jueves, 24 de junio de 2010

Desorientados en el G-20. Por Valentí Puig

LAS cosas del G-6 comenzaron como encuentro de los seis países más industrializados para hablar de modo informal sobre la economía mundial. Eso fue a principios de los años setenta. Con Canadá ya sería G-7. Al añadirse Rusia, se convirtió en G-8, y con los países emergentes hoy es el G-20, como club selecto de la globalización y de lo que se llama hoy gobernanza económica. Al iniciarse la cumbre de Toronto, la primera gran crisis de la globalización y del euro parece estar amainando, aunque no falta nunca un gurú que vaticine la recaída en el purgatorio. Los Estados Unidos, Europa y el bloque emergente expondrán criterios muy dispares, pero la tendencia general es recortar de modo severo el gasto público y, en algunos casos, subir los impuestos. Los endeudamientos son colosales. Japón —miembro fundador del G-6— va a congelar el gasto público por tres años: memorable estreno del primer ministro Naoto Kan. La desorientación lo condimenta casi todo. Al final, las videoconferencias acabarán siendo una rutina.

Se impone un rigor presupuestario que, al menos transitoriamente, afectará a los modelos sociales, como el Estado de bienestar en Europa. Según el «Financial Times», en Toronto se dará una contraposición entre las economías avanzadas que optan por reducir como sea el gasto público y los países emergentes decididos a aumentar la presión fiscal. Aunque se hable de un reencuentro milimetrado, también puede aflorar en Toronto el contraste entre la opción de austeridad alemana y los estímulos al crecimiento que prefiere Obama.

España consta en el G-20 con un «status» peculiar, pero vale más estar que quedarse en el limbo. Según el Gobierno, se está «de facto», como invitado permanente, pero no como miembro fijo. Si la presencia de España se debe a su condición de octava potencia económica mundial, el impacto de la recesión obliga a aseveraciones cautas y, seguramente, a explicarse debidamente sobre las reformas en curso. Zapatero estuvo en el G-20 de finales de 2008, como cuota de la representación europea, a instancias de Sarkozy, quien cedió uno de los dos asientos que le correspondían, como miembro fundador del G-8 y como presidente rotatorio de la UE. También estuvo en abril del año siguiente, aunque la vicepresidenta Salgado luego no fue invitada a la reunión de ministros de economía, en Washington. Aznar, cuando España tuvo la presidencia semestral de la UE, participó en el G-8.

Es tal la mecánica de lo que va del G-7 al G-20 que ya son más importantes los comunicados finales que el contenido real de unos debates internos que programan con mucha antelación los «sherpas», esos altos funcionarios que en representación de cada país y a modo de los guías del Himalaya intentan darle cauce a cada cumbre. Las que inicialmente iban a ser charlas entre los grandes, junto a la chimenea, hoy ya son parte del gran circo mediático. Aun así, el G-20 es un foro multilateral de mucha sustancia. Andan por ahí sueltas muchas fieras por domesticar, desde el tobogán de las finanzas salvajes a las erupciones del desorden mundial.


ABC - Opinión

Reforma laboral. Corbacho y el abaratamiento del despido. Por Emilio J. González

Lo más probable es que las cosas se queden como están ante la falta real de voluntad política por parte de unos y otros a la hora de cambiarlas. Aquí nadie se quiere 'mojar' por temor a perder votos.

Dice el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que la reforma laboral no abarata el despido, y tiene razón porque ni es intención del Gobierno el que así sea, ni creo que durante la tramitación urgente de la misma como proyecto de ley vaya a cambiar sustancialmente las cosas. Me explico.

