Descartado embarcarme en la nave corsaria de los muchos opinadores que, a favor o en contra, han echado su cuarto a espadas a cuenta del Estatuto de Cataluña, el famoso editorial de los 12, y la calma chica que después de tres años de monacal silencio sigue rodeando los trabajos y los días del Tribunal Constitucional (TC), creí ayer descubrir al fin un asunto mollar al que hincar el diente en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) que el Gobierno aprobó el viernes en Consejo de Ministros. De modo que, manos a la obra, empecé ayer mañana a teclear con decisión al respecto, para encontrarme con la grata sorpresa de que, cinco líneas después, había terminado mi artículo y podía irme a tomar unas cañas con los amigos al Zaguán de Aravaca.
Porque, como decían las beatas de mi pueblo palentino, la LES de marras puede describirse en menos tiempo del que tarda en persignarse un cura loco. Una gigantesca bolsa de humo. De modo que de nuevo me vi enfrentado a la necesidad de hallar un tema sobre el que escribir y aportar algún valor añadido para los lectores del Confi. Dispuesto estaba a adentrarme por los siempre excitantes caminos de la dialéctica hegeliana cuando descubrí en el cajón de sastre de ese anteproyecto una disposición según la cual el Gobierno obligará a las empresas que coticen en Bolsa a poner a disposición de sus accionistas toda la información sobre las remuneraciones de directivos y ejecutivos, que deberán además ser votadas en Junta General. Muy bien, señora Salgado, se agradece la intención, un aplauso, pero ¿qué va usted a hacer para que esos directivos que, sin arriesgar un duro propio, se dedican a esquilmar las empresas que dirigen dejen de hacerlo? ¿Cómo piensa hacer respetar la norma? ¿Y qué pasa con los consejeros “independientes”, la mayoría de ellos nombrados por el presidente de turno? ¿Va a seguir la farsa en curso?
La vicepresidenta, toda buena voluntad, dice que con ello el Gobierno “quiere reforzar la transparencia de las remuneraciones no sólo en el sector financiero sino en el conjunto de las sociedades que cotizan”. ¿Cuántas veces hemos oído esto o algo parecido desde la llegada de la Constitución? Casi tantas como que, a partir de ahora, bastarán cinco días de papeleo para crear una empresa. Añade la ministra de Economía que “el Banco de España prestará especial atención a las políticas de remuneración con el fin de que se atienda al riesgo de forma responsable…” Oiga, doña Elena, ¿Qué opina usted del último sucedido protagonizado por Emilio Botín, fichando a golpe de talonario al jefe del equipo de inspectores del Banco de España destacado en la sede de Boadilla del Monte? ¿Tiene el Gobierno algo que decir al respecto? ¿Le parece a usted presentable, desde un punto de vista ético o estético, lo de José Piñán, el inspector de marras?
La noticia, exclusiva de Eduardo Segovia en este diario, ha provocado un terremoto en aquellos ambientes, incluidos los empresariales, donde todavía hay gente que piensa que no vale todo y que sigue siendo inaceptable poner la zancadilla a una anciana en plena calle, faltar al respeto a los padres o convertirse en asalariado de lujo, sin incompatibilidad de ninguna clase, del empresario al que estabas obligado a vigilar como autoridad de supervisión, por cuyas narices necesariamente han tenido que desfilar asuntos tan espinosos para el Santander como Madoff, Lehmann o el fondo Banif inmobiliario. Y conste que la culpa no es tanto de Botín, libre de contratar a toda persona susceptible de traducir su ficha en valor añadido para la casa, sino del Banco de España (BdE) que lo consiente. Muy bien por Fernández Ordóñez. De victoria en victoria, hasta la derrota final. Oído en el caserón de Cibeles: “Menos mal que no se ha ido al BBVA, porque eso sí que hubiera sido un escándalo: un tío que conoce al dedillo las tripas del Santander…”
La baja calidad de nuestra democracia
Desprestigio de las instituciones. Constancia de que en este país pocos cumplen con su obligación y casi todo el mundo escurre el bulto, unos por ideología y otros por cobardía, asunto particularmente grave cuando de personas tan principales como del gobernador del BdE se trata. El resultado es la baja calidad de nuestra democracia, víctima del constante deterioro de las instituciones que la soportan, asunto que a poca gente parece preocupar, y muy pocos osan denunciar. Con los grupos de comunicación –tanto en Cataluña como en el resto de España-, en el filo de la navaja de la quiebra por culpa de la crisis galopante, la supervivencia depende del poder político y/o de los poderes económicos. Véase lo ocurrido esta semana con la entrada de Telefónica en Digital Plus.
