La ruina institucional. Por Angel Expósito Mora

Aquí alguien se está volviendo loco o nos estamos volviendo locos todos. Lo que construyeron los padres de mi generación está siendo destruido sin consideración alguna; a lo bestia, paso a paso.

España va camino de un deterioro institucional sin precedentes, porque lo ocurrido el pasado martes en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid en contra del Tribunal Supremo, y en supuesto apoyo al juez Baltasar Garzón del que él mismo reniega, supone un antes y un después en el desbarajuste de los cimientos del Estado. Más allá de ideologías y de Gobiernos concretos o de partidos políticos y líderes con nombres y apellidos, lo que está pasando en España debería hacernos pensar. Es más, debe preocuparnos.

Que todo un rector, nada más y nada menos que el rector de la Universidad Complutense de Madrid, amparara la humillación del Tribunal Supremo no sólo fue un disparate, ¡qué va!, fue un punto de inflexión. Porque se trata de quien debería ser una de las figuras más importantes del sistema educativo español, si no la mayor. Y si al rector le acompañaban un ex fiscal jefe anticorrupción, un secretario de Estado -y mucho más que supone en el seno del PSOE- y los líderes de los sindicatos mayoritarios, entonces estamos hablando no de un paso más en la desinstitucionalización, sino de una zancada hacia no se sabe dónde.

Insisto; no considero que se trate de una cuestión ideológica. Es mucho más importante. ¿Nos imaginamos al rector de la Universidad de Nueva York y a un ex fiscal de los Estados Unidos acompañados de los principales sindicatos norteamericanos impasibles y aplaudiendo ante la acusación de que el Tribunal Supremo de su país está formado por jueces corruptos, fascistas y/o torturadores? ¿Nos imaginamos a esos mismos señores, junto a alguna actriz -que no se pierde una, por cierto- riendo y felicitándose bajo una bandera que no fuera la de barras y estrellas, como aquí ocurrió con una farsa de bandera republicana? Y sigo con mis preguntas sin respuestas serias: ¿nos podemos llegar a imaginar a un político alemán presionando y hasta ridiculizando a su Tribunal Constitucional? ¿Y a un político francés ocultando lo que sus Fuerzas Armadas hacen y por lo que sangran, literalmente, en cualquier teatro de operaciones del mundo?

Pues aquí, sí. Aquí nos carcajeamos a la cara del Tribunal Constitucional, si bien es cierto que el propio Alto Tribunal ayuda mucho al esperpento, no reconocemos por extraños complejos a nuestros soldados muertos en combate, aplaudimos y nos reímos ante una farsa de bandera española y, para colmo y fin de fiesta, hay quien llama corruptos, fascistas y torturadores a los magistrados del Tribunal Supremo de España. Sí, sí, a los magistrados del Tribunal Supremo de España. Se me cae la cara de vergüenza hasta de tener que escribirlo. Porque aquí, en esta piel de toro, un sindicalista grita en público que el gobernador del Banco de España ha de irse «a su puta casa» y no pasa nada -ver ABC del 11 de octubre de 2009-, exactamente igual que pintarrajeamos una bandera o insultamos a los jueces. ¿No nos estaremos volviendo todos locos?

No se trata únicamente de buscar culpables, que también, sino de plantear un problema en el que, como siempre, se puede repartir leña para todo el mundo. Por un lado, los medios de comunicación porque participamos en esta orquesta absurda de dimes y diretes, si bien es cierto que unos más que otros; por otra parte, la política y sus representantes, porque no dan la talla al negarse a exclamar a los cuatro vientos la gravedad del problema, más bien todo lo contrario, y a la vez alimentan la insensatez por un interés electoral de pasado mañana. Y, cómo no, las propias instituciones que profundizan como nadie en su desprestigio. Los ejemplos abundan, pero me detengo en las togas porque el espectáculo del Tribunal Constitucional resulta inenarrable y, lo que es peor, irrecuperable para generaciones futuras. Y porque sobre el Tribunal Supremo se ha vertido un escupitajo enorme e injusto, un insulto incalificable hacia quien lo preside. Y así, hasta el Banco de España, la Universidad... Por favor, que alguien explique cómo podremos argumentar a unos chavales españoles recién llegados a estas mismas facultades universitarias que hay que respetar los valores y los principios, si todo un rector de la Complutense hace lo que hizo. O cómo vamos a pedir respeto por la bandera o por la Nación, si el Constitucional no publica una sentencia porque a alguien no le conviene. Y me repregunto: ¿cómo podemos estar tan ciegos ante el deterioro desesperado al que estamos sometiendo a las Instituciones, a las columnas vertebrales que sustentan el Estado, que soportan a España y a los españoles?

El periodista, médico y, sobre todo, pensador Joaquín Navarro Valls me dijo meses atrás que el problema de la juventud no es su propia falta de valores, que también, sino la escasez y ausencia de esos mismos valores entre los padres de esos jóvenes. Es decir, entre nosotros, -otra vez, ver ABC del 9 de septiembre de 2009- y tiene toda la razón. Porque lo que estamos haciendo o, mejor dicho, lo que estamos destruyendo se lo vamos a dejar a ellos. Y serán ellos los que se acaben marchando de España o nos terminen echando de las ruinas restantes. Junto a un buen amigo pude reconstruir hace un par de días la infancia de nuestros padres. Uno, su padre, tuvo durante media existencia la cara atravesada por un agujero causado por un balazo durante la Guerra Civil, que le perforaba desde una mandíbula hasta el lado opuesto del cuello. El otro, mi padre, se ataba a las espinillas, con cuerdas de pita, las suelas que encontraba en la basura de un Madrid de la posguerra para fabricarse su propio calzado. Décadas después, el uno y el otro, y otros tantos millones de españoles, produjeron una Transición democrática envidiable y fabricaron un armazón institucional que ha sido ejemplo en el mundo entero y que milímetro a milímetro estamos derrumbando. Sin cortarnos un pelo. Sin vergüenza alguna y sin medir las consecuencias.

De seguir así, a nuestros hijos no podremos explicarles el desastre, pero hay algo peor: ¿cómo les diremos a nuestros padres lo que hemos sido capaces de destruir en un abrir y cerrar de ojos, cuando a ellos les costó su sangre, su libertad, su esfuerzo, sus renuncias y la vida entera? Es necesario más que nunca un refuerzo de las Instituciones españolas antes de que sea demasiado tarde. Desde la política, desde las propias sedes institucionales y desde estos nuestros medios, los que podamos debemos clamar por el respeto y por el afianzamiento de los valores de nuestros padres, que, desde cualquier color, nos hicieron a nosotros y reconstruyeron esta España desde la más repugnante de las guerras.

Y lo vamos a hacer, porque o metemos esa marcha atrás en esta enloquecida carrera hacia el precipicio o nuestros hijos nos dirán, sin reparar en ideologías ni en partidos, y escupiéndonos en los libros de Historia: «Papá y mamá, habéis destrozado lo que hicieron los abuelos». Y, para nuestro ridículo, tendrán razón.

ABC - Opinión

Manifiesto por la reforma del Estado de las Autonomías

Por la reforma del Estado de las Autonomías

Queremos una reforma constitucional que redefina el actual modelo de descentralización política y administrativa, modifique la ley electoral, y asegure la igualdad entre todos los españoles.

Ha llegado la hora de afirmar sin titubeos que el Estado de las Autonomías es el inmenso error que nos está conduciendo a la ruina, a la división entre los españoles y a la desintegración de la unidad patria. El Estado de las Autonomías, en su concepción actual, impide la recuperación y el desarrollo económico de nuestra nación y contribuye de forma probablemente irreversible a la destrucción de la igualdad, la cohesión y la solidaridad que son fundamentales para el sostenimiento de la integridad de la nación española.

El Estado de las Autonomías y su altísimo e injustificado coste es el problema nuclear de la actual crisis. La atomización de leyes dispares, la existencia de políticas económicas, sociales, sanitarias, fiscales y sobre todo en materia de educación diferentes, resta fuerzas al Estado y por lo tanto lastra nuestras posibilidades de salir rápidamente de la actual crisis, a diferencia de otros Estados europeos. El Estado autonómico, justificado tanto por los partidos nacionales (PSOE y PP) como por los nacionalistas, constituye el gasto más importante, con diferencia, de nuestro presupuesto y la razón fundamental de nuestro déficit público; es por lo tanto la partida que precisa de un ajuste inmediato, cuando no de su eliminación.

El goteo permanente de cesión de competencias, junto con una ley electoral que termina por favorecer a las minorías independentistas - siempre desleales con el resto de España - nos hace preguntarnos ¿Cuál es el final del Estado de las Autonomías? ¿La desmembración misma de la Nación?

El Estado de las Autonomías, por su propia naturaleza, aspira a incrementar constantemente sus techos competenciales en una espiral perversa y sin fin que nos lleva, desde hace décadas, a la ruptura de la unidad de mercado y lo que es peor a la ruptura del modelo de Estado basado en la indisoluble unidad de España, tal y como se recoge en el artículo 2 de la Constitución Española.

Por todo ello llamamos, por encima de partidos, plataformas o foros a la hermosa tarea de soñar de nuevo en España, de refundar España bajo premisas generosas que nos devuelvan el orgullo y la alegría de trabajar en un proyecto común, lo que necesariamente pasa por una reforma constitucional que redefina el actual modelo de descentralización política y administrativa, modifique la ley electoral, blinde la unidad de España y asegure la igualdad entre todos los españoles, con independencia de su lugar de nacimiento o residencia.

Abril de 2010

estosololoarreglamossinlasautonomias.org

La hija de Bono de 10 años ‘paga’ una hipoteca de 110.000 euros

La niña es propietaria de un local en Albacete. Es una tienda que gestionaba su madre.

La hija pequeña de José Bono, todavía menor de edad, es ya propietaria de un local en el centro de Albacete, en la zona comercial más importante de la ciudad.

