CiU comete el error de alentar agravios comparativos que sólo perjudican a los ciudadanos y generan reacciones de antipatía que los catalanes no merecen.
LA sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto y la precampaña electoral en Cataluña han desencadenado una competición entre los partidos políticos para ver cuál formula una propuesta más estrambótica y ajena a la realidad. A falta de un hipotético referéndum sobre la autodeterminación —la reincidente ensoñación identitaria del nacionalismo catalán alimentada irresponsablemente por el Gobierno central durante estas dos legislaturas—, el dirigente de CiU Oriol Pujol se ha descolgado animando a los catalanes a declararse «insumisos» fiscales al modo en que lo hicieron en 1898 los empresarios, cuando el Gobierno de Francisco Silvela ordenó una subida de impuestos para cubrir el déficit derivado de la pérdida de colonias en el exterior. No es que CiU, que presume de rozar ya el poder por el enorme desgaste sufrido por el tripartito, proponga ideas inasumibles basadas en una mezcla de chantaje y victimismo. Es que CiU, sencillamente, apela a la ilegalidad como recurso electoralista incurriendo en una profunda contradicción: la de exigir un día la regulación de un concierto económico para Cataluña similar al vigente para el País Vasco o Navarra, y pedir sin tapujos, al día siguiente, la independencia. El «cierre de cajas» planteado por Oriol Pujol sin que haya sido corregido por Artur Mas no es más que otra burda expresión de la imperiosa necesidad que tiene CiU, tras dos legislaturas alejada de la Generalitat, de recuperar el poder con mensajes extremos que le permitan restar votos al PSC y a ERC. Envuelto en una «profunda catalanidad» para evitar que Cataluña «acabe siendo una gran Murcia», CiU comete el error de alentar agravios comparativos que sólo perjudican a los ciudadanos y generan reacciones de antipatía que los catalanes no merecen.
ABC - Editorial
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