas que están por las cunetas de las carreteras españolas? Háganlo, pero sin mirarles el carnet. Sin preguntarse de qué bando eran. Presenten una proposición en el parlamento, para que se debata si se quiere acabar la amnistía de la transición. Háganlo sin miedo.

Pero mientras esa Ley exista, todo el mundo está sujeto a ella, incluyendo Garzón. Y la Falange, por muy detestable que nos parezca, tiene derecho a presentar las denuncias que quiera, pues faltaría más. ¿Acaso no las presenta la extrema izquierda española? Pues la extrema derecha tiene el mismo derecho.

Naturalmente, todo estó está organizado por el gobierno. Es Zapatero el que está detrás de todo, para intentar que la gente se olvide del desastre económico en que se ha convertido la España del socialismo zapateril. Otra maniobra más, ayudados por los del régimen, los de la secta progre, para desviar atenciones. Que cosa tan siniestra y repugnante.

La Frase Progre

El velo y la izquierda. Por José María Carrascal

LA cosa se reduce a una pregunta: ¿es el velo un símbolo religioso o no lo es?

Si es un símbolo religioso, no tiene nada que hacer en una escuela occidental. Si se trata de una mera prenda de ropa, entra dentro de las normas de vestuario que tenga establecidas cada centro escolar. Con lo que todo el lío armado en torno a la niña de Pozuelo es artificial. Si quiere llevar velo, tendrá que ir a la escuela que se lo permita. Y si quiere seguir en la misma, tendrá que quitárselo. Tan simple como eso.

Lo que late al fondo de la controversia, en cambio, es algo mucho más complejo. No me refiero al intento islámico de subvertir Europa desde dentro, aprovechando sus inmigrantes para acabar con las libertades que hemos conquistado, como Irán y Ben Laden intentan usar la tecnología occidental para acabar con Occidente. Me refiero a nuestra izquierda, que después de haber perdido la batalla política, está perdiendo la de las ideas. Sobre todo en España, más atrasada en ideas que en economía, que ya es decir. Ahí tienen a nuestro presidente, abogando por una «Alianza de Civilizaciones» con el islamismo en plena ofensiva.

Ahí tienen a nuestra izquierda buscando alianzas con el nacionalismo más retrógrado. Ahí tienen a nuestra progresía defendiéndole el velo islámico en la escuelas públicas. ¿Tan poco seso tienen? ¿Tan poca memoria? Hubo un tiempo, y no tan lejano, en el que la izquierda era internacionalista -¿recuerdan las famosas «internacionales»?-, laica -partidaria de la completa separación de Iglesia y Estado-, proindustrial -convencida de que ese era el camino para el desarrollo de los pueblos-, y ahí la tenemos unida al ecologismo más militante, incluso disfrazada a veces de «verde», al darle vergüenza el «rojo». Sólo le faltaba ponerse a defender el velo islámico, y ya lo hemos tenido. ¿Dónde? Naturalmente, en España, donde todo llega tarde y a menudo, averiado.

El velo no es un «símbolo de identidad» e incluso si lo fuese, no tendría cabida en una escuela pública, verdadero crisol de ciudadanía, donde los alumnos aprenden, o deberían aprender, la igualdad de derechos y deberes de todos ellos. Y, menos aún es un «símbolo de la personalidad» de una niña. Es justo lo contrario: el símbolo del sometimiento a que la someten una religión, una cultura y una sociedad que consideran inferiores a las mujeres. Una religión, una cultura y una sociedad que, si pudieran, las metería en un burka, como si fueran bultos, detrás de sus padres, esposos y hermanos. Que es lo que hacen allí donde pueden. Donde no pueden, se limitan al pañuelo, pero es lo mismo: no un símbolo de libertad individual, sino un símbolo de opresión colectiva. Y ahí tenemos a nuestra izquierda defendiéndolo. Para eso nos sirve el Ministerio de Igualdad.

Aunque peor es el burka mental en que están metidos.

ABC - opinión

Moción de censura. Por M. Martín Ferrand

LOS hechos y los días van demostrando lo que, siendo evidente, no quiere admitir la cúspide del PP. Por ejemplo, la incompatibilidad -no sólo material- de asistir a la procesión política de Castilla-La Mancha mientras se trata de ejercer, y no se ejerce, la Secretaría general del partido: el campanario que orienta a los militantes, crecientemente desorientados; redobla los pregones de la sigla, hoy débiles e inconcretos, y hace saber las líneas de conducta que a cada cual corresponden en función de una estrategia -¿inexistente?- capaz de generar victorias electorales. María Dolores de Cospedal, de tanto querer multiplicarse, está haciéndolo por cero, como Bart Simpson prescribe a sus enemigos.

No entraré, por evitar el alipori, en el ridículo escarceo que, unos y otros, se traen a cuenta del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, una nueva pieza ajurídica que bebe en las desbordadas fuentes constitucionales al tiempo que pretende impedir que otros lo hagan en las que se derivan de la idea del Estado y el respeto a la Nación. ¿Así pretende ganar Cospedal las autonómicas de su jurisdicción? Rajoy no dice nada al respecto y, al igual que acepta ya, con irresponsable pasividad, los resultados de las catalanas del próximo otoño, no aborda con la debida resolución las de mayo del año venidero, la única pista de lanzamiento para el cohete que pueda conducirle a La Moncloa. Si es que, verdaderamente, lo pretende; algo que niega su conducta reservona.

Tras el ruinoso sexenio de Zapatero, viendo pelar las barbas de nuestros vecinos griegos y mientras crecen sin coto el paro, el déficit y la deuda, en el principal partido de la oposición sólo cabe una decisión solvente, por arriesgada que sea: la moción de censura. Dada la incapacidad de Rajoy y sus pretorianos para hacer amigos, sería una moción perdida; pero necesaria para, definitivamente, hacernos saber a los ciudadanos cuál es la fórmula alternativa del PP, cuáles sus proyectos y programas en todos los segmentos de la gobernación del Estado. ¿Quién ha dicho, y desde qué supuestos de eficacia, que las mociones de censura solo son válidas para ganarlas? Poner en evidencia el fracaso de un Gobierno y demostrar fehacientemente la potencialidad de otro venidero no es algo baladí. Sin moción, la catástrofe popular no llegará con las legislativas del 12, sino con las autonómicas del 11.