La propiedad está a nombre de la pequeña de los cuatro hijos que tienen el presidente del Congreso y su mujer Ana María Albina Rodríguez Mosquera. Según el Registro de la Propiedad número 4 de Albacete, el título de propiedad pasó a la hija de Bono el 6 de julio de 2009, dos meses después de que la menor hiciese su Primera Comunión. La niña, de origen chileno, fue adoptada por el presidente del Congreso con 7 meses de edad en 2001. En el momento en el que se registró el local a su nombre, la pequeña tenía 9 años.

El local, situado en el número 12 de la calle Tesifonte Gallego, en el Centro Comercial Calle Ancha, tiene una superficie de 130 metros cuadrados. Sobre éste pesa una carga hipotecaria de 110.000 euros con el Banco Popular que vence en junio de 2011. El valor de subasta fijado para esta finca es de 295.886 euros. Según varias inmobiliarias de la zona, el local tiene un valor de mercado aproximado de 350.000 euros.

La hija menor de edad de José Bono es, además, propietaria de un 5% de las acciones de la Hípica Almenara y de la empresa patrimonial Ahorros Familiares SAJA, según consta en el depósito de cuentas de 2008 de esta sociedad.

Tras su fracaso empresarial al franquiciar algunas de las tiendas de la firma de joyería Tous, que dieron pérdidas durante los primeros años, Ana Rodríguez Mosquera cambió su relación comercial y comenzó a gestionar siete de las tiendas propiedad de la marca catalana. El contrato le ofrece a la esposa de Bono un porcentaje de las ventas de cada una de las tiendas, además de un fijo por representar a la joyería. La empresa Ahorros Familiares SAJA es la utilizada por la esposa de Bono para facturar sus acuerdos con Tous.

Actualmente el local del que es propietaria la niña de 10 años aloja una de las tiendas de Tous que gestiona la esposa del presidente del Congreso, Ana María Rodríguez Mosquera. En la misma dirección está domiciliada la sociedad Ópalo 81, dedicada a la intermediación comercial.

La sociedad fue constituida el 5 de febrero de 2007 con la esposa de Bono, Ana María Rodríguez, y Pablo Cañego Muñoz como administradores. Meses después, en diciembre del mismo año, cesaron de sus cargos y fueron nombrados administradores solidarios Amelia Bono –otra hija del político– y Francisco Herrera García.

Amelia es la hija mayor del presidente. Su boda con Manuel Martos, hijo del cantante Raphael, aumentó la popularidad de su madre al frente de algunos negocios de patrocinio de la firma de joyería Tous. De hecho, durante varios años, Amelia, licenciada en Derecho, ha contribuido a los negocios de la familia ayudando a su madre cuando ésta aún tenía alguna de las franquicias de Tous en Castilla-La Mancha.

Aunque la esposa de Bono ya no tiene las franquicias, el local donde está situado el Tous de Albacete sigue siendo propiedad de la familia, en este caso de la hija menor de edad del matrimonio.

Los tutores legales de la niña, José Bono y Ana María Rodríguez Mosquera, son los responsables fiscales y administradores de la propiedad, según fuentes jurídicas consultadas. El domicilio fijado a efectos de requerimientos y notificaciones de la hipoteca es el 17 de la calle Hombre de Palo de Toledo, donde se encontraba la tienda Tous propiedad de la esposa de Bono.

El alquiler de un local en el centro comercial donde se encuentra el de la hija menor de Bono tiene una renta de 6.000 euros mensuales, según información local publicada sobre el precio del suelo en Albacete.
Los descuidos

Bono tampoco incluyó este local en los documentos que se filtraron a un diario nacional sobre el patrimonio del político y su familia. En el mismo artículo el presidente del Congreso aseguraba que sólo tenía un ático en Estepona, su casa de Toledo y un piso en Madrid que le había regalado a su hijo. Sin embargo, tal y como publicó LA GACETA, en el Registro de la Propiedad de Estepona figuran dos áticos a nombre de la sociedad Ahorros Familiares SAJA, participada por José Bono, su mujer y sus hijas, según consta en el depósito de cuentas de la empresa de 2008.

Esta sociedad es también propietaria de un lujoso ático en la calle Ayala de Madrid, adquirido en 2009 y cuyo valor de mercado ronda el millón de euros. Además, Bono es propietario ya de un piso en la localidad alicantina de El Campello, aunque tampoco informó de su adquisición al diario El Mundo.

La Gaceta

Para Garzón no hubo Paracuellos. Por Antonio Burgos

Entrego la cuchara ante los que saben de verdad de dos asuntos sobre los que no tengo la menor idea: de fútbol del bueno y de política nacional.

Yo sé del Betis, pero eso no es saber de fútbol ni nada. Y sé algo del alcalde de mi pueblo, que es la mejor forma de desconocerlo todo sobre política. Por eso me quedo con la boca abierta cuando veo un partido por la tele y el locutor se da cuenta de que están jugando sobre el doble pivote y con las líneas adelantadas. Por mucho que miro por allí, yo no veo pivote alguno. Así que ya te contaré cómo voy a ver el doble pivote, si no encuentro a un solo pivote, ¿seré cara... lo que rima con pivote? Y en cuanto a las líneas adelantadas, pues ni adelantadas ni retrasadas ni en su hora en punto: no veo en el campo más líneas que las blancas que pintan con cal de Morón. Y de política nacional, lo mismo. De momento, no tengo ni idea del lenguaje de los comentaristas políticos que hablan por la radio, qué piquitos de oro. No sé usar lo del «largo recorrido» o lo del «hondo calado», ni los remoquetes de «dicho lo cual» o «hasta donde yo sé». Y en mi suprema ignorancia, colijo que a los autotitulados analistas les pasa como a los comentaristas de fútbol: que saben ver todo lo que yo no endiquelo por parte alguna.

Y así me ha pasado con lo de Garzón. Entendía que la que han formado en pro Garzón era la habitual algarada de la Progresía Visa Oro, de los pijos de la izquierda forreta, del Sindicato de la Zeja, de Pilar Bardem y de los profesionales del manifiesto y la pancarta, de los que trincan tantas subvenciones que mucho presumir de izquierda solidaria, pero viven como el Marqués de Bono. Yo creía que era para que no se hable de la crisis, con el pretexto de que quieren toserle a Garzón, mascarón de proa de esa panda de trincones. Y dentro de la que lleva Garzón en las agujas, que era maniobra de distracción, para que hablemos de las fosas del franquismo, pero no de la prevaricación, ni de la tela del telón del supuesto botín con minúscula que presuntamente mangó a Botín con mayúscula. Y para distraer nuestra atención sobre la crisis, la inoperancia del Gobierno y los cuatro millones de parados.

Creyendo todo eso, claro, me resultaba incoherente que tanto buscar Garzón culpables de la represión de la guerra y tanto protestar los profesionales de la pancarta porque no lo dejaban al hombre escarbar en las fosas y desenterrar el odio, y resulta que allí, en el aula de la Facultad de Medicina, estaba un señor ya mayor, antiguo siervo de la gleba de Stalin, pregonado como responsable político del genocidio de Paracuellos, sobre el que Garzón no ha abierto la boca. Como soy de pueblo y no entiendo de política ni de fútbol, me preguntaba: ¿cómo Garzón dice que la Ley de Amnistía no vale para los cargos del régimen de Franco (por ejemplo, para los padres de muchos socialistas del Gobierno) y en cambio sí vale para el culpable político de Paracuellos? ¿O es que la demanda por lo de Paracuellos se la van a poner a este superviviente de la guerra desde la Argentina?

Pero eran despistes míos, que no veo ni el doble pivote ni las líneas adelantadas de la política. La Jefa de mi Casa Civil, que es más lista que todos los analistas políticos juntos, cuando vio la algarada, me dijo: «Garzón les importa un pimiento. ¿Te acuerdas de aquel micrófono que Gabilondo se dejó abierto cuando Zapatero le dijo que había que crear tensión para que la gente fuese a votar? Pues esto de ahora es lo mismo. Como el «Nunca mais», el «No a la guerra» o el «Queremos saber» del 11-M. No, no es para que no hablemos de la crisis. Quieren movilizar a sus votantes otra vez, por eso recurren a Franco y a los fachas, «que vienen, que vienen» y «no pasarán», para sacarlos de la abstención. Quieren poner en tensión a los radicales, a los antisistema, a las abortistas, a los gays, a las lesbianas, a los canis, a los que quitan el crucifijo en la escuela, a los antiyanquis, a los de la bandera republicana, a los grupos marginales, a toda esa gentuza que les dieron la victoria y quieren que se la vuelvan a dar».

ABC - Opinión

¡Qué sabrá el FMI!. Por José T. Gaga

Hablando con toda franqueza y consideración, reconozca que, si bien el FMI debe de saber poco de la economía española, usted, señora vicepresidenta, si lo que dice coincide con lo que piensa, muestra no tener ni idea de lo que aquí se cuece.

Diga usted que sí, señora vicepresidenta ¡qué sabrá o qué sabe el Fondo Monetario Internacional de lo que pasa en la economía española! Yo, como usted; el día que me levanto con el chovinismo desbordado, no hay quien me gane, por eso hoy, incitado por su aseveración, proclamo en voz alta que somos los mejores, que no hay quien nos gane ni en el saber ni en el hacer, ni en el pensar ni en el actuar. ¡Qué buenos somos! Y qué pena que la humanidad se pierda el fruto de nuestras capacidades, más notorias todavía cuando quien las ostenta ocupa una posición de Gobierno. Incluso a los españoles de a pie, que somos buenísimos, en ocasiones nos cuesta medir con exactitud la grandeza de nuestro Gobierno, su excelsa capacidad para hacer las cosas bien y su virtuosismo para resolver aquello que menoscaba el bienestar de la sociedad.

