Con una recesión en curso profunda y de duración incierta, con un abultado endeudamiento de las familias y de las empresas y con una acelerada caída del valor de los activos reales y financieros, las entidades crediticias nacionales se enfrentan en el horizonte del corto plazo a un aumento de la morosidad con consecuencias imprevisibles sobre sus ratios de liquidez y, si la actual coyuntura se mantiene, de solvencia. Esta opción tiene muchas posibilidades de materializarse a lo largo de este ejercicio si, como es casi seguro, la negativa evolución de la economía española devora las provisiones y los beneficios de determinadas instituciones de crédito y acaba por afectar a su capital. Esta hipótesis constituye una amenaza seria porque conduciría a un escenario de «riesgo sistémico», esto es, a la desestabilización del mecanismo de pagos de la economía española y a una profundización en la recesión de dimensiones incalculables.
Este marco problemático se ve agravado por el «Armagedón» financiero internacional cuyo final no se vislumbra. Este ha golpeado de manera sustancial tanto a los mercados mayoristas como a los minoristas lo que explica la contracción del crédito a escala global. En el caso de España y de su modelo banca-cajas, ese efecto contractivo es mayor por dos razones: la primera, porque cerca de la mitad de la oferta crediticia otorgada a la economía nacional ha procedido del exterior hasta el inicio del actual ciclo recesivo; la segunda, porque los bancos y las cajas necesitan refinanciar un volumen sustancial de sus préstamos hasta 2010. En un entorno como el actual, conseguir ese objetivo es complicado pero en medio de una fase recesiva, con un nivel de endeudamiento público y privado alto, creciente y con una incertidumbre general sobre la salud de las distintas entidades crediticias locales, eso resulta un ejercicio de finanzas-ficción. En esta tesitura, la actual contracción crediticia interna tenderá a agravarse, desencadenando una presión vendedora sobre los deudores que tenderán a deshacerse de sus activos a cualquier precio para hacer frente a sus obligaciones. Esto a su vez debilitará más su posición financiera y su capacidad de pago con un impacto negativo adicional sobre los balances de los bancos/cajas. Esta es la perversa dinámica «deuda-deflación» descrita por Irving Fisher en 1933 y reformulada por Bernnake medio siglo después.
Aunque ese peligro se extiende al conjunto del sistema financiero nacional, las cajas están mucho más expuestas. Su cuota de mercado, ganada en los últimos años, es superior a la de los bancos y además se concentra en los sectores más castigados por la crisis (construcción e inmobiliario). Ello aumenta su vulnerabilidad ante el colapso de la burbuja o, si no se acepta ese concepto, a la potente, inevitable y profunda depresión experimentada por ambos sectores. Esto no es una casualidad sino la consecuencia directa de la propia naturaleza de esas instituciones. No son compañías privadas, carecen de dueño, no están sometidas a la disciplina del mercado, están controladas por el poder político y, por tanto, sus gestores carecen de los incentivos necesarios para realizar una valoración realista y prudente de sus actuaciones. Por eso, cualquier estrategia de saneamiento de esa parte del sistema financiero ha de abordar previa y/o simultáneamente un cambio en su estructura de propiedad.
A lo largo de los próximos meses, las tensiones desestabilizadoras sobre el sistema financiero español arreciarán. En un contexto como el actual, las líneas divisorias entre la liquidez y la solvencia son tenues e inestables. Ante esta tesitura, la estrategia correcta es centrarse en fortalecer las ratios de capital y de solvencia de las entidades viables en lugar de debilitarlas mediante la fusión con aquellas cuya inviabilidad es manifiesta. El Banco de España tiene o debería tener un conocimiento preciso de cómo está cada cual. En las actuales circunstancias, cualquier proyecto de integración entre cajas o entre bancos ha de guiarse por un solo criterio: crear instituciones capaces de sobrevivir a la crisis y sentar las bases de un sistema financiero sólido en España. En esta línea carece de sentido enterrar los escasos recursos disponibles y/o captables en instituciones sin futuro. Esta es una lección a recordar en el centenario de Darwin.
Una táctica adecuada y sensata es proceder de modo transparente y ordenado a la liquidación de las entidades crediticias cuya insolvencia es de carácter estructural. El sector público garantizaría los depósitos. Sus titulares podrían transferirlos a las entidades solventes aumentando su liquidez y los activos de la entidad liquidada se venderían a precios de mercado. Las ayudas estatales deberían producirse sólo ante la imposibilidad de levantar capital privado y materializarse a través de unas reglas del juego claras. Una política de saneamiento de esta índole reduciría los problemas de información asimétrica y de selección adversa que están en la raíz de la restricción de los flujos financieros procedentes de los mercados de capitales a los bancos y a las cajas nacionales. Este sería el primer y fundamental paso hacia una normalización del mercado crediticio en España y, por tanto, para permitir la salida de la recesión.
Un programa de esas características exige un gran acuerdo de Estado, público y escrito. Ante las graves amenazas que se ciernen sobre el sistema financiero español, los dos grandes partidos nacionales deberían centrar las bases procedimentales y operativas para afrontar con éxito el saneamiento y reordenación del sistema crediticio y, por ende, mecanismo de pagos de la economía nacional. Esta es una condición necesaria aunque no suficiente para superar esta grave coyuntura. Si España no es capaz de frenar el potencial desplome de su modelo financiero, existe el peligro real de entrar en la senda de una depresión de alcance desconocido y permanecer en un valle de recesión/estancamiento muy prolongado. La interacción de las crisis financieras con las económicas es letal.
Habrá quien considere extremado este análisis incluso anti patriótico. Sin duda serán los mismos que pronosticaron hasta ayer una suave y temporal desaceleración de la economía para después convertirla en una recesión en V y ahora culpan a las incontrolables fuerzas del destino de causar los males económicos de España con un fatalismo estéril e inmovilista. A ellos habría que recordarles y, sin que sirva de precedente, el viejo axioma de Gramcsi: «Es preferible el pesimismo de la inteligencia al optimismo de la volutad». Tal vez el segundo resulte más agradable pero, por desgracia, no sirve para nada. Si se actúa ante la situación financiera de la misma manera con la que se ha actuado frente a la económica, cuelguen en sus puertas el dantesco «lasciate ogni speranza».
ABC - Opinión
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