jueves, 7 de julio de 2011

Las viñetas de la vergüenza. Por Pablo Yáñez González

Las imágenes de las viñetas denunciadas por la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística en las que se habla de “hacer país”, de “identidad”, de “conquistadores”, de “guerra”, de “ahogar culturas” y de “luchas por nuestra lengua” llevan presentes en las mentes de los niños de cinco años de un colegio de Alcoy a lo largo de los últimos meses. Son, sin duda alguna, evidencias de un proyecto de adoctrinamiento escolar con tintes totalitarios que solo cabe calificar como “las viñetas de la vergüenza”.

Debemos sentir vergüenza porque esos mensajes son los que desde la educación pública se les transmite a nuestros hijos en muchísimos centros de determinadas Comunidades Autónomas. Debemos sentir vergüenza por la impunidad con la que un profesor emplea su posición de autoridad sobre los niños para formar guerreros de “causas identitarias”.


Debemos sentir vergüenza de unas Administraciones que no ejercen el control suficiente como para evitar estas situaciones en las aulas. Gobiernos que, al subvencionar todo tipo de entidades nacionalistas, juegan con un fuego que amenaza con quemar las posibilidades de una nueva generación.
«Tenemos un sistema enfermo que olvidó que es el ciudadano el que tiene que elegir libremente la lengua en la que vive su vida y nuestra mejor medicina para sanarlo no puede estar contaminada por este tipo de adoctrinamientos.»
Nuestra vergüenza son esas viñetas como reflejo de una sociedad que siente miedo de dejar a sus hijos en el aula y encontrarlos como guerreros que luchan por identidades y lenguas.

Tenemos un problema gravísimo como sociedad. Hemos tolerado que la riqueza lingüística que puede suponer el hablar dos lenguas se manipule para terminar siendo un enfrentamiento. Hemos olvidado que las lenguas son elementos de comunicación y hemos permitido que estén al servicio de determinadas minorías políticas para justificar sus proyectos cuasi-totalitarios. Tenemos un sistema enfermo que olvidó que es el ciudadano el que tiene que elegir libremente la lengua en la que vive su vida y nuestra mejor medicina para sanarlo no puede estar contaminada por este tipo de adoctrinamientos.

Nuestra oportunidad para evitar que en el día de mañana el político de turno decida multar al empresario que rotula en la lengua oficial del Estado pasa por formar jóvenes que comprendan las lenguas como elementos al servicio del ciudadano y nunca a la inversa, unos jóvenes con valores como la tolerancia, el respeto y la igualdad. Somos nosotros quienes tenemos que dibujar unas viñetas diferentes y obligar a la clase política a eliminar los libros apuñalados y las batallas entre “conquistadores y conquistados”.

En mi viñeta, el niño de cinco años no es un “soldado de la nación” y su padre jamás debería haber acudido a nosotros asustado por los deberes de su hijo. En mi viñeta el padre tiene la libertad de elegir la lengua en la que escolariza a su hijo, y el niño tiene la oportunidad de formarse para construir una sociedad sana.


El Confidencial - Opinión

Etiquetado. Cataluña contra Europa. Por Emilio J. González

Las instituciones comunitarias no se andan con chiquitas cuando se trata de defender el acervo comunitario, no como aquí, donde el Gobierno y las instituciones siempre claudican ante los deseos de los nacionalistas.

La Unión Europea tiene muchos defectos pero hay que reconocer que, en ocasiones, resulta de gran utilidad para resolver problemas de carácter nacional cuando en una de las partes impera el cerrilismo y la sinrazón. Todo esto viene a colación de la votación en el Parlamento Europeo de la directiva sobre etiquetado de los productos, en la que se ha rechazado la enmienda de los eurodiputados catalanes –¿qué hacía el PP apoyándola?, ¿es eso un reflejo de su idea de España?– que pedían que se pudiera etiquetar solo en catalán.

La cuestión tiene mucho fondo. En primer lugar, Estrasburgo ha rechazado las pretensiones catalanistas porque el catalán no es una lengua oficial de la Unión Europea. Ésta sólo reconoce como tales a los idiomas oficiales de los Estados, no de los niveles administrativos inferiores, como nuestras autonomías. Es más, en algunas sentencias del Tribunal Europeo de Justicia, como la contraria a las vacaciones fiscales vascas, la UE ya advierte que las autonomías, les guste o no, no son más que una parte de la Administración Pública española, sin entidad política propia. Ahora, con esta votación sobre el etiquetado, la UE vuelve a insistir sobre ese principio, y lo hace porque no quiere dar pie bajo ningún concepto a que en cualquier otro Estado miembro se repitan los problemas que tenemos en España con los nacionalismos catalán y vasco.