Señora Salgado, hablemos en serio. Con todo mi respeto, yo no sé si el FMI sabe lo que pasa en la economía española; estoy de acuerdo en que no son dioses, es más, que están muy lejos de la divinidad y que algunos conocidos que por allí andan, están más cerca del diablo que de Dios, y que habría sido mejor no dejarles marchar para que no conocieran allá los entresijos de esta bendita tierra, prostituida por tanto benefactor público. Pero, al menos, estará usted de acuerdo conmigo en que, aún con la escasez de conocimientos que podemos suponer en sus mentes, disponen de una gran información, poseen más datos de los quizá sean capaces de utilizar y tienen la posibilidad de intercambiar experiencias a niveles para los demás inalcanzables.

Es más, como no quiero llevarle la contraria, acepto que, quizá, sepan poco de la economía española. Pero lo que también le pido a usted, hablando con toda franqueza y consideración, es que reconozca que, si bien ellos deben de saber poco de la economía española, usted, señora vicepresidenta, si lo que dice coincide con lo que piensa, cosa que no tendría que ser así necesariamente, muestra no tener ni idea de lo que aquí se cuece; y eso me preocupa mucho más.

Porque, al fin y a la postre, los del FMI están allá lejos y, sobre todo, tienen mucho entretenimiento con todo lo que pasa en el mundo, por lo que la posibilidad de que se fijen en mí para hacerme la vida imposible –de la función pública nunca he esperado otra cosa– la veo muy remota. Así que, sabiendo o sin saber, lo de aquellos señores me trae más bien al fresco. Sin embargo, usted y su función, sí que me inquietan. Porque tampoco es que yo tenga ninguna relevancia para merecer su atención en nuestro territorio patrio, pero, por simple probabilidad, en un sorteo entre menor número de jugadores puede que me vea agraciado por la suerte, pese a que ello nunca ha ocurrido cuando lo que se sortea es algo apetecible o deseable.

¿Entendí bien, Doña Elena, su manifestación según la cual "ya no es el momento de hablar de la crisis, sino de impulsar políticas que garanticen un crecimiento robusto"? Si en efecto quiso decir eso, me deja usted altamente preocupado. Usted sabe, seguramente los del FMI también, que sigue creciendo el desempleo, que la economía española se separa cada vez más y por debajo de la de los países que consideramos de nuestro entorno, es decir, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, etc. que las familias se han puesto a ahorrar como no lo habían hecho desde la posguerra, que los cierres empresariales y los de los autónomos están adquiriendo niveles insospechados en cualquier momento precedente, en fin... qué le voy a contar, si para saber eso no se requiere más que tener los ojos abiertos, con intención de ver la realidad.

Y, con todo eso, dice usted que ya no es momento de hablar de crisis, es decir, que aquello ya es historia, que todo pasó como un mal sueño. Es verdad que tantas veces ha dicho que estamos saliendo de la crisis que ahora se ha visto obligada a cambiar el epitafio por el de ya no es momento de hablar de... Una cosa me preocupa, quizá, más que la crisis: ¿pretende usted que la creamos? Eso supondría una abstracción tal de la realidad, que ningún político, ni siquiera nuestro presidente del Gobierno, se la puede permitir.

Pasando esto por alto, y para no cansar a los lectores, afirma usted que es el momento de impulsar políticas que garanticen un crecimiento robusto. ¿Quiere esto decir que hasta este momento no se había hecho tal propósito? Porque no querrá decir que es nuestra responsabilidad impulsar tales políticas. Señora vicepresidenta, impulsar políticas que garanticen... ¡casi nada dice usted! Y si como hasta ahora lo que se garantiza es la depresión, ¿a quién reclamamos? ¿Quién es el garante? Y si el garante es de dudosa solvencia, cosa que es muy probable conociendo al personal, ¿quién garantiza al garante?

Ha llovido mucho, señora Salgado, y la tierra está empapada. El español medio, un yo cualquiera, ya no acepta aquello de "asumimos, o asumo, la responsabilidad por la necia gestión", cuando después nada pasa, todo sigue igual, nombramiento, sueldo, poder, despacho, secretaria o secretario, coche oficial con su conductor o conductora, etc. Eso ya no satisface ni a los más ingenuos. Es más, han conseguido que, cuando oímos algún pronunciamiento semejante, pensemos al instante que nos están tomando el pelo.

¡Qué pena, no! Con lo bien intencionados y confiados que éramos... pero el cántaro acaba rompiéndose a fuerza de ir a la fuente y, la verdad, es que muchos estamos ya rotos.

Libertad Digital - Opinión

Simposio, Garzón y Estatuto. Por José María Carrascal

LA próxima semana se celebra en la sede del Banco de Santander en Nueva York un simposio sobre «España 1975-2010», en el que intervendrán Maria Teresa Fernández de la Vega, Alfonso Guerra, Manuel Marín y Virgilio Zapatero.

Supongo que todos ellos dejarán muy claro que el «New York Times» se equivocó al decir que procesar a Garzón era una «injusticia». Que demostrarán que a Garzón no se le procesa por antifranquista, sino por un posible exceso en sus atribuciones como juez, por unos cobros discutibles durante su estancia en esta ciudad y por haber violado la confidencialidad entre acusados y sus defensores, principios todos reconocidos por la justicia universal, empezando por la norteamericana. En otras palabras: que la justicia española es tan justa, tan rigurosa y tan legítima como cualquier otra de un país democrático. Un juez español puede equivocarse. Pero no a sabiendas. Ni puede saltarse las leyes, los procedimientos ni los derechos fundamentales de los procesados. Supongo, repito, que las personalidades españolas que vienen a Nueva York a exponer las diferencias entre la España de Franco y la actual dejarán esto meridianamente claro. Cualquier otra cosa sería hacer turismo en Nueva York, como tantos otros españoles, pero vedado a ellos en este caso.

Me queda media «postal» para comentar el fallo del Tribunal Constitucional sobre el nuevo estatuto catalán. Pues el rechazo del quinto borrador de doña Elisa Pérez Vera es una sentencia a la inversa: todos los afeites, amaños arreglos, retoques que la ponente, apoyada por la presidenta del tribunal, ha venido dando al texto para encajarlo en la Constitución española han sido inútiles. El nuevo Estatut no cabe en la Constitución por ser un sucedáneo de constitución. Y, o cede el estatuto o cede la Constitución. Ha bastado que uno de los miembros del tribunal propuesto por el PSOE examinase con ojos jurídicos y no ideológicos el texto aprobado con entusiasmo por el Parlamento catalán y con negligencia por el Congreso español para darse cuenta de ello, sin que valiesen los denodados esfuerzos de las señoras Pérez Díaz y Casas para dejar en él lo substancial, eliminando lo accidental. Permitir el término «nación» para Cataluña, una relación de bilateralidad entre España y Cataluña y un Tribunal Superior catalán como última instancia en aquel territorio es pasar de la nacionalidad la nación, de la autonomía, a la soberanía. Tan simple como eso. Si Zapatero ha perdido dos años negando la crisis y poniéndole parches, doña María Emilia y doña Elisa han perdido tres, intentando hacer constitucional lo que no es. ¿Y ahora, qué? Se me acaba el papel. Mañana responderé, en mis posibles, a esa pregunta. Lo primero era lo primero, y hoy, lo primero era ese simposio en el Banco de Santander, aunque sea un poco citar la soga en casa del ahorcado.

ABC - Opinión

Los motivos de la campaña. Por José María Marco

Se trata, por lo menos en apariencia, de identificar al centro derecha español con el franquismo y de acabar con la pérdida de votos que está sufriendo el PSOE entre los electores más moderados e independientes.

De prosperar el auto de Garzón, la primera víctima no sería Franco ni su régimen, que difícilmente pueden ser ya víctimas de nada. Sería la Ley de Amnistía de 1977. Efectivamente, Garzón argumenta que es posible que hoy, en 2010, siga viva (y secuestrada) alguna de las personas secuestradas durante la Guerra Civil o el régimen de Franco. En tal caso, como el delito continúa, la Ley de Amnistía no se aplicaría. Otro de los argumentos de Garzón vuelve a una de las líneas de acción favoritas del juez de la Audiencia, la de la jurisdicción universal: según esto, las leyes internacionales especifican que algunos de los delitos cometidos durante la Guerra y el régimen de Franco son imprescriptibles, por lo que la Ley de Amnistía del 77 no se les puede aplicar.

El problema que suscita Garzón es, por tanto, y en un primer momento, de orden judicial. Como tal debe ser tratado y como tal va a ser tratado –no tengo la menor duda– por el Tribunal Supremo, y eso a pesar de todas las presiones que está recibiendo de los medios de comunicación socialistas, de las universidades públicas, de los sindicatos de clase, de los titiriteros e intelectuales de la ceja, así como del Gobierno.

El affaire Garzón también tiene consecuencias políticas sobre las que vale la pena reflexionar. De salir adelante el auto de Garzón, se deduce que la Ley de Amnistía de 1977 queda invalidada. ¿Para quién? ¿Sólo para los responsables de crímenes cometidos en el bando nacional? ¿Quedan excluidos los crímenes cometidos en el otro bando, como las matanzas de Paracuellos o el asesinato de cerca de 7.000 católicos por el solo hecho de serlo, lo que técnicamente constituye un genocidio? (La pregunta no es retórica: una de las cosas que puede llevar a Garzón al banquillo es su disposición a aplicar la Ley de Amnistía en el caso de Santiago Carrillo y no en el de los crímenes del bando nacional). Finalmente, ¿los etarras indultados también deberán volver a ser juzgados? ¿O a los etarras se les aplicará la misma indulgencia que a Carrillo? ¿Tan crudamente realista es la idea que esta izquierda tiene de sí misma?

También vale la pena reflexionar un momento sobre los motivos de la campaña desencadenada en estos últimos días. Conviene distinguir entre Garzón, por una parte, y los protagonistas de la campaña. Garzón se embaló en este asunto subido en la ola de la Ley de Memoria Histórica, es decir en el designio gubernamental, liderado por Rodríguez Zapatero, de acabar con los pactos fundacionales de la Transición y con la actual monarquía parlamentaria. Garzón debió de suponer que era una ocasión de oro para reafirmar de una vez por todas su figura de justiciero internacional, en su país además, y con una causa en cierto modo indiscutible, como es la del antifranquismo. En cambio, los apoyos que ha recibido sirven otros intereses, más próximos a la política diaria. Se trata, por lo menos en apariencia, de identificar al centro derecha español con el franquismo y de acabar con la pérdida de votos que está sufriendo el PSOE entre los electores más moderados e independientes. En 1909 fue el anticlericalismo, en la segunda legislatura de Aznar fue el antiamericanismo, ahora es el antifranquismo.

