domingo, 31 de mayo de 2009

Las Fuerzas Armadas homenajean a la Bandera y a los Caídos en Santander



El Mundo

EL TRIPLETE DEL NO PASSSSA NADA. Por Antonio Burgos

LES importa el mundo un rábano. Pero un rábano sin IVA. Se ponen el mundo por montera. Pero no una montera cualquiera, sino la montera de Padilla el de las patillas, ésa que parece el gorro de Miquimaus que les dan a los chavales en Disneylandia de París. En política hay legitimidades de origen, legitimidades de ejercicio y legitimidades de que hagan lo que hagan, está muy bien hecho, óle sus colones y sus pinzones, que para eso son de los nuestros y pueden hacer lo que les dé la gana, y no como los otros, unos fachas que tienen la culpa de la crisis y de los 4 millones de parados.

Es público y notorio que ZP es del Barsa. ¿Quiere ello decir que los madridistas no le votan ni quemado? En absoluto. Como es de los nuestros, puede ser del equipo que quiera. Y como el Barsa (y olé), ZP ha hecho Triplete en esta semana. El Triplete del No Passssa Nada. Esta semana se ha demostrado que están legitimados para todo, que todo vale, que les importa una higa lo que digan la oposición, los periódicos, el sentido común, la ética, el código del buen gobierno y la vergüenza.

El Triplete de ZP se plantea así:

1.- La Liga ha sido la Gripe A.

2.- La Copa, los 10 millones de euros dados por Chaves a la niña de Chaves, qué lástima de hija.

3.- La Chámpion, el Falcon.

La Liga de la Gripe A ha ligado la incompetencia de Carmen Chacón con la incompetencia de La Trini. Usted puede contaminar de gripe cuarteles enteros y meter luego allí no digo ya una escuela, sino a la Escuela Española de Arte Ecuestre de Viena con todos sus caballos si hace falta, que tendrá la explicación del protocolo. Estamos en la dictadura del protocolo. No el protocolo que les gustaba antes a los sociatas, eso de exigir sitio y honores como si fueran príncipes de Mónaco, sino el protocolo como hoja de ruta para callar la boca a los hijos de lo que rima que protesten. Si usted mete la pata, dice que se ha limitado a aplicar el protocolo y No Passssa Nada. El protocolo dice barbaridades como que cuando un enfermo no es rentable para un hospital hay que aplicarle el matarile de los cuidados paliativos caiga quien caiga, usted me entiende, pero da igual. El protocolo, como el Jefe en el Fascismo, siempre tiene razón. Y si no tiene razón, pues tampoco Passsa Nada.

La Copa del Triplete ha sido lo de Chaves, que ha puesto hasta la corcha de subvenciones a la empresa de su niña. No Passsa Nada. Apliquemos el protocolo. El protocolo de la poca vergüenza que hay en España dice, como afirmaba Beni de Cádiz cuando lo de Mienmano, que a quién le vamos a dar mejor el dinerito que a los de nuestra sangre. El consejero de Innovación de la Junta no ha innovado nada lo que piensan los votantes de todas estas sinvergonzonerías: «Todo padre quiere lo mejor para sus hijos». Y se han quedado vaheando. Y No Passsa Nada. Los millones que ha dado Chaves a su niña, ¿son acaso trajes del sastre José Tomás o algo? ¡Pues entonces!

Y al final, limpiarse en las cortinas con el Falcon, que es la Chámpion del Triplete de la Poca Vergüenza. Les importa un bledo que les digan que meten la mano en el cajón público para sus asuntos privados. No a ellos, que es normal. No les importa a sus votantes, que es lo más preocupante. ¿Que no quieres que vaya en el Falcon a Dos Hermanas? ¡Toma, pues voy también a Asturias! ¿Pasa algo?

En rojo y azul, los colores del Barsa, dicen sus carteles sembradores de odio y resucitadores de las dos Españas: «Este partido se juega en Europa». En el lema falta una palabra: «Este partido se "la" juega en Europa». Pero ZP, de momento, ya ha ganado esta semana el Triplete del No Passsa Nada.

ABC - Opinión

SOL Y SANGRE. Por Alfonso Ussía

Lucía el viernes el sol sobre los valles vascos. Día de viento sur, que en la bóveda verde del norte de España calcina los prados con sus calores tórridos. El viento sur, si permanece unos días, provoca el nortazo, la galerna y la lluvia, y los prados, brañas y alcores recuperan el agua que tanto necesitan. Lucía el viernes el sol sobre Azpeitia. La basílica de Loyola, la casa de Ignacio, se alza a un centenar de metros del lugar donde Ignacio Uría, último asesinado por la ETA, se topó de golpe con la muerte. Donde corrió su sangre, la gente buena renueva ramos de flores y velas encendidas. También, a pocos metros de ahí, los compañeros de la partida de tute siguen reuniéndose para jugar a las cartas. Sustituyeron a Ignacio Uría el mismo día de su muerte, y se lo pasan muy bien. El viernes apareció por allí Arnaldo Otegui, que acompañaba a Doris Benegas. Iban de campaña electoral. También el etarra «Antxon», que se mantiene en forma y parece que los años no han pasado por su piel de serpiente. Para mitigar los altos calores, Otegui llevaba un polo y Doris un liviano vestido, como su conciencia. Se instalaron frente a la basílica, y hablaron, y pidieron el voto para «Iniciativa Internacionalista» en las elecciones europeas, la formación que puede ser la voz del terrorismo en el Parlamento europeo. A cien metros de las flores que recuerdan el último paso en la vida de Ignacio Uría, y ninguno tuvo el detalle de pronunciar su nombre.

No estuvo Alfonso Sastre. El dramaturgo se esconde cuando el calor aprieta en su casa de Fuenterrabía, repleta de fotografías de su difunta esposa, Genoveva Forest, Eva, «Julen Aguirre», escritora y etarra, mala escritora y eficiente etarra, como demostró en el atentado de la calle del correo, el de la cafetería «Rolando», con decenas de muertos. También, entre libros, destaca alguna imagen de José Bergamín, el poeta madrileño y malagueño, el más flojito de su generación, combatiente de la República sin haber pisado el frente de guerra, atraído al final de su vida por la simbología siniestra de Batasuna y enterrado en una tierra que apenas conocía entre hachas y serpientes. Le cantaron el «Euzko Gudariak», el himno del «Soldado vasco», a él, precisamente a él, que lo más cerca que estuvo de las trincheras fue en los bares de la Gran Vía. Allí se refugia Alfonso Sastre cuando el sur recala, el calor aprieta y Otegui le sustituye para pedir el voto a los amantes de la sangre.

No se concentró una gran multitud en Azpeitia. Los desocupados eligieron las playas, aunque el agua del Cantábrico, a estas alturas de mayo, aún no está para bromas. Poca gente en Azpeitia, a cien metros de las flores que otros renuevan para no olvidar a Ignacio Uría. Se echó de menos a doce personas. No acudieron al mitin de Otegui porque están avergonzados. Esas doce personas no se refugian del calor en sus casas de Fuenterrabía. Viven en Madrid. Gracias a ellas, Otegui, Benegas, «Antxon» y compañía, pueden hacer campaña, y de conseguir los votos necesarios, representar al terrorismo en el Parlamento de Europa. Podrían haberse esforzado para ver en persona la consecuencia directa de su terrible error. A los doce miembros del Tribunal Constitucional se les echó de menos en Azpeitia, a cien metros del sitio de la muerte de Ignacio Uría.

La Razón - Opinión

SOLO SE PUEDE COMPETIR EN EL MERCADO. Por José T. Raga

Impuestos

«Que la competencia entre Comunidades Autónomas de que se está hablando sea del gasto sin necesidad de ponerse coloradas ante los ciudadanos exigiendo más impuestos, no es eficiencia competitiva sino despilfarro de recursos.»

A fuerza de manosear, sin pudor alguno, los términos que más indubitado significado han tenido a través de los tiempos, se llega a la situación en la que, hasta los más rigurosos, acaban aceptando como válido el híbrido decir de los maltrechos vocablos. Algo de eso viene ocurriendo con el término "mercado", el cual ha pasado de considerarse el mal en el que la humanidad se encuentra inserta, a ser el referente de la conducta de los seres eficientes, si bien la usan con más profusión los que no lo son, incluso aquellos que ni siquiera se mueven en un mercado libre.


Porque quede bien claro y para siempre que el término mercado, cuando no lleva ningún complemento que lo determine, restringiendo en algún sentido su significado, –así, cuando decimos, mercado monopolista o monopolístico, o bien, mercado de oligopolio, o simplemente mercado regulado– se está refiriendo, por antonomasia, al mercado competitivo, a eso que algunos autores han denominado arena competitiva, para distinguirlo de lo que como referente teórico recibe el apelativo de competencia perfecta. Somos conscientes, los que a esto nos dedicamos, que la situación real del mercado estará más próxima o más alejada de la competencia perfecta, sin que por ello deje de merecer ser llamado por su nombre que, sin embargo, exigirá de manera ineludible que, cualquiera que sea su dimensión en el espacio y su ámbito de actuación en la actividad económica, esté ausente de interferencias del poder político, social o económico.

El mercado, además, para que sea muestra de eficiencia, requiere, por parte de los demandantes, que el sacrificio que experimentan al pagar el precio se vea compensado por la utilidad –si quieren ustedes, satisfacción– que van a obtener por el consumo o utilización del bien. Por otro lado, los oferentes esperan obtener un precio al vender el bien o el servicio que vendrá a compensar el coste de producción de ese bien o servicio. Cuando todo esto falla, cuando hay interferencias, cuando el coste de producción –subvención, en este caso– no lo experimenta quien ofrece el producto, cuando el precio que se percibe a cambio de dicho coste no es evidente porque está representado en un posible beneficio en términos de voto en unas elecciones, y cuando para el consumidor el bien que recibe es una subvención que disminuye su sacrificio en términos de precio del automóvil, hay que decir que, simplemente, el mercado no existe.

Pese a ello, estamos todos los días oyendo, quizá como ejemplo del fraccionamiento del mercado nacional en mercados autonómicos, que las Comunidades Autónomas, como entidades políticas, compiten entre ellas para la consecución de los objetivos que se proponen; un ejemplo que está sobre la mesa es el de las ayudas directas al sector de la automoción. El despropósito del discurso no puede alcanzar niveles más altos y ello porque el sacrificio que las autonomías deberían de experimentar al dedicar sus recursos públicos a unos fines en lugar de a otros, lo trasladan al Estado. Y éste, por mor de los intereses políticos del Gobierno de la Nación, representados por los apoyos que se esperan de los beneficiarios a las iniciativas parlamentarias, asume con gusto el sacrificio de unos recursos adicionales (concedidos con arbitrariedad ya que este sacrificio, en definitiva, se trasladará a los ciudadanos en general), los cuales ya no tendrán posibilidad de traslación sino de sufrimiento.

Me resulta difícil situarme en este escenario, no por lo que un rasgo de competencia pudiera añadir a cualquier sistema, sino por cómo se está utilizando tal concepto. Y que conste que me he pronunciado hasta la saciedad contra el modelo fiscal europeo que en su bautismo recibió el patronímico de armonización fiscal. He atacado siempre la armonización y defendido siempre la competencia fiscal, creándome en estas tesis enemigos entre los que nos reconocíamos como profesos de una amistad profunda.

