Un estatuto inconstitucional que el PSOE no quiere reconocer como tal

El Gobierno socialista sí está presionando para subvertir el orden constitucional, buscando como sea que el texto que Zapatero prometió al nacionalismo catalán no sea retocado en lo esencial.

Suele afirmarse, con razón, que una de las grandes lacras que impide el adecuado funcionamiento de las instituciones y de la economía en España es el lamentable estado en que se encuentra la administración de justicia. Dos son los motivos esenciales que explican semejante situación: una, la lentitud de los procedimientos judiciales; dos, la omnipresente politización de los jueces y magistrados.

Lo primero impide proteger a tiempo a las víctimas, quienes sólo ven satisfechas sus pretensiones años después de que lo necesiten. Lo segundo impregna de una inquietante arbitrariedad las resoluciones judiciales, primando no el respeto a la legalidad, sino a los intereses políticos. Ni los poderes están separados ni actúan de manera eficiente, lo que tiende a degenerar en forma de sentencias tardías con un contenido más que discutible.

Pocos casos aúnan con tanta claridad estas dos lacras de la justicia española como el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña. Casi cuatro años después de que el PP, el defensor del Pueblo y cinco comunidades autónomas presentaran sus respectivos recursos, el Tribunal Constitucional, el principal garante de la vigencia y del respeto hacia nuestra Ley de leyes, todavía no se ha pronunciado sobre el encaje que esta norma puede tener en nuestro ordenamiento.

El retraso no se debe a que sea un asunto extremadamente complejo que requiera de un dilatado período de estudio y reflexión. Es bastante evidente que el estatuto es inconstitucional en la mayoría de sus preceptos, algunos de los cuales buscan directamente hacer trizas la Constitución. No hace falta tener más de quince años de experiencia y ejercicio profesional, como requiere la Constitución a los miembros del TC, para saberlo: basta con comparar el articulado de uno y otro para comprender que sólo subvirtiendo el orden jurídico nacido en 1978 se puede pretender convalidar el estatuto.

El problema es que el Gobierno socialista sí está presionando para subvertir ese orden, buscando como sea que el texto que Zapatero prometió al nacionalismo catalán no sea retocado en lo esencial. Así, no ha dudado en recurrir a todo tipo de argucias, desde reformar ad hoc la Ley Orgánica del Poder Judicial hasta abroncar en público a la presidenta de este órgano supuestamente independiente, para evitar que el tribunal declarara lo evidente. Ayer mismo, Montilla presionaba a PP y PSOE para que renovaran el CGPJ con tal de colocar a gente "favorable" al Estatut y evitar así que sea declarado inconstitucional.

Pero no se trata sólo de que la política impida que el tribunal imparta justicia. Siendo ya grave la politización de las instituciones, lo inaceptable es que en este largo impass el Estatut se esté imponiendo por la vía de los hechos. La Ley de Educación que sigue persiguiendo al español, la financiación autonómica hecha a medida de Cataluña o la primacía de ciertas instituciones catalanas (como el Síndic de Greuges frente al defensor del Pueblo o las veguerías frente a las provincias) son algunas de las disposiciones que emanan del estatuto y que, pese a ser inconstitucionales, se han impuesto o están en proyecto de serlo.

Una norma contraria a la Constitución está transformando el destino de todos los españoles porque la institución con la que nos habíamos dotado para proteger el ordenamiento jurídico está cediendo a los intereses, no sólo electorales, del partido político que gobierna España. Una señal más de que los contrapesos de poder en los que confiábamos no han funcionado y de que se han convertido en un instrumento para burlar el respeto a los derechos individuales. No es hora de que PP y PSOE se sigan repartiendo los jueces, sino de que dejen de entorpecer el funcionamiento de este tercer poder del Estado y le permitan concluir su labor. Pero para ello sería necesario que dejaran de querer gobernar sobre las ruinas de España y pasaran a valorar el normal funcionamiento de las instituciones. Algo que de momento les queda muy lejos.

Libertad Digital - Editorial

El TC alarga la agonía

EL rechazo a la quinta ponencia presentada por la magistrada Elisa Pérez Vera ratificó ayer la existencia de una mayoría de magistrados del Tribunal Constitucional claramente opuesta al Estatuto de Cataluña, al menos a sus contenidos esenciales.

Sin embargo, esta mayoría no es nueva, y contra su formación ha estado luchando afanosamente durante estos años la presidenta del TC, María Emilia Casas, responsable de haber conducido a esta institución a un callejón sin salida, del que ahora tendrá que salir de la mano del magistrado Guillermo Jiménez, opuesto a la ponencia de Pérez Vera y nuevo ponente de la sentencia que habrá de resolver el recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular. Casas, que aguantó estoicamente aquella bronca pública de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y para quien se enmendó la ley reguladora del TC a fin de que conservara indefinidamente la Presidencia y su voto de calidad, ha gestionado torpemente este compromiso histórico de su institución, con un coste inconmensurable en desprestigio.

La votación de ayer en el TC tenía que haberse producido hace mucho tiempo para que el cambio de ponente no tuviera el tinte agónico que ha adquirido. Resulta un ejercicio de cinismo que la vicepresidenta primera del Gobierno vea con normalidad la designación de un nuevo ponente y el Ejecutivo especule ahora sobre nuevas fechas para el fallo, cuando ambas cosas se enmarcan en una crisis sin precedentes del TC, a la que el Gobierno ha contribuido en todas sus fases: promoviendo una ley inconstitucional -como es el Estatuto catalán-, presionando indisimuladamente para aplazar el fallo o conseguir uno lo menos desfavorable posible y, ahora, intentando normalizar ante la opinión pública lo que es una grave disfunción del sistema institucional. En todo caso, el Gobierno es consciente de que su aventurerismo con el modelo de Estado le puede pasar una factura muy costosa.

Ahora bien, el nuevo ponente no debe pagar culpas ajenas y tiene el mismo derecho que su compañera Pérez Vera a trabajar con sosiego. Lo que no tiene es tiempo, porque la estabilidad constitucional de España necesita conocer esa sentencia antes de que los efectos del Estatuto y su desarrollo legislativo pasen a ser irreversibles. Además, cabe presumir que los debates celebrados hasta el momento habrán permitido al ponente conocer con bastante precisión qué criterios para resolver el recurso del PP cuentan con un respaldo mayoritario. Si así fuera, la nueva ponencia podría estar disponible a corto plazo.

ABC - Opinión

Los banqueros de la ira. Por Carlos Herrera

Que unos querellantes argentinos pretendan investigar a falangistas del 36 y a Suárez y Fraga y el Rey es un disparate.

Que unos supuestos generadores de cultura de consumo propongan encerrarse en protesta antifranquista treinta y cinco años después de la muerte del dictador es un disparate. Que un fiscal sectario y reaccionario, que ya ejercía sus labores en el año 62, acuse a los jueces del supremo de torturadores y corruptos es un disparate. Que un rector ideologizado y partidista ceda de forma poco reglamentaria locales de la Universidad para un acto prácticamente golpista es un disparate. Que unos sindicatos paralizados en la agitación contra el paro que acogota a cuatro millones y medio de españoles anuncien movilizaciones a cuenta de un juez amigo al que se le va a juzgar por prevaricación es un disparate. Que algunos sectores políticos y sociales parezca que hayan despertado repentinamente de un letargo invernal y pretendan dinamitar la Transición con la excusa de que se pusieron una venda en los ojos es un disparate. Que un ministro del Gobierno se lamente de que un partido como Falange acceda a la Justicia como cualquier otro partido legal y que no recuerde, por ejemplo, que partidos hoy ilegales como Herri Batasna pudieran sentar en el banquillo de las sospechas a guardias civiles bajo denuncia falsa de torturas es también un disparate. Que altos cargos del Gobierno acudieran con espíritu excursionista a un zarandeo de la estructura del Estado en el que la agitación se asemejaba a un mal movimiento asambleario es un disparate. Que no se les llame la atención es otro disparate. Que nadie reclame desde el Gobierno o desde la Organización Judicial un poco de cordura y que no lo haga firme y severamente es un disparate aún mayor.

Disparate tras disparate, la dinámica política en España ha derivado en un parque temático repleto de personajes predemocráticos soltando soflamas por doquier y mostrando una capacidad de resentimiento de dimensiones considerables. Merced a esta dinámica revisionista, no es de extrañar que se acabe cuestionando todo y se pretenda poner en práctica la ruptura que no se hizo entonces, en la segunda mitad de los setenta, y que no comparten ni siquiera muchos de los que entonces eran partidarios de ella. Ayer hablaba José María Fidalgo del nuevo libro de uno de los pensadores más interesantes y originales del momento, Peter Sloterdjik, «Ira y Tiempo», en el que maneja un argumento particularmente interesante llamado «la bancarización de la ira». Se pregunta Sloterdjik por los mecanismos que han servido a los movimientos revolucionarios para presentarse como administradores de una especie de banco mundial de la ira. La ira se acumula en burbuja y es secuenciada en momentos concretos de la historia contemporánea: en España, ahora, en estos cinco o seis últimos años, parece haberse abierto una línea de crédito y la ira es liberada a la circulación con una generosidad desconocida. La ira no es ajena a la historia de ningún pueblo; el español conoce bien alguno de esos pasajes recientes en los que su manejo ha sido profuso y particularmente diestro, en los que han incendiado todas las relaciones transversales de los ciudadanos y en los que las consecuencias han sido, evidentemente, sangrientas. Ahora, en el 2010, la ira está tintando las estrategias de los arqueólogos de fantasmas y espectros hasta el punto de movilizarse en pos de desestructurar el pacto de convivencia sin revanchismos ni rencores que los ciudadanos nos hemos venido dando. Quienes están incendiando la mecha, quienes están echando gasolina a las brasas de un fuego condenado a apagarse, quienes hacen del odio un argumento político, quienes quieren reverdecer enfrentamientos fraticidas, quienes viven en la nostalgia del guerracivilismo, están prestando un pésimo servicio a su país y puede que también a ellos mismos. Los banqueros de la ira han abierto oficina y están dispuestos a poner en marcha una agresiva campaña comercial.

