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Si la mayoría de los periódicos no están absolutamente confundidos, el culebrón aun por resolver de los dos piratas capturados, deja más o menos claro como funciona el Gobierno de Zapatero. Así las cosas, parece que hay un cierto enfrentamiento entre la todopoderosa vice De la Vega y la ministra de Defensa o, al menos, un desacuerdo claro entre los asesores de una y otra. Por su parte el titular de Exteriores se desmarca del asunto como si la cosa no le afectara que es lo que viene haciendo Moratinos permanentemente: visitar a quien no debe y luego quitar importancia a todo. Y por ultimo está el Poder Judicial y la Fiscalía del Estado que, una vez más, se pone a las órdenes del Gobierno en el que puede ser el juicio más rápido y lamentable de la historia de la Audiencia Nacional.
No se trata ya de entrar en el fondo del asunto que fue un error desde el principio y que culminó por una parte con las idas y venidas de uno de los piratas para ver si era mayor de edad y, por otra, con la cuestión de la bandera del Alakrana. Veremos lo que ocurre, pero todo parece indicar que al final será el Gobierno quien tenga que decidir de qué manera se devuelve a los piratas. Lo único importante son las vidas de los marineros secuestrados y en eso parece que todos estamos de acuerdo.
Pero resulta preocupante el papel que han jugado -y siguen jugando en esta chapuza- los distintos implicados. ¿Resulta creíble el enfrentamiento entre Defensa y la Vicepresidenta? Seguramente sí, aunque no tanto en lo personal como en lo "profesional". El desgaste de Chacón al frente de un ministerio del que no se esperaban grandes complicaciones, es evidente: desde la retirada sorprendente de Kosovo hasta la guerra negada oficialmente en Afganistán pasando por el extraño papel de las fragatas que patrullan -no se sabe muy bien para qué- los conflictivos mares de los piratas. Hay como un extraño afán de presentar a nuestras tropas como benefactoras de la humanidad; claro, eso estaría muy bien si de verdad fuera ese su papel. Pero aquí cada uno es lo que es y el fracaso viene cuando se les ordenan cosas más propias de los monólogos de Gila: disparar pero poco, sólo cuando sea necesario y si son atacadas. Faltaría más. ¿Por qué no aceptamos la realidad como es? ¿A qué esa especie de temor para llamar a las cosas por su nombre? Hay dos opciones: o nos implicamos como país en lo que sea y hasta el final o lo dejamos y nos dedicamos a la alianza de las civilizaciones. Lo que no puede ser es pretender una cosa y su contraria. El ministro de Industria se ha dado de baja en Greenpeace; lógico. La ministra de Defensa puede ser pacifista, pero no es fácil.
El problema, de cualquier forma, no lo tiene la señora Chacón; sólo es una pieza más -muy ejemplar- de la contradictoria ideología política del presidente del Gobierno. El problema de Zapatero sigue siendo el de siempre: quiere que la realidad se parezca a lo que él entiende como sus principios, pero la realidad se impone tercamente. Y entonces no sabe muy qué hacer y lo que hace es liar aun más la madeja. No sé cuánto tiempo hará falta para desenredar lo que está haciendo en tantos frentes: desde la extraña vertebración autonómica hasta la política exterior pasando por su peculiar forma de afrontar la crisis económica. Si yo fuera Rajoy y viera posibilidades de ganar las próximas elecciones, me iba a mi casa inmediatamente. La herencia de ZP no va a ser precisamente una golosina.
Periodista Digital - Opinión
El melonar constitucional. Por M. Martín Ferrand
EN los mentideros próximos al Tribunal Constitucional se habla más de los posibles sustitutos de su presidenta, María Emilia Casas, que sobre las deliberaciones en torno al Estatuto de Cataluña que, desde hace tres años, es fuente principal de los desvelos de tan innecesaria como polémica institución. La ponente del caso, Elisa Pérez Vera, lleva ya redactados cinco borradores de resolución, pero ninguno de ellos consigue un número de adhesiones y rechazos lo suficientemente equilibrados para evitar el escándalo de la goleada y alcanzar una prudente mayoría con la mínima distancia, sin humillaciones ni tremendismos. ¿Un imposible metafísico?