Siempre he creído que una competencia fiscal derivaría necesariamente en una mayor felicidad de los ciudadanos pues, en el límite, reduciría la carga tributaria y con ella el esfuerzo fiscal de los sujetos. Para los maliciosos, que siempre los hay, anticiparé que no estoy hablando de reducir los gastos sociales, salvo aquellos que actúan como desincentivadores del esfuerzo productivo. Estoy simplemente estimando que, en un modelo competitivo de exacción impositiva, el sector público racionalizará sus actividades y su dimensión hacia aquellos gastos que transfieren un bienestar a los individuos igual o superior al sacrificio que tienen que realizar al pagar los impuestos. Racionalidad, que buena falta hace a un sector público tan burocratizado, tan de espaldas a la realidad de los ciudadanos y tan estéril en el uso de unos recursos que, para su desgracia, son escasos.

Ahora bien, que la competencia entre Comunidades Autónomas de que se está hablando sea del gasto, entendiendo que es más competitivo quien gasta más, cuando la captación de ingresos se obtiene benévolamente del Estado –al menos para algunas de ellas– sin necesidad de ponerse coloradas ante los ciudadanos exigiendo más impuestos, no es eficiencia competitiva sino despilfarro de recursos. Y éste se transmite por el Estado a los ciudadanos en forma de latrocinio de rentas que llega a privarles de lo más esencial para sus vidas.

Y aún aparece de vez en cuando un ministro de Industria, caracterizado por el fracaso de sus medidas, a explicar el proceso para que nadie llegue a entenderlo.

Libertad Digital - Opinión

FUERZAS ARMADAS. Por M. Martín Ferrand

MI carrera militar, forzada y tardía, culminó como cabo apuntador de Artillería. Juré bandera el día en que vino al mundo la segunda de mis hijos, Rosalía. Es decir, que el militarismo no forma parte de mis esencias y que, a pesar de ello, le debo al servicio militar obligatorio, al que tanto maldije, una parte importante de mi formación como persona. El Ejército es una pieza fundamental en un Estado en el que los ciudadanos aspiren a ejercer su libertad y, aunque mucho años de mal uso de su poder hayan distorsionado la imagen de su realidad más honda, en las Fuerzas Armadas descansa el fundamento de la seguridad y la independencia nacionales.

La supresión del servicio militar obligatorio se hizo en España, como casi todo, tarde y mal. Era algo ineludible, pero debió producirse con otros modos y distintos ritmos. Hoy disponemos de una tropa profesional y, dicho sea de paso, sus cuadros de mando -jefes, oficiales y suboficiales- son los de más capacitación y mejor formación técnica e intelectual de los que ha dispuesto nuestro país a lo largo del tiempo. Sin olvidar el mérito y la gloria que la milicia le ha dado a la Nación en las muchas y difíciles peripecias en que la ha servido.

Una suerte de complejo antimilitarista, seguramente efecto de la dramática ley del péndulo que rige nuestra convivencia, se ha instalado en los usos y las costumbres. Nuestra pertenencia a la OTAN, junto con los pactos bilaterales con los EE.UU, alivian la responsabilidad gubernamental en materia de Defensa. Se olvida que nuestro flanco sur, el mayor problema estratégico nacional, no está suficientemente cubierto por esos tratados y que un Ejército bien dotado, equilibrado dentro de la dimensión económica y política del Estado, es tan indispensable como la Educación o la Justicia, algo de lo que tampoco disponemos en los niveles deseables y convenientes. Es tal nuestro desapego por los asuntos de Defensa que puede hablarse, sin consecuencias, de la supresión de la Infantería de Marina, la primera del mundo, que fundo nuestro Carlos I y que tuvo servidores tan notables como Miguel de Cervantes.

Ojalá que la celebración, en Santander, de un día de las Fuerzas Armadas invite a la reflexión colectiva y responsable que merece una institución que, por lo que llevamos visto, en los últimos tiempos no tiene suerte con los ministros/as que le tocan en el reparto.

ABC - Opinión

UNAS ELECCIONES PARA QUE TODO SIGA IGUAL

LAS ELECCIONES europeas del próximo domingo no van a suponer ningún cambio relevante en el actual escenario político. Según la encuesta de Sigma Dos que publica hoy EL MUNDO, el PP ganaría con una ventaja de dos puntos sobre el PSOE, un resultado que permitiría a Mariano Rajoy consolidar su liderazgo en el PP sin poner en demasiados aprietos a Zapatero.

Todas las encuestas coinciden en que habrá un resultado bastante ajustado entre las dos grandes formaciones políticas e igualmente todas las predicciones señalan que la participación será baja, en torno al 40%, como también refleja nuestro sondeo.


No hay un clima de movilización en el electorado, que ha podido constatar como los debates y la propaganda electoral se han centrado en temas de política interna. Sin exagerar, podría decirse que Europa ha sido la gran ausente de esta campaña.

En principio, el líder del PP se juega más que Zapatero en estas elecciones en las que tradicionalmente se produce un fuerte voto de castigo contra los Gobiernos que sufren problemas de desgaste. Según refleja nuestra encuesta, Rajoy se va a beneficiar del creciente descrédito del Ejecutivo que preside Zapatero y va a superar probablemente en uno o dos diputados al PSOE.

La derrota no tiene por qué afectar demasiado a Zapatero, que siempre puede alegar que perder por un par de puntos es un buen resultado en medio de una crisis económica tan brutal como la actual, a la espera de una reactivación que le permitiría recuperar apoyos.

Como se demostró en el reciente debate sobre el estado de la Nación, el Gobierno tiene un respaldo suficiente en el Congreso para seguir gobernando, aunque sea a través de pactos puntuales. El PP carece de posibilidades de dar la vuelta a esta situación.

Las elecciones del domingo próximo van a poner en evidencia de nuevo la hegemonía de los dos grandes partidos, PP y PSOE, que cosecharían más del 83% de los votos y se repartirían el 90% de los escaños.

Coalición por Europa, formada por CiU, PNV y los nacionalistas moderados, puede lograr dos eurodiputados, mientras que la Europa de los Pueblos, integrada por ERC, BNG y el nacionalismo radical, sacará seguramente sólo un escaño de los 50 que están en juego.

UPyD, el partido de Rosa Díez, puede alcanzar el 2,6% de los votos, lo que permitiría a Sosa Wagner estar en el Parlamento Europeo, un resultado que no está mal pero que no consolidaría a esta formación como la tercera fuerza política a nivel nacional.

Por último, IU se quedaría con un escaño de los dos que ahora tiene, sin poder frenar el declive electoral iniciado con Gaspar Llamazares y que está a punto de convertir a este partido en una formación marginal.

Todavía queda una semana para que los partidos puedan movilizar a sus electores, aunque no parece que lo vayan a conseguir si la campaña se sigue desarrollando en los mismos términos. Todo apunta, pues, a una elevada abstención y a una victoria apretada del PP, que dejaría las cosas como están.

El Mundo - Editorial

LAS VOCES QUE NO OYE ZP. Por Ignacio Camacho

FELIPE González, Javier Solana y Joaquín Almunia, esos peligrosos neoliberales, se han manifestado contra el cierre de la central de Garoña y a favor de la reapertura del debate nuclear. Su opinión tiene importancia porque son -o eran- gente de criterio en el PSOE, porque su voz se escucha con respeto en Europa y porque formaron parte del Gobierno que decidió la moratoria sobre energía atómica. A estos tipos se les pueden reprochar muchas cosas, pero no falta de pragmatismo ni de experiencia. Su indiscutible alineamiento con la causa socialista no les ha impedido formular críticas -de manera más ácida en privado que en público- sobre el adanismo fundamentalista que impregna la política de Zapatero en torno a ciertos mantras y tabúes de la vieja izquierda.

También el citado Almunia, junto con el gobernador del Banco de España -nombrado por este Gobierno- Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el ex ministro -de Zapatero- Jordi Sevilla y el antiguo director de la Oficina Económica del presidente -del presidente Zapatero-, David Taguas, se han pronunciado recientemente sobre la necesidad de una reforma del mercado laboral que, sin apelar ni de lejos al despido libre, unifique los contratos y regule las indemnizaciones según el tiempo de trabajo. Reforma propuesta en abril por un centenar de economistas entre los que figuraba José Manuel Campa, actual secretario de Estado de Economía... del Gobierno de Zapatero. Todos estos ciudadanos son militantes o simpatizantes del PSOE y han recibido nombramientos directos de la Presidencia; ninguno de ellos forma parte del círculo del PP ni ha coqueteado jamás con esa derecha «rancia», «especuladora» y «neocon» denostada hasta la demonización en los vídeos de campaña del PSOE.

Todos ellos, sin embargo, son voces roncas que predican en el desierto de un zapaterismo enrocado sobre la fuerza peronista de los sindicatos, que preparan un contramanifiesto de apoyo a la política social del Gobierno, cuyo principal resultado son siete mil nuevos parados al día. El documento será remitido para su suscripción a la plataforma de artistas -mal conocida como el Clan de la Zeja-que ha prestado respaldo al presidente en pasadas campañas electorales. En dicha declaración, los firmantes darán su aprobación al indefinido nuevo modelo productivo sostenible y expresarán su veto a cualquier modo o fórmula que reforme el actual mercado de trabajo, en quiebra por efecto de la crisis.

Los sindicatos mayoritarios, CC.OO y UGT, así como buena parte de los actores, cineastas y cantantes de la mencionada plataforma se declaran ideológicamente herederos del marxismo. Del marxismo de Carlos Marx. Porque fue otro Marx, apodado Groucho, el que definió la política como el arte de buscar problemas, encontrarlos, formular un diagnóstico falso y aplicar remedios equivocados.

ABC - Opinión

EL MEDIO JUEZ. Por José María Marco

«La actuación de Garzón culminaba la falacia de la "memoria histórica", reescritura legislativa de la historia, como ésta a su vez venía a culminar la mendaz, calumniosa y desacreditada historia progre dominante durante la segunda mitad del siglo XX.»

En otros tiempos, la plaza de París de Madrid, donde tienen sus respectivas sedes el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial, era uno de los lugares más plácidos y deleitables de Madrid. Hoy los contados paseantes deben ir deprisa, bordear las paredes y refugiarse detrás de los árboles para evitar que le alcance alguna bala perdida, de las muchas que se lanzan estas instituciones entre ellas (hay que añadir el Tribunal Constitucional, que utiliza misiles tierra aire).


Probablemente el último episodio de esta guerra, muestra de la fragilidad del llamado poder judicial, es la imputación de Baltasar Garzón por prevaricación por parte del Tribunal Supremo. Pero en fin, allá se las compongan los jueces con sus envidias y sus guerras civiles. Como los políticos, no parecen darse cuenta del descrédito en que han caído por sus negligencias, sus arbitrariedades –traducidas en injusticias brutales– y también por hacer de los tribunales, no el ámbito de la justicia ni de la legalidad, sino una esfera independiente, ajena por completo al resto del mundo, de la que son los únicos y soberanos dueños.

Aun así, el caso Garzón tiene una envergadura algo mayor que los habituales rifirrafes entre jueces. Cuando inició su peculiar causa general contra el franquismo, Garzón debía saber que los posibles imputados habían fallecido, que la ley de Amnistía había acabado con la consideración de delitos para los hechos que quería juzgar, y que estos, en cualquier caso, habían prescrito.

Es obvio que Garzón no aspiraba a hacer justicia. Dejando de lado la petición del certificado de defunción de Francisco Franco, un rasgo de humor negro que no parece suyo, toda su actuación en este asunto está destinada a reescribir oficialmente, es decir judicialmente, la historia de España en los últimos setenta años. Su actuación culminaba la falacia de la "memoria histórica", reescritura legislativa de la historia, como ésta a su vez venía a culminar la mendaz, calumniosa y desacreditada historia progre dominante durante la segunda mitad del siglo XX.