ABC - Opinión

¿Habrá sentencia?. Por Raul Vilas

Los magistrados no discuten, Constitución en la mano, argumentos jurídicos; negocian, carné de partido en la boca, un arreglo lo menos dañino para sus amos, los políticos.

No tengo ni repajolera idea. Dada la deriva del Tribunal Constitucional desde que se aprobó el requeteinconstitucional Estatut de Zapatero, cualquiera hace pronósticos sobre la cuestión. Los caminos de María Emilia son inescrutables para el común de los mortales, aquellos que no tenemos acceso la tribuna de autoridades en los desfiles militares para dedicarle reprimendas públicas, como la vice De la Vega. La separación de poderes, oiga.

Llevan reunidos dos días y anuncian que este viernes seguirán. En este negocio nuestro en seguida montamos revuelo. Necesitamos noticias como los yonquis un chute, y cuatro años de mono esperando una dosis tan importante como la sentencia son muchos años. La semana pasada, al conocerse la convocatoria de los dos plenos, las redacciones se convulsionaron. Ahora, cuando la calma había vuelto, se citan un día más y de nuevo el runrún. Basta que diga que no habrá sentencia para que sí la haya, o viceversa. Pero metidos a pitonisos, sería raro raro raro que, en caso de que algún día se resuelva el recurso del PP –no estaría yo tan seguro–, sea antes de las elecciones catalanas. De la Vega, la señorita rottenmeier particular de la presidenta del Constitucional, advirtió hace poco que los tribunales no interferían en las campañas electorales. Como indicio, no está mal.

Esta ópera bufa a la que asistimos desde hace cuatro años ha conducido a un desprestigio tan enorme como justificado del Tribunal Constitucional. A estas alturas nadie duda que su funcionamiento responde exclusivamente a criterios de conveniencia política, de obediencia a los partidos políticos, auténticos secuestradores de la soberanía: la partitocracia.

Que el Estatuto es inconstitucional de cabo a rabo –más aún, la voladura de la Constitución– es menos secreto que el sumario del Gürtel. Lo sabe desde Zapatero a los camisas pardas de la Esquerra y los meapilas de Unió, pasando por Rajoy y Alicia Sánchez Camacho, aunque todos desean que el TC diga lo contrario. Eso es lo de menos. Los magistrados no discuten, Constitución en la mano, argumentos jurídicos; negocian, carné de partido en la boca, un arreglo lo menos dañino para sus amos, los políticos. Si quitamos nación de aquí, la ponemos allí; si damos por buena la totalitaria imposición del catalán, recortamos un poquito la independencia judicial...

La fecha del parto no lo sabemos. Pero la naturaleza de la criatura sí: un apaño que rubricará la defunción de la soberanía nacional. De la democracia.

Libertad Digital - Opinión

Paro y sindicatos. Por José María Carrascal

Mientras esperamos que se aleje la nube volcánica sobre Europa y sobre el Tribunal Constitucional, ¿recuerdan ustedes cuando Otegui era «un hombre de paz»? ¿Y cuando trasladaron a De Juana en «huelga de hambre» a un hospital de San Sebastián, donde pudiera ducharse con su novia? ¿Y cuando Zapatero ofrecía a ETA -según Ibarretxe- más de lo que ofrecía al PNV? ¡Qué tiempos aquellos! Y qué metedura de pata del Gobierno, desoyendo las advertencias de que ETA no negocia, sólo asesina. Hoy, ese mismo Gobierno está haciendo lo que le decía el PP: perseguir a los asesinos. Lástima que se hayan necesitados varios muertos y bastantes seguidores de ETA en los ayuntamientos vascos para convencerle de su error.

Vienen estos amargos recuerdos a propósito de otro cambio de igual calado, esta vez en el mercado laboral. Hasta ahora, un tema tabú, que si se citaba era para decir que el PP quería el despido libre. Algo tan falso como que ETA quería negociar. Pero la maldita crisis está convenciendo a Zapatero y sus acólitos de lo que no habían podido convencerles todos los expertos económicos: que un mercado laboral rígido no crea empleo. Al revés, lo destruye. Es como vamos camino del 20 por ciento de paro, sin que las peonadas, subsidios y otros parches arreglen nada. Así que empiezan a recular, a su manera claro, esto es, mintiendo. Hablan de «modelo austriaco», de «crear fondos para cada trabajador en caso de despido», de «unificar» la indemnización a 33 días por año trabajado, no importa si el despido sea procedente o improcedente. O sea, abaratar el despido sin decirlo, sin reconocer que se habían equivocado y que hemos perdido dos años preciosos para ajustar nuestra economía a las exigencias de la crisis. Por eso estamos a la cola de la recuperación y seguiremos estando si no se toman medidas dolorosas como ésta.

Pues una cosa es clara: si un empresario sabe que no puede prescindir de un empleado -o le resulta extremadamente difícil o costoso- en momentos de apuro, no lo contrata. En cambio, si sabe que puede prescindir de él cuando las cosas van mal, ampliará su plantilla en cuanto van bien. Tan simple como eso.

El Gobierno empieza a comprenderlo tarde, lenta y sin admitirlo. Su problema es que, a diferencia de pasar de negociar con ETA a perseguirla, en lo que tenían al país detrás, en una reforma del mercado laboral tiene enfrente a unos sindicatos opuestos a ella. Unos sindicatos que representan a los cada vez menos trabajadores con contrato indefinido, a los «liberados» de trabajar, y a ellos mismos, que son los más liberados de todos, pues sólo organizan manifestaciones y actos como el de la universidad. Vamos a ver qué es lo que teme más Zapatero, al paro o a las manifestaciones.

Llevando las cosas a su extremo, podría incluso decirse que los mayores promotores del paro hoy en España son... los sindicatos.

ABC - Opinión

La Fiscalía y la insurrección contra el Supremo. Por Guillermo Dupuy

Con tal de desacreditar la denuncia contra Garzón, Conde Pumpido aspira a que la Fiscalía tenga una especie de monopolio sin cuya condescendencia o apoyo, no ya los falangistas sino ningún ciudadano tenga derecho a recurrir a los tribunales de justicia.

Ignoro si la consideración de Conde Pumpido de que las "críticas" al Tribunal Supremo "se han excedido notoriamente de lo razonable" es la definitiva forma que tiene el fiscal general del Estado de anunciarnos que el Ministerio Público no ve consecuencias penales en las gravísimas calumnias lanzadas contra los miembros del Alto Tribunal durante el aquelalarre guerracivilista y totalitario celebrado el pasado martes en la Complutense en apoyo del presunto prevaricador Baltasar Garzón.

Lo que sí sé es que esta tibia consideración del fiscal general del Estado respecto a lo que es un gravísimo acto insurreccional contra nuestro Estado de Derecho, así como su retórica "petición de respeto" a sus instituciones, han ido acompañadas, siguiendo el hipócrita guión del Gobierno del que depende, de unas declaraciones que no hacen más que alentar esa antidemocrática sublevación con la que simulan no tener nada que ver. No otra cosa son sus nada respetuosas valoraciones de ese logro democrático y constitucional que constituye la acusación popular, y que Conde Pumpido ha denigrado tachándola de "fiscalías paralelas" que defienden "intereses espurios" que ponen en jaque a la Justicia con "querellas mediáticas" que trasladan a su administración "problemas que, o no existen, o no tienen como cauce adecuado de resolución el sistema de justicia penal, sino que deben ser resueltas en el foro político o en otras instancias sociales".

Y es que Conde Pumpido, con tal desacreditar la denuncia interpuesta contra Garzón, ha tenido la desfachatez de presentar la encomienda que la Constitución hace al Ministerio Fiscal para que defienda y promueva el interés general ante los tribunales como una especie de monopolio sin cuya condescendencia o apoyo, no ya los falangistas sino ningún ciudadano debería tener derecho, según él, a recurrir a la Justicia. El fiscal general del Estado ignora así un artículo de la Constitución, que, como el artículo 125, consagra explícitamente que "los ciudadanos podrán ejercer la acción popular".

No voy a negar yo, sin embargo, el desgraciado hecho de que algunos ciudadanos hayan podido ejercer ese derecho para interponer "querellas mediáticas" o de "contenido más político que jurídico". Pero para desestimarlas o archivarlas, no sólo está la Fiscalía, sino también los jueces y magistrados que tienen el derecho y el deber de dictaminar si lo denunciado tiene veracidad probable de ser algo constitutivo de delito penal.

Por otra parte, para causas mediáticas, de contenido más político que jurídico y que han ocupado la ya de por sí sobrecargada justicia penal, ahí está precisamente la surrealista causa penal que Garzón ha pretendido abrir contra el régimen franquista setenta años después de la guerra civil y treinta años después de la muerte del dictador. Por el contrario, lo que no es una causa mediática, ni histórica, ni política, sino un asunto jurídico de primer orden, tal y como han venido a reconocer los magistrados del Supremo, es dictaminar si un juez en el ejercicio de sus funciones se saltó a la torera y a sabiendas el ordenamiento jurídico vigente. Un ordenamiento jurídico como el que proclama la extinción de responsabilidad penal por fallecimiento, como el que en el Código Penal señala los plazos de prescripción de los delitos, o como el que recoge la ley de Aministía de 1977; un ordenamiento jurídico como que el que Garzón tampoco observó y que impide grabar las conversaciones entre un acusado y su abogado, como hizo en el caso Gürtel, o con la ley que le obligaba a apartarse de la causa que archivó contra el presidente del banco del que había recibido unos cuantiosos fondos para financiar sus cursos en Nueva York.