¿Alguien cree que la operadora hubiera aceptado ese precio de no tratarse de Prisa?
Dieciocho meses después de haber salido de Sogecable con la venta del 16,79% que controlaba por 650 millones de euros, César Alierta vuelve en socorro del enfermo entrando en un negocio de tan incierto futuro como el satélite y comprando el 21% de Digital Plus –una de las partes de Sogecable- por 470 millones. Cierto que el almirante Cebrián empezó pidiendo 3.300 millones por el 100% del business, que después fueron 3.000 y más tarde 2.800. Los telefónicos decían mantenerse firmes: nuestro precio son 1.800 y de ahí no pasamos. Al final, han pagado a valor empresa de 2.350 millones, cifra muy generosa. Precio político, con el que Alierta compra protección sin que aparentemente la necesite ahora. No parece que los grandes fondos de inversión vayan a formular pregunta sobre la racionalidad de la operación; lo que sí está claro es que tanta generosidad con el antaño temible cañón Bertha de Jesús Polanco correrá a cargo de los consumidores españoles, que seguirán pagando la banda ancha más cara de Europa. ¿Alguien cree que la operadora hubiera aceptado ese precio de no tratarse de Prisa? ¿Dirá algo al respecto el Tribunal de Defensa de la Competencia?
Casos como muestra de un país que no funciona, resultado de una economía enladrillada que acabó por derrumbarse y de un sistema democrático que venía ya muy cuesta abajo desde la crisis de los noventa. La recesión en curso se está traduciendo en una obvia pérdida de riqueza para todos, pero ¿cuánto está significando, en términos de calidad de vida democrática, la crisis de un sistema tan agostado como el nuestro? A la clase política y periodística catalana le preocupa el Estatut, pero ¿le preocupa en igual medida lo ocurrido con la famosa denuncia de Maragall sobre el 3%? ¿Van a hacer algo para evitar la repetición de escándalos como el de Félix Millet -el “ciudadano que nos honra”, título que recibió en 2008 en presencia de las autoridades catalanas y del Ministro de Cultura- en el Palau? ¿El autogobierno, la independencia incluso, servirá solo de vehículo para el medro personal de una elite, o se traducirá en alguna mejora efectiva en la calidad de vida, también democrática, de los ciudadanos de Cataluña?
En busca de un gran desafío colectivo
Ante tanto desafío, el ciudadano Zapatero responde con un proyecto de Ley cuyo mejor resumen, y en ocho líneas, lo hizo ayer Carlos Sánchez en este Confi: “No se habla de las pensiones o del sistema sanitario (el envejecimiento de la población es una variable clave para la economía a partir de 2015), ni del mercado de trabajo (el paro se acerca a tasas del 20%), ni de la reducción del aparato administrativo del Estado, cuando el déficit público ronda ya el 10% del PIB. Tampoco se identifica en el nuevo modelo productivo qué sector debería sustituir a la construcción. La apuesta por la creación de empresas no alude a una nueva fiscalidad o una revisión de las leyes regionales que cercenan la unidad de mercado. Medidas inconexas, sin eje vertebrador”. Humo que escurre el bulto de las cuestiones trascendentes. Puro “narcisismo-leninismo”, según definición de Joaquín G. Moya en los foros de este diario.
