jueves, 31 de marzo de 2011

Actas de ETA. El ajedrez de la Paz. Por Cristina Losada

La expectativa de negociar un precio engrasa su maquinaria. Hacerlo, con o sin engañifas, alienta la convicción de que el terror funciona y, entonces, ¿por qué lo van a dejar?

Tranquilícense, todo era un juego. Los negociadores del Gobierno mantuvieron con la ETA una partida de ajedrez con dos clases de piezas, a saber, medias verdades y mentiras completas. Así, por esa esquina lúdica, se evadieron los mensajeros de la Paz de la curiosidad del juez. Y, desde el mismo ángulo, se neutraliza ahora la publicación de las actas que los terroristas hicieron de aquellas sesiones de "a ver quién engaña a quién". En suma: nada de cuanto ponen en boca del trío de ajedrecistas oficiosos iba en serio. A tal aprendiz mayor, o sea, Rodríguez Zapatero, tales aprendices del difunto Bobby Fisher, Karpov y Kasparov. De haber algún cinéfilo entre ellos, igual se identificaría con el caballero que reta a la Muerte al ajedrez para alargar su vida en El Séptimo Sello, de Ingmar Bergman. Con la partida que abrió el presidente, sin embargo, se alargaba la vida de una banda terrorista.

No conviene desechar la frívola analogía a primera vista. Como ha contado Mikel Buesa, hay una autoría intelectual de la negociación fundada en la teoría de juegos. Aunque la ingeniería social revestida de lenguaje matemático fascinaría a Zapatero en la medida en que se adaptaba a un puñado de prejuicios ideológicos y al interés rastrero. El problema es que nada de eso es aún materia para la arqueología. Y frente a la costumbre de pasar página, tan arraigada en la democracia española, será preciso instaurar el hábito liberal, cívico, de la responsabilidad. Sea política, sea penal. Por mucho que suenen ya la melodía de la salvación por las buenas intenciones, siempre supuestas, y la dulce nana de la unidad; esa que induce al olvido alegando que la división beneficia únicamente al terrorista. ¡Más le benefician las cesiones! Y la mayor de todas consiste en hablar de política con una banda tal. Es eso lo que alarga su vida. La expectativa de negociar un precio engrasa su maquinaria. Hacerlo, con o sin engañifas, alienta la convicción de que el terror funciona y, entonces, ¿por qué lo van a dejar?

Este retorno de un pasado insepulto corre, no obstante, el riesgo de degenerar en un episodio de vuelo bajo y nulo coste. A ello contribuye que el Partido Popular, de natural dispuesto a "mirar al futuro" y más cuando el futuro parece suyo, se incline por reducirlo a una escaramuza contra Rubalcaba, vislumbrando quizás la "sucesión". Pero no es asunto éste para un despliegue de agit-prop de amateur. Ni tampoco para acabar en el juego del gallina.


Libertad Digital - Opinión

El cuervo y el faisán. Por M. Martín Ferrand

Aquí, contra lo acostumbrado en los países auténticamente democráticos, la mentira engrandece al mentiroso.

EL escudo constitucional de España prescindió del águila que adornaba el de los tiempos de Francisco Franco y procedía del de los Reyes Católicos; pero, vista la marcha de los acontecimientos, salvo que nos favorezca una epidemia de sentido común, será inevitable que las plumas vuelvan a nuestra señal heráldica y no tardaremos en ver un faisán en nuestro blasón. Del águila de San Juan al faisán de Alfredo Pérez Rubalcaba tampoco hay muchas distancias, son pájaros de cuenta y conveniencia que se alimentan en la mentira, en el engaño a los demás. Una mala costumbre establecida entre nosotros y natural en una Nación que se enorgullece más de sus pícaros que de sus sabios y en la que la intolerancia, el más frecuente de los excesos colectivos, baja su guardia frente a los mentirosos, incluso si nos engañan y manipulan —nos perjudican— con cargo al Presupuesto. Aquí la sinceridad se entiende como simpleza y el manejo de las medias verdades, mentiras dobles, da carta y prestigio de astuto y sutil. Rubalcaba lo sabe y remonta su experiencia a los días del GAL.

El presidente del Gobierno se ha convertido en un mentiroso compulsivo y sin remedio. Ya, sospecho, no es capaz de distinguir entre cuando nos dice la verdad o nos la falsea y, en concordancia, sus acompañantes en el Ejecutivo mienten con intensidad directamente proporcional a su capacidad de actuación y pensamiento. Es decir, algunos —de Leire Pajín a Valeriano Gómez— ni tan siquiera valen para decirnos lo contrario de lo que piensan o sienten, de lo que saben o intuyen. La suya es la misma razón que convierte en sinceras a las piedras y a buena parte de los vegetales.

El espectáculo que nos ofrece el paisaje político nacional —paisaje con figuras— es penoso. Deprime. El informe que ayer publicaba ABC sobre las mentiras de Zapatero, incontestable, solo podría disminuirse en su efecto demoledor si fuera capaz de provocar una generalizada respuesta ciudadana; pero hemos llegado a un extremo de desgaste representativo y ausencia parlamentaria —¿antidemocrático?— que a muy pocos les importa algo la mentira de quienes, en olvido de la confianza que en ellos tenemos depositada, se afanan en perpetuarse en sus sillones y mantener la grandeza de su sigla de identidad antes que en cumplir con la obligación específica que indica su cargo. Aquí, para nuestra desgracia colectiva y contra lo acostumbrado en los países auténticamente democráticos, la mentira engorda y engrandece al mentiroso. No basta para su repudio colectivo. Es el síndrome demoledor de la esperanza nacional. Podría haber sido peor. Un faisán es más noble que un cuervo.


ABC - Opinión

Actas de ETA. Traición sin consecuencias. Por Francisco José Alcaraz

He denunciado durante años que el arma más poderosa que tiene ETA contra el Gobierno son las actas de la negociación y así queda reflejado con el conocimiento que tenemos de algunas partes de las actas.

Cuando en el verano del 2004 empecé a denunciar el proceso de negociación del Gobierno con la ETA, algunos por incrédulos y otros por descubiertos empezaron a marcar distancias y ponerme en el punto de mira de sus críticas.

Después de la primera manifestación de la rebelión cívica convocada el 22 de enero del 2005 las posiciones empezaron a ser mucho más claras: había que deslegitimar a Alcaraz y para ello recurrieron a la calumnia. Pero hay un momento donde la campaña se recrudece coincidiendo con las elecciones en la AVT del año 2006 y donde se articula, con la complacencia del Ministerio del Interior, el asalto a la AVT utilizando a algunas víctimas del terrorismo que actuaban como punta de lanza del Gobierno.


Como la jugada no les salió bien pasaron a subir el nivel desde periódicos, shows de televisión, radios y revistas afines al poder, y algunas víctimas del terrorismo haciéndole el caldo al Gobierno iniciaron una campaña demoledora no sólo contra mi persona, sino también contra mi esposa.

Pero no era suficiente y encontraron en la asociación ADADE presidida por José Mariano Benítez de Lugo una oportunidad para acallarnos. Interpusieron una querella en la Audiencia Nacional contra mi persona por decir cosas contra el jefe del Ejecutivo como:

"El proyecto de ETA es el proyecto asumido por el Gobierno", "la declaración de tregua del ETA es una declaración consensuada entre el Gobierno y la banda" o "es indignante que encontremos al Gobierno y partidos afines defendiendo a terroristas".

Esa querella fue justamente archivada y El País, de forma abyecta, atacó sin escrúpulos a la sección cuarta de la AN integrada por Fernando Bermúdez, Teresa Palacios y Flor María Sánchez. De haber prosperado aquella querella mi defensa tenía previsto pedir a la Audiencia Nacional las actas de la negociación con ETA, actas que respaldarían todas y cada unas de las denuncias que realicé y que años después habiendo conocido algún dato más creo que aún está más justificadas si cabe.

En multitudes de ocasiones, tanto en entrevistas como en artículos, he denunciado durante años que el arma más poderosa que tiene ETA contra el Gobierno son las actas de la negociación y así queda reflejado con el conocimiento que tenemos de algunas partes de las actas.

Y ahora ¿que pasa? Esa es la gran pregunta y no podemos permitir que la respuesta sea que "no pasa nada", porque en la medida que estos hechos tan graves y bajo mi punto de vista delictivos puedan quedar impunes sin que tenga las consecuencias políticas y penales que merecen, estaremos destruyendo gran parte de nuestra democracia y la libertad estará condicionada a los pactos entre políticos y terroristas.


Libertad Digital - Opinión

Credibilidades. Por Ignacio Camacho

El Gobierno otorgó credibilidad a los terroristas cuando se sentó con ellos en una negociación política.

ESTE Gobierno que niega toda credibilidad a los terroristas de ETA fue el primero en otorgársela cuando se sentó con ellos en una negociación política. Y muy amena, según los indicios. Cuando te sientas con un puñado de asesinos en una mesa formal, rodeado de intermediarios internacionales e intérpretes —de euskera, cabe colegir—, cualquiera pensaría que los tomas en serio. Ellos también lo pensaron, sin duda, al punto de que levantaron unas actas igual que los mediadores redactaron las suyas. Rubalcaba dice que esos papeles no tienen crédito porque los han escrito unos canallas. Puede ser. Pero más que creer o no creer, lo razonable es verificar si lo que dicen es falso o es cierto. Si nadie comprobase nunca las declaraciones de los malhechores, muchos crímenes, incluidos los de ETA, quedarían impunes porque la justicia se basa a menudo en los testimonios de los delincuentes. El caso GAL, sin ir más lejos, se aclaró gracias a la confesión de un rufián con todas las letras, un policía corrupto, un sicario cuya revelación resultó ser cierta. También entonces el portavoz del Gobierno se defendió diciendo que no había que creer a un truhán de esa especie. Y, qué casualidad, ese portavoz era… el mismo Rubalcaba.