Tras el acto de la Universidad Complutense, Pascual Maragall regaló a Garzón una estatuilla de Ferrer Guardia, el pedagogo anarquista y filoterrorista condenado a muerte y ejecutado después de los terribles sucesos de la Semana Trágica de Barcelona, en 1909. Es dudoso que Garzón haya apreciado la analogía, o la broma, pero resulta significativa. Se trata, sin duda alguna, de organizar ahora la misma campaña nacional e internacional que se montó entonces. Sus promotores identificaron a Maura y a su Gobierno con las imágenes tópicas de la España negra, inquisitorial y bestialmente atrasada (el franquismo de entonces). Acabaron con Maura, pero también con la posible democratización del régimen liberal que Maura impulsaba. Asimismo, consolidaron la imagen de las dos Españas, imagen que ahora ha vuelto a resucitar: si esta campaña prospera, el conjunto de los españoles volveremos a ser, como nuestros mayores, víctimas de las fantasías masturbatorias de unas elites incapaces de concebir el pluralismo.

Hay una diferencia, sin embargo. Y es que las campañas de 1909 y las de principios del siglo XXI se llevaron a cabo contra la derecha en el poder. Esta campaña, en cambio, es de orden preventivo. Se hace por si acaso el PP volviera, o para evitar que vuelva al poder... Quizás sea posible comprenderla de otro modo.

Es posible que entre el PSOE de Rodríguez Zapatero y el anterior, el de Felipe González, haya habido un cambio de estrategia en cuanto a la Transición. La voluntad de acabar con la Transición, ya sea considerándola un mito, como se explica en muchos departamentos universitarios y se va a acabar enseñando en los institutos, o como continuidad del régimen de Franco, tal como postula la Ley de Memoria Histórica es, efectivamente, nueva. No lo es, en cambio, la ocupación y el monopolio del espacio cultural. Y en este caso, nos encontramos con una paradoja. La ofensiva de Rodríguez Zapatero coincide, y tal vez ha propiciado, un cambio en este aspecto. En tiempos de Felipe González y de José María Aznar, el monopolio ideológico y cultural de la izquierda era absoluto. La gente joven que no conoció esos tiempos ni siquiera puede imaginarlo. Hoy, eso ya no existe. El predominio izquierdista sigue siendo aplastante, sin duda, pero hay medios de comunicación, periodistas, intelectuales, profesores, fundaciones, asociaciones, editoriales, toda clase de foros en internet, universidades y centros de enseñanza privados e incluso pequeños núcleos de la enseñanza pública que han perdido el miedo y ofrecen una visión distinta y plural de la realidad.

Es posible que ante el avance de esta marea, sin duda heteróclita, estridente y a veces no bien avenida, pero evidente e indiscutible, el verdadero objetivo de esta campaña sea escindir al PP de todo ese movimiento social y cultural que, por otra parte, y en muy buena medida, ha ido creciendo solo, por su cuenta, sin liderazgo político. Veremos cómo reacciona el PP. El trance es histórico, por razones que no viene a cuento explicar aquí, y el PSOE lo sabe.

Libertad Digital - Opinión

El gineceo presidencial. Por M. Martín Ferrand

LOS sabios de la Grecia clásica, menos apurados por la deuda y el déficit que Yorgos Papandreu, se proponían a sí mismos problemas de imposible solución, desde la cuadratura del círculo a la trisección del ángulo pasando por la duplicación del cubo.

A partir de tan tenue evocación puede concluirse la condición helénica que aletea en las entrañas de José Luis Rodríguez Zapatero, el líder al que Leire Pajín pretendía planetario y se ha quedado, pobrecito, en personaje de cercanías. Impulsado por su obsesión paritaria, el socialista ha construido un gineceo político y de pensamiento que anula, por su espectacularidad, todos los andrones habidos en nuestra vida pública desde que culminó la Reconquista.

Zapatero le ha encargado a sus elegidas, diz que mujeres de mérito, labores imposibles que convierten la citada cuadratura del círculo en videojuego -violento, por supuesto- de dificultad mínima. Después de consagrar la diferencia «de género» entre el garrotazo que un hombre puede darle a una mujer del que la mujer pueda propinarle al hombre -demagogia en estado puro-, confía en la inteligencia de Bibiana Aído para demostrar la igualdad, no sólo de derechos, entre los niños y las niñas, algo que debiera escandalizar a los ecologistas y que, una de dos, o nos convierte en una Nación de hermafroditas o cierra el ciclo de la perpetuación de la especie.

Siempre en pos de lo imposible, físico o metafísico, Zapatero pretende que María Emilia Casas deshaga en unas cuantas noches, después de un cuatrienio de fracasos, el manto que tejieron los padres de la Constitución y que, al calor de los poderes emanados por el Título VIII, ha degenerado en los escudos que portan los héroes autonómicos con armadura soberanista. Casas no es Penélope. Tampoco Elena Salgado entra en el marco de la Odisea. Ahora, si prospera la prudente propuesta de la Comisión Europea, tendrá que someter el Presupuesto del Estado -un género literario en lo que llevamos de zapaterismo- al más exigente y cabal criterio de Bruselas para que, después y en el Congreso, pueda ser aprobado, enmendado o rechazado por los diputados de sigla y obediencia.

Tal es la carga de imposibles que el líder socialista le impone a sus mujeres paritarias que terminarán cantando, como en La rosa del azafrán: «¡Ay, ay, ay!, ¡qué trabajo nos manda el Señor, levantarse y volverse a agachar!»

ABC - Opinión

La UE no se fía de las cuentas de Zapatero

La lupa de los organismos europeos se dirige hacia unas cuentas públicas, las españolas, cuya debilidad sólo puede disimularse ya a base de maquillaje estadístico y demagogia política.

No es casual que España sea el primer país, junto con Finlandia, cuyas cuentas públicas van a ser sometidas a un riguroso examen por los rectores económicos de la Unión Europea. Las continuas correcciones presupuestarias, obligadas a causa de unas previsiones macroeconómicas totalmente fuera de la realidad, y la absoluta pasividad de un Gobierno incapaz de llevar a cabo las reformas necesarias para iniciar la salida de la crisis, justifican sobradamente que la atención de los miembros del Ecofin se haya centrado en la gestión de Zapatero de forma prioritaria.

La economía española tiene un peso mucho mayor que el de Grecia y nuestros socios no están dispuestos a correr el riesgo de un desplome en nuestras finanzas que sin duda tendría repercusiones mucho mayores que las de Grecia sobre el conjunto de la UE. Pero es que, sumada a esa circunstancia, la incapacidad de Zapatero para gestionar una crisis de esta magnitud es ya una evidencia para toda Europa.

A primeros del pasado mes de febrero, tras la fuerte caída de la bolsa española, el presidente envió a Elena Salgado de gira internacional para intentar convencer a los mercados de que el Gobierno español estaba dispuesto a emprender un severo plan de ajuste que preservara la confianza exterior en nuestra economía. En ese contexto, sus colegas en el Ejecutivo aprovecharon para hacer el más espantoso de los ridículos denunciando que los problemas se debían no a la ineptitud proteica de nuestros gobernantes, sino a una oscura conspiración internacional, actitud impensable en cualquier cabeza mínimamente amueblada si lo que se pretende es dar una imagen de seriedad de cara al exterior. Después del esperpento, Salgado y su segundo en el ministerio aseguraron en ese particular euro-tour que el Gobierno iba a llevar a cabo una fuerte reducción del gasto público, lo que unido a una reforma del sistema de pensiones y a ciertas modificaciones en el mercado de trabajo, pondría las bases para que nuestra economía tomara por fin la senda del crecimiento.

Pues bien, dos meses después nada se ha hecho aparte de algunas propuestas evanescentes incluidas en el habitual "paquete de medidas" que el Gobierno, comisión Zurbano mediante, suele hacer público de forma recurrente para fingir que está actuando de forma decidida contra la recesión. Antes al contrario, a fecha de hoy, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ni ha comenzado a actuar en función de unas previsiones realistas en cuanto al crecimiento del PIB, ni está dispuesto a reducir el gasto público más allá de algún gesto testimonial, ni, por supuesto, goza de la menor autoridad para exigir a las comunidades autónomas que moderen su brutal despilfarro. En cuanto a la reforma de las pensiones y del mercado laboral, aún estamos esperando que los numerosos "globos-sonda" que sus ministros nos regalan de forma insistente acaben concretándose en alguna medida medianamente útil para comenzar a caminar en la buena dirección.

En esta tesitura es normal que la lupa de los organismos europeos se dirija hacia unas cuentas públicas, las españolas, cuya debilidad sólo puede disimularse ya a base de maquillaje estadístico y demagogia política. Esas viejas técnicas socialistas pueden tener virtualidad en clave de consumo interno gracias a unos medios de masas entregados en general al Gobierno de turno, pero de cara al exterior su efecto es inapreciable. El Eurogrupo va a examinar la gestión de Zapatero y sus conclusiones y recomendaciones van a dar a los mercados financieros la medida de la solvencia de nuestro país. Si Zapatero se olvida del grotesco expediente de la "conspiración internacional" contra España y comienza, por fin, a hacer algo útil por todos los ciudadanos, el bochorno de ser considerados los peores estudiantes de la UE habrá merecido la pena.

Libertad Digital - Editorial

Prisas oportunistas por renovar el TC

LA única reacción política bien definida tras la derrota de la ponencia que avalaba en su mayoría el Estatuto de Cataluña ha sido la de José Montilla, que ha pedido a Zapatero y Rajoy la renovación de los magistrados del TC cuyo mandato está en prórroga.

