Las lagunas de la actual norma antitabaco y la evolución social propician su reforma.
Cuatro años de una ley ampliamente incumplida es tiempo suficiente como para abrir un debate sobre sus carencias y su necesaria reforma. Así lo ven la titular del Ministerio de Sanidad, el Congreso de los Diputados y la mayoría de los españoles: hasta el 70% de la ciudadanía está a favor de la prohibición total del consumo de tabaco en todos los lugares públicos cerrados, endureciendo la norma.
Cuatro años de una ley ampliamente incumplida es tiempo suficiente como para abrir un debate sobre sus carencias y su necesaria reforma. Así lo ven la titular del Ministerio de Sanidad, el Congreso de los Diputados y la mayoría de los españoles: hasta el 70% de la ciudadanía está a favor de la prohibición total del consumo de tabaco en todos los lugares públicos cerrados, endureciendo la norma.
La ley antitabaco que entró en vigor el 1 de enero de 2006 permite fumar en los bares pequeños (de menos de 100 metros cuadrados). Algunos Gobiernos del PP, como los de la Comunidad Valenciana y Madrid, no han perseguido nunca las infracciones y liberaron a los establecimientos más grandes de la obligación de separar con barreras físicas las zonas de fumadores de las de no fumadores. El resultado, favorecido por las lagunas de la ley, es que no hay una norma clara que los ciudadanos puedan esgrimir para exigir su cumplimiento y que en el 90% de los bares y restaurantes o se puede fumar o no hay áreas reservadas al humo.
Con la entrada en vigor de la norma se redujo modestamente la venta de tabaco y el porcentaje de fumadores está en torno al 24% de los mayores de 18 años. Pero analizada en perspectiva ha demostrado consecuencias positivas en el terreno sanitario y social. En su primer año de aplicación se registró una menor incidencia de infartos y los españoles fuman, en general, más moderadamente que antes. La mayoría de los centros de trabajo (excepción hecha de los de ocio) han quedado liberados del humo y se han despejado los temores de crispación social. Entre los extremos que clamaban contra la nueva inquisición y los fundamentalistas antitabaco se ha instalado una aceptable convivencia y unos hábitos de respeto antes inexistentes. Consecuencia de la ley es, en definitiva, un cambio de mentalidades que favorece un debate mucho más sosegado que el que se produjo en 2005 y el apoyo popular con que cuenta una reforma que promulgue una prohibición drástica y, por tanto, nítida.
El Ministerio de Sanidad ha prometido acometer la reforma durante el primer semestre del año entrante. La prohibición total del tabaco en todos los establecimientos públicos cerrados homologaría a España con otros países europeos y aplicaría las recomendaciones que partieron en su día de Bruselas.
Neutralizada la industria tabaquera, menos activa que en el pasado, escollo importante es el sector hostelero, que calcula en 11.000 millones de euros sus pérdidas en 2010. Hay estudios que sostienen que ni aquí ni en otros países las medidas antitabaco han lesionado sustancialmente sus intereses. Su inquietud es legítima, pero difícilmente asumible frente a la debida protección de la salud pública y la voluntad ciudadana y sus representantes políticos. Al menos, con la reforma, el supuesto perjuicio será igual para todos, dado que ahora sólo los grandes bares y restaurantes están concernidos.
Con la entrada en vigor de la norma se redujo modestamente la venta de tabaco y el porcentaje de fumadores está en torno al 24% de los mayores de 18 años. Pero analizada en perspectiva ha demostrado consecuencias positivas en el terreno sanitario y social. En su primer año de aplicación se registró una menor incidencia de infartos y los españoles fuman, en general, más moderadamente que antes. La mayoría de los centros de trabajo (excepción hecha de los de ocio) han quedado liberados del humo y se han despejado los temores de crispación social. Entre los extremos que clamaban contra la nueva inquisición y los fundamentalistas antitabaco se ha instalado una aceptable convivencia y unos hábitos de respeto antes inexistentes. Consecuencia de la ley es, en definitiva, un cambio de mentalidades que favorece un debate mucho más sosegado que el que se produjo en 2005 y el apoyo popular con que cuenta una reforma que promulgue una prohibición drástica y, por tanto, nítida.
El Ministerio de Sanidad ha prometido acometer la reforma durante el primer semestre del año entrante. La prohibición total del tabaco en todos los establecimientos públicos cerrados homologaría a España con otros países europeos y aplicaría las recomendaciones que partieron en su día de Bruselas.
Neutralizada la industria tabaquera, menos activa que en el pasado, escollo importante es el sector hostelero, que calcula en 11.000 millones de euros sus pérdidas en 2010. Hay estudios que sostienen que ni aquí ni en otros países las medidas antitabaco han lesionado sustancialmente sus intereses. Su inquietud es legítima, pero difícilmente asumible frente a la debida protección de la salud pública y la voluntad ciudadana y sus representantes políticos. Al menos, con la reforma, el supuesto perjuicio será igual para todos, dado que ahora sólo los grandes bares y restaurantes están concernidos.
El País - Editorial
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