¿Adónde hemos llegado,a obligar a los jueces a impartir justicia? ¿Qué Estado, que país es este?
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LO que nos faltaba. Tenía una crisis económica, una crisis política, y ahora tenemos una crisis judicial. Mejor dicho, teníamos, pero no queríamos verla como tantas otras cosas que no funcionan hoy en España.
De todas nuestras crisis, ésta, la judicial, es la peor, la madre incluso de todas ellas. Un país puede vivir sin economía, como les ocurre a muchos; sin gobierno, como le ocurre a Italia desde hace décadas, y no le va tan mal. Lo que no puede vivir es sin justicia, pues sin justicia la única ley que rige es la de la selva. Y nosotros hemos castrado la nuestra, al ponerla en manos de los políticos. Poner la justicia en manos de los políticos es como meter la zorra en el gallinero, he escrito mil veces. Ahora, uno de nuestros más altos magistrados «se siente como secuestrado» y quiere irse. No es que tenga esa sensación. Es que está secuestrado. Primero, por los políticos, que se los intercambian como cromos. Luego, por el presidente de su tribunal, que le obliga a seguir en el cargo. ¿Qué va a hacer don Pascual Sala si se niega a seguir? ¿Va a enviarle la Policía Judicial para que lo traiga esposado a los plenos? ¿Va a obligarle a votar? Ya sé que los magistrados del Constitucional están obligados por ley a seguir en el cargo hasta que los reemplacen, pero ¿adónde hemos llegado, a obligar a los jueces a impartir justicia? ¿Qué Estado, qué país es este? ¿Va a consentirse que todo el mundo se indigne menos los jueces? ¿Teme el sr. Sala quedarse solo en su sala apoyando las propuestas del gobierno? Esta es la dramática situación a que nos ha conducido un ordenamiento judicial nefasto y un presidente de tribunal patético.
De todas nuestras crisis, ésta, la judicial, es la peor, la madre incluso de todas ellas. Un país puede vivir sin economía, como les ocurre a muchos; sin gobierno, como le ocurre a Italia desde hace décadas, y no le va tan mal. Lo que no puede vivir es sin justicia, pues sin justicia la única ley que rige es la de la selva. Y nosotros hemos castrado la nuestra, al ponerla en manos de los políticos. Poner la justicia en manos de los políticos es como meter la zorra en el gallinero, he escrito mil veces. Ahora, uno de nuestros más altos magistrados «se siente como secuestrado» y quiere irse. No es que tenga esa sensación. Es que está secuestrado. Primero, por los políticos, que se los intercambian como cromos. Luego, por el presidente de su tribunal, que le obliga a seguir en el cargo. ¿Qué va a hacer don Pascual Sala si se niega a seguir? ¿Va a enviarle la Policía Judicial para que lo traiga esposado a los plenos? ¿Va a obligarle a votar? Ya sé que los magistrados del Constitucional están obligados por ley a seguir en el cargo hasta que los reemplacen, pero ¿adónde hemos llegado, a obligar a los jueces a impartir justicia? ¿Qué Estado, qué país es este? ¿Va a consentirse que todo el mundo se indigne menos los jueces? ¿Teme el sr. Sala quedarse solo en su sala apoyando las propuestas del gobierno? Esta es la dramática situación a que nos ha conducido un ordenamiento judicial nefasto y un presidente de tribunal patético.
No sé si los tres dimisionarios actúan por hartazgo de tragar política o por mala conciencia al haber contribuido a haber abierto la puerta de la jaula a la fiera de Bildu. Ni tampoco me importa mucho, aunque aplaudo su actitud aunque sólo sea para romper la camisa de fuerza que aprisiona nuestra justicia. Pero sé que no sólo sobran ellos, sino el también el entero Tribunal Constitucional, convertido en muleta del Gobierno —cualquiera que sea— y cortafuegos de los políticos. Con un Tribunal Supremo bastaría. Pero, eso sí, independiente de la política y de los políticos, sin que pueda adivinarse de antemano cómo va a votar cada magistrado, como está ocurriendo ahora, pues eso es jugar con cartas marcadas. ¿Lo veremos? Lo dudo. Cuando los políticos hincan el diente a algo es muy difícil que lo suelten. Por otra parte, tenemos tantas crisis encima que ésta se encuentra en los últimos lugares. Cuando debería estar a la cabeza de todas ellas, pues sin justicia independiente no hay progreso, ni tranquilidad, ni decencia, ni democracia siquiera. Siendo la democracia, tanto o más que las finanzas, lo que se pone en duda hoy en España.
ABC - Opinión