Ya he comentado anteriormente que aunque el decreto ley que el Gobierno ha convalidado esta semana incluye la posibilidad de que las empresas puedan llevar a cabo despidos con una indemnización de 20 días por año trabajado y un máximo de una anualidad –frente a los actuales 45 días, con un máximo de cuatro años de sueldo–, lo cierto es que no concreta las "causas objetivas" que permitan acogerse a dicha posibilidad. Por tanto, todo queda a la libre interpretación de los jueces de lo social, quienes, como ya se sabe, están para dar sistemáticamente la razón al trabajador. La tramitación como ley por la vía de urgencia de la reforma laboral puede cambiar las cosas. Sin embargo, hoy por hoy no se dan las circunstancias políticas para ello.


El Gobierno podía, y debía, haber sido mucho más concreto en este punto. Sin embargo, Zapatero ha sacado la calculadora electoral y, después de hacer unos cuantos números, ha optado porque sea otro, y no el socialista, el partido que se queme yendo más allá de donde ha ido el Ejecutivo. A ZP le basta con que los mercados hayan recibido el mensaje de que el Gabinete está por la labor de poner toda la carne en el asador para superar tanto el riesgo de suspensión de pagos como la propia crisis económica y los mercados, de momento, se lo han creído, como muestra la reducción del diferencial de tipos entre el bono español y el alemán. Dudo mucho de que el presidente del Gobierno tenga la intención de ir más lejos de esa ambigüedad calculada con la que ha despachado una cuestión tan impopular como el abaratamiento del despido, al menos mientras los mercados, el Fondo Monetario Internacional o la Unión Europea no le obliguen a ello. Hacerlo significaría, de entrada, ir contra los propios principios de Zapatero, que éste defiende con tanto ahínco aunque sea a costa de la ruina de España. Hacerlo implicaría también el riesgo de provocar una guerra abierta entre el Ejecutivo y unos sindicatos, los nuestros, que rechazan abiertamente cualquier posibilidad de flexibilización del mercado de trabajo. Y ZP no quiere esa guerra por nada del mundo. Además, ¿quién apoyaría a los socialistas en semejante caso? Desde luego, la izquierda parlamentaria no. Zapatero tendría entonces que fiarlo todo a conseguir los apoyos necesarios entre la oposición no de izquierdas y la duda es si lo harían, se abstendrían o votarían no. En cualquier caso, esto es una cuestión secundaria porque lo más probable es que los socialistas no se atrevan a concretar las causas del despido de 20 días por el temor a seguir perdiendo popularidad y terreno en las encuestas.

¿Y la oposición? Pues sucede que lo malo de todo esto es que lo de la reforma laboral se está dirimiendo en unos momentos políticamente complicados. CiU se enfrenta este otoño a unas autonómicas catalanas tras las cuales espera volver a ocupar el palacio presidencial de la plaza de San Jaume. Y el PP, por ahora, sigue en la posición de que las consecuencias políticas de las medidas contra la crisis se las coma quien la creó y quien se negó a pactar nada con ellos al respecto. Además, sus líderes se han manifestado en las últimas semanas contrarios al abaratamiento del despido e, incluso, han autodenominado al PP como el "partido de los trabajadores". Así es que, por ahora, tampoco cabe esperar de ellos que se metan en semejante charco. Y aunque lo hicieran, ¿serían capaces de conseguir los respaldos necesarios en el Parlamento para sacar adelante esa propuesta? No si los socialistas no les apoyan o, simplemente, se abstienen en lugar de votar ‘no’, que es lo que le pide el cuerpo a un Zapatero que, incluso ahora, con la que está cayendo y la que puede caer sigue con sus estrategias de desgaste del adversario por cualquier medio a su alcance.

En este contexto, por tanto, lo más probable es que las cosas se queden como están ante la falta real de voluntad política por parte de unos y otros a la hora de cambiarlas. Aquí nadie se quiere ‘mojar’ por temor a perder votos y porque, en última instancia, lo que cuenta para ellos son sus propios intereses y estrategias. Así es que al final y por una vez, sin que sirva de precedente, Corbacho dice la verdad, si bien por razones distintas a las que debería.


