EL Consejo de Ministros aprobó ayer por real decreto-ley las medidas anunciadas por Rodríguez Zapatero la semana pasada, consumando de esta forma un recorte de derechos sociales y económicos sin precedentes.
Este giro radical en el enfoque de la crisis se produce mientras el presidente del Gobierno insiste en que la recuperación económica ya ha comenzado, lo que agrega confusión sobre la necesidad y la utilidad de unas medidas que han desnudado la impostura del discurso oficial del Ejecutivo sobre el estado real de nuestro país. Al mismo tiempo, estas medidas se aprueban en medio de una estrategia de propaganda tendente a descargar en el Partido Popular la responsabilidad de apoyarlas en el Congreso de los Diputados, enfrentando a Rajoy con un supuesto reproche europeo en caso de que no dé su respaldo al Gobierno. La treta es burda y el líder de la oposición debe ignorarla, porque en Europa, pero sobre todo en España, se sabe perfectamente que la responsabilidad directa de la gravedad de la crisis -no tanto de su origen- es del Gobierno socialista, que se ha visto obligado por presiones foráneas a dejar de ser una amenaza para el euro y las economías de sus socios occidentales.
El plan del Gobierno es presentar las medidas restrictivas de salarios públicos, pensiones, gastos de dependencia e infraestructuras -y ahora la subida de impuestos «para los ricos»- como las únicas posibles en las actuales circunstancias, lo cual es, así planteado, falso. La congelación de las pensiones -un recorte encubierto- es injusta si no se suprimen antes gastos corrientes y subvenciones de las administraciones públicas totalmente prescindibles. El freno a la dependencia es una estafa política anunciada, porque el Gobierno nunca atendió las advertencias de quienes temían que se estaba comprometiendo un gasto excesivo para un futuro incierto. Los funcionarios critican, con razón, que su recorte de salarios no esté precedido de una supresión de cargos discrecionales y gastos superfluos. No hay sinceridad en el Gobierno en la aprobación de estas medidas porque responden a decisiones ajenas. Son improvisadas y no garantizan un recorte sustancial del déficit, aumentan la desconfianza social y hacen más evidente la incapacidad del Gobierno para liderar la recuperación. Sacar a pasear la demagogia tributaria contra «los que más tienen» es una tosca expresión de incapacidad política y una burda manera de aliviar la mala conciencia.
ABC - Editorial
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