En punto a credibilidad, y salvando las amplísimas distancias comparativas, este Gobierno tampoco tiene mucha que digamos. Ha mentido tanto y se ha contradicho tantas veces que resulta imposible encontrarle un discurso coherente. El propio presidente dejó dicho que para él las palabras están al servicio de la política. Es decir, que se utilizan a conveniencia finalista, al margen de su significado y, por supuesto, de su adecuación a la verdad. Verdad, mentira, qué conceptos tan elásticos, tan relativos en boca de un hombre para el que la política es la ultima ratio moral. Maquiavelo era un becario. ¿Tiene credibilidad un político capaz de pasarse un año entero negando una evidencia tan palmaria como la crisis? Si fue capaz de negar eso contra toda razón y toda lógica, ¿por qué no habría de negar una secuencia mucho más secreta y oscura como la de las negociaciones con ETA?

Las palabras al servicio de la política. Pongamos dos palabras, pronunciadas inmediatamente después del atentado de Barajas. Una: el sustantivo «accidente». Dos: el verbo «suspender», empleado respecto al diálogo con los terroristas. Sendos lapsus de un hombre abrumado por la tragedia, cabía pensar. ¿O tal vez se trataba de dos mensajes cifrados que daban a entender que estaba dispuesto a continuar negociando más allá de la línea roja de la tregua?

Conjeturas, sí. Pero conjeturas verosímiles e indicios acumulados que dejan el rastro de una amarga sospecha. Para disiparla no bastan abstractas negativas amparadas en secretos de Estado o epistemologías de cartón. Hacen falta explicaciones. Muchas. Contundentes. Claras. Es el precio que tiene haberse juntado con un hatajo de canallas.


ABC - Opinión

¿Se negoció tras la T-4?

El debate político, ocupado casi en exclusiva por la situación económica y la sucesión de Zapatero, ha dado un giro radical al irrumpir en la Prensa aspectos desconocidos de la fallida negociación entre el Gobierno y ETA. La publicación de unas supuestas actas de las reuniones, incautadas al dirigente terrorista «Thierry», ha causado asombro y sembrado la perplejidad entre los ciudadanos. El contenido de los diálogos, la catadura moral que demuestran algunos negociadores, así como las presuntas cesiones que el Estado estaría dispuesto a hacer a la banda forman un «tótum revolútum» que requiere ser expurgado y valorado en su justa medida. Igual de improcedente es equiparar las «actas» a la fe notarial que despacharlas como «bazofia llena de mentiras». Es cierto que los terroristas, además de asesinar y extorsionar, mienten y difaman para ayudar a sus propósitos. Pero también es verdad que la documentación intervenida estaba destinada al consumo interno, por lo que no necesitaban tegiversar el contenido de los diálogos. En todo caso, la versión de una parte nunca es la verdad completa. Y, por otro lado, debe tenerse en cuenta lo que supone una negociación: un tira y afloja donde cada cual sobreactúa para vender su mercancía o para descalificar al contrario. Que los representantes del Gobierno hicieran promesas imposibles o ilegales no significa que tuviera el ánimo real de concederlas, como fue el caso de la anexión de Navarra. Es deplorable, ciertamente, que los negociadores gubernamentales utilizaran un lenguaje ruin y cobardón, lo que revela que el Gobierno no eligió bien a quienes debían representarle con más dignidad y coraje. Lo más preocupante, sin embargo, no es esa pequeña crónica de infamias que los etarras se regodean en describir para ponerse ellos mismos en valor. No; lo más inquietante son los datos que demostrarían que el Gobierno reanudó la negociación tras el atentado mortal de la T-4. En la memoria de todos están las afirmaciones solemnes de Zapatero y Rubalcaba en los días siguientes a aquella voladura que mató a dos personas de que se ponía «punto y final» a la negociación. De confirmarse la versión etarra, no sólo no se habrían cortado de raíz los contactos, sino que el Gobierno se habría reunido para «retomar el proceso» sólo tres meses después del atentado y habría vuelto a hacerlo más veces en mayo, hasta que la propia ETA decidió romper la baraja. Ni que decir tiene que estamos ante un asunto de la máxima gravedad que exige una explicación detallada, exhaustiva y sin asomo de dudas por parte del ministro del Interior y del presidente del Gobierno. Los ciudadanos tienen derecho a saber si son los terroristas los que mienten y los que se inventan nuevas rondas negociadoras después de que sus gobernantes les garantizaran lo contrario. Como es natural, el beneficio de la duda debe favorecer al Gobierno, pero si éste no demuestra que los terroristas mienten o que los negociadores actuaron por su cuenta y riesgo, todo el peso de la condena recaerá sobre él. Por higiene democrática, por respeto a las víctimas y por dignidad, Zapatero y Rubalcaban tienen la obligación de aclarar este grave episodio en sede parlamentaria sin dilación y sin rodeos.

La Razón - Editorial

A despejar la Z de la colaboración con ETA

La publicación de las actas de las reuniones entre el Gobierno y ETA sólo nos recuerdan que durante la "paz sucia" pudieron perpetrarse por orden del gobierno un número mucho mayor de delitos que los que se cometieron en el Bar Faisán.

"A despejar la X del chivatazo a ETA" fue el título del editorial con el que comentábamos no hace mucho la decisión del juez Ruz de impulsar la investigación del "caso Faisán" bajo la fundada sospecha de que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no sólo era responsable político sino también penal de tan infame soplo policial.

Ahora, al hacerse públicas las actas de las reuniones entre el Gobierno y ETA, que nos recuerdan que durante la "paz sucia" pudieron perpetrarse por orden del gobierno un número mucho mayor de delitos, debemos, sin embargo, volver a ampliar nuestro enjuiciamiento periodístico contra todo el mal llamado "proceso de paz" -en realidad, un inmenso proceso de colaboración con una banda terrorista-, del que tampoco puede quedar al margen el presidente del Gobierno.

La multitud de delitos que el Gobierno de Zapatero presuntamente cometió en su abyecta –y contraproducente- forma de apaciguar a los terroristas con el objetivo de anestesiar con los ropajes de la paz a los electores ante sus públicas alianzas con formaciones separatistas, van desde la omisión del deber de impedir delitos y perseguir delincuentes, pasando por el de encubrimiento, financiación ilegal, revelación de secretos o el ya citado, y que engloba a todos, delito de colaboración con banda armada.


Que el Gobierno, por obtener y mantener la tregua de los terroristas, se había comprometido con ETA a tratar de derogar la doctrina Parot como vía, ciertamente eficaz, de cumplir ese genérico pero público compromiso de Zapatero de "dar una salida a los presos", no lo demuestran sólo las actas, sino el hecho, y ahí están las hemerotecas, de que la Fiscalía, con el beneplácito del gobierno, se alineó efectivamente con los abogados defensores de Parot y de otros presos de ETA en su pública pretensión de derogar esa doctrina. Lo que es un hecho es que cuando el Tribunal Supremo se negó a ello, su entonces presidente fue denigrado por el Gobierno y sus aliados nacionalistas, y hasta fue exigida su comparecencia en el Congreso para que diese explicaciones.

Por las actas también sabemos que el representante del gobierno ofreció a los etarras hacerles llegar dinero "por medio de una organización internacional". Pero lo que ya sabíamos desde mucho antes es que el gobierno ocultaba la existencia de las cartas de extorsión que, pese a la tregua, ETA seguía enviando a empresarios vascos y navarros. Y lo sabíamos porque así se lo oímos decir a Rubalcaba, con esas mismas palabras, que "al gobierno no le consta la existencia de estas cartas", aun cuando los destinatarios de las mismas y los sindicatos policiales ya habían denunciado su existencia y hasta la propia ETA la habia justificado públicamente en Gara por razones de financiación.

Por otra parte, y muy relacionado con la financiación de ETA, está la forma con la que el Gobierno de Zapatero propuso durante la tregua a la organización terrorista colarse en las instituciones, gracias a la cual seguiría –como por cierto, sigue teniendo- acceso al dinero público. Había que suprimir la palabra Batasuna de la nueva marca electoral de ETA. La Fiscalía instó la ilegalización del señuelo que constituía Abertzale Sozialisten Batasuna para colar, para desesperación del Supremo, la mas disimulada marca proetarra de ANV.

Por las actas sabemos las palabras con las que los representantes del Gobierno reafirmaban su compromiso de no detener a los etarras, pero la existencia de ese compromiso era evidente desde que se constató estadísticamente el escalofriante descenso de las detenciones durante el tiempo en que duró aquella tregua; Eso, por no hablar de los conocidos y no desmentidos mensajes que el presidente del Gobierno le hacia llegar a través de Eguiguren al más célebre de los terroristas prófugos de ETA como es Josu Ternera. Con esa comunicación, que hacía caso omiso a la vigente orden de detención y captura dictada por el Tribunal Supremo, el presidente del Gobierno, como máxima autoridad del Estado, fue el primero en incurrir, ¿presuntamente?, en el delito de omisión del deber de detener a los delincuentes tipificado como tal en nuestro ¿vigente? Código Penal.


Libertad Digital - Editorial

La Justicia, rehén del proceso de paz

El Ejecutivo socialista frenó la acción de los Tribunales contra ETA y puso a la Fiscalía al servicio de la negociación con los terroristas.

LOS intentos de ver equivalencias entre la reacción del Gobierno de Aznar ante la tregua etarra de 1998 y la negociación mantenida por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero con ETA son un ejercicio de imaginación calenturienta. Por lo pronto, la tregua de 1998 fue una estrategia concertada de ETA y PNV; la de 2006, de Zapatero con ETA. Y si en algún apartado las diferencias se hacen más nítidas es en el de la relación de uno y otro Gobierno con la Justicia. El Ejecutivo socialista frenó la acción de los Tribunales contra ETA y puso a la Fiscalía al servicio de la negociación política con los terroristas. Lo hizo antes y después del atentado terrorista de la Terminal 4 de Barajas.