Además, las pretensiones catalanas vulneran algunos preceptos fundamentales de la construcción europea incluidos en el Tratado de la UE, fundamentalmente dos de ellos: el de libertad de circulación de bienes y el de libertad de inversiones. ¿Por qué? Porque las sanciones a las empresas que no etiqueten en catalán vulneran esos principios al impedir o dificultar la comercialización de aquellos productos etiquetados en castellano. Por elevación, eso equivale a decir que la política de inmersión lingüística es contraria a los preceptos comunitarios que constituyen los pilares fundamentales del mercado único europeo y, como es lógico, no se puede ir contra ellos. El rechazo a la enmienda catalana por parte del Parlamento Europeo también tiene mucho que ver con ello. Los eurodiputados catalanes deberían saberlo y, por ello, abstenerse de llevar a Estrasburgo sus cuitas con el Estado español porque el resultado final va a ser siempre el mismo: un estrepitoso fracaso porque lo que plantean es contrario a lo dispuesto en el Tratado de la UE. Como allí son serios, las instituciones comunitarias no se andan con chiquitas cuando se trata de defender el acervo comunitario, no como aquí, donde el Gobierno y las instituciones siempre claudican ante los deseos de los nacionalistas. Pero allí es diferente.

Por ello, debe haberles causado cuando menos risa el comunicado posterior de los eurodiputados catalanes amenazando con promover la independencia de Cataluña, porque la secesión de España implica también el abandono de la UE, de su mercado único y de su moneda. Y eso conlleva la salida de Cataluña de las empresas extranjeras, de las españolas y de muchas catalanas, así como, y en última instancia, la quiebra de la propia región, que no podrá pagar ni su deuda ni sus pensiones. A ver si se enteran de una vez por todas de que con Zapatero podrán jugar, pero con la UE no.


Libertad Digital - Opinión

Llamadle Alfredo. Por M. Martín Ferrand

El hombre que no quiere ser Pérez es un político hecho y derecho (izquierdo) y lo suficientemente marrullero.

RUBALCABA, llamadle Alfredo, no es un cadete, como la mayoría de sus compañeros de Gobierno, incluido José Luis Rodríguez Zapatero. Arrastra la experiencia de la oposición —no muy limpia, por cierto— contra Adolfo Suárez y del poder junto a Felipe González. Atravesó el desierto cuando José María Aznar, antes de que se le indigestara la gloria, encauzó el rumbo de la Nación a costa de comprometer el del Estado en el Hotel Majestic y, recuperada la púrpura, lleva unos años haciéndolo razonablemente bien como ministro de Interior y lamentablemente mal en su condición de co-responsable del zapaterismo. El hombre que no quiere ser Pérez es un político hecho y derecho (izquierdo), conocedor del terreno y lo suficientemente marrullero como para ser tan duradero en la democracia como Rodolfo Martín Villa lo fue en el pasado.

Hoy le corresponde a Rubalcaba, en su condición de ruidoso candidato a la presidencia, ser «el malo» oficial que necesita el PP para, a falta de una ideología definida y de un programa concreto, mantener unidos a sus militantes y devotos. Es natural, en consecuencia, que, de Mariano Rajoy abajo, quienes aspiran a constituirse como próximo Gobierno de España no pierdan oportunidad de alancear a quien desean ver al frente de las filas de la oposición.

Asumido el principio activo, queda por establecer la dosis con que conviene administrarlo. De momento, el alboroto crítico que promueve el PP con tanto hablar del todavía vicepresidente es, tal cual lo veo, la más eficaz de las campañas de lanzamiento que podría desear quien acude a la contienda con el pronóstico de perdedor. Sería más inteligente por parte de los de la gaviota insistir en la belleza y los encantos, con perdón, de Rajoy que abundar en el pregón de la hosca fealdad de Alfredo, simplemente Alfredo. La machacona demanda de su renuncia y salida del Gobierno le aporta al personaje una relevancia que, sin coste alguno, engrandece su figura. Su mérito objetivo, la encarnación del PSOE, no es muy grande si se consideran los frutos del partido decano entre los de ámbito nacional en sus últimas exhibiciones de poder; pero la crítica popular, insistente y monotemática, concentrada en su persona eleva la altura de su pedestal. Algo tendrá Alfredo, simplemente Alfredo, se dicen los incondicionales del voto socialista, para que su mera presencia irrite tanto a quienes le aventajan en expectativas de voto y posibilidades de victoria. Unos presumibles vencedores que, dada su dificultad para entenderse con sus próximos —piénsese en Asturias—, solo volverán a La Moncloa si vencen por mayoría absoluta.