Libertad Digital - Opinión

El virus partitocrático. Por M. Martín Ferrand

CUANDO José Antonio Alonso era portavoz de Jueces para la Democracia solía derramar grandes pregones de libertad. Era todo un apóstol democrático y daba gusto oírle; pero la titularidad de los ministerios de Defensa y de Interior y su instalación como gran oráculo del PSOE en el Congreso le han dejado maltrecho y parece haber adelgazado sus virtudes cívicas, políticas y morales. Para empezar, tiene una idea confusa, quizás evanescente, del significado auténtico de la palabra lealtad, que, para alegría de Bibiana Aído y otras miembras socialistas, es palabra femenina. Dice Alonso para recriminar la recta conducta de su compañero Antonio Gutiérrez, menos obediente de lo que se lleva en nuestro Parlamento de autómatas, que «la opinión es libre, pero la lealtad al Grupo Socialista es obligada». ¿En qué se sustenta esa obligatoriedad?

Aunque la Constitución del 78 se haya quedado tan vieja, inútil e inobservada como sus predecesoras, «el voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable». Aunque Alonso estudió Derecho con anterioridad a la poca feliz reforma del Código Penal, es seguro que no ignora la sustancia de su artículo 542, en el que se inhabilita a los funcionarios y autoridades —y en él concurren ambas condiciones— que impidan a los demás el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. Aún así, Alonso y sus representados se disponen a sancionar, incluso pecuniariamente, a quien ha sido leal a sus convicciones y a sus electores aun con el esfuerzo de no obedecer el mandato del gran rabadán del rebaño socialista en el Congreso.

Lo más inquietante de esta peripecia estriba en el hecho de que Alonso no procede de las cavernas totalitarias. Alcanzó la mayoría de edad cuando fue proclamada la Constitución y su actitud democrática ha sido siempre intachable; pero, sumergido en el ambiente del poder partitocrático, es capaz de romper con su propia trayectoria y reprocharle a un compañero de partido por hacer lo que debe hacerse: actuar en
conciencia, sin acatar ningún mandato imperativo, y darle más prioridad a los valores éticos que a la obediencia perruna. Gutiérrez, por elementales razones de coherencia biográfica en quien ha sido secretario general de CC.OO., no quiso prestar su voto a la convalidación del decreto ley sobre la reforma laboral. Si el PSOE es un partido en el que no cuenta la decencia, ni se respeta al individuo, ni se valora la libertad, como muchas veces parece, Alonso tendrá razón; pero no es lo que predica el propio Alonso. Se confirma que la partitocracia es el más potente y activo de los virus que pueden acabar con la democracia.


ABC - Opinión

Boyer. El precio de los políticos. Por José García Domínguez

Nada hay más popular entre el paisanaje patrio que abjurar a voz en grito de los "los políticos", hasta la nausea. Así, sin matiz ni distingo alguno, condenándolos a la hoguera a todos, juntos y revueltos en abigarrado aquelarre.

Miguel Boyer, que a sus setenta y un años ya se sabe impune para decir en público lo que en verdad piensa, acaba de augurarlo con desolada lucidez: "Si se siguen bajando los salarios o manteniendo los que hay ahora en la alta administración, pronto sólo llegarán los analfabetos a la dirección del Gobierno". Y, veladas alusiones al margen, lleva el hombre más razón que un santo de palo. Aunque no corre el más mínimo riesgo de que se le atienda, claro. Pues, la cuestión, como es sabido, constituye anatema. Al cabo, nada hay más popular entre el paisanaje patrio que abjurar a voz en grito de los "los políticos", hasta la nausea. Así, sin matiz ni distingo alguno, condenándolos a la hoguera a todos, juntos y revueltos en abigarrado aquelarre.

