TENÍA razón el actual ministro de Justicia cuando, siendo aún secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, dejó escrito en 2004 que la creación de veguerías «obligaría a una reforma de la Constitución». Claro que esto lo dijo antes del «cepillado» que dio al proyecto de Estatuto de Cataluña, que contempla la veguería como unidad de organización del territorio catalán. El análisis de Francisco Caamaño coincide con el que hizo el gabinete jurídico de la Diputación de Barcelona a finales de 2009, que consideraba inconstitucional la creación de veguerías al margen del Parlamento nacional. El Gobierno tripartito de Cataluña no ha tenido en cuenta estas y otras reservas y ha aprobado un proyecto de ley que suprime las cuatro provincias catalanas y las sustituye por siete veguerías. Aunque el tripartito afirme que no supondrá más costes ni funcionarios, la historia reciente demuestra que nunca una nueva administración es más barata que la anterior. Además, resulta llamativo que mientras se crean «espacios europeos» y áreas de cooperación multinacional, la coalición de socialistas y nacionalistas en Cataluña apueste por reorganizar esta comunidad con un modelo fragmentario de la Edad Media. Ahora bien, mientras el Tribunal Constitucional no resuelva los recursos contra el Estatuto de Cataluña, el gobierno de José Montilla tendrá la base legal para seguir engordando un desarrollo estatutario que hará mucho más difícil la reposición del orden constitucional en la comunidad catalana, siempre que la sentencia declare la inconstitucionalidad, total o parcial, del Estatuto. La parálisis del TC deja libre el camino al tripartito para demostrar que el Estatuto no es una norma de gobierno autonómico, sino un texto de efecto constituyente que ha alterado el modelo constitucional del Estado español al margen de los procedimientos de reforma de la Constitución, diga lo que diga el TC.
Por otro lado, el proyecto del tripartito responde más a una nueva concesión al radicalismo nacionalista, porque la creación de veguerías no es necesaria administrativamente ni es demandada socialmente. Además, su tramitación y posterior entrada en vigor ocupará un tiempo superior al que resta hasta las elecciones autonómicas de octubre, si no hay adelanto electoral. Por tanto, parece una cierta frivolidad plantear nada menos que una reorganización territorial de Cataluña -y del Estado, por supuesto- sin esperar a la sentencia del TC, ni al resultado de las próximas elecciones, aunque todo puede explicarse si se trata de una apuesta meramente electoralista para mantener el apoyo de los sectores nacionalistas más radicales. Como hasta ahora.
ABC - Editorial
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