LOS dirigentes de los principales sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, se reunieron ayer en La Moncloa para recibir de Rodríguez Zapatero explicaciones sobre las medidas anticrisis anunciadas el miércoles en el Congreso.
El encuentro fue precedido por una ronda de intervenciones de los dirigentes sindicales en la Prensa. Zapatero pudo saber así de antemano que CC.OO. y UGT estaban enfadados por las medidas de recorte, pero no iban a ponerle en un brete con declaraciones incendiarias ni con una convocatoria inmediata de huelga general. Sin embargo, la Federación de Servicios Públicos de UGT se descolgó con un paro general en la función pública el 2 de junio, probablemente para evitar que el sindicato mayoritario entre los funcionarios, CSIF, se adelantara con una iniciativa similar. Esta huelga general de la función pública, convocada sin que los dos líderes sindicales dieran un expreso respaldo personal al paro porque su único objetivo era tratar de salvar la cara ante Zapatero, es la primera consecuencia social importante de las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno y rompe lo que hasta ahora había sido una ficticia «paz social». Sin embargo, las organizaciones sindicales dejan fuera de su respuesta los recortes en las pensiones y la dependencia, que tanto defendieron en su momento.
Este cambio en la política económica del Gobierno va a obligar a los sindicatos a decidir qué papel quieren asumir ante la sociedad española y, sobre todo, qué contenido van a dar en lo sucesivo a su interlocución con el Gobierno, toda vez que la posibilidad de lograr una reforma laboral consensuada queda absolutamente en el aire. No se puede estar más de acuerdo con el secretario general de CC.OO, Ignacio Fernández Toxo, en que no es momento para huelgas generales. Tampoco lo era cuando la economía española y el empleo iban viento en popa en junio de 2002, lo que no impidió una huelga general contra el Gobierno de José María Aznar. La prudencia sindical no parece haber sido hasta ahora una apuesta por la responsabilidad, sino un acto de complicidad ideológica con un Gobierno de izquierda que ha tenido que desmantelar buena parte de su política «social». La superación de la crisis exige el esfuerzo colectivo de ciudadanos, empresas, poderes públicos y sindicatos. Pero no hay que dejarse arrastrar por la fuerza retórica de las frases tópicas. La responsabilidad del Gobierno y, por supuesto, de los propios sindicatos por su parálisis ante la crisis es muy superior a la de los ciudadanos y, desde luego, a la del PP, que ve cómo ahora se toman medidas que hasta hace poco eran credenciales de antipatriotismo y capitalismo salvaje.
ABC - Editorial
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