DESPUÉS de tres años y medio de injustificables dilaciones en el pleito del Estatuto catalán, el Tribunal Constitucional parece tener casi a punto un veredicto para servirlo sobre la mesa del Estado.
Se trata de un pastel descomunal cocinado con tres requisitos: que no contente a nadie, que no descontente a nadie y, sobre todo, que en su calculada ambigüedad no se entienda demasiado. Lo llaman sentencia interpretativa porque va a subordinar la legalidad del texto estatutario a una especie de sobreescritura redactada por los magistrados, que aceptarán la mayoría de los artículos imponiéndoles cláusulas condicionales. De este modo, su posible colisión con el marco constitucional dependerá del futuro desarrollo en leyes autonómicas, lo que augura una nueva cascada de recursos que a los miembros de este Tribunal ya les pillarán jubilados. El fallo propiamente dicho promete prestarse a todas las variantes polisémicas del término, y puede constituir un monumento jurídico a la plasticidad del Derecho y su adaptación a los hechos consumados de la política.
Esta sofisticada resolución, inspirada por la necesidad de no formar un lío de proporciones cósmicas, pretende dejar las cosas como están y salvaguardar el trámite de la dignidad jurídica mediante un procedimiento de medias ponderadas. Rechazará algunos principios del Estatuto, convalidará otros y dejará los más polémicos -la nación y la lengua, sobre todo- en el limbo de las exégesis de expertos, con la imposible intención de que todo el mundo se sienta al tiempo levemente satisfecho y suavemente decepcionado. Unos hablarán de inconstitucionalidad selectiva y otros de constitucionalidad condicionada, pero al fondo de tanto alambicamiento subyace la evidencia de un enjuague forzado a la medida de los intereses políticos. Al cabo de tanto tiempo de parálisis y de bloqueo el TC ha alcanzado un nivel de desprestigio que a sus componentes ya no les van a afectar en demasía las protestas de amaño.
El acuerdo en ciernes va a contemplar el Estatuto como un edificio en construcción sobre planos deficientes, y su solución consistirá en aceptar con más o menos reparos la parte que ya está edificada según la tesis del mal menor, que es una teoría pragmática y por tanto política. Del resto del proyecto eliminará algunos aspectos vistosos -sobre todo los que afectan a la soberanía judicial, que toca la médula corporativa de sus señorías- y propondrá algunos retoques que no afecten a la estructura. Será inevitable una cierta polémica, un alboroto político y mediático en el que abundarán los reproches de conveniencia, tan cargados de retórica como exentos de rigor jurídico, y luego el expediente languidecerá hasta decaer como se consumen casi todos los debates de una política superficial y volátil. Despejado el horizonte hasta las próximas elecciones, la presidenta del Tribunal podrá rendir cuentas ante quien la nombró con la satisfacción tardía del encargo cumplido.
ABC - Opinión
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