Desgobierno

LOS primeros pasos de la comisión creada por Rodríguez Zapatero para negociar acuerdos concretos de carácter económico con los partidos políticos ha demostrado que se trata de una iniciativa destinada a entretener a la opinión pública con expectativas que, de antemano, están frustradas.

El hecho de que los partidos convocados a la primera sesión de la comisión, celebrada ayer, recibieran a última hora del miércoles el documento de trabajo -lleno de las mismas vaguedades oídas en los últimos meses-, es una evidencia de que el Gobierno prepara meticulosamente el fracaso de esta iniciativa para seguir eximiéndose de responsabilidad por la falta de medidas concretas. No es propio de un Gobierno que tiene la tarea de sacar a España de su crisis comportarse con esta falta de rigor y profesionalidad.

Dos años después de que empezara un profundo declive económico, agravado por el desplome del empleo, el Ejecutivo sólo ofrece movimientos tácticos, sin contenido, despreciando la gravedad de la situación y la urgencia de tomar medidas drásticas y estructurales en materia de empleo, gasto público y fiscalidad. Ayer mismo, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, vaticinó que la subida del IVA a partir del mes de julio va a provocar una nueva contracción del consumo en España y, por tanto, un nuevo retroceso de la actividad económica. Desde el momento en que el Gobierno anunció la subida del IVA, fue advertido de los efectos perversos que causaría esta medida. Y si el propio Gobierno considera que esa subida de impuestos es intocable en la negociación con los partidos, las posibilidades de acuerdo con el Partido Popular están condenadas al fracaso, porque los populares han pedido, como una de esas medidas concretas que se le reclaman, que se suspenda la entrada en vigor de esta subida impositiva. Pero, además, si el propio Gobierno se contradice de un día para otro, es imposible generar autoridad para reclamar a los demás su adhesión o apoyo. En menos de veinticuatro horas, el Gobierno pasó -por boca del secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña- de sugerir o anunciar una revisión de las nóminas de los funcionarios, a negar en rotundo esta posibilidad, a través de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. No hay en Europa un equipo económico más desautorizado por su propio Gobierno que el dirigido por Elena Salgado, ni un Gobierno internamente más contradictorio que el presidido por Rodríguez Zapatero.

ABC - Editorial