La semana pasada los diez magistrados que participan en el asunto, ya que uno de los doce titulares está recusado y el otro no ha sido sustituido tras su fallecimiento, hicieron una valoración prospectiva del proyecto de la ponente y el resultado no les satisfizo. Una mayoría entiende que Cataluña no es una Nación y que, según la Constitución, no puede ser obligatorio el uso del catalán. Esa práctica, según leo y escucho en diversos medios informativos, ha escandalizado a gran número de personas y, por igual, a partidarios y contrarios al Estatut que, en su día, elaboró el Parlamento de Cataluña y sancionó el Congreso de los Diputados. No hay razón para el escándalo. La técnica fue de uso común en la escuela de Villaconejos.
Villaconejos es una pequeña localidad madrileña que, desde principios del XIX, alcanzó fama por la calidad de los melones que allí se producían. Tan grande fue su éxito que multitud de cuadrillas de conejeros se contrataron en tierras de las dos Castillas para el cultivo de los melones. Llegaban en la época de la siembra, se instalaban en una cabaña de fortuna y allí permanecían atentos a su función hasta la recogida de los melones. Incluso los volteaban en la mata para alcanzar una mejor exposición solar. De ahí los trasladaban a los mercados y, especialmente en Madrid, los dispensaban en tinglados provisionales instalados en la vía pública. Alcanzaron prestigio y precio porque introdujeron para el consumidor el derecho a cala y cata, de modo que se garantizase la satisfacción de los melonadictos. Las deliberaciones prospectivas del TC, la cala y cata previos a la aportación de una resolución, entronca con la tradición. No necesariamente con la constitucional, pero las costumbres también hacen leyes.
ABC - Opinión
LAS CUENTAS B DE ANDALUCÍA. Por PEDRO DE TENA
Gif de e-pesimoLa Junta dispone de 5.300 millones en su tela de araña de empresas públicas ruinosas. Hay una Junta A, conocida, presupuestada y controlada y hay una Junta B que no es conocida, que no es presupuestada parlamentariamente y que no está controlada. Cómo será el descontrol que ni siquiera hay acuerdo entre la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Junta acerca de su número y carácter.
Pues bien, cuenta este lunes el ABC que la Junta ha inyectado en 2008 casi un billón de las antiguas pesetas, 5.300 millones de euros en este tipo de entidades que albergan gran cantidad de irregularidades en contratación de personal, en adjudicación de contratos y en control interno -además de otras muchas cosas -, sin que nadie si esta cifra es la verdadera y sin control de nadie.
Lo único que se sabe es que este tinglado en B ha servido a los intereses partidistas del PSOE y que el Parlamento andaluz no ha logrado tener información precisa a pesar de las peticiones de IU y PP y de las denuncias de ambos.
Tras haber estado años colocando a dedo a decenas de miles de empleados en la Junta de Andalucía por el método de contratación de interinos y otros más o menos sofisticados, llegó un momento en que el PSOE y la Junta apenas tenían ya libertad de movimientos porque la Administración andaluza, mal que a su pesar, se iba consolidando y reglando.
Los sindicatos, a pesar de sus connivencias con el régimen, también querían participar en el control de las pruebas de acceso, lo que dejó a la Junta maniatada respecto a la colocación sin control practicada hasta entonces. Por eso fue con la llegada de Manuel Chaves a la Junta en 1990 cuando el mecanismo "B", de las empresas y organismos públicos paralelos a la Junta, comenzó a desarrollarse con toda su amplitud.
Por eso tiene sentido la pregunta que se hace ABC: "¿Para qué sirven en Andalucía las 15 consejerías que integran el organigrama de la Junta, con sus correspondientes plantillas de personal, que suman más de 250.000 funcionarios, y con un presupuesto de 31.961.796.132 euros en 2008?
