martes, 28 de septiembre de 2010

Así, tampoco

Si las encuestas están en lo cierto, la mayoría de los trabajadores y ciudadanos no secundará la huelga general de mañana, aunque esa misma mayoría considera que hay razones suficientes para su convocatoria. Es decir, la opinión pública coincide con el lema sindical de la huelga para decirle al Gobierno «Así, no», pero al rechazar el paro, le replica a los sindicatos «Así, tampoco». No es la única paradoja aparente que hace tan atípica la jornada de mañana. Hay otras aún más llamativas, como la «comprensión» del Gobierno hacia el descontento laboral, el pacto tácito de no agresión entre ambas partes y la desviación de la agresividad sindical hacia los empresarios y la derecha política. Es la primera vez en España, y probablemente en Europa, que los líderes sindicales apuntan las baterías de la huelga general no contra el Gobierno que la ha provocado con su recorte de los derechos sociales, sino contra la oposición. La insólita campaña de videos de UGT, con groseros ataques a empresarios y emprendedores, refleja bien a las claras cómo la burocracia sindical busca en la derecha al chivo expiatorio del desastre laboral. Hay varias razones que explican esta patología que semeja la esquizofrenia, pero destacan la mala conciencia de los sindicalistas por su complicidad con una atolondrada política económica, el lastre ideológico que arrastran como fantasmas encadenados del siglo XIX y un hondo sentimiento de frustración por lo que consideran una traición de sus «hermanos» socialistas. Así se explica que los organizadores del 29-S llegaran rápidamente a un acuerdo de guante blanco con el Gobierno de Zapatero para establecer los servicios mínimos y, por el contrario, mostraran su perfil piquetero con el Gobierno de Esperanza Aguirre. Éstas son las coordenadas y las intenciones en las que se moverán mañana los huelguistas, que nada tienen que ver con la opinión y el ánimo de los ciudadanos. Es probable que el país se paralice en buena parte, pues es relativamente fácil boicotear unos transportes públicos fuertemente controlados por los sindicatos. Pero una cosa es que la actividad laboral se congele y otra bien distinta que los trabajadores se movilicen detrás de las pancartas, más allá de los miles de liberados y de los llamados «piquetes informativos», eufemismo que suele ocultar la coacción, la amenaza y hasta la agresión a quienes no desean secundar el paro. En este punto, el Gobierno no puede rehuir su obligación de garantizar el derecho a trabajar de quien así lo desee y elija. Es muy libre de juzgar con benevolencia la convocatoria del paro y de extremar su delicadeza con los huelguistas, a los que de ningún modo quiere importunar, pero no puede abdicar ni soslayar sus responsabilidades de proteger el derecho de los trabajadores a trabajar. El derecho a la huelga es, por constitucional, indiscutible e inviolable, pero en medida exactamente igual ha de defenderse el derecho a no secundarla. ¿Cumplirá el Gobierno socialista con su obligación o tratará con manga ancha a ese «sindicalismo borroka» que suele aparecer en las grandes ocasiones? Éste será otro de los test que se plantea en la jornada de mañana, primera huelga general desde 2002.

La Razón - Editorial

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