Empezó con el cese de Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional, aun antes de que ETA anunciara oficialmente la tregua el 24 de marzo de 2006. El Gobierno sabía que Fungairiño no iba a prestarse a componendas. En su lugar fue nombrado Javier Zaragoza. Pronto empezaron a notarse los efectos. La Fiscalía dejó de apoyar la imposición de medidas cautelares contra actos de la izquierda proetarra y facilitó actividades políticas de la ilegalizada Batasuna, por ejemplo, en su reunión pública con el Partido Socialista de Euskadi, en julio de 2006. La compenetración de esta nueva Fiscalía con el juez Garzón fue absoluta —descompensando la independencia del Juez Grande-Marlaska y de otros—, alumbrando trampas como el auto de 26 de enero de 2007, que declaraba la impunidad de la «izquierda abertzale», con la consecuencia de que los Otegi, Permach y otros del mismo jaez podían dedicarse impunemente a la política. Así es como el 23 de marzo de 2007 se produjo uno de los hechos más bochornosos de la historia judicial española, con la absolución forzosa de Otegi, pese a que la sentencia de la Audiencia Nacional declaró que había cometido un delito de enaltecimiento. El fiscal retiró la acusación en el acto del juicio oral. Hubo fiscales que no pasaron por el aro y fueron retirados del caso, como el que se negó a rebajar la pena pedida para De Juana Chaos por un delito de amenazas en octubre de 2006. El mismo De Juana que el 1 de marzo de 2007 fue puesto en libertad, logrando el chantaje que había planteado con su huelga de hambre. No, no todos hicieron lo mismo. Lo que hizo el Gobierno de Zapatero no tiene precedente.


ABC - Editorial

miércoles, 30 de marzo de 2011

Faisán. Por Alfonso Ussía

Se habla y se discute del problema sucesorio en la cúpula del PSOE. Se habla y se discute de los tiempos previstos y los momentos oportunos. Pudiera darse el caso de que los planes se derrumbaran por completo si se confirma la verdad de las actas etarras de la negociación. El faisán, a punto de ser abatido. Sistema democrático y Estado de Derecho son sinónimos. Independencia de los tres Poderes, con mayúscula. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Por las actas etarras –hora es, por su bien y el nuestro, que el Gobierno haga pública las suyas–, el Poder Ejecutivo ha ayudado, a espaldas de la sociedad, al poder terrorista, aún después del atentado de la T-4 de Madrid. Según las actas etarras –hora es, por su bien y el nuestro que el Gobierno nos muestre las suyas–, el Poder Ejecutivo ha invadido sin sobresaltos ni prudencias los espacios reservados al Poder Judicial.

No sólo se trata de la repugnante gravedad que se reúne en un Gobierno que ha podido colaborar con la ETA. Se trata de un atentado contra el sistema democrático, al intentar convertir al Poder Judicial en un títere del Poder Ejecutivo. No es fácil, como recogen las actas, porque siempre existirán jueces honestos y decididos dispuestos a mantener intacta la independencia de la justicia. El antiguo Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional no ha tenido reparos en ser claro y contundente: «Fui cesado por exigencias de los terroristas». Hasta aquí podíamos llegar. Un Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional es cesado porque así lo exige una banda terrorista. Se ha confirmado la presencia del comisario Ballesteros en el Bar Faisán el día del soplo. Y se habla de la sucesión, de los tiempos oportunos, de las cajas de ahorro del plutonio del reactor de Fukushima, de la guerra de Libia y del patatal del estadio lituano donde va a jugar la Selección española. Se habla de todo, cuando de confirmarse el contenido de las actas de los terroristas –hora es, por su bien y el de todos los españoles, que el Gobierno las desmienta con las suyas–, nos hallaríamos ante el atentado antidemocrático más grave de nuestros tiempos de libertad. Más aún que el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, de tan infausto recuerdo. Un Gobierno pactando con la ETA y avisando a los terroristas de los movimientos policiales que podrían dar lugar a su detención, es decir, un Gobierno que procura la fuga de los asesinos humillando a las Fuerzas de Seguridad del Estado, es un Gobierno que no puede continuar ni un día más con la responsabilidad de gobernar España. Entonces, de confirmarse la veracidad de las actas etarras, ni sucesión, ni tiempo, ni oportunismo ni reforma laboral ni vainas. Ese Gobierno, en una nación normal y democrática, caería por su propio peso de irresponsabilidad en menos de veinticuatro horas.

No confío en algunos jueces y fiscales, pero sí en la Justicia. La independencia de la Justicia personalizada en un juez que no se deja atemorizar ha sido la vía que ha abierto la puerta del escándalo. Eso y, no podemos olvidarlo, la impecable e implacable investigación de un periódico, «El Mundo», que ha suplido la nula investigación oficial. ¿Cómo va a investigar el investigado?

¿Cómo va a pretender que resplandezca la verdad quien no ha hecho otra cosa que mentir? Si el Gobierno de España no demuestra fehacientemente que las actas de la ETA son burdas mentiras –y no parecen tener ese cariz–, la única solución es la disolución inmediata del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas. Y todos a la calle. El problema es que más de uno puede terminar en la cárcel.


La Razón - Opinión

ETA. Catarsis. Por Agapito Maestre

Rubalcaba no sólo ha desmentido lo publicado por El País, sino que incluso lo avala al decir: "Hice lo que tenía que hacer" y, precisamente, por eso ETA está acorralada por el Gobierno. ETA está más débil que nunca.

Gobierno y ETA estuvieron negociando, durante dos años, de igual a igual. No es nueva la información. Por el contrario, gracias al esfuerzo y dedicación de la prensa más seria y libre de España, era un secreto a voces que el Gobierno había negociado, cedido, transigido e incluso, presuntamente, colaborado con la banda criminal a través del "chivatazo del Faisán" para que los pistoleros de la banda no fueran detenidos. Entonces, ¿cuál es la novedad sobre esa negociación publicada ayer por El País? Quizá que haya sido publicada por primera vez el acta entera de la negociación. Quizá.

Pero, en mi opinión, lo genuinamente novedoso es que el propio diario de PRISA ofrezca ese acta de ETA. Aparece, sí, toda la información de la negociación por extenso y sin guardarse ningún dato relevante. Es como si este periódico tratase de pasar página sobre un asunto tan escabroso y duro. Se trata de contemplar la "tragedia" de un golpe y salir purificados. El País quiere que su candidato salga fortalecido a través de la katharsis. ¿Conseguirá El País ese objetivo catártico para su candidato? Desearía que fracasará, pero, por desgracia, y sin caer en ningún tipo de derrotismo, posiblemente, logren convencer al respetable de que fue lo mejor que pudieron hacer Zapatero y Rubalcaba. Contarán, sin duda alguna, con el apoyo de la oposición del PP a la "política antiterrorista" del Gobierno, que ha sido, aparte de tibia, muy poco inteligente a la hora de su coordinación con los medios de comunicación más críticos del Gobierno.

Por otro lado, no creo que los medios críticos con el Gobierno puedan hacer frente a los embates que vienen del bloque socialista, es decir, del Gobierno y todos sus medios de comunicación, que sigue funcionando sin fisuras y, sobre todo, alimentando con sus consignas a una población, casi salvaje desde el punto de vista democrático, que no ve mal que se negocie con ETA, si así se acaba con el problema. En fin, con la publicación del acta de ETA, El País entra, definitivamente, en la pelea electoral con una cuestión decisiva que afecta a su candidato, Pérez Rubalcaba, para zanjar el asunto de golpe. De acuerdo, dicen coordinadamente los socialistas y El País, negociamos con ETA, pero gracias a ese trabajo sucio hoy, y esa será una argucia clave de los socialistas en este período, ETA está más débil que nunca. Rubalcaba no sólo ha desmentido lo publicado por El País, sino que incluso lo avala al decir: "Hice lo que tenía que hacer" y, precisamente, por eso ETA está acorralada por el Gobierno. ETA está más débil que nunca.


Libertad Digital - Opinión

Negociación. La pedagogía del cinismo. Por José García Domínguez

El problema no consiste en que España merezca o deja de merecer un Gobierno que mienta. ¿Es España acreedora de otro Ejecutivo que tampoco se atreva a perseguir, procesar, juzgar, condenar e inhabilitar a los perjuros?

Años después lo reveló, divertido, un alto funcionario de la Policía que había participado en aquellas conversaciones de Zurich. Llegado el momento del primer encuentro, quienes allí encarnarían la dignidad del Estado comparecieron, como corresponde, impecablemente vestidos. Frente a ellos, tres gudaris adornados con sendas telas a cuadros de leñador, pantalones de pana con el sello inconfundible de Saldos Arias, y, huelga decirlo, las preceptivas chirucas, tan prácticas en el agro. Únicamente les faltaba un tractor Perkins aparcado a la puerta del hotel. Así, palmario, el contraste entre la elemental tosquedad abertzale y la plástica urbana de los emisarios del Gobierno conmovió, según parece, al vocero de ETA. Al punto de correr a comprarse aquella misma tarde varios trajes y sus respectivas corbatas.

En la segunda ronda, la civilización, aunque solo fuera estética, había ganado su primera escaramuza. Qué distancia infinita con esa promiscuidad ética, formal y retórica, la que certifican las actas del indiscreto grafómano Thierry, ya indistinguibles unos de otros. Tan complacientes, tan colegas, tan refractarios a los fundamentos mismos del Estado de Derecho, tan predispuestos de grado al delito y a la alta traición, diríase que a los emisarios de Zapatero apenas les faltaba un arete en cada oreja y la chupa siempre negra de Otegi. Acaso también el tatuaje de la serpiente en el antebrazo. En el fondo, nada nuevo. De antiguo se propala aquí la pedagogía del cinismo, ese permanente escarnio de las leyes frente al capricho del poder político que, poco a poco, ha carcomido la legitimidad de los cimientos jurídicos del régimen constitucional.

Por algo, su sórdido corolario: el sometimiento del Estado de Derecho a la razón de Estado. Llámese GAL, Mister X o Carlos G., que tanto monta. ¿A qué extrañarse luego de que notorios estafadores y delincuentes comunes anden impartiendo magisterio moral en el foro público? Con lo que los viejos anarquistas llamaban la propaganda por el hecho, la recurrente impunidad de los gobernantes ha precipitado el descrédito del sistema todo. Que de ahí el esperpento. Y es que el problema no consiste en que España merezca o deja de merecer un Gobierno que mienta. ¿Es España acreedora de otro Ejecutivo que tampoco se atreva a perseguir, procesar, juzgar, condenar e inhabilitar a los perjuros? Ésa, don Mariano, es la cuestión.