Decía ayer Jordi Sevilla en su blog que “los Gobiernos pasan, pero nosotros quedamos. ¿En qué país queremos vivir y dejar a nuestros hijos? Tendremos que empujar al Gobierno para situarlo a la altura de sus declaraciones y de nuestras ambiciones. Sólo perderemos, todos, si esto [la LES] vuelve a ser otro episodio del rifirrafe partidista”. De acuerdo, estimado Jordi, pero te quedas corto. No cojamos el rábano por las hojas. Vayamos aguas arriba del problema español y dejemos de construir la casa por el tejado. Exijamos a nuestros políticos, a derecha e izquierda, que aborden juntos una gran reforma constitucional con voluntad de regeneración democrática. Sólo con una democracia sostenible será posible construir una economía capaz de crear riqueza y empleo para la mayoría. Decía ayer un periódico que ZP va a llamar a MR para hablar de la renovación del TC. No, hombre. El Constitucional es solo un síntoma del cáncer español. Pónganse en pie, hagan uso de su condición de hombres libres y propongan a este pueblo un gran desafío colectivo. Aceptamos sudor y algunas lágrimas. El deterioro del enfermo ha llegado a tal punto, que no habrá momento más oportuno para meterlo en quirófano. Lo contrario será seguir como hasta ahora. Hasta que el cuerpo aguante.
La vicepresidenta, toda buena voluntad, dice que con ello el Gobierno “quiere reforzar la transparencia de las remuneraciones no sólo en el sector financiero sino en el conjunto de las sociedades que cotizan”. ¿Cuántas veces hemos oído esto o algo parecido desde la llegada de la Constitución? Casi tantas como que, a partir de ahora, bastarán cinco días de papeleo para crear una empresa. Añade la ministra de Economía que “el Banco de España prestará especial atención a las políticas de remuneración con el fin de que se atienda al riesgo de forma responsable…” Oiga, doña Elena, ¿Qué opina usted del último sucedido protagonizado por Emilio Botín, fichando a golpe de talonario al jefe del equipo de inspectores del Banco de España destacado en la sede de Boadilla del Monte? ¿Tiene el Gobierno algo que decir al respecto? ¿Le parece a usted presentable, desde un punto de vista ético o estético, lo de José Piñán, el inspector de marras?
La noticia, exclusiva de Eduardo Segovia en este diario, ha provocado un terremoto en aquellos ambientes, incluidos los empresariales, donde todavía hay gente que piensa que no vale todo y que sigue siendo inaceptable poner la zancadilla a una anciana en plena calle, faltar al respeto a los padres o convertirse en asalariado de lujo, sin incompatibilidad de ninguna clase, del empresario al que estabas obligado a vigilar como autoridad de supervisión, por cuyas narices necesariamente han tenido que desfilar asuntos tan espinosos para el Santander como Madoff, Lehmann o el fondo Banif inmobiliario. Y conste que la culpa no es tanto de Botín, libre de contratar a toda persona susceptible de traducir su ficha en valor añadido para la casa, sino del Banco de España (BdE) que lo consiente. Muy bien por Fernández Ordóñez. De victoria en victoria, hasta la derrota final. Oído en el caserón de Cibeles: “Menos mal que no se ha ido al BBVA, porque eso sí que hubiera sido un escándalo: un tío que conoce al dedillo las tripas del Santander…”
La baja calidad de nuestra democracia
Desprestigio de las instituciones. Constancia de que en este país pocos cumplen con su obligación y casi todo el mundo escurre el bulto, unos por ideología y otros por cobardía, asunto particularmente grave cuando de personas tan principales como del gobernador del BdE se trata. El resultado es la baja calidad de nuestra democracia, víctima del constante deterioro de las instituciones que la soportan, asunto que a poca gente parece preocupar, y muy pocos osan denunciar. Con los grupos de comunicación –tanto en Cataluña como en el resto de España-, en el filo de la navaja de la quiebra por culpa de la crisis galopante, la supervivencia depende del poder político y/o de los poderes económicos. Véase lo ocurrido esta semana con la entrada de Telefónica en Digital Plus.
¿Alguien cree que la operadora hubiera aceptado ese precio de no tratarse de Prisa?