Al parecer, para poco, porque la Administración socialista, que presidió durante veinte años el hoy vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha tejido durante todos estos años una Administración paralela de 54 empresas —según denuncia el PP— que escapa de cualquier control del Parlamento, que le permite realizar contrataciones a dedo de unas 20.000 personas (19.751 era su plantilla de trabajadores en 2007), sin ajustarse a la normativa que se aplica en las Administraciones públicas y cuyo funcionamiento es una auténtica incógnita. Además, el trabajo que realizan es el mismo que pueden llevar a cabo esas 15 consejerías, insiste la denuncia del PP."
En 2008, la tela de araña de empresas ha tenido un coste de 5.282.639.111, 13 euros, según los datos de la Cuenta General de 2008 de la Junta de Andalucía, a los que ha tenido acceso ABC, que todavía no se han hecho públicos y que están pendientes de fiscalización.
La cifra se obtiene mediante la suma de las obligaciones de pago reconocidas por la Administración socialista en 2008 y de las cantidades que, por ese mismo concepto, quedaron pendientes en los ejercicios de 2006 y 2007. De este montante global de más de cinco mil millones, la cantidad pagada ha sido de 3.835.453.282,60, por lo que la diferencia se acumulará a las cantidades pendientes a lo largo del ejercicio de 2009.
La Junta financia a estas empresas directamente mediante subvenciones de explotación, encomiendas de gestión. ampliaciones de capital o solicitudes de servicios. Hay empresas, como el caso de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional o el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que no han recibido en 2008 ni un euro de la Junta.
Hay empresas, como es el caso de Cetursa Sierra Nevada, Infraestructura Turística de Andalucía o Promonev, en los que a final de 2008 la Junta le pagó el cien por cien de los compromisos adquiridos; hay otras, como la Agencia Andaluza de la Energía, a la que tan sólo le ha pagado un 19 por ciento, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía a la que le ha abonado un 18 por ciento o Verificaciones Industriales de Andalucía que tan sólo ha ingresado el 12 por ciento.
La Cámara de Cuentas ha denunciado sistemáticamente el funcionamiento de estas empresas, la última, Sandetel, dirigida por el primo de Zarrías, José Carlos Alarcón Arévalo y el amigo íntimo de Manuel Chaves, Rafael Camacho Ordóñez, además de otros gerifaltes de la Junta andaluza. Y los tribunales de justicia, sobre todo el TSJA, ha rechazado sus sistemas de funcionamiento por duplicar el costo de la Administración andaluza sin sentido del interés general.
Lo que podrían hacer los funcionarios no lo hacen y sin embargo, se contratan a miles de personas para hacer lo que hay que hacer. Es en síntesis lo que dice la sentencia del caso Sadesi, gran victoria del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía. Sadesi ha sido una de las auditadas por la Cámara de Cuentas y donde se encontraron muchas irregularidades. Esta empresa subcontrataba servicios que la Consejería de Innovación podría hacer directamente con sus propios funcionarios.
Libertad Digital
Los piratas del 'Alakrana' ponen en solfa al Estado. Por Antonio Casado
Ingeniería judicial en el auto del juez Pedraz para procesar y juzgar a toda prisa a los dos piratas encarcelados en España. La situación reclama encontrar la forma de combinar el hecho con el derecho. Es decir, la ilegalidad propuesta por los secuestradores del “Alakrana” con la legalidad que no puede ser ignorada por el juez. Ni por el Ejecutivo, por supuesto. Pero la propia secuencia de los hechos pone en evidencia la inconsistente posición del Gobierno. Si había de negociar con unos facinerosos no tenía sentido envolverse en la bandera de la ley desde el primer momento. Si iba a pisar el barro de la ilegalidad, ¿por qué quiso empacharse de legalidad con aquel apresurado traslado a Madrid de los detenidos?
Aparte del desbarajuste posterior, en una cosa tenía razón la vicepresidenta Fernández de la Vega cuando el viernes pasado negó la descoordinación gubernamental: se hizo lo que se tenía que hacer. Lo que tocaba. Lo que se hizo, quien lo hiciere, fue detener a unos delincuentes y ponerlos a disposición judicial. La derivada posterior es una polémica perversa. Discutimos para identificar al que decidió hacer lo correcto con el fin de echarle una bronca, una vez aceptado el terreno propuesto por los piratas, que es el de la ilegalidad. Nada casa tan mal con el imperio de la ley y el Estado de Derecho como ponerse al nivel de unos facinerosos.