ABC - Opinión

Berzotas. Por Alfonso Ussía

Creo que entre todos, con la mejor voluntad, debemos suavizar la crispación andante y dominante con el uso de una adjetivación más amable. Reconozco mis culpas. Con motivo de los ridículos actos promovidos en defensa del juez Garzón –promovidos entre otros, por el propio juez Garzón, que no los ha desautorizado–, he calificado a sus promotores e intervinientes de estalinistas. No es correcto. Stalin ha sido el mayor criminal de la Historia Contemporánea, y los individuos que se han apostado al lado de Garzón no han matado a nadie.

Desde Villarejo a Pilar Bardem pasando por Berzosa, los cejeros, Felipe González y compañía, el calificativo de estalinistas se me antoja exagerado. Son simplemente unos berzotas. Mengua la tensión y se abre la sonrisa. El juez Varela ha expulsado a la Falange de la causa contra Garzón, o mejor escrito, de una de las tres causas. El argumento principal de los berzotas se ha desmoronado. Claro, que la educación del sosiego también hay que exigírsela a los garzoninos. Jiménez Villarejo, el tío de doña Trinidad y Fiscal durante el franquismo que juró los Principios del Movimiento –no todos lo hicieron–, haría muy bien en rebajar su insulto de «torturadores» a los magistrados del Tribunal Supremo. Pero no intuyo en Jiménez la posibilidad de reconocer su felón calificativo abrazándose a la buena educación.

Y quedan mal. No leen, no saben nada, usan de los tópicos progres, viven de lugares comunes y mensajes entreverados, y hacen el panoli. Prueba de ello, la divertida intervención del portavoz comunista en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, en la que exigía a la Presidenta Aguirre la condena del franquismo y el apoyo a Garzón. Y Aguirre, que sí ha leído y conoce nuestra reciente Historia mucho mejor que Gordo, le ha replicado exigiendo al berzotas la condena del Golpe de Estado del Frente Popular de 1934 –ahí comenzó la Guerra Civil–, y el asesinato de José Calvo Sotelo a manos de la Policía, y en concreto, de los escoltas de Indalecio Prieto. Y Gordo quedó mudo, por aquello de la ignorancia y la falta de argumentos para replicar en su oquedad parlamentaria.

Aprovechar las carencias intelectuales de Gordo para definirlo con hiriente crueldad resulta sencillo. Pero ahí nace la buena voluntad del sosiego, el afán de suavizar las relaciones entre los unos y los otros y la buena educación. Se le aplica el calificativo de berzotas y nadie puede protestar por el uso de un lenguaje frontal y «guerracivilista», que se ha puesto de moda últimamente utilizando como coartada la figura de un juez. Porque el juez Garzón, como persona y como juez, les importa a los berzotas la mitad de un pimiento, aunque les resulte útil para ensalzar la calamitosa Segunda República, devolvernos al enfrentamiento y regar los rencores del pasado. Por eso mismo, por creerse el protagonista de un movimiento social justo y reivindicativo, por considerarse el centro del debate nacional y todas esas cosas que conforman el muro de vanidad y soberbia del juez imputado por prevaricación, también Garzón se está comportando como un berzotas. Al poco tiempo de ser apartado de la carrera judicial, nadie se acordará de él. Y la conclusión, ciertamente, es triste.

La Razón - Opinión

Clima de desguace. Por Ignacio Camacho

ESTA irresponsable agitación radical la vamos a pagar, y no va ser a un precio barato. Una democracia no puede cuestionar sin costes la legitimidad de su propia estructura legal, porque eso equivale a impugnarse a sí misma.

La movilización de la izquierda española contra el proceso a Baltasar Garzón ha rebasado de largo la razonable expresión de un respaldo cívico al juez para alcanzar el paroxismo de un rechazo global a las instituciones de la justicia. El horizonte penal del magistrado -cuyo derecho a la defensa está plenamente garantizado y en ejercicio- es ya sólo el pretexto para una exaltada refutación ideológica de las bases del régimen constitucional, de sus principios jurídicos y del pacto social y político que permitió alumbrar la Transición democrática. En cierta forma constituye la reclamación de un proceso de ruptura que pretende anular los consensos civiles de los últimos treinta años y la legalidad que de ellos se ha derivado. Es decir, del sistema vigente, de sus mecanismos de garantías y de sus equilibrios de poder.

Todo eso no puede resultar inocuo. Un zarandeo institucional de esa clase deja una secuela de desconfianza que no va a recuperarse de cualquier modo. El ataque frontal y simultáneo contra la legitimidad del Tribunal Supremo y del Constitucional representa una campaña de desestabilización que afecta al principio de la independencia judicial y de la supremacía de la ley. Desde que Zapatero permitió o alentó una reforma encubierta de la Constitución a través del Estatuto de Cataluña no se había producido en España un cuestionamiento tan grave y profundo de los fundamentos del régimen democrático. Lo que la izquierda está pidiendo en su ofensiva de opinión pública es la abolición de la justicia igualitaria y reglada y su sustitución por una nueva legitimidad de base ideológica. Y eso sucede con el respaldo más o menos pasivo de un Gobierno que simpatiza inequívocamente con las pretensiones revisionistas por culpa de un frívolo tacticismo que le lleva a creer en la posibilidad de obtener un rédito político inmediato de la algarada.