Dieciocho meses después de haber salido de Sogecable con la venta del 16,79% que controlaba por 650 millones de euros, César Alierta vuelve en socorro del enfermo entrando en un negocio de tan incierto futuro como el satélite y comprando el 21% de Digital Plus –una de las partes de Sogecable- por 470 millones. Cierto que el almirante Cebrián empezó pidiendo 3.300 millones por el 100% del business, que después fueron 3.000 y más tarde 2.800. Los telefónicos decían mantenerse firmes: nuestro precio son 1.800 y de ahí no pasamos. Al final, han pagado a valor empresa de 2.350 millones, cifra muy generosa. Precio político, con el que Alierta compra protección sin que aparentemente la necesite ahora. No parece que los grandes fondos de inversión vayan a formular pregunta sobre la racionalidad de la operación; lo que sí está claro es que tanta generosidad con el antaño temible cañón Bertha de Jesús Polanco correrá a cargo de los consumidores españoles, que seguirán pagando la banda ancha más cara de Europa. ¿Alguien cree que la operadora hubiera aceptado ese precio de no tratarse de Prisa? ¿Dirá algo al respecto el Tribunal de Defensa de la Competencia?
Casos como muestra de un país que no funciona, resultado de una economía enladrillada que acabó por derrumbarse y de un sistema democrático que venía ya muy cuesta abajo desde la crisis de los noventa. La recesión en curso se está traduciendo en una obvia pérdida de riqueza para todos, pero ¿cuánto está significando, en términos de calidad de vida democrática, la crisis de un sistema tan agostado como el nuestro? A la clase política y periodística catalana le preocupa el Estatut, pero ¿le preocupa en igual medida lo ocurrido con la famosa denuncia de Maragall sobre el 3%? ¿Van a hacer algo para evitar la repetición de escándalos como el de Félix Millet -el “ciudadano que nos honra”, título que recibió en 2008 en presencia de las autoridades catalanas y del Ministro de Cultura- en el Palau? ¿El autogobierno, la independencia incluso, servirá solo de vehículo para el medro personal de una elite, o se traducirá en alguna mejora efectiva en la calidad de vida, también democrática, de los ciudadanos de Cataluña?
En busca de un gran desafío colectivo
Ante tanto desafío, el ciudadano Zapatero responde con un proyecto de Ley cuyo mejor resumen, y en ocho líneas, lo hizo ayer Carlos Sánchez en este Confi: “No se habla de las pensiones o del sistema sanitario (el envejecimiento de la población es una variable clave para la economía a partir de 2015), ni del mercado de trabajo (el paro se acerca a tasas del 20%), ni de la reducción del aparato administrativo del Estado, cuando el déficit público ronda ya el 10% del PIB. Tampoco se identifica en el nuevo modelo productivo qué sector debería sustituir a la construcción. La apuesta por la creación de empresas no alude a una nueva fiscalidad o una revisión de las leyes regionales que cercenan la unidad de mercado. Medidas inconexas, sin eje vertebrador”. Humo que escurre el bulto de las cuestiones trascendentes. Puro “narcisismo-leninismo”, según definición de Joaquín G. Moya en los foros de este diario.
Decía ayer Jordi Sevilla en su blog que “los Gobiernos pasan, pero nosotros quedamos. ¿En qué país queremos vivir y dejar a nuestros hijos? Tendremos que empujar al Gobierno para situarlo a la altura de sus declaraciones y de nuestras ambiciones. Sólo perderemos, todos, si esto [la LES] vuelve a ser otro episodio del rifirrafe partidista”. De acuerdo, estimado Jordi, pero te quedas corto. No cojamos el rábano por las hojas. Vayamos aguas arriba del problema español y dejemos de construir la casa por el tejado. Exijamos a nuestros políticos, a derecha e izquierda, que aborden juntos una gran reforma constitucional con voluntad de regeneración democrática. Sólo con una democracia sostenible será posible construir una economía capaz de crear riqueza y empleo para la mayoría. Decía ayer un periódico que ZP va a llamar a MR para hablar de la renovación del TC. No, hombre. El Constitucional es solo un síntoma del cáncer español. Pónganse en pie, hagan uso de su condición de hombres libres y propongan a este pueblo un gran desafío colectivo. Aceptamos sudor y algunas lágrimas. El deterioro del enfermo ha llegado a tal punto, que no habrá momento más oportuno para meterlo en quirófano. Lo contrario será seguir como hasta ahora. Hasta que el cuerpo aguante.
El confidencial - Opinión
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