La falta de transparencia del Gobierno resulta inaceptable después de los graves perjuicios que causó en la confianza ciudadana con la negociación que mantuvo con ETA entre 2005 y 2007.
LA política penitenciaria ha sido un elemento esencial de la lucha antiterrorista, sobre todo la dispersión de presos etarras, que dificultaba las decisiones de la banda en su frente carcelario. La aproximación de presos al País Vasco se venía realizando en casos convenientes para esa política contra ETA y en beneficio de quienes, de forma inequívoca y pública, condenaban o rechazaban la violencia. Lo mismo sucedía con los beneficios penitenciarios y las progresiones de grado. Sin embargo, tras la ruptura de la tregua en 1999 y a partir del pacto antiterrorista firmado por PP y PSOE, se acordó restringir estas medidas a favor de los presos que dieran muestras de arrepentimiento y resocialización. La reforma penal de 2003, que introdujo el cumplimiento íntegro de las condenas, también incluyó condiciones muy severas para los beneficios penitenciarios. Con estas premisas, es lógica la preocupación de las víctimas por las últimas decisiones que está tomando el Ministerio del Interior en relación con algunos presos etarras, a los que conceden beneficios penitenciarios o trasladan a cárceles del país Vasco. El caso de la sanguinaria Idoia López Riaño ha sido el detonante de todas las alarmas y ha provocado la creación por la Asociación de Víctimas del Terrorismo de una «comisión de seguimiento» del tratamiento penitenciario que reciben los presos etarras.
La falta de transparencia del Gobierno en esta materia resulta inaceptable después de los graves perjuicios que causó en la confianza ciudadana con la negociación que mantuvo con ETA entre 2005 y 2007. El respeto a las víctimas, el cumplimiento de la ley y la derrota de ETA son las únicas prioridades que acepta la sociedad española. El Gobierno tiene la autoridad para tomar las decisiones que crea adecuadas, pero no serán éticas ni válidas si no respetan la dignidad de las víctimas.
La falta de transparencia del Gobierno en esta materia resulta inaceptable después de los graves perjuicios que causó en la confianza ciudadana con la negociación que mantuvo con ETA entre 2005 y 2007. El respeto a las víctimas, el cumplimiento de la ley y la derrota de ETA son las únicas prioridades que acepta la sociedad española. El Gobierno tiene la autoridad para tomar las decisiones que crea adecuadas, pero no serán éticas ni válidas si no respetan la dignidad de las víctimas.
ABC - Editorial
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