ABC - Opinión

Irún. No hacer bandera. Por Cristina Losada

El problema que elude Santano es que, además de símbolo de la Nación y el orden constitucional, se trata de la bandera por la que han muerto asesinados militantes de su partido.

Con parecida sorpresa a la que causa el descubrimiento de que en un remoto rincón del planeta hay una tribu que vive en la Edad de Piedra, hemos sabido que el Ayuntamiento de Irún ha evitado exhibir la bandera española durante décadas. Pues vaya notición, se me dirá con motivo, cuando la ausencia de la enseña nacional es frecuentísimo hecho diferencial en municipios del País Vasco y Cataluña, por lo menos. La rareza será, en todo caso, que al alcalde de Irún se le obligue a ponerla todos los días del calendario, mientras se tolera que sigan perpetrando idéntica infracción –e idéntica sumisión al nacionalismo– tantos ediles catalanes, correligionarios suyos.

En Irún, ciudad fronteriza que aún se describe como nudo ferroviario, llevan gobernando los socialistas durante los últimos 28 años. Pero se lo tenían muy calladito. Decidieron camuflarse, adaptarse al medio ambiente. Para qué diablos tentar a la suerte y provocar crispación y polémicas haciendo ostentación de la bandera española. En cuatro o cinco fechas señaladas se sacaba del desván para cumplir con la conciencia y airear el tejido, y el resto del tiempo el consistorio mostraba el estandarte local únicamente. Qué gran solución de compromiso. Así se distinguía del PNV, que pone una ikurriña solitaria, y de los auxiliares de ETA, que cuelgan su iconografía macabra, y a la vez, tremendo beneficio, no se molestaba ni enfadaba a nadie. Total, para qué hacer bandera de la bandera si esa cuestión, puramente formal, trae cola. Tal suele ser el razonamiento que sirve de refugio en estos casos.

En esa línea, el alcalde, José Antonio Santano, condensaba la bondad del criterio mantenido con un "nunca ha habido problemas". Claro, tampoco había problemas bajo la dictadura si uno no se metía en política, tal como aconsejaban las abuelas. Y, en efecto, nunca hay problemas si no se provoca a los matones poniendo, por ejemplo, la bandera que excita su rabia troglodita. El problema que elude Santano es que, además de símbolo de la Nación y el orden constitucional, se trata de la bandera por la que han muerto asesinados militantes de su partido. Cierto, en la fachada del ayuntamiento irunés lucían meritorios carteles de "ETA no", pero la falta de banderas allí señalizaba un "sí" a las condiciones que impone la existencia ETA. Una existencia que se fortalece con el "sí" de los apaciguadores.


Libertad Digital - Opinión

Beautiful. Por Ignacio Camacho

El escándalo de la SGAE ha averiado la imagen de la elitista y millonaria jet-set cultural del zapaterismo.

MÁS allá de los vericuetos del sumario penal, el escándalo de la SGAE ha venido a poner en entredicho a la beautiful people del zapaterismo, esa alegre élite millonaria de artistas y cantantes que durante los últimos años ha arropado al presidente del Gobierno como adalid de la izquierda y el progreso. Teddy Bautista era el capataz que administraba los intereses de esa tribu de gauche caviar y gestionaba sus copiosos ingresos desde una proximidad al poder que los detalles de la investigación sitúan en los linderos del tráfico de favores. El patético estupor de la directiva ante las providencias del juez Ruz revela el desconcierto de una camarilla que como mínimo ha omitido su deber de controlar a los gestores de sus propios beneficios, limitándose a figurar como panel decorativo del jerarca que manejaba los hilos con maneras de cacique del sindicalismo vertical y despachaba con familiar anuencia los asuntos que dependían del amparo administrativo: el canon, las subvenciones, la ley antidescargas y otras regalías que colocan las simpatías políticas del llamado «clan de la ceja» bajo la sospecha de un amistoso y poco presentable quid pro quo.

