Con gran entusiasmo y abuso de superlativos, el ministro de Fomento anunció ayer el acuerdo con los sindicatos sobre los servicios mínimos que deben regir el día de la huelga general, el próximo miércoles día 29. «Es un acuerdo histórico», proclamó José Blanco para subrayar que nunca antes se había logrado; igual satisfación mostraron los dirigentes sindicales, hasta el punto de que lo han puesto como ejemplo a seguir en futuras huelgas. Sin embargo, detrás de tanto parabién se percibe una estrategia política, diseñada por negociadores ideológicamente afines, para utilizar el acuerdo como arma arrojadiza contra los gobiernos autonómicos del PP. Así se ha comprobado claramente en Madrid, donde los sindicatos no han demostrado interés en consensuar nada. Muy al contrario, su actitud ha sido de confrontación y beligerancia, nada que ver con el tono conciliador empleado con el ministro de Fomento. Tensiones parecidas se han registrado en otras comunidades gobernadas por el PP, como Galicia y Castilla y León; en Valencia, el consenso ha sido precedido por descalificaciones de grueso calibre. Por el contrario, en Andalucía y Cataluña los sindicatos han sido una balsa de aceite. No parece que estos alineamientos y desencuentros carezcan de intención política. La prueba es que los servicios mínimos pactados por los sindicatos con Blanco son prácticamente los mismos que fijó Álvarez Cascos, ministro de Fomento de Aznar, para la huelga de 2002. ¿Por qué en aquel entonces los dirigentes sindicales recurrieron ante el Tribunal Supremo los servicios mínimos fijados por Cascos y ahora los presentan como un hito histórico? Sería de ingenuos esperar que el actual sindicalismo español, lastrado por los prejuicios ideológicos, tratara de igual modo a un Gobierno de izquierdas que a otro de derechas. Por encima de su actual distanciamiento, la sintonía política de CC OO y UGT con el PSOE está a salvo y es la que ha permitido al ministro de Fomento presentarse ante la opinión pública como el campeón de los pactos, cuando en realidad el verdadero pacto es muy otro: no hacerse daño entre ellos y desviar toda la agresividad política hacia el PP y sus gobiernos regionales, empezando por el más significativo: el de Esperanza Aguirre. Por lo demás, la cuestión central de los servicios mínimos no es tanto el porcentaje que se ha fijado para cada uno de ellos, pues siempre serán discutibles, cuanto su estricto cumplimiento. De nada sirve, por ejemplo, que se establezcan en un 20% los transportes de cercanías, si luego los piquetes los boicotean en las horas punta y siembran el caos para impedir que los viajeros lleguen a su puesto de trabajo. En este punto, el Gobierno debe actuar con el mismo celo y entusiasmo exhibido con los sindicatos para garantizar el derecho al trabajo de cuantos, en uso de su libertad, decidan no secundar la huelga y llevar a cabo su jornada laboral con normalidad. Tanto derecho tienen los sindicatos a parar como los trabajadores a trabajar. Si el Gobierno no pusiera los medios necesarios para hacer cumplir los servicios mínimos y para proteger a los obreros de piquetes y coacciones significaría que el «acuerdo histórico» del que se ufana Blanco incluye cláusulas secretas nada democráticas.
La Razón - Editorial
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