El caso es que la guinda que iba a coronar el pastel, la que iba a poner Baltasar Garzón, el juez metido a cronista histórico, ha sufrido un percance. Tal vez sea momentáneo, pero por ahora la sombra de la prevaricación se extiende sobre el mitómano que quiso aprovechar los tribunales para algo que no les corresponde, como es promocionar una determinada visión de la historia. Los ingleses llaman a un gran hombre "un hombre y medio". Por ahora, Garzón se ha quedado en medio juez.

Libertad Digital - Opinión

NUCLEARES EN SERIO

LA postura de sectores importantes del PSOE, incluido el presidente Gobierno, en contra de la energía nuclear es fiel reflejo de una inmadurez que resulta inaceptable en quienes ejercen altas responsabilidades políticas. El debate sobre el cierre de la central de Garoña ha puesto de relieve las diferencias insalvables que separan a Rodríguez Zapatero de otros líderes como Felipe González o Javier Solana, capaces de tomar en serio la política energética. Bajo la retórica de la economía sostenible y las energías renovables, el Ejecutivo y la fundación que preside Jesús Caldera lanzan mensajes poco convincentes sobre un nuevo modelo siempre impreciso, cuyo objetivo sería al parecer superar la economía del cemento y el petróleo. Es evidente que estas ocurrencias sin fundamento no alivian la suerte de los cuatro millones largos de parados ni generan la confianza necesaria para que España salga de la crisis. Peor todavía, si se tiene en cuenta que -según cálculos solventes- el modelo energético del PSOE multiplicará por diez el recibo de la luz y el coste de la electricidad podría dispararse hasta más del veinte por ciento de la renta per cápita.

La opinión antinuclear se moviliza al amparo de viejos resabios falsamente ecologistas, mientras sigue pendiente el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la central burgalesa que sólo sería vinculante para el Gobierno en el caso de que aconsejara el cierre de Garoña. Esto deja un amplio margen de discrecionalidad política al Ejecutivo, que tal vez está dispuesto a dar un golpe de efecto en plena campaña electoral con el anuncio de la clausura de ésta y quizá de otras instalaciones. Sería lamentable que Rodríguez Zapatero utilizara un asunto de largo alcance para la búsqueda oportunista de votos de cara al 7-J, pero lo cierto es que los ciudadanos están ya acostumbrados a las maniobras típicas de un presidente que antepone las conveniencias partidistas a corto plazo sobre el interés general. Es realmente absurdo plantear el cierre de nuestras centrales nucleares y pretender luego que esta energía sea adquirida en Francia o que el supuesto desarrollo sostenible se realice a costa del bolsillo de los contribuyentes. Según muchos expertos, la energía nuclear es más limpia y más barata que otras opciones alternativas. En todo caso, un asunto de tanta trascendencia merece un debate serio y riguroso al margen de las urgencias electoralistas de un partido que teme sufrir un varapalo en las urnas europeas.

ABC - Editorial

LAS FUERZAS ARMADAS NO SON UN JUGUETE PROGRE

«En los últimos años asistimos a una cursi y ridícula táctica de deconstrucción de la esencia de la carrera militar.»

Debido tanto a su misión, que no es otra que la defensa del territorio y soberanía nacionales contra las agresiones, como a su funcionamiento, en el que orden, al disciplina y la jerarquía se imponen a otras consideraciones, las Fuerzas Armadas son una institución del Estado especialmente refractaria a los experimentos buenistas a los que el Gobierno de España viene sometiéndola desde la llegada al poder del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero.


Desde la década de los años 90 del siglo pasado, las Fuerzas Armadas han sufrido cambios importantes, algunos positivos, mientras que otros desvirtúan peligrosamente sus objetivos e incluso su razón de ser. Entre las reformas beneficiosas están la incorporación de las mujeres, un hecho que como demuestran los casos estadounidense e israelí no influye negativamente en su nivel de desempeño, la profesionalización de sus cuerpos y su participación en diversas misiones internacionales.

Sin embargo, en los últimos años asistimos a una cursi y ridícula táctica de deconstrucción de la esencia de la carrera militar. En primer lugar, el papel de las Fuerzas Armadas como garantes de la unidad nacional ha quedado desdibujado, cuando no simplemente eliminado, por la retirada en algunas de sus instalaciones de los símbolos y lemas alusivos a esta función fundamental. Además, el Gobierno pretende enmarcar a los ejércitos en una serie de labores de caridad internacional que, lejos que ser su tarea primordial, son en realidad trabajos secundarios. Por último, el ocultamiento del carácter bélico de la institución ha llegado al extremo de suprimir el tradicional desfile del Día de las Fuerzas Armadas con la excusa de un recorte presupuestario, curiosamente el único que el Ejecutivo ha realizado desde que admitió la crisis económica.

Al desprecio que los socialistas han demostrado a las Fuerzas Armadas y a sus efectivos, pendientes de unas mejoras salariales que todavía no se han cumplido, se ha unido la nefasta gestión de la ministra Carmen Chacón, quien no ha dudado en convertir su puesto en un trampolín para su proyección personal. Sin embargo, el resultado hasta la fecha no podría haber sido peor no sólo para sus ambiciones políticas, sino para la imagen y el prestigio y el bienestar de nuestros soldados. Desde el lío de la retirada de las tropas españolas de Kosovo al escándalo de los casos de gripe en el cuartel de Hoyo de Manzanares, el paso de Chacón por el Ministerio de Defensa está siendo un rotundo fracaso.

Más preocupada por los reporteros gráficos que por las vidas de los efectivos bajo su mando, Carmen Chacón todavía no ha llevado a cabo la prometida mejora del sistema de formación de los miembros de las Fuerzas Armadas ni el necesario refuerzo tecnológico de sus operaciones. Mientras tanto, nuestras tropas continúan afrontando riesgos innecesarios en lugares como Afganistán debido a la falta de elementos básicos como los inhibidores. Así las cosas, cualquier comparación entre nuestra ministra de Defensa y otras mujeres que desde hace más de treinta años han ocupado puestos similares en sus respectivos países resultaría humillante para Chacón. Mucho nos tememos que eso le importe tanto como la celebración del Día de las Fuerzas Armadas.

Libertad Digital - Editorial

La asignatura pendiente de la cultura de la Defensa. Por Angel Expósito Mora

SI hay una asignatura que permanece suspendida desde hace más de treinta años en el conjunto de la sociedad española es la Cultura de la Defensa. Reconozcámoslo. Y lo que es peor, las perspectivas pueden no resultar del todo halagüeñas porque, aunque la consideración general hacia las Fuerzas Armadas ha evolucionado mucho y para bien en estos años, no es menos cierto que el distanciamiento de las nuevas generaciones de españoles con nuestros militares resulta preocupante.

De entrada es muy difícil cambiar una tendencia si no se afronta el problema con la firmeza necesaria, o lo que es lo mismo, advertir que de cara a pasado mañana esa relación entre jóvenes y militares será más clave aún, si cabe, que la existente hoy mismo entre la sociedad en general y esos mismos militares. No hay mejor jornada que hoy, día de la Fuerzas Armadas, para pensar sobre la cuestión.

La manera más eficaz de apreciar su trabajo y formación es compenetrarse no ya sobre el terreno de los distintos teatros de operaciones por cualquier lugar del mundo, que también, sino permitiendo la imbricación de la sociedad civil con los profesionales y viceversa. Los colegios e institutos han de abrirse a los soldados, porque si no, la relación a medio y largo plazo de la sociedad española con sus militares será imposible.

¿Nos hemos planteado en algún momento el nivel de capacitación y, por lo tanto, de formación de los protagonistas de un día como hoy? ¿Nos atreveríamos, por ejemplo, a comparar la cualificación de los oficiales de las Fuerzas Armadas con los miembros de los distintos «staffs» periodísticos, incluyéndome yo mismo, por supuesto? No existe un colectivo profesional en España con similar volumen de idiomas, preparación técnica y cultural y capacidad de prospectiva y análisis. Prueben, si no, a tratar con cualquier oficial cuestiones de política exterior, análisis político, geografía o historia. Y comparemos esas calificaciones con las nuestras o las de cualquier otra carrera.

En Estados Unidos, en Reino Unido o en Francia, la interconexión entre milicia y universidades, por ejemplo, es fundamental no sólo para los primeros, sino especialmente para los centros de investigación y de formación de las principales universidades de estos países. ¿Por qué aquí nos cuesta tanto ese proceso si nuestros vecinos lo llevan a cabo con toda normalidad? ¿Nos podemos imaginar la cantidad de avances científicos que encajan en las políticas de I+D+I que han nacido en instalaciones militares? Una vez más, seamos sinceros: el motivo es un complejo atávico que no hemos sabido arrancar de nuestras entrañas. Porque yendo un poco más allá en el razonamiento, y salvo honrosas excepciones, la entrada de militares en determinadas universidades provocaría en sus rectores y responsables la estigmatización absurda de tiempos predemocráticos olvidados, en primer lugar, y sobre todo, por los propios soldados.

Algo se ha conseguido ya con la inclusión de aspectos específicos de esta materia en los temarios de Educación para la Ciudadanía. Y el caso es que en España existen instrumentos y experiencias muy positivas al respecto. Desde centros de enseñanzas medias como el instituto «Al Qadir» de Alcorcón (Madrid), donde se ha logrado una interesantísima experiencia de intercambio entre soldados, profesores y alumnos, hasta universidades concretas o agrupaciones como la Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional. Desde la otra vertiente, se trata de empujar a que instituciones como el CESEDEN se abran más aún a los civiles porque multiplicaría su influencia y amplificaría el efecto de sus informes y estudios más allá de los uniformados. Ningún «think tank» en España es capaz de fabricar los estudios y ensayos que elabora el CESEDEN ni, por supuesto, tiene organización para desarrollar los cursos y visitas que se llevan a cabo en este edificio del Paseo de la Castellana.

Pero para afrontar todo lo anterior, nos encontramos con otro bastión fundamental, cual es la politización de la Defensa que comienza, por el propio Ministerio y termina con el tratamiento que los medios de comunicación aplicamos al tema. ¿Por qué los ministros mejor recordados en su paso por el Ministerio han sido los menos politizados, más allá del que fuera su color partidista? ¿No debería ser este departamento el menos politizado de todos los sillones del Gabinete, o, dicho de otro modo, el más transversal del Consejo de Ministros? Por supuesto que la Defensa es pieza clave de la política de un país, faltaría más, pero también se debe dar por supuesto que esa alta política habría de estar por encima de una legislatura, y, ni qué decir tiene, mucho más allá de unos comicios electorales. Y es que, yendo a lo que nos ocupa, nada más contraproducente para una auténtica Cultura de la Defensa que la contaminación partidista de esa misma Defensa. Porque Educación, Asuntos Exteriores y nuestro tema no deberían ser transversales -por cierto, qué poco me gusta esta palabra-, sino claves y de larguísimo plazo.

No obstante, y aunque suene a conformarse con poco, la situación puede empeorar si seguimos erre que erre por la linde de un proceso autonómico, cuando no nacionalista, que separa más todavía a sus futuras generaciones de todo lo que suponga un cordón umbilical con el Estado. Y las Fuerzas Armadas son, muy particularmente, un nexo entre los españoles. Quien no quiera verlo se equivoca.