La evidencia de que una sociedad de recaudación de impuestos y tasas estaba haciendo de su capa un sayo en las narices de los Ministerios de Industria y de Cultura obliga a preguntarse por la responsabilidad de quienes, teniendo el deber de vigilancia de las actividades que delegaban por autorización, se mostraban tan sensibles a las demandas legales de este lobby privilegiado. Hay demasiados testimonios gráficos del sonriente alborozo con que los dirigentes zapateristas —empezando por el propio líder— se fundían junto a los risueños músicos y cineastas en gestos de complicidad y afecto que iban mucho más allá de los rituales de protocolo. El propio nombramiento de la ministra Sinde fue un claro guiño cooperativo hacia los intereses de un sector que se sentía desoído por la firmeza displicente de César Antonio Molina. Esa especie de jet-setdel progresismo ilustrado, que ha monopolizado ante la opinión pública la representación de la cultura española bajo el beneplácito de un poder connivente, queda ahora averiada en su imagen colectiva al aparecer como patrocinadora de una antipática trama de manejos financieros.

Y le van a soplar malos vientos porque la debilidad política de la socialdemocracia no permite devaneos impopulares. El candidato del PSOE coquetea abiertamente con la retirada del canon digital y no parece muy dispuesto a volver a confraternizar en público con ese exquisito círculo endogámico que, pese a su reciente intento por capitalizar el descontento de la izquierda, permanece en el imaginario colectivo como soporte cultural del ahora denostado zapaterismo. Quienes pretenden apretar las tuercas a los banqueros no pueden mostrar demasiada complacencia hacia algunos de sus mejores clientes.


ABC - Opinión

RTVE. ¡Oliart, colócanos a toos! Por José García Domínguez

Una simple disputa de familia. O de familias, mejor. Y, al tiempo, otra prueba de la honda españolidad de don Alberto. A fin de cuentas, el pobre Oliart no hizo más que tratar de emular a los pater familias de los Chaves.

Por una vez va a ser verdad eso que aquí siempre se dice cuando hay que poner a un jerifalte en la calle. "He decidido presentar mi dimisión irrevocable por razones estrictamente personales y familiares", proclama el defenestrado llegado el caso. Y al punto todos entienden que, tras innúmeros forcejeos, sus pares han logrado echarlo a patadas pese a la resistencia, por lo común agónica, del interesado. Va a compadecerse con la verdad, digo, porque el motivo aparente del dimicese de Alberto Oliart en la Presidencia de RTVE sí tiene mucho de personal y más aún de familiar. Pues, como supongo sabedor al lector, Oliart padre dio en subcontratar con Oliart hijo un muy suculento momio que igual pretendía saborear, ¡ay!, otro patriarca de un clan rival. Por más señas, Jaume Roures, el amo y señor de Mediapro.

Una simple disputa de familia. O de familias, mejor. Y, al tiempo, otra prueba de la honda españolidad de don Alberto. A fin de cuentas, el pobre Oliart no hizo más que tratar de emular a los pater familias de los Chaves y de la sociedad de gananciales Pajín-Iraola, entre otros mil. Al respecto, y a diferencia de nuestros iguales, como Marruecos o Sicilia, en España rige una actitud filistea frente al nepotismo. Quien puede coloca a los hijos, los hermanos, los sobrinos, los primos, los cuñados, las nueras, las amantes, los cuates y los compadres. Como en toda sociedad premoderna, los vínculos de sangre y los lazos tribales priman sobre la aptitud, el mérito o cualquier otra consideración lejanamente relacionada con la excelencia.

Sin embargo, el discurso público se empecina en mantener la ficción del relato meritocrático. Qué le vamos a hacer, se ha perdido el gusto por la franqueza. No como en tiempos de la Restauración, cuando el célebre grito con que aquel espontáneo apeló al cacique liberal Natalicio Rivas durante un mitin electoral en las Alpujarras: "¡Natalico, colócanos a toos!". Por lo demás, el problema no ha sido el niño. Recuérdese que en su día don Alberto metió a su sobrina dilecta, Silvia Delgado, en la nómina del Pirulí. Y nada pasó. En esta ocasión, en cambio, se le hizo una oferta que no podía rechazar. Lo dicho, una disputa de familias. Apenas eso.