Estos días se ha empezado a ver la reacción alarmada de una cierta socialdemocracia responsable. Los Jáuregui, Leguina, Bono y otros han comenzado a advertir del riesgo de esta crecida atolondrada con la que el zapaterismo vuelve a jugar a aprendiz de brujo. Una característica de la posmodernidad política es la creencia de que ante la volatilidad de la opinión pública cualquier maniobra oportunista sale gratis. Error; no se pueden licuar los principios que articulan un pacto de convivencia sin poner en peligro la estabilidad del sistema. Que lo hagan en las calles unos extremistas es preocupante, pero no esencial. Lo crítico es que sean las instituciones las que propicien un clima de desguace de sí mismas.

ABC - Opinión

El caos renovable

LA intención del Ministerio de Industria de modificar la retribución de las energías renovables con carácter retroactivo ha provocado un auténtico terremoto cuyas consecuencias inmediatas han sido la caída en Bolsa de las empresas del sector y la huida de los inversores internacionales, espantados por el clima de inseguridad jurídica que generan los continuos cambios regulatorios.

El nuevo bandazo regulatorio del ministro Sebastián sigue insistiendo en hacer amalgama de todas las tecnologías renovables sin distinción de su grado de madurez ni de su contribución real a la producción eléctrica española. La eólica se ha consolidado como una tecnología madura, promovida principalmente por las compañías eléctricas, que aporta un 18 por ciento de la producción con un coste del 19 por ciento. La industria eólica española, presente en toda la cadena de valor del negocio, se ha convertido en un referente internacional, con empresas líderes mundiales y con una demostrada capacidad para impulsar la actividad industrial, crear decenas de miles de puestos de trabajo, contribuir al autoabastecimiento energético y la reducción de emisiones. Por el contrario, la generosa retribución a las tecnologías solares ha provocado un crecimiento insostenible de las fotovoltaicas y la creación de una burbuja especulativa alentada principalmente por agentes ajenos al sector eléctrico, que han acabado convirtiéndola en un producto financiero.

La producción fotovoltaica estimada en España para 2012 supondrá un 3 por ciento de la producción total, con un coste del 15 por ciento, y la termosolar aportará un 2 por ciento, con un coste del 8 por ciento. Este exceso retributivo ya se había identificado con antelación, pero el ministro Sebastián no llevó a cabo ningún ajuste y permitió la instalación de más de 3.000 MW, cuando el objetivo del PER era de 471 MW, con un coste anual para los consumidores de 2.500 millones de euros.

No podemos seguir pretendiendo tener mayor capacidad fotovoltaica que Estados Unidos ni seguir pagando con el dinero de todos la curva de aprendizaje de una tecnología que importa masivamente los paneles solares de China. La rectificación del Gobierno debe pasar por una regulación estable y una planificación energética ordenada y con visión de largo plazo, que abarate el precio de la energía para las empresas y los consumidores.

ABC - Opinión

Laicismo, pero sólo contra los católicos

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está inmerso en una cruzada permanente contra el cristianismo, mientras se muestra extraordinariamente próvido con otras culturas, incluso si son tan opresoras y arcaicas como la islámica.

La polémica por el uso del velo islámico en los centros de enseñanza, como ha ocurrido recientemente en un instituto de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, es un ejemplo, otro más, de cómo la coacción institucional provoca más problemas que los que pretende resolver.

Vaya por delante nuestro respeto a las decisiones individuales de los ciudadanos respecto a su indumentaria o sus prácticas religiosas, si bien es cierto que en el caso del velo musulmán portado por niñas resulta difícil determinar hasta qué punto es una decisión de las jóvenes o una imposición parental para respetar determinados usos socioreligiosos. En todo caso, estas cuestiones no se resuelven con la redacción de nuevas leyes para imponer una regla uniforme según el particular criterio del partido en el poder, sino, como ha hecho acertadamente la Comunidad Autónoma de Madrid, dejando que los propios centros, de forma independiente, decidan sobre las normas internas que deben regular la convivencia de la comunidad escolar. En última instancia, esa decisión equivale a permitir que los padres decidan el modelo de contexto educacional que quieren para sus hijos, y nada hay más sano ni más apropiado que los propios ciudadanos decidan libremente cómo quieren ordenar su vida y la de los suyos.

Ahora bien, dicho esto, es también necesario constatar, una vez más, la profunda hipocresía de los socialistas a la hora de tratar asuntos que afectan a los derechos y libertades de los ciudadanos, especialmente en todo lo que se refiere a las creencias religiosas particulares y el respeto que el estado debe observar hacia ellas.

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está inmerso en una cruzada permanente contra los principios y valores que informan nuestra civilización, imposibles de desligar del legado cristiano sedimentado a través del paso de los siglos, mientras que se muestra extraordinariamente próvido con otras culturas, incluso si hacen gala de un profundo desprecio por los derechos y libertades de las personas, como ocurre con el Islam. Si el laicismo radical de Zapatero exige la supresión de toda manifestación pública de la religión según las arcaicas tácticas del marxismo, debería explicar el por qué de su docilidad hacia una confesión teocrática como el Islam que exige la sumisión de la vida civil a los preceptos de su fundador, lo que incluye el menosprecio hacia la mujer en todas las esferas. El perfectamente inútil ministerio de Igualdad también podría ilustrarnos sobre la curiosa forma en que sus grupos subvencionados de presión se felicitan de la existencia de nuestro país de unas prácticas que, sobre el papel, deberían ser los primeros interesados en erradicar.

Es necesario exigir al gobierno que deje de meter las manos en asuntos que no le competen como el derecho de los ciudadanos a expresar sus convicciones religiosas, siempre que no dañen los derechos y libertades de terceros. Pero, sobre todo, urge demandarle a Zapatero un mínimo de decencia intelectual. Nuestra herencia helénica, tamizada por Roma y materializada en el cristianismo, es demasiado valiosa para que un puñado de sectarios encaramados al poder la arrasen mientras otorgan carta de naturaleza a creencias foráneas que, estas sí, suponen un retroceso brutal en el camino de civilización que tanto esfuerzo nos ha costado recorrer.