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Con esta secuencia de hechos -primero se pierde la ponencia que «gustaba» al Gobierno y ahora hay que renovar el TC a toda prisa- es evidente que el presidente del tripartito catalán, el PSOE y el Gobierno de Rodríguez Zapatero dan por perdido el Estatuto con la actual composición del Tribunal. Por eso, lo que Montilla plantea es un tribunal «ad hoc», es decir, un tribunal cuya única razón de ser sea salvar este ingente trueque llamado Estatuto, realizado entre socialistas y nacionalistas para desmontar el orden constitucional en Cataluña y perpetuarse en el poder.

Después de tres años y medio de espera, estas prisas son hipócritas, en primer lugar porque a quienes las atizan les interesa únicamente el rescate del Estatuto catalán; en segundo lugar, porque si no ha habido renovación se debe a las maniobras desleales del Gobierno. Al respecto hay que recordar la «enmienda Casas», que ha perpetuado a esta magistrada en la presidencia para evitar que su voto de calidad cayera en manos conservadoras. También hay que traer a la memoria la deslealtad del Gobierno de no cubrir la vacante por fallecimiento del magistrado Roberto García Calvo, que correspondía ser propuesta al Partido Popular. No menos significativos han sido los vetos socialistas a las propuestas de las autonomías gobernadas por el PP con los candidatos al TC (Francisco Hernando y Enrique López). Rajoy no puede obviar estos datos ante los cantos de sirena que empezarán a llegar con llamamientos al sentido de Estado.

La renovación, ahora, es lo menos urgente. La prioridad absoluta es que el TC dicte sentencia cuanto antes sobre el Estatuto de Cataluña y que los actuales magistrados asuman, con libertad e independencia, la responsabilidad histórica que les ha correspondido con la Constitución española. Puestos a discutir legitimidades, no será mayor que la actual la de los nuevos magistrados que entraran en el TC con el estigma de ser mandatarios de sus respectivos mentores, PSOE o PP, para salvar sus posiciones políticas sobre el Estatuto. Hay, sin duda, un fuerte daño al crédito institucional del TC, que se haría definitivo si sus actuales magistrados lo abandonaran sin haber cumplido su deber con el interés nacional puesto en sus manos.

ABC - Editorial

Garzón, en el Cerro del Fantasma. Por Tomás Cuesta

LA vida española es como una sesión de espiritismo atiborrada de espectros obsesivos y trasgos ululantes. Una estación de paso (y de penitencia, claro) entre un más allá imposible y un más acá improbable.

Una tierra de nadie en la que el batallador recuerdo del capitán Lozano renace en las batallitas infantiles de Baltasar Garzón, don Baltasar Garzón, San Baltasar Garzón de ahora en adelante. Tan memorable, si no histórica, ha sido esta semana que incluso las memorias del alguacil alguacilado han salido a galope del rincón de los libros sufridos y olvidados. O sea, que, en cierto modo, han salido del almario. En las páginas de «Un mundo sin miedo» (que es un desahogo prematuro, pero premeditado hasta las cachas) el personaje se retrata tal cual era o, mejor dicho, tal y como se soñaba. Al cabo, tanto da. Verdaderos o falsos, los avatares del pretérito alumbran las aventuras actuales. Porque en la mocedad rebelde, indómita, arriscada, se adivinaba ya al adalid de la justicia, al desfacedor de entuertos, al sostén de los débiles, el caballero andante. Al temerario «freedom fighter» jienense que pasmaría al mundo más pronto que tarde.

Tristes tiempos aquellos en los que «llevar la revista Triunfo bajo el brazo representaba un desafío, un voto de censura a una realidad mostrenca y asfixiante», señala nuestro héroe con absoluta sencillez, sin dárselas de nada. A fin de cuentas, no todo era tan malo: «También pudimos disfrutar de algunas alegrías como la Revolución de los Claveles en Portugal, el 25 de Abril de 1974», añadirá a continuación sin pretender cargar la suerte ni las tintas dramáticas. «Fue mi primer enfrentamiento con la policía armada española (sic), que pretendía arrebatarme el clavel rojo que llevaba sujeto entre las hojas del libro de derecho civil». El de civil, casualmente. No el de procesal o el de romano. Ni Sthendal redivivo se habría expresado con más arte.

Baltasarcito se concienció enseguida, antes de abismarse en el seminario. De la Guerra Civil tuvo noticia exacta de labios del tío Gabriel, el hermano mayor de su madre, a lo largo de prolijos intercambios en lo que aún no veía amanecer, pero por ahí le andaba. «Son tantas las historias que escuché, tantos los atropellos que me relataron que, de alguna forma, quedaron grabadas en MI ánimo y decidí, siendo un niño, que tenía que hacer algo». Y a fe que lo ha logrado. De hacerla, hacerla gorda, según sentencia el clásico...

Con esa determinación y ya en la Universidad, Garzón da un paso al frente, pero el Destino, ¡ay!, se le adelanta y una tromboflebitis le arrebata la presa antes de darle caza. Franco, la «bestia» que es como él le llama, murió en la cama, en 1975, un año «especialmente conflictivo», cuenta el magistrado. Cuenta y no para: «Los cierres de las universidades en toda España se sucedían al ritmo que las huelgas se convocaban. Fue en febrero de ese año cuando volví a enfrentarme directamente con la policía, primero en la Facultad de Derecho y luego en la de Medicina donde nos hicieron una encerrona con caballos, jeeps y material antidisturbios. Una persona murió aquel día en Sevilla. Era el precio de la lucha por la libertad». ¿Miedo? ¿Quién dijo miedo? Espeluznante.

Cuánto ha cambiado la Universidad después de treinta y cinco años. Sin embargo, el mismo protagonista pretende escenificar el mismo cuadro. Todavía está anclado en sus memorias, despachando gasolina con su padre en la estación de servicio del Cerro del Fantasma. Allí donde coinciden la obcecación y la amnesia, donde los rencores se visten de gala.

ABC - Opinión

Cerrado por elecciones. Por Maite Nolla

La señora Casas le ha dado una nueva oportunidad a Montilla, cumpliendo las órdenes de De la Vega. Y ya veremos. Yo sigo pensando que, al final, estaremos más cerca de un nuevo tripartito que de un Gobierno de CiU.

Cada vez estamos más cerca de que se cumplan las previsiones de los negacionistas y que no haya sentencia sobre el estatuto de Cataluña nunca. El caso es que sus señorías han decidido cumplir las órdenes de una de las vicepresidentas del Gobierno y han cerrado el chiringuito por elecciones como cabía esperar. De hecho, y no es para disculpar a los magistrados, el principal problema que tienen ahora es que no todos los que están a favor o en contra de declarar la constitucionalidad del asunto lo están por los mismos motivos, con lo cual es fácil ponerse de acuerdo para rechazar un determinado borrador, pero no en redactar uno alternativo. Eso por un lado.

Por otro, ¿y qué más da que no haya sentencia? Dice una reportera de La Sexta que la falta de sentencia "aumenta la crispación en Cataluña"; entre los no nacionalistas, claro, porque a los nacionalistas les importa muy poco. Para empezar, esta semana el mismo Tribunal ha decidido suspender los derribos del barrio del Cabañal porque si después se anula la ley valenciana que sirve de fundamento a la remodelación del barrio, los derribos y las obras serían irreversibles o de muy difícil reposición. Eso es razonable. Lo que no es razonable es que el nacionalismo catalán lleve cuatro años legislando en desarrollo del estatuto, como si no pudiera ser anulado y como si no estuviera pendiente de sentencia. Si hoy se hubieran puesto de acuerdo los magistrados el problema no hubiera sido dejar sin efecto las previsiones del estatuto y de las normas dictadas para desarrollarlo; el problema hubiera sido que los que deben hacer cumplir eso –el Gobierno y la Generalitat– hubieran acatado mucho la sentencia, pero no hubieran cumplido ni una coma de todo lo que tuviera que ver con la lengua, la educación o la financiación autonómica. A la pobrecita de La Sexta que ha dicho que la falta de sentencia aumenta la crispación en Cataluña hay que decirle que nada impedirá a los nacionalistas seguir legislando, por muy irreversible que sea lo que hagan.

Y lo que ahora es un problema técnico derivado de la desidia y de la irresponsabilidad, mantiene la incertidumbre de cara a las elecciones. Tanto CIU como ERC pensaban que cualquier sentencia mínimamente restrictiva les iba a hacer la campaña gratis y no ha sido así. La señora Casas le ha dado una nueva oportunidad a Montilla, cumpliendo las órdenes de De la Vega. Y ya veremos. Yo sigo pensando que, al final, estaremos más cerca de un nuevo tripartito que de un Gobierno de CiU, porque las cosas se apretaran más entre CIU y el PSC de lo que dicen las encuestas.

Y el problema lo sigue teniendo el PP. Que no haya sentencia le queda como un guante a Rajoy que no quiere tener opinión sobre nada. Pero les coloca en el centro de las iras nacionalistas en la campaña electoral: los nacionalistas les acusarán de que la situación de espera es culpa del recurso presentado por el PP –de hecho, eso dijo una vez Carmen Chacón– y que van contra Cataluña y toda la basura habitual. Claro, que de haberse dictado sentencia habría sido peor. Y el PP no está para defenderse. Han pasado de pedir que se anule el contenido esencial del estatuto, a pedir que se diga si es o no constitucional, que no es lo mismo. Nos vemos en el próximo rumor.

Libertad Digital - Opinión

Longa manus. Por Ignacio Camacho

NO cuadra ni a martillazos. Una mayoría sostenida de magistrados del Tribunal Constitucional opina que el Estatuto de Cataluña no cabe en la Constitución por muy ancho que sea el filtro jurídico que se le aplique. La deliberación no está atascada; lo que se ha atascado es la voluntad de la presidenta del Tribunal, doña María Emilia Casas, de constitucionalizar el texto a base de mirarlo con buenos ojos, o más exactamente con los ojos del Gobierno y los nacionalistas catalanes.