Por último, no puedo dejarme en el tintero lo obsceno que me resulta la inconstitucional pretensión de Conde Pumpido de que sólo su politizada y dependiente Fiscalía tenga el derecho de apelar a los tribunales cuando precisamente por culpa de ese monopolio que desgraciadamente sí tiene respecto a la observancia de la ley de partidos, el Tribunal Supremo no pudo ilegalizar en su día a las formaciones proetarras de ANV y PCTV al no reclamarlo una Fiscalía General del Estado que, como Garzón, brindó su apoyo a la paz sucia de Zapatero con evidente desprecio al ordenamiento jurídico vigente. Otro gallo hubiera cantado, y mucho antes, si los ciudadanos hubieran podido ejercitar, también en este terreno, la acción popular.

Libertad Digital - Opinión

La Internacional Antifascista de romería. Por Fernando Fernández

Bien pareciera que el gran problema de nuestros días es el franquismo. Los viejos rockeros nunca mueren.

Sindicatos artistas, intelectuales sartrianos y algún despistado suelto reviven viejos tiempos y se encierran en la Universidad ante el peligro fascista. Contra Franco vivían mejor. Se perdieron por edad, despiste o comodidad aquella explosión de alegría que constituyó la Transición; se les ha muerto el mito de Fidel y Chávez no está a la altura porque él sí huele a azufre, a azufre de petróleo y corrupción; no pueden tomarla con el imperio yankee porque está su Obama. Sólo les queda sacar a pasear a Franco, y lo hacen con un fervor digno de mejor causa. Porque nada es casual, como suelen decir ellos mismos. No puede ser casual que surja ahora un movimiento antifascista en España, precisamente ahora que la izquierda pierde en las encuestas y ve amenazado su poder. Ahora que el tardío e insuficiente ajuste económico va a producir recortes de derechos sociales. Ahora que el Gobierno sigue inmerso en una guerra en Afganistán que una opinión pública educada en el pacifismo no entiende. Ahora es cuando les hace falta Franco para movilizar a su electorado. No basta con el dóberman, ni con el cuento de las pensiones, porque son ellos quienes las van a rebajar y a retrasar la edad de jubilación.

Su ejercicio totalitario de agitación y propaganda tiene un pequeño problema: Franco murió hace treinta cinco años y el franquismo, mal que les pese, no tiene expresión política alguna. Como sí la tiene la izquierda totalitaria. La derecha rompió hace muchos años con esa parte de su historia; ése es el gran servicio que Fraga ha prestado a la democracia española. La izquierda, que lo intentó y casi lo consigue con Felipe González y su Bad-Godesberg particular, ha sido secuestrada por una pandilla de irresponsables que añoran los tiempos del Lenin español. Cuánto echamos de menos algunos que personas sensatas, que gozan de autoridad moral en la izquierda española, ejerzan su predicamento y le devuelvan la cordura. Porque la deriva de golpismo institucional a la que la quieren conducir es aterradora. Produce escalofríos leer algunos periódicos que ayer se proclamaban demócratas y europeístas. Por qué tirar por la borda el prestigio acumulado en tantos años de duro ejercicio de independencia y profesionalidad. He escrito alguna vez que los países también se suicidan, miremos a Argentina, que en los años cuarenta tenía la renta per cápita de Estados Unidos.

Los avatares judiciales del señor Garzón son sencillamente el ejercicio del imperio de la ley. Los jueces justicieros también tienen límites en su actuación. Porque no vivimos en un Estado totalitario en el que el fin justifica los medios. Ese es precisamente el fundamento de la Inquisición. ¡Y cuántos Torquemadas había en el acto de la Complutense! No sé ni me importa, sinceramente, el resultado final del juicio. Lo que me importa es el Estado de Derecho, que en este caso se traduce en que un juez, por simpático u odioso que nos pueda parecer, sobre el que las personas competentes aprecian indicios racionales de prevaricación, ha de ser procesado como cualquier otro ciudadano particular. Perdón, más que cualquier particular porque los ciudadanos le hemos hecho entrega de nuestra soberanía al otorgarle el derecho a decidir sobre vidas y haciendas. Ha de ser procesado, sea el juez hijo de franquista o de la Pasionaria; sean los magistrados hijos de su padre. Tienen razón los sindicatos. Lo que está en juego es más importante que la economía. Porque si triunfa el atentado a la democracia que quieren perpetrar los encerrados, no habrá recuperación posible y habremos dado un paso firme hacia el abismo totalitario. Tienen razón aunque sus líderes, por enésima vez en esta crisis, hayan elegido el lado equivocado. Por eso esta semana he dejado la economía, que me perdonen los lectores.

ABC - Opinión

Zapatero en las Azores. Por Emilio Campmany

De lo que se trata ahora es de echar una mano a Obama, el nuevo santurrón de la izquierda europea que, haciendo como está haciendo todo lo que hizo Bush en Irak, en Afganistán y en Guantánamo, resulta ser el presidente más de izquierdas de EEUU.

Hoy hemos sabido, gracias al diputado popular Ignacio Cosidó, que Zapatero ha enviado guardias civiles a la guerra de Irak a ayudar a los norteamericanos a enseñar a los militares iraquíes a combatir la insurgencia. Pero, ¿no habíamos quedado que la de Irak era una guerra injusta? El asunto sería para desternillarse si no fuera porque la indignación que genera no lo permite.

Estamos hartos de ver cómo la izquierda y la derecha se mofan de Aznar por habernos metido en la guerra de Irak. Estamos ahítos de escuchar a sociólogos y politólogos de toda ralea explicarnos cómo fue un error participar en aquella guerra y que por eso perdió el PP las elecciones.

Los propios españoles, de cualquier ideología, nos hemos comentado unos a otros que era muy difícil pasar por lo de Irak y por lo de las armas de destrucción masiva y por ir a una guerra no autorizada por la ONU. Toda la argumentación de la Fiscalía en el atentado del 11-M se basó en que el ataque fue una represalia por ir a la guerra de Irak. La asociación de víctimas del 11-M que preside Pilar Manjón hace a Aznar directamente responsable del atentado. Los del PP, con la honrosa y honorable excepción del propio Cosidó y pocos fieles más, reniegan de la participación en Irak y hacen suyas las críticas de la izquierda, cabizbajos y avergonzados por no haber dicho nada cuando Aznar tomó la decisión. La figura de Rato se acrecienta día a día gracias a haber sido el único popular que se opuso tímidamente a la implicación de España en la guerra. Zapatero, consciente de que ganó las elecciones por la acción combinada de su oposición a ir a Irak y el atentado del 11-M, lo primero que hizo cuando llegó al Gobierno fue retirar nuestras fuerzas de allí sometiéndolas a una de las mayores humillaciones que ha sufrido el Ejército español a manos de sus gobernantes y mira que las ha padecido gordas.

Y ahora resulta que Cosidó descubre que estamos enviando militares a la guerra de Irak para ayudar a los norteamericanos y la noticia apenas la recogen El Mundo y Libertad Digital. ¿Y el resto? Pues el resto, como los de la ceja, como los que se manifestaron con el "No a la guerra", como los que en el PP han renegado de Aznar y como el país entero, a callar y a no rechistar porque de lo que se trata ahora es de echar una mano a Obama, el nuevo santurrón de la izquierda europea que, haciendo como está haciendo todo lo que hizo Bush en Irak, en Afganistán, en Guantánamo y en materia de violación de los derechos civiles interviniendo todo tipo de comunicaciones, resulta que, por ser el presidente más de izquierdas que hayan podido padecer los Estados Unidos, hay que volver a Irak si el ex senador de Illinois (de Chicago tenía que ser) lo pide.

Es curioso que los del PSOE, sabedores de lo que la decisión implicaba, hayan hecho lo imposible por mantener la noticia en secreto desde enero. Se ve que no conocen bien el país que tiranizan. Hoy se ha sabido la noticia y no ha pasado nada. Cuatro voces indignadas y poco más. La verdad es que, si nos tragamos esto, es que somos capaces de tragárnoslo todo. Descanse en paz la nación.

Libertad Digital - Opinión

Constitución y retranca. Por M. Martín Ferrand

Todos, personas e instituciones, tenemos algún gato en la barriga. Vamos arrastrando nuestras miserias como señal de identidad. Lo que convierte en verdaderamente singular al Tribunal Constitucional es que, contra lo acostumbrado, parece disfrutar exhibiendo al público sus imperfecciones.

Así nació -no olvidemos su poco ejemplar trayectoria- y así continúa, como si ello fuera una fatalidad inexorable asociada a su composición y funcionamiento. Ahora, mientras el Gobierno alimenta todas las calderas institucionales para que el calor de una docena de escándalos impida la contemplación de sus errores en materia económica, el TC brilla con luz propia. En las casas de apuestas clandestinas, que de todo hay en el país del esperpento, cotiza tres a uno la opción de una sentencia para antes del verano. Cinco a dos si se puja por la opción de sentencia con voto de calidad de la presidenta.

Tampoco es cosa de demonizar al TC, un lujo más de los muchos con que la Transición quiso anular los vicios del pasado y vestir el futuro con ropajes garantistas. Un TC como el nuestro es, en su innecesariedad -hubiera bastado con una Sala especializada en el TS-, algo que concuerda con una Constitución como la que nos ampara; algo, como dicen que está el cielo, empedrado de buenas intenciones. Cuatro años de trabajos preparatorios para una sentencia que de respuesta a los recursos de inconstitucionalidad que provocó el Estatut no es un síntoma de pereza institucional. Es, en profundidad, una evidencia de la imprecisión que domina nuestra Ley de Leyes y una consecuencia del gran problema pendiente en España desde, por lo menos, la Primera República: la concreción territorial del Estado sobre supuestos de lealtad y unívoco sentido nacional.