Libertad Digital - Editorial

El perdón que se dio España

LA polémica sobre la ley de amnistía de 1977 es un artificio de una parte de la izquierda para mantener vivo el estado de crispación y enfrentamiento en el que encuentra su única forma de vivir en la política actual.

La evidente pérdida de referencias ideológicas tras el colapso del Telón de Acero y la renuncia de la sociedad española a opciones extremistas se han traducido en un vacío de ideas que llena con desesperados intentos de resucitar causas pasadas, aun cuando el esfuerzo requiera la manipulación de la historia y la estafa a los ciudadanos. En esto están los sectores de izquierda que, escondiéndose tras la causa de Garzón, cargan ahora contra la ley de Amnistía de 1977, que es su manera de hacer ilegítima la Transición de la dictadura a la democracia y de renegar del pacto constitucional de 1978. Como bien dijo el Fiscal de la Audiencia Nacional al juez Garzón, es «un absoluto disparate jurídico cuestionar la legitimidad de origen de esa norma y, lo que es peor, atribuirle el estigma de «ley de impunidad»».

Esto último es bien cierto, porque el diario de sesiones del Congreso refleja la voluntad de los partidos de izquierda que promovieron la Amnistía. «Pedimos amnistía para todo, sin exclusión del lugar en que hubiera estado nadie», dijo el portavoz del Partido Comunista de España. «Casi todas las fuerzas políticas de esta Cámara -¡ojalá fueran todas!- tienen la voluntad de enterrar un pasado triste para la Historia de España», añadía el portavoz socialista. Aquella ley fue aprobada por un parlamento democrático y con ella España se daba a sí misma el perdón por un pasado fratricida. Los que ahora quieren derogar la ley de 1977 desprecian la dolorosa historia que la hizo necesaria y son los que están obligando a traerla a la memoria, como tuvo que hacer Esperanza Aguirre en el Parlamento madrileño para recordar a IU que nadie estuvo libre de culpa, que la II República fue traicionada por la izquierda en el fracasado golpe de Estado de 1934 y que pedir cuentas permitiría preguntar a la izquierda de hoy si condena el asesinato de José Calvo-Sotelo.

Esta izquierda sectaria y gritona debe asumir el tiempo en el que vive España y adaptarse a los valores constitucionales, porque su momento histórico ha caducado, como bien se encargan de recordar ellos mismos cuando lanzan el «no pasarán» que sonaba en el Madrid de 1936, con la diferencia de que, en 2010, todos hemos pasado ya a la democracia y a la libertad gracias a la Constitución de 1978.

ABC - Editorial

Ahora la ley no actúa. Por Maite Nolla

Las leyes amparan, protegen y garantizan que los políticos como el señor Mas puedan hacer de la política un medio de vida. La ley les otorga unos privilegios que están muy por encima de su productividad, en muchos casos limitada al propio beneficio.

En el resto de España deben tener ustedes una mezcla de sentimientos con lo que les llega de Cataluña. Deben estar entre hartos, fritos, asombrados, asustados y con ganas de crear un grupo en Facebook de apoyo a Boadella para dar a Cataluña la independencia con sólo enviar un sms. Los que vivimos aquí ya estamos acostumbrados. Curiosamente, el mejor ejemplo de la descomposición de la clase política catalana no son las declaraciones de Artur Mas, o las de Jordi Pujol, o las de Joan Herrera o la nueva legalidad que quiere crear Joan Puigcercós. El mejor ejemplo de que los políticos que nos han caído en suerte funcionan con un fusible averiado, es ver a Manuela de Madre apoyando al juez que ha metido en la cárcel a su sucesor en la alcaldía de Santa Coloma y que, hasta hace dos días, era el segundo de su señor esposo en la diputación de Barcelona. Al pobre Bartu le tiene que haber sentado regular. Garzón fue responsable de la imagen del alcalde de Santa Coloma esposado recogiendo una bolsa de basura; Manuela de Madre estaba en primera fila aplaudiendo a los trasnochados que apoyan a Garzón.

Entiendo que son más importantes las declaraciones de Artur Mas, aunque hasta eso podamos discutirlo. Para empezar, ni siquiera es una idea original suya. En octubre del año pasado, Joan Ridao ya registró una solicitud similar. Entonces pasó desapercibida, pero ya dijo Ridao que quería sustraer al Constitucional del enjuiciamiento de los estatutos de especial singularidad, como el vasco y el catalán. Sirva este artículo como denuncia y que la SGAE le pase la factura a CiU. Pero es que además de estar copiada, la propuesta del señor Mas no es muy diferente de la teoría sobre la presunción de constitucionalidad que creó el ministro Caamaño y que, al menos, suena un poco más suave que lo de acabar con las atribuciones del Constitucional. "Es constitucional lo que hemos aprobado nosotros" es más amable que "no podéis revisar lo que hemos aprobado nosotros", aunque sea lo mismo.

El problema al señor Mas le viene cuando se mete a elucubrar sobre la prevalencia entre la ley y la voluntad del pueblo. Dar prevalencia a la voluntad de un pueblo, parte de otro, sin contar con ese otro y por encima de la ley, es una propuesta que Artur Mas no puede sostener. Por ejemplo, la ley permite regularizar las deudas tributarias a los que han recurrido a los paraísos fiscales para pagar menos impuestos. Sin duda, la voluntad popular hubiera llevado al defraudador a la cárcel y si hubiera tenido un hijo consejero de Economía, a éste al paro.

Las leyes amparan, protegen y garantizan que los políticos como el señor Mas puedan hacer de la política un medio de vida. La ley les otorga unos privilegios que están muy por encima de su productividad, en muchos casos limitada al propio beneficio. De verdad, no les conviene abrir algunos melones. No quieran saber cuál es la voluntad popular.