Libertad Digital - Opinión

Acta final. Por Gabriel Albiac

Una vez más, un poder socialista se puso fuerade la ley y actuósin atenerse a norma.

ES 21 de mayo de 2007. Cinco meses después del atentado en la T4. La delegación de ETA, reunida con la del Gobierno español «en una ciudad europea», plantea su «última propuesta» de abrir «la tercera fase» —la pactada como conclusiva— en la negociación que se abriera el 2005. Fracasa. Extractos de las «actas» de aquello, a lo cual sus protagonistas se referirán elípticamente como «el proceso», serán publicados por Gara un mes más tarde, entre el 21 y el 24 de junio de 2007. De allí las tomé yo, al escribir en 2008 mi libro Contra los políticos. Pero cualquiera pudo consultarlas en estos años sin más que visitar la hemeroteca. Recuerdo cuatro pasajes:

—«El 21 de mayo se celebró la reunión definitiva… Ese día sólo se reunieron las delegaciones de PSOE y Batasuna. La primera rechazó el acuerdo político que se le proponía. Dos días antes, ETA se había comprometido, ante los mediadores internacionales, a desactivar la lucha armada y desmantelar sus estructuras militares, si se lograba un compromiso global y el proceso llegaba hasta el final».


El «compromiso global» se asienta sobre dos cesiones que ETA explicita en su documento:

—«La unidad territorial de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa con un único marco jurídico-político que debe ser refrendado por el pueblo, y el derecho de la ciudadanía vasca a decidir su futuro».

Fija también ETA un procedimiento de reforma constitucional, consensuado con el Gobierno, para conducir sin traumas ese trayecto:

—«Propone que todo se haga partiendo de la legalidad vigente, pero que ésta sea modificada en lo que sea preciso, de modo que no siga suponiendo un límite para la voluntad de la ciudadanía vasca, sino la garantía de su ejercicio».

La propuesta de culminar el camino de dos años era ya irrealizable: los dos cadáveres de Barajas pesaban demasiado. Llegarían tiempos mejores algún día. Es lo que, en su despedida ante los observadores internacionales, formula la delegación de ETA:

—«La organización armada vasca, en concreto, se despidió con el mensaje de que la solución al conflicto vendrá del acuerdo político que no fue posible cerrar el 21 de mayo».

Eso sabemos desde la primavera de 2007. Casi todo. Cuadra con los pasajes nuevos que ahora se hacen públicos de esas mismas «actas». El Gobierno de Zapatero siguió manteniendo conversaciones con ETA tras la T4. El hombre clave de ese juego, a caballo entre legalidad y delito, fue un ministro con larga experiencia en esa variedad de la «razón de Estado» que imperó en los años GAL de Felipe González: Alfredo Pérez Rubalcaba. Dar por toda respuesta que «ETA no es creíble» es tomarnos por idiotas: las actas de ETA no están dirigidas a nadie al cual engañar; son una constancia interna, y engañarse deliberadamente a sí mismo es un oxímoron.

Pero no podemos tampoco sorprendernos ahora. O hacer como que nos sorprendemos. Podemos y debemos confesar que, durante cinco años, nadie se ha atrevido a formular lo que los hechos imponen: que, una vez más, un poder socialista se puso fuera de la ley y actuó sin atenerse a norma. Avisar a los del «Faisán» del riesgo que corrían, les debió parecer una minucia después de todo lo hecho… También Al Capone tenía por minucia no pagar a Hacienda.


ABC - Editorial

Libia...¿y Siria?

Mientras la guerra continúa sobre el terreno, las potencias preparan ya las líneas maestras de la era posgadafista en Libia. La trágica lección de Irak ha acelerado los preparativos para que el presumible desmoronamiento del dictador dé paso a un escenario planificado. Los representantes de unos 40 países y cinco organizaciones internacionales participaron ayer en la conferencia de Londres sobre Libia con el propósito de favorecer una salida política a la actual guerra. Más allá de otras conclusiones tangenciales, hubo consenso en la necesidad de mantener la acción militar hasta que Gadafi deje de atacar a civiles y retire a sus tropas, y también apoyo a la mediación de la ONU entre el régimen y los rebeldes sobre un proceso de transición democrática. El éxito o el fracaso de estas intenciones dependerá de los progresos militares de los sublevados y de hasta qué punto la coalición internacional mantenga el operativo con las limitaciones propias de la resolución de Naciones Unidas o vaya más allá si los sublevados se muestran incapaces de quebrantar la resistencia del dictador. En cualquier caso, el desenlace se presiente complejo y dramático porque los aliados apostaron por una intervención con condicionantes suficientes como para no ser definitiva, entre ellos la no presencia de tropas terrestres. Malo era pasarse, pero también no llegar. El enrocamiento del régimen ante el probable equilibrio de fuerzas podría enquistar un conflicto con incierto epílogo y dificultades para los países participantes. Mientras el foco internacional se sitúa en Libia, los aliados se mantienen ciegos y sordos ante los sucesos de Siria, país clave en una región cuya estabilidad está cogida con alfileres. El guión sirio parece en el origen igual que el de las revueltas sociales en Túnez y Egipto, pero en su desarrollo resulta evidente que Bashar el Asad no está dispuesto a correr la suerte de Ben alí o Mubarak y lo ha demostrado con una brutal represión que ha dejado ya más de 70 muertos, aunque ayer, también en buena medida a semejanza de los otros autócratas de la región con problemas, forzó el relevo del Gobierno, al tiempo que amagó con «anuncios importantes» para el país. La desatención internacional con Siria es imprudente e irresponsable. Ni el régimen de Damasco, ni su historia ni su ubicación geográfica animan a la tranquilidad. Siria no es Túnez ni Egipto ni Yemen ni Bahrein. Hablamos de un país muy hostil con Israel, distante y frío con occidente y que cobija grupos terroristas islamistas. Y de un dictador, heredero del brutal Hafez al Assad, que llegó al poder con la imagen de un tecnócrata reformista y se ha revelado tan duro como su padre. Todo ello sustentado en una estructura férrea de poder controlada por la familia presidencial, que alcanza al Ejército y al temible partido Baaz. No se puede olvidar que Siria es un país técnicamente en guerra con Israel. La creciente inquietud del Estado hebreo por el devenir sirio debería ser también la de las potencias occidentales, que están obligadas a estar en alerta y prevenidas ante un eventual deterioro del delicado equilibrio de una región geoestratégicamente trascendente.

La Razón - Editorial

El País maquilla la infamia

El País trata de encubrir con la "tensión" lo que esas actas vienen a reflejar: que el Gobierno pudo perpetrar, a favor de ETA, numerosos delitos. Todo para intentar contentar a los que no se iban a contentar.

Es lamentable que diversos diarios nacionales hayan ocultado este martes en sus portadas la enorme trascendencia que tienen las actas incautadas a ETA. Peor aún es, sin embargo, que El País haya hecho referencias a ellas, pero no para denunciar sino para maquillar el repugnante grado de degradación moral que alcanzaron los representantes del Gobierno con tal de mantener una falsa pero electoralista paz sobre la base de un mero alto el fuego que había sido previamente pactado con los terroristas a cambio de infames compromisos adquiridos.

Rayando en la complicidad con el Gobierno, la "información" del periódico progubernamental destaca en titulares que "los documentos incautados prueban la tensión de los contactos y que muchas supuestas cesiones del Gobierno no se llevaron a cabo". Reconoce en letra más pequeña que "las actas prueban algunas cesiones que el Gobierno hizo a ETA (supuestas órdenes a la Policia y Guardia Civil para que no hubiera detenciones, dejar en libertad a presos de ETA enfermos, prometer reformas jurídicas para favorecer a reclusos de la banda), aunque en muchas ocasiones esas cesiones no se hicieron o fueron incompletas". Así, pone de surrealista ejemplo de ello que "mientras Thierry escribe que el Gobierno se comprometió a derogar la doctrina Parot, que perjudicaba a presos de ETA, la realidad demostró que el Ejecutivo no hizo nada en este sentido".


Para empezar, que el Gobierno no cumpliera con todos y cada uno de los infames compromisos con ETA a cambio de su tregua no prueba, en modo alguno, que el Ejecutivo no los hubiera adquirido. Y que el Gobierno, a cambio de una tregua, estaba dispuesto a ofrecer a ETA "una salida a los presos", así como un "cambio del marco juridico-político" del País Vasco, para el que se contaría con la entonces "ilegalizada izquierda abertzale", es algo que las actas de dichas reuniones no vienen más que a confirmar. Si no es cierto ese compromiso, ¿por qué el Gobierno de Zapatero no lo negó tajantemente cuando así lo publicó, precisamente El País el 25 de mayo de 2005, meses antes de que ETA anunciara oficialmente el "alto el fuego" y citando a "fuentes socialistas"? ¿Por qué no negaron los emisarios del Gobierno que éste hubiera adquirido esos y muchos otros infames compromisos en el momento, una vez llegada la tregua, en el que los etarras les reprochaban sus incumplimientos?

Por lo demás, el vergonzoso nivel de detenciones a etarras durante el alto el fuego, al contrario de lo afirma El País, es un hecho que queda demostrado por las propias estadísticas, tal y como denunciaron los sindicatos policiales. Las actas sólo vienen a demostrar que era otro compromiso que el Gobierno intentaba cumplir, pero que no siempre lograba gracias a lo que quedaba de Estado de Derecho en nuestro país.

Lo más vergonzoso, sin embargo, es que El País diga, respecto a la decisiva cuestión de la derogación de la doctrina Parot que "la realidad demostró que el Ejecutivo no hizo nada en este sentido". Miente El País. La realidad es que el Gobierno, a traves de su servil Fiscalía, se alineó con la defensa de los etarras enjuiciados en contra de esa doctrina desde meses antes del inicio oficial del "proceso de paz". Lo que ocurre es que el Tribunal Supremo lo impidió.

