Ayer era el día en que Pérez Rubalcaba estaba obligado a sobreponer su condición de ministro de Estado a cualquier otra consideración de índole personal o partidista. Eso comportaba la adopción de medidas que podían desagradar a los sindicatos en tanto que limitaban la capacidad saboteadora de los piquetes y garantizaban el derecho a trabajar de quienes no deseaban secundar la huelga. Se esperaba del ministro del Interior que actuara con la competencia y eficiencia de otras veces, a las que no hemos ahorrado elogios. Sin embargo, parece que Rubalcaba ha actuado atendiendo al cálculo más beneficioso para sus aspiraciones políticas en vez de cumplir sus deberes como ministro, lo que implicaba mantener el orden y defender los derechos de los trabajadores a trabajar. No es comprensible, por ejemplo, la ausencia de la Policía en centros neurálgicos de transportes o la facilidad con la que han actuado los piquetes, hasta el punto de que la huelga de ayer pasará a la historia laboral como la más violenta de todas. Nunca como ayer se había puesto de manifiesto la deriva de ciertos dirigentes sindicales hacia eso que se ha dado en llamar «sindicalismo-borroka», síntoma de un deterioro orgánico que afecta al corazón mismo de las organizaciones obreras. Lo que en pasadas huelgas generales fueron actos vandálicos aislados de descontrolados, en la de ayer adquirieron un protagonismo y una extensión desmesurados. Ningún sindicato respetuoso con el trabajador puede avalar tales desmanes, pero sorprendentemente así ha sido en Madrid, ciudad que los sindicalistas se propusieron infructuosamente paralizar. En todo caso, el guante blanco con el que el Gobierno en general trató ayer a los huelguistas no sirvió para que los trabajadores y los ciudadanos secundaran ampliamente la protesta. Una simple comparativa con la huelga de 2002 revela que la de ayer quedó a años luz. La mayoría de los indicadores, desde el consumo energético hasta las cifras de asistencia al puesto de trabajo en todos los sectores (Administración, comercio, Sanidad, etc), salvo en el industrial, son mucho más elevados que los registrados hace ocho años. Y si entonces fueron más de dos millones los manifestantes en toda España, ayer apenas si llegaron al millón según los cálculos más banévolos. La conclusión de la jornada vivida ayer es muy negativa para una burocracia sindical que ha sido cómplice de una política económica destructora de empleo. Y marca un antes y un después en la decadencia de un sindicalismo obsoleto, lastrado por el sectarismo ideológico y corrompido por un sistema de subvenciones públicas. Han dilapidado el caudal de prestigio acumulado desde la Transición y se han convertido en gestoras de sus propios intereses y privilegios. La ampulosa retórica desplegada por los dirigentes de UGT y CC OO, proclamando un éxito que sólo han visto ellos, carece de convicción y credibilidad, pero sobre todo de la fuerza necesaria para obligar al Gobierno a dar marcha atrás en la reforma laboral. El paisaje tras la refriega no puede ser más ruinoso en términos económicos y morales, con un coste inasumible para un país que pugna por salir de la crisis.
La Razón - Opinión
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