Libertad Digital - Opinión

El español en España. Por Ignacio Camacho

LA víspera del Día de Cervantes, el ministro de Educación y los responsables de la enseñanza en las autonomías discutían con la mayor naturalidad y el menor consenso sobre las dificultades para normalizar la enseñanza del español en España.

Algo grave ha pasado en este país para que la lengua nativa de cuatrocientos millones de hablantes represente un conflicto político capaz de bloquear un elemental acuerdo de bases educativas en la misma nación que le da nombre. Un conflicto absurdo, errático, disparatado y febril, que niega en su propia formulación la existencia de una memoria de expresión colectiva que ni siquiera nos pertenece a los españoles en la medida en que no somos más que una pequeña, aunque esencial, parte de esa inmensa comunidad social que encuentra en el castellano el eje vertebrador de su cultura. Un debate estéril que nos enreda en estúpidas controversias y nos aleja del orgullo de liderar el segundo idioma del planeta, cuestionado en su propia tierra de origen por un aberrante prurito de particularismo identitario.

«La lengua en que nací es mi única riqueza». Son palabras aún frescas de José Emilio Pacheco, el último Premio Cervantes, un poeta mexicano de irrebatible compromiso moral y sentimental con los ideales de la izquierda. Palabras lúcidas de un hombre dolorido y pesimista que apenas si confiesa encontrar ante la tristeza del mundo otro consuelo que el compartir con millones de personas la posibilidad de expresarse en una misma lengua. La de Quevedo y Neruda. La de Antonio Machado y Octavio Paz. La de Galdós y García Márquez. La de Cernuda y Borges. La de Juan Ramón Jiménez y Miguel Ángel Asturias. La que se habla en los rutilantes rascacielos del nuevo Madrid y en las deprimidas villas-miseria del Gran Buenos Aires. Una patria común y abierta, integradora y libre; un tesoro gratuito, extenso y versátil cuyo disfrute integral se deniega o se cercena a los estudiantes en algunos territorios de España por culpa de un delirio fragmentario que ha troceado la universalidad del castellano en un desquiciado puzle de aldeanismos y desigualdades.

Esta descabellada incongruencia, que dilapida sin lógica ni razón un caudal expresivo y cultural impagable, es posible debido a una rendija de confianza que quedó abierta en la Constitución por un exceso de lealtad mal correspondida. Por ese resquicio se ha colado el designio miope de ciertos nacionalismos hasta convertirlo en una zanja de convivencia donde puede quedar enterrada parte de nuestra más viva cultura. Cada vez parece más claro que los padres constituyentes se dejaron abierto un grifo por el que está vaciando no sólo la integridad territorial del Estado, sino el patrimonio inmaterial más valioso que nos ha legado la Historia.

ABC - Opinión

Un Gobierno muy piadoso. Por Pablo Molina

Para los sociatas, la religión islámica no es el opio del pueblo sino el canuto de grifa de la juventud creyente para socavar el orden establecido. El enemigo no es la religión como hecho cultural y espiritual, sino únicamente la religión católica.

La polémica por el uso del velo en los centros educativos ha permitido a los socialistas blasonar de respeto por las preferencias religiosas de los ciudadanos, siempre que no correspondan a la confesión practicada mayoritariamente por los españoles, en cuyo caso toda traba se les antoja insuficiente.

Vaya por delante el derecho de cualquier mujer musulmana a degradarse cubriendo permanentemente su cabeza en señal de sumisión a Alá y a su maromo (al de ella), pero lo que sorprende es que sean los socialistas, laicos hasta las trancas, los que aplaudan esta expresión de piedad. Aquí algo no cuadra. Quiero decir que el respeto por la religión es algo propio de los practicantes de alguna de ellas, no de los que consideran que la visión trascendente del ser humano es una lacra impuesta por la jerarquía religiosa para sojuzgar al ser humano. Pero es que, para los sociatas, la religión islámica no es el opio del pueblo sino el canuto de grifa de la juventud creyente para socavar el orden establecido. El enemigo no es la religión como hecho cultural y espiritual, sino únicamente la religión católica.

Cuando el Gobierno decidió por ley retirar los crucifijos de los espacios públicos no pensó en respetar a todos aquellos a los que ese símbolo no les parece insultante. Al contrario, con gran abuso del concepto, decidieron que un Estado aconfesional exige la supresión de toda simbología en las instituciones dependientes del Estado. Sin embargo, el que las niñas musulmanas acudan a los centros públicos exhibiendo ese distintivo de la religión más inflexible que se conoce les parece un canto al multiculturalismo del que ningún grupo social debe ser privado. Que está muy bien, oiga, pero no para que lo diga un laicista de izquierdas como el protocura Gabilondo.

Y es que lo menos que se le puede pedir al Gobierno es que sea coherente en su maldad. Por ejemplo los mapas del clítoris, a cuya confección ha dedicado la ministra de Igualdad numerosos esfuerzos y fondos públicos, serían un excelente medio para liberar a la mujer musulmana, al fin y al cabo tan oprimida como la occidental. Tan sólo es cuestión de enviar a unas cuantas ONGs con folletos a la puerta de las mezquitas para ilustrar a los imanes sobre la riqueza sensorial y cultural de este órgano, tan amenazado por los practicantes más ortodoxos de esa confesión. No será por falta de subvenciones.

Libertad Digital - Opinión

Gabilondo y el Parto Educativo. Por Tomás Cuesta

SE veía venir que lo del Parto Educativo iba a ser una reedición del Pacto de los Montes, y a la viceversa. Se veía venir y, sin embargo, el texto que presentó anteayer don Ángel Gabilondo (en vísperas del Día del Libro, ¿casualmente?) es tan insustancial, tan chirle, tan desestructurado y tan grotesco que, más que mirárselo con lupa, hay que divisarlo con anteojeras.