Libertad Digital - Opinión

¿Indignados o privilegiados?. Por José María Carrascal

«Si recordamos la definición de Ortega de las revoluciones —“van contra los usos de un sistema, no contra sus abusos”— nos damos cuenta de que el 15-M tiene un carácter claramente conservador, diría incluso reaccionario»

¡ESOS sí que son indignados!, exclamó un vecino de barra de bar, contemplando las imágenes de la batalla campal en Atenas. Comparados con ellos, en efecto, nuestros acampados en Sol y otras plazas parecían hippies, okupas o cualquier otra variedad de las muchas tribus urbanas, con sus barbas, perros, flores y guitarras. Pero en el fondo son los mismos, les mueve el mismo ánimo, pasión, objetivo: el de un Estado perfecto, en paz y armonía, donde haya sólo derechos, no deberes. La vieja utopía de la izquierda. La única diferencia es que, en Grecia, la utopía ha llegado a un estado terminal, mientras aquí sólo pierde gas. Pero ya verán cuando alcance los niveles griegos y los hippies tiren de máscara antigás y de cóctel molotov. En el Parque de la Ciudadela tuvimos una muestra. No me atreví, sin embargo, a decírselo a mi vecino de barra, por conocer la inutilidad de intentar convencer a un español de lo equivocado que está.

Voy a hacerlo ahora, en términos generales, uniéndome a los muchos analistas del 15-M y discrepando de la mayoría, que se despachan con frases como «hay que escucharles», «reflejan el hecho incontrovertible de la insatisfacción popular», «significan un caldo de cultivo que los políticos harían bien en tener en cuenta», con alguno rizando el rizo: «Son una performance ciudadana», como si se tratase de un espectáculo gratuito.


Cuando en realidad se trata de:

—Un movimiento ni siquiera original. Estamos ante una copia de las manifestaciones ocurridas en calles y plazas de las ciudades árabes —¡tiene gracia a dónde hemos ido a buscar modelo!— convocadas a través de las redes informáticas.

—Inspirado por un nonagenario que empezó pidiendo a los jóvenes que se «indignaran», para pedirles luego que se «comprometieran», no fueran a sobrepasarse.

—Desplazado, ya que tales movilizaciones tienen sentido en regímenes totalitarios, no en democracias donde existen vías para exponer la voluntad popular. A no ser que el verdadero objetivo sea deslegitimar la democracia, que es como empiezan todos los totalitarismos. Y aunque la democracia española tiene muchas cosas que corregir, la forma de corregirlas no es ponerse por montera las normas, sino con más democracia. ¿Qué significa eso? Pues que todos estamos obligados a cumplir las leyes, incluidas las más humildes. Y si las leyes no sirven, se cambian por los canales establecidos. Pero mientras no se cambien, hay que respetarlas. En resumen: nadie puede arrogarse qué norma hay que cumplir y cuál no, ni sacarse de la manga otra democracia —«real», «popular», «orgánica»—, al haber sólo una: la de cada ciudadano un voto, sin que ninguno valga más que el de los demás. Siendo de particular peligrosidad que sean los gobernantes quienes toleren esas infracciones de la legalidad. Significa que esa democracia está enferma.

—El catálogo de protestas de esos indignados incluye las medidas más diversas, aunque con un denominador común: la denuncia de abusos en nuestro sistema —corrupción, listas electorales cerradas, privilegios de la clase política—, pero no del sistema en sí, es decir, del llamado «Estado del bienestar», que más bien debería llamarse «Estado de beneficencia», pues se resume en el axioma «el Estado tiene la obligación de cuidarnos de la cuna a la sepultura». Es más, la principal denuncia va dirigida a las medidas, que según el movimiento 15-M buscan el desmantelamiento de tal Estado. Con lo que llegamos al quid del asunto. ¿Contra qué se indignan los indignados? Contra lo que consideran la privación de unos derechos adquiridos. Si recordamos la afilada definición de Ortega de las revoluciones —«van contra los usos de un sistema, no contra sus abusos»—, nos damos cuenta de que el movimiento 15-M tiene un carácter claramente conservador, diría incluso reaccionario. Esos jóvenes y mayores no buscan un nuevo estatuto social, un nuevo reparto de la riqueza nacional y del esfuerzo colectivo. Buscan conservar el statu quo anterior, como la aristocracia intentaba mantener en el siglo XVIII sus privilegios frente a la burguesía emergente y la burguesía intentó en el XIX mantener los suyos frente a la clase trabajadora. Ahora, son los trabajadores de los países desarrollados con empleo fijo y derechos sociales garantizados, convertidos en clase media, los que intentan conservar esos privilegios frente al nuevo lumpen proletariat: los parados de su país y los millones de trabajadores de los países en desarrollo, dispuestos a cobrar una fracción de su salario. Sin pararse a preguntar, primero, si han contribuido suficientemente a los beneficios sociales que reciben; y segundo, si en el mundo globalizado en que vivimos tales beneficios son compatibles con la viabilidad de sus empresas.