Hoy -¡en viernes!, lo nunca visto- volverán a reunirse los magistrados del TC. ¿Alcanzarán la mayoría que pretende su presidenta? Más probable parece que, ante el empate asentado, terminen votando artículo por artículo con el desgaste que ello conlleva para el prestigio del Estado y la certeza constitucional que tanto escasea entre nosotros. Algunos han pretendido a lo largo de esta compleja y viciosa peripecia estatutaria, alimentada por el ímpetu insolvente de José Luis Rodríguez Zapatero, reformar la Constitución sin atenerse a lo establecido para ello. De ahí el espectáculo institucional y la fatiga ciudadana.

ABC - Opinión

Haga su Nürenberg, Zapatero. Por Cristina Losada

Llame a declarar a quienes gobernaron entre 1936 y 1977. Los primeros, Fraga y el Rey. Saque a Suárez de su retiro y llévelo. Vayan los mandos del ejército, la Guardia Civil y todos los demás. Los jueces de los tribunales especiales, TOP incluido.

Sí, señor presidente, es una vergüenza. Escuche a esos ancianos. Sus testimonios están en su periódico favorito. Los habrá leído. Darío Rivas, 90 años, hijo de un alcalde asesinado por los falangistas. Desde Buenos Aires, acusa a España de seguir viviendo como en la época de la dictadura. María Martín, 86 años, perdió a su madre en la Guerra. Cuando el padre reclamaba sus restos, las autoridades le decían que se los darían "cuando las ranas criaran pelo". Todavía espera. Hilda Farfante, 79 años, sus padres, maestros ambos, asesinados. Cree que "el franquismo sigue gobernándolo todo". ¿No se da por aludido?

Farfante llora. Se siente culpable de las tribulaciones de Garzón. Pero el culpable es usted. Fue usted quien alimentó las esperanzas de esas personas y es usted el responsable de su decepción. Usted ha conseguido desviar la carga, endosársela a los jueces. Pero no se esconda detrás de las togas. Si quisiera podía organizar ahora mismo un proceso por genocidio. Es el presidente, tiene mayoría, otros grupos le iban a apoyar. Derogue la Ley de Amnistía. Puede que no haga falta, pero así despejará el camino. Y ordene que se siga el rumbo que ha marcado la querella presentada en Argentina.

Déjese de palabrería y prepare un estadio de fútbol para nuestro Nüremberg. Llame a declarar a quienes gobernaron entre 1936 y 1977. Los primeros, Fraga y el Rey. Saque a Suárez de su retiro y llévelo. Vayan los mandos del ejército, la Guardia Civil y todos los demás. Los jueces de los tribunales especiales, TOP incluido. Los del sindicato vertical. Y los que pastorearon la propaganda del Régimen, ¿o quiere librar al último jefe de informativos de la televisión franquista? Escuche a Pérez Esquivel. No importa que muchos estén muertos, dice. Representen a los fallecidos con maniquíes que lleven un cartel con su nombre, aunque no es preciso que los quemen, como hacía la Inquisición. Las víctimas sólo quieren recuperar la memoria. Es lo que usted dijo que haría.

Será mala suerte si ese proceso afecta a su amigo Carrillo. Si los familiares de los asesinados en Paracuellos y en las checas, los del POUM, los anarquistas, el maquis y los comunistas liquidados por el PCE exigen su porción de memoria y justicia. Daños colaterales. Deje de jugar con el dolor de tanta gente y hágalo de una vez. ¿Qué se lo impide?

Libertad Digital - Opinión

El retorno de los brujos. Por Ignacio Camacho

No se trata de salvar a Garzón, sino de rescatar a Zapatero. Agarrados al espantajo de Franco como a un fetiche de combate, los socialistas y su red de apoyo han situado el debate político nacional en el punto donde más a gusto se sienten: en la confrontación, el radicalismo y la discordia.

Son expertos de la provocación, que utilizan con grave irresponsabilidad como una eficaz herramienta de marketing. En esa bronca que invoca demonios históricos como en una ouija siniestra, las expectativas electorales del PSOE crecen siempre al amparo de una niebla de visceralidades que cubre los defectos y tapa las carencias de una gestión estéril. A falta de soluciones acuden a la trifulca; en ausencia de logros apelan al alboroto para agitar los fantasmas primarios de una izquierda social desencantada. A costa de provocar crispación y desestabilizar las instituciones, dramatizan el efectismo ideológico para disimular un fracaso político.

Cada vez que el presidente está en apuros echa mano de las banderas del izquierdismo de barraca. La crisis lo ha dejado sin argumentos y no encuentra el modo de levantar las encuestas, así que ha decidido incendiar los rastrojos del divisionismo para movilizar a unas bases sociales cada vez más frías ante su poder de seducción. El espectro del franquismo, por gastado que esté, funciona siempre como galvanizador de reyertas; simplifica los esquemas y provoca una enorme humareda sociológica. Cuando no hay manera de crear un «marco conceptual» más sofisticado, el zapaterismo dibuja escenarios de brocha gorda.

El del retorno de los brujos de la dictadura debería ser un señuelo demasiado burdo en una sociedad que lleva treinta años de sólida democracia, pero por alguna razón relacionada con nuestros viejos atavismos cainitas todavía funciona para aglutinar el entusiasmo de la izquierda exaltada y remover las pasiones de una derecha confusa. Zapatero necesita que sus huestes más radicales sientan hervir la sangre para olvidar el desastre de un gobierno catatónico. Lo va a conseguir; estas historias truculentas de tumbas removidas y siniestros fantasmones emboscados tienen un inquietante poder de sugestión simbólica. El precio de esta frívola estrategia de espiritismo político es el desgaste institucional de la muy denostada justicia y el desprestigio internacional de un país que ya está perdiendo relevancia económica, peso específico e influencia; pero, sobre todo, supone un espeluznante retroceso del clima interno de convivencia. Todo eso lo malbarata el Gobierno a cambio de un par de puntos en los sondeos y una semana más de iniciativa ante una oposición a la defensiva y sin brújula. Ha soltado a una jauría extremista para intimidar y empequeñecer a la España moderada, que de nuevo se ve emparedada entre dos frentes soliviantados. Garzón no es más que el pretexto de un drama artificial destinado a crear coaliciones de rencor y abrir trincheras de resentimiento.

ABC - Opinión

El provocador. Por Alfonso Ussía

No corren buenos tiempos para el humor. España y su armonía social están en peligro. Zapatero lo ha conseguido.

Los que no vivimos ni la fracasada Segunda República ni la Guerra Civil, ya sabemos el ambiente que se respiraba. La izquierda en España, la guerracivilista, es una gran fabuladora histórica. Todo lo cambia, lo revuelve y lo dispone a su favor. Garzón es un instrumento. Un instrumento malvado, pero no más que una excusa. Las palabras del fiscal Jiménez Villarejo en el bochornoso acto de la Complutense son de guerra civil. Ahí estaba aplaudiendo el Rector Berzosa, otro reanimador del odio. Y la gran manipulación. «Garzón se sienta en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo». País de analfabetos. Garzón será juzgado por un posible delito de prevaricación. Es decir, por no ser justo a sabiendas siendo juez. Y tiene otros dos casos pendientes. Con falangistas o sin falangistas, de lo que se acusa a Garzón es de tomarse la Justicia por el pito del sereno. De gravedad sin medida hay que valorar las palabras de José Blanco, ministro del Gobierno, que se suma al acoso del Tribunal Supremo. Su argumento, la necia manipulación. Detrás de todos ellos, moviendo hilos y gratitudes, está el propio juez, que se sabe expulsado de la Judicatura, pero no acepta su destino.

Se lo dijo Javier Gómez de Liaño, que no gozó de los apoyos de Garzón. Que se vaya con dignidad. No le faltará trabajo. Yo lo veo de embajador de España en una nación sudamericana. Se le adivinaba este final. Los hay peores. Y los titiriteros. No relaciono sus nombres por aburrimiento. La República de Garzón. La izquierda no reconoce sus barbaridades. Ayer, en la presentación de la nueva edición de la poesía de Miguel Hernández, todos sonrientes en torno al genocida superviviente. Ocho mil muertos y niños de 14 años entre ellos, enterrados en Paracuellos, y él zalameado, aplaudido y ovacionado por Alfonso Guerra, el profesional de jurados literarios García Montero, y los «aminatus» de siempre. Carrillo es un beneficiado de la Ley de Amnistía que Garzón despreció, pero el beneficio no justifica el homenaje, aunque fuera en la presentación de la obra de un gran poeta torrencial y comunista, Miguel Hernández, descubierto y apoyado por el escritor José María de Cossío, hoy olvidado por estos indocumentados. Se están afilando los odios y los rencores, y todo viene de esa parcialísima y deleznable Ley de la Memoria Histórica, alentada por un insensato vesánico y provocador. Ése que dicen que nos gobierna. Se ha quebrado la armonía. La vanidad, la soberbia, el empecinamiento y la tosquedad de un juez errado ha sido la excusa de la explosión de los resentimientos. España tiene una izquierda que todavía no ha superado la primera mitad del siglo XX. Un Gobierno que sostiene una campaña contra la independencia del Poder Judicial, es un Gobierno golpista y antidemocrático. Si eso lo hace un Gobierno del Partido Popular, hay tiros. Claro, que también habría estallado la violencia social con cinco millones de parados. Ahí la izquierda tiene suerte. Los sindicatos no protestan cuando quien los mantiene es de los suyos. Pero soplan muy malos vientos por España. Y el provocador, mira, contempla y sonríe.