El periodista de El País comete también el inusitado ejercicio de comparar los acercamientos de presos que hizo Aznar (como también se hizo antes, después y ahora mismo) con los compromisos de impunidad ofrecidos por Zapatero a la banda terrorista. Se silencia así que los compromisos que llevaron a ETA a declarar la tregua del 98 no los adquirió el Gobierno de Aznar, sino los partidos separatistas de Estella a los que luego se sumaría Zapatero invocando la expresión batasuna del "derecho de los pueblos a decidir por sí mismos". Pero lo más grave, al tiempo que inútil, es que se trate de encubrir con la "tensión" de esas reuniones, lo que esas actas vienen a reflejar: que el Gobierno pudo cometer, a favor de una organización terrorista, numerosos delitos tales como colaboración con banda armada,prevaricación, revelación de secretos o incumplimiento del deber de perseguir a delincuentes. Y todo para intentar contentar a los que no se iban a contentar. Como para no estar "tensos".


Libertad Digital - Editorial

La rendición del Estado

La memoria de las víctimas, mil muertos y miles de heridos física y moralmente, no permite dejar pasar este episodio de corrupción institucional como una etapa caduca.

LA revelación de los entresijos de la negociación política entre el Gobierno y ETA demuestra que Rodríguez Zapatero puso en quiebra moral y jurídica al Estado para facilitar un acuerdo con los terroristas. Las actas de las reuniones con los etarras prueban que los representantes gubernamentales atacaron a los jueces que mantenían la lucha antiterrorista, exhibieron como muestra de colaboración los cambios en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ofrecieron cambiar la «doctrina Parot» en el Tribunal Constitucional, comprometieron beneficios penitenciarios para De Juana e incluso para delitos de sangre posteriores al atentado de la T-4, confirmaron que habían dado órdenes de no practicar detenciones y lamentaron no haber podido parar finalmente la operación del bar Faisán. Estos «gestos» del Gobierno hacia ETA no eran otra cosa que una estrategia para bloquear la Justicia, y se corresponden con las decisiones tomadas en el curso de la negociación, como la excarcelación vergonzosa de De Juana Chaos, la manipulación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la retirada de acusación contra Otegui por enaltecimiento del terrorismo y el chivatazo a la red de extorsión etarra en el Faisán.

Y el Gobierno no solo torpedeó el Estado de Derecho, utilizando como propaganda aquellos inefables informes policiales de verificación del alto el fuego que presentaba Rubalcaba. Además blindó el proceso con un método de engaño sistemático que le llevó, según las actas de las reuniones con ETA, a ocultar que sabía que los etarras habían robado 350 armas cortas en Vauvert (Francia), en octubre de 2006, y que las cartas de extorsión que seguían recibiendo los empresarios tras la declaración de tregua de 2006 eran auténticas. Las actas revelan además la disposición del Gobierno a facilitar la financiación de ETA a través de organizaciones internacionales, tras el cese de la extorsión, lo que pone de actualidad las sospechas del ex director general de la Policía, Juan Cotino. Hubo, sin duda, una negociación política a fondo, primero entre Jesús Eguiguren y el etarra Josu Ternera, y luego directamente entre el Gobierno y ETA, con la irresponsable decisión de utilizar a gobiernos extranjeros como mediadores en las reuniones, lo que dio a ETA legitimación internacional. Esta sucesión de actos del Gobierno fue mucho más allá que una mera toma de contacto con una banda terrorista en tregua. Ha habido cooperación con ETA, consumada o en grado de tentativa, mediante chivatazos policiales, el ofrecimiento de financiación e impunidad o la instrumentación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Actos de negociación que, como informó ABC en su portada de 24 de junio de 2007, continuaron después de los asesinatos de la T-4 de Barajas, pese a los desmentidos que realizó entonces el Gobierno. Y este dato demuestra la falta de escrúpulos del Ejecutivo para retomar las negociaciones políticas con los que acababan de asesinar en Barajas a Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio.

Los apologistas del Gobierno dicen que este no cedió a los objetivos de ETA y por eso se rompió el «proceso de paz». No es cierto. La negociación se rompió porque el Gobierno se encontró con la oposición efectiva del PP , la fortaleza moral de las víctimas y la independencia de determinados jueces de la Audiencia Nacional. Para ejecutar el acuerdo con ETA, el Gobierno necesitaba la deslegitimación del PP, a lo que se aplicó desde el comienzo de la legislatura, responsabilizándolo políticamente de los atentados del 11 de marzo de 2004, recuperando la «memoria histórica» antifranquista contra la derecha y creando a su alrededor un «cordón sanitario» antidemocrático. A las víctimas de ETA quiso neutralizarlas promoviendo arteramente la división con las víctimas del 11-M y acallando a los grupos cívicos que habían contribuido a la lucha ideológica contra la banda. Y endosó a los pocos jueces de la Audiencia Nacional que mantenían la lucha contra ETA el estigma de colaboradores del PP.

No hubo mérito alguno en negar a ETA la autodeterminación del País Vasco o la integración de Navarra en él, porque ambos objetivos estaban fuera del alcance del Gobierno. La claudicación de Rodríguez Zapatero ante ETA hay que medirla en función de lo que estaba en su mano dar a los terroristas y realmente les dio. Tan grande es la degradación que revelan estas actas que la responsabilidad del Gobierno no puede saldarse con tres minutos de arenga en una sesión rutinaria de control parlamentario. La memoria de las víctimas no permite dejar pasar este episodio de corrupción institucional como una etapa caduca. No hay precedentes en el mundo democrático de un Gobierno capaz de ofrecer la rendición del Estado a una banda de asesinos. Lo ocurrido coloca al Ejecutivo de Zapatero en el filo mismo del abismo.


ABC - Editorial

martes, 29 de marzo de 2011

La guerra de los acomplejados. Por Edurne Uriarte

Los mismos argumentos que negaban el derecho de injerencia en Irak se ponen del revés para justificar Libia.

SI Libia es la guerra de los intelectuales progresistas como Irak fue la guerra de los neoconservadores, comparación de Margaret Wente en The Globe and Mail, añadamos que Libia es también la guerra de los acomplejados. Sobre todo en España, donde nos hemos quedado cortos quienes predijimos que Zapatero no usaría una sola vez la palabra guerra. Pues la izquierda, empezando por el Gobierno, no sólo evita la palabra, sino que niega incluso la existencia misma de la guerra.

Lo ha hecho el propio comandante al mando de las operaciones que ha dicho textualmente: «No hay ningún argumento técnico que diga que estamos en guerra». Un bochorno intelectual que tiene, en su caso, la excusa de la obediencia que debe un militar al Gobierno, pero que no la tiene en esa izquierda intelectual que ha planteado sin el más mínimo rubor el debate de si lo de Libia es o no es una guerra. Reflejo de los complejos ideológicos que le supone el apoyo a tal guerra. Consciente como es de que ha aceptado las tesis neoconservadoras sobre el uso de la fuerza militar, incómoda en su coincidencia con los neocon en el apoyo a la intervención en Libia.


E insegura con el diccionario progresista de la guerra elaborado a marchas forzadas para refrendar la guerra de Zapatero y de Obama. Diccionario sin la palabra guerra pero con mucho «multilateralismo» frente al «unilateralismo» de Irak, en la confianza de que nadie se tome la molestia de contar los casi 50 países que apoyaron la guerra de Irak, entre ellos la mayoría de los europeos, frente a los 15 que firmaron el documento de París. Con abundante «apoyo europeo» frente a la «división de Europa» y el «corazón de Europa opuesto a Irak», sin que ahora la oposición de Alemania cuente para el corazón europeo.

Y con la particular reconversión de las palabras «masacres» e «insurgentes». Si una masacre describía en Irak las acciones de los aliados y no las de Sadam Husein, en Libia se refiere a los actos del Ejército de Gadafi, mientras que los insurgentes son ahora los oponentes a Gadafi pero en Irak lo eran los hombres de Sadam, oponentes de los aliados.

Como colofón, la adaptación del derecho de injerencia. Los mismos argumentos que negaban el derecho de injerencia en Irak, no se puede intervenir en todas las dictaduras, es peor la guerra que la represión de Sadam, morirán muchos inocentes, se ponen del revés para justificar Libia. Quizá por eso haya decidido Almudena Grandes eludir Irak y recurrir a Franco, o el derecho de injerencia, de Franco a Gadafi. La comunidad internacional debe apoyar a los rebeldes libios como debió hacerlo a los republicanos españoles, asegura el sí, progresista, a la guerra.


ABC - Opinión

Los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta. Por Federico Quevedo

Escribe Alfonso Merlos en su twitter (@alfonsomerlos), con mucha razón, que “en un país serio, con una oposición merecedora de tal nombre, la información de El Mundo habría provocado la caída entera del Gobierno de ZP”. Yo no sé si ustedes han leído lo que ayer relataba nuestra compañera Ángeles Escrivá en el citado diario, pero, francamente, me parece una de las informaciones más graves y de mayor trascendencia que hayamos leído en bastante tiempo, en la medida que pone en evidencia hasta qué punto un Gobierno, en este caso el de Rodríguez Zapatero, ha colaborado con una banda terrorista para buscar unos fines que, a estas alturas, se me antojan imposibles.

En efecto, si algo así hubiera ocurrido en Francia, en Alemania o en Estados Unidos, no duden ustedes de que ninguno de esos gobiernos hubiera resistido el envite de la oposición política y de la presión mediática y social. Pero estamos en España, aquí no solo no dimite nadie sino que encima el principal responsable de una de las mayores vergüenzas de nuestra política antiterrorista, es decir, el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, es el principal candidato a la sucesión de Rodríguez.


