EL debate iniciado por presidente francés Nicolás Sarkozy sobre la creciente presencia en las sociedades europeas de musulmanas que, casi siempre obligadas por sus familiares, se visten con burkas o nijabs, de modo que todo su cuerpo queda oculto tras el ropaje, está destinado a marcar una tendencia en un problema que tarde o temprano puede ser de actualidad en toda Europa. El burka es una indumentaria degradante que manifiesta un sometimiento injusto de la mujer, y es normal que su proliferación en calles y plazas haya causado un efecto inquietante, más aún en pleno debate sobre la definición de la nacionaliad francesa.
El burka se considera erróneamente como una expresión puramente religiosa, en cuyo caso podría merecer respeto como una íntima opción confesional. Sin embargo, tiene sobre todo una dimensión exterior, destinada a la sociedad ante la que esa vestimenta se exhibe y que manifiesta un afán de distancia o incluso de rechazo hacia los usos habituales de la colectividad de acogida. Un burka es una expresión pública del apego -en cierto modo fanático- a la tradición cultural o religiosa de la que estos ciudadanos provienen y de resistencia activa a formar parte de la secularizada sociedad europea.
Algunos creen que no se necesita una ley específica que lo prohíba, dado que ya existen normas ordinarias que impiden a los ciudadanos ocultar completamente su rostro. En todo caso, si se considera que es legítimo defender el uso de determinada vestimenta a pesar de la conflictividad social que pueda acarrear, más legítimo debería ser que el Estado proteja aquellas actitudes que promueven la integración de las distintas colectividades y defienden la dignidad de la mujer frente a actitudes degradantes. Francia prohibió en su día el pañuelo con el que muchas musulmanas se cubren el pelo, precisamente para no entintar el concepto de la laicidad del Estado en la conciencia de los escolares. Ahora se trata de mujeres mayores de edad y del espacio público, algo mucho más delicado desde el punto de vista de las libertades individuales. Pero este no es en ningún caso un problema de libertad religiosa. Lo que está en juego es algo muy distinto.
Algunos creen que no se necesita una ley específica que lo prohíba, dado que ya existen normas ordinarias que impiden a los ciudadanos ocultar completamente su rostro. En todo caso, si se considera que es legítimo defender el uso de determinada vestimenta a pesar de la conflictividad social que pueda acarrear, más legítimo debería ser que el Estado proteja aquellas actitudes que promueven la integración de las distintas colectividades y defienden la dignidad de la mujer frente a actitudes degradantes. Francia prohibió en su día el pañuelo con el que muchas musulmanas se cubren el pelo, precisamente para no entintar el concepto de la laicidad del Estado en la conciencia de los escolares. Ahora se trata de mujeres mayores de edad y del espacio público, algo mucho más delicado desde el punto de vista de las libertades individuales. Pero este no es en ningún caso un problema de libertad religiosa. Lo que está en juego es algo muy distinto.
ABC - Opinión
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