CUARENTA y ocho horas ha tardado el Gobierno en rebajar las expectativas de su propuesta de reforma de las pensiones, más o menos el mismo tiempo que han necesitado los sindicatos para lanzar su primera advertencia seria a Rodríguez Zapatero. Lo que el viernes eran medidas necesarias para salvaguardar las pensiones a largo plazo, ayer quedaron en meras propuestas «abiertas a matizaciones» en el seno del Pacto de Toledo. Si el viernes pasado el Gobierno sacaba pecho por defender una iniciativa socialmente incómoda, pero necesaria para la viabilidad del sistema, el ministro de Trabajo proclamaba el domingo que la Seguridad Social tiene una «salud de hierro». Estos mensajes contradictorios permiten temer que la reforma de las pensiones sea otro globo sonda, al menos en los términos en que fue expuesta tras el Consejo de Ministros, similar a aquel veraniego aumento de impuestos que sólo iban a pagar los ricos, pero que ya están pagando todos los españoles, con la supresión de los 400 euros y, en junio, con el incremento del IVA.
Nuevamente, el Gobierno demuestra carecer de estrategia económica para España, lo cual es coherente con el hecho de haber convertido en papel mojado los Presupuestos Generales del Estado de 2010 al mes de haberlos aprobado el Congreso de los Diputados. Zapatero volvió de un terrible mes de enero en Europa urgiendo una reforma de las pensiones y un recorte del gasto público -de lo que no se había preocupado en estos dos años de crisis- pero, pasado el sofocón de Bruselas, los sindicatos le obligan a moderar su «audacia». En definitiva, como una veleta expuesta al viento, el Gobierno decide de un día para otro, optando por unas medidas o sus contrarias, negando la crisis o apremiando con medidas extraordinarias. El cuadro político del Gobierno es de manifiesta incapacidad política para fijar objetivos y medidas que permitan superar la crisis económica y laboral. No hay política económica en España y, para estas situaciones, la democracia tiene alternativas que no son oportunistas, sino oportunas. El presidente del Gobierno no va a disolver las Cámaras -aunque debería-, ni el PP va a proponer una moción de censura, porque la perdería. Pero para un Gobierno que no sabe cómo se gobierna, la obligación de Rodríguez Zapatero de someterse a una cuestión de confianza es de naturaleza política y ética. Ganó las elecciones negando la crisis y con un programa de pleno empleo. ¿Es mucho pedir que pregunte al Congreso si confía en él como presidente del Gobierno?
ABC - Editorial
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