En cuanto a los medios de comunicación, y teniendo en cuenta la mediatización social a la que contribuimos, a la que pertenecemos y de la que vivimos, se debe desarrollar un ejercicio a la vez de autocrítica y de difusión. Porque si hay un colectivo en el que el complejo atávico persiste es en el periodístico, y, por lo mismo, si desde algún vértice del polígono se tendría que acometer el cambio de percepciones hacia los Ejércitos y la Armada, es desde el periodístico. O nosotros, los informadores y opinantes, nos creemos y constatamos que las Fuerzas Armadas han cambiado, o será imposible que la sociedad española se sume a un proyecto verdadero tendente a su reconocimiento.

Hace falta que los militares sepan «venderse». Las Fuerzas Armadas tienen que abrirse más a la sociedad. Los políticos deben facilitar con inteligencia y sin prejuicios esa apertura, su conocimiento y el intercambio. Desde el periodismo hemos de aportar los medios, la crítica y el acceso a su mundo.

Si en primer lugar consiguiéramos avanzar en los colegios con los niños; en segundo término accediéramos a los institutos con los chavales; y, como tercer paso, lográramos penetrar en el corazón universitario, el futuro de esa interrelación entre militares y sociedad civil estaría garantizado y la Cultura de la Defensa se escribiría así, con mayúsculas, en la formación de los españoles.

Seguro que por los militares no va a quedar, porque ellos mismos serían los más agradecidos y beneficiados. Pero somos el resto quienes hemos de dar el paso para permitirles el acceso y, a partir de ahí, aprender con espíritu crítico, conocimiento de la historia y perspectiva internacional.

ABC - Opinión

sábado, 30 de mayo de 2009

Un pensamiento frecuente entre el espécimen nacionalista cuatribarrado. Por Yauma

En distintas ocasiones he hecho algún comentario, con cierta mala leche todo hay que decirlo, sobre el poco respeto profesional e intelectual que me merece el diario “Público”. Un sitio sectario, falto de unos mínimos ingredientes de equidad profesional, manipulador tosco y cutre de la realidad política del momento, vocifero de las directrices monclovitas y refugio de la izquierda trasnochada propia de tiempos pretéritos. Sin embargo, a veces entre los caminos más infectos nace una margarita. Y hoy, al repasar el panfleto de los viernes, he tropezado con esa pequeña planta florida, surgiendo entre la montaña de mugre ideológica que cubre casi por completo las sesenta y pico páginas del periódico. La flor cuyo jardinero es un tal R.R. responsable habitual de la sección “Carta con respuesta” . Cultivador la mayoría de veces de hierbas silvestres de dudoso aprovechamiento para alimento intelectual del sufrido caminante, consumidor de prensa escrita, hoy digo, me he llevado una agradable sorpresa, con la respuesta que Rafael Reig da a un cuatribarrado normalizado, ósea el nacionalista medio catalán. Reig, no Roig, nacido en Cangas de Onís, es escritor autor de “Sangre a borbotones” titulo algo tenebroso, en cualquiera de sus posibles interpretaciones noveladas, sin lugar a dudas.


Escribe el lector (Julián J. Lacasa).

“Mi texto será políticamente incorrecto para algunos, pero aplaudo lo que quiere llevar a la práctica el Parlament de Catalunya con la abolición de las corridas de toros. La forma de ser de muchos toreros, incompatible con la manera de ser más civilizada que se requiere inculcar a los hombres de hoy en día, les hace aparecer como algo anacrónico. Además, en Catalunya siempre han sido algo exótico, nunca catalanes del todo, que igual que el “macho ibérico” resultan, al fin y al cabo, ajenas, como es la noche de Halloween. Igual que en las series televisivas catalanas lo taurino apenas existe porque no entra en la manera de ser catalana, los “machos ibéricos” que en las películas del landismo arrasaban, sobre todo con las extranjeras, no ligan mucho entre las catalanas, que aprecian más el modelo Woody Allen, es decir, el hombre sensible, culto y que las trata como a personas, no como si fueran de su propiedad ni inferiores a ellos.”

Respuesta de Rafael Reig.

“Qué va, es de una gran corrección política……para un régimen como el franquismo, pongamos. Sus elucubraciones sobre el Volkgeis catalán las hemos oído infinidad de veces, aunque aplicada a “la mujer española” o “el pueblo español “. El toreo no es sólo que sea malo, es peor todavía: ¡es poco catalán! Sí, como en el franquismo eran poco españoles e bikini, la democracia o el marxismo. Es el espíritu mismo de la raza catalana el que arruga la nariz ante estos extranjeros que intentan corrompernos con minifaldas y libros de Voltaire.

¿Así que la ben plantada prefiere al “hombre sensible y culto” y no a esos charnegos que mastican con la boca abierta? A la española autentica (la de las latas de aceite) le vale con Alfredo Landa; la catalana, mucho más evolucionada racialmente, necesita ¡a Woody Allen! La catalana, cuando besa, es que besa de verdad; no como esas frívolas.

Si la España plural de Zapatero y Suso de Toro es esto, que me “desapunten”, como dicen los niños. Yo no me trago esta ensalada de varios nacionalismos rancios, esencias patrias, superioridad moral y retórica imperial. Menos aún si encima la “desconstruye” Ferrán Adriá”

La figura femenina “ben plantada” es uno de los grandes temas de arte noucentista catalán en todas sus vertientes: pintura, escultura, dibujo, grabado, cerámica, orfebrería…..En 1911 D´Ors escribió “La ben plantada” que representa el ideal femenino del “noucentisme”. La obra se considera un breviario y representa una reacción contra el Modernismo, contra el espíritu libre y anárquico de Joan Maragall. Propone un programa ético-cultural de exaltación del clasicismo y de la tradición.

El compañero ideológico Lacasa , bajo mi modesto punto de vista, tiene toda la razón. Nosotros los patriotas cuatribarrados somos distintos, una raza diferente, de piel clara, tez rubia, ojos azules, guapos por definición………. (¿Si alguien lo duda puede mirar mi fotografía en el blog de yauma). Y lo más importante, nuestra inteligencia está por encima del peninsular medio varios cuerpos, quiero decir que nuestro coeficiente, cociente, intelectual supera dos o tres veces al de cualquier español, seres inferiores a nosotros en aspectos cuantificables y medibles que permiten separar a las personas civilizadas de los homínidos más primarios. Y de homínidos primarios es la fiesta, duelo, de los toros.

La cultura que nos han legado nuestros antepasados cuatribarrados , y la que vamos creando día a día, está muy alejada de la cultura moro-castellana que impregna todo lo español. Sabino Arana, hace muchos años, ya tuvo la intuición privilegiada para calificar a los españoles como una raza inferior. En honor de tal acierto El Gran Honorable le dedicó una bonita calle en el centro de Barcelona, junto a la avenida Diagonal frente a un hotel con nombre de reina cuando aún era princesa.

A lo que vamos, la ben plantada, es nuestra representación femenina, ella prefiere a Woody Allen, el prototipo cuatribarrado actual, frente al rudo charnego, para formar una familia, tener hijos y vivir como pareja por los siglos de los siglos. Sin embargo, en determinadas y puntuales ocasiones del largo recorrido vital de, la ben plantada, cuando la rutina aburre y la finura intelectual empalaga hasta el hartazgo, cuando el cuerpo pide guerra y la parte más salvaje de la criatura del señor, busca el calor corporal del macho, entonces, la ben plantada, relee “últimas tardes con Teresa” de J. Marsé o el amante bilingüe del mismo autor y sueña con el Pijoaparte o con Paco el de Hospitalet en plan más basto.

El blog de Yauma

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La izquierda rancia se ríe de los parados: los sindicatos ultiman un documento en favor de ZP

La izquierda obsoleta es incapaz de aprender de los errores. Desde mediados de mayo, la secretaría confederal de estudios de Comisiones Obreras trabaja en la redacción y difusión del manifiesto económico «Declaración. El trabajo, fundamento de un crecimiento económico sostenible», a cuyo borrador ha tenido acceso ABC y que se alinea con las principales tesis del Gobierno. Por supuesto, no dice una palabra crítica sobre los cinco años de gobierno socialista o sobre los datos comparativos entre la herencia recibida por ZP y la realidad actual de la economía española.

El documento apoya sin disimulo la política económica del Gobierno y no parece que a sus redactores les importe el fracaso de las ocurrencias de Rodríguez Zapatero ante la evidencia de los cuatro millones largos de parados y la incapacidad para generar confianza en los sectores productivos.

El texto respalda el cambio del modelo productivo nacional recién proclamado por el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y reclama un nuevo patrón de crecimiento sostenible. Al mismo tiempo, defiende el veto a cualquier reforma del mercado laboral que suponga un recorte de los derechos de los trabajadores, tal y como propugna el presidente.

En la elaboración del documento han tenido un papel destacado los catedráticos de Derecho del Trabajo y Seguridad Social Eduardo Rojo Torrecilla -Universidad Autónoma de Barcelona- así como Antonio Baylos y Joaquín Aparicio Tóvar -ambos de la Universidad de Castilla-La Mancha-.

El plan de sus autores pasa por acelerar la recogida de adhesiones hasta que sumen, al menos, el doble de las presentadas por el primer manifiesto, incluyendo entre ellas, como golpe de efecto, la rúbrica de artistas de renombre. Para lograrlo, en los próximos días enviarán su proyecto a miembros destacados del mundo del espectáculo y, en concreto, a aquellos que en ocasiones anteriores han prestado su apoyo a las tesis socialistas.

Si ambos objetivos se cumplen el documento será presentado en sociedad la próxima semana, coincidiendo con los últimos coletazos de la campaña electoral europea. De esta forma, el mundo artístico actuaría de nuevo a favor del presidente Zapatero en la recta final previa a una cita electoral, como ya sucedió en los comicios de 2008.

La crisis se ha convertido en el eje central de las elecciones y en un test que revalidará o suspenderá la política económica de los gobiernos. De no lograrse una fuerte adhesión, la «Declaración» se hará pública en todo caso, aunque en la semana posterior a los comicios.

Periodista Digital

Iniciativa Internacionalista - La Solidaridad entre los Pueblos, legalizada por el Tribunal Constitucional español

ETA estará en Bruselas. Con la venia de PP y PSOE, partidos que nombran a los miembros del TC.

Que la coalición formada por la agrupación troskista Corriente Roja y los neofeudalistas de derecha extravagante no alineada catalanistas, vasquistas o castellanistas (Izquierda Castellana) pueda presentarse a las elecciones europeas, y que el terrorista racista Arnaldo Otegui pida el voto para esta coalición, sólo puede interpretarse de una manera: el PP de Rajoy y el PSOE de Zapatero quieren volver a dialogar con ETA


La pasada semana el Tribunal Constitucional, órgano supremo de cumplimiento jurídico de la Constitución Española de 1978, contrariando al Tribunal Supremo, permitió la legalización de la coalición entre la izquierda indefinida fundamentalista de Corriente Roja (troskistas liderados por la ex-comunista Ángeles Maestro) y la formación neofeudalista de derecha extravagante no alineada y nacionalista étnica-fraccionaria Izquierda Castellana (liderada por Doris Benegas, hermana del socialdemócrata y miembro del Partido Socialista Obrero Español Chiqui Benegas), entre otras pequeñas agrupaciones neofeudalista vasquistas, catalanistas, aragonesistas y andalucistas. Permitió esta legalización supuestamente porque la coalición neofeudalista-izquierdista indefinida condenaba la violencia, cosa que se negó a hacer en una rueda de prensa posterior a su legalización. El cabeza de lista de la coalición es el dramaturgo hispanófobo proetarra, ex-miembro del Partido Comunista de España, implicado en varios atentados terroristas en España en la década de 1970, y ex-miembro en su juventud de la agrupación fascista Falange Española de las JONS, Alfonso Sastre.