Y una vez consumado, o a punto de consumarse, el despropósito de aceptar una negociación del Gobierno con los piratas, es cuando advertimos que la presencia en España de los dos piratas detenidos en Somalia perjudica objetivamente la negociación y pone en riesgo la posibilidad de un final feliz en el caso del “Alakrana”. Entonces y sólo entonces nos da por buscar a los responsables de haber trasladado a España a dos de los piratas. Para echárselo en cara. Y para ponernos estupendos a toro pasado respecto a lo que se debía haber hecho. Dejarlos en Kenia, por ejemplo, en cumplimiento del convenio europeo pensado precisamente para estos casos. Correcto. Hubiera sido perfectamente legal. Pero lo que finalmente se hizo, ojo, también es legal. Y por haber hecho algo que es legal, quien tomó la decisión está siendo ahora política y mediáticamente apaleado.
El estupor nos bloquea. En el debate de estos días hemos visto cómo se estigmatiza el cumplimiento de la ley. Algo insólito. Nadie quiere quedarse con el honor de haber hecho lo justo: detener a unos delincuentes y ponerlos a disposición judicial. Lo nuevo es bailar al son de los piratas. Tal cual. Los piratas nos arrastran a un escenario anómalo, por no calificarlo de otro modo. A todos, también al Gobierno que, obviamente, ha tenido que aceptarlo por la causa de los 36 secuestrados, 16 de los cuales son españoles.
Pero uno no puede dejar de preguntarse sobre la extraordinaria implicación del Estado en el secuestro de un barco español y dieciséis conciudadanos secuestrados. Nunca hemos visto un grado de implicación semejante en los casos de empresarios españoles secuestrados en Bogotá, en Caracas, o donde se estén ganando la vida como los atuneros se la ganan en Somalia o en aguas internacionales ¿Alguien puede decir cuál es la diferencia? No parece de principio, sino de tamaño. Por lo visto, el tamaño es determinante para que un Estado se siente o no se siente a negociar con unos delincuentes.
El confidencial - Opinión
Abusos. Por Alfonso Ussía
Amnistía Internacional es una organización que domina como ninguna la tortura semántica. Su perversión del lenguaje es sencillamente magistral. Y sus responsables, al menos en España, responden con celeridad a las críticas. La pasada semana, en LA RAZÓN nos lamentábamos de la terminología que Amnistía Internacional usa para referirse a la ETA: «Grupo armado». Su Director en España, don Esteban Beltrán, raudo como centella, envió una carta de réplica a nuestro periódico que me ha preocupado aún más que el motivo original del desacuerdo. Para nuestro periódico no es de recibo que una banda terrorista que lleva cuarenta años asesinando, secuestrando, chantajeando, hiriendo y destrozando a miles de familias, reciba el masaje conceptual de «grupo armado». Mil asesinados acreditan nuestro derecho al estupor.
Pero don Esteban Beltrán, en su amable carta de réplica nos alecciona y nutre de sabiduría. Escribe don Esteban: «Amnistía Internacional ha condenado sistemáticamente los atentados de ETA contra amplios sectores de la población, y durante años le ha pedido que ponga fin de forma inmediata y permanente a su campaña de homicidios, secuestros, toma de rehenes y otros abusos graves contra los derechos humanos». Ruego al Director de Amnistía Internacional que me conceda la consiguiente amnistía para analizar su escabroso texto. El homicidio es un delito consistente en matar a alguien sin que concurran las circunstancias de alevosía, precio o ensañamiento. Para don Esteban, los terroristas de la ETA son homicidas, no asesinos. En la aplicación de las leyes, existe una gran diferencia entre el homicidio y el asesinato, en beneficio del primero. Para Amnistía Internacional los terroristas no son asesinos, es decir, los que matan a alguien con premeditación, ensañamiento y alevosía. Preparar un atentado no es premeditación ni alevosía para don Esteban. Asesinar a un rehén o secuestrado al que se le ha puesto precio, no es premeditación ni alevosía para Don Esteban. Repugnante lenguaje políticamente correcto y emponzoñado de cínico «buenismo». Pero hay más. Don Esteban ha «pedido» a la ETA que ponga fin a su campaña de «homicidios», secuestros, toma de rehenes y «otros abusos graves contra los derechos humanos». Me preocupa, y mucho, que para el Director de Amnistía Internacional, el «homicidio», el secuestro o la toma de rehenes, no merezca más que la simple calificación de «abuso». En tal caso, por lógica y consecuencia, según su lenguaje, los que matan y los que secuestran se convierten en «abusones», lo que nos abre los ojos y nos ayuda a entender que en España existan asesinos –perdón, señor Beltrán, homicidas–, que cumplen menos de un año de prisión por cada uno de sus asesinatos, que son homicidios para el señor Beltrán.