En los países con sindicatos responsables y opinión pública informada, se han venido haciendo los ajustes necesarios para adaptarse a la nueva situación desde que empezó la crisis. Mientras, en los países donde la responsabilidad escasea y la información no existe esas medidas han ido retrasándose, hasta que la situación económica se ha hecho insostenible. Esos griegos que protestan ante su Parlamento deberían haber protestado por las pensiones de los muertos que seguían cobrándose, por los impuestos que no se pagaban, por los fondos europeos desviados y por las falsas cuentas de sus gobiernos. Pero prefirieron callar, como se prefirió callar en España sobre las falsas jubilaciones, los favores a los amigos, los proyectos faraónicos y otras sinvergonzonerías que se cometieron y siguen cometiéndose a cuenta del «Estado social del bienestar», que por el camino que vamos no va a ser del bienestar, ni social ni siquiera Estado, pues no puede sacarse de él más de lo que se ha contribuido. Claro que, con ministras que dicen «el dinero del Estado no es de nadie», ¿qué tiene de extraño que la gente vea en él una especie de tío inmensamente rico, al que puede estafarse sin rubor? Cuando en realidad se está robando al resto de la ciudadanía. Resulta revelador que en las democracias desarrolladas no existe el «dinero del Estado». Existe el «dinero del contribuyente», es decir, de todos. De todos los que han contribuido, claro, pues el dinero no cuelga de los árboles, ni siquiera en los «paraísos del proletariado». Visiten alguno y lo comprobarán.

Por último, y como corolario de lo dicho, se habrán fijado en que pese a la amplia y rotunda indignación de los indignados el Gobierno apenas aparece en su lista de malditos. Lo que es cuanto menos extraño. ¿Acaso Zapatero y sus distintos gabinetes no tienen nada que ver con la situación en que nos encontramos? Por lo que leemos en las indignadas denuncias, poco o nada. Todos los ataques se dirigen a los políticos en general, a los mercados, a los especuladores, a los bancos, a las fuerzas ocultas que mueven el mundo. Y algo de culpa, digo yo, corresponderá a quienes durante siete años han llevado los asuntos del país, más cuando también han sido los que han hecho los mayores recortes sociales de la democracia. Pero, repito, los indignados no se indignan contra ellos, lo que hace su indignación muy selectiva, muy sorprendente, muy sospechosa. Por lo menos tan sospechosa como su condición de revolucionarios. Pues resulta que el mérito, el esfuerzo, la innovación, la preparación, la eficacia, la excelencia, motores del desarrollo en el mundo actual, no figuran en su lista de reclamaciones. Y es que el mejor disfraz de un reaccionario es el de progresista. Se lleva mucho en España.


ABC - Opinión

Agencias de derribos

Las penurias de Portugal para colocar ayer en los mercados 848 millones de euros en letras a tres meses ha desatado otra tormenta en la zona euro cuyos coletazos, además de golpear a España y sus mercados, ha reavivado la polémica sobre el comportamiento de las agencias de «rating». En concreto, ha causado gran irritación en Bruselas y en Lisboa la actitud de Moody’s, que el martes bajó de golpe cuatro escalones la calificación de la deuda portuguesa, hasta equipararla al bono basura, lo que sin duda agudizó el castigo propinado ayer por los inversores. El primer ministro portugués, Passos Coelho, lo calificó de «golpe bajo» y su compatriota Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea, lo «lamentó profundamente» y advirtió de que la UE ultima una regulación de estas agencias y la creación de supervisores europeos para limitar el monopolio norteamericano. En efecto, sosprende que las tres grandes compañías (Moody’s, Standar&Poor’s y Ficht), que controlan el 90% del mercado, sean de EE UU. «Eso quizá explique ciertas tendencias», comentó ayer Durao Barroso. Pero asombra aún más su proceder, ya que parecen elegir la publicación de sus dictámenes con el momento más sensible o en el que más estragos puede causar. Se diría que estas tres agencias americanas quieren hacerse perdonar su desastrosa, y tal vez delictiva, gestión previa a la crisis mundial generada en Wall Street, especialmente con la quiebra de Lehman Brothers, a la que mantuvieron una alta calificación hasta el mismo día de su quiebra. No conviene olvidar que las hipotecas «subprime», muchos fondos estructurados y otros de alto riesgo, que cebaron la explosión de la crisis, tenían las mejores calificaciones de Moody’s, Standar&Poor’s y Ficht. No sin razón, fue el propio presidente Obama el primero en prometer una regulación más estricta de modo que no puedan actuar con la arbitrariedad y el oscurantismo actuales. El caso portugués es ilustrativo, porque el plan de recortes presentado por Passos Coelho, con más de cien medidas de ajuste, entre ellas un impuesto del 50% de la paga extra de Navidad, fue ampliamente respaldado por el Parlamento y bien recibido por Bruselas. Es decir, muestra la decidida voluntad del Gobierno lisboeta de cumplir con el objetivo de déficit y de aprovechar los 78.000 millones de euros del rescate para reactivar la economía del país. Especular, en este contexto, con que Portugal pueda seguir los pasos de Grecia hacia un segundo rescate es, cuando menos, prematuro, por no decir irresponsable. Lisboa se enfrenta en este tercer trimestre a varias emisiones de deuda para colocar entre 4.500 y 6.750 millones de euros y lo que ha provocado Moody’s con su veredicto es una condena por anticipado. Nadie duda de que las agencias de calificación cumplen una función imprescindible de información y valoración sobre la solvencia, ya sea de un país o de una empresa, sin la cual los mercados serían más inestables. Pero como toda herramienta, deben servir para resolver los problemas, no para crearlos y, en todo caso, ha de estar por encima de toda sospecha de que no sirven a intereses espurios y gestionarse con la máxima transparencia.

