Es muy infrecuente que la abstención sea la opción mayoritaria en una votación parlamentaria de gran relieve, así que cuando se produce es necesario analizar sus causas y rectificar en consecuencia. Eso es, precisamente, lo que el Congreso le transmitió ayer al Gobierno a propósito de su reforma laboral. La convalidación del decreto, paso previo a su tramitación como proyecto de ley, sólo fue posible gracias a la abstención en bloque de todo el centro derecha, desde el PP a CiU, de manera que los votos a favor quedaron en minoría. La traducción inmediata de la voluntad mayoritaria es bien clara: hay consenso en que la economía necesita una reforma laboral de gran calado para impulsar la creación de empleo, pero la propuesta del Gobierno socialista no es suficiente, se queda a medio camino, aunque sea un aceptable punto de partida.
En congruencia con este criterio, y a diferencia de lo que hizo en la votación del tijeretazo social, el PP defendió la posibilidad de mejorar la reforma para hacerla más operativa, más audaz y menos abstrusa. Objetivo que bien podría conseguirse si todo el centro derecha logra presentar unas enmiendas consensuadas y asumibles por los socialistas. Sería de gran importancia para la recuperación inmediata y para la estabilidad económica a medio y largo plazo de España que la nueva legislación laboral contara con el apoyo netamente mayoritario del Congreso, de modo que perdurara por encima de quién fuera el partido gobernante. Muy rara vez se presenta una oportunidad semejante, en la que es el PSOE quien asume el reto y el coste político-sindical inherente. El centro derecha debería apreciar este «sacrificio» socialista y, sin renunciar a las mejoras pertinentes y necesarias, facilitarle la tarea. Aunque pueda sonar a sacrilegio para quienes desean derribar al Gobierno por sus graves errores, cuanto menos partidismo se haga con esta reforma, mejores resultados podrán obtenerse para trabajadores y empresarios. Ahora bien, el Gobierno está obligado a interpretar el voto mayoritario de ayer y a aceptar que la futura ley debe incorporar algunas modificaciones imprescindibles como aclarar los límites y la subordinación de la negociación colectiva a la de cada empresa, asunto éste que el decreto mantiene deliberadamente en la ambigüedad y la contradicción. Sin unas normas nítidas sobre el descuelgue y la «ultraactividad» de los convenios, el recurso al arbitraje se convertirá en un foco de conflictividad. Es también inexcusable establecer con transparencia las causas objetivas del despido, de modo que no se produzca una judicialización permanente del mercado laboral. En esta línea, sería de gran eficacia facilitar la flexibilidad organizativa de las empresas de acuerdo a los nuevos modos de trabajar de la sociedad tecnológica. Y, por último, más pronto que tarde, habrá que reformar el sistema de prestaciones de desempleo para vincularlo a la búsquea real de trabajo y formación. Que Obama haya dado su aprobación a los esfuerzos de Zapatero no significa que se haya llegado a la meta final. Es a partir de ahora cuando la reforma laboral se enfrenta a su verdadera prueba de fuego. AQUÍ
La Razón - Editorial
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