Para poder alcanzar un escaño en Bruselas, donde está el Parlamento Europeo, se necesitarían 300.000 votos, y al ser la nación española una circunscripción única en el caso europeo, no se descarta que lo consigan, pues Iniciativa Internacionalista (internacionalista étnica por lo que se ve, puesto que en su cartel electoral invitan a los supuestos pueblos oprimidos de Europa —Andalucía, Euskalherría», «Paises Catalanes», «Galiza», Aragón, Castilla, pero también Irlanda del Norte, Cornualles, Cerdeña, Escocia, Flandes, Laponia, Kósovo (muy a tener en cuenta su apoyo a la secesión albano-kosovar de Serbia, por su anticomunismo latente), Bretaña, Occitania, Córcega y otras— a llevar «su voz conjunta» a Bruselas. Junto con la petición de la neofeudalista y derechista Izquierda Republicana de Cataluña de que la Unión Europea regule los procesos de autodeterminación de todas las naciones étnicas y fraccionarias europeas (en realidad procesos de privilegio de secesión, pasándose por el arco del triunfo la soberanía nacional y la igualdad ante la Ley de los ciudadanos de las naciones políticas europas afectadas —España, Francia, Gran Bretaña, Suecia, Italia, Serbia—), la legalización de Iniciativa Internacionalista — La Solidaridad entre los Pueblos (solidaridad frente a terceros, en este caso, frente, principalmente frente a España) es el golpe de gracia del poder político español contra su propio pueblo, cuyo destino les trae sin cuidado con tal de mantenerse en el poder.

Detrás de Iniciativa Internacionalista calculamos que esté el potencial voto de buena parte de los compatriotas hispanófobos que creen ser de «izquierdas» precisamente porque van contra España. Perroflautas, tribus urbanas y nostálgicos de los años más sanguinarios de ETA son sus potenciales votantes. No descartamos su triunfo (un escaño) en Europa. Una Europa que tienen en común tanto con la extrema derecha fascista españolista (Democracia Nacional, las diversas Falanges —traicionando su supuesto hispanismo), las agrupaciones secesionistas (Europa de los Pueblos, Galeuscat) y los partidos de ámbito nacional (PSOE, PP, Izquierda Unida, UPyD, Ciudadanos): Europa es el mito étnico-cultural en el que todos pretenden encontrarse, un mito que sólo Hitler llevó a cabo con las consecuencias conocidas por todos (holocausto, guerra), y un mito al que se acogen, llevado por la hispanofobia, todos los grupos proetarras de España.

Pero si el Tribunal Prostitucional ha decidido, por UNANIMIDAD, dar luz verde a la candidatura hispanófoba de derecha extravagante de Alfonso Sastre, lo ha hecho porque es un tribunal mamporrero del poder político (PSOE, pero también el PP) que quiere volver a negociar con ETA, para así evitar el necesario conflicto social que España necesita para recuperar su soberanía nacional, cedida a los caciques dueños de esos reinos de Taifas llamados Comunidades Autónomas, y asegurarse, así como la clase oligárquica y política del franquismo se aseguró su continuidad mediante la Transición en la democracia coronada, su continuidad en el poder evitando la revuelta popular. El socialfascismo de Franco, una vez muerto él, consiguió yugular la revolución en España vía control político del PSOE y domesticación del PCE, y pretende volver a hacerlo negociando con estos herederos del carlismo (derecha primaria ligada al Antiguo Régimen), por una parte, y subvencionando a los mal llamados sindicatos de clase (UGT y CC.OO.) y a los titiriteros (artistas de la ceja) para que hagan propaganda gubernamental en favor de los «derechos de los trabajadores», al más puro estilo del sindicalismo vertical falangista. 4 millones de parados, y vamos a cinco, es una muestra de que esos derechos de los trabajadores que tanto dicen defender en realidad ya se han conculcado, empezando por el derecho más primordial de todos: el derecho al trabajo.

Además, el Tribunal Constitucional ha obrado siguiendo totalmente la palabra de la Constitución de 1978. Una Constitución que es la fuente fundamental desde la que se alimentan los enemigos de España. La legalización de Iniciativa Internacionalista es totalmente constitucional, con lo cual lo primero que en España sobra es esta Constitución, que ha de ser abolida y sustituída por otra (por extensión, el Tribunal Constitucional también ha de ser derogado).

En consecuencia: es probable que ETA esté en Bruselas, y con la complacencia de PSOE y PP, vía Tribunal Prostitucional. Si España quiere sobrevivir como nación, y quiere cambiar el actual statu quo semimedieval y caciquil que nos envuelve, sólo le queda la Revolución, la supresión de la Constitución Española y del Estado de las Autonomías y la ilegalización completa de toda secta facciosta secesionista (desde Iniciativa Internacionalista hasta el PNV). A grandes problemas, grandes remedios. Necesitamos tiempo, organización, prudencia, fortaleza y, sobre todo, que la crisis vaya a más.

El Revolucionario

ROSA DIEZ, RUBALCABA Y EL DEFENSOR DEL PUEBLO. Por Jesús Fortea Pérez

Rosa Díez y Rubalcaba tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, aparte de ser políticos de izquierda y abortistas, están interesados en que el PP pierda votantes, ya que el PP es rival de los partidos políticos a los que ellos pertenecen; esto es, la UPyD y el PSOE. Se acepte, o no, esta apreciación, lo que si es evidente es que Rosa Díez no se puede quejar de cómo trata a la UPyD el Ministerio del Interior del que Rubalcaba es titular. Y es que, aunque la forma y manera en cómo este partido se constituyó y comenzó a funcionar plantea cuando menos interrogantes, el Ministerio del Interior no apreció que fueran relevantes, por lo que resolvió inscribir a UPyD en su Registro de Partidos Políticos y no la ha importunado desde entonces. Sobre algunos de esos interrogantes, por definición directamente relacionados con el derecho fundamental de asociación reconocido por el art. 22-1 de la Constitución, se presentó, con fecha 11-II-08, queja al Defensor del Pueblo (véase copia de la misma en este Blog). No obstante, el Defensor del Pueblo declinó intervenir, ya que considerando que, al no existir, en su criterio, resoluciones administrativas cuya rectificación le cupiera instar, entendía que era a los militantes de la UPyD a los que podría corresponder, si así lo estimaban pertinente, acudir a los tribunales de justicia. El Defensor del Pueblo no creyó, pues, que el art. 54 de la Constitución le obligara en esta ocasión, por más que en él se le define como el “alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este título (-el título I-), a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración”. La decisión que tomó contrasta, por tanto, con la que en su día adoptó en relación con el Estatuto de Cataluña aprobado por las Cortes Generales, que no por la Administración, ya que el Defensor del Pueblo lo recurrió ante el Tribunal Constitucional por entender que vulneraba derechos fundamentales reconocidos en el Título I de la Constitución.

Sea como fuere, teniendo presente que la aprobación de la UPyD como partido político se fundamentaba, obviamente, en una resolución administrativa del Ministerio del Interior, se urgió al mismo y con fecha 17-IX-08 para que, en particular, excitara a la Abogacía del Estado y al Ministerio Fiscal en relación con los hechos que motivaron la queja al Defensor del Pueblo referida supra. Buscábase, así, que la Administración sometiera al análisis jurídico que esas instituciones garantizan su propio actuar, de suerte que le fuera dado a él rectificarlo o, en su caso, a ellas actuar por sí mismas. Mediante escrito remitido por correo ordinario no certificado y sin observar el formato obligado, el Director del Gabinete del Ministro del Interior resolvió que no era pertinente el excitar solicitado de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal. Interpuesto, con fecha 10-XI-08, el pertinente recurso de alzada -el Director del Gabinete del Ministro del Interior tiene rango de Director General-, se presentaron asimismo dos escritos de petición (en adelante Escritos) motivados porque el público Registro de Partidos Políticos estaba ofreciendo una información sobre los órganos de gobierno de la UPyD -la que la UPyD le facilita- que presuntamente no coincidía con la que aparecía en la página web de UPyD. De ahí que, en los Escritos se solicitase que el propio Ministerio del Interior pusiera término a situación semejante, siquiera fuese para que sus archivos públicos no adquirieran una eventual naturaleza fantasmal ofreciendo a los ciudadanos datos presuntamente erróneos. Alternativamente y caso de que el Ministerio del Interior no se considerara competente para ello, se le solicitaba que diese traslado del tema a la Abogacía del Estado y al Ministerio Fiscal. Pasados más de tres meses sin que el Director del Gabinete del Ministerio del Interior no resolviera sobre los Escritos, sus petita, de acuerdo con la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, quedaron estimados por silencio administrativo. De ahí que, con fecha, 21-III-09 se solicitaran los correspondientes certificados acreditando esa estimación y para cuya remisión disponía el Director del Gabinete del Ministerio del Interior de 15 días hábiles a partir de ese día. Sin embargo, a día de hoy, aún no han sido remitidos. Es más, El Director del Gabinete del Ministerio del Interior no ha justificado por qué no los remite. Siendo esta la situación, con fecha 21-IV-09 se dirigió un nuevo escrito al Defensor del Pueblo haciendo valer que se estaba ante un cúmulo de actuaciones administrativas que afectaban al derecho fundamental de asociación establecido en el art. 22-1 de la Constitución. Se está a la espera de que el Defensor del Pueblo resuelva sobre él.

He así sucintamente narrada la correspondencia del Director del Gabinete de Pérez Rubalcaba Ministro Excelentísimo con el que suscribe. Salvo mejor entender, dicha correspondencia informa sobre cómo se gobierna la UPyD a sí misma y cómo el Ministerio del Interior que dirige Pérez Rubalcaba enjuicia ese gobierno. Y es que si la información que en ellos se da es correcta, estaría sucediendo que, en contra de lo preceptuado por la Ley de Partidos Políticos y los propios Estatutos de la UPyD, el Consejo de Gobierno de la UPyD estaría mutando desde hace un año en su composición sin el acuerdo previo de la Asamblea General de la UPyD. Correspondencia, pues, de interés no desdeñable, dado que la UPyD de Rosa Díez dice pretender la regeneración democrática de la vida política española y Pérez Rubalcaba Ministro Excelentísimo no parece, en cambio, juzgarla necesaria, quizás porque, para él, la presencia del PSOE en el Gobierno de España demuestra por sí misma que esa regeneración democrática carece, por inmotivada, de sentido.


El profesor de la Universidad Complutense de Madrid Jesús Fortea Pérez, ha vuelto a presentar queja ante el Defensor del Pueblo con nuevos argumentos. Esta vez la denuncia se sustancia en la ilegal mutación del Consejo de Dirección de UPyD (que se autoregenera a sí mismo) sin el control de ningún otro órgano del partido y por supuesto sin rendir cuentas a la Asamblea General del partido tal y como exige la Ley de Partidos Políticos 6/2002.


AL DEFENSOR DEL PUEBLO

Jesús Fortea Pérez -en adelante el firmante-, profesor titular de Análisis Matemático de la Universidad Complutense,

EXPONE

Que por medio del presente escrito y al amparo del art 9 de la Ley Orgánica 3/1981 del Defensor del Pueblo, formula QUEJA:

I. Contra la actuación administrativa del Director del Gabinete del Ministro del Interior concretada en la no remisión, en contra de lo dispuesto con carácter obligatorio en el art. 43-2 de la Ley 30/92 redactada conforme a la Ley 4/99 (en adelante Ley 30/92), de los certificados acreditativos de la estimación por silencio administrativo, solicitada con fecha 21-III-09, de los petita de los escritos que, acogiéndose a la Ley 30/92, el firmante le presentara con fechas 10-XI-08 y 11-XI-08 (en adelante Escrito 10-XI-08 y Escrito 11-XI-08).

II. Contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada que, con fecha 10-XI-08, el firmante asimismo presentara contra la resolución de fecha 8-X-08 (en adelante Resolución) del Director del Gabinete del Ministro del Interior.

III. Contra la, en definitiva, presunta y reiterada omisión de las obligaciones de índole administrativa que corresponden al Ministerio del Interior en relación con el Registro de Partidos Políticos y que determina que el partido político Unión, Progreso y Democracia (en adelante UPyD) goce de un régimen de favor por parte de ese Ministerio, con la consiguiente vulneración de los arts 6, 20-1-d y 22-1 de la Constitución. Y es que, en particular, la composición del Consejo de Dirección de UPyD muta indebidamente, sin que los cambios correspondientes se notifiquen al Registro de Partidos Políticos y que cuando el Ministerio del Interior es informado al respecto no hace lo más mínimo para evitar lo que sucede, a pesar de que, en su condición de órgano de la Administración garante de ese archivo público, tiene que velar porque la información que proporcione sea veraz.

La QUEJA busca fundamento en los siguientes ANTECEDENTES DE HECHO, HECHOS Y ALEGACIONES

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: Que con fecha 11-II-08 y alegando que, por estarse en materia de los derechos fundamentales contemplados en el Título I de la Constitución -en concreto los reconocidos en los arts 22-1 y 29-1 en su relación con el art. 6 de la misma-, y ser V. E., de conformidad con su art. 54, el alto comisionado elegido por las Cortes Generales para defenderlos, el firmante le presentó un escrito de Queja en contra de la constitución y el obrar tanto del Consejo de Dirección como del Consejo Político de UPyD (DOCUMENTO I).

Segundo: Que en ese escrito de Queja, el firmante hacía uso de la información tomada del Registro de Partidos Políticos. Esa información ponía de manifiesto que el Ministerio del Interior no había salvaguardado, como Administración responsable en materia de reconocimiento legal de partidos políticos y su registro, los derechos fundamentales reconocidos en los arts. 22-1 y 29-1 de la Constitución.

Tercero: Que siendo manifiesto que, según el art. 54 de la Constitución, a V. E “le incumbe la defensa de los derechos comprendidos en (el) Titulo (I)”, allá donde se trasgredan, también lo es que, a esos efectos, V.E., si es necesario, hasta “podrá supervisar la actividad de la Administración”. De ahí, que el firmante presentara ante V. E. el Escrito de Queja, con independencia de que también pudiera haberlo hecho aunque ninguna Administración hubiese estado implicada en la trasgresión denunciada. Y es que bien le constaba, por si alguna duda le cabía, que, sin estar ninguna Administración implicada, V. E. actuó contra el Estatuto de Cataluña, el cual en modo alguno fue debido a la actividad de la Administración y sí emanado directamente de las Cortes Generales.

Cuarto: Que no obstante lo cual, V. E., aduciendo explícitamente y de forma, salvo mejor entender, por completo errónea, que “el ámbito de intervención que tiene atribuido esta Institución se circunscribe a las administraciones públicas” y que se estaba ante “actuaciones de partidos políticos” allende “el marco al que, por imperativo constitucional y legal, deben en exclusiva referirse las actuaciones que decida practicar el Defensor del Pueblo”, desestimó el Escrito de Queja del firmante remitiendo al mismo a los Tribunales de Justicia (Nº expediente: 08002020, salida 04/03/08-08010238, Adjunto Segundo del Defensor del Pueblo. Firmado: Miguel Angel Aguilar Belda).

HECHOS

I. Relativos al escrito de petición presentado, con fecha 17-IX-08, por el firmante ante el Ministro del Interior

Primero: Que con fecha 17-IX-08 el firmante presentó un escrito de petición al Ministro del Interior (Documento II) en el que solicitaba:

“I. Que V. E. se dirija al Defensor del Pueblo urgiéndole a que, dado que, salvo mejor entender, le asiste competencia, cumpla con las obligaciones que le impone el art. 54 de la Constitución en relación con el Escrito de Queja (de fecha 11-II-08).

II. Que si esto no fuera posible, SUBSIDIARIAMENTE se le solicita que EXCITE al Ministerio Fiscal o a la Abogacía del Estado para que actúe al respecto.”

Segundo: Que en dicho escrito el firmante manifestaba su sorpresa, porque V. E. se hubiera considerado competente para recurrir el Estatuto de Cataluña emanado de las Cortes Generales y que , sin embargo, para desestimar el Escrito de Queja del firmante referido en el punto cuarto de los ANTECEDENTES DE HECHO, V. E. adujera que “el ámbito de intervención que tiene atribuido esta Institución se circunscribe a las administraciones públicas”.

Tercero: Que con fecha 8-X-08 el Director del Gabinete del Ministro del Interior firmó un escrito (en adelante RESOLUCION, Documento III) resolviendo motivadamente que ese Petitum no podía ser estimado en ninguno de sus dos puntos.

Cuarto: Que la RESOLUCION aduce, entre otras y ciñéndose al punto segundo del Petitum, los siguientes considerandos:

Considerando I: "Ya el Tribunal Constitucional ha señalado (Sentencia 3/1981, de 2 de febrero y 85/1986, de 25 de junio) que "la Constitución, en su deseo de asegurar el máximo de libertad e independencia de los partidos, los somete al régimen privado de las asociaciones que permite y asegura el menor grado de control y de intervención estatal sobre los mismos... Para garantizar que los partidos se ajusten a la idea que de éstos tiene la Constitución en cuanto a su sujeción al orden constitucional, su respeto a la legalidad, su estructura democrática y los demás requisitos generales que se exigen a todas las asociaciones, han de centrarse fundamentalmente en el momento de la actuación de éstos y por medio de un control judicial".

Considerando II: "Por todo ello, las funciones de este Ministerio en cuanto a los partidos políticos, a salvo de supuestos de especialísima gravedad, se limitan a las de "verificación reglada", es decir, a comprobar exclusivamente si los documentos que se presentan corresponden a materia de su competencia y si reúnen los requisitos formales necesarios, es decir, no le corresponde examinar la legalidad o validez jurídica de los actos, decisiones y acuerdos adoptados por los órganos de gobierno, ya que supondría una atribución a la Administración de una potestad de control de la vida o funcionamiento del partido de la que carece, debiendo ser los Tribunales de Justicia quienes dictaminen cualquier declaración sobre ilegalidad de cuantas cuestiones de carácter interno se susciten dentro de un partido".

Quinto: Que la RESOLUCION no especifica los recursos que pueden interponerse contra ella y fue remitida por correo ordinario y en forma de carta; es decir, de manera impropia y por un medio que impedía tener constancia, en particular, de la recepción de la misma por parte del firmante en su condición de interesado.

Sexto: Que con fecha 23-X-08 el firmante se personó en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, especificando en la hoja de visita que hubo de firmar que el motivo de la visita era consultar la documentación relativa al partido político UPyD y por causa de la RESOLUCION (se remite, a efectos probatorios, al archivo del Ministerio del Interior donde obre la hoja de visita).

II. Relativos al RECURSO DE ALZADA que, con fecha 10-XI-08, interpuso el firmante contra la Resolución del Director del Gabinete del Ministro del Interior de fecha 8-X-08

Primero: Que con fecha 10-noviembre-08 interpuso RECURSO DE ALZADA (en adelante RECURSO, Documento IV) contra la Resolución del Director del Gabinete del Ministro del Interior de fecha 8-X-2008, por la que se desestimaba el Petitum (punto II) del escrito del firmante de fecha 17-IX-08 (en adelante Petitum y ESCRITO respectivamente) dirigido al Ministro del Interior y motivado por el Escrito de Queja presentado ante el Defensor del Pueblo por el firmante con fecha ll-II-08 (en adelante Escrito de Queja) y referido en los ANTECEDENTES DE HECHO.

Segundo: Que en sus Razonamientos Jurídicos, el firmante textualmente aducía:

I. Que de conformidad con el art. 1-4 del Real Decreto 1181/08, el Gabinete del Ministro del Interior tiene rango de dirección general. Por tanto, contra la RESOLUCION cabe, salvo mejor entender, Recurso de Alzada en un mes desde que fue notificada. Dado que, en contra de lo dispuesto en el art. 58-2 de la Ley 30/92, en la RESOLUCION no se especifica el tipo de recurso que cabe contra ella (HECHOS, punto cuarto), el firmante no incurre en responsabilidad alguna, supuesto que el tipo de recurso que ha elegido no fuera el adecuado. Finalmente, dado que tampoco y en contra del art. 58-3 de la Ley 30/92, la RESOLUCION fue remitida por correo ordinario (HECHOS, pto. cuarto), la fecha de notificación es el 23-X-08, ya que con esa fecha el firmante manifestó conocerla (HECHOS, pto. quinto).

II. Que el Escrito de Queja se dirigía "contra la constitución y el obrar tanto del Consejo de Dirección como del Consejo Político del partido político UPyD" (ANTECEDENTES DE HECHO, punto primero). Por tanto, en ese escrito formulaba queja: 1. Contra la constitución tanto del Consejo de Dirección como del Consejo Político del partido político UPyD. 2. Contra el obrar de esos dos órganos. En el Escrito de Queja se distingue, pues, de manera explícita las constituciones del Consejo de Dirección y del Consejo Político de sus formas de obrar respectivas, decantadas obviamente estas últimas en actos diversos. El Escrito de Queja también se ocupa de esas formas de obrar, pero separadamente.

III. Que el punto segundo del Petitum del ESCRITO, pone de manifiesto que el firmante no excluía que su punto primero resultara inatendible. No obstante lo formuló por si, a juicio del Ministro del Interior, existían razones que al firmante se le escapaban y legitimadoras de la actuación que se solicitaba. Vistos los Considerandos de la RESOLUCION aplicables al punto primero del Petitum, el firmante, por compartirlos. los acepta y da por correeto que se tenga por improcedente lo solicitado en ese punto primero. Por tanto, el presente RECURSO se limita a la desestimación de parte de la solicitud del punto segundo del Petitum; en concreto a que no se haya acordado dar traslado del ESCRITO y documentación que lo acompaña a la Abogacía del Estado.

IV. Que siendo esta la situación, ha lugar a afirmar que de la tenor literal del Considerando II se deduce y en coincidencia con el punto cuarto del ESCRITO, que la Administración se considera competente en lo que se refiere a la constitución del Consejo de Dirección y del Consejo Político de UPyD (en adelante Constitucion de los Consejos de UPyD). En efecto: Declara disponer para ello de la en ese Considerando II invocada "verificación reglada".

V. Que en el ESCRITO, asumiendo en todo momento los Hechos y Razonamientos Jurídicos expuestos y desarrollados en el Escrito de Queja presentado ante el Defensor del Pueblo -de ahí que se adjuntara copia íntegra del mismo-, se mostraba que, salvo mejor entender, la Constitución de los Consejos de UPyD fue contraria a los art. 6 y 22-1 de la Constitución. Quiere decirse, por tanto, que atendiendo a los arts. 62-1-a y 62 -2 de la Ley 30/92 redactada conforme a la 4/99, se está ante hechos nulos de pleno derecho o cuando menos anulables, tal establece el art. 63 de esa misma Ley. En otros términos: La en el Considerando II invocada "verificación reglada" se ejerció, salvo mejor entender y en relación con la Constitución de los Consejos de UPyD, de manera presuntamente incorrecta.

