EL Gobierno y el PSOE se están rasgando las vestiduras por las propuestas del Partido Popular sobre inmigración ilegal, pero el detonante de esta polémica, la decisión del Ayuntamiento de Vic no de empadronar a inmigrantes sin papeles, fue apoyada por los concejales socialistas y el resto del arco político catalán. Es evidente que al Gobierno le incomoda el debate sobre inmigración y que pretende eludirlo poniendo otra vez al PP como cortafuego frente a la opinión pública. Dijo ayer la vicepresidenta primera del Gobierno que «el debate es oportunista y malintencionado», demostrando nuevamente que el Ejecutivo es un equipo sin hechuras para afrontar los problemas más importantes de la sociedad española. Ya no basta agitar el fantasma de la derecha xenófoba para que los ciudadanos dejen de ver las cosas como son.
Vic ha sido un acontecimiento ocasional, que ha desvelado las contradicciones del sistema jurídico y de la acción política sobre inmigración. El hecho de que ahora este consistorio haya decidido volver a empadronar a inmigrantes sin papeles no cancela los problemas de fondo. Para empezar, muchos ayuntamientos no tienen medios económicos para prestar las asistencias sociales a las que tanto acude el presidente del Gobierno. Si se quiere integrar, las administraciones municipales necesitan más dinero. Pero, además, la izquierda sigue despreciando el factor sociológico. La generación en pocos años de unas amplias comunidades inmigrantes, ahora azotadas por el paro, provoca problemas totalmente explicables en su integración en pequeños municipios. No es, ciertamente, una situación generalizada, pero sí concentrada allí donde hay tasas altas de población inmigrante.
Por otro lado, la última reforma de la ley de Extranjería no sólo desmonta las críticas del Gobierno hacia el PP -tan necesario es el debate que Bruselas tiene la inmigración ilegal como un asunto prioritario y constante-, sino también demuestra que el modelo inmigratorio ha fracasado. En España no existe una inmigración laboral en sentido estricto. Es una inmigración familiar y social, y esto es muy distinto de dar trabajo a inmigrantes.
Zapatero sí ha distorsionado el debate al vincular derechos sociales y empadronamiento. La respuesta de Rajoy lo ha dejado en evidencia: que se garantice a los inmigrantes la salud y la educación sin necesidad de empadronarse. Por desgracia, el Gobierno tiene miedo al debate social sobre la inmigración y lo rehúye como ese método sectario de utilizar a la derecha para intimidar a los ciudadanos.
Por otro lado, la última reforma de la ley de Extranjería no sólo desmonta las críticas del Gobierno hacia el PP -tan necesario es el debate que Bruselas tiene la inmigración ilegal como un asunto prioritario y constante-, sino también demuestra que el modelo inmigratorio ha fracasado. En España no existe una inmigración laboral en sentido estricto. Es una inmigración familiar y social, y esto es muy distinto de dar trabajo a inmigrantes.
Zapatero sí ha distorsionado el debate al vincular derechos sociales y empadronamiento. La respuesta de Rajoy lo ha dejado en evidencia: que se garantice a los inmigrantes la salud y la educación sin necesidad de empadronarse. Por desgracia, el Gobierno tiene miedo al debate social sobre la inmigración y lo rehúye como ese método sectario de utilizar a la derecha para intimidar a los ciudadanos.
ABC - Editorial
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