miércoles, 20 de mayo de 2009

YAK-42: UN TRIUNFO MORAL PARA LAS FAMILIAS

Es evidente, a la luz de la sentencia, que Navarro tenía prisa por acabar con el proceso de identificación para poder repetriar a las víctimas y celebrar los funerales.

CASI SEIS años después del accidente aéreo del Yak-42 en el que perdieron la vida en Turquía 62 militares españoles que regresaban de Afganistán, la Audiencia Nacional dictó ayer una sentencia que condena a tres oficiales del Ejército a penas de cárcel tras considerar que identificaron aleatoriamente 30 cadáveres sin realizar las pruebas forenses correspondientes.

El fallo sanciona al general Vicente Carlos Navarro con tres años de cárcel por un delito de falsedad documental y a sus dos colaboradores médicos, el comandante José Ramón Ramírez y el capitán Miguel Ángel Sáez, con penas de año y medio como cómplices.


La sentencia de la Audiencia contiene una narración casi periodística de los hechos, que reconstruye de forma minuciosa y rigurosa el proceso de identificación de cadáveres y su traslado a la base de Torrejón.

La Audiencia establece como hecho probado que el general Navarro ordenó la repatriación de 30 cadáveres que no habían podido ser identificados. «A pesar de ser consciente de que era imposible identificar con datos (científicos) a todos los cuerpos, Navarro elaboró una lista en la que junto al número asignado a cada cuerpo aparecían un nombre y apellidos correspondientes a cada uno de los 62 militares fallecidos, de modo que aparentaba que todos ellos habían sido identificados cuando lo cierto es que habían sido asignadas (las identidades) de forma aleatoria en 30 casos», subraya el fallo.

Esta bochornosa e infamante conclusión es corroborada por el testimonio de los dos forenses turcos que declararon que el general Navarro ordenó la repatriación de esos cadáveres sin identificación y sin cumplir con trámites preceptivos como el registro consular y los permisos sanitarios.

Al llegar a Torrejón, el comandante Ramírez y el capitán Sáez hicieron constar en los 30 cadáveres no identificados que estaban pendientes de una necropsia, pero el general Navarro ordenó la firma de los 72 certificados médicos de defunción en los que se decía que se había realizado una autopsia.

Es evidente, a la luz de la sentencia, que Navarro tenía prisa por acabar con el proceso de identificación para poder repatriar a las víctimas y celebrar los funerales de Estado. Y también queda muy claro que obró con total conocimiento de lo que estaba haciendo y en contra del criterio de los forenses turcos.

Pero la cuestión reside en si el general Navarro informó a Federico Trillo, entonces ministro de Defensa, de esas dificultades de identificación y si recibió alguna indicación para acelerar el traslado. Trillo afirmó ayer que él no sabía nada de lo sucedido en Turquía, pero su negativa es difícilmente creíble, teniendo en cuenta la jerarquización con la que actúa el Ejército.

Sea por acción o por omisión, parece claro que Trillo tiene responsabilidades políticas por los delitos cometidos por sus subordinados. Y no vale decir, como afirmó ayer, que no comparte la sentencia, entre otras razones, porque él está directamente afectado por las conclusiones de los jueces.

El PP perdió dos elecciones con posterioridad a estos hechos, por lo que ya ha pagado por la mala gestión de este asunto. Pero Trillo tendría que abandonar su cargo de portavoz en temas de Justicia en el Congreso, que obviamente ya no va a poder ejercer con la misma autoridad moral. Igualmente, el PP debería descartarle para cualquier cargo público o institucional tras acabar su mandato de diputado si el Tribunal Supremo ratifica esta sentencia, que, en lo sustancial, supone un triunfo moral para las familias de las víctimas que tuvieron que recurrir el archivo de la causa.

El Mundo - Editorial

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