El anuncio inesperado de que el Gobierno aprobará en marzo una «ley de muerte digna» tiene un tufillo electoral difícil de ocultar. Nada hay que apremie, justifique o exija una ley de esa naturaleza. Ni la sociedad, en general, ni el sector médico, en particular, demandan hoy un cambio legislativo cuyo propósito verdadero no está nada claro. El vicepresidente y portavoz gubernamental aseguró ayer que no se pretende legalizar la eutanasia, pero en ese caso no se alcanza a ver la novedad real que pueda introducir, pues la normativa vigente, la ley de autonomía del paciente, la práxis médica y la eficacia del llamado testamento vital, ya regulan de modo satisfactorio los cuidados paliativos y el tratamiento a las personas desahuciadas legalmente o en fase terminal. Si no hay voluntad de despenalizar la eutanasia ni de abrir un portillo al suicido asistido, como reclama con insistencia un sector radical de la izquierda, ¿a qué viene agitar las aguas sociales con un asunto tan escabroso? Rubalcaba puso a la ley francesa, aprobada hace cinco años, como ejemplo y espejo en el que se mirará la española. Pudo haber citado un modelo más cercano, como la ley andaluza, que se aprobó en marzo de este año por unanimidad, pero al no hacerlo resulta aún más misteriosa su intención. Para empezar, la ley francesa sólo fue aprobada con los votos del centroderecha; los socialistas se opusieron porque querían que fuera más lejos y legalizara la posibilidad de «una ayuda activa para morir». Paradójicamente, el centroderecha francés justificó esta ley por la necesidad de equipararse a la legislación de otros países, entre ellos España. Que ahora el Gobierno socialista español señale como modelo una ley que los propios socialistas franceses rechazaron por «insuficiente» da que sospechar. Tampoco invita a la confianza la catadura de algunos asesores y gurús en la materia del PSOE, encabezados por el facultativo Luis Montes, al que un comité médico independiente condenó por mala praxis médica al comprobarse que una inadecuada aplicación de las sedaciones causó la muerte de al menos un paciente. Que personajes de este jaez estén detrás de una «ley de muerte digna» es para tentarse las ropas. Nadie de buena fe y en su sano juicio puede oponerse a los cuidados paliativos y a la sedación de aquellos enfermos terminales, como tampoco es defendible éticamente el encarnizamiento terapéutico. Pero de ahí a abrir portillos para colar el suicidio asistido o para acelerar la muerte de un paciente que no es incurable, hay un abismo. La izquierda radical, que el PSOE necesita para movilizar electoralmente a sus votantes, presiona desde hace tiempo para que se apruebe una «ley coladero», al igual que presionó hace años para que la despenalización del aborto incluyera una puerta trasera para colar el aborto libre. En qué medida el Gobierno cederá a sus exigencias, no tardaremos en saberlo. Uno de los puntos que desvelará sus intenciones es cómo se trate la objección de los médicos y del personal sanitario. El caso andaluz es un mal precedente y lo reflejó el facultativo Montes con su habitual estilo, sin anestesia: «Objetar sería un delito». Ésa es la piedra de toque.
La Razón - Editorial
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