Ver para no creer: nuestra capacidad de asombro aún no está colmada, pese a lo que sostiene Steiner. El ministro del ramo -o del ramal, puesto que la burricie es de su competencia- ha perpetrado un documento en el que se declara especie protegida al genuino lerdo ibérico y se corre, de paso, un estúpido velo, un «hiyab», por más señas, sobre la incuria del presente. Sesenta y cuatro páginas de jerigonza inane, de aviesos solecismos, de anacolutos héticos y de comatosa verborrea (qué le vamos a hacer si el ágrafo de turno no ha dejado una coma con cabeza), son la última oferta de aquel que fue rector y nunca anduvo recto.

Encampanado y doctoral, el garitero del consenso ha distraído la baraja después de limpiar la mesa. Hasta aquí hemos llegado, advirtió el jueves mismo a la modosa oposición, tensando el ademán y engatillando el ceño. Y ésta -que, al igual que Rimbaud, ha perdido la vida «par délicatesse»-, cuando no se acoquina, al menos titubea. «Pero, jopé, si no hemos llegado a nada: el roce hace el cariño, a lo mejor nos entendemos». No sabe, por supuesto, y ahí le duele, que la nada es el terruño existencial de cualquier hegeliano que se precie. La nada, la pura nada, la ausencia de determinación, el vacío perfecto... ¡A Gabilondo le van a amedrentar con naderías siendo primo carnal de Hegel! Primo por molondro, desaborío y primavera. Carnal porque su padre (el de Gabilondo, claro, no el de Hegel) regentaba una carnicería espléndida. O sea, que la carne se hizo verbo y así, por obra y gracia de la dialéctica, nos retrotraemos al comienzo. Hasta el parto del pacto y a la viceversa.

«Parturient montent, nascetur ridiculus mus», sentenció el viejo Horacio después de aprobar un curso de latín sin esfuerzo. Quién le iba a decir que, al cabo de los siglos, en lugar de un ratón, las cordilleras parturientas traerían al mundo a un topo ciego. Porque ceguera intonsa es, a fin de cuentas, suponer que un Gobierno de necios deslenguados, lamerones impúdicos y cómicos de la lengua está dispuesto a preservar el español cuando ha puesto el solar en almoneda. Heraldos del fascismo de la vulgaridad, urracas del espíritu, truchimanes de almas, tratantes de conciencias, se nutren de la idiocia y en la estupidez prosperan. La ignorancia es sumisa, la inopia agradecida, la miseria moral es el tesoro de los déspotas. ¿Qué interés movería a formar hombres a aquellos que siempre han pretendido criar siervos? ¿A santo de qué desempolvar la alta cultura desempeñándose con tanta habilidad en la bajeza?

Dejémoslo estar y sálvese el que pueda. Lo que es un imposible metafísico, una broma ontológica y un chiste hermenéutico es fiar en que don Ángel Gabilondo redimirá a los memos después de haber dado vía libre a párrafos del jaez de este: «Los poderes públicos determinarán, con la participación de la comunidad educativa, las necesidades de escolarización de las distintas zonas, enseñanzas y etapas educativas en el marco de esta programación; y será en el ámbito de este diálogo con los sectores afectados en el que las Administraciones deberán considerar los distintos condicionantes de la oferta educativa: desarrollo demográfico de una zona y demanda de puestos escolares y de enseñanzas».

¿Solución? La gallina. Turuleta e implume, evidentemente.

ABC - Opinión

Libertad Religiosa. Por José maría Marco

El Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero ha hecho todo lo posible por destrozar aquellos pactos, que no sirven a su proyecto político y sobre los que pesa la acusación de reaccionarios y mixtificadores.

Se suele decir que la Transición, y con ella los pactos que condujeron a la Constitución de 1978, resolvieron varias de las cuestiones históricas que tenía pendientes nuestro país. Una de ellas era la cuestión religiosa. Con un amplio respaldo político y social, quedaron deslindados entonces los terrenos de lo religioso y lo político, y se instauró una libertad religiosa que hacía normal en la ley lo que era normal en la calle. Desde entonces hemos vivido de esos pactos, que nos han permitido una libertad muy amplia y han permitido que la sociedad española hiciera realidad su vocación de pluralismo, y eso sin demasiados traumas –más bien al revés–, como corresponde a uno de los países más avanzados y por tanto más complejos del mundo.

El Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero ha hecho todo lo posible por destrozar aquellos pactos, que no sirven a su proyecto político y sobre los que pesa la acusación de reaccionarios y mixtificadores. Lo ha conseguido del todo en lo que era el eslabón más frágil del edificio constitucional español, como es el Estado de las Autonomías. Lo está intentando con todas sus fuerzas, que son muchas, en los pactos económicos y en los históricos, los que abrieron definitivamente la economía española y nos reconciliaron con nuestro pasado, de tal pasado que no tuviéramos que seguir pensando el presente como una rectificación de la Historia. (Ver Miguel Ángel Quintanilla, El ángulo ciego: contra un pacto para la ruptura, en Cuadernos de Pensamiento Político, nº 26). Es muy probable que ponga también en marcha su trágica máquina de devastación en la cuestión religiosa.

Es más que probable que en este último caso, el de la cuestión religiosa, el Gobierno socialista no vaya a una confrontación directa, en la que tendría demasiado que perder. Resulta más verosímil pensar que el Gobierno seguirá la estrategia que, de hecho, ya ha puesto en marcha hace tiempo. Se trata de enarbolar el necesario pluralismo, del que el Ejecutivo socialista se hace portaestandarte y representante único, para acorralar a la Iglesia católica, principal presa en toda esta maniobra, y forzarla a refugiarse en una posición que aparezca ante la opinión pública como nostálgica del papel que en algunos momentos del pasado jugó la propia Iglesia, nostálgica también de la unanimidad perdida, de una sociedad ajena al pluralismo.