La Razón - Opinión

No a la guerra con Bush, sí con Obama

En esta España en que nada es bueno ni malo en sí mismo, sino aceptable por ser de izquierdas e inaceptable por provenir de la derecha, el levantamiento por la guerra de Irak no fue más que un gigantesco ejercicio de hipocresía colectiva.

Libertad Digital fue uno de los pocos medios que defendió el apoyo dado por el Gobierno de España a la invasión de Irak, con el objetivo de derribar a Sadam Husein e intentar implantar una democracia en la región. Por tanto, que nuestro país vuelva a enviar efectivos a Irak no nos parece una mala noticia. Colaborar en la reconstrucción de Irak y entrenar a sus fuerzas policiales nos parece una misión digna del riesgo, cada vez menor, que pueden correr los guardias civiles en el empeño.

Pero claro, este es el Gobierno de "No a la guerra", el que llegó al poder en aquellos tres días de marzo en que cargaron sobre los hombros del PP la responsabilidad del 11-M, un atentado que muchos votantes creyeron que era una respuesta a la guerra de Irak al depositar su voto por Zapatero en las urnas. Tan arraigada quedó aquella convicción que los socialistas, aunque cada vez con menor intensidad, nunca han dejado de utilizarla como argumento con el que zaherir a los populares, quienes en muchos casos han asumido su culpa como si fuera real. La última, la semana pasada, como forma de librarse de las críticas por su apoyo a la dictadura cubana.

No se puede declarar que en Irak hay una guerra, y que ésta es ilegal, ilegítima e injusta y todos los adjetivos que comiencen por i y que se les puedan ocurrir, mientras se envía en secreto al país a un grupo de guardias civiles para preparar un despliegue más amplio. Que el Gobierno pretendía que no se supiera ha quedado claro, tanto por la sorpresa del segundo de Rubalcaba cuando Cosidó le ha preguntado por ello como por el hecho, denunciado por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, de que tampoco dentro del cuerpo se habían enterado de nada, cuando lo habitual es que este tipo de convocatorias se publiciten.

Durante estos seis años, que un uniformado español pisara Irak suponía el mayor de los pecados posibles. Aznar merecía el fuego eterno del infierno laico por haber cometido semejante temeridad. Hasta han intentado convencernos de que lo de Afganistán no era una guerra mientras lo de Irak sí, cuando lo cierto es que en estos momentos las condiciones en el primero son bastante peores.

Ahora, en cambio, prácticamente nadie ha informado de los planes del Gobierno. Los artistas de la ceja están demasiado ocupados haciendo como que defienden a Garzón para hacer como que les preocupa el bienestar de los iraquíes o, ya puestos, los afganos. Quienes consideraron culpable al Gobierno de Aznar por el 11-M, ¿pensarán ahora lo mismo de Zapatero si sucede lo peor?

No parece el caso. Como en tantas otras cosas en esta España en que nada es bueno ni malo en sí mismo, sino aceptable por ser de izquierdas e inaceptable por provenir de la derecha, el levantamiento por la guerra de Irak no fue más que un gigantesco ejercicio de hipocresía colectiva. Y no sólo del PSOE o el famoseo progre, sino también y muy especialmente de los ciudadanos que entonces se manifestaron y no han vuelto a preocuparse de qué sucede en Irak. Aquellos que cogieron aquella bandera porque estaba de moda y les hacía sentirse bien consigo mismos, pacíficos, solidarios. Aquellos a quienes jamás preocupó qué vida les esperaba a los iraquíes entonces ni qué tienen hoy día por delante.

Nosotros, que siempre apoyamos que se destruyera aquel régimen infecto de Sadam, podemos ahora defender sin sonrojo que se envíen guardias civiles a ayudar a formar a las fuerzas de seguridad iraquíes. Otros, en cambio, deberían empezar ya a pedir perdón por todo lo que han dicho y hecho durante estos seis años y no parar hasta que los echen del Gobierno.

Libertad Digital - Editorial

El TC, al borde del colapso

EL pleno del Tribunal Constitucional finalizó ayer su segunda sesión de debate sobre el recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular contra el Estatuto de Cataluña sin que se formara un bloque suficiente -por mayoría o con el voto de calidad de la presidenta- para respaldar la quinta ponencia presentada por la magistrada Elisa Pérez Vera.

Hoy continuará el debate en el TC; pero es evidente que las propuestas de esta magistrada no concitan el apoyo mayoritario de sus compañeros, a pesar de las sucesivas modificaciones que ha ido introduciendo en ellas, y que su mantenimiento como ponente, sin variar sus criterios sobre la declaración que merece el texto estatutario, conduce al Tribunal a un bloqueo indefinido inaceptable. Es la presidenta de esta institución, María Emilia Casas, quien debe extraer las consecuencias de una situación que está perjudicando no sólo el crédito del TC, sino la seguridad jurídica de todo el sistema constitucional, pendiente de saber en qué queda convertido el Estado español, si en un Estado unitario organizado en autonomías, como prevé el Título VIII de la Constitución de 1978, o en una súbita confederación de Cataluña y España, por la vía simulada de una reforma estatutaria.

La asignación de la ponencia a alguno de los magistrados capaces de proponer una solución con respaldo mayoritario es la opción responsable, pero también la exigible legal y constitucionalmente. La falta hasta hoy de una respuesta del TC se acerca a una auténtica denegación de justicia, poniendo actualmente la identidad constitucional del Estado en una situación de precariedad. La soberanía absoluta del TC, el único órgano constitucional cuyas sentencias escapan a la revisión por otro poder, garantiza a sus magistrados la independencia suficiente para tomar la decisión que corresponda según la Constitución. Ningún otro criterio, sea político o social, debe interferir en la resolución de esta encrucijada, la más decisiva para la democracia española desde el proceso constituyente de 1978. Los efectos de su decisión se prolongarán indefinidamente y condicionarán desarrollos legislativos imprevisibles, sobre todo en el ámbito autonómico, donde ninguna comunidad estará dispuesta a tolerar distintos niveles de autogobierno, ni agravios en la concesión de privilegios. Por tanto, no es sólo el Estatuto de Cataluña o la relación de esta comunidad con el Estado lo que está en juego, sino también, y esto es lo principal, la paz constitucional de los próximos años.

ABC - Editorial

Franco, ese fantasma. Por Ignacio Camacho

MALO, malo, malo. Algo se ha roto en el sistema cuando los magistrados del Supremo tienen que convocar a la prensa extranjera para explicar que Franco lleva treinta y cinco años enterrado y que ellos no son la quinta columna del tardofranquismo sino la ultima ratio de la justicia de un Estado de Derecho.

Algo ha crujido en la estructura de la democracia bajo el zarandeo de una campaña extremista de descalificación de las instituciones, sin que el Gobierno sepa salir con decisión en defensa del prestigio de una nación moderna. Quizá porque esa exaltada ola de agitación ha crecido en la confianza de que se mueve a favor de corriente, en sintonía ideológica con el discurso rupturista de un poder dispuesto a desguazar el legado de la Transición, y ha terminado convirtiéndose en un maremoto al que ahora es difícil contener sin que erosione la estabilidad institucional.

Al permitir que la izquierda social lleve el debate sobre el juicio a Garzón al ámbito tramposo de la propaganda política, mostrando incluso una anuencia oficiosa con el fondo de esa maniobra desquiciada, el Gobierno ha dado pie a un severo deterioro extra de la ya muy cuestionada independencia judicial, causando daños de difícil reparación en la estructura de un poder esencial del Estado. En realidad, se trata de un escándalo que avería todo el núcleo del sistema, porque la resurrección del fantasma de Franco -agitado por la izquierda como espantajo contra una decisión judicial adversa- constituye un elemento de enorme sugestión simbólica para la opinión pública internacional. Después de tres décadas de impecable funcionamiento de un Estado constitucional construido sin traumas sobre las cenizas de la dictadura, influyentes medios anglosajones han comprado la mercancía averiada de la supervivencia del viejo régimen en el entramado democrático. Y esa falacia, urdida de manera dolosa y culpable dentro de España, supone un perjuicio gravísimo que compromete la credibilidad del país entero en un momento especialmente sensible para nuestros intereses colectivos.

El Gobierno que no ha sabido o querido salir al paso de toda esta interesada patraña es el que tiene ahora la responsabilidad de deshacerla, aunque ello le suponga la obviedad de proclamar que, por mucho que se empeñen Garzón y sus defensores, el franquismo es una página olvidada en la realidad cotidiana de una democracia firme, sin cuentas pendientes ni atrasos históricos. La tentación de aceptar la tesis contraria para presentarse como depurador salvífico de los residuos dictatoriales no puede constituir siquiera una hipótesis de trabajo. El problema es que al zapaterismo le cuesta templar este trastornado descalzaperros porque aunque se desmarque de las formas parece compartir los argumentos de la confusión interesada. Y tal vez se sienta a gusto peleando contra falsos molinos franquistas como un Quijote de barraca.

ABC - Opinión

El lifting sentimental de la izquierda. Por Cristina Losada

El franquismo y la Guerra Civil son los parques temáticos a los que acude la izquierda para remozar su fachada. Allí recrea sus mitos originarios, recompone su frágil identidad y recarga superioridad moral.

Gracias a la mascarada de los neo-antifranquistas nos hemos enterado de varios graves asuntos. Que Franco ha muerto, pero hay restos de franquismo vivitos y coleando. Que esos restos están incrustados en las más altas instituciones. Que algunas son cómplices de torturas e instrumentos del fascismo. Que los hijos de la dictadura gozan de un poder asombroso, aunque eso ya lo sabíamos. Que hemos vivido hasta ahora con una venda en los ojos. Que nadie, salvo Garzón, ha movido un dedo por dignificar la memoria de los que sufrieron y que sólo él, bendito sea, ha procurado que se pudiera enterrar dignamente a los muertos. Vale. Désele la vuelta a la serie y tenemos una auto-acusación en toda regla. Si tal es el estado de cosas, ha sido con el consentimiento de los gobiernos democráticos, incluidos los de González y Zapatero. Y con la plena anuencia de sus votantes y fieles.

