Los socialistas catalanes van a lo suyo y se incorporan a regañadientes a un planteamiento independentista que no les va a servir para mejorar sus expectativas electorales.
LA manifestación de ayer en Barcelona contra la sentencia del TC sobre el Estatuto catalán es fiel reflejo de las maniobras oportunistas de un amplio sector de la clase política en vísperas de las elecciones autonómicas. Es falso, en efecto, que exista una unidad de acción entre los partidos y asociaciones convocantes, como demuestran las graves dificultades para alcanzar un acuerdo sobre símbolos y lemas y la ausencia de un comunicado conjunto. Los mismos líderes que ayer escenificaban una unidad ficticia se van a enfrentar sin tregua durante los próximos meses al servicio de sus intereses particulares y partidistas en unas elecciones que prometen tensión en Cataluña. El PSC ha sido incapaz de tomar una postura coherente: José Montilla encabezaba la marcha, aceptando las proclamas independentistas de otros grupos —que en teoría el PSC no asume— y refugiándose en la bandera regional como símbolo institucional. Aunque ha desempeñado su papel con escasa convicción, es inaceptable que Montilla asuma el derecho a decidir y el principio de autodeterminación, rechazado nítidamente por la sentencia. A su vez, Rodríguez Zapatero mira para otro lado y el PSOE pretende echar la culpa de todo al supuesto «anticatalanismo» del PP. El caso es que los socialistas catalanes van a lo suyo y se incorporan a regañadientes a un planteamiento independentista que no les va a servir para mejorar sus escasas expectativas electorales.
Es notorio que ayer se sumaron a la manifestación múltiples entidades que configuran la parte del tejido social catalán que vive de subvenciones públicas y paga en especie la deuda contraída con los partidos que controlan las instituciones. Muchos miles de personas respondieron en las calles de Barcelona al llamamiento del tripartito; pero también muchos otros miles han preferido disfrutar del fin de semana y aguardan con ilusión la final del Mundial, dejando al margen a unos líderes partidistas a quienes se reprocha —con razón— que actúan con impostura. Una vez que se ha pronunciado el supremo intérprete de la Constitución, la sentencia debe ser acatada por todos. Por tanto, no valen los atajos ni las artimañas jurídicas para eludir los principios esenciales confirmados por el TC. El presidente del Gobierno puso en marcha un proceso de reforma constitucional encubierta que ahora deja secuelas en forma de actitudes radicales y deterioro de las instituciones. En todo caso, hay que cumplir las reglas del juego y nada justifica una protesta, por ruidosa que fuera, para reclamar el incumplimiento de una sentencia y deslegitimar al Tribunal Constitucional.
ABC - Editorial
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