Ese mismo Rubalcaba que la noche del 13 de marzo de 2004 decía aquello de que “los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta”, frase que ha pasado a la posteridad, pero que a él mismo le va a pesar como una losa, porque hoy esa frase cabe aplicársela sin lugar a dudas al Gobierno de Rodríguez Zapatero y, sobre todo, al ministro del Interior, el hombre que, como dicen algunos “miente con mayor sinceridad”. El Gobierno ha mentido. Rubalcaba ha mentido. Lo sabíamos, pero la constatación de que es así no deja de resultar profundamente decepcionante, sobre todo tratándose de algo tan dramático como es la lucha contra una pandilla de asesinos. Y todavía hoy, estos mismos que eran capaces de sentarse con ETA, de negociar con ETA y de ceder ante ETA, siguen empeñados en darle a ETA una última victoria permitiendo a los terroristas acudir a las urnas el 22 de mayo.
«Algunos dicen que las víctimas no deben tomar parte de estos procesos, porque están demasiado condicionadas. Si no hubiera sido por las víctimas, y por el PP, como bien ponen de manifiesto los negociadores del Gobierno en su diálogo con los terroristas, hoy estaríamos hablando de la derrota de la democracia y del Estado de Derecho frente a ETA.»
Miren, de las actas conocidas ayer hay detalles que repugnan, como ese momento en el que los negociadores gubernamentales se dirigen a los terroristas para explicarles por qué dos meses después del ‘chivatazo’ no han podido evitar las detenciones de Elosua y sus cómplices les dicen que se trata de “un accidente muy grave, un asunto que viene del juez”. Y uno de ellos añade: “No sé qué deciros, cuando lo escuché me irrité y entiendo que vosotros lo estéis”.

La derrota del Estado de Derecho

Y eso, según el fiscal general del Estado, no es colaboración con banda armada. No, eso debe ser irse a tomar unos txikitos. Durante semanas, meses y años, Rubalcaba y Rodríguez nos han mentido de manera sistemática. Negociaron con ETA, pactaron con ETA; y estaban dispuestos a llegar hasta donde ETA quisiera con tal de conseguir una victoria que no era sino una derrota del Estado de Derecho y de la Justicia, la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo.

Algunos dicen que las víctimas no deben tomar parte de estos procesos, porque están demasiado condicionadas… Hay que tener poca vergüenza… Si no hubiera sido por las víctimas, y por el Partido Popular, como bien ponen de manifiesto los negociadores del Gobierno en su diálogo con los terroristas, hoy tendríamos que estar hablando ya de la derrota de la democracia y del Estado de Derecho frente a ETA, gracias a un Gobierno que nos ha manipulado y mentido a su antojo para lograr un objetivo político que para Rodríguez era imprescindible ya que su consecución -creía él- le hubiera dado la mayoría absoluta en 2008. Es probable que fuera así, pero a cambio de entregar a ETA casi todo lo que se le había venido negando durante los 30 años anteriores, convirtiendo en polvo el sacrificio de casi mil víctimas de la pandilla de asesinos.

Rubalcaba debe dimitir, y como ayer decía González Pons, cada minuto que pasa sin que lo haga implica un poco más a Rodríguez en el asunto del chivatazo. No es que yo crea que no lo está, porque es seguro que nada de esto se hizo sin el conocimiento del propio presidente, como tampoco se hizo nada de lo que se hizo en tiempos de los GAL sin que González lo conociera, pero la dimisión de Rubalcaba podría rebajar la presión sobre Zapatero como la condena de sus colaboradores rebajó la tensión sobre González. Ahora bien, cada día que pasa sin que el Gobierno asuma sus responsabilidades políticas por este caso, que es uno de los más graves de nuestra corta historia democrática, ésta alcanza más alto. Que un Gobierno colabore con una banda terrorista, sea cual sea el fin último de esa colaboración, solo puede acarrear la dimisión de ese Gobierno, porque aceptar eso sería como aceptar la muerte misma de la Justicia y del Estado de Derecho. Y los españoles no se merecen un Gobierno que actúa al margen de la ley.


El Confidencial - Opinión

Comunión de intereses. Por Hermann Tertsch

Es admirable la empatía que revelan los hombres de Zapatero hacia las inquietudes de los terroristas.

SORPRENDE pero es habitual en las cataduras más torvas. Cuanto más soberbios y arrogantes son frente a los adversarios legítimos, más obsequiosos y serviles en turbios cambalaches clandestinos con socios vergonzantes. Resulta casi conmovedora la angustiosa necesidad de complacer a sus interlocutores que muestran los negociadores del Gobierno de España en la última entrega de la larga historia de la infamia de la negociación con ETA que ayer publicaba «El Mundo». Es admirable la empatía que revelan los hombres de Zapatero hacia las inquietudes de los terroristas. Con una mínima fracción de la misma hacia la oposición, en los últimos siete años, no estaría nuestro país en su actual estado de postración económica y social, crispación política ni deriva cainita.

Pero a cada uno hay que tratarlo como lo que es. Los etarras son unos socios para un proyecto conjunto, a llevar a cabo con discreción y malicia, no vayan a saber los españoles lo que estamos cocinando. «Hemos intentado minimizar ciertos hechos por y para el proceso; lo que perjudica al Gobierno os perjudica también a vosotros y al contrario». Lo que es malo para ETA es malo para Rodríguez Zapatero, le intentan convencer al etarra. Que no se fía mucho. No se le puede reprochar. ¡Menuda tropa! Si engañan así a sus electores y a la población. Si tratan a sus propias leyes y a la opinión pública como obstáculos para su negociado. ¡Cualquiera se fía de sus promesas de impunidad! Pero las hacen con insistencia. «Se les ha comunicado a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la Ertztaintza y a la Policía francesa que no hagan detenciones, y ha sido muy difícil pues estas órdenes no se dan por escrito». Ya saben, no se fíen de la Policía. Puede surgir un arrepentido y sacar un papel. Si no lo hay, basta con tacharlo de mentiroso y amenazar con liquidarlo profesionalmente. Alfredo es experto en esto del terror disciplinario en Policía y Guardia Civil. Al fin y al cabo, está para eso. «El Gobierno ha hecho modificaciones con la intención de blindar el proceso: cambios de Gobierno, cambio del fiscal jefe de la Audiencia Nacional». Es cuando hubo que cargarse a Fungairiño, ya saben, el facha de la silla de ruedas que se empeñaba en derrotarles. En fin, todo por el buen rollo. «El Gobierno ha hecho lo imposible en el campo de la judicatura (…) pero el PP ha encontrado su agarradero en jueces y víctimas». Qué remedio, hay que hablar de los enemigos de la paz. «No contábamos con el nivel de ataque del PP, de la mayoría de la prensa y de la AVT». «Los jueces se han convertido en un instrumento del PP y hacen cosas que en otra situación no harían». Por eso ETA debe saber que si cree que hay más represión, «de ninguna manera obedece a un plan diseñado por el Gobierno». Hay que recordarles que se les ayuda a ocultar el impuesto revolucionario. «El ministro tiene un montón de cartas que no ha hecho públicas. Sabiendo que se pide dinero, decimos que no consta que se pida». Y no preocuparse, que tenemos el erario público. «Si el problema es el dinero, siempre se podrá arreglar a través de una organización internacional». A cambio, un poco de comprensión para mantener las formas. «El Gobierno, por medio del fiscal ha actuado convenientemente, pero ante los jueces tiene un tope. Con la Policía, antes del juez, el Gobierno puede actuar, pero al revés no». Poco cabe añadir. Esto, señores, no es el protocolo de una colaboración, no. Esto es más. Es comunión de intereses.

ABC - Opinión

Actas de ETA. Un Gobierno de delincuentes y una tibia oposición. Por Guillermo Dupuy

¿Qué hacía Rubalcaba sino perpetrar un delito de encubrimiento cada vez que decía que "al Gobierno no le constan esas cartas de extorsión", aun cuando su existencia había sido reconocida y justificada hasta por la propia ETA en Gara?

Ante las actas de la reunión del 22 de junio de 2006 que mantuvieron los representantes del Gobierno y ETA, cuyo contenido publica el diario El Mundo este lunes, no se me ocurre mejor comentario que el que hiciera nuestro diario 19 días después de que se produjera esa infame reunión, aun sin tener conocimiento de ella, en un editorial que, precisamente, llevaba por título "un pacto entre criminales y mentirosos".

Y es que esas actas, en el fondo, no vienen sino a confirmar lo que desde hacia mucho tiempo era evidente: a saber, que el proceso de paz de Zapatero no se trataba de un error como el que había cometido Aznar y sus antecesores con otros "procesos de paz", sino ante un infame proceso de colaboración con una organización terrorista que, exceptuando Estella o Perpiñán, no tenía precedentes en nuestra historia. Esa infamia era evidente desde antes incluso de empezar oficialmente ese "proceso de paz"; pero por aquel entonces eran muy pocos los medios de comunicación que parecían ser conscientes de la extrema gravedad de lo que estaba pasando. Hasta el diario El Mundo se permitió reprochar editorialmente a Rajoy lo que este, en una buena tarde, le dijo a Zapatero en el debate sobre el Estado de la Nación de mayo de 2005: "usted traiciona a los muertos y ha revigorizado a una ETA moribunda".


Ahora esas actas, que El Mundo tiene el acierto de publicar, simplemente confirman que el posterior "chivatazo" a ETA no es más que un capítulo de una historia de infamia que arranca desde mucho tiempo atrás, y en la que, en nombre de una paz envilecida y a las ordenes de un Gobierno aliado con formaciones separatistas, se perpetraron muchos más delitos que el que se cometió en el bar Faisán. En este sentido, ¿nos debemos sorprender ahora de que el Gobierno perpetrara el delito de eludir el deber de detener a delincuentes? Pero, ¿qué hacía Zapatero sino eso cuando, en lugar de dar órdenes de apresar, se dedicaba, por ejemplo, a enviar mensajitos a Josu Ternera a través de Eguiguren? Asimismo, ¿nos debemos sorprender, ahora, cinco años después, de leer que "el ministro tiene un montón de cartas [de extorsión] que no ha hecho públicas"? Pero, ¿qué hacia Rubalcaba sino encubrir ese delito etarra cada vez que decía que "al Gobierno no le constan esas cartas de extorsión", aun cuando su existencia había sido denunciada por sindicatos policiales, por empresarios que habían sido destinatarios de ellas, y hasta por la propia ETA, que los había justificado en Gara por razones de financiación?