VI. Que ha lugar a afirmar que el firmante en su ESCRITO instó a que se determinara, conforme a Derecho, si, en particular, esa "verificación reglada" se había, o no, llevado a término de manera incorrecta. En efecto: el ESCRITO en el punto II de su Petitum solicitaba que se excitase ya fuera al Ministerio Fiscal o a la Abogacía del Estado. Por tanto, lo que disyuntiva o conjuntamente solicitaba era: 1. Que se pusiese, por parte del Ministro del Interior, el escrito en conocimiento del Ministerio Fiscal, ya que ese Ministerio actúa ante los Tribunales por sí mismo y no en representación de la Administración. 2. Que se pusiese, por parte del Ministro del Interior, el escrito en conocimiento de la Abogacía del Estado, ya que del estudio que sobre él ella realizara, habría de seguirse una de las siguientes situaciones: a. Revisión en vía administrativa ordinaria, a la vista de ese estudio y por parte del Ministerio del Interior, de la "Verificación reglada" realizada y referente a la Constitucion de los Consejos de UPyD. b. Actuación eventual de esa Abogacía en representación del Ministerio del Interior o cualquier otro ministerio afectado ante los Tribunales y urgida por los hechos referentes a la Constitución de los Consejos de UPyD. c. Inhibición de toda acción ya sea administrativa o ante los Tribunales por parte de la Administración y referente a la Constitucion de los Consejos de UPyD.

VII. Que habiendo sido instada, la revisión es, además, pertinente. En efecto: Así se deduce de la aplicación del art. 102 -supuesto que exista nulidad- y del art. 103 de la Ley 30/92, si es que se está ante anulabilidad, ya que resulta manifiestamente lesivo para el interés público que un partido político constituya sus Consejos de Dirección y Políticos en vulneración de los arts 6 y 22-1 de la Constitución. Y es que, de conformidad con ese art. 6 de la Constitución, los partidos políticos "son el instrumento fundamental para la participación política".

VIII. Que al establecer el art. 6 de la Constitución que los partidos políticos "son el instrumento fundamental para la participación política", se deduce, asimismo y a mayor abundamiento, que si la "estructura interna" y el "funcionamiento" de los partidos políticos no son democráticos, el orden democrático que en su globalidad quiere la Constitución para el Estado, resulta sin más inconcebible. Siendo así, por más que en el Considerando I se insista en que a quien corresponde supervisar los actos de los partidos políticos en su condición de instituciones privadas es a los Tribunales, no puede olvidarse que la constitución democrática de los partidos políticos tiene que estar garantizada. De otro modo, el orden democrático en su globalidad dejaría de serlo por actuar en él instituciones que no lo son. El grupo de "supuestos de especialísima gravedad" a los que se refiere el Considerando II y que, según él, facultan a la Administración a actuar en vía ordinaria incluye, por tanto, necesariamente intervenciones administrativas de carácter básico aseguradoras de que la constitución de los partidos políticos se hace de manera democrática. Y es que esas intervenciones administrativas de carácter básico permiten evitar que se tenga que llegar a la disolución judicial de un partido de acuerdo con lo dispuesto en el art. 10-2-b de la Ley Orgánica de 6/2002 de Partidos Políticos. De hecho lo que tales medidas pretenden es preservar a los partidos políticos de su disolución, a cuyos efectos y en claro servicio al pluralismo político buscan que la existencia de los mismos sea conforme a democracia, única forma de existencia posible en un estado de derecho democrático.

IX. Que en términos analógicos procede señalar, que del mismo modo que, por ejemplo, la Administración repone en Derecho el orden público dañado por conflictos entre particulares, con independencia de que esos particulares ejerzan, o no, las correspondientes acciones ante los Tribunales, lo mismo ha de hacer con el orden democrático cuando resulte dañado por la constitución no democrática de los órganos de un partido político. Dedúcese, pues, que consentir semejante daño sin actuar eficazmente en vía administrativa ordinaria para impedirlo y so pretexto de que los militantes del partido afectado ya se dirigirán a los Tribunales al efecto, no supone, salvo mejor entender, respeto alguno por el pluralismo político, sino consentimiento indebido de una situación no democrática. Y es que pudiera suceder sin ir más lejos que, ya fuese por miedo o por falta de capacidad económica, ninguno de esos militantes acudiera a los Tribunales. Resultaría, entonces, que los dirigentes del partido en cuestión lograrían lo que desearan, ya fuese ganar tiempo o agotar al que discrepa, ni que decir tiene que de forma por completo antidemocrática.

X. Que finalmente se ha de insistir en relación con los Considerandos I y II que las acciones de la Abogacía del Estado ante los Tribunales en representación del Ministerio del Interior y por lo que se refiere a partidos políticos, lo que posibilitan es justo la protección jurisdicional de los mismos. En efecto: Se trata de la evidencia misma, ya que llevar un partido a los Tribunales es recabar para él la corrección de su ordenamiento con todas las garantías que ofrece la vía jurisdiccional.

Tercero: Que con fecha 11-I-09 y transcurridos tres meses desde que fuera interpuesto, el RECURSO quedó desestimado por silencio administrativo de conformidad con el art. 43-2 de la Ley 30/92 redactada conforme a la 4/99.

III. Relativos al ESCRITO DE PETICION que, con fecha 10-XI-08, presentó el firmante contra la RESOLUCION del Director del Gabinete del Ministro del Interior

Primero: Que con fecha 10-XI-08 y paralelamente al RECURSO DE ALZADA, el firmante presentó en OTROSI y ante el Director del Gabinete del Ministro del Interior un escrito de petición (Documento V) cuyo texto es el que sigue:

“Primero: Que de resultas de la visita que cursó al Registro de Partidos Políticos (HECHOS, punto quinto) ha venido en saber:

I. Que el rectángulo del logotipo de UPyD ha sido objeto de mínimos retoques, circunstancia que está acreditada con diversos escritos en dicho Registro. El primero de ellos es un acta notarial de fecha 15-I-08 -notario D. Pascual Gracia Romero del Colegio de Pamplona y compareciente D. Carlos Martínez Gorriarán-, al que siguen otros de naturaleza formal, el último de fecha 18-IV-08.

II. Que en llamativo contraste y por más que el firmante haya buscado y solicitado, no ha encontrado ni se le han podido facilitar -al parecer por inexistentes- las listas de miembros de los Consejos de Dirección y Político de UPyD.

III. Que al respecto, procede señalar:

1. Que con fecha 23-XI-08; es decir, el día de la visita del firmante al Registro de Partidos Políticos, sólo figuraba acreditado por acta notarial de 26-IX-07 -notario D. Pascual Gracia Navarro-, lo ya relatado en el Escrito de Queja del firmante presentado, con fecha 11-II-2008, al Defensor del Pueblo. En otros términos: Sólo está acreditado que "...se nombraron miembros del Consejo de dirección, provisionalmente, a Dña. Rosa Díez González, D. Carlos Martínez Gorriarán y D. Juan Luis Fabo Ordóñez que aceptaron sus cargos, a la vez que se comprometían a llevar a cabo las gestiones necesarias de acuerdo con la Ley y los Estatutos, para la designación definitiva de los componentes de este Organo y de los demás Organos del Partido previstos en los Estatutos...".

2. Que con fecha 23-XI-08; es decir, el día de la visita del firmante al Registro de Partidos Políticos, lo único que estaba acreditado en cuanto a la ausencia referida de listados de miembros de los Organos de Gobierno de UPyD, es un escrito notarial de fecha 15-I-08 (notario D. Pascual Gracia Romero, colegio de Pamplona). En el dicho notario recuerda al compareciente D. Carlos Martínez Gorriarán -en ese momento representante de Dña. Rosa Díez González- que él, su representada y D. José Luis Fabo Ordóñez -en ese momento ausente y no representado-, "fueron los constituyentes del partido Unión, Progreso y Democracia" y que "por lo reciente de su constitución, todavía se encuentran pendientes de inscripción los miembros de sus órganos de Gobierno".

Segundo: Que si se coteja el listado de miembros que, con fecha 9-II-08, asignaba la web de UPyD a su Consejo de Dirección, aparecen, entre otros, Dña. Almudena Semur Correa, D. Antonio Salvador, D. Amando Flores Cordero y Dña. Concepción Sacristán Sánchez. Dedúcese, pues, que, con fecha 9-II-08, la composición que la web de UPyD asignaba a su consejo de Dirección, no coincide con el Consejo de Dirección provisional que figura como el de UPyD en acta notarial y en el Registro de Partidos Políticos. Esta circunstancia ya fue alegada, aportando documentación, por el firmante ante el Defensor del Pueblo en su escrito de queja de fecha 11-II-08.

Tercero: Que no obrando, con fecha 23-X-08 y como ha quedado expuesto, en el Registro de Partidos Políticos listado alguno de miembros de los Organos de Gobierno de UPyD, salvo el del Consejo de Dirección provisional, sucede que, con fecha 23-X-08, la web de UPyD asigna sorprendentemente a UPyD un Consejo de Dirección en el que no se encuentran los señores citados en el punto segundo (véase documentación adjunta).

Cuarto: Que, en consecuencia y de acuerdo con la web de UPyD, su Consejo de Dirección, con fecha 9-II-08, no es el que, con fecha 23-X-08, tenía, aparte de que ninguno de los dos coincida con el Consejo de Dirección Provisional. Siendo esta la situación, cabe preguntar: ¿Se deben los cambios habidos a bajas? ¿Se han producido destituciones? ¿Quiénes las han acordado o dictado? ¿Quienes han nombrado o elegido a los sustitutos? Es imposible, salvo mejor entender, responder a estas preguntas buscando fundamento en la documentación obrante en el Registro de Partidos Políticos.

Quinto: Que respecto del Consejo Político de UPyD ni su web ni el Registro de Partidos Políticos proporcionan información. Sin embargo y como noticia aparecida en dicha web, sí consta que en noviembre de 2007 existía uno, tal el firmante ya adujo en su Escrito de queja al Defensor del Pueblo de fecha 11-II-08.

Sexto: Que parece, pues, que la situación es más confusa de lo que lo era cuando el firmante se dirigió, con fecha 17-IX-08, al Ministro del Interior.

Por lo que, dando por integramente reproducidos los Razonamientos Jurídicos del RECURSO -singularmente los expuestos en los puntos del cuarto al décimo-, al amparo de la Ley 30/92 redactada conforme a la 4/99,

SOLICITA Que se revisen todos los actos administrativos relativos a la constitución de los Consejos de Dirección y Político de UPyD con objeto de asegurar, por vía de rectificación o subsanación, la corrección de las anamolías que se han explicitado tanto en este OTROSI como en el cuerpo del RECURSO que en exposición le ha precedido".