Amnistía Internacional, en tantas ocasiones complaciente y olvidadiza con regímenes totalitarios, pierde toda su credibilidad con la perversión medida y gélida de su lenguaje. Si Amnistía Internacional no considera a los etarras ni asesinos ni terroristas, el señor Beltrán no puede enfadarse si para LA RAZÓN –al menos, para este articulista de LA RAZÓN–, su lenguaje se nos antoje, no ya perverso y cobarde, sino simplemente asqueroso.
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La enfermedad de Rajoy. Por José García Domínguez
Esa afección crónica del alma progre, la impostada impostura biográfica, ya se ha contagiado a sus iguales de la derecha. Sin ir más lejos, he ahí, paradigmático, el caso clínico del paciente Rajoy Brey.
En España, la obsesión por labrarse a toda costa un pasado solía ser patología exclusiva de esa izquierda vergonzante que nunca movió un dedo contra Franco, entre otras poderosas razones, porque durante los malos tiempos para la lírica tuvo la prudencia de no existir. Tanto lo ansiaba que las legiones de heroicos antifascistas alumbradas por la Transición acabaron creyéndose en serio la memoria postiza que ellas mismas fabricaron.
Así, esa generación consiguió implantarse falsos recuerdos en el cerebro con la misma naturalidad que las marujas se inyectan Botox en la frente. De ahí, entre otras célebres fantasías, la de los miles de españoles que levantaron con sus propias manos las barricadas del mayo francés; el relato canónico de esos diecinueve o veinte millones de compatriotas que juran haber corrido delante de "los grises"; o la novela negra de las masas innumeras que, beodas, se dieron al público jolgorio en calles y plazas tras acusar recibo de la muerte del dictador. La prosaica realidad, que nadie aquí pugnó jamás por la democracia, resulta ociosa a esos efectos balsámicos. Los cuatro gatos contados que incordiaron un poco al Régimen fueron comunistas. No luchaban, pues, por la democracia, sino contra ella. Por algo la retrataron siempre adornada con una ristra infinita de apellidos ignominiosos: burguesa, formal, falsa, capitalista, indirecta..., todos ellos, huelga decirlo, sinónimos de "asquerosa". ¿Mas a quién importa la realidad?
Todo se pega, por lo demás. Y es que esa afección crónica del alma progre, la impostada impostura biográfica, ya se ha contagiado a sus iguales de la derecha. Sin ir más lejos, he ahí, paradigmático, el caso clínico del paciente Rajoy Brey, afectado que anda pregonando a los cuatro vientos: "Yo cogí un partido en la oposición que perdió las elecciones". Descartados tanto los estimulantes artificiales como la teoría freudiana del recuerdo reprimido, sólo cabe ese diagnóstico: el hombre vive persuadido de estar recordando lo que en verdad cree que ocurrió al ser designado por Aznar con tal de que heredara la Presidencia del Gobierno. La psiquiatría clínica ha documentado miles de casos similares al suyo. Adultos seguros de haber sido víctimas de abusos en la infancia, personas programadas para creer que protagonizaron acontecimientos con los que nada tuvieron que ver, implantadores de recuerdos travestidos de psicoanalistas... En fin, confiemos en la ciencia. Quizá dé con alguna cura.