Una soberana arbitrariedad muy celtíbera, ésa, que, entre otros despropósitos, ayuda a que los mejores no recalen en el sector público. Algo hay, por lo demás, en la trastienda psicoanalítica de resentimiento tan extendido que apela a la idiosincrasia profunda de la sociedad española, algo que conecta con un atavismo igualitario que no tolera bajo ningún concepto la excelencia individual. ¿Cómo explicar, si no, la numantina resistencia a que la soldada de los gestores estatales se compadezca en algo con la alta responsabilidad que implica su función? Al contrario, entre nosotros, se presume lógico y natural que quienes manejan presupuestos superiores a los de muchas multinacionales cobren lo mismo que cualquier agente de seguros medianamente espabilado.


Nadie lo dude, aquí estallaría otro motín de Esquilache si, por ventura, el Gobierno diese en levantar el secreto de Estado sobre el estipendio que percibe Mafo en el Banco de España. Y es que gusta lo barato. De ahí el surtido de saldos que nos viene regalando la partitocracia reinante: los montillas, las leires, los blancos, los bárcenas, las bibianas, los chaves; hijos putativos todos de las listas herméticamente cerradas, bloqueadas, atrancadas y atornilladas por los aparatos. Igual que su tragicómico corolario: la devaluación de la clase dirigente a extremos inimaginables hace apenas una década, con esa distorsión hasta el puro esperpento de los principios meritocráticos que rigen la selección de las elites en cualquier rincón del orbe más o menos civilizado. Lo pagaremos caro (aún más).

Libertad Digital - Opinión

Volvemos a las andadas. Por Hermann Tertsch

EL Partido Popular ha pedido que desaparezca uno de los personajes más sórdidos de la escena política del País Vasco, que no es decir poco. No es, por supuesto, un terrorista, de los que no merece la pena ni hablar. Se trata del socialista Jesús Eguiguren. Cierto es que mientras la mayor lacra política de este país, que es Rodríguez Zapatero, siga al mando del Ejecutivo en Madrid no hay ni esperanza ni remedio. El desprecio dentro y fuera de nuestro país hacia su persona se ha convertido en desprestigio y lastre insoportable para nuestro país. Eso ya no puede arreglarlo él, ni sus votantes, ni sus amigos, ni siquiera sus adversarios si quisieran. Pero hablemos hoy de Eguiguren, que nos quiere meter otra vez a los españoles en una negociación —y consiguiente legalización— de la rama política de ETA. No hablamos de un enajenado. Hablamos del jefe de los socialistas en el Parlamento vasco. Y sabemos que si sus planes se cumplen significarían la justificación —nunca mejor dicho «post mortem»— y la legalización de una campaña de asesinatos que ellos montaron y una legitimación de todos y cada uno de los casi mil muertos habidos. Como comprenderán, algunos no estamos muy de acuerdo en que nuestro País, que es el Vasco, y nuestra nación, que es España, queden en manos como las de Eguiguren, probablemente lo peor del socialismo vasco. Lo más inmoral, según tantos, al que las víctimas traen al pairo. Hace poco tuvimos la desgracia de tenernos que despedir del jesuita Antonio Beristain, eminente criminólogo, pero para mí más un hombre lleno de energía y bondad. Un hombre de una dignidad que deja a Eguiguren en la sima que su catadura ha excavado. Beristain sabía y escribió mucho sobre el victimario. Era un sabio bueno. Escribió sobre el luto, cómo éste enaltece a las personas y dignifica la vida. Y cómo el olvido nos deprava como individuos y como sociedad. No le pregunten a Eguiguren por este tipo de cuestiones. El dirigente actual del PSE, Patxi López, que gobierna gracias al Partido Popular, le ha dicho a Eguiguren que no y que se olvide de esos caminos. Que esos caminos se han acabado. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, le ha dicho a Eguiguren lo mismo con la máxima contundencia. El Gobierno dice que no hay ni habrá negociaciones con la banda terrorista y aseguran que están acabados. Cuando este Gobierno desmiente algo, éc