Desde el Ministerio del Interior se ha asegurado estos días que la política antiterrorista acordada con el principal grupo de la oposición permanece inalterable, y que las informaciones y consultas sobre cualquier decisión son una norma habitual, así como las comunicaciones con los colectivos de víctimas del terrorismo. Es la palabra del Gobierno. El problema surge cuando algo chirría en este complejo mecano que funcionaba como un reloj hasta hace unos días.
La prudencia de las asociaciones de víctimas ha sido ejemplar a pesar de todas esas informaciones sobre acercamientos de terroristas sanguinarios supuestamente arrepentidos e incluso sobre permisos y alguna excarcelación de etarras también presuntamente alejados de la disciplina de la banda. Nada se puede objetar a las reacciones discretas y medidas de unas personas que han demostrado su responsabilidad, y que siempre han evitado la palabra gruesa o el titular comprometedor. Cuando la AVT denunció ayer que «se siente engañada» por el Gobierno porque nadie los informó en la reunión del miércoles con Instituciones Penitenciarias de que hace tres semanas se había trasladado a la pistolera Idoia López Riaño, «La Tigresa», condenada por 23 asesinatos, a la prisión de Nanclares de Oca (Álava), entendemos que algo ha fallado. Interior ha asegurado que la etarra no disfruta de beneficio alguno, que continúa en primer grado y que sigue cumpliendo la pena impuesta, y que por esas razones no se comunicó novedad alguna. Es una explicación que, sin embargo, excluye el acercamiento al País Vasco y el supuesto arrepentimiento de una de las terroristas más sanguinarias de la historia de ETA. Y esos sí son cambios que merecían información.
La prudencia de las asociaciones de víctimas ha sido ejemplar a pesar de todas esas informaciones sobre acercamientos de terroristas sanguinarios supuestamente arrepentidos e incluso sobre permisos y alguna excarcelación de etarras también presuntamente alejados de la disciplina de la banda. Nada se puede objetar a las reacciones discretas y medidas de unas personas que han demostrado su responsabilidad, y que siempre han evitado la palabra gruesa o el titular comprometedor. Cuando la AVT denunció ayer que «se siente engañada» por el Gobierno porque nadie los informó en la reunión del miércoles con Instituciones Penitenciarias de que hace tres semanas se había trasladado a la pistolera Idoia López Riaño, «La Tigresa», condenada por 23 asesinatos, a la prisión de Nanclares de Oca (Álava), entendemos que algo ha fallado. Interior ha asegurado que la etarra no disfruta de beneficio alguno, que continúa en primer grado y que sigue cumpliendo la pena impuesta, y que por esas razones no se comunicó novedad alguna. Es una explicación que, sin embargo, excluye el acercamiento al País Vasco y el supuesto arrepentimiento de una de las terroristas más sanguinarias de la historia de ETA. Y esos sí son cambios que merecían información.
En cualquier caso, hay, efectivamente, una sensación de inquietud y desconcierto crecientes entre las víctimas que el Gobierno debe reconducir de inmediato con una comunicación más fluida y transparente con las asociaciones. Tampoco tranquiliza que los sindicatos policiales hablen de «arrepentimiento interesado» de los terroristas. El Ministerio del Interior asegura que los etarras acercados –porque ésa es su condición y no otra, y como tales asesinaron, secuestraron o extorsionaron– se han arrepentido, han pedido perdón y han comenzado a cumplir con las indemnizaciones que tienen pendientes, pero el caso es que las incertidumbres rodean y condicionan ese acto colectivo de contrición, del que las principales afectadas, las víctimas del terrorismo, tampoco saben nada. Es cierto que el Ministerio mantiene un contacto fluido con el PP, lo que nos parece imprescindible, pero, a la vista de los resultados, es evidente que es preciso revisar las comunicaciones con las asociaciones de afectados.
Un objetivo de la pena es la recuperación del individuo, pero otros no menores son aportar seguridad y tranquilidad a la sociedad. El Gobierno dispone de información suficiente sobre lo que ocurre en la banda y en el colectivo de presos, y seguro que persigue que la derrota del terrorismo se produzca cuanto antes. Es nuestra obligación recordar que movimientos penitenciarios similares en otras épocas dieron resultados frustrantes, aunque deseamos que esta vez se acierte con una política arriesgada.
Un objetivo de la pena es la recuperación del individuo, pero otros no menores son aportar seguridad y tranquilidad a la sociedad. El Gobierno dispone de información suficiente sobre lo que ocurre en la banda y en el colectivo de presos, y seguro que persigue que la derrota del terrorismo se produzca cuanto antes. Es nuestra obligación recordar que movimientos penitenciarios similares en otras épocas dieron resultados frustrantes, aunque deseamos que esta vez se acierte con una política arriesgada.
La Razón - Editorial
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