Mira que han tenido tiempo. ¿Cómo han tardado treinta y dos años, Villarejo, Méndez, Toxo y compañía, en recordar el deber inexcusable de procesar a Franco? ¿Por qué reprimieron esas ansias de justicia? Y, una vez llegada la ocasión, ¿cómo no se amotinaron contra la Fiscalía y el Gobierno que se opusieron al benemérito intento del juez? Vanas preguntas, inútiles razonamientos, ante una operación de lifting sentimental de la izquierda. El franquismo y la Guerra Civil son los parques temáticos a los que acude para remozar su fachada. Allí recrea sus mitos originarios, recompone su frágil identidad y recarga superioridad moral. Porque allí, el enemigo resucita y toma cuerpo y renace el odio, ese gran motor de la peor política.

Entonces, viene la parte divertida, como en la performance que ofició el rector Berzosa.

Los partícipes olvidan que visten traje y corbata, que forman parte de un Gobierno, que lucen barriga y peinan canas, y se hacen pasar por una asamblea de facultad de los sesenta. Se ven con melena y Levis, se sienten luchadores, descubren fascistas en todas partes y gritan, llorosos, ¡no pasarán! Es como un rito tribal, pero sin consumo de alucinógenos. Y con un propósito político. Zapatero se instaló en el parque guerracivilista para aglutinar a la izquierda. Triste. Sólo le queda Franco para arremolinar a las dispersas huestes.

Libertad Digital - Opinión

La checa de ayer. Por Cesar Vidal

Entre los actos verdaderamente sicalípticos que nos ha sido dado contemplar en los últimos tiempos ocupa un lugar de honor el celebrado en apoyo del juez Garzón el pasado martes y trece en la Complutense.

El citado akelarre –en el sentido literal del término vasco– tuvo lugar bajo la presidencia del rector Berzosa y con la colaboración necesaria de UGT y CCOO. Verdaderamente, lo albergado entre los muros de una universidad que pagamos entre todos ha sido para no perdérselo. Juzguen por ustedes mismos. De maestro de ceremonias oficiaba un rector al que no se conoce obra doctrinal alguna, que ha tolerado la violencia estudiantil cuando se dirigía contra otros, pero que ha reaccionado ásperamente contra ella si él era la víctima y que dijo admirar la capacidad de trabajo de Garzón lo que, teniendo en cuenta las contribuciones del citado rector a la ciencia, es comprensible.

De gran estrella aparecía un fiscal –¡que alcanzó semejante posición en 1962, durante la dictadura de Franco y que, por tanto, formó parte del aparato de un Estado al que ha denominado «genocida»! – empeñado en negar la posibilidad de que todos los ciudadanos sin excepción pudieran acudir a la administración de justicia y en demostrar que los jueces del Tribunal Supremo eran cómplices del franquismo. Y de «supporting actors» fungían dos sindicalistas, uno que está contribuyendo con sus acciones a aumentar el número de parados y a vaciar los bolsillos de los contribuyentes para pagar a sus liberados, refiriéndose a la tiranía del capital y otro situado al frente de un sindicato que no existía durante la guerra civil y que se dedicó a proclamar que un juez que ha intervenido el secreto de las comunicaciones entre un acusado y su cliente, que ha escrito cartas al director de un banco para pedirle conferencias archivando después una acción judicial contra ese mismo director y que ha aplicado o ha dejado de aplicar la ley de amnistía de 1977 según le ha parecido «nos ha quitado la venda». Y lo mejor no era lo del escenario sino, si me apuran, un público en el que, salvo seis o siete excepciones, la edad media andaba por los setenta y cinco años. Entre gritos de rabiosa actualidad como «¡No pasarán!» y ondeando banderas de la segunda república, se podía ver a Maragall, el único presidente de CCAA que se ha querellado contra un humorista; a Zarrías, que no da un paso sin medirlo con escuadra y compás; a Llamazares, gran amigo de esa extraordinaria democracia fundada por Fidel Castro y a tutti quanti. Llegué a pensar por unos instantes que la mayoría de los presentes eran incautos jubilados de la tercera edad de esos que traen a Madrid para asistir al teatro a los que algún progre desalmado había dicho que asistirían a la función de «Vamos a contar mentiras» para luego llevarlos al acto en pro de Garzón. Total, con lo que se oyó tampoco es que el título hubiera desentonado mucho. Y es que los presentes andaban en la labor de injuriar al Tribunal Supremo porque ha tenido la imperdonable osadía de aplicarle la ley al juez Baltasar Garzón sin proporcionar un solo argumento jurídico de mediana entidad más allá del «como toquéis a uno de los nuestros porque quebranta la ley, os vais a enterar». En fin, ya lo dice la canción: «Me asomo a la ventana y veo a la checa de ayer».

La Razón - Opinión

Cuídense todos. Por Hermann Tertsch

NO sé realmente si todos se dan cuenta de la atrocidad política y jurídica en la que han metido a nuestra patria. No sé si todos ustedes son conscientes de que nos están embarrancando para mucho tiempo.

Y que puede que tardemos dos generaciones de salir de la miseria moral, política y económica en la que nos meten unos memos insensatos y sin escrúpulo alguno. Unos procaces ignorantes que, surgidos después de nuestra transición a la democracia, están envenenados por una ideología caduca, maniquea y miserable que todo lo emponzoña y corrompe. El aquelarre habido el martes en una universidad pública de Madrid, con presencia y apoyo de mandos del Gobierno, dedicado a la demonización de nuestra máxima institución judicial, es un escándalo sin parangón. Y demuestra las credenciales de un Gobierno y un presidente que no han sabido ni querido condenarlo. Ni han cesado a todos aquellos miembros del poder que participaron en ese acto bolchevique. Porque en realidad están de acuerdo. El único acto de decencia posible sería cesar a quienes allí estuvieron o abandonar el gobierno que ampara esta insólita agresión al Estado. De agresión directa a la división de poderes.

Esto, me temo yo, es sólo el principio. Según la terrible realidad económica y social vaya haciéndose evidente en este país, la secta que ha secuestrado al Partido Socialista hará todo por perpetuarse. Y cuando digo todo es todo. Liquidar instituciones. Dinamitar un Estado de Derecho que estaba orgulloso de serlo. Y que tanto costó a los que realmente lucharon por la democracia frente a la dictadura. No a estos que se inventan su pasado, a sus abuelos y hasta su lugar de procedencia. A estos nada les impedirá moral o políticamente perseguir a sus propios ciudadanos. Porque perciben a media España como enemiga. Ni les costará nada fumigar prestigio y honor de individuos que resisten a sus tentaciones totalitarias. Machacando a todo aquel que crean susceptible de ser un peligro para sus intereses. Tengan cuidado. Porque la inseguridad no nos acosará sólo por parte de aquellos desesperados que se han hundido en la ruina por la política económica socialista, por sus mentiras e ineptitudes. Nuestra amenaza mayor es la voluntad decidida de la peor gente en dominar el destino de los demás.

El aquelarre contra la justicia que parte del Gobierno y que quiere proteger a un juez partidista que tiene al propio Gobierno cautivo por lo que sabe, es el anuncio de lo que son capaces algunos por mantenerse en el poder. El juez Garzón tiene cogido al Gobierno y a su policía política por los santos huevos, y perdonen la expresión. Los cadáveres en el armario se acumulan y el juez hace el papel del forense y guardián de la morgue. Tiene pillado al Gran Timonel, Rodríguez Zapatero, cuya relación con la verdad y probidad es de permanente combate. Y el Timonel sabe cómo las gasta el juez de los amaneceres. Tengan todos mucho cuidado. Porque gente como Jiménez Villarejo nos meterían a la mitad de los españoles en una cheka. Ese sujeto que era fiscal en el año 1962, fiscal entonces sin abrir la boca y hoy acusa a otros de complicidad con el franquismo. Un señor que cuando condenaron a muerte a Grimau podría haberse siquiera quejado. Un valiente ahora, aferrado como antes al poder y que nos es antifranquista furibundo ahora, con Franco muerto hace 35 años. ¡Qué dignidad, Dios mío! ¡Qué valentía! La villanía, está claro, tiene ahora su época de gloria. De ahí la apología constante del asesino de Paracuellos, el Katyn español, que se llama Santiago Carrillo, que llevan a cabo los medios oficiales, comprados o cautivos. Son indolentes o ineptos ante la ruina de este país. Pero son inmensamente eficaces en defenderse a sí mismos en su combate guerracivilista. Cuídense todos. Porque el acto miserable de la Complutense con ese personaje incalificable que es su rector al frente, con los sindicatos pagados por este Gobierno y toda su tropa sectaria detrás no sólo es detestable. Es para tener miedo.

ABC - Opinión

La imposible reforma laboral. Por José García Domínguez

Es la sociedad española toda, el muy celebrado pueblo soberano, quien fuerza la parálisis de Ejecutivo y oposición frente a lo poco que desde la política cabe hacer contra la crisis.

Josep Pla, que tenía muy calado al paisanaje patrio, solía repetir que nada hay en el mundo más parecido a un español de izquierdas que un español de derechas. Y si uno no se deja aturdir por el griterío ambiente, esa reyerta tabernaria que aquí siempre suple al debate de ideas, ha de conceder que el maestro no andaba muy lejos de la verdad. De ahí, por ejemplo, que el ministro Sebastián yerre cuando sentencia, ingenuo de él, que Franco ha muerto. Muy al contrario, Franco, esto es, la España carpetovetónica, estamental, reglamentista, corporativa, antiliberal y castiza, el viejo país ineficiente que hastiara a Gil de Biedma en memorable verso, contra las falsas apariencias, mantiene las constantes vitales intactas.