Ahora lo que nos debe estremecer –aunque tampoco sea para nada novedosa– es la tibia reacción del principal partido de la oposición ante la confirmación de la infamia perpetrada por este Gobierno felón y delincuente. Sáenz de Santamaria se ha limitado, ante un corrillo de periodistas, a pedir explicaciones genéricas a Rubalcaba, a quien aun le ha concedido el beneficio de la duda. Rajoy ni siquiera ha querido hacer la más mínima declaración. En cuanto a las peticiones de dimisión de Rubalcaba que se han hecho desde el PP, además de vagas y ya conocidas, son improcedentes por cuanto lo que apuntan esas actas no es una responsabilidad política sino una responsabilidad penal del ministro y del Gobierno en ese proceso de colaboración con banda armada.

¿Se quiere acaso desde la dirección del PP pasar página a la "paz sucia" de Zapatero como en parte se hizo con los GAL? En ese caso, ¿cómo es posible que gente que arriesga su vida ante ETA la silencien ahora nauseabundas razones de Estado o cálculos electoralistas que recomiendan un perfil bajo de oposición, centrada exclusivamente en la crisis económica?

Yo no sé a ciencia cierta a qué se debe tan clamorosa falta de ponderación en la reacción del PP ante una asunto de tan extrema gravedad. Lo único que puedo hacer es recordar por enésima vez, y por este mismo asunto, lo que decía Julián Marías para no eludir los extremos cuando es menester: "Una estimación tibia ante lo que merece entusiasmo es un error; un débil desagrado o mohín de displicencia ante lo repugnante es una cobardía".


Libertad Digital - Opinión

El sucesor. Por M. Martín Ferrand

Entender a Rubalcaba como hombre de Estado mejor que como muñidor de partido significa una cierta miopía.

HUBO un tiempo, cuando los trenes no tenían tanta prisa como tienen hoy, en que el ferrocarril asociaba sus encantos a los sabores típicos de cada una de sus estaciones. Entre París y Estambul, a finales del XIX, Wagon-Lits agasajaba a los viajeros del Oriente Express en el restaurante más lujoso del momento, que se lo pregunten a Hércules Poirot. Más modestamente, las estaciones españolas, las paradas de cualquier convoy —ascendente o descendente, según el lenguaje ferroviario— eran coreadas por vendedores que, según los casos, ofrecían «leche de las Navas del Marqués», «mantecados de Astorga» o «pantortillas de Reinosa». En Alcázar de San Juan lo suyo eran las «tortas» que, curiosamente, volvieron a ser notables, lejos de la estación y de su acepción nutricia, este pasado domingo, a mayor gloria aparente de José María Barreda y en propuesta de una opción sucesoria socialista.

Lo que estaba previsto como acto electoral a favor del citado Barreda se convirtió en exaltación de Alfredo Pérez Rubalcaba como sucesor de José Luis Rodríguez Zapatero. Una auténtica torta —de Alcázar, pero sin huevos, harina ni azúcar— en la mejilla del todavía presidente del Gobierno. José Bono, más entusiasta que nadie, como corresponden a su desmesura, ofrecía al vicepresidente efectivo, cetrero con faisán en vez de halcón, «todo» su apoyo ya que es «un hombre de Estado» con gran «experiencia». Entender a Rubalcaba como hombre de Estado mejor que como muñidor de partido y aparato significa una cierta miopía política; pero, aún así, cabe la proclama como respuesta a Emilio Botín y sus tres acompañantes en el deseo de la perpetuidad de Zapatero.

Zapatero se ha sublimado. Ha pasado del estado sólido al gaseoso y, digan lo que digan sus beneficiados, el PSOE, que es una empresa además de un partido, tiene que cuidar la continuidad en el empleo de quienes han hecho profesión de su militancia. El debate sobre su sucesión, y la sucesión misma, es algo inevitable. Vista la diferencia de talla y peso entre las dos opciones cantadas, Rubalcaba y Carme Chacón, y la entrega alcazareña de Bono, un hipotético tercero en discordia, el también ministro de Interior debiera ofrecerle un homenaje al hombre que, con su vaciedad y contumacia parlamentarias, más ha contribuido a subirle al pedestal de su actual grandeza: Ignacio Gil Lázaro. En política, al margen de los méritos propios, que no suelen ser determinantes, la gloria de un personaje se labra con las torpezas del adversario mejor que con los aciertos de los afines. Sin los miércoles de Gil Lázaro, tonante y hueco, Rubalcaba sería un poquito menos grande.


ABC - Opinión

Actas de ETA. Los intestinos del trato. Por Cristina Losada

Entonces había que creer a los terroristas y los no creyentes eran escoria: mala gente que no deseaba el final de la violencia, ¡que quería que hubiera más muertos! Ahora, sin embargo, los criminales son mentirosos.

Parapetado tras dos principios respetables, que ha incumplido con tesón, el Gobierno quiere sacudirse el enojoso asunto de las actas incautadas a ETA sobre el episodio del Faisán. No es para menos. La exclusiva del diario El Mundo presenta a los enviados de Zapatero tan servil como intensamente dispuestos a contentar a los criminales. De todo les ofrecen a fin de apaciguarlos, igual que los aldeanos atemorizados por monstruos insaciables en fábulas y cuentos, y nunca jamás dicen basta. Ni honor ni orgullo, ya perdidos de antemano al acceder a tal descenso, a ese chalaneo en el que parten humillados tras reconocer que el asesino tiene la sartén por el mango. Aunque en el yermo moral que reflejan los papeles, sobresale el impúdico cinismo de quienes no conocen ley ni justicia que no puedan ser vulneradas y torcidas. Al punto de que cuando, por un mal azar, no es posible alterar su curso, ofrendan cabezas cortadas y enemigos a los que habrá que dar un tajo. Así son los intestinos del trato.

No veracidad, no publicidad. Tras esos burladeros se han refugiado el secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho, y el Gobierno en pleno, por tanto. No comment, pues, ya que no se puede dar credibilidad a una banda terrorista ni publicidad a sus notas ni comunicados. Qué tardía y oportunamente recuerdan esas elementales normas. Lástima que Zapatero, sus ministros y su partido las violaran una tras otra. Tanta veracidad confirieron a la palabra de la ETA y tanta publicidad le concedieron, que el propio presidente glosó, jubiloso, aquel comunicado de tregua y, con las campanas de la paz, verificó el "alto el fuego" y el engaño a la opinión pública. Entonces, había que creer a los terroristas y los no creyentes eran escoria: mala gente que no deseaba el final de la violencia, ¡que quería que hubiera más muertos! Ahora, sin embargo, los criminales son mentirosos. Claro. Por más que un tópico absurdo predique que "nunca mienten". Pero el atolladero del Gobierno se erige sobre las mentiras propias.

Desde el atentado de la T-4, los socialistas asumieron el papel de una caperucita que se encontró, de repente, sorprendida, con las garras, los dientes y la ferocidad del lobo. Quién nos iba a decir que eran tan malos. Pero su conducta, su decidido asalto al Estado de Derecho en beneficio de la negociación con ETA, desmiente la inocencia. Esas actas publicadas no desmienten, en cambio, los actos y los hechos vergonzosos.


Libertad Digital - Opinión

El cartero del bar Faisán. Por Ignacio Camacho

El caso Faisán es una factura perdida del «proceso de paz» que la justicia ha dejado en el vestíbulo del poder.

EL cartero de la política siempre llama dos veces a la misma puerta. Hay momentos en los que da la impresión de pasar de largo con las facturas del ejercicio del poder pero luego acaba llamando de nuevo para entregarlas a su destinatario. El sumario del bar Faisán es un envío postal perdido que la justicia ha depositado en el vestíbulo de La Moncloa con acuse de recibo; en su interior va la minuta del proceso de negociación con ETA que Zapatero y Rubalcaba habían dejado sin pagar en la primera legislatura.

El diálogo con los terroristas vascos fue el proyecto clave del anterior mandato zapaterista. El presidente salió indemne del fracaso de su apuesta porque la sociedad entendió que estaba decidido a rectificar y le otorgó una amnistía política. Sin embargo, en esos años ocurrieron cosas infames de las que ningún Gobierno se puede ir de rositas, y el chivatazo del Faisán representa el epítome de esos episodios de indignidad. Su explosión judicial puede reventar en plena cuenta atrás de la sucesión de Zapatero y será difícil que el principal candidato al relevo logre escapar de la onda expansiva. Aunque tal vez la cadena de mandos policiales sirva de cortafuegos en la delimitación penal de un delito execrable, unos hechos de esa índole ignominiosa exigen la depuración de responsabilidades en el plano moral y político. El asunto es muy desagradable, profundamente antipático, pero un Estado de Derecho no puede consentir que los representantes del orden público favorezcan por ninguna razón ni por ningún motivo la impunidad de los miembros de una banda armada.


Más allá del soplo a los extorsionadores de empresarios, los detalles conocidos de la negociación con ETA retratan a un Gobierno entregado, dispuesto a cualquier cosa para salvar su errático plan aventurerista. Es cierto que después rectificó pero lo hecho, hecho está, y además la rectificación no fue fruto de la convicción de un error sino del delirio de unos terroristas a los que se les antojaba escasa la humillación que les ofrecía un Estado democrático. Fueron ellos los que echaron por tierra el famoso proceso, en el que Zapatero llegó mucho más lejos de lo que aconsejaba la razón y dictaba la decencia: incluso a seguir hablando con la banda después del atentado de Barajas. Los preocupantes avatares de la crisis económica dejaron esa desgraciada peripecia en estado de aparente prescripción política, pero los posibles delitos que investiga la causa no han prescrito y además tienen la peligrosa propiedad de rescatar la memoria asociada de otras responsabilidades y compromisos.

Eso es lo que está ocurriendo con el caso Faisán, que vuelve del pasado como un fantasma con cuentas pendientes, y no sólo en el ámbito penal. En uno de los momentos más delicados de esta legislatura, Zapatero y su valido se enfrentan a un viscoso debate retroactivo con los más comprometedores demonios de su pretérito imperfecto.


ABC - Opinión

Concierto. El precio de CiU. Por José García Domínguez

Contra lo que quieren creer tantos aprendices de brujo tributario, el imposible concierto catalán no acarrearía privilegio alguno con respecto al sistema vigente, el establecido en la LOFCA. Ni un mísero euro extra. Nada.