Por cinco veces, y durante cuatro años, un mínimo de seis jueces sobre diez se han negado a dar el visto bueno a la ponencia favorable, y eso no es un bloqueo, sino un rechazo en toda regla. Ante tan terca evidencia se imponía desde hace tiempo el cambio de ponente, que la señora Casas se negaba a aceptar porque en su arbitraje casero prefería seguir dando largas a ver si pasaba algo; por ejemplo que el magistrado Manuel Aragón, elegido a propuesta del PSOE, reconsiderase su posición contraria a la definición nacional de Cataluña y sus símbolos identitarios. Pero Aragón no se mueve de su criterio; entiende que, en la Constitución está muy claro que no hay en España otra nación que la española. Con sus maniobras dilatorias Casas ha actuado como longa manus del poder, aunque ni aún así ha logrado sacar un dictamen benévolo en el que la conveniencia política prevalezca sobre el rigor jurídico.

Finalmente se ha abierto paso la única solución razonable y será el catedrático Guillermo Jiménez, sevillano fino y serio, hombre moderado y cabal con fama de buen componedor de acuerdos, el que redacte un nuevo borrador en busca de un consenso hasta ahora imposible. En principio se podría interpretar su designación como un revés gubernamental, porque Jiménez también comparte la tesis de la inconstitucionalidad esencial de un texto que «depara» -el término es de Maragall- como nación a Cataluña; sin embargo, el Gobierno obtiene en el relevo una importante ventaja táctica para sus intereses. Salvo que el nuevo redactor haga un trabajo exprés la ponencia se puede demorar hasta el otoño, de modo que Zapatero y Montilla tengan unas elecciones catalanas tranquilas, sin que se les cruce por medio una sentencia que, caso de resultar adversa, les complicaría severamente una campaña que ya de por sí han de abordar en cuesta arriba.

Lo que a nadie parece ya causarle reparo es el desprestigio que el Constitucional continúa acumulando con su mecánica de apaños maniobreros, más pendiente de las consecuencias políticas de sus decisiones que de resolver conforme a Derecho. Con todo y con ello, por fino que hilen los magistrados, como al final tumben el núcleo duro del dichoso Estatuto se pueden ir preparando: si no los acusan de torturadores, como a sus colegas del Supremo, no se librarán de pasar por enemigos del pueblo catalán o cualquier enormidad semejante.

ABC - Opinión

Un estatuto inconstitucional que el PSOE no quiere reconocer como tal

El Gobierno socialista sí está presionando para subvertir el orden constitucional, buscando como sea que el texto que Zapatero prometió al nacionalismo catalán no sea retocado en lo esencial.

Suele afirmarse, con razón, que una de las grandes lacras que impide el adecuado funcionamiento de las instituciones y de la economía en España es el lamentable estado en que se encuentra la administración de justicia. Dos son los motivos esenciales que explican semejante situación: una, la lentitud de los procedimientos judiciales; dos, la omnipresente politización de los jueces y magistrados.

Lo primero impide proteger a tiempo a las víctimas, quienes sólo ven satisfechas sus pretensiones años después de que lo necesiten. Lo segundo impregna de una inquietante arbitrariedad las resoluciones judiciales, primando no el respeto a la legalidad, sino a los intereses políticos. Ni los poderes están separados ni actúan de manera eficiente, lo que tiende a degenerar en forma de sentencias tardías con un contenido más que discutible.

Pocos casos aúnan con tanta claridad estas dos lacras de la justicia española como el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña. Casi cuatro años después de que el PP, el defensor del Pueblo y cinco comunidades autónomas presentaran sus respectivos recursos, el Tribunal Constitucional, el principal garante de la vigencia y del respeto hacia nuestra Ley de leyes, todavía no se ha pronunciado sobre el encaje que esta norma puede tener en nuestro ordenamiento.

El retraso no se debe a que sea un asunto extremadamente complejo que requiera de un dilatado período de estudio y reflexión. Es bastante evidente que el estatuto es inconstitucional en la mayoría de sus preceptos, algunos de los cuales buscan directamente hacer trizas la Constitución. No hace falta tener más de quince años de experiencia y ejercicio profesional, como requiere la Constitución a los miembros del TC, para saberlo: basta con comparar el articulado de uno y otro para comprender que sólo subvirtiendo el orden jurídico nacido en 1978 se puede pretender convalidar el estatuto.

El problema es que el Gobierno socialista sí está presionando para subvertir ese orden, buscando como sea que el texto que Zapatero prometió al nacionalismo catalán no sea retocado en lo esencial. Así, no ha dudado en recurrir a todo tipo de argucias, desde reformar ad hoc la Ley Orgánica del Poder Judicial hasta abroncar en público a la presidenta de este órgano supuestamente independiente, para evitar que el tribunal declarara lo evidente. Ayer mismo, Montilla presionaba a PP y PSOE para que renovaran el CGPJ con tal de colocar a gente "favorable" al Estatut y evitar así que sea declarado inconstitucional.

Pero no se trata sólo de que la política impida que el tribunal imparta justicia. Siendo ya grave la politización de las instituciones, lo inaceptable es que en este largo impass el Estatut se esté imponiendo por la vía de los hechos. La Ley de Educación que sigue persiguiendo al español, la financiación autonómica hecha a medida de Cataluña o la primacía de ciertas instituciones catalanas (como el Síndic de Greuges frente al defensor del Pueblo o las veguerías frente a las provincias) son algunas de las disposiciones que emanan del estatuto y que, pese a ser inconstitucionales, se han impuesto o están en proyecto de serlo.

Una norma contraria a la Constitución está transformando el destino de todos los españoles porque la institución con la que nos habíamos dotado para proteger el ordenamiento jurídico está cediendo a los intereses, no sólo electorales, del partido político que gobierna España. Una señal más de que los contrapesos de poder en los que confiábamos no han funcionado y de que se han convertido en un instrumento para burlar el respeto a los derechos individuales. No es hora de que PP y PSOE se sigan repartiendo los jueces, sino de que dejen de entorpecer el funcionamiento de este tercer poder del Estado y le permitan concluir su labor. Pero para ello sería necesario que dejaran de querer gobernar sobre las ruinas de España y pasaran a valorar el normal funcionamiento de las instituciones. Algo que de momento les queda muy lejos.

Libertad Digital - Editorial

El TC alarga la agonía

EL rechazo a la quinta ponencia presentada por la magistrada Elisa Pérez Vera ratificó ayer la existencia de una mayoría de magistrados del Tribunal Constitucional claramente opuesta al Estatuto de Cataluña, al menos a sus contenidos esenciales.

Sin embargo, esta mayoría no es nueva, y contra su formación ha estado luchando afanosamente durante estos años la presidenta del TC, María Emilia Casas, responsable de haber conducido a esta institución a un callejón sin salida, del que ahora tendrá que salir de la mano del magistrado Guillermo Jiménez, opuesto a la ponencia de Pérez Vera y nuevo ponente de la sentencia que habrá de resolver el recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular. Casas, que aguantó estoicamente aquella bronca pública de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y para quien se enmendó la ley reguladora del TC a fin de que conservara indefinidamente la Presidencia y su voto de calidad, ha gestionado torpemente este compromiso histórico de su institución, con un coste inconmensurable en desprestigio.

La votación de ayer en el TC tenía que haberse producido hace mucho tiempo para que el cambio de ponente no tuviera el tinte agónico que ha adquirido. Resulta un ejercicio de cinismo que la vicepresidenta primera del Gobierno vea con normalidad la designación de un nuevo ponente y el Ejecutivo especule ahora sobre nuevas fechas para el fallo, cuando ambas cosas se enmarcan en una crisis sin precedentes del TC, a la que el Gobierno ha contribuido en todas sus fases: promoviendo una ley inconstitucional -como es el Estatuto catalán-, presionando indisimuladamente para aplazar el fallo o conseguir uno lo menos desfavorable posible y, ahora, intentando normalizar ante la opinión pública lo que es una grave disfunción del sistema institucional. En todo caso, el Gobierno es consciente de que su aventurerismo con el modelo de Estado le puede pasar una factura muy costosa.

Ahora bien, el nuevo ponente no debe pagar culpas ajenas y tiene el mismo derecho que su compañera Pérez Vera a trabajar con sosiego. Lo que no tiene es tiempo, porque la estabilidad constitucional de España necesita conocer esa sentencia antes de que los efectos del Estatuto y su desarrollo legislativo pasen a ser irreversibles. Además, cabe presumir que los debates celebrados hasta el momento habrán permitido al ponente conocer con bastante precisión qué criterios para resolver el recurso del PP cuentan con un respaldo mayoritario. Si así fuera, la nueva ponencia podría estar disponible a corto plazo.

ABC - Opinión

Los banqueros de la ira. Por Carlos Herrera

Que unos querellantes argentinos pretendan investigar a falangistas del 36 y a Suárez y Fraga y el Rey es un disparate.

Que unos supuestos generadores de cultura de consumo propongan encerrarse en protesta antifranquista treinta y cinco años después de la muerte del dictador es un disparate. Que un fiscal sectario y reaccionario, que ya ejercía sus labores en el año 62, acuse a los jueces del supremo de torturadores y corruptos es un disparate. Que un rector ideologizado y partidista ceda de forma poco reglamentaria locales de la Universidad para un acto prácticamente golpista es un disparate. Que unos sindicatos paralizados en la agitación contra el paro que acogota a cuatro millones y medio de españoles anuncien movilizaciones a cuenta de un juez amigo al que se le va a juzgar por prevaricación es un disparate. Que algunos sectores políticos y sociales parezca que hayan despertado repentinamente de un letargo invernal y pretendan dinamitar la Transición con la excusa de que se pusieron una venda en los ojos es un disparate. Que un ministro del Gobierno se lamente de que un partido como Falange acceda a la Justicia como cualquier otro partido legal y que no recuerde, por ejemplo, que partidos hoy ilegales como Herri Batasna pudieran sentar en el banquillo de las sospechas a guardias civiles bajo denuncia falsa de torturas es también un disparate. Que altos cargos del Gobierno acudieran con espíritu excursionista a un zarandeo de la estructura del Estado en el que la agitación se asemejaba a un mal movimiento asambleario es un disparate. Que no se les llame la atención es otro disparate. Que nadie reclame desde el Gobierno o desde la Organización Judicial un poco de cordura y que no lo haga firme y severamente es un disparate aún mayor.