Y la prueba no es que la progresía prostática ya ande a punto de ganarle la batalla del Ebro en las aulas de la Complutense, sino algo mucho más prosaico por real, positivo y concreto, a saber, la imposible reforma del mercado de trabajo. Porque, contra lo que ordena el lugar común, no son los jefes sindicales, probos funcionarios siempre prestos a servir al Gobierno de turno a cambio de una discreta soldada, los que bloquean cualquier conato de cambio; ni los sindicatos, ni tampoco los políticos como igual manda la demagogia al uso. Por el contrario, es la sociedad española toda, el muy celebrado pueblo soberano, quien fuerza la parálisis de Ejecutivo y oposición frente a lo poco que desde la política cabe hacer contra la crisis.

Así, tanto da que se titulen rojos, azules, socialistas, conservadores, progres o carcas, avenidos todos en feliz comunión, exigen que el Estado les continúe garantizando la más estricta desigualdad de los ciudadanos ante la ley. Ya que no puede restaurarse el Fuero del Trabajo, al menos, barruntan, que se eternice un régimen de castas laborales, el de los parias temporales frente a la aristocracia de los indefinidos, único –por injusto– en la Unión Europea. Tímido, medroso, menguado, musita ahora el Gobierno que a los restos del modelo falangista, ése vigente que defienden con uñas y dientes los amigos de Garzón, acaso, quizá, tal vez, a lo mejor, podría sucederlo un llamado sistema austriaco. Que se vaya preparando Sebastián. Pronto va a enterarse de quién manda. Todavía.

Libertad Digital - Opinión

En defensa del Tribunal Supremo

QUIEN escribió «Viva Garzón» en la franja amarilla de la bandera republicana exhibida en el acto de apoyo a este juez celebrado en la Complutense de Madrid resumió mejor que nadie la verdadera naturaleza sectaria e ideológica del movimiento creado para coaccionar al Tribunal Supremo.

Esa vinculación gráfica de Garzón con la bandera republicana —enseña inconstitucional— retrata a sus conspicuos defensores y desvela el objetivo real de sus exabruptos. Las acusaciones calumniosas e injuriosas contra los magistrados del Supremo no eran sino la entradilla de una campaña renovada de ataque a la Constitución de 1978 y al sistema judicial organizado en torno a la independencia de jueces y magistrados. Defender a Garzón era la coartada para poner en solfa la legitimidad del Supremo, para lo que nada mejor que lanzar sobre sus integrantes la acusación de ser «instrumentos del fascismo» y «cómplices de las torturas de la dictadura». Ya llega tarde el Consejo General del Poder Judicial para solicitar la intervención del fiscal general y éste, en anunciar la querella contra el autor de tan infames invectivas.

Al margen de estas consecuencias legales, que deberían producirse de inmediato, lo cierto es que el proceso a Garzón ha desatado una explosión de resentimientos y odios almacenados en una izquierda que ha vuelto a mostrarse incapaz de asumir la Transición y el pacto constitucional de 1978. Los gritos de «No pasarán», las apelaciones contra la impunidad del franquismo y la orquestación de estéticas asamblearias demuestran que esa izquierda movilizada contra el Supremo realmente quiere alterar las bases del actual sistema democrático, que no son otras que la aceptación de un proyecto común para todos los españoles. De nuevo, el maniqueísmo y la bandería se apoderan de la izquierda para impugnar el pacto constitucional y reclamar, con 35 años de retraso, una nueva transición basada en el ajuste de cuentas y la revancha; tal vez la que realmente querían, pero no les fue posible en el 78, aunque tampoco lo sería hoy, en 2010, cuando la juventud se agobia con el 40 por ciento de paro que la atenaza, la preocupación principal de los ciudadanos es superar la crisis económica y el franquismo es, para la mayoría, una lección de los libros de historia.

«Defender a Garzón era la coartada para poner en solfa la legitimidad del Supremo, acusado de «cómplice de las torturas de la dictadura»

Por eso, la imposibilidad histórica de deshacer el camino andado obliga a esta izquierda vociferante y crispada a conformarse, que no es poco, con provocar la confrontación civil, la separación de españoles otra vez en bandos y destruir la convivencia social. El objetivo último de esta exhibición de extremismo incivil no es otro que asegurar un estado de conflicto permanente en el que la normalidad del debate político, que dejaría al descubierto la vacuidad ideológica de la izquierda española y las consecuencias de su gestión de gobierno, sea sustituida por la algarada de barricada que intimide a la gran mayoría de españoles, que son moderados y sensatos.

El disfraz jurídico puesto a las diatribas contra el Supremo hace aún más patética la pretensión de esta izquierda de apoyar así a Garzón. Los portavoces del acto asambleario de la Facultad de Medicina eligieron mal sus argumentos, como el de afirmar que los jueces del Supremo harían imposible un juicio como el de Nüremberg. Lo que haría imposible un proceso así es la Constitución de 1978, que prohíbe los tribunales de excepción, como lo fue aquél. En todo caso, si algo de lo oído estos días recuerda al nazismo es el empeño de esta izquierda rancia en recuperar el Derecho Penal de autor, aquella aberración jurídica con la que los nazis condenaban o absolvían según las circunstancias del autor, no por su responsabilidad. Ahora sabemos que esta izquierda, si pudiera, impondría en la justicia penal criterios totalitarios para discriminar por razones ideológicas a los ciudadanos. Su discurso en la Complutense fue predemocrático, auténticamente reaccionario.

«El objetivo de esta exhibición de extremismo incivil es asegurar un estado de conflicto permanente a través de la algarada de barricada»

Nada de lo sucedido ha sido, sin embargo, fruto de un apasionamiento sorpresivo. Son muchos años los que lleva acumulada la política de Rodríguez Zapatero de impulsar un revisionismo histórico, oculto tras las buenas intenciones de reparar el daño sufrido por las víctimas del franquismo -cuyas legítimas aspiraciones sólo son atendibles en el marco de la ley, no fuera de él-, pero que persigue dejar sin efecto un pacto constitucional basado en la paridad y la transacción entre derecha-izquierda. Animados por la inducción del Gobierno socialista, algunos sectores de la izquierda se creen autorizados para cargar contra las instituciones del Estado democrático y de Derecho, descalificándolas como prolongación del franquismo. Las reglas del juego se están rompiendo y lo peor de todo es la satisfacción neroniana con la que el PSOE contempla la quema de la convivencia en un país que decidió superar en 1978 una historia desangrada por enfrentamientos civiles. Retomar ahora el balance de culpas -por supuesto, siempre ajenas-, erigirse en controlador de la democracia y apartarse de los cauces constitucionales es una irresponsabilidad de la izquierda en la que ésta debe cesar.

Lamentablemente, tal estrategia de crispación no sólo puede no ceder a corto plazo, sino que cabe la preocupante posibilidad de que se incremente, simplemente porque la izquierda considere que es la manera de movilizarse para atajar las victorias electorales de la derecha. Son síntomas de una predisposición nada democrática a asumir una alternativa política, un cambio de gobierno; clara advertencia al mismo tiempo para el Partido Popular, emplazado a no secundar la deriva ultramontana de la izquierda, tanto como a no tolerar que España acabe sumida en el revanchismo, la confrontación y la crisis constitucional que abandera esa izquierda antidemocrática que asoma parapetada tras Garzón.

ABC - Editorial

El Gobierno también se levanta contra el Supremo

Otro prueba de que el presidente y su Gobierno fingen querer parar con una mano lo que en realidad están impulsando con la otra son las declaraciones de este mismo miércoles de varios miembros del Ejecutivo y del PSOE.

Si el presidente del Gobierno hubiera querido de verdad abortar la insurrección guerracivilista y totalitaria contra el Tribunal Supremo que él mismo ha gestado con su sectaria y cainita Ley de Memoria Histórica, con su desprecio a la transición y con sus públicos respaldos a un juez imputado por tres delitos de prevaricación como Garzón, en lugar de pedir hipócritamente respeto al poder judicial, lo primero que habría hecho es condenar abiertamente las calumnias que han sufrido los magistrados del Alto Tribunal, para acto seguido cesar de sus cargos a quienes, como el secretario de Estado Gaspar Zarrías o el miembro de la Ejecutiva Federal Pedro Zerolo, participaron y aplaudieron en el aquelarre antidemocrático vivido en la Complutense el pasado martes.

Ya resulta impresentable que una institución que se financia con dinero público y que debería ser ejemplo de respeto y tolerancia, como es una universidad, se utilice para insultar a los miembros del Poder Judicial. Tan impresentable como que UGT y CCOO movilicen a liberados sindicales, financiados con el dinero del contribuyente, con el mismo antidemocrático objetivo de denigrar a los miembros del Tribunal Supremo. Ahora bien, que miembros del Gobierno y del partido que lo ocupa, como Zarrías o Zerolo, sigan ostentando sus cargos después de haber dado respaldo a ese acto insurreccional contra el Estado de Derecho es muestra de la impostura del presidente del Gobierno.

Otro tanto se podría decir de otro entusiasta participante en el acto, como el alcalde y presidente de la FEMP, Pedro Castro. Zapatero ya respaldó a Castro cuando éste, en una muestra de desprecio a la democracia y a la federación de municipios de muy distintos signos políticos que preside, llamó "tontos de los cojones" a los votantes del PP. Aunque él no los haya proferido ahora, el respaldo de Castro a un acto en el que se han dirigido insultos mucho más graves contra los magistrados del Supremo sería más que suficiente para que Castro cesara de manera fulminante.

A este respecto bien está que desde el PP y UPyD, Rajoy y Díez, respectivamente, hayan pedido con la necesaria firmeza la dimisión del secretario de Estado Zarrías. Pero no deberían olvidar el cese que, por el mismo motivo, merece quien preside la Federación que agrupa a todos los municipios de España.

