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La concesión de un premio literario a un criminal etarra fugado de prisión, con penas pendientes de cumplir por atentados con explosivos, secuestro de un industrial para cobrar rescate o atraco a una caja de ahorros, resulta sin duda un hecho absolutamente reprobable que pone en evidencia al Ejecutivo vasco, que es quien convoca y concede el galardón.
Y no cabe, tras el escándalo desatado por la decisión del jurado, considerar el hecho como una mera anécdota y darlo por zanjado con el simple gesto de no pagar el importe del premio a un delincuente, a un terrorista, huido de la Justicia. Por el contrario cabe esperar una clara explicación por parte del Gobierno de Patxi López , y la correspondiente dimisión de una consejera de Cultura que, en el mejor de los casos, ha demostrado torpeza en evitar el nombramiento de un jurado capaz de premiar a un delincuente.
Más que un hecho aislado, se trata sin duda del enésimo desprecio a las víctimas del terrorismo y a la democracia, y una boqueada de aire para ETA y su entorno, que se enmarca en «los nuevos tiempos», en los que está «fuera de lugar» la condena a Otegi, que nos ha traído el Gobierno socialista con su suicida política de apaciguamiento, encaminada a lograr, por el atajo electoralista más rápido posible, colgarse la medalla del final de ETA. Premiar a un criminal fugado sí se enmarca así en estos tiempos donde los proetarras han vuelto a los Ayuntamientos y contratan, con cargo al presupuesto municipal, a sus amigos de la ilegalizada ANV, o se niegan a permitir que Administraciones como las Juntas de Guipúzcoa puedan velar por las víctimas de ETA.
Y no cabe, tras el escándalo desatado por la decisión del jurado, considerar el hecho como una mera anécdota y darlo por zanjado con el simple gesto de no pagar el importe del premio a un delincuente, a un terrorista, huido de la Justicia. Por el contrario cabe esperar una clara explicación por parte del Gobierno de Patxi López , y la correspondiente dimisión de una consejera de Cultura que, en el mejor de los casos, ha demostrado torpeza en evitar el nombramiento de un jurado capaz de premiar a un delincuente.
Más que un hecho aislado, se trata sin duda del enésimo desprecio a las víctimas del terrorismo y a la democracia, y una boqueada de aire para ETA y su entorno, que se enmarca en «los nuevos tiempos», en los que está «fuera de lugar» la condena a Otegi, que nos ha traído el Gobierno socialista con su suicida política de apaciguamiento, encaminada a lograr, por el atajo electoralista más rápido posible, colgarse la medalla del final de ETA. Premiar a un criminal fugado sí se enmarca así en estos tiempos donde los proetarras han vuelto a los Ayuntamientos y contratan, con cargo al presupuesto municipal, a sus amigos de la ilegalizada ANV, o se niegan a permitir que Administraciones como las Juntas de Guipúzcoa puedan velar por las víctimas de ETA.
Son tiempos en el que han vuelto a la impunidad quienes tratan por todos los medios de evitar que la derrota de ETA sea consecuencia del triunfo del sistema democrático son capaces de hablar de «normalidad» o «avances en el proceso de resolución del conflicto» cuando se producen hechos reprobables y se valora como positivo o esperanzador que ETA imponga su propio sistema de «alto el fuego» y «verificación», sin necesidad de entregar las armas y explosivos, disolver los comandos operativos y poner fin a la pesadilla del terror.
Son tiempo en los que es imprescindible huir de los cantos de sirena y de los cálculos electoralistas. Por eso cualquiera otra medida que no tenga como claro objetivo el cumplimiento de la Ley y el respeto a las víctimas, supondrá alentar a los terroristas y a sus cómplices en su cada vez más extendida conquista de los espacios públicos.
No es la primera vez que ETA logra con artimañas poner palos en la rueda de la triple ofensiva policial, judicial y política, la única que hasta hoy ha llegado a poner a la banda contra las cuerdas y poder confiar en su derrota final. La paz, entendida como el fin de la violencia, es un objetivo legítimo, pero que no se consigue con la dejación. Son tiempos, en fin, marcadamente electorales en los que conviene recordar que no caben atajos políticos en la lucha contra el terrorismo tiene que haber vencedores y vencidos. Debe completarse el triunfo de la democracia y la derrota de los verdugos, aunque algunos no lo entiendan así.
Son tiempo en los que es imprescindible huir de los cantos de sirena y de los cálculos electoralistas. Por eso cualquiera otra medida que no tenga como claro objetivo el cumplimiento de la Ley y el respeto a las víctimas, supondrá alentar a los terroristas y a sus cómplices en su cada vez más extendida conquista de los espacios públicos.
No es la primera vez que ETA logra con artimañas poner palos en la rueda de la triple ofensiva policial, judicial y política, la única que hasta hoy ha llegado a poner a la banda contra las cuerdas y poder confiar en su derrota final. La paz, entendida como el fin de la violencia, es un objetivo legítimo, pero que no se consigue con la dejación. Son tiempos, en fin, marcadamente electorales en los que conviene recordar que no caben atajos políticos en la lucha contra el terrorismo tiene que haber vencedores y vencidos. Debe completarse el triunfo de la democracia y la derrota de los verdugos, aunque algunos no lo entiendan así.
La Razón – Editorial
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