Disparate tras disparate, la dinámica política en España ha derivado en un parque temático repleto de personajes predemocráticos soltando soflamas por doquier y mostrando una capacidad de resentimiento de dimensiones considerables. Merced a esta dinámica revisionista, no es de extrañar que se acabe cuestionando todo y se pretenda poner en práctica la ruptura que no se hizo entonces, en la segunda mitad de los setenta, y que no comparten ni siquiera muchos de los que entonces eran partidarios de ella. Ayer hablaba José María Fidalgo del nuevo libro de uno de los pensadores más interesantes y originales del momento, Peter Sloterdjik, «Ira y Tiempo», en el que maneja un argumento particularmente interesante llamado «la bancarización de la ira». Se pregunta Sloterdjik por los mecanismos que han servido a los movimientos revolucionarios para presentarse como administradores de una especie de banco mundial de la ira. La ira se acumula en burbuja y es secuenciada en momentos concretos de la historia contemporánea: en España, ahora, en estos cinco o seis últimos años, parece haberse abierto una línea de crédito y la ira es liberada a la circulación con una generosidad desconocida. La ira no es ajena a la historia de ningún pueblo; el español conoce bien alguno de esos pasajes recientes en los que su manejo ha sido profuso y particularmente diestro, en los que han incendiado todas las relaciones transversales de los ciudadanos y en los que las consecuencias han sido, evidentemente, sangrientas. Ahora, en el 2010, la ira está tintando las estrategias de los arqueólogos de fantasmas y espectros hasta el punto de movilizarse en pos de desestructurar el pacto de convivencia sin revanchismos ni rencores que los ciudadanos nos hemos venido dando. Quienes están incendiando la mecha, quienes están echando gasolina a las brasas de un fuego condenado a apagarse, quienes hacen del odio un argumento político, quienes quieren reverdecer enfrentamientos fraticidas, quienes viven en la nostalgia del guerracivilismo, están prestando un pésimo servicio a su país y puede que también a ellos mismos. Los banqueros de la ira han abierto oficina y están dispuestos a poner en marcha una agresiva campaña comercial.

ABC - Opinión

¿Habrá sentencia?. Por Raul Vilas

Los magistrados no discuten, Constitución en la mano, argumentos jurídicos; negocian, carné de partido en la boca, un arreglo lo menos dañino para sus amos, los políticos.

No tengo ni repajolera idea. Dada la deriva del Tribunal Constitucional desde que se aprobó el requeteinconstitucional Estatut de Zapatero, cualquiera hace pronósticos sobre la cuestión. Los caminos de María Emilia son inescrutables para el común de los mortales, aquellos que no tenemos acceso la tribuna de autoridades en los desfiles militares para dedicarle reprimendas públicas, como la vice De la Vega. La separación de poderes, oiga.

Llevan reunidos dos días y anuncian que este viernes seguirán. En este negocio nuestro en seguida montamos revuelo. Necesitamos noticias como los yonquis un chute, y cuatro años de mono esperando una dosis tan importante como la sentencia son muchos años. La semana pasada, al conocerse la convocatoria de los dos plenos, las redacciones se convulsionaron. Ahora, cuando la calma había vuelto, se citan un día más y de nuevo el runrún. Basta que diga que no habrá sentencia para que sí la haya, o viceversa. Pero metidos a pitonisos, sería raro raro raro que, en caso de que algún día se resuelva el recurso del PP –no estaría yo tan seguro–, sea antes de las elecciones catalanas. De la Vega, la señorita rottenmeier particular de la presidenta del Constitucional, advirtió hace poco que los tribunales no interferían en las campañas electorales. Como indicio, no está mal.

Esta ópera bufa a la que asistimos desde hace cuatro años ha conducido a un desprestigio tan enorme como justificado del Tribunal Constitucional. A estas alturas nadie duda que su funcionamiento responde exclusivamente a criterios de conveniencia política, de obediencia a los partidos políticos, auténticos secuestradores de la soberanía: la partitocracia.

Que el Estatuto es inconstitucional de cabo a rabo –más aún, la voladura de la Constitución– es menos secreto que el sumario del Gürtel. Lo sabe desde Zapatero a los camisas pardas de la Esquerra y los meapilas de Unió, pasando por Rajoy y Alicia Sánchez Camacho, aunque todos desean que el TC diga lo contrario. Eso es lo de menos. Los magistrados no discuten, Constitución en la mano, argumentos jurídicos; negocian, carné de partido en la boca, un arreglo lo menos dañino para sus amos, los políticos. Si quitamos nación de aquí, la ponemos allí; si damos por buena la totalitaria imposición del catalán, recortamos un poquito la independencia judicial...

La fecha del parto no lo sabemos. Pero la naturaleza de la criatura sí: un apaño que rubricará la defunción de la soberanía nacional. De la democracia.

Libertad Digital - Opinión

Paro y sindicatos. Por José María Carrascal

Mientras esperamos que se aleje la nube volcánica sobre Europa y sobre el Tribunal Constitucional, ¿recuerdan ustedes cuando Otegui era «un hombre de paz»? ¿Y cuando trasladaron a De Juana en «huelga de hambre» a un hospital de San Sebastián, donde pudiera ducharse con su novia? ¿Y cuando Zapatero ofrecía a ETA -según Ibarretxe- más de lo que ofrecía al PNV? ¡Qué tiempos aquellos! Y qué metedura de pata del Gobierno, desoyendo las advertencias de que ETA no negocia, sólo asesina. Hoy, ese mismo Gobierno está haciendo lo que le decía el PP: perseguir a los asesinos. Lástima que se hayan necesitados varios muertos y bastantes seguidores de ETA en los ayuntamientos vascos para convencerle de su error.

Vienen estos amargos recuerdos a propósito de otro cambio de igual calado, esta vez en el mercado laboral. Hasta ahora, un tema tabú, que si se citaba era para decir que el PP quería el despido libre. Algo tan falso como que ETA quería negociar. Pero la maldita crisis está convenciendo a Zapatero y sus acólitos de lo que no habían podido convencerles todos los expertos económicos: que un mercado laboral rígido no crea empleo. Al revés, lo destruye. Es como vamos camino del 20 por ciento de paro, sin que las peonadas, subsidios y otros parches arreglen nada. Así que empiezan a recular, a su manera claro, esto es, mintiendo. Hablan de «modelo austriaco», de «crear fondos para cada trabajador en caso de despido», de «unificar» la indemnización a 33 días por año trabajado, no importa si el despido sea procedente o improcedente. O sea, abaratar el despido sin decirlo, sin reconocer que se habían equivocado y que hemos perdido dos años preciosos para ajustar nuestra economía a las exigencias de la crisis. Por eso estamos a la cola de la recuperación y seguiremos estando si no se toman medidas dolorosas como ésta.

Pues una cosa es clara: si un empresario sabe que no puede prescindir de un empleado -o le resulta extremadamente difícil o costoso- en momentos de apuro, no lo contrata. En cambio, si sabe que puede prescindir de él cuando las cosas van mal, ampliará su plantilla en cuanto van bien. Tan simple como eso.

El Gobierno empieza a comprenderlo tarde, lenta y sin admitirlo. Su problema es que, a diferencia de pasar de negociar con ETA a perseguirla, en lo que tenían al país detrás, en una reforma del mercado laboral tiene enfrente a unos sindicatos opuestos a ella. Unos sindicatos que representan a los cada vez menos trabajadores con contrato indefinido, a los «liberados» de trabajar, y a ellos mismos, que son los más liberados de todos, pues sólo organizan manifestaciones y actos como el de la universidad. Vamos a ver qué es lo que teme más Zapatero, al paro o a las manifestaciones.

Llevando las cosas a su extremo, podría incluso decirse que los mayores promotores del paro hoy en España son... los sindicatos.

ABC - Opinión

La Fiscalía y la insurrección contra el Supremo. Por Guillermo Dupuy

Con tal de desacreditar la denuncia contra Garzón, Conde Pumpido aspira a que la Fiscalía tenga una especie de monopolio sin cuya condescendencia o apoyo, no ya los falangistas sino ningún ciudadano tenga derecho a recurrir a los tribunales de justicia.

Ignoro si la consideración de Conde Pumpido de que las "críticas" al Tribunal Supremo "se han excedido notoriamente de lo razonable" es la definitiva forma que tiene el fiscal general del Estado de anunciarnos que el Ministerio Público no ve consecuencias penales en las gravísimas calumnias lanzadas contra los miembros del Alto Tribunal durante el aquelalarre guerracivilista y totalitario celebrado el pasado martes en la Complutense en apoyo del presunto prevaricador Baltasar Garzón.

Lo que sí sé es que esta tibia consideración del fiscal general del Estado respecto a lo que es un gravísimo acto insurreccional contra nuestro Estado de Derecho, así como su retórica "petición de respeto" a sus instituciones, han ido acompañadas, siguiendo el hipócrita guión del Gobierno del que depende, de unas declaraciones que no hacen más que alentar esa antidemocrática sublevación con la que simulan no tener nada que ver. No otra cosa son sus nada respetuosas valoraciones de ese logro democrático y constitucional que constituye la acusación popular, y que Conde Pumpido ha denigrado tachándola de "fiscalías paralelas" que defienden "intereses espurios" que ponen en jaque a la Justicia con "querellas mediáticas" que trasladan a su administración "problemas que, o no existen, o no tienen como cauce adecuado de resolución el sistema de justicia penal, sino que deben ser resueltas en el foro político o en otras instancias sociales".