Libertad Digital - Opinión
Sitel, la máquina del miedo. Por Hermann Tertsch
BUENO, pues parece que de algo ha servido la Convención Nacional de Bienaventuranza del Partido Popular en Barcelona si más allá de loas al líder, algunos de sus dirigentes se han decidido a hablar del espionaje telefónico al que pueden estar sometidos todos y cada uno de los españoles por parte del Gobierno. Eso al fin y al cabo es hablar de la defensa de la libertad en uno de sus elementos básicos que son la privacidad y el derecho a la intimidad. Aunque en otros asuntos claros para la libertad de la ciudadanía el PP de Mariano Rajoy parece tener tan interiorizado el discurso de la hegemonía socialista que es incapaz de poner pie en pared, algo es algo. Muchos querríamos que la energía que pone Rajoy en dejar claro que en su partido se hace sólo lo que él quiere porque «las listas las hago yo», se utilizara para denunciar y hacer frente a los constantes abusos y desmanes del Gobierno socialista. Que no pasara un día sin que se denunciaran otras 24 horas sin explicaciones del Gobierno sobre el chivatazo de miembros de la policía a ETA para evitar las detenciones en la operación del bar Faisán. Que es sólo un ejemplo. O que los populares hubieran sabido celebrar el 20 aniversario de la caída del Muro como una conmemoración de las ideas de libertad frente a una izquierda enormemente incómoda con aquella miseria del socialismo real con el que tantas cosas tiene en común el radicalismo adanista e izquierdista del Gobierno Zapatero. Que los socialistas se quisieran olvidar de este acontecimiento clave en la historia del siglo XX y un hito de la victoria de la democracia liberal era lógico. Que en el PP sólo se acordara de la fecha Esperanza Aguirre es una tristeza y demuestra que en Génova la lucha por la victoria de las ideas que dice representar cuenta al parecer menos que la búsqueda de una especie de continuo apaciguamiento del adversario político que claramente tiene por objetivo su liquidación o neutralización como fuerza alternativa en la democracia española.
El sistema de interceptación de comunicaciones SITEL es un aparatito que puede ser muy útil para la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Por eso se compró en su día durante la última legislatura de José María Aznar. Pero entonces se pidieron unos informes jurídicos y se vio que la fórmula hace prácticamente imposible un control judicial real y efectivo sobre su utilización. Y que las posibilidades de abuso y manipulación de las escuchas lo convertían en muy dudosamente constitucional. Pues imagínense este aparatito SITEL en manos de unos policías socialistas como los que mantiene como cargos de confianza el señor Fouché Pérez Rubalcaba que son capaces de colaborar con ETA para no fastidiarle un poco a Zapatero su plan de paz infinita con los terroristas que desarrollaba cuando se produjo el chivatazo. Esos no son solo capaces de espiar conversaciones de Dolores de Cospedal o de Esteban Gonzalez Pons para utilizarlas como les venga en ganas, en estado puro o con adulteraciones que crean necesarias. Para su filtración a medios amigos o para cualquier otro uso inconfesable. A partir de una sola persona pueden controlar conversaciones y movimientos de todo su círculo por amplio que sea y ejercer sobre ellos presión, chantaje y sobre todo intimidación. Porque está claro de que de un tiempo a esta parte son muchos, políticos, empresarios o periodistas que tienen la certeza de que sus conversaciones están controladas. Y hay algunos que han visto como su entorno recibe llamadas amenazantes destinadas a perjudicarles profesional o personalmente como personas adversarias o especialmente incómodas para este Gobierno y su lucha por ocultar a toda costa su incompetencia y sus fracasos. Pero el efecto fundamental de esta opacidad del uso del SITEL está en la generación de miedo. En la parálisis que genera en muchos ciudadanos descontentos la convicción de que, siendo permanentemente vigilados, quedan a merced de políticos, policías y jueces socialistas. Es un salto cualitativo en la lucha contra la discrepancia que da miedo. Y con razón.
ABC - Opinión