Acaso la incapacidad congénita para entablar una mínima, elemental relación de eficiencia con el universo real, sea lo que aboca a los catalanistas a esa querencia tan suya por las quimeras fantasiosas y los delirios lisérgicos. Si bien se mira, les ocurre como a los firmantes de aquel célebre manifiesto insurreccional peruano que daba comienzo con la siguiente confesión de parte: "Estamos contra todas las leyes, empezando por la de la gravedad". Así Artur Mas, que se ha plantado en Madrit al objeto de anunciar a diestra y siniestra la nueva tarifa de los servicios parlamentarios de CiU a partir de 2012. Léase el concierto económico. He ahí, entonces, la enésima afrenta mítica que les permitirá seguir alargando hasta el infinito la tensión escénica con el taimado Estat espanyol, artero inductor de los males todos que padece la virginal cenicienta que responde por Cataluña.

Pues, al fin acampado extramuros de la semántica constitucional, el Muy Honorable finge desconocer el artículo 157.3 de la Carta Magna, ése que ordena de modo expreso, taxativo e indubitado que habrá de ser una ley orgánica quien determine la financiación de todas las comunidades autónomas de régimen común. Una ley orgánica, no la soberana y caprichosa voluntad solipsista de la Generalidad. Por cierto, fiebre imperial, ésa en la que ha vuelto a recaer Mas, cuya primera cura terapéutica corrió a cargo del Tribunal Constitucional, sentencia del Estatut mediante.

Al respecto, no otro era el propósito de injertar en el articulado los ignotos "derechos históricos" de la feligresía local: alumbrar con fórceps un nuevo arcaísmo fiscal, a imagen y semejanza de la impostura histórica que rige en el País Vasco y Navarra. Aunque, contra lo que quieren creer tantos aprendices de brujo tributario, el imposible concierto catalán no acarrearía privilegio alguno con respecto al sistema vigente, el establecido en la LOFCA. Ni un mísero euro extra. Nada. Razón de que únicamente la tan grosera como sistemática falsificación de las cifras del cupo permita que continúe en cartel el tocomocho impositivo euskaldún, esa chusca comedia de costumbres. Muy burdo engaño contable que, huelga decirlo, requiere del preceptivo chantaje político al Gobierno de turno para que el timo de la estampita foral devenga eficaz, año tras año. Y en esto llegó Artur.


Libertad Digital - Opinión

El inquietante futuro de Cataluña. Por Manuel Ramírez

«La Constitución hay que concebirla como un todo. Lo contrario bien puede quedar en algo parecido a una Guía de Ferrocarriles»

TENEMOS presente que, de entrada, habrá dos sectores, en Cataluña y fuera de ella, para quienes el título de estas líneas no ocasione ningún tipo de inquietud. En primer lugar, aquellos para quienes el citado futuro está bien claro: se está en el camino de la próxima obtención de la independencia. A fin de cuentas, al terminar el presidente Mas su discurso de toma de posesión y asomarse al balcón para saludar, las personas allí concentradas lo que hacían era gritar ¡independencia, independencia! A fin de cuentas, un sector de la opinión pública, sobre todo de jóvenes. Y, en segundo lugar, aquellos otros para quienes creen que se trata de mera campaña electoral y que todo se quedará en palabras que en nada se plasmarán. Por ello, para este segundo sector tampoco hay nada de inquietud: a la postre, no pasará nada.

Pero, a mi entender, tanto lo aparecido en la última campaña electoral, cuanto en posteriores declaraciones y discursos, sí arroja un cúmulo de factores que siembran dudas harto preocupantes. En el terreno puramente electoral, creo que puede mirarse de soslayo un resultado en el que el partido de Laporta, preconizando una consulta inmediata sobre la independencia, haya obtenido nada menos que cuatro escaños en el Parlamento catalán. Así. De inmediato y sin esperar más. Diga lo que diga el Estado central y la vigente Constitución. Y se retoma la para mí dudosa afirmación de que en nuestra democracia todo es posible y todo tiene cabida salvo el empleo de la violencia. Por supuesto, mi discrepancia al respecto, según se expondrá más adelante.


Sin embargo, quizá resulten más preocupantes las afirmaciones del presidente Mas. Anuncia en su discurso de posesión su decidida intención de «construir la nación de Cataluña», mediante, tras la ruptura «entre Cataluña y el Estado», iniciar una «transición catalana» con base en el derecho a decidir. Y añade: «Si Cataluña es una nación, y lo será mientras los catalanes lo quieran, y no es simplemente una derivación o un subproducto constitucional, los catalanes tenemos el derecho democrático a decidir sobre lo que nos conviene como pueblo». En la frase asoma ya algo que se sabía: la desconsideración de lo constitucional, actitud no exclusiva del presidente Mas. Esta pretensión resulta especialmente inquietante por tres importantes razones. Ante todo, su carácter claramente anticonstitucional. El art. 2º de nuestra actual Ley de Leyes, aprobada en su día por todo el pueblo español, lo establece sin lugar a dudas: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Obsérvese que esa unidad indivisible es algo previo a la misma Constitución, dado que ésta «se fundamenta» en lo anterior a ella. En segundo lugar, esta afirmación o similar se encuentra ya en el primero de nuestros textos constitucionales y desde entonces se ha mantenido inalterable, pese a los cambios de régimen político de nuestra historia política. Nada menos que la Constitución de 1812 establece ya este principio en su art. 3º: «La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales». Al llegar a nuestro actual Estado de las Autonomías, se delegan competencias concretas, pero, como es lógico, nunca el principio de esa unidad de la Nación. Ningún órgano o parlamento autonómico, regional o local puede aprobar leyes ni acuerdos que vayan en detrimento de la unidad de la Nación soberana. Ya el mismo Bodino puso especial énfasis en el

carácter indivisible de la soberanía. Y, en tercer lugar, el supuesto básico de la unidad de la nación española se encuentra mucho antes de cualquier texto constitucional. Es una conquista histórica que nuestra patria hereda tras largos tiempos de Reconquista y mediante la unión que protagonizan los Reyes Católicos. Y ahora, una «transición catalana» para construir una nueva nación. ¿Alguien se puede imaginar que cualquier jefe de Gobierno del Estado, al tomar posesión dijera sin recato que venía a «construir la tercer República Española? Pues algo así es lo que hemos tenido que oír y sin que nadie diga nada, claro. El consuelo queda en el hecho de que en la misma Constitución se establecen los resortes para que no se pueda romper la indisoluble unidad de la Nación española, como única Nación.

Pero hay mucho más. En el acontecer de estos últimos meses, los hechos y no ya las palabras, siembran niveles mayores de inquietud. Pujol ataca frontalmente al Tribunal Constitucional. El desprestigio de esta instancia máxima aflora por doquier. ¡Hasta una multitudinaria manifestación «espontánea» grita contra la sentencia que dicho Tribunal logra aprobar sobre el nuevo Estatuto Catalán, negando la validez del término Nación para Cataluña! Da igual. No se le hace caso y en paz. Tampoco se cumplen las sentencias del Tribunal Supremo sobre materia educativa en Cataluña. El ahora presidente Mas hace caso omiso, junto al sorprendente aliado PSC, de la obligación de «introducir» el castellano en la Escuela. Y no conforme con ello, propone limitar las plazas de estudiantes no catalanes en las Facultades de Medicina mediante «pruebas adicionales», algo que rompe cualquier declaración de igualdad establecido también en la Constitución. Y esconden la inquietud cuando, con palabras, gritos y silbidos se recibe al Rey, quien es precisamente símbolo de la unidad del Estado (art. 56 de la Constitución), cuando aparecen agencias o embajadas de Cataluña en el extranjero, siendo la política exterior competencia estatal o, en fin y por cerrar de algún modo este triste repertorio, cuando ante cualquier acontecimiento con relieve informativo permanecen pancartas, por nadie molestadas, en las que se lee lo de que Cataluña «is not Spain» ¿Es que nada de todo esto produce algún grajo de inquietud? ¿Tampoco la quema de banderas de España ante la impasividad general? Un único punto para la esperanza: las declaraciones de Ciudadans hablando de lo peligroso del nacionalismo y rechazando el peligro de un nuevo Kosovo. O, desde algo más lejos, la rotunda afirmación de Vargas Llosa: «Los nacionalismos periféricos son una constante amenaza a la convivencia».

Llegados a este punto, puede surgir la duda, antes señalada, de si todos estos desatinos no están amparados por el art. 20 de la Constitución que reconoce la libertad de expresión. Mi respuesta es claramente negativa. Todos los derechos tienen un límite. Y, en el caso de este artículo, se establece como límite, entre otros y «especialmente», el derecho al honor de los demás. Por «lo demás», ¿no puede entenderse el resto de los españoles y de no pocos catalanes? Pero hay más. En el art. 9 es posible leer que «Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico». Sí: todos los ciudadanos y mucho más aquellos en los que la condición de ciudadano se una con la de poder público. Y nuestro argumento bien puede rematarse con el hermoso comienzo del art. 30 (por lo demás heredado nada menos que del famoso deber de «amar a la patria» que establecía nuestra primera Constitución de 1812) en el que se dice que «Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España». Y es que la Constitución hay que concebirla como un todo. Lo contrario bien puede quedar en algo parecido a una Guía de Ferrocarriles. ¿Solución? Ninguna, afirmaba Azaña durante la guerra civil, tras denunciar el escaso apoyo que Cataluña prestaba a la República de todos, y se tuviera el régimen que el país tuviera. Y, con algo de más optimismo, de «conllevar» había hablado Ortega cuando el 13 de mayo de 1932 toma la palabra en el debate sobre el Estatuto de Cataluña: hay dos posturas irreconciliables y por ello no cabe una solución total. Lo correcto es conllevar, acoplando el tema a las circunstancias de cada momento. Puede que el siempre maestro llevara razón. Pero si así fuera, lo que no es posible negar es el enorme grado de autonomía que la Comunidad autónoma de Cataluña posee en nuestros días. ¿Ampliable? Es posible. Pero, por supuesto, sin dañar al todo que es la Nación española, alejando cualquier asomo de inquietud.


Manuel Ramírez es Catedrático de Derecho Político.

ABC - Opinión