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Aún soy incapaz de prever si la aplicación de la Ley Antitabaco promulgada por el gobierno socialista español derivará en un recalentamiento del malestar producido por sus evidentes excesos, con protestas, insumisión y “revuelta” incluidos, o si, finalmente, será deglutida sin más problemas que algunos chispazos iniciales por la totalidad de la población. No fumar en los bares hará que los fumadores permanezcan menos tiempo en ellos, pero también que los no fumadores lo hagan de forma más satisfactoria. No hacerlo en los restaurantes provocará que aquellos que gozan de un cigarrillo tras la comida dejen de pedir el café y la copa y se busquen la vida en el exterior. Mientras haya terrazas y el frío –o el calor— no sean extremos, los aspiradores de humo tendrán una salida, siempre que no acaben prohibiendo hacerlo también ahí, cosa que no habría que descartar. Quien les habla, ex fumador de cigarrillos y ocasional fumador de puros no tiene problema por ello: España no es Noruega y goza de un clima lo suficientemente benigno como para aliviarse en el exterior de un local. Lo particularmente rechazable de su concepción proviene de aspectos concretos altamente absurdos: no poder fumar en las terrazas de bares que estén relativamente cerca de un puñado de toboganes –a los cuales no llegaría el humo ni con cañones de nieve artificial-- es una estupidez de corte neoyorquino, ciudad en la que a un amigo le llamaron la atención por fumarse un cigarrillo cerca de las puertas giratorias de un hotel; según el estólido conserje podría entrar alguna brizna de humo por el revoloteo de la puerta y alcanzar el interior del Hall. Si a ello se suma la absurda invitación a la delación efectuada por la ministra de la cosa, se presume en el ambiente ese escenario tan del gusto del gobierno de nuestras carnes: el enfrentamiento de ciudadanos. Teóricamente, ni siquiera podría un sujeto fumarse un cigarro en su balcón si éste es un primer piso y está próximo a los dichosos “parques infantiles”. Ya ven.
No soporto los moralismos sobrevenidos ni los integrismos irritados, y esta ley, en lugar de conciliar intereses, aviva no pocos demonios irascibles. Muy acorde con un gabinete que dice proteger a la infancia pero sólo si ha salido ya del canal del parto.
Carlos Herrera es periodista.