La Razón - Editorial

Confianza rota

La injusta rebaja de Moody's a Portugal impone la creación de una agencia europea de calificación.

La agencia de calificación de riesgo financieros Moody's ha conseguido elevar el nivel de crispación de los mercados y de las instituciones públicas, en especial de la Comisión Europea, con su insólita e inoportuna rebaja de la solvencia de Portugal en nada menos que cuatro escalones, hasta el nivel de bono basura. El paso de Moody's es grave. Una rebaja tan truculenta, que costó ayer caídas importantes en las Bolsas y una nueva explosión de los diferenciales de deuda de Grecia, Portugal y España, aumenta el desprestigio público de las agencias de rating, porque sugiere que no solo no están cumpliendo su papel de advertencia a los inversores (no percibieron, ni de lejos, la crisis financiera que se venía encima y tampoco tienen capacidad de análisis para reconocer la recuperación en ciernes de países como Islandia) sino que alientan, consciente o inconscientemente, la especulación a la baja contra los países situados en la diana.

Los argumentos de Moody's sobre Portugal son insostenibles porque operan como una profecía que tiende a autocumplirse. La agencia no tiene en cuenta los programas de ajuste puestos en pie en Lisboa, aprobados por Bruselas y gestionados por un Gobierno recién salido de unas elecciones. Si estos compromisos no son útiles para regenerar la solvencia de un país, no se entiende por qué motivo se exigen sacrificios económicos a los países, que se traducen siempre en una dolorosa pérdida de renta de los trabajadores.


Moody's acumula otro disparate, que es el de dar por sentado que Portugal necesitará otro rescate. No entra a considerar si un cambio de circunstancias (por ejemplo, una modificación de las condiciones exigidas para acceder a los fondos de ayuda) facilitaría la salvación portuguesa. Esta fatalidad es el aspecto que ha causado mayor irritación en Europa, porque da pábulo a quienes piensan que las agencias privadas actúan como un oligopolio cuyos informes avivan la especulación a la baja en los mercados. Queriendo o sin querer, sus análisis agravan las convulsiones financieras facilitando coartadas para que los inversores retiren su confianza a determinadas economías con independencia de sus compromisos de ajuste.

El desafortunado informe de Moody's es el momento crucial a partir del cual se pondrá en marcha una opinión mayoritaria: es necesario sustituir los informes de las agencias privadas por mecanismos de calificación más fiables. El presidente de la Comisión, Durão Barroso, reclamaba ayer la creación de una agencia de calificación europea. Su petición está cargada de razones. La confianza en la utilidad de las agencias privadas lleva tiempo con goteras y amenazas de quiebra; desde ayer, parece definitivamente rota.

Las conclusiones no pueden ser más claras. El Banco Central Europeo debe mantener los bonos portugueses o griegos como colaterales de sus inyecciones de liquidez y sustituir las evaluaciones de las agencias de calificación por clasificaciones realizadas por la propia institución.


El País - Editorial

Mejor sería el cese de las televisiones públicas

La falta de transparencia y eficiencia en la gestión, el abuso del contribuyente y el sectarismo político caracterizan no sólo a RTVE, sino a cualquier ente público. La presidencia de Oliart no ha sido una excepción, ni su salida será la solución.