Y es que Conde Pumpido, con tal desacreditar la denuncia interpuesta contra Garzón, ha tenido la desfachatez de presentar la encomienda que la Constitución hace al Ministerio Fiscal para que defienda y promueva el interés general ante los tribunales como una especie de monopolio sin cuya condescendencia o apoyo, no ya los falangistas sino ningún ciudadano debería tener derecho, según él, a recurrir a la Justicia. El fiscal general del Estado ignora así un artículo de la Constitución, que, como el artículo 125, consagra explícitamente que "los ciudadanos podrán ejercer la acción popular".

No voy a negar yo, sin embargo, el desgraciado hecho de que algunos ciudadanos hayan podido ejercer ese derecho para interponer "querellas mediáticas" o de "contenido más político que jurídico". Pero para desestimarlas o archivarlas, no sólo está la Fiscalía, sino también los jueces y magistrados que tienen el derecho y el deber de dictaminar si lo denunciado tiene veracidad probable de ser algo constitutivo de delito penal.

Por otra parte, para causas mediáticas, de contenido más político que jurídico y que han ocupado la ya de por sí sobrecargada justicia penal, ahí está precisamente la surrealista causa penal que Garzón ha pretendido abrir contra el régimen franquista setenta años después de la guerra civil y treinta años después de la muerte del dictador. Por el contrario, lo que no es una causa mediática, ni histórica, ni política, sino un asunto jurídico de primer orden, tal y como han venido a reconocer los magistrados del Supremo, es dictaminar si un juez en el ejercicio de sus funciones se saltó a la torera y a sabiendas el ordenamiento jurídico vigente. Un ordenamiento jurídico como el que proclama la extinción de responsabilidad penal por fallecimiento, como el que en el Código Penal señala los plazos de prescripción de los delitos, o como el que recoge la ley de Aministía de 1977; un ordenamiento jurídico como que el que Garzón tampoco observó y que impide grabar las conversaciones entre un acusado y su abogado, como hizo en el caso Gürtel, o con la ley que le obligaba a apartarse de la causa que archivó contra el presidente del banco del que había recibido unos cuantiosos fondos para financiar sus cursos en Nueva York.

Por último, no puedo dejarme en el tintero lo obsceno que me resulta la inconstitucional pretensión de Conde Pumpido de que sólo su politizada y dependiente Fiscalía tenga el derecho de apelar a los tribunales cuando precisamente por culpa de ese monopolio que desgraciadamente sí tiene respecto a la observancia de la ley de partidos, el Tribunal Supremo no pudo ilegalizar en su día a las formaciones proetarras de ANV y PCTV al no reclamarlo una Fiscalía General del Estado que, como Garzón, brindó su apoyo a la paz sucia de Zapatero con evidente desprecio al ordenamiento jurídico vigente. Otro gallo hubiera cantado, y mucho antes, si los ciudadanos hubieran podido ejercitar, también en este terreno, la acción popular.

Libertad Digital - Opinión

La Internacional Antifascista de romería. Por Fernando Fernández

Bien pareciera que el gran problema de nuestros días es el franquismo. Los viejos rockeros nunca mueren.

Sindicatos artistas, intelectuales sartrianos y algún despistado suelto reviven viejos tiempos y se encierran en la Universidad ante el peligro fascista. Contra Franco vivían mejor. Se perdieron por edad, despiste o comodidad aquella explosión de alegría que constituyó la Transición; se les ha muerto el mito de Fidel y Chávez no está a la altura porque él sí huele a azufre, a azufre de petróleo y corrupción; no pueden tomarla con el imperio yankee porque está su Obama. Sólo les queda sacar a pasear a Franco, y lo hacen con un fervor digno de mejor causa. Porque nada es casual, como suelen decir ellos mismos. No puede ser casual que surja ahora un movimiento antifascista en España, precisamente ahora que la izquierda pierde en las encuestas y ve amenazado su poder. Ahora que el tardío e insuficiente ajuste económico va a producir recortes de derechos sociales. Ahora que el Gobierno sigue inmerso en una guerra en Afganistán que una opinión pública educada en el pacifismo no entiende. Ahora es cuando les hace falta Franco para movilizar a su electorado. No basta con el dóberman, ni con el cuento de las pensiones, porque son ellos quienes las van a rebajar y a retrasar la edad de jubilación.

Su ejercicio totalitario de agitación y propaganda tiene un pequeño problema: Franco murió hace treinta cinco años y el franquismo, mal que les pese, no tiene expresión política alguna. Como sí la tiene la izquierda totalitaria. La derecha rompió hace muchos años con esa parte de su historia; ése es el gran servicio que Fraga ha prestado a la democracia española. La izquierda, que lo intentó y casi lo consigue con Felipe González y su Bad-Godesberg particular, ha sido secuestrada por una pandilla de irresponsables que añoran los tiempos del Lenin español. Cuánto echamos de menos algunos que personas sensatas, que gozan de autoridad moral en la izquierda española, ejerzan su predicamento y le devuelvan la cordura. Porque la deriva de golpismo institucional a la que la quieren conducir es aterradora. Produce escalofríos leer algunos periódicos que ayer se proclamaban demócratas y europeístas. Por qué tirar por la borda el prestigio acumulado en tantos años de duro ejercicio de independencia y profesionalidad. He escrito alguna vez que los países también se suicidan, miremos a Argentina, que en los años cuarenta tenía la renta per cápita de Estados Unidos.

Los avatares judiciales del señor Garzón son sencillamente el ejercicio del imperio de la ley. Los jueces justicieros también tienen límites en su actuación. Porque no vivimos en un Estado totalitario en el que el fin justifica los medios. Ese es precisamente el fundamento de la Inquisición. ¡Y cuántos Torquemadas había en el acto de la Complutense! No sé ni me importa, sinceramente, el resultado final del juicio. Lo que me importa es el Estado de Derecho, que en este caso se traduce en que un juez, por simpático u odioso que nos pueda parecer, sobre el que las personas competentes aprecian indicios racionales de prevaricación, ha de ser procesado como cualquier otro ciudadano particular. Perdón, más que cualquier particular porque los ciudadanos le hemos hecho entrega de nuestra soberanía al otorgarle el derecho a decidir sobre vidas y haciendas. Ha de ser procesado, sea el juez hijo de franquista o de la Pasionaria; sean los magistrados hijos de su padre. Tienen razón los sindicatos. Lo que está en juego es más importante que la economía. Porque si triunfa el atentado a la democracia que quieren perpetrar los encerrados, no habrá recuperación posible y habremos dado un paso firme hacia el abismo totalitario. Tienen razón aunque sus líderes, por enésima vez en esta crisis, hayan elegido el lado equivocado. Por eso esta semana he dejado la economía, que me perdonen los lectores.

ABC - Opinión

Zapatero en las Azores. Por Emilio Campmany

De lo que se trata ahora es de echar una mano a Obama, el nuevo santurrón de la izquierda europea que, haciendo como está haciendo todo lo que hizo Bush en Irak, en Afganistán y en Guantánamo, resulta ser el presidente más de izquierdas de EEUU.

Hoy hemos sabido, gracias al diputado popular Ignacio Cosidó, que Zapatero ha enviado guardias civiles a la guerra de Irak a ayudar a los norteamericanos a enseñar a los militares iraquíes a combatir la insurgencia. Pero, ¿no habíamos quedado que la de Irak era una guerra injusta? El asunto sería para desternillarse si no fuera porque la indignación que genera no lo permite.

Estamos hartos de ver cómo la izquierda y la derecha se mofan de Aznar por habernos metido en la guerra de Irak. Estamos ahítos de escuchar a sociólogos y politólogos de toda ralea explicarnos cómo fue un error participar en aquella guerra y que por eso perdió el PP las elecciones.

Los propios españoles, de cualquier ideología, nos hemos comentado unos a otros que era muy difícil pasar por lo de Irak y por lo de las armas de destrucción masiva y por ir a una guerra no autorizada por la ONU. Toda la argumentación de la Fiscalía en el atentado del 11-M se basó en que el ataque fue una represalia por ir a la guerra de Irak. La asociación de víctimas del 11-M que preside Pilar Manjón hace a Aznar directamente responsable del atentado. Los del PP, con la honrosa y honorable excepción del propio Cosidó y pocos fieles más, reniegan de la participación en Irak y hacen suyas las críticas de la izquierda, cabizbajos y avergonzados por no haber dicho nada cuando Aznar tomó la decisión. La figura de Rato se acrecienta día a día gracias a haber sido el único popular que se opuso tímidamente a la implicación de España en la guerra. Zapatero, consciente de que ganó las elecciones por la acción combinada de su oposición a ir a Irak y el atentado del 11-M, lo primero que hizo cuando llegó al Gobierno fue retirar nuestras fuerzas de allí sometiéndolas a una de las mayores humillaciones que ha sufrido el Ejército español a manos de sus gobernantes y mira que las ha padecido gordas.

Y ahora resulta que Cosidó descubre que estamos enviando militares a la guerra de Irak para ayudar a los norteamericanos y la noticia apenas la recogen El Mundo y Libertad Digital. ¿Y el resto? Pues el resto, como los de la ceja, como los que se manifestaron con el "No a la guerra", como los que en el PP han renegado de Aznar y como el país entero, a callar y a no rechistar porque de lo que se trata ahora es de echar una mano a Obama, el nuevo santurrón de la izquierda europea que, haciendo como está haciendo todo lo que hizo Bush en Irak, en Afganistán, en Guantánamo y en materia de violación de los derechos civiles interviniendo todo tipo de comunicaciones, resulta que, por ser el presidente más de izquierdas que hayan podido padecer los Estados Unidos, hay que volver a Irak si el ex senador de Illinois (de Chicago tenía que ser) lo pide.

Es curioso que los del PSOE, sabedores de lo que la decisión implicaba, hayan hecho lo imposible por mantener la noticia en secreto desde enero. Se ve que no conocen bien el país que tiranizan. Hoy se ha sabido la noticia y no ha pasado nada. Cuatro voces indignadas y poco más. La verdad es que, si nos tragamos esto, es que somos capaces de tragárnoslo todo. Descanse en paz la nación.

Libertad Digital - Opinión