Otro prueba de que el presidente y su Gobierno fingen querer parar con una mano lo que en realidad están impulsando con la otra son las declaraciones de este mismo miércoles de varios miembros del Ejecutivo y del PSOE. Así, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, tras la retórica petición de "respeto a la justicia" con la que simulan estar al margen del agitprop guerracivilista, ha pasado inmediatamente a decir que en España siguen existiendo "restos del franquismo". Vamos, como si la razón por la que Garzón estuviera imputado no fuera la ley que nos hemos dado en democracia.

¿Y qué decir del lehendakari socialista, Patxi López, que ha acusado a los magistrados del Supremo de "connivencia" con los que acusan y de "avalar la utilización perversa de uno de los grandes logros de la democracia como es la acusación popular"? Si la acusación popular es ciertamente un logro democrático es precisamente porque amplia el derecho de todos los ciudadanos a apelar a la justicia, derecho que, a la vista está, los defensores de Garzón pretender conceder o negar a los ciudadanos en función de su ideología.

Finalmente, no nos podemos dejar en el tintero al titular de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, quien, siguiendo el mismo guión, ha empezado por decir que "hay que mirar al fututo", para acto seguido apelar a la necesidad de "reparar la memoria del pasado". "Por eso me cuesta mucho trabajo entender y comprender que los falangistas sienten en el banquillo a aquel que ha tratado de recuperar la memoria de los que sufrieron la dictadura".

Además de que no es tarea ni de un juez ni de ningún político "reparar" algo tan subjetivo y personal como es la memoria de cualquier ciudadano, si Garzón se sienta en el banquillo no es por la existencia de la Falange, sino por su inobservancia, presuntamente deliberada, de la ley. Si esto no lo entiende el ministro de Fomento, que se vaya a casa y que lea la Constitución. Ni siquiera aspiramos a que concluya su carrera de Derecho.

Libertad Digital - Editorial

Jueces y justicia. Por José María Carrascal

Estamos en la semana de la Justicia, con mayúscula, y sólo pensarlo produce escalofríos. Porque la Justicia es la ley de la gravedad del Estado de Derecho.

Si se desploma, sobreviene el caos. Un país puede vivir sin gobierno, sin parlamento, sin medios de comunicación. Pero no puede vivir sin Justicia. Sería devolverlo a la ley de la selva, a la sinrazón de la fuerza bruta.

El jueves, el juez Garzón declarará ante el Tribunal Supremo por el segundo delito que se le imputa, los 320.000 dólares que cobró por las conferencias en el Centro Rey Juan Carlos, de la Universidad de Nueva York, durante su estancia en aquella ciudad los años 2005 y 2006, en excedencia con sueldo, al haber declarado que no tenía otros ingresos. Mientras el Consejo General del Poder Judicial sopesa si apartarle o no de la magistratura, tras habérsele encausado por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, de lo que luego se retractó, cediendo la causa a los tribunales madrileños.

Coincide con lo que tendría que ser la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán, tras años de deliberaciones, muertes de algunos magistrados, cumplimiento del término de otros y presiones de todas clases sobre ellos. La presidenta intenta sacar adelante una mayoría que dé dignidad al fallo y la libre de tener que usar su voto de calidad para producir una sentencia que sea un empate. Pero eso no es nada comparado con su último objetivo: contentar a los catalanes y respetar la Constitución. La cuadratura del círculo. De no encontrársele solución, habría que seguir esperando esa sentencia, aunque ya como se espera a Godot en la obra de Beckett: sin esperanzas de que llegue. Y si llega, será demasiado tarde.

Pero tampoco puede uno cruzarse de brazos en este momento crítico para la Justicia española, que es tanto como decir España, por lo que voy a reflexionar en voz alta sobre ella, invitándoles a acompañarme. Y lo primero que tengo que decir es que se necesita una madera especial para ser juez, posiblemente el más difícil de los quehaceres humanos. No basta la memoria, la aplicación y la inteligencia. Se necesita también capacidad de análisis, conocimiento de la naturaleza humana, valentía, prudencia, coraje y modestia, cualidades que no suelen darse juntas. De mi curso de bachillerato, como creo de todos, salieron muchos médicos, muchos abogados, pero sólo un juez, que no por nada era el mejor de la clase, no por la brillantez, sino por la madurez ya palpable en aquellos años mozos.

El juez necesita todo ello para ser, ante todo, imparcial. Y no se puede ser imparcial si no se es independiente. Independiente de todos los otros poderes del Estado, el Ejecutivo en primer lugar, siempre ansioso de más atribuciones sin dar cuenta de cómo las usa. E independiente de la moda, de la corriente que prevalece en cada momento, pues el juez tiene sólo una hoja de ruta, la ley, justo lo contrario de la moda.

Tan lejos va la independencia del juez que le obliga a ser independiente de sí mismo, algo bastante más difícil que la independencia de otro. Ha de liberarse de sus pre-juicios, para que no contaminen sus juicios. Prejuicios de todo tipo, personales, familiares, corporativos, ideológicos sobre todo. La ideología, mucho más que el dinero, es la gran corruptora de la Justicia, la causa de los mayores errores judiciales y de las mayores injusticias. De ahí que sea la gran tentación, el mayor escollo a salvar por los jueces. O para los que se creen jueces, pues para los verdaderos jueces no hay otra tentación que hacer justicia.

«Defender a Garzón era la coartada para poner en solfa la legitimidad del Supremo, acusado de «cómplice de las torturas de la dictadura»

Generalmente, cuando los mortales juzgamos a otro, lo que solemos hacer es preguntarnos sin darnos cuenta: ¿qué hubiera hecho yo en su lugar? Y si la respuesta coincide con lo que ha hecho el otro, lo juzgamos bueno, mientras si no coincide, lo juzgamos malo.

Pero el juez no puede permitirse ese lujo. Tiene que saltar sobre su sombra, superarse a sí mismo, y en vez de preguntarse ¿qué hubiera hecho yo en su lugar?, preguntar ¿se ajusta o no a la ley lo que ha hecho? ¿Tenía o no derecho a hacerlo? Independientemente de lo que hubiera hecho él o de lo que le hubiese gustado hacer. Sólo así su juicio será imparcial, es decir, justo.

El juez tampoco tiene que dejarse deslumbrar por las intenciones. Todas las intenciones son buenas mientras sus consecuencias no resulten malas. Todos los acusados encuentran excusas para su proceder, no importa los daños que hayan causado. Todo el mundo es inocente ante sus propios ojos y ante los que simpatizan con él, por una razón u otra. Lo que ya no son tan inocentes son los males que causan muchos hechos bienintencionados. Ya dice el refrán que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Siendo el juez el encargado de proveer la reparación y el castigo correspondiente. Una justicia blanda, complaciente, es una invitación a seguir delinquiendo. Aunque tampoco debe olvidarse que una justicia cruel puede hacer del condenado un mártir e incluso un héroe. Algo que nunca debe ocurrir.

Los «tempos» son también importantes. Una justicia rápida invita a la precipitación, con riesgo de error, al no haberse analizado y sopesado todos los factores. Pero una justicia demasiado lenta, una justicia que se pospone una y otra vez, origina tantos o mayores daños. Y el último cinismo es el aplazamiento indefinido, el lavarse las manos, el no emitir sentencia. No porque el juez no tenga opinión sobre el caso, sino para evitar ser juzgado por su sentencia, por miedo a «retratarse». Aunque lo peor de todo es una sentencia ambigua, ambivalente, «interpretativa», de la que puede sacarse todo tipo de conclusiones, incluso contradictorias. Las consecuencias son claras: en vez de resolver un problema, crearía varios.

Un acusado es culpable o es inocente. Como los cargos de que se le acusan se ajustan a no a la ley. Un juez que no responde a estos planteamientos, que no lo plasma en su sentencia está traicionando a la Justicia y, a la postre, está dejando sin castigo a un delincuente o manteniendo las sospechas sobre un inocente. En otras palabras, está abdicando de la tarea que se le ha encomendado. En ese sentido, se hace cómplice pasivo de un delito.

«El objetivo de esta exhibición de extremismo incivil es asegurar un estado de conflicto permanente a través de la algarada de barricada»

Podría uno seguir hablando horas y horas de la Justicia y de los jueces, la más difícil y fascinante de todas las actividades humanas. En su «Ética a Nicómaco», lo resume en la frase: «Todas las virtudes se resumen en actuar justamente». Y nadie tiene el deber de actuar más justamente que los jueces. Dicho esto, sólo me resta decir que estoy convencido de que la inmensa mayoría de los jueces españoles lo hacen. Pero no se habla de ellos, precisamente por ser buenos jueces.

Su principal problema es un ordenamiento constitucional que no sólo no facilita su labor, sino que les pone toda clase de trabas, desde sus nombramientos, escandalosamente politizados, hasta su funcionamiento, con menos recursos que cualquier otra rama de la Administración. Si el Estado ganase dinero con la Justicia, seguro que los juzgados funcionarían como las delegaciones de Hacienda o los servicios de multas de tráfico. Pero lo único que quieren los políticos de los juzgados es controlarlos y que no les controlen a ellos, para que no se descubran sus chanchullos.

No va a ser fácil salvar estos escollos. Pero tengo la esperanza de que la gravedad en que se encuentra la Justicia española, el peligro que corre de ser absorbida por los demás poderes del Estado e incluso por las masas en la calle, haga reaccionar a los verdaderos jueces, que olvidando sus diferencias ideológicas, se pongan de acuerdo para limpiar toda la basura que han arrojado a su patio los que quieren quitarles la máxima dignidad en una monarquía o república: ser los intérpretes de la ley.

ABC - Editorial