El argumento decisivo de que "nosotros estamos a favor de una reforma pero no de esta reforma" se viene a bajo, sin embargo, cuando desde el PP no se atreven siquiera a mencionar y a concretar cuál es su alternativa.
Por si le quedara alguna duda, el Gobierno ha podido constatar este martes en el Congreso la total falta de apoyos que suscita su simulacro de reforma del mercado laboral. El decreto ha sido convalidado sólo con los votos del PSOE y con más abstenciones que votos a favor. De hecho, ni siquiera lo ha votado favorablemente un diputado del PSOE con tanto peso como es el presidente de la Comisión de Economía y ex secretario general de CCOO, Antonio Gutiérrez.
No vamos a reiterar las merecidas críticas que nos suscita esta supuesta reforma, tan tardía como confusa e insuficiente. Hasta alguien tan próximo al Gobierno como es el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, no ha podido sino reconocer lo que, en parte, ya señalábamos en editoriales anteriores: que esta reforma ni reduce decisivamente la disuasión a la contratación que implican los coactivos y altos costes de indemnización por despido, ni elimina de forma coherente la dualidad entre contratos fijos y temporales, ni suprime la rémora que supone la contratación colectiva para la flexibilidad y productividad que requieren nuestras empresas.
No vamos a reiterar las merecidas críticas que nos suscita esta supuesta reforma, tan tardía como confusa e insuficiente. Hasta alguien tan próximo al Gobierno como es el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, no ha podido sino reconocer lo que, en parte, ya señalábamos en editoriales anteriores: que esta reforma ni reduce decisivamente la disuasión a la contratación que implican los coactivos y altos costes de indemnización por despido, ni elimina de forma coherente la dualidad entre contratos fijos y temporales, ni suprime la rémora que supone la contratación colectiva para la flexibilidad y productividad que requieren nuestras empresas.
El hecho es que el Gobierno, tras delegar su responsabilidad durante tres años a un esteril "diálogo social", se ha visto obligado, a instancias de nuestros socios europeos, a hacer deprisa y corriendo una reforma que no satisface ni a los que irresponsablemente se han instalado en el inmovilismo ni a los que ambicionábamos un cambio muchísimo más profundo de nuestro encorsetado mercado laboral.
En este sentido no podemos sino lamentar la impresentable forma con la que la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha justificado su oposición a esta reforma, con "argumentos" más propios del inmovilismo sindical o del de Izquierda Unida que de una formación que supuestamente quiere flexibilizar mucho más nuestro mercado laboral. Así, decir que el decreto "es una reforma para el despido y no para el empleo", tal y como ha hecho la portavoz del PP, no hace más repetir la demagógica cantinela sindical que ignora que las coactivas barreras de salida ejercen como barreras de entrada a nuestro mercado laboral.
Otro tanto se podría decir del acento que el PP ha puesto, no a lo insuficiente de la reforma, sino a lo supuestamente injusto de la misma. Para empezar, la única "injusticia" de la que aquí cabe hablar es el hecho de que quien ofrece un empleo y quien lo busca no sean libres para negociar sus condiciones laborales, incluidas las referidas a la eventual rescisión del contrato que les une. Lo injusto es esa serie de condiciones impuestas por quienes no participan en la relación laboral que disuaden al empleador y condenan al desempleo a aquellos cuyos derechos se dice defender. La reforma, que no se aplica a contratos ya suscritos, no viene sino a reducir muy escasamente estas rémoras y estos obstáculos a la contratación.
Por otra parte, el argumento decisivo de que "nosotros estamos a favor de una reforma pero no de esta reforma" se viene abajo, sin embargo, cuando Sáenz de Santamaría no se atreve siquiera a mencionar y a concretar cuál es la reforma que el PP sí llevaría a cabo y que justifica su negativa a la insuficiente propuesta por el Gobierno.
Esperemos, en cualquier caso, que la tramitación del decreto como proyecto de ley permita la introducción de enmiendas que hagan de él una autentica reforma de nuestro mercado laboral. Si el Gobierno quiere perder esta última oportunidad, al menos que el PP no desechar la suya de ofrecer una auténtica alternativa.
En este sentido no podemos sino lamentar la impresentable forma con la que la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha justificado su oposición a esta reforma, con "argumentos" más propios del inmovilismo sindical o del de Izquierda Unida que de una formación que supuestamente quiere flexibilizar mucho más nuestro mercado laboral. Así, decir que el decreto "es una reforma para el despido y no para el empleo", tal y como ha hecho la portavoz del PP, no hace más repetir la demagógica cantinela sindical que ignora que las coactivas barreras de salida ejercen como barreras de entrada a nuestro mercado laboral.
Otro tanto se podría decir del acento que el PP ha puesto, no a lo insuficiente de la reforma, sino a lo supuestamente injusto de la misma. Para empezar, la única "injusticia" de la que aquí cabe hablar es el hecho de que quien ofrece un empleo y quien lo busca no sean libres para negociar sus condiciones laborales, incluidas las referidas a la eventual rescisión del contrato que les une. Lo injusto es esa serie de condiciones impuestas por quienes no participan en la relación laboral que disuaden al empleador y condenan al desempleo a aquellos cuyos derechos se dice defender. La reforma, que no se aplica a contratos ya suscritos, no viene sino a reducir muy escasamente estas rémoras y estos obstáculos a la contratación.
Por otra parte, el argumento decisivo de que "nosotros estamos a favor de una reforma pero no de esta reforma" se viene abajo, sin embargo, cuando Sáenz de Santamaría no se atreve siquiera a mencionar y a concretar cuál es la reforma que el PP sí llevaría a cabo y que justifica su negativa a la insuficiente propuesta por el Gobierno.
Esperemos, en cualquier caso, que la tramitación del decreto como proyecto de ley permita la introducción de enmiendas que hagan de él una autentica reforma de nuestro mercado laboral. Si el Gobierno quiere perder esta última oportunidad, al menos que el PP no desechar la suya de ofrecer una auténtica alternativa.
Libertad Digital - Opinión
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