III. Relativos al ESCRITO DE PETICION que, con fecha 10-XI-08, presentó el firmante contra la RESOLUCION del Director del Gabinete del Ministro del Interior

Primero: Que con fecha 11-XI-08 y paralelamente al RECURSO DE ALZADA, el firmante presentó en OTROSI DE NUEVO y ante el Director General del Gabinete del Ministro del Interior un Escrito de Petición (Documento V) cuyo texto es el que sigue:

“Primero: Que habiendo sido puesto el Ministerio del Interior, mediante el OTROSI precedente, en conocimiento de que la web de UPyD ha publicado, salvo error, al menos dos Consejos de Dirección, una mera “verificación reglada” pondría de manifiesto que semejante hecho presunto no está acreditado, mediante altas y bajas, en el registro de Partidos Políticos. Una situación que resultaría sorprendente, ya que, como quedó expuesto en ese OTROSI precedente (punto primero-2), en el Registro de Partidos Políticos sí que está acreditado, mediante escrito notarial de fecha 15-I-08 relativo a UpyD, que “por lo reciente de su constitución, todavía se encuentran pendientes de inscripción los miembros de sus órganos de Gobierno”.

Segundo: Que el Ministerio del Interior podría considerar -el firmante entiende que si así fuese de manera equivocada-, que sólo le es dada la “verificación reglada” concebida en términos tales que ha de abstenerse de cotejo alguno entre la realidad y su réplica registral. Es más, el Ministerio del Interior podría entender que no es problema cuya corrección le incumba -incluso con otros medios y a pesar de haber sido puesto en estado de conocimiento-, que UPyD registre una composición para su Consejo de Dirección distinta de la real. Ahora bien, sea, o no, su problema, parece razonable pensar que el Ministerio del Interior ha de estar interesado en que el problema se resuelva, siquiera sea para evitar que sus registros adquieran una eventual naturaleza fantasmal.

Por lo que, cautelarmente SOLICITA Que se dé traslado a la Abogacía del Estado y al Ministerio Fiscal de este otrosí y del precedente.

III. Relativos a los CERTIFICADOS ACREDITATIVOS DE LAS ESTIMACIONES POR SILENCIO ADMINISTRATIVO recaidas sobre los “petita” de los Escritos de Petición que, con fechas 10-XI-09 y 11-XI-09, el firmante presentó al Director del Gabinete del Ministro del Interior

Primero: Que, con fecha, 21-III-09, el firmante solicitó, al amparo del art. 43-2 de la Ley 30/92 redactada conforme a la Ley 4/99, los certificados acreditativos de las estimaciones recaidas por silencio administrativo sobre los escritos de petición acogidos a dicha Ley y que el firmante presentara con fechas 10-XI-08 y 11-XI-08 ante el Director del Gabinete del Ministro del Interior (DOCUMENTO VI).

Segundo: Que la solicitud formulada buscaba fundamento en las siguientes alegaciones:

"I. Que de conformidad con el art. 43-2 de la Ley 30/92 redactada conforme a la Ley 4/99, los petita incluidos en los precitados OTROSIES han quedado estimados. En efecto: No es de aplicación al firmante el punto 2 de dicho artículo, ya que el firmante a lo único que aspiró al fomular esos petita no fue sino a que un registro público estatal abierto sin restricción a todos los ciudadanos -el de los partidos políticos-, diera información veraz sin incurrir en falsedad. Era, pues, un derecho que no se puede negar a nigún ciudadano, como el art. 20-1-d de la Constitución acepta al reconocer el derecho a recibir información veraz de todo medio de difusión. Y es que si se negara a un registro estatal abierto al público sin restricción el carácter de medio de difusión, se habría entonces de admitir que resultaría absolutamente monstruoso exigir a esos medios de difusión lo que no se exigiría a los registros públicos estatales referidos. El firmante entiende que tener que llevar siete meses batallando ante la Administración para que uno de sus registros públicos abierto sin restricción al público ofrezca información veraz, es, sin más, desolador. Se pregunta, por tanto, en qué tipo de estado de derecho le ha tocado vivir. Un estado de derecho en el que hay que remitir escrito tras escrito -de momento sin éxito alguno- para lograr que los registros del Estado den información veraz ni más ni menos que sobre los órganos de los partidos políticos, los cuales, según el art. 6 de la Constitución, “expresan el pluralismo político, concurren a la formación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”. Siendo así, se comprende que no pueda excluirse que el próximo paso sea, por ejemplo, que las Comisiones de las Cortes tengan una composición diferente a la que figura en los documentos a los que tiene acceso los miembros -no sus representantes- de la voluntad popular.

II. Que, en consecuencia, procede solicitar el certificado acreditativo del silencio estimativo producido. En efecto: Así se establece en el art. 43-2 de la Ley 30/92 redactada conforme a la Ley 4/99 en el que, además, se fija un plazo máximo de 15 días a la Administración para emitirlo con carácter obligatorio".

ALEGACIONES

Primera: Que da por integramente reproducidas cuantas Alegaciones y Razonamientos Juridicos se han expuesto tanto en el Escrito de Queja presentado con fecha 11-II-08 a V. E., como en el Recurso de Alzada presentado con fecha 10-XI-08 al Director del Gabinete del Ministro del Interior y también en los Escritos de Petición presentados con fecha 10-XI-08, 11-XI-08 y 21-III-09 ante esa misma Autoridad administrativa.

Segunda: Que, con todo, quiere insistir en los siguientes considerandos de esas alegaciones:

I. Considerando expuesto en el punto segundo del Escrito de Petición presentado con fecha 11-XI-08:

Que “parece razonable pensar que el Ministerio del Interior ha de estar interesado en que el problema se resuelva -el de la discrepacia de la realidad con su réplica registral en el Registro de Partidos Políticos-, siquiera sea para evitar que sus registros adquieran una eventual naturaleza fantasmal”.

II. Considerando expuesto en la Alegación primera del Escrito de Petición solicitando, con fecha 21-III-09, los certificados acreditativos de estimación por silencio administrativo de los Escritos de Petición de fechas 10-XI-08 y 11-XI-08:

Que “el firmante entiende que tener que llevar siete meses batallando ante la Administración para que uno de sus registros públicos abierto sin restricción al público ofrezca información veraz, es, sin más, desolador. Se pregunta, por tanto, en qué tipo de estado de derecho le ha tocado vivir. Un estado de derecho en el que hay que remitir escrito tras escrito -de momento sin éxito alguno- para lograr que los registros del Estado den información veraz ni más ni menos que sobre los órganos de los partidos políticos, los cuales, según el art. 6 de la Constitución, “expresan el pluralismo político, concurren a la formación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”. Siendo así, se comprende que no pueda excluirse que el próximo paso sea, por ejemplo, que las Comisiones de las Cortes tengan una composición diferente a la que figura en los documentos a los que tiene acceso los sufridos miembros -no sus representantes- de la voluntad popular”.

Tercera: Que si bien V. E. desestimó el Escrito de Queja que, con fecha 11-II-09, le presentó el firmante, aduciendo que “el ámbito de intervención que tiene atribuido esta Institución se circunscribe a las administraciones públicas”, procede señalar que, con fecha 16-VI-98, el entonces Adjunto Segundo del Defensor del Pueblo, desestimó un Escrito de Queja, asimismo del firmante, aduciendo que “para que resulte procedente la intervención de esta Institución, se hace necesario que por parte de cualquier Administración Pública se haya producido alguna actuación que impida o menoscabe el ejercicio de los derechos fundamentales o no respete los límites legales a los que tal actuación debiera ceñirse” (Expediente: Q9806541/Area: 1. Firmado: Antonio Uríbarri Murillo). En otros términos: En aquel entonces, el Defensor del Pueblo no negó la existencia de actuaciones administrativas, pero echó en falta vulneraciones de derechos fundamentales, mientras que, en relación con el Escrito de Queja presentado con fecha 11-II-08, V. E. echó en falta actuaciones u omisiones administrativas, declinando, en consecuencia, entrar a determinar la presencia, o no, de vulneraciones de derechos fundamentales, ya que consideró que eran los Tribunales de Justicia los competentes al respecto. Con todo y tal ya ha sido señalado en los ANTECEDENTES DE HECHO, V. E., por más que en la aprobación del Estatuto de Cataluña no se diera traza de actuación administrativa alguna, sí que actuó contra ese Estatuto, entendiendo que vulneraba derechos fundamentales contemplados en el Titulo I de la Constitución.

Cuarta: Que en el presente Escrito de Queja, el firmante, con independencia de que siga considerando improcedente el archivo del Escrito de Queja presentado con fecha 11-II-08 (ANTECEDENTES DE HECHO), entiende que en él se da cuenta de actuaciones y omisiones de la Administración que afectan al derecho fundamental establecido en el art. 22-1 de la Constitución en relación con su art. 6.

Quinta: Que no se le oculta, no obstante, que el que se le indique a V. E. que el firmante ya se ha dirigido al Defensor del Pueblo en otras ocasiones sin ningún resultado, no contribuye precisamente a dar de él una imagen favorable. Mas siendo la separación de procedimientos uno de los dogmas fundamentales del vigente estado de derecho, es entonces manifiesto que no ha lugar a abrirle por ello un juicio universal a la manera inquisitorial. Y es que semejante proceder, seguido, por cierto, en la Alemania nazi, choca frontalmente con el kelsensianismo propio del ordenamiento jurídico español presente. Sea como fuere, el firmante le participa que no tiene muchas esperanzas en que este Escrito de Queja prospere. Contempla, por tanto, la posibilidad de que vaya a engrosar los archivos de esa Institución, supuesto que no se le destruya pasado un tiempo, tal se hace en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo con las demandas no admitidas y con independencia de que semejante destrucción hipotética no contribuya precisamente al historiar del futuro, supuesto naturalmente que aún quepa lugar para la Historia.

Por lo que,

FORMULA QUEJA:

I. Contra la actuación administrativa del Director del Gabinete del Ministro del Interior concretada en la no remisión, en contra de lo dispuesto con carácter obligatorio en el art. 43-2 de la Ley 30/92 redactada conforme a la Ley 4/99 (en adelante Ley 30/92), de los certificados acreditativos de la estimación por silencio administrativo, solicitada con fecha 21-III-09, de los petita de los escritos que, acogiéndose a la Ley 30/92, el firmante le presentara con fechas 10-XI-08 y 11-XI-08 (en adelante Escrito 10-XI-08 y Escrito 11-XI-08).

II. Contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada que, con fecha 10-XI-08, el firmante asimismo presentara contra la resolución de fecha 8-X-08 (en adelante Resolución) del Director del Gabinete del Ministro del Interior.

III. Contra la, en definitiva, presunta y reiterada omisión de las obligaciones de índole administrativa que corresponden al Ministerio del Interior en relación con el Registro de Partidos Políticos y que determina que el partido político Unión, Progreso y Democracia (en adelante UPyD) goce de un régimen de favor por parte de ese Ministerio, con la consiguiente vulneración de los arts 6, 20-1-d y 22-1 de la Constitución. Y es que, en particular, la composición del Consejo de Dirección de UPyD muta indebidamente, sin que los cambios correspondientes se notifiquen al Registro de Partidos Políticos y que cuando el Ministerio del Interior es informado al respecto no hace lo más mínimo para evitar lo que sucede, a pesar de que, en su condición de órgano de la Administración garante de ese archivo público, tiene que velar porque la información que proporcione sea veraz.

OTROSI DICE

Que V. E. vele por la depuración de las responsabilidades, administrativas o no, a que hubiere lugar, dando traslado si procediese al Ministerio Fiscal

OTROSI DICE DE NUEVO

Que el Escrito de Queja al que se hace referencia en la ALEGACION tercera se refería a la presunta incompatibilidad en que pudiera haber incurrido D. Gregorio Peces-Barba Martínez por simultanear su cargo entonces de Rector de la Universidad pública Carlos III con el de Defensor del asegurado de la sociedad privada Sanitas.

Madrid, 21-IV-09

Firmado: Jesús Fortea Pérez

El blog de Jesús Fortea Pérez