El presidente de RTVE, Alberto Oliart, ha anunciado su "irrevocable" decisión de dimitir alegando razones "estrictamente personales" y, más concretamente, de "salud". Teniendo en cuenta que Oliart tiene ochenta y tres años, y que hace más de un mes ya comunicó a altos cargos del PSOE y del PP su deseo de dejar el cargo debido al cansancio "suyo y de su mujer", no vamos a negar la verosimilitud de estas supuestas razones. Sin embargo, no deja de ser un hecho cierto que el cese de Oliart se produce poco después de haberse conocido que la RTVE acaba de adjudicar a la empresa dirigida por su hijo, Pablo Oliart, el servicio técnico que hasta el pasado mes de junio prestaba Overon, de Mediapro, al programa La mañana de La 1.

Fuentes de la RTVE aseguran al respecto que se convocó "un proceso de licitación al que se invitó a las seis empresas del sector que ofrecen este tipo de servicios", y que el contrato se concedió finalmente a TBS debido a que era "la oferta más barata". Sin embargo, fuentes de dos empresas de referencia en la prestación de servicios audiovisuales en España, como Atlas y Hurí, aseguran que no recibieron invitación alguna, mientras que no faltan quienes aseguran que la oferta de Overon era superior desde el punto de vista de los requisitos técnicos.

Ya habrá tiempo de esclarecerlo, pero, sea como fuere, lo cierto es que la opacidad en las contratas y en la gestión de las televisiones públicas es tan grande que resulta difícil tanto ser honrado como parecerlo. Si la falta de transparencia y eficiencia en la gestión, el abuso del dinero del contribuyente y el sectarismo político caracterizan no sólo a RTVE, sino a cualquier medio de comunicación público, la presidencia de Oliart no ha sido una excepción. Pero precisamente por ello la solución no está en el cese de un determinado dirigente, sino en la privatización o cierre de todas las radios y televisiones públicas. Resulta inmoral que se comprometa el dinero del forzado contribuyente para financiar unos servicios que ya procuran al público las cadenas privadas. Más aun cuando se utilizan de manera sectaria y al servicio propagandístico del Gobierno de turno, lógica consecuencia de la designación política de sus gestores.


Libertad Digital - Editorial

Crisis y futuro en RTVE

Los partidos mayoritarios están obligados a actuar con sentido de la responsabilidad a la hora de pactar el nombre del sucesor de Alberto Oliart.

LA dimisión de Alberto Oliart como presidente de la corporación RTVE abre un nuevo periodo de crisis en la televisión pública. El ex ministro de UCD tira la toalla después de menos de dos años al frente de la entidad, una vez conocida la adjudicación a la empresa de su hijo de un contrato de servicio público para el programa «La Mañana de La 1». Al margen de la investigación a fondo del caso concreto, la dimisión pone en evidencia el fracaso de un modelo que tampoco esta vez ha conseguido garantizar la independencia y pluralidad de RTVE, a pesar de que el presidente fue nombrado como candidato de consenso entre PSOE y PP. Sin embargo, las críticas de la oposición en los últimos meses han puesto de relieve tanto el carácter sesgado de la información política como la discutible externacionalización de servicios a determinadas empresas. Es decir, existen al parecer viejas querencias que no hay manera de superar, porque el partidismo termina siempre por imponerse en perjuicio del interés general y los derechos de los ciudadanos.

Es un buen momento para hacer de la necesidad virtud. En efecto, estamos en periodo de descuento de la legislatura y surge una buena oportunidad para alcanzar un pacto serio y riguroso que garantice una etapa de estabilidad a una entidad que la necesita de forma imperiosa. No se trata de buscar a un candidato que no moleste a nadie, sino de elegir a la persona apropiada y apoyar un proyecto a medio plazo basado en la coherencia, la imparcialidad y la austeridad. De lo contrario, volverá a empezar la eterna noria de dirigentes que son incapaces de cumplir las expectativas. Sin perjuicio de un balance más detallado de su gestión, está claro que Oliart no ha conseguido enderezar el rumbo de la nave. El Estado democrático necesita contar con una televisión pública de calidad, respetuosa del pluralismo y de los derechos de los ciudadanos. Los partidos mayoritarios están obligados a actuar con sentido de la responsabilidad, dejando al margen el interés a corto plazo a la hora de pactar el nombre del sucesor de Alberto Oliart. La exigencia de una mayoría cualificada de dos tercios obliga a ese pacto. Pero lo importante es la voluntad política de que RTVE responda a las exigencias de una televisión pública propia del siglo XXI sin actuar como instrumento del Gobierno de turno.

ABC - Editorial