LAS CELEBRACIONES de la fiesta del 1 de Mayo de ayer estuvieron marcadas en casi toda Europa por las protestas contra las políticas económicas de los Gobiernos, especialmente en París y Berlín. España fue una excepción: CCOO y UGT salieron a la calle con reivindicaciones de una mayor protección social y más empleo, pero sus líderes evitaron formular referencias críticas a Zapatero.El veterano Cándido Méndez, secretario de UGT, recurrió al tópico de acusar a la patronal de «querer sacar tajada de la crisis» y aseguró que los sindicatos no van a tolerar un abaratamiento del despido. Méndez advirtió expresamente de que si Parlamento aprovecha la tramitación de la ley de fomento de empleo para bajar el coste del despido, «se arruinará el diálogo social» y habrá «un enfrentamiento indeseable».
Ignacio Fernández Toxo, nuevo secretario de CCOO, siguió la misma línea, subrayando que «si a alguien se le ocurre ir por un camino diferente al del diálogo social», tendrá que enfrentarse a una huelga general.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, prometió ayer que el Gobierno nunca abaratará el despido y aseguró que todas las medidas de reforma del mercado de trabajo serán consensuadas en la mesa del diálogo social. Pero Corbacho sabe que el Gobierno ya no cuenta con un respaldo mayoritario en el Congreso, por lo que la oposición podría lograr el suficiente apoyo para introducir en la ley de fomento de empleo iniciativas que no gusten a UGT y CCOO.
Resulta difícil de entender la negativa numantina de los sindicatos a aceptar la regulación de nuevos contratos con una menor indemnización porque ello permitiría la creación de empleo sin disminuir la protección de los ciudadanos que trabajan, que jamás verían mermados sus derechos adquiridos por esa reforma. UGT y CCOO no piensan en esos cuatro millones de parados, que sin duda estarían dispuestos a trabajar con una indemnización más reducida.
En cualquier caso, las centrales representan a los trabajadores afiliados, que son una minoría, mientras que las cámaras legislativas representan a todos los ciudadanos. Sería absolutamente injustificable que si una mayoría parlamentaria decidiera reformar el mercado de trabajo para intentar reducir el altísimo nivel de paro, los sindicatos respondieran con una huelga general. Hasta ahora, UGT y CCOO no han elevado la voz contra el Gobierno, entre otras razones, porque Zapatero se ha plegado a todas sus exigencias y ha satisfecho todas sus peticiones, además de aumentarles la financiación.
Como ayer no querían y no podían gritar contra el Gobierno, los sindicatos arremetieron contra dos chivos expiatorios: Miguel Angel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, que cometió la osadía de abogar por la reforma de las pensiones y el abaratamiento del despido, y Esperanza Aguirre, cuyo talante político no les gusta a las centrales. Pero ni el gobernador ni la presidenta de Madrid marcan la política económica y social del Gobierno y tampoco Mariano Rajoy, al que José Blanco acusó de utilizar «el sufrimiento de los parados» para llegar al poder.Igualmente fuera de lugar está la proliferación de banderas republicanas en un día de conmemoración sindical.
Los sindicatos, pieza clave en las relaciones económicas, vienen actuando de forma responsable desde hace muchos años. Casi siempre han encauzado las demandas de los trabajadores. Por ello, se equivocarían al exacerbar los ánimos en unos tiempos como éstos, que requieren el sacrificio de todos para salir de una crisis que se va a llevar muchas cosas por delante.
El Mundo - Opinión