No hay por qué caer en una trampa tan grosera como esta. En España, el catolicismo tiene una presencia pública gigantesca, como corresponde a la historia y a la naturaleza de nuestro país. Que el Gobierno socialista quiera recortar esa presencia en algunos ámbitos de orden político o simbólico –que no son todos los ámbitos públicos, ni mucho menos–, es una cuestión que se puede considerar grave, pero que en última instancia es negociable. (Es posible que el Rey, como jefe del Estado español, heredero y representante de una dinastía católica, tuviera algo que decir en este asunto).

El pluralismo, por otra parte, es un hecho irreversible, y positivo. A veces, por razones casi biográficas, lo relacionamos con una etapa reciente de la vida española, casi con la instauración de la Monarquía parlamentaria o con las consecuencias de la crisis moral de los años sesenta y setenta. Y sin embargo, es un hecho más profundo, que viene de mucho más lejos, y al que la sociedad española, a pesar de las apariencias, a pesar de todo lo que se ha hecho para impedirlo, no ha sido nunca ajena en su historia reciente. Tampoco lo ha sido la Iglesia católica, al menos desde los años sesenta, ni, desde mucho antes, lo ha sido el pensamiento católico. Es posible incluso que los católicos españoles vayan en esto por delante de la jerarquía, hayan asumido con naturalidad una situación en la que se sienten cómodos, y esperen un discurso adecuado a la actual circunstancia. No hay por tanto razón alguna para dejarse encerrar en ese papel tan cómodo para el Gobierno socialista. El Ejecutivo aprovecha una crisis de fondo, de la que se cree protagonista, para adelantar posiciones ideológicas y electorales, pero esta crisis, y el pluralismo actual, también abren oportunidades nuevas para todos.

Libertad Digital - Opinión

Comer y callar. Por M. Martín Ferrand

LUCIANO Varela, el magistrado progresista al que zahieren los progres por no serlo suficientemente, ha expulsado de la causa abierta contra el juez Garzón a uno de sus acusadores: Falange Española y de las JONS.

Hay razones procesales suficientes para ello; pero eso no le quita un ápice de legitimidad a Falange Española -a lo que quede de ella- para personarse allí donde acuerden sus mandos; juzgados, festivales, elecciones o actos públicos. Ya veremos en que termina el triple procedimiento que revisa la conducta de Garzón; pero, de momento, resulta democráticamente inadmisible la descalificación de la acusación de FE contra el juez estrella en razón de su autoría.

Llevado al absurdo, lo que en ocasiones ayuda a recomponer la inteligencia, la diferencia de una dictadura como la franquista y una democracia, aunque sea tan imperfecta como la nuestra, reside en que en las dictaduras no caben los partidos políticos y, por el contrario, en las democracias pueden existir, y hasta disfrutar de subvenciones públicas si alcanzaron el suficiente porcentaje de votos, organizaciones como Falange. Por eso resulta escandaloso que los apasionados defensores de Garzón, muy dueños de serlo, hayan venido descalificando la denuncia falangista no por su contenido, sino por el membrete del papel que la soporta.

Entra todo esto en el ruido, aparentemente provocado e inducido -nada natural-, de las dos Españas enfrentadas entre sí. Algo superado que el zapaterismo ha reverdecido en su propio interés, como máscara y disimulo de su ineficacia. Para quitarle hierro y dolor a tan insensata situación, me permito evocar a Robert Burns, un poeta escocés del XVIII, al que sus paisanos recuerdan únicamente como autor de la letra de una canción -Auld Lang Syne- que, todavía hoy, cantan en las fiestas de despedida. Algo parecido a nuestro «adiós con el corazón, que con el alma no puedo». Burns era un rebelde y acuñó unos versos para bendecir la mesa que molestaron mucho a los calvinistas y, en general, a las gentes de orden de su tiempo. La traigo aquí a manera de bálsamo lenitivo del escozor nacional reinante: «Unos tienen carne y no quieren comerla, / otros, no teniéndola, la quisieran. / Nosotros, que la tenemos y la queremos, / al Señor damos gracias por ella». Es decir, en referencia al abrumador y cansino aire perdonavidas de la izquierda propietaria de la verdad: come y calla.

ABC - Opinión

Merkel: una advertencia que también vale para España

El nivel de vida de los griegos se hundirá porque tendrán que empezar a pagar el derroche pasado de sus políticos. La deuda pública tiene sus consecuencias, no es gratis, y en breve los helenos lo empezarán a comprobar.

Los políticos europeos hacía tiempo que estaban decididos a salvar a Grecia. Después de haber rescatado a sus propios sistemas bancarios, no cabía esperar otro comportamiento de la suspensión de pagos de un socio comunitario que iba a repercutir directamente en las inversiones de sus bancos nacionales. El problema es que la certeza de que un país va a ser rescatado en caso de que quiebre es una llamada a la irresponsabilidad del resto de Estados europeos. Lo mismo sucedía y sucede con los bancos: los fondos de garantía de depósitos incentivan un "riesgo moral" que los lleva a adoptar decisiones irresponsables y muy arriesgadas bajo la perspectiva de que en el futuro papá Estado acudirá con el dinero del contribuyente.

Con tal de aplacar algo esta sensación de impunidad por la que los responsables de cualquier inversión calamitosa no tienen por qué hacerse cargo de sus consecuencias, en ocasiones los políticos tratan de dar una imagen de dureza que no siempre se ve correspondida más tarde por los hechos. El pasado jueves, por ejemplo, Obama anunció un inadecuado plan de reforma del sistema financiero y avisó a los bancos de que a partir de su aprobación ya no se iban a producir más rescates bancarios generalizados. Por supuesto, todo el mundo en Wall Street sabe que el presidente estadounidense iba de farol, porque en caso de que se repitieran acontecimientos como los de 2008 (y el plan elaborado por los demócratas en nada lo impide), Obama haría exactamente lo mismo –o peor– de lo que hizo Bush.

En la zona euro sucedía algo similar. Merkel adoptó una posición muy dura contra la posibilidad de rescatar incondicionadamente a los países que suspendieran pagos: avisó de que podían contar con su auxilio, pero siempre y cuando siguieran un plan serio –y severo– de consolidación fiscal y mejora de la competitividad. Lo que era opinable es si a la hora de la verdad, cuando Grecia realmente estuviera al borde de la quiebra, Merkel mantendría su posición de dureza o se ablandaría para ayudar a los helenos.

No ha sido este último el caso. La canciller alemana ha aceptado las peticiones griegas, pero siempre que corrijan el caos en sus finanzas públicas; objetivo harto complicado después de casi 10 años de un irresponsable despilfarro gubernamental. El ajuste será muy complejo y sufrido, pues con una deuda pública que roza el 120% del PIB, los pagos de intereses pueden absorber prácticamente todo su crecimiento económico nominal. Pensemos que si el tipo de interés medio de su deuda fuera del 5% (el interés prometido por el plan de rescate de la UE-FMI), los pagos en intereses se llevarían para sí todo crecimiento nominal del PIB que fuera inferior al 6%. Una expansión menor de la economía llevaría a que la ratio entre deuda total y PIB no deje de aumentar, volviendo al final impracticable la amortización de todas sus obligaciones.

El panorama es oscuro cuando menos, pues hoy Grecia lejos de crecer, decrece, y la inflación (que podría contribuir a aumentar el crecimiento nominal) ha desaparecido de la escena. Por consiguiente, el país necesitará construir enormes superávits presupuestarios (que pueden ascender al 10% del PIB) partiendo del mayor déficit de la zona del euro (más del 13% del PIB en 2009). Es decir, habrá que reducir salvajemente el gasto público y con mucha probabilidad aumentar en igual medida los impuestos. Al final, pues, el nivel de vida de los griegos se hundirá porque tendrán que empezar a pagar el derroche pasado de sus políticos. La deuda pública tiene sus consecuencias, no es gratis, y en breve los helenos lo empezarán a comprobar, pues la alternativa –la suspensión de pagos– sería aún más dolorosa.

La loable firmeza de Merkel debería mover a la reflexión a Zapatero. Durante los últimos meses se especuló con la posibilidad de que el presidente del Gobierno español estuviera esperando a observar las condiciones del rescate griego –a comprobar si al final los alemanes daban su brazo a torcer– para saber a qué atenerse. Pues ya lo sabe: Merkel no cederá ni un milímetro en sus muy razonables exigencias (¿para qué habría de rescatar a un país que se niega a reconducir su errático rumbo?) y el ajuste que Zapatero se niega a implementar tendrá que producirse, sí o sí. La diferencia está en que cuanto antes tenga lugar, más pronto dejaremos de añadir deuda pública a nuestro balance nacional y menos doloroso será ese cambio. De haber empezado en 2008, nos habríamos ahorrado como unos 120.000 millones de euros. No convendría aguardar a 2011 o 2012, porque entonces puede ser muy tarde.

La primera semana de febrero los mercados ya nos lanzaron una advertencia que la verborrea internacional de Zapatero y Salgado logró calmar. En julio toca refinanciar alrededor de 25.000 millones de deuda pública. Veremos qué opinan los inversores internacionales entonces. Convendría haber llegado con unos deberes bien hechos a esa crítica fecha, pero el Gobierno, como los malos estudiantes, sigue dejándolo todo para el próximo curso.

Libertad Digital - Editorial

Cuando las barbas de tu vecino...

GRECIA ha solicitado formalmente a la Unión Europea que haga efectiva la ayuda prometida.

Después de varios intentos fallidos de calmar a sus acreedores con declaraciones retóricas, necesita ahora dinero contante y sonante. Necesita tiempo para no tener que acudir al mercado -próximamente vencen 23.000 millones de euros- y poner en marcha un programa creíble de ajuste fiscal que impondrá nuevos sacrificios. Hay dudas razonables sobre si la sociedad está preparada para ello. Existe también el peligro real de que si los acreedores se salen con la suya -no olvidemos que la última colocación de deuda pública se ha hecho por encima del diez por ciento- se vuelquen sobre su próxima presa. Portugal y España son los más firmes candidatos. No es catastrofismo ni antipatriotismo, sino puro realismo.

No hay una entidad financiera sensata que no esté preparando planes de contingencia. España necesita un shock de credibilidad que despeje cualquier incógnita sobre la capacidad de las finanzas públicas de hacer frente a sus compromisos externos. Y sobre la voluntad del Gobierno de tomar las medidas necesarias. El plan de estabilidad presentado hace pocas semanas a Bruselas, y vendido con gran espectáculo, es ya hoy papel mojado. De las medidas anunciadas sólo queda en pie la subida del IVA, probablemente la más inconveniente.

El retraso de la edad de jubilación y el aumento del período de cómputo en el cálculo de las pensiones duermen en el seno de la Comisión para la reforma del Pacto de Toledo; la reforma laboral sigue empantanada porque el Ejecutivo no se atreve a retirar el derecho de veto a los sindicatos; el presidente se dedica a restarle importancia y urgencia y los distintos Ministerios barajan borradores como si de una tesis doctoral se tratase; la reducción de gasto público, lejos de concretarse, es desmentida a diario con anuncios de nuevas subvenciones y nuevos proyectos de gasto no incluidos en los Presupuestos. Además, las hipótesis de crecimiento y empleo sobre las que se calculaban las necesidades de ajuste, y los tipos de interés a los que España podía esperar financiar su deuda, si eran entonces excesivamente optimistas hoy son sencillamente irresponsables. La capitulación de Grecia es un ejemplo de lo que les espera a los países que siguen instalados en la ficción de que lo peor ha pasado ya y la recuperación es sólo cuestión de tiempo. Es cierto: nuestra situación es mejor que la griega, pero en lugar de aprender de la desgracia ajena, estamos cometiendo algunos de los errores que la han llevado al borde de la quiebra.

ABC - Editorial