La casa de tócame Roque. Por José María Carrascal

Desde el principio, nuestra democracia se ocupó más de las libertades y derechos que de las responsabilidades y deberes.

SI los empleados del Metro de Nueva York hubieran hecho lo que los de Madrid, sus dirigentes estarían en la cárcel, con multas astronómicas. Recuerdo una huelga de basureros en la que un juez metió en la cárcel al líder con un millón de dólares diarios de multa mientras siguieran en paro. Eso, en el mejor de los casos, pues a los controladores aéreos, Reagan los mandó a casa, sin que ni uno solo volviera a la torre de control.

Eso, me dirán, ocurre en un país donde no saben qué es democracia. Eso, respondo, ocurre donde llevan 200 años practicando la democracia y saben distinguir entre la huelga de unos trabajadores contra su empresa —conflicto que puede durar todo el tiempo que quieran, hasta que una de las partes se rinda— y la huelga contra el ciudadano común, que nada tiene que ver con el conflicto. La «Taylor Law» prohíbe a los funcionarios y empleados públicos declararse en huelga, precisamente por el abuso que significa de un derecho personal y la impostura que representa tomar rehenes inocentes en un contencioso laboral.

No son, sin embargo, los empleados de Metro madrileño los culpables de esta situación, sino una clase política que no ha sabido ni querido regular el derecho a la huelga, fundamental en toda democracia digna de ese nombre, es decir, apoyada en la libertad y en la responsabilidad, con los derechos y en los deberes de cada uno claramente especificados. Pero desde el principio, nuestra democracia se ocupó más de las libertades y derechos que de las responsabilidades y deberes, y nuestros políticos, por falta de valentía o visión, no se han ocupado de ello, conduciéndonos a la situación límite en que nos encontramos en todos los campos, el autonómico, el económico, el educativo o el laboral. Con consecuencias a la vista, como acabamos de comprobar en el Estatuto catalán, cuya constitucionalidad ha sido salvada in extremis por una sentencia que no ha merecido el aplauso de nadie, pero que era la menos mala de todas las posibles.

No vamos a tener siempre la misma suerte. Un Estado no puede funcionar a base de arreglos de última hora, con políticos incapaces de ver más allá de su sombra y partidos sólo interesados en alcanzar o retener el poder. No hay inocentes en esta situación. Ni el PSOE ni el PP ni los nacionalistas ni los huelguistas ni los españoles en general nos hemos interesado en corregir el rumbo equivocado que seguíamos. No es que «España se rompa». Es que España ha dejado de existir excepto en los campos de fútbol de Sudáfrica, sustituida por el «yo a lo mío, y el que venga detrás que arree». Esto no es nación ni Estado ni nada. Es la casa de tócame